La Ciudad de la Furia

El TPS y los palos de ciego de los políticos salvadoreños

Si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo.

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Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

La pista más certera sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el beneficio migratorio que cobija a unos 187,000 salvadoreños en Estados Unidos, llegará en noviembre próximo cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) haga pública su decisión sobre el futuro del programa para 60,000 hondureños que también gozan del beneficio.

Si Washington decide no renovar el TPS a los hondureños, lo más seguro es que no lo haga para los salvadoreños.

En abril, cuando DHS dio a conocer su decisión de renovar solo por seis meses más el TPS a 50,000 haitianos también amparados, sonó la primera alarma: “El Salvador debería de poner atención desde ahora”, me dijo entonces un asistente legislativo de la cámara baja.

A principios de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anuló DACA, el programa de la administración Obama que evitó la deportación y dio permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños, todas las luces de emergencia se encendieron para el TPS. Fue entonces que la clase política salvadoreña, los partidos, pretendieron salir de su usual letargo para abordar el asunto, y lo hicieron desde su asqueroso guion usual: intentar llevar agua a su molino electoral mientras se aseguran de echar ripio a su adversario.

La cantaleta más sonora de ARENA ha sido que el gobierno del FMLN ha puesto en riesgo el TPS por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso, en esencia, es mentira.

La relación entre el FMLN, los grupos de crimen organizado vinculados al Gobierno venezolano y las actividades de las FARC colombianas sí son asunto de interés en Washington, en específico el rol que José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y viceministro de Inversión Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, tiene en ese tinglado. Por Ramiro y sus dineros ya preguntaron la DEA y 14 congresistas –demócratas y republicanos– y el poderoso comité antinarcóticos del Senado.

Pero si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo, de eso se alimenta su base blanca más fanática; por eso anuló DACA y por eso, si lo hace, no renovará el TPS.

Este septiembre una comitiva de diputados salvadoreños de todos los colores estuvo en Washington, haciendo las rondas usuales en el Congreso y el Ejecutivo, para hacer cabildeo por la renovación. Algo bueno salió de ahí en forma de una carta firmada por 116 representantes de la cámara baja que piden a Trump que no corte el TPS.

A pesar de ser un buen gesto político, la carta no tendrá un peso político real entre quienes tomarán la decisión final, que son, además de Trump, el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; el fiscal general, Jeff Session, que es uno de los miembros más racistas del Gabinete; y, en menor medida, Elaine C. Duke, secretaria interina de DHS.

Lo que en realidad tendrían que estar haciendo los políticos salvadoreños es, desde sus trincheras, prepararse para el escenario más probable, que es la no renovación, y el cual implicaría deportaciones, desprotección legal de quienes se queden indocumentados en Estados Unidos y también para quienes vengan a El Salvador después de 16 años de no vivir aquí.

El consabido juego de vociferar culpas y buscar réditos politiqueros de nada servirá a los compatriotas afectados por la eventual eliminación del TPS. De nada.

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