Perenco, poder y Petén
Según el fiscal Aldo Chapas, “la colindancia de la reserva de la Laguna del Tigre con México la convierten en un lugar importante para el tráfico de drogas, ya que allí pueden aterrizar aeronaves de Suramérica y luego pasar la droga a México”.
Durante el sobrevuelo, se observaron en efecto otras dos pistas clandestinas. Sin embargo, estas estaban trazadas en zonas remotas, como el Triángulo Candelaria, y no en un área industrial de carácter estratégico para Guatemala, ni tan cerca de un destacamento militar.
“Cuando se descubre una pista clandestina, se presume que es utilizada para actividades de narcotráfico”, indicó el fiscal Aldo Chapas. Agregó que también puede ser utilizada para la comisión de otros ilícitos, como la trata de personas, el tránsito ilegal de personas, trasiego ilegal de armas de fuego o contrabando.
El informe “Grupos de poder en Petén: Territorio, política y negocios” publicado en 2011 por la organización estadounidense Insight Crime presentaba el papel de Perenco en el entramado de fuerzas y alianzas que se ciernen sobre el Petén, y sobre el parque Laguna del Tigre en particular. Según los investigadores, la transnacional petrolera, junto con Manuel Baldizón, Manuel Barquín, Julián Tesucún, Javier López, líderes locales de Partido Patriota y Unionista y la familia Mendoza, eran las fuerzas a veces en pugna, a veces aliadas, que ocupaban el territorio.
“En esta amalgama de intereses juega un papel central la compañía Perenco, cuya posibilidad de continuidad depende del apoyo del Ejecutivo y el Legislativo, del respaldo real o ficticio de las comunidades que viven en la zona y de la convivencia con los grupos criminales que ya se han adueñado de amplios terrenos del área protegida”, indicaba el informe en aquel año.
Esta “convivencia funcional” con el crimen organizado descrita por el informe se entremezcla con relaciones de negocios con estructuras político-económicas. Ejemplo de ello, la empresa Visersa, que le brinda seguridad a Perenco. En marzo 2007, Manuel Barquín, entonces gobernador de Petén, aseguró a la prensa que dicha empresa era propiedad de Otto Pérez Molina, aunque estuviera registrada a nombre de su cuñado Otto Rember Leal Flores. Plaza Pública consultó el registro mercantil, y en efecto, el cuñado del exmandatario fue presidente del consejo de administración de Visersa en dos ocasiones, en 2000 y 2003.
“Hasta ahora, intereses de Perenco y de las principales organizaciones del narcotráfico no se han visto afectados, mientras la tenaza de la militarización y amenaza de desalojos se cierra sobre las comunidades”, publicaba en 2011 Insight Crime. Desde entonces, este aspecto de la vida en el área protegida parece no haber cambiado drásticamente.
Frente al destacamento militar que vigila la entrada al campo Xan, hay una talanquera y un puesto de control operado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y por el Ejército. Cuando Plaza Pública pasó por allí, las autoridades le acababan de marcar el alto a un pick up cargado de campesinos. Les obligaron a bajar y a formar una fila.
Bajo la mirada atenta de los guardarrecursos de CONAP y de los soldados, tuvieron que abrir sus mochilas, vaciarlas y colocar todas sus pertenencias sobre el polvo blanco de la carretera. Por su expresión resignada, y por los testimonios de varios comunitarios de la Laguna del Tigre, este tipo de control es parte de su rutina diaria.
Pista destruída tras primera publicación
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, informó, tras la publicación del reportaje, a Plaza Pública y Mongabay que habían detectado una pista clandestina en ese sector, y que la fiscalía de delitos de narcoactividad se encontraba inspeccionándola.
La investigación mostró que la traza, de 8 metros de ancho por 250 de largo, no estaba activa. La maleza, los árboles y los baches impedían el aterrizaje de cualquier aeronave. Según una fuente de dicha fiscalía, “la traza pudo haber sido utilizada como pista en su tiempo, y también podría ser reactivada. Por esa razón se destruyó”.
La destrucción de la traza, efectuada con autorización judicial, se hizo con piochas y azadones, y no con explosivos, como habitualmente. La brigada militar de Selva Beos cavó una zanja de aproximadamente 1 metro de profundidad y 6 metros de longitud, según el Ministerio Público.
Para la fiscalía, el trabajo no acaba allí. “Tenemos que pedir información a las autoridades locales para ver si tenían conocimiento de la pista e investigar sobre qué grupo legal o ilegal la pudo utilizar”, explicó la fiscalía de narcoactividad.
Para el portavoz del Ejército, William García, dicha traza nunca fue utilizada como pista de aterrizaje: “Es demasiado corta para un aterrizaje. Ni MacGyver hubiera aterrizado ahí. Tenemos 65 pistas clandestinas registradas, y esta no era parte de ellas”.
“Posiblemente hayan querido iniciar la construcción de una pista, pero nunca la terminaron”, conjeturó García, y agregó que la Brigada Especial de Operaciones de Selva mantendría un monitoreo para que la pista “no crezca”.
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