Las barreras que aíslan al presidente

No pasan. Las marchas que pretenden llegar hasta Casa Presidencial encuentran su paso cerrado con estas barreras de alambre y metal que coloca la UMO.

“La lucha que viene por la defensa del agua requerirá de mucha lucha y movilizaciones por parte de las comunidades”, dijo en 2007 el entonces diputado Salvador Sánchez Cerén en un foro. Así lo registró una nota del periódico CoLatino. En una década muchas cosas cambian y en abril de este año, mientras el presidente Sánchez Cerén inauguró unos pozos en Apopa, expresó su deseo de que las manifestaciones exigiendo el derecho al agua pararan: “Espero ya no tengan necesidad de ir a bloquear la carretera Troncal del Norte”, les dijo a los vecinos.

El presidente no es ajeno a las marchas ni concentraciones en la calle. De ser comandante de la guerrilla y liderar batallas contra el Ejército durante la guerra civil pasó a ser un político que exigió respuesta a sus peticiones en la calle. Él protestó en la vía pública contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, contra la guerra en Irak, contra la privatización de la salud pública y contra de la toma de posesión de la presidencia de Elías Antonio Saca.

Ahora, Sánchez Cerén, quien solía verse en las calles defendiendo su agenda política, dirige una Casa Presidencial que ha creado un instructivo de seguridad para sus instalaciones que plantea la posibilidad de matar a un manifestante como un escenario posible si lo consideran una amenaza. Aunque no se ha conocido de ninguna ocasión en que la vida del presidente haya sido puesta en riesgo en una protesta, ese instructivo de seguridad plantea un escenario donde es viable el uso de la fuerza letal.

El documento en cuestión es el instructivo 001-2015 y se refiere exclusivamente a medidas de seguridad para proteger al personal y a las instalaciones de CAPRES. Pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y le da órdenes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y establece la restricción del ingreso de prensa a Casa Presidencial.

Las marchas sirven para comunicar un mensaje y exigir una respuesta. A inicios del siglo pasado un grupo de mujeres en Estados Unidos se mantuvo fuera de la Casa Blanca para exigir su derecho a votar. Durante 2015, en Guatemala, las concentraciones de miles de personas frente al Palacio Nacional lograron la renuncia de los líderes de su gobierno y la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la Casa Rosada, sigue siendo el lugar de protesta política por excelencia. En El Salvador no es posible que los manifestantes se acerquen al exterior de su Casa Presidencial a expresar sus descontentos. Varias calles antes suelen ser recibidos por un pelotón de la UMO que bloquea el paso de cualquier protesta.

De acuerdo al Instructivo 001-2015. El documento le brinda directrices a los agentes de la UMO sobre cómo reaccionar ante distintas manifestaciones de la población civil.

El instructivo 001-2015-CI/D-II/EMP

El instructivo consta de siete páginas, y en la parte superior de sus hojas se ha escrito la palabra “confidencial”. Esta revista obtuvo una copia a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Tiene fecha de creación de julio de 2015, lo que significa que en enero de 2016 ya estaba vigente, pero no fue puesto en práctica. Ese mes cientos de policías marcharon hacia CAPRES para exigir un aumento salarial. De manera inusual, no fueron detenidos por los agentes de la UMO y lograron llegar hasta la entrada de la casa de gobierno a pedir respuesta a sus demandas. Esa es la única ocasión en los últimos años en que un grupo de manifestantes que podría volverse violento ha logrado tocar los portones de Casa Presidencial.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más”, asegura el ex agente policial Marvin Reyes.

En este año los medios de comunicación también han registrado las protestas de sindicatos de salud, personal del Ministerio Educación, excombatientes de la Fuerza Armada y exguerrilleros que han intentado fijar en CAPRES el destino final de su manifestación. El denominador común entre ellas es el bloqueo.

Las barreras están por todos lados. Se ocupan para cerrar el paso, son metálicas y están construidas con pedazos de hierros y alambres. Están en la acera de un desvío del bulevar Monseñor Romero, en la Plaza del Soldado, cerca del parque de Pelota, a metros de la Basílica de Guadalupe y cerca del redondel Italia.

Casa Presidencial pretende mantenerse aislada de las protestas de sus ciudadanos. Sus aceras están llenas de basura. Botellas de agua, bolsas plásticas y envoltorios de comida chatarra son parte de su alfombra. En este lugar es donde, de acuerdo con el instructivo 001-2015, solo es posible transitar mientras se es grabado con una cámara de videovigilancia, pero no está permitido instalar ninguna protesta pacífica.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial considera que pueden ocurrir nueve tipo de manifestaciones. Estas pueden ser individuales o de grandes proporciones. Pueden tener un tono pacífico o violento y se ha especificado cómo se debe reaccionar ante ellas dependiendo del lugar del que provengan.

El documento no explica, por ejemplo, de cuántas personas tiene que estar conformada una protesta para que esta se considere una manifestación de “grandes proporciones”. Las clasificaciones de protestas en este instructivo pueden ser ambiguas y carecen de definiciones para cada tipo de manifestación. La abogada Eva López, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) se pregunta desde su oficina en San Salvador: “¿Quién decide qué tipo de protesta es la tuya? Cuando no hay normas claras, de repente te podrían decir que si vas gritando en la calle es una protesta violenta”.

Casa Presidencial, a través de su coordinador de prensa, se negó a discutir el contenido de dicho protocolo de actuación argumentando que es un tema de seguridad con asuntos secretos.

En coordinación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública asegura que la relación de fuerzas policiales y fuerzas militares solo es de coordinación y no de dependencia.

La necesidad de protestar

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial. Detrás del agente que habla hay otros dos que escuchan la plática. Los tres se encuentran ubicados en una esquina cercana a CAPRES y acaban de disipar una manifestación que, este 24 de agosto, se dirigía hacia este lugar. Ya no hay amenaza de que la protesta intente avanzar en este sentido y se dedican a observar el tráfico de la ciudad bajo el sol de mediodía.

Este año, tras el incendio de un edificio del Ministerio de Hacienda, el presidente de la república Salvador Sánchez Cerén condecoró a los bomberos y a otros grupos de rescate que ayudaron a evacuar a los trabajadores del edificio. Pero, solo un par de años antes, cuando los bomberos realizaron una marcha hacia CAPRES en la que solicitaron un aumento del presupuesto, fueron recibidos por un pelotón de la UMO.

Erick Portillo es un bombero voluntario desde hace 9 años. Él participó en dicha marcha y asegura que “nada nos costaba convertirla en violenta, tanto equipo de protección llevaban ellos como nosotros”. Al llegar a unos metros de la barricada, los bomberos decidieron hincarse ante los agentes en son de paz. “Los de la UMO nos dijeron que tenían orden de no dejarnos pasar pero que nos entendían la situación”, explica Portillo.

Los bomberos se hicieron a un lado de la calle y el tráfico se reactivó por la calle Manuel Enrique Araujo. “Después de unas dos horas entró un representante del sindicato a hablar con un representante de Casa Presidencial pero al final fue en vano”, asegura el bombero. “Es una cuestión de tramitología nada más, creo que CAPRES ya se acostumbró a este tipo de eventos y ya entendieron que al recibir una comisión se calman las aguas, por lo menos de una manera paleativa”, reflexiona Portillo.

Esa especie de procedimientos por tramitología es similar a lo que describe Stanley Quinteros, del sindicato de empleados judiciales. Él afirma que a inicios de este año realizaron una marcha hacia Casa Presidencial en la que no obtuvieron respuesta de ningún funcionario a sus peticiones: “Solo fuimos atendidos en la ventanilla de recepción de documentos”, dice.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más- asegura el ex agente policial Marvin Reyes- la gente quiere que lo reciba alguien de peso que les va a resolver, pero mandan una patrulla, van a dejar el documento a la ventanilla, lo mandan de regreso y que le vaya bien, váyase a su casa”.

Contra los impuestos. En noviembre de 2001 Salvador Sánchez Cerén y Salvador Arias encabezaron una marcha de protesta contra el incremento de los impuestos.

Cuando la protesta es individual

“Me dicen que nadie puede protestar en esa acera porque estoy en Casa Presidencial y el presidente corre peligro si yo estoy ahí. Que me mueva porque si no le van a poner corriente al muro”, dice Bessy Ríos en un café que se encuentra a diez minutos en auto de la oficina del presidente Salvador Sánchez Cerén. Ríos es una abogada activista de derechos humanos. El 29 de junio del 2016 escribió con plumones sobre una cartulina “no al aumento del 13% a la energía”, fue a dejar a sus hijos al colegio y llegó a Casa Presidencial. Cuenta que eran las seis y media de la mañana cuando llegó -sola- a expresar descontento por un decreto ejecutivo que supondría un aumento en las facturas de energía eléctrica.

La activista relata que a menos de 10 minutos de haber llegado a la acera de CAPRES un pelotón de la UMO le pidió que se retirara. Ella se rehusó. Ríos asegura que fue trasladada, en contra de su voluntad, entre ocho agentes de la UMO hacia el otro lado de la calle. Consideró que recibió maltrato por parte del personal de seguridad de Casa Presidencial y pidió los videos de las cámaras del exterior para probarlo. La casa de gobierno negó la existencia de dichos videos y respondió que el accionar de sus agentes había sido de acuerdo a su protocolo de seguridad, es decir, de acuerdo al instructivo 001-2015-CI/D-II del EMP.

El instructivo indica que cuando hay una manifestación individual los agentes de seguridad deben procurar que no se afecte el tránsito de los peatones por la zona y para ello, deben remover a cualquier persona que permanezca fuera de Casa Presidencial. También establece que después de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deben realizar un informe de lo sucedido. Los informes de eventos de este tipo son información reservada.

Además de servir para justificar el desalojo de los ciudadanos que se manifiesten en las aceras, ese documento también sirve para que fuerzas militares decidan si un medio de comunicación puede o no puede entrar a Casa Presidencial. “Cuando los manifestantes convoquen a los medios para que les den cobertura a sus actividades, no se permitirá el ingreso de medios a las instalaciones de CAPRES”, se lee. Lo escrito no especifica durante cuánto tiempo se prohibirá el ingreso de los periodistas ni por qué una figura militar es la que decide sobre el acceso de la prensa a las oficinas de Casa Presidencial.

¿Por qué cuesta salir a la calle?

En abril de 2015 miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. La plaza se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura. Allí, con miles de carteles, batucadas, comunidad indígena, ladinos, mujeres y hombres exigieron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti tras conocerse su implicación en un caso de corrupción.

Las manifestaciones fueron pacíficas, multitudinarias y lograron su objetivo. No se conoció de ningún disturbio que pusiera en peligro la vida de las personas que llegaron a protestar contra los líderes de su gobierno.

En Guatemala “los partidos políticos no tuvieron nada que ver (en la protesta), aquí en El Salvador, desafortunadamente, los dos grandes partidos controlan las movilizaciones a través de sus estructuras directas partidarias o de sus organizaciones aliadas”, considera Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Él asegura que la ausencia de partidos políticos a la hora de convocar manifestaciones es una de las cosas que distingue la participación política de la ciudadanía guatemalteca a la hora de protestar en la calle. Sostiene que él se encontraba en Guatemala para el momento de las movilizaciones en 2015 y que la composición social de quienes se manifestaban era de “profesionales, universitarios y pequeños empresarios”.

A su juicio, en El Salvador aún se tiene la imagen de que salir a manifestarse es “salir a una batalla campal. Ha quedado así en la memoria colectiva de la ciudadanía”.

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial.

El instructivo 001-2015 de CAPRES muestra cómo el Estado se prepara para combatir las manifestaciones. El documento plantea que el lugar en el que se pueden hacer protestas pacíficas es la plaza José Gustavo Guerrero, sin embargo, cuando las manifestaciones se dirigen en ese rumbo, son bloqueadas antes de llegar a ese sitio.

De ese mismo lugar fueron desalojados alrededor de 15 jóvenes que hace cinco años se manifestaban. Así lo explica el estudiante de Derecho Gabriel Gasteazoro. En 2012 Gasteazoro acababa de cumplir la mayoría de edad y se unió a otra decena de jóvenes que protestaban en la plaza José Gustavo Guerrero con el movimiento Yo me visto de blanco.

Los jóvenes pedían que se respetaran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para ello, se reunieron en esa plaza y llevaron una copia gigante de la Constitución. Gasteazoro asegura que la Unidad de Mantenimiento del Orden intervino y los presionó para que se retiraran del lugar a pesar de manifestarse pacíficamente. “Aunque éramos solo 15 jóvenes con una Constitución gigante y cartulinas. Fue algo ridículo”, dice.

Bloqueo. De acuerdo con el instructivo, cuando las manifestaciones sean de carácter político, la UMO debe denerlas a la altura del parque de Pelota.

Los archivos fugaces de la seguridad

Sobre la entrada de Casa Presidencial de la calle Manuel Enrique Araujo hay cuatro cámaras de videovigilancia. Bessy Ríos se sentó cerca de una de ellas y asegura que, por lo que observó, estaba siendo grabada. Un día después de ser desalojada de la acera de CAPRES pidió, acompañada por la Fundación DTJ, una copia de los videos de seguridad.

El 7 de diciembre de 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) celebró una audiencia en la que se demandó a Casa Presidencial por no entregar los videos solicitados. Luis Portillo, el abogado representante de CAPRES explicó que “esa copia del video, primero no grabó a la señora , segundo, al no haberse reportado un incidente relevante, tampoco se ha guardado copia dentro de la Presidencia”.

El argumento de CAPRES para decir que no existe video se basó en explicar que la activista se encontraba debajo de la cámara, y que en ese ángulo la cámara no pudo haberla grabado. Sin embargo, al iniciar la audiencia, Portillo entregó al IAIP un escrito donde indicaba que la cámara tenía una capacidad de rotación de 360 grados.

Además, explicó el representante de Casa Presidencial, los videos de seguridad de esas cámaras se borran cada cinco días. Y a pesar de que fueron solicitados al día siguiente de la protesta individual, los archivos no fueron protegidos.

¿Quién manda?: La discusión de los militares y la Policía

El documento está firmado por dos coroneles del Estado Mayor Presidencial. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada establece que esa es la instancia encargada de brindarle seguridad y asistencia al presidente de la república y, de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo, le corresponde establecer los servicios militares de seguridad correspondientes al presidente. Sin embargo, no se menciona nada sobre girar órdenes a dependencias policiales.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial especifica qué procedimientos deberán realizar los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden, lo cual abre una discusión que se remonta hasta los Acuerdos de Paz.

En 1990, tras una década de enfrentamiento armado, los líderes de los movimientos guerrilleros del FMLN y el Gobierno se sentaron a discutir condiciones para cesar la guerra civil. Algunos firmantes de la paz han descrito que restarle poder político a la Fuerza Armada fue la jugada más arriesgada de la negociación. Tras la firma de los acuerdos se creó la Policía Nacional Civil y en la Constitución de la República quedó marcada una división explícita entre PNC y Ejército.

“La Policía Nacional Civil (…) será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada”, dice el artículo 159 de la Constitución. Ese artículo es en el que se basa Eva López, de DTJ, para argumentar que, a su juicio, el instructivo plantea una situación irregular: “A lo largo de todo eso te dice cómo va a actuar la UMO, pero las órdenes que en todo momento se le dan son del EMP y hay una incompatibilidad constitucional que te dice que eso no podría ocurrir”.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, no comparte esa idea. “No, mire, es más una cuestión de coordinación. La Policía o la UMO no están orgánicamente dependiendo de otra institución diferente, pero el trabajo se hace en apoyo”, responde cuando se le cuestiona sobre la relación de fuerzas civiles y militares en Casa Presidencial.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

Aunque el ministro Ramírez Landaverde asegura que la relación que queda plasmada en el instructivo entre EMP y Policías es solo de coordinación, en la Fundación DTJ se encargan de recalcar la necesidad de dividir las órdenes por institución específica. “En nuestro contexto histórico este fue un argumento para generar paz –asegura López– argumentar que es algo operativo lo que hace es no reconocer el origen histórico de esto. Cualquier instructivo tiene que respetar esos contextos históricos que nosotros vivimos”.

Con púas. Las barreras que se usan para detener el paso de las marchas están hechas de alambre y metal. Aun cuando no hay protestas estas se mantienen en las calles cercanas a CAPRES como medida de seguridad.

La posibilidad de matar en una protesta

“El uso de la fuerza letal será el último recurso y solo se realizará excepcionalmente en el caso de que exista amenaza directa sobre personal o medios de CAPRES”, indica el instructivo de seguridad de la casa de gobierno. A pesar de plantear la posibilidad de matar a manifestantes en situaciones amenazantes, el documento no define cuáles son los “medios” referidos.

“El derecho penal reconoce que si se pone en riesgo tu vida, podés por legítima defensa o por otras causales, usar fuerza en contra. En la misma medida que es la amenaza podés resistir. (Pero) los medios de CAPRES no queda claro qué significa, podrían ser instalaciones, podría ser que ellos creen que si rompés una ventana, podrían usar ellos fuerza letal para defenderla”, plantea la abogada de DTJ, Eva López.

Esta revista solicitó, a través del coordinador de prensa de Casa Presidencial, una entrevista con el jefe del Estado Mayor Presidencial para consultar dudas que quedan al leer el instructivo, pero se obtuvo una respuesta negativa. También se solicitó, a través de correo electrónico, al director de Comunicaciones del Ministerio de l Defensa, una entrevista con uno de los coroneles que firmaron el documento. No se obtuvo respuesta.

“Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

“Ese tipo de lenguaje que no está determinado llena a la gente de incertezas jurídicas. No sabés cómo proceder, no sabés cuándo tu vida va a correr riesgo”, sostiene López.
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos es más contundente a la hora de analizar cómo se plantea el uso de la fuerza letal: “Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

A pesar de los vacíos que encuentra en el instructivo, Ulloa considera que el documento representa “un buen esfuerzo, pero que necesita ajustes para conseguir los objetivos”. Luego plantea la necesidad de impulsar desde el Estado medidas que permitan “un equilibrio justo entre permitirle a los que están descontentos el espacio público, pero a la vez garantizarle a la otra parte de la población su derecho a la movilidad, a llegar al trabajo a tiempo, etc”.

Por ahora, algunos de los que se han manifestado consideran que las movilizaciones sociales tienen poco impacto en un gobierno que se rehúsa a escuchar sus peticiones. Dos años después de solicitar un aumento de presupuesto y durante un receso de su trabajo, el bombero Érick Portillo, afirma que en Casa Presidencial la respuesta que tuvieron fue “una intervención en crisis con una promesa de gestionar la solución de los problemas que llegan a manifestarse, pero al final no sucede absolutamente nada, nada de nada”.

Y a pesar de que el instructivo plantea que ante las manifestaciones una comisión de Casa Presidencial debe salir a recibir documentación con las demandas de los manifestantes, en el caso de Ríos, ella asegura que el diálogo no se le planteó como posibilidad. Mientras el mediodía se acerca reflexiona: “A este país le costó 12 años de guerra y como 50 de represión el poder tener la libertad que ahora tenemos de pararnos en cualquier lugar y decirle al presidente que no estamos de acuerdo en lo que está haciendo. No podemos retroceder”.

Antes de ser gobierno. Diputados del FMLN encabezaron una protesta en la autopista al aeropuerto. En 2006 protestaban por el alto costo de la vida, el incremento al pasaje, agua y energía eléctrica.

Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación

María Isabel Rodríguez, asesora presidencial.

A María Isabel Rodríguez parece que nada la exaspera. Es miércoles y en San Salvador cae una tormenta que hace que las calles colapsen, pero ella desde su biblioteca habla con una serenidad que parece solo llegar con los años. Habla tranquila sobre su paso por el Ministerio de Salud y la situación actual de esa entidad. Platica con calma incluso cuando le toca responder sobre temas que parece que preferiría no mencionar, como los sobresueldos recibidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

Se sienta en una silla en la segunda planta de su casa y antes de comenzar a platicar, pide una disculpa. Dice que usualmente no hace esperar un mes y medio a una periodista que quiere entrevistarla, pero se enfermó de gripe y canceló muchos compromisos. “Desde que salí del ministerio tenía los planes de dedicarme a escribir de todo lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas”, cuenta desde su hogar. Actualmente es la asesora presidencial más longeva y se encarga de aconsejar al Gobierno en temas relacionados con la educación y la salud.

Fue la primera decana de su facultad, primera rectora de la Universidad Nacional y primera ministra de Salud, y afirma que los espacios de participación de mujeres en las esferas de decisión no han sido suficientes. “Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”, dice durante esta conversación en la que ofrece agua, jugo, café y quesadilla a sus visitantes. Es difícil imaginar que la mujer que habla con tanto sosiego, mientras afuera se cae el cielo, es la misma estudiante de medicina que repartió panfletos en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez. O que esta mujer que ahora tiene una oficina en Casa Presidencial es la misma que durante su juventud llegó a transportar municiones, mientras se preparaba la huelga de brazos caídos que terminó con la dictadura militar más larga de El Salvador. Pero ha pasado más de medio siglo desde entonces y ahora las cosas que defiende la exministra de Salud son otras.

“Son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo”

Anteriormente dijo que si para 2014 no había un cambio notable en salud pública “se habría fracasado de manera rotunda”. Este año en el Hospital Rosales faltaban 70 medicamentos, si alguien necesitaba operarse, le pedían que llevara su propia medicina, y hasta las sábanas del hospital se tuvieron que ir a lavar al Hospital San Rafael. ¿Se logró ese cambio notable?

Mire, analicemos la situación en todo el país. Cuando uno analiza los cambios que ocurrieron por el incremento de cobertura de salud, el acercamiento del especialista, sobre todo el pediatra y obstetra, uno ve que son cambios sustanciales. Uno tiene cifras como mortalidad materna que disminuyó importantemente cuando se crearon los Hogares de Espera Materna y cuando se incrementó el número de partos atendidos en los hospitales. Todas esas son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo.

¿En qué se retrocedió?

Cuando ahora se ha hecho el escándalo de la falta de medicamentos. Para mí era un motivo de quitarme el sueño el hecho de que no se hubiera hecho la licitación a tiempo. Veo en lo que ha ocurrido ahora, que no hay esa responsabilidad de la gente que tiene que saber que si no se hacen las compras a tiempo, eso repercute en la vida de la gente.
La gente necesita sus medicamentos y tienen que ser oportunos y adecuados al momento. Pero si no los tiene, la vida de ellos está en peligro, como un paciente renal que tiene que interrumpir sus diálisis.

No es solo el dinero del que se dispone para los medicamentos, es la posibilidad, es la rapidez de la gestión. Uno tiene que revisar qué está pasando con las unidades que tienen que ver con la compra. ¿Están previniendo que eso ocurra? Yo no puedo salir a decir públicamente “mire, la razón es esta”, porque sería terrible que una persona que ha estado al frente del ministerio vaya a decirle a las autoridades actuales qué está pasando. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades el análisis de cuál es el mecanismo a través del que se llega a la obtención del medicamento y por qué hoy no se ha llegado a eso.

¿Usted cree que le hace falta autocrítica a este ministerio?

Fíjese que esa respuesta usted la tiene. Sí, yo creo que usted la tiene. Uno quisiera que una línea que consideró correcta en un determinado momento y que empezó a revivir buenos resultados, se continuara. Pero nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente. Esa es una de las principales situaciones en todos los organismos, llámense autónomas o públicas. Y la gran desgracia que yo me la voy a llevar a la tumba es que ese gran esfuerzo que uno hace o puede hacer en un determinado campo –en la Facultad de Medicina, en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud– que uno cree que llegó aquí y que necesitaba un poco de tiempo, tal vez, para llegar aquí; se paró o se fue para atrás.

Cuando usted estuvo en el ministerio criticó fuertemente el Sistema Nacional de Salud porque no se incluyó al sistema privado. ¿Mantiene esa crítica?

Yo creo que se necesita un cambio de estructura política de gobierno muy importante. El sistema privado debería ser objeto de una reorganización interna. No me interesa que desaparezca, pero que sea sometido a las mismas regulaciones, a la misma política de salud que desarrolla el sistema público.

¿Qué mejoraría eso?

Hay elementos que en este momento se están considerando en muchos países, incluso hasta la regulación de costo y cobros. Tampoco es justo que esté suelto el establecimiento de cuotas. El sistema privado debe ser sometido –y yo pienso que hay cosas del sistema privado buenas– en el mismo aspecto epidemiológico. Es indispensable que el sistema privado esté incorporado totalmente, que se reporten los casos de determinadas enfermedades, que se haga el control igual.

Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero pienso que sería muy bueno que el sistema fuera integral. Lo que quería hacer era eso, porque no podemos pensar en que se hizo todo público. Para eso necesitaríamos otro tipo de Estado y eso no era lo que se perseguía.

Creo que el Estado debe tener un control de lo que ocurre en medicamentos y en toda la parte contra epidemias. Falta una verdadera planificación conjunta.

Es indudable que hay una brecha enorme entre el sistema privado y el sistema público. ¿Qué falla? ¿A qué le seguimos atribuyendo esa brecha, siempre a la falta de presupuesto?

Hay un criterio que no lo promueve el Estado, y es un criterio de la gente: “Porque es público puedo hacer con él cualquier cosa”. Es decir, no cuidar las cosas. Si usted entra a algún lugar donde hay baños… hasta las cubiertas de las tazas se roban. El criterio de lo público y de lo que debe cuidarse todavía no ha entrado, en general, en el país.

En el trabajo, a veces es distinta la forma en que se trata a un paciente en enfermería a cómo se trata a esa misma persona (en el sistema privado). Nos lo han dicho médicos que tienen enfermeras que trabajan en lo público. Su actitud y su forma de trato al enfermo es absolutamente diferente. Allá es la “señora, pase adelante”, gran respeto…

¿Entonces es porque somos una sociedad hipócrita?

Bueno eso hay que estudiarlo porque es parte de la educación de la gente.

El año pasado estuvo en algo parecido a una crisis mediática cuando en un programa radial usted mencionó que recibió sobresueldos. ¿Esto le trajo problemas?

A mí me trajo problemas desde el punto de vista (de) que me empezaron a mover en esa situación. A mí no me causa problemas a nivel de gobierno ni nada. ¿Qué me podían decir? ¿Que me callara? Era a lo más que podían llegar. Pero si yo en un determinado momento he recibido, ha sido igual que lo reciben todos los ministros e igual que viene ocurriendo. Es la única ocasión en la que yo he recibido como ministra de salud. Lo estableció ARENA y siguió eso. ¿Por qué no se dio el paso de ponerle a los ministros el salario adecuado? Y, entonces, encontraron que la mejor solución era pagarle (los sobresueldos) para que no se diga que se le paga mucho, pero ¿por qué no? Si el salario debe ser adecuado a la función que desempeña la persona.

Yo creí que se iba a hacer la reforma en el sentido de que ese llamado complemento de salario, o sobresueldo, o lo que fuere, iba a ser incorporado oficialmente porque a uno le conviene. Eso es necesario que se haga. Yo no digo si es por ley o por qué, cuándo se estableció, no sé de cuándo viene, pero así se ha hecho.

¿Pidió que se diera ese cambio?
Yo lo dije ahí. Que había hablado con el tipo y yo le dije “pero ¿por qué esto?” Porque cuando yo iba a firmar un documento o cómo se iba a hacer ese proceso, yo creí que iba a Casa Presidencial a esa oficina a hacerlo, pero no se hizo y realmente nunca se ha hecho un esfuerzo de todos para que, así, tal vez hubiera sido más adecuado.

Empatía. Cuando la exministra recorre espacios públicos es común que la población
se le acerque a pedirle una fotografía o saludarla. En la fotografía aparece haciendo un
recorrido por las áreas de comida de una feria en 2012.

¿De todos los ministros?
Claro. Pero si yo lo dije lo tengo que sostener. Yo no lo voy a negar. No quise hacerle daño a ninguno de los compañeros. Yo nunca recibí órdenes de “no lo diga, esto es secreto”. Pero tampoco me hubiera gustado que me lo dijeran. Es una discusión política que debería de existir de lo que es el sistema de gobierno y cómo se maneja. Si los políticos, los que pelean tanto por la pureza del sistema, (son) muchos de los cuales llegan al Gobierno y los cobran.

Debería de haber un análisis: ¿Es ilegal que un ministro gane cinco mil dólares o tres mil dólares cuando hay consultores, o una cantidad de gente que gana más de eso? ¿Es lógico que un presidente gane menos que lo que está ganando un asesor? Entonces si eso es así, hagamos un presupuesto que coloque el valor justo del sistema que cada quien gana. Eso todavía no está claro en la vida de la nación: cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel. Porque se considera una cosa inadecuada un salario alto. Deben establecerse salarios adecuados a la función de la gente sin esperar que haya complementos de salario.

¿Eso usted ya lo sabía al asumir el ministerio?

No lo sabía al asumir el ministerio porque yo no pregunté cuánto me iban a pagar. Lo que es inadecuado es lo que después salió: que no solo se daban esos complementos de salario, sino que había personas que no tenían que ver con el Gobierno y que recibían aportes que no eran sueldos, eran como regalías. Eso se hizo público, porque incluso lo dijeron algunas gentes.

Otro tema que también la puso en controversia fue cuando usted se posicionó a favor de la reforma del Código Penal para aprobar cuatro causales de interrupción del embarazo. ¿Por qué es un tema médico?

¿Cómo voy a considerar yo que se ponga en el riesgo de morir a una madre con hijos por un embarazo absolutamente inviable? ¿Se acuerda del caso de Beatriz, la mujer que tenía un feto acéfalo? Eso es un crimen, si la criatura no iba a vivir. Cada hora de ese producto era una hora de la vida de la mujer que se estaba agravando. Exponer a la madre a ver a un producto de estos sin cerebro, sin cráneo, para despertar el instinto materno es una tortura.

Quienes están en contra de esta reforma mencionan que el daño de las mujeres que abortan es mayor porque adquieren un trauma psicológico tras abortar. ¿Esto es algo médico que haya visto en su carrera?

No.

A usted la acusan en redes sociales de ser una exministra abortista.
¿Ah, sí?

Sí.
Bueno, ese es el criterio de ellos, no es el mío. Yo creo que esa es una cosa que se debe ver con mucha seriedad.

¿En qué está trabajando ahora?

Qué divertido eso. Estoy trabajando en todo. Teóricamente estoy como asesora en salud y educación del presidente. Desde que salí del ministerio yo tenía los planes de dedicarme a escribir de todo de lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos aquí con mi asistente en muchos campos de la educación y la salud. Hay un día de la semana que en la tarde nos reunimos con el ministro de Educación y dos o tres personas que él ha escogido como asesores y trabajamos un poco adelantándonos a los problemas que se van a presentar.

Mi semana es un poco complicada. Mi mañana la dedico a Casa Presidencial. Allá tengo una oficinita. Allá se hacen las reuniones que se pueden hacer, pero algunas de grupo incluso las hacemos aquí porque tenemos las facilidades. Aquí no hay quien cierre las puertas.

¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación en planes de educación sexual?
Se está trabajando intensamente. Creo que cualquier trabajo de hoy todavía es débil, pero debe seguirse trabajando muy duramente.

¿La Iglesia también debería tener palabra en el campo de educación y salud sexual?
Claro que sí.

¿Por qué?
Porque la Iglesia está causando también una acción negativa, porque ellos no conciben la prevención del embarazo. Ellos llegan a interferir con esos programas.

Entonces, ¿me está hablando de invitarlos a discutir para que entiendan o para que ellos pongan las reglas?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario.

“Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se les dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡Pero si es parte del servicio de salud!”

Hace unos días se mencionó en un evento de Naciones Unidas en El Salvador que en uno de cada cinco embarazos de adolescentes, la relación sexual había ocurrido con un familiar y a la fuerza.
Así es. Padre, padrastro, pariente, todos esos están en la lista. Bueno, pero ¿qué pasa con la niña adolescente? Hay una responsabilidad triple. La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, la responsabilidad es de la familia en buena parte. La responsabilidad es de la escuela. Los padres no quieren –sobre todo la madre– no quiere que se le dé educación en el campo de salud reproductiva a las niñas.

Que se le hable de lo que representa el condón es un escándalo, porque “le están abriendo los oídos a los niños y es una barbaridad, la niña no debe saber de eso”. Pero esa niña a la cual se le niega esa información, está llegando ya al hospital porque ya está embarazada. Los papás están soñando que la niña es ingenua e inocente, y hemos tenido casos en que, luego, la madre recibe la noticia de que la niña no solo está embarazad,a sino que es seropositiva. Según ella la niña no debía saber nada nunca de eso. Pero la niña ya ha pasado ignorando muchas cosas que tiene a la mano. Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se le dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡pero si es parte del servicio de salud!

Detalle. En todas sus apariciones públicas María Isabel Rodríguez se encarga de lucir elegante y ser puntual.

En los grupos feministas es reconocida como pionera, ¿usted se considera feminista?
Yo considero que algo he hecho, tal vez no todo lo que debería, en favor del crecimiento de la mujer y del reconocimiento que tenemos el mismo derecho que los hombres. Para mí es una pena que digan que soy la única mujer rectora de la Universidad de El Salvador. Me preocupa muchísimo eso y no tengo el porqué alegrarme. Al contrario, tendría que ponerme muy triste que no haya podido llegar otra mujer. Los grupos llamados progresistas, los grupos de la izquierda universitaria y demás deberían de responder por qué no ha sido posible que otra mujer llegue a la rectoría de la universidad, llegar a la punta es difícil.

Cuando usted entró al Ministerio de Salud con el gobierno de Mauricio Funes se señaló que había muy pocas mujeres en el Gabinete. ¿Cree en las cuotas de género?

Mi opinión en ese sentido es un tanto crítica. En ocasiones establecer la cuota es una cosa simbólica. Muy bien que se diga que van a subir el número de mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres suben? ¿Es una mujer bien preparada que va a contribuir? ¿Va realmente a ser una persona que va a influir en decisiones trascendentales?

Por ejemplo, en el caso de organismos internacionales, llegaban a mi oficina a buscar a unas de las funcionarias que trabajan conmigo para decirles “por favor, aplica a esta plaza”. Y la persona a la cual se le invitaba a entrar a la plaza decía: “Yo no lleno el perfil”. “Pero no importa. Lo que importa es la cuota que yo tengo que llenar porque si no, no puedo abrir el concurso”, respondían. Totalmente simbólico y la llenaban con gente que no llenaba los requisitos y ya sabían que no iban a salir electas.

La otra razón es que hay una serie de razonamientos que son ingratos en las selecciones para mujeres. Por ejemplo, cuando llega una mujer se toman argumentos como estos: “Está en edad de casarse. Va a resultar embarazada. Va a estar necesitando permisos de maternidad. No es conveniente”. Hemos tenido experiencias incluso de una persona que fue director de sanidad, que era el equivalente al Ministerio de Salud en El Salvador, que hacía que las mujeres firmaran su renuncia sin poner la fecha y en el caso de salir embarazadas, se hacía efectiva. Injusto, pero ocurría y a alto nivel.

“Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado, de la izquierda extrema salvadoreña, que llegó al grado de que un dirigente que llegó a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca dijo: ‘Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista’.”

¿Le tocó enfrentarse a eso?

Quizá nunca me vieron cara de que iba a ser madre, ja, ja. Como fui un poquito peleona desde el inicio, nunca me lo hicieron. Peleé esas situaciones porque las mujeres hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación. No se dice “no puede entrar aquí una mujer”. No, eso no, pero sí hay mecanismos.

A partir de la preparación de los discursos para las memorias anuales de la universidad y analizando las notas, se graduaban con mejores calificaciones las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí yo empecé a seguir a las personas que en la universidad están en posiciones importantes, que adquieren posiciones de docentes a partir del que es instructor, el que sube a la posición de profesor auxiliar, y ya se empieza a ver la diferencia. El número de mujeres empieza a disminuir y el número de hombres a crecer. Y eso sigue en forma piramidal hasta el momento de las posiciones directivas.

Usted creció en un matriarcado, ¿alguna vez le hizo falta una figura paterna?

A veces me han dicho que soy ingrata en ese sentido. Yo diría que no. No me hizo falta porque tuve unas mujeres que fueron madres y padres. Yo sabía que tenía un padre que era abogado, pero nunca se ocupó de llegar a la casa, realmente nunca me hizo falta.
Fui hija única, pero mis tías fueron capaces de hacer crecer sus hijos y educarlos sin mucho escándalo.

Usted se educó en la Facultad de Medicina cuando aún el general Maximiliano Hernández Martínez gobernaba, ¿cómo vivió la caída de Martínez?

Como éramos estudiantes, con mucha alegría, con mucha diversión, pero tal vez no midiendo las dimensiones del proceso. Quizá no teníamos la suficiente preparación política para medir hasta dónde se había llegado. Ya estábamos en la Facultad de Medicina y había caído Martínez, había caído Ubico en Guatemala, había caído Carías en Honduras. Vivíamos una época de gran celebración.

Usted ha dicho que uno de los más grandes dolores de su vida fue en el 72 cuando un movimiento en el que estaba Schafik Hándal la expulsó de la universidad porque la tachaban de imperialista.

Yo termino mi decanato en el 71, la intervención es en el 72, pero esa época es muy confusa, muy convulsa. Entonces ese problema del imperialismo era una cosa muy tonta. Muy burda. Ese San Benito del imperialismo no me lo pude quitar durante mucho tiempo por el hecho de haber tenido relación con algunas fundaciones que nos ayudaron, incluso, para el desarrollo de la educación médica. Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado de la izquierda extrema salvadoreña que llegó al grado de que un dirigente llegara a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca y dijera: “Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista”.

¿Ese era Schafik Hándal?
No, no. Yo debo decirle que tengo el mayor de los respetos por Shafick. Él me respetó y me apoyó mucho cuando yo estaba en la UES. Al grado tal de que en el momento más difícil de mi vida como rectora, Schafik fue de las personas que me apoyaron y le dijeron a la gente el error en el que estaban al no aprobar el préstamo que hubiera representado el desarrollo universitario. El problema es que la vida de la universidad no solo ha estado expuesta a los golpes de afuera, sino a los de adentro. Los internos han sido terribles.

Después de ser decana usted comenzó a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tenía pasaporte diplomático, ¿venía a El Salvador durante la guerra?

Sí. No venía tan seguido porque estaba en ese programa tan fuerte, pero sí, vine. Había que pensar que en ese momento no era fácil, pero ya después de los Acuerdos de Paz consideré que se estaban dando las condiciones para venirse a El Salvador.

¿Estuvo alejada por completo del proceso de los Acuerdos de Paz?

No. Todo lo contrario. Yo creo que muchos de los organismos internacionales tienen una función dependiendo de su ideología, de su punto de vista, que no se conoce pero que es de apoyo.

¿Y cuál era esa función?
Quizás eso no vale la pena contarlo.

Cómo no, a mí sí me parece que vale la pena. Ya pasaron 25 años desde la firma de los Acuerdos.
Sí, pero… no es fácil traer a cuenta procesos y compromisos que se dieron y que la gente los mantuvo ocultos incluso hasta su muerte. No tiene uno derecho. A veces aquí en las conversaciones con los compañeros salen cosas que no deberían de salir, pero que las comentamos. Realmente la guerra es la guerra.

Usted ha visto cambiar El Salvador durante todos estos años, ¿por qué vale la pena quedarse?
¡Uy!, esa pregunta es una cosa terrible. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad por hacer crecer este país.

 

22 centavos por cada tiempo de comida

Expedientes. Del año 2013 a 2016, existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes.

22 centavos de dólar por cada tiempo de comida. Esa es la cuota que Jorge le debe pagar a María, su expareja, para la manutención de su hijo de cuatro años. Según la cifra establecida en la Procuraduría General de la República (PGR), María debe poder alimentar a su hijo con $0.66 diarios, es decir, con $20 mensuales.

María tenía un empleo formal hasta hace una semana. Con ese salario intentaba cubrir las necesidades básicas de su hijo, pero los dueños cerraron la farmacia en la que ella trabajaba y la necesidad de una cuota alimenticia más alta para el menor se hizo más evidente.

Ella sabe trabajar desde niña. Su madre tiene una venta de comida en un municipio de Sonsonate y ahí conoció cómo es vivir el cansancio de los adultos. Mientras crecía ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, a preparar la comida y a vender frente al mercado.

La escuela fue la diferencia. Fue casi un descanso. Formó un grupo de amigas y se enamoró por primera vez. Cuando cumplió 15 años conoció a Jorge, su compañero de clases, y él le pidió que fuera su novia. Ella aceptó y dos años después quedó embarazada. Él vivía con su madre y María pensó que lo mejor era mudarse con ellos. Creyó que ahí viviría mejor y más tranquila. Tres años después, salió de esa casa con moretones en la cara.

“Nos separamos por el problema”, dice hoy que tiene 22 años. El problema fue que su expareja la golpeó en 2015. María regresó llorando a la casa de sus padres y denunció a Jorge. Un juzgado emitió una orden de restricción en la que se prohibía que Jorge se le acercara durante seis meses. A pesar de que él demostró ser violento, ella dice que ya no pidió que se renovara la orden de restricción “para no tener más problemas”.

María cuenta desde su casa materna que después de la golpiza le pidió a su madre que la acompañara a la sede sonsonateca de la PGR. Ahí solicitó ayuda para fijar un monto para alimentos.

“En la procuraduría me dijeron que como él solo estudiaba y no trabajaba, no tenía de dónde sacar dinero. Dijeron que solo $20 me podía dar porque era lo que podía ir recolectando de lo que supuestamente le da la mamá para la semana”, recuerda María.

En mayo la canasta básica por familia urbana costó $195.20, de acuerdo con cifras gubernamentales. El cálculo de canasta por familia se hace con base en un supuesto de 3.73 personas por familia. La cuota alimenticia que se le fijó a Jorge solo cubre un 10 % de dicha canasta.

Ahora Jorge ya cumplió 22 años y se encuentra estudiando una licenciatura. Pero aunque hayan pasado dos años desde la demanda, la cuota alimenticia que está obligado a darle a su hijo sigue siendo la misma: $0.66 diarios.

Asesoría. En este salón los usuarios de la Unidad de Familia de la PGR se reúnen con asesores legales para evaluar sus casos.

El promedio mensual de cuotas alimenticias que ingresaron a la procuraduría a escala nacional fue de dos millones de dólares entre enero y mayo de este año. Dos millones suena a mucho, pero los beneficiarios son 28,520 menores y cuando la cifra se divide entre ellos, se alcanza una media de $76 mensuales. O sea, $0.84 por cada tiempo de comida.

Gloria espera que la cifra que se logre fijar con el padre de su hija de siete años sea más alta que el promedio. Es una mujer de 28 años, de pelo rubio y labial fucsia. Cuando habla mira a los ojos de quien la escucha y no titubea. Ha venido este martes 4 de julio a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia a demandar a su expareja y ha pensado solicitar $100.

La menor estudia en un colegio privado de San Salvador donde cobran $25 mensuales. A ese gasto le debe sumar el de útiles escolares, uniforme, transporte y alimentación. La niña y el padre no se ven y ella explica que desde que se separaron no ha recibido apoyo paterno.

“Yo soy independiente. Nunca le había pedido nada, pero pasó el tiempo y dije: ‘Bueno, y ¿por qué dejarlo que esté sin responsabilidad?’”, dice Gloria.
Ella sabe que no hay respuesta para su pregunta y se muestra segura mientras espera sentada sobre unas sillas azules frente a los asesores legales de la PGR.

Por ahora lo único que teme es que el estilo de vida de su expareja no le permita alcanzar una cuota que sirva para compartir con equidad los gastos de la menor.

—Él no trabaja. Supuestamente lo tienen que evaluar y que no sé qué –dice Gloria como fastidiada mientras espera que la atiendan.
—¿De qué vive él?
—Solo de remesas. Por eso es que ni piensa en trabajar –responde antes de brindar sus datos frente a un escritorio.

Cuando Gloria entró a este edificio le dieron un número y así pasó al escritorio de un asesor jurídico a explicar su situación. El proceso de espera es similar al de los bancos. Y a pesar de que aquí también se discute en términos económicos, las historias que se escuchan en este lugar son íntimas y hablan de un país que descuida a sus propios hijos.

Gloria se suma a las 1,276 madres que hasta abril de este año demandaron a los padres de sus hijos por alimentos. El año pasado fueron 5,819 las mujeres que hicieron lo mismo.

Para iniciar el proceso ha traído la partida de nacimiento de su hija, su DUI y una dirección donde se puede contactar a su expareja. Con esa dirección se localizará al demandado y le enviarán una notificación. En ese papel se indicará la fecha y hora a las que será convocado para una audiencia conciliatoria. Usualmente, los procesos de este tipo toman dos meses para resolverse.

El día en que los dos vengan pasarán a una oficina llena de cubículos. Se sentarán al lado y frente a un empleado público tendrán que intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero que le corresponde dar al demandado. La audiencia puede terminar de dos formas: que se llegue a un monto por mutuo acuerdo o por “resolución”.

“La resolución ya no es voluntaria. Es impositiva”, explica un asesor legal de la institución. Cuando ni la madre ni el padre logran conciliar sobre la cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo en común, la procuraduría es quien decide. Y para eso pide pruebas de gastos de las dos partes y en ocho días hábiles comunica la cantidad.

Noel Galicia, asistente legal de la Coordinación Nacional de Familia, asegura desde su escritorio en el séptimo piso de la PGR que en esta institución no se están fijando aportaciones tan mínimas como de $20.

“La cuota alimenticia se fija con base en necesidades y a capacidades económicas”, sostiene. Él se empeña en afirmar que los montos que resultan extremadamente bajos son porque madre y padre así lo acuerdan.

“Nosotros no estamos avalando en ningún momento ese tipo de cantidades. No es posible que un niño y una niña pueda mantenerse ni siquiera con $20 o $25”, afirma Galicia. El asesor comenta que la media es de $50 y “se logra en gran parte a través de la conciliación”.

Sin embargo, otra empleada de este lugar confirma que, como sucede con los trabajadores informales, hay cuotas alimenticias que se fijan y son de solo $15 mensuales por cada hijo. Dicho de otra manera: $0.50 al día.

—Yo he sido irresponsable. Son cosas que se han salido del huacal –dice Erick, quien debe cerca de $1,500 a la madre de su hijo.

28,000. La PGR afirma que son 28,000 niños y adolescentes los beneficiados a partir de las cuotas alimenticias que en la institución se fijan.

Erick es un hombre fornido y de piel clara. La naturalidad con la que dice que ha sido un padre irresponsable sorprende a quienes lo escuchan. Ha venido a dejar a su hijo en la ludoteca de la Unidad de Familia a las 9 de la mañana. El salón está lleno de juegos de mesa, muñecas y animales pintados en las paredes. Es un lugar diseñado para que los niños esperen a sus padres mientras ellos deciden parte de su futuro frente a un funcionario.

Erick hala una de las sillas bajas de niños y se sienta en ella para explicar la situación que, según él, ha influido para que haya pasado un año sin que le brinde dinero a su hijo de seis años. El niño se mantiene a su lado y juega con hormigas de plástico. Está abstraído y parece no escuchar nada de lo que dice su papá.

Erick debía depositar $125 mensuales para la alimentación de su hijo. El problema –sostiene– fue que se vio obligado a renunciar a su trabajo por presión de pandilleros. Dice que también era el dueño de una pupusería, pero que la pandilla de la zona le empezó a exigir una extorsión mensual de $500. Él asegura que pagó $200 hasta que le llamaron desde un penal para exigirle más dinero. Entonces –relata– cerró el negocio y se quedó sin fuente de ingresos.

“Yo tengo los reportes de la Policía de parte del trabajo y de parte del negocio”, dice como intentando convencer a quienes lo escuchan. Afuera lo espera la madre del niño antes de entrar a la audiencia.
Que haya una cifra fijada legalmente no es garantía de que los menores se vean beneficiados. El dinero puede ser descontado en planilla como se hace con un préstamo o los demandados pueden ir a la PGR a pagarla de forma personal. Pero se ha comprobado que ninguna de las modalidades asegura que el dinero llegue de mes a mes.

Solo la mora de padres irresponsables de este año sobrepasa el medio millón de dólares. “El monto que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los padres del 1.º de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15”, afirma la PGR. Por otro lado, la mora de las madres demandadas por los padres durante el mismo período es de $8,490.43.

Ser irresponsable con los hijos es un delito. Y puede incluso llevar a la cárcel. Además de no poder salir del país, ni renovar licencia, se puede abrir un proceso judicial en contra del demandado.
En 2015 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un padre de familia por encontrarlo culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El juzgado logró comprobar que la madre y sus hijos sobrevivían en “condiciones de vida de precariedad”, y el padre –con el incumplimiento del pago– había causado “daños morales y patrimoniales a los menores”.

Audiencia conciliatoria. En esta etapa, las partes demandada y demandante se reúnen con un empleado público para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimenticia.

La pena de ese delito es de uno a tres años de prisión. Así, el tribunal condenó al padre irresponsable a 24 fines de semana de arresto. El juez Antonio Durán explica que en “en estos casos el condenado debe presentarse al penal desde las 7 de la mañana del sábado hasta la noche del domingo”. Además, esta pena no lo exime de su obligación de pagar alimentos.

Erick se ha presentado a esta cita para que su caso de mora no llegue a judicializarse. La madre del niño lo demandó otra vez. “Yo saqué el estado de cuenta. Y salió alta la mora”, explica la mujer con una voz cansada. Ella no es la única. Solo en los primeros cuatro meses del presente año, 875 mujeres demandaron a sus exparejas ante la PGR por esa misma razón.

Erick, porque así lo establece la ley, tendrá que darle dinero a su hijo hasta que cumpla los 18 años. Pero su responsabilidad no termina ahí. Si su hijo se mantiene estudiando después de haber cumplido la mayoría de edad, tiene buenas calificaciones y no se casa ni forma su propia familia, seguirá teniendo derecho a la cuota alimenticia hasta que se convierta en profesional.

Para Erick la urgencia actual es resolver la mora que mantiene con la madre del menor. Se levanta de las sillas pequeñas y se dirige a esperar audiencia junto con su expareja. Antes de salir, le hace un pedido a su hijo: “Jugá con los niños”, y señala a otros menores que juegan, entre risas. Pero el niño está desganado. Ve cómo su padre sale de la ludoteca y le responde que sí, pero sigue jugando solo con sus hormigas de plástico.

—¡Me encachimba, me encachimba! ¡Lo detesto! –dice una mujer mientras acelera el paso y sale de la Unidad de Control de Fondos a Terceros de la PGR. En este salón es donde se puede verificar si los padres ya depositaron el dinero o no.

La mujer, enojada, sale rápidamente y detrás de ella una joven con sus mismos rasgos camina con decepción.

—Ni modo, es lo único que la adolescente dice.

Ludoteca. En este espacio se calcula que cerca de 30 niños juegan a diario mientras sus padres resuelven asuntos legales como custodia, regímenes de visita y alimentación.

Conforme el día avanza, este edificio institucional se va llenando en su mayoría de mujeres. Aquí no solo se resuelven temas relacionados con las cuotas de alimentación, también se llevan procesos de reconocimientos de hijos, divorcios y cambios de nombre.

El problema de la fijación e incumplimiento del pago de alimentación no es solo de padres. También hay madres demandadas. En los primeros cuatro meses de este año, 15 hombres denunciaron a madres de familia para fijar una cifra en concepto de alimentos.

El año pasado fueron 1,226 los padres que demandaron a las madres de sus hijos por temas relacionados con el sustento de los menores, ya sea pidiendo un aumento, una disminución de cuota o porque las madres no cumplieron su deber.

“Le hacemos un llamado a los padres que tienen ese rol de padre y madre para que se acerquen a la procuraduría. Las cuotas no son para ellos, y no por esa cultura machista van a dejar de pedirla”, comenta Noel Galicia, asesor legal de la PGR.

En la procuraduría está claro que la mayoría de casos de abandono de los hijos se dan por parte del padre, pero también saben que existen casos, la minoría, en los que son los hombres quienes deben hacerse caso del cuido de los hijos. El asesor considera que el machismo del país influye en que esos pocos padres no se animen a demandar a las mujeres por miedo a que se cuestione su masculinidad.

El año pasado 176 padres de familia demandaron a las madres por alimentos por primera vez. De cada 100 personas que demandan a sus exparejas, solo tres son hombres.

Ese mismo año, 586 madres estaban registradas en la PGR como alimentantes. Y el monto total de sus aportaciones fue de $456,260.35. En promedio, la cuota entregada por mujeres es de $64.

De los 15 hombres que demandaron a madres los primeros cuatro meses de este año, dos dijeron que sus exparejas residen en el exterior. Cuando el padre o madre vive en el extranjero, el monto que reciben los menores es más alto que el promedio nacional.

Hasta mayo de este año 821 niños recibieron cuotas desde el extranjero. El efectivo lo enviaron 636 padres y madres. La PGR no cuenta con estadísticas actualizadas hasta el mes de junio, pero hasta el “31 de mayo del año 2017 (la cuota del extranjero) ascendió a $479,789.03”, respondió la institución en un escrito.

Cada mes ingresaron alrededor de $95,000 a El Salvador para alimentar a menores de edad. Dividido entre la cantidad de niños, la suma promedio que brindan los padres y madres en el exterior es de $116.

Incumplimiento de pago. Si los demandados se rehusan a cancelar las cuotas establecidas, no pueden salir del país, sacar licencia de conducir ni ser sujetos de crédito.

Con $0.66 centavos se pueden comprar pocas cosas. María, la joven de Sonsonate que cría a su hijo pequeño, lo sabe bien. En el supermercado de su municipio, con esas monedas se puede comprar un paquete de cuatro sabrosadores de carne, o chicles o un yogur pequeño. Si se propusiera comprar a diario la comida de su hijo con lo que recibe de cuota alimenticia, lo más que podría comprar en esta tienda sería una libra de arroz de $0.62. Nada más.

Cuando se le pregunta si ha considerado pedir que se revise su caso, ella responde de forma pesimista. “Lo he pensado, pero para no tener más problemas no he querido ir. Me van a decir que no”.

La procuraduría cuenta con un Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas alimenticias, pero María no cree que pueda salir favorecida en ese proceso. Una cosa la desanima: el contexto actual de Jorge es igual al que tenía cuando fue demandado en 2015. Sigue estudiando una licenciatura y sigue sin trabajar.

—A él le vale chonga –dice María. El pisto que da, me lo da su mamá –se queja.
Jorge visita al hijo en común constantemente. Ella cuenta que mantienen una relación normal. Le huye a la confrontación, pero sabe que carga la parte más pesada de la crianza. Ella también quería estudiar en la misma universidad que Jorge, pero no tenía los $50 mensuales que se deben pagar ahí. Tiene otros gastos prioritarios.

“En el súper gasto casi $50 y solo me dura 15 días. Le compro la leche, pámperes, jugo, galletas, gelatinas…”, María enumera la lista de compras para su hijo y agrega unos gastos imprevistos que desde lejos parecen mínimos, pero que en la economía diaria hacen la diferencia. “Ayer en la mañana, en un ratito… en cuestión de media hora, gasté casi tres coras comprándole una gelatina y un fresco”. Por ahora ella ha vuelto al negocio que conoce desde pequeña: ayuda en el puesto de su madre a preparar comida y vende frente al mercado.

*Algunos nombres han sido cambiados a solicitud de las familias.

Retroactividad. Las cuotas alimenticias solo se exigen desde el momento en el que se interpone la demanda. No pueden ser retroactivas desde que el menor nació.