Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger”.

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”

Victoria pidió ayuda

Victoria salió temprano del colegio ese viernes del 2012. A la 1:30 de la tarde tenía entreno de fútbol y estaba emocionada por ir a practicar al final de la semana. Usualmente, su mamá la iba a dejar y a traer. Ese día no pudo. Casi nunca caminaba sola, pero ese día la amiga que le hacía compañía tampoco fue a estudiar. Antes de dirigirse a almorzar a su casa, pasó comprando una calzoneta azul para la práctica en uno de los puestos que están cerca de la iglesia.

La edad de Victoria es una incógnita. Su verdadero nombre y su fecha de nacimiento permanecen ocultos en su expediente, al que se tuvo acceso a través de una solicitud de información pública.

Cerca de la iglesia había tres hombres jóvenes mirándola. “Qué bonita estás”, le dijeron. Victoria no los conocía y decidió ignorarlos, pero aceleró el paso. Ellos la alcanzaron y le pusieron una navaja sobre la cintura. Dos se le pusieron al costado y uno atrás. La amenazaron: “Si gritás, te matamos”. Victoria buscó un par de ojos testigos, esperanzada en encontrar a alguien que la reconociera y la ayudara. Vió pasar a un vendedor conocido, pero él no la volvió a ver. Ella tenía miedo. No podía hablar. Los hombres la llevaron caminando por lugares que no logró identificar. Le preguntaron el nombre y con quien vivía. Victoria mintió.

Siguieron caminando y cruzaron un puente. Victoria vio a un grupo de personas en la calle. Como pudo, se les soltó a sus secuestradores y corrió hacia ellas. Les dijo que la llevaban a la fuerza, pero nadie hizo nada. Los tres pandilleros la tomaron de nuevo. La condujeron a una colonia de pasajes donde, según la Policía, tiene presencia la Mara Salvatrucha. Victoria empezó a gritar y pedir ayuda. Dijo que vio gente cerca de los postes de luz. Nadie la ayudó.

Los hombres metieron a la adolescente en una casa. Le pidieron que se desnudara. Ella se resistió, hasta que la amenazaron con un machete. Se desnudó. Empezaron a violarla. Después de uno, otro y otro. Mientras abusaban de ella, varias personas entraban y salían de la vivienda. Para los vecinos no era secreto que ahí había una menor de edad que estaba siendo sometida. Uno de los agresores se tomó el derecho de grabar en video la violación con un celular color fucsia.

“¿Ustedes también le van a dar? Dénle, no tengan miedo”, le decían los primeros tres sujetos a dos niños que habían llegado a ver. En el recuerdo de Victoria, uno de los niños era de piel clara y el otro moreno. No pasaban de los 12 años y se reían frente a ella.

Victoria vio a demasiada gente ese día y nadie la ayudó. Dentro de la misma casa, otra muchacha de su edad se asomaba por ratos a verla. La observaba y se mantenía impávida. Cuando los tres hombres terminaron de violar a Victoria por primera vez, la dejaron sola en el cuarto. Como pudo, trató de encontrar su uniforme, pero desistió. Después buscó su mochila. Entre sus cuadernos y lapiceros aún estaba la calzoneta azul que había comprado en la calle. Se la puso y salió del cuarto. Pensó en saltar el muro del patio interno; pero afuera, uno de sus violadores estaba cavando.

-¿Creés que esta bicha ya cabe aquí?- preguntó el hombre. -Hacelo más hondo- le respondió otro. -Ya está. Ya picada, va a caber.

Victoria intentó escapar una vez más y corrió hacia la puerta principal, pero no pudo abrirla. Al advertir su intento de fuga, los agresores le colocaron una cinta de zapatos sobre el cuello para asfixiarla. Ella se desmayó. Cuando despertó, estaba desnuda de nuevo. Además de sus tres violadores, para cuando volvió en sí, había otros cuatro niños viéndola.

Los pandilleros abusaron de nuevo de Victoria. Luego, se escuchó que alguien tocaba la puerta. Era un hombre de la tercera edad. Ella, otra vez, pidió auxilio. “¿Cómo te va a ayudar, si es mudo?”, se burlaron los violadores. Después le preguntaron al hombre mayor si él también quería abusarla. Él aceptó. Victoria les suplicó que la dejaran ir, que su madre iba a encontrar una forma de darles dinero, pero el hoyo en el patio ya estaba hecho y tenían que usarlo.

Unos policías del 911 realizaban un patrullaje cerca de la zona cuando les avisaron por radio que se escuchaban gritos en un pasaje. Alguien, desde el anonimato, avisó a la policías. Los agentes se dirigieron al lugar. Conforme ellos entraban en la colonia, los vecinos cerraban las puertas.

Anochecía cuando llegaron hasta la casa donde estaba la joven. Tocaron la puerta tres veces y como nadie salió, un agente se dirigió hacia la patrulla para pedir apoyo. En ese momento, uno de los violadores salió de la casa, como intentando huir. Ahí fue capturado por el otro agente que se había quedado cerca de la puerta. Al fondo -arrastrándose, descalza y con su calzoneta de fútbol-, un agente alcanzó a ver a Victoria.

La rescataron. La subieron a la patrulla y la llevaron con su madre, que recuerda haber visto a su Victoria llorando y temblando, mal en todo sentido. ‘No le pregunte nada todavía’, le dijeron los agentes. En lugar de llevarla al hospital, los policías decidieron trasladar a Victoria y a su madre hacia un puesto policial para que la niña -en el estado en el que se encontraba- declarara frente a una sargento; luego, a Medicina Legal. Solo después de llenar todos los formularios de la denuncia por violación, Victoria pudo llegar al hospital. Estuvo ingresada cinco días y le recetaron medicinas durante tres meses para tratar un virus. Después vinieron los efectos secundarios de la medicación: mareos, vómitos, diarreas.

Su mamá y ella huyeron de esa ciudad. Los mismos policías fueron los que les recomendaron que abandonaran su casa inmediatamente. Victoria dejó de estudiar, de dormir bien y de salir a la calle. La violación les cambió la vida de una manera que las estadísticas no llegan a medir.