Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

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“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

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Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

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Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

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Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

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El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

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“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

El éxodo de los venezolanos que buscan refugio para retomar sus terapias contra el VIH

Problema crónico. Miles de pacientes reclaman en las calles la falta de medicinas en Venezuela.

Una tarde de septiembre de 2016, un empleado del Ministerio de Salud venezolano llamado Antonio regresó a su casa sin el antialérgico que necesitaba su esposa. Después de largas horas de recorridos por farmacias vacías en el estado de San Francisco de Apure, solo tuvo una certeza: ambos tenían que abandonar el país. El estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de antirretrovirales ni pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia enfermedad. La pareja no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de América Latina para recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida. La última estación sería Perú.

Antonio y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron en una habitación alquilada al norte de la capital del único país donde pudieron encontrar un empleo para cubrir sus gastos básicos. “Necesitábamos retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y gestos pausados, sentado en el local de una organización civil que vigila el abastecimiento de antirretroviral.

Esta familia forma parte de una oleada de siete mil venezolanos que consiguieron permisos de permanencia temporal en el país este año, con facilidades dadas por el Gobierno, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron de Venezuela por razones de salud, desde noviembre de 2016, la ONG Grupo Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que vinieron con el objetivo específico de retomar sus terapias para controlar esta enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en San Martín de Porres, un extenso distrito al norte de Lima.

En realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por razones de salud. Antes buscan ayuda en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza San José de Cúcuta, Colombia, la zona más próxima al Puente Internacional Bolívar, colindante con Ecuador. Los migrantes eligen ir primero a Ecuador porque los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos –ciertamente más que en Perú. Solo necesitan presentar un carnet de identificación, su historia clínica y acudir a algunas charlas de orientación. “El problema allá es otro. No encontramos trabajo y nos quedamos sin dinero”, cuenta Pamela, una mujer de 36 años, voz alegre y manos expresivas, quien era profesora en una escuela pública de su país. Ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Antonio, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante en una fábrica de polos del emporio textil de Gamarra.

Antes de ingresar a Perú, la pareja recibió atención en el Hospital de Infectología de Guayaquil por unas semanas, pero tomó la decisión de venir al país cuando se enteró de las facilidades migratorias dispuestas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hasta hace unos meses, los venezolanos debían obtener un permiso de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno aprobó un permiso temporal de permanencia exclusivamente para ciudadanos de ese país. Este documento, que tiene una vigencia de un año, les permite estudiar, trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico. “Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del terrorismo”, dice un vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Hasta fines de 2016, el Sistema Integral de Salud (SIS) ya tenía registrados 2,667 ciudadanos con carnet de extranjería, lo que les permite recibir atención médica en calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta porque muchos de ellos aún no tienen este documento. “Este caso está siendo estudiado para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice María Cecilia Lengua Hinojosa, médica encargada de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del SIS.

Los pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de asistencia social de los hospitales.
Esos datos aparecían en grupos en Facebook creados por otros migrantes venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Entonces, cruzaron en automóvil el pueblo fronterizo de Huaquillas (Ecuador) con dirección hacia Zarumilla (Perú), pernoctaron unos días en Tumbes y luego tomaron un bus interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital San José del Callao”, dice Pamela.

Una pandemia fuera de control

La tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir nuestra entrevista por un canal de WhatsApp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El Gobierno solo muestra indiferencia”, añadió.

La organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65 mil personas con VIH que dependen de las medicinas que compra el Estado venezolano para mantenerse con vida. Sin tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su pronóstico se complica.

“Lo que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con sede en Estados Unidos.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han incrementado. “En 1997 no superaban las mil; en 2015 llegaron a los 3,300 casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela viven también 44 mil personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y cada año se suman un promedio de 5,600 nuevos enfermos.

Pese a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los pacientes infectados. En 2014 el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y anticoagulantes.

StopVIH ha documentado 66 episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales que ha puesto en peligro la vida de más de 65 mil pacientes de VIH.

A comienzos de 2017, la situación llegó al límite: el 90 % de las medicinas de alto costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegó a las farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas. Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, recogidos para The Big Pharma Project, el Ministerio de Salud mantiene desde 2014 una deuda de $4,000 millones con laboratorios proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector si liquidaba el 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta condición.

Las autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS en 2015 y 2016. Sin embargo, Antonieta Caporales, una de los tres ministros de Salud que ha tenido Venezuela en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos que todo el lote costaba alrededor de $12 millones y el Gobierno no tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en una entrevista para este reportaje.

El peligro de la resistencia

Cuando Elvis Ortuño partió de Valencia, la ciudad más poblada del estado venezolano de Carabobo, tuvo que desprenderse de su familia, su pareja y su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los próximos meses y tuvo miedo por su vida. Llevaba apenas un mes intentando asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH y sus pruebas de carga viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir las infecciones) ya estaban por debajo de lo normal. “Si me quedaba, corría el riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.

Al igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las alternativas que había en el extranjero y emprendió un viaje por tierra hacia Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la zona de Caramuca, en el estado venezolano de Barinas, antes de seguir la ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios guardias te siembran cosas son constantes”, relata.

El problema de Ortuño empezó en el puesto migratorio del fronterizo municipio colombiano de San José de Cúcuta, donde los oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, como una especie de constancia de que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio, buscó diversas formas de cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso funcionó. Solo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.

“Sabía que al pasar el puente Internacional Bolívar mi vida iba a cambiar. Fue como un signo de esperanza”, cuenta. Elvis Ortuño solo tenía $120 en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales para un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en autobús desde Colombia hacia Ecuador.

Luego de 36 horas de recorrido, este joven venezolano de contextura delgada y piel tostada llegó al puente Internacional de Rumichaca, por donde finalmente ingresó a Ecuador. Su destino era el Hospital de Infectología de Guayaquil y tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para cumplir su objetivo. Por fortuna, en este servicio de salud recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con solo mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Con esa preocupación volvió a indagar en internet una segunda opción de destino, y esta vez se comunicó por correo con el colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en Perú.

En octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó la tercera frontera para salvar su vida. No llegó a Lima, se quedó a medio camino, en la ciudad de Trujillo, donde consiguió integrarse al programa de tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como mozo en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo que interrumpir algunas veces su terapia.

“Si hay muchos pacientes que incrementan su carga viral y se vuelven resistentes a su terapia, la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray.

Sin embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas de Perú.

Solo este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en Venezuela: desde enero no hay zidovudina en jarabe para niños, y desde febrero tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que hay pocas posibilidades de medir correctamente los niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo en la población venezolana y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro meses. “No sabemos cómo estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Epidemiología.

El VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en 1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no cuenta con terapias modernas porque estas son muy costosas”, dice Sánchez.

Donaciones retenidas

En Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), a través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron distribuidas a los beneficiarios.

Además, en 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de medicamentos.

Si bien en Caracas una parte de pacientes con VIH sobrevive con las últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a los estados del interior como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio, Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir los medicamentos y salvar su vida.

En 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto.
Los servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición, pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela: temen que llegue el momento en que los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas de medicinas y empiecen a restringir la cobertura para migrantes. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a $1,480,790 en 2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice Alberto Nieves, de Acción Ciudadana Contra el Sida.

El desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que salieron a las calles tenían un lema: “si no salimos, igual nos morimos por falta de medicamentos”.

*Este reportaje elaborado por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco para Ojo Público es parte de The Big Pharma Project y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA gracias a un acuerdo de difusión de contenidos con CONNECTAS.

Ecuador va al rescate humedales heridos por el hombre al pie de un volcán

Iniciativa. Vista de la instalación de la campaña “Hacer al planeta verde otra vez”, para mostrar el manto
sombrío del cambio climático desde el sector del volcán Antisana, (Ecuador).

Arriba, como tocando el cielo, aparece imponente el Antisana, un majestuoso volcán ecuatoriano que corona un páramo, que guarda en sus entrañas lo que antaño fueron copiosos humedales, que ahora lucen, a manera de cicatrices, canales abiertos por el hombre para drenar el agua y facilitar el pastoreo.

Más de cuarenta canales recorren un humedal de 14 hectáreas a 4.100 metros de altitud en el área de conservación hídrica del Antisana, situado a menos de una hora de la capital ecuatoriana, en lo que antes eran haciendas ganaderas.

Pero la historia se repite en unas 30 hectáreas a los pies del volcán potencialmente activo, situado en la cordillera ecuatoriana, donde el belga Bert de Bievre, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua (Fonag), llega al extremo de hablar de “exhumedales”.

Por su peso, caballos, vacas y la gran cantidad de ovejas que había antes en la zona, compactaron la cobertura del humedal drenado, que luce a hora como una tupida alfombra verde, a la que comúnmente se refieren como almohadilla pues caminar sobre esta deja la sensación de andar sobre cojines.

El “sobrepastoreo brutal”, como refiere Bievre, terminó hace unos siete años, cuando la empresa de Agua Potable de Quito compró la zona a hacendados, redujo “drásticamente” la carga animal y encargó al Fonag la recuperación del lugar.

En el sector -antaño pantanoso- ahora incluso se puede caminar sin problema pues durante décadas (no se sabe cuántas), ganaderos drenaron el agua a través de canales y, aunque ahora se ha logrado sacar a casi todo el ganado del lugar, el verde y esponjoso suelo todavía recibe la presión de equinos. Pocos, pero hay.

Imponente volcán. Arriba, como tocando el cielo, aparece el volcán Antisana, que guarda en sus entrañas lo
que antaño fueron copiosos humedales, que ahora lucen, a manera de cicatrices, canales abiertos por el hombre
para drenar el agua y facilitar el pastoreo.

Si bien se conocía de la otrora práctica común de los ganaderos de drenar los humedales para evitar que las vacas se ahoguen, solo el sobrevuelo de un dron, a finales del año pasado, reveló la densidad de las heridas que dejó la mano del hombre.

“Fue como cuando volaron con avioneta sobre las Líneas de Nazca y vieron qué no más había ahí en la superficie. Recién ahí pudimos darnos cuenta de la densidad de drenajes”, dice Bievre parado en uno de los humedales, que ahora quieren recuperar con una técnica simple y barata: diques de madera, presión y paciencia.

En medio de un intenso viento frío, Bievre explica animado que las rústicas tablas, colocadas a presión, contienen el agua parcialmente pues permiten un paso controlado del líquido con la intención de recuperar el nivel freático en todo el sector para volverlo nuevamente un pantano inaccesible en “pocos años”.

El asunto requiere paciencia pues la idea no es crear un embalse sino recuperar el humedal en el páramo que colinda con la reserva ecológica Antisana, que extiende sus 120,000 hectáreas entre las provincias de Napo y Pichincha, y que acuna a cóndores, osos de anteojos, pumas, venados, tigrillos y lobos, entre otros.

Con 18 pozos -unos manuales y otros con sensores automáticos- se monitorea la altura del nivel freático, explica a Efe Paola Fuentes, técnica del Fonag cerca de uno de los diques, que deja ver un agua negra acumulada que, a simple vista, da la impresión de ser petróleo liviano pasado por agua.

Pero no, el color negro responde a la acumulación de materia orgánica en el humedal, que es el ecosistema que más almacena ese componente que acopia agua y carbono, y que puede regular la distribución del liquido vital de manera natural.

“El carbono es una sustancia única que se almacena en el suelo, pero con el pastoreo, por ejemplo, cuando se levanta el suelo, se libera carbono a través del CO2 y eso está provocando contaminación también”, se lamenta Fuentes.

El Fonag, que espera que con su técnica de taponamiento el agua no salga con tanta rapidez, monitoreará qué ocurrirá con el líquido cuando se restauren los humedales.

Entre tanto, en agosto colocará diques en la zona alta del humedal y se prepara para intervenir otros con diferentes técnicas pues las zanjas son mucho más anchas y profundas, dice Fuentes con la mirada puesta en el Antisana, de 5,758 metros de altitud, que ve derretir su glaciar por efectos del cambio climático.

La masacre de la que no hay registro

Sagrado. Esta placa se encuentra en El Llanito, un lugar sagrado para la comunidad indígena de Izalco. Se cree que aquí se encuentran los restos de muchas de las víctimas de la masacre de 1932.

A María Cruz Pérez le mataron a tres de sus familiares entre enero y febrero de 1932. Tuvo que esperar dos meses, hasta que el martes 5 de abril de ese año, a las 11 de la mañana, llegó a la Alcaldía de Izalco a decir algo que nadie más se había atrevido a declarar ante las autoridades locales. Dio los datos para crear el acta de defunción de su esposo Felipe Tiguin y de sus cuñados José y Andrés, muertos en medio de la persecución indígena. Los tres eran jornaleros.

Tesoros. Los dos libros más preciados de Benjamín Arucha en el archivo
de la Alcaldía de Izalco son el de las actas de defunciones y
el de las actas municipales, ambos de 1932.

“Felipe Tiguin, varón indígena de 30 años de edad falleció el 29 de enero pasado en el barrio Dolores de esta ciudad, murió trágicamente sin asistencia médica”, reza una de las actas. María Cruz Pérez declaró, pero no firmó ninguna acta. No sabía leer ni escribir.

Los tres parientes de María Cruz Pérez fueron los primeros indígenas cuyas muertes trágicas se registraron en la Alcaldía de Izalco. Fueron de los pocos indígenas asesinados de ese municipio de los cuales quedó constancia. Ninguno de los empleados actuales de la alcaldía se explica cómo, en unos tiempos en los que se perseguía a los indígenas hasta la muerte, esa mujer se atrevió para romper el anonimato oficial en el que habían quedado esos difuntos y pedir que sus nombres y fechas de muerte quedaran por escrito.

María fue la primera viuda en declarar que su esposo indígena había muerto tras los sucesos de 1932. Entre abril y agosto de ese año, otras personas, en su mayoría mujeres, hicieron lo mismo. Se acercaron a la alcaldía para sacar el acta de defunción de sus familiares fallecidos durante las semanas en las que se llevó a cabo la matanza campesina más grande del siglo XX en el occidente del país.

Estos datos están en el libro de actas de defunciones de 1932 que resguarda el archivo de la Alcaldía Municipal de Izalco hasta el día de hoy. Además de ese libro remendado y manchado, que tiene páginas llenas de cinta adhesiva, hay también otros documentos que dan cuenta de la masacre.

Las condiciones del archivo no son las más favorables ni ayudan a preservar sus documentos. A pesar de que estos dan cuenta del inicio del Martinato, de la crisis étnica de El Salvador y del accionar de un presidente derrocado, la documentación se mantiene en un espacio que no cumple con las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Esos archivos dan pistas sobre el calibre de la masacre indígena en Izalco y de cómo la municipalidad de hace 85 años se encargó de sepultar no solo cadáveres, sino las oportunidades de una raza entera.

Los muertos oficiales de 1932

Documentos. Esta es una de las actas que María Cruz Pérez se animó
a tramitar tras la muerte violenta de tres de sus familiares,
en el Izalco de 1932.

El libro de actas de defunciones izalqueñas de 1932 recoge que ese año en el municipio murieron 439 personas por diferentes causas. Solo 24 de esas muertes, de acuerdo con el registro, fueron violentas. La documentación local dice que la mayoría de personas fallecieron a causa de enfermedades como fiebre, indigestión, paludismo, bronquitis, lombrices y cólicos en el estómago. Investigaciones posteriores demuestran que esa versión oficial es una manipulación de la historia y la negación de un genocidio.

La alcaldía izalqueña cerró enero con actas de defunción de 34 personas. Eso a pesar de que en ese mes las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, según historiadores. De los 34 fallecidos que la comuna contabilizó al cierre del mes, solo se escribió de la muerte violenta de una persona.

“Salvador Angulo, varón ladino de 17 años de edad, soltero, panadero, falleció el 11 del corriente a las diez horas a consecuencia de una lesión que se causó con arma de fuego en la sien derecha”, se lee en el acta número 13.

“Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5,000 y 35,000”, escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia (enero-diciembre 2004). Algo se tiene claro: los asesinatos sobrepasaron el millar de personas en las poblaciones de Tacuba, Ahuachapán, Sonzacate, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Colón e Izalco.

La historia de la masacre de miles de indígenas comenzó la medianoche del 22 de enero, cuando cientos de jornaleros (en su mayoría indígenas) se armaron con machetes y se abalanzaron contra haciendas de terratenientes y cuarteles al occidente del país. La insurrección campesina, harta de las profundas desigualdades económicas, demandaba mayor acceso a la tierra.

La respuesta del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue brutal. Para someter a los rebeldes, ordenó asesinar a todo aquel que pareciera indígena. “Uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina”, llama a este suceso el investigador Erik Ching.

Por dicha represión, que se extendió semanas después del asalto a cuarteles, es que nadie en la Alcaldía de Izalco puede explicar cómo esa mujer, María Cruz Pérez, tuvo el valor de declarar la muerte de su esposo y cuñados en abril del mismo año.

El libro de defunciones de 1932 de Izalco permite establecer la existencia de un subregistro de asesinados. Las actas sostienen que en el transcurso de todo ese año, solo 24 personas murieron de forma violenta en este municipio. Al menos 21 de esas muertes sucedieron a finales de enero e inicios de febrero. No es casualidad que la mayoría de muertes violentas coincidan en fecha. Ese fue el periodo en el que se ha documentado la persecución contra los indígenas. De esos 21 difuntos, solo cuatro eran ladinos.

Para entonces en la alcaldía se hacía un consolidado de muertes al final de cada mes. Con caligrafía de carta se escribía en una columna las causas del deceso de los fallecidos. A partir de la declaración de María Cruz Pérez, ese año se agregó otra categoría entre las causas de muertes. De un listado de padecimientos como paludismo, bronquitis e indigestión, otra palabra salta a la vista: “trágica”.

Esa palabra, según Benjamín Arucha, el encargado actual del archivo de la comuna, sirvió para identificar a los asesinados por sospechas de ser comunistas. Para él, la prueba es que ese término se ocupó en documentación oficial como la causa de muerte de uno de los líderes del levantamiento campesino: Feliciano Ama.

Ama era un jornalero. Se casó con la hija del cacique Patricio Shupan y de él heredó su influencia en la comunidad indígena. Su acta de defunción dice que fue ahorcado en público el 28 de enero y la tradición oral registra que su cadáver se dejó colgado varios días para que sirviera como advertencia. Nadie más debía rebelarse si no quería terminar de esa forma. Y a pesar de que la mayoría del pueblo sabía que esa persona estaba muerta, el primero de junio de 1932, Josefa Shupan, la hija del antiguo cacique, llegó a las 8 de la mañana a la alcaldía para crear el acta de defunción de su esposo.

El acta de defunción de Ama se encuentra en una página amarillenta y marcada con un post-it azul que alguien pegó para encontrar el escrito más rápidamente. Ahí se lee “José Feliciano Ama, varón indígena de 55 años de edad, casado con Josefa Shupan, sobreviviente de este origen y vecindario, jornalero, originario y vecino de esta ciudad, murió el 28 de enero del corriente año trágicamente a las 15 horas en el barrio Asunción de esta misma”.

Ochenta y cinco años después, frente a estas páginas históricas, el encargado del archivo de Izalco y guardián de estos documentos afirma que conoce a algunos descendientes de los indígenas que aparecen en ese libro por haber tenido una “muerte trágica”. Después de revisar los archivos, hace un comentario sarcástico, una denuncia tímida: “La palabra trágica es común y es raro que tanta gente se haya muerto trágicamente”.

Historia. Benjamín Arucha es quien está a cargo del archivo de la Alcaldía de Izalco. No cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los requisitos para preservarlos.

El archivo, patrimonio de la Alcaldía de Izalco

Sin huella. Los archivos dan cuenta de los esfuerzos por no
dejar registro escrito de lo que sucedió a finales de enero de 1932.

Benjamín Arucha es un hombre pequeño y moreno. Dice que estudió hasta bachillerato, luego trabajó como administrador en el mercado municipal y ahora se encarga de clasificar, restaurar, ordenar y resguardar el archivo de Izalco. Es de apellido, rasgos y familia indígena. Entre miles de libros, encontró en 2003 la documentación oficial del intento estatal por hacer que personas como él desaparecieran hace 85 años.

Por eso no pudo evitar sorprenderse cuando se topó con agradecimientos oficiales de Izalco hacia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, “por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas”.

Los dos libros más preciados de Benjamín que pertenecen al archivo izalqueño son el de acta de defunciones de 1932 y las actas municipales de ese mismo año. Dice que, entre sus ocupaciones, a veces saca tiempo para sacudir el polvo que se posa sobre esos documentos con el paso de los meses. El valor que les da a los archivos no es en vano o por capricho. De acuerdo con el historiador Roberto Turcios, registros como estos sirven para construir la memoria de un país.

“Además de ayudar a construir la memoria histórica, son fundamentales para las investigaciones históricas”, dice. Turcios opina que esta clase de archivos constituyen una “huella de lo que pasó, pero no hay información fidedigna. Hay, clarisímamente, un subregistro”, explica.

El investigador Óscar Meléndez es uno de los autores que más ha investigado ese subregistro. Él se dio a la tarea de revisar el “Anuario Estadístico” de los años en los que el general Hernández Martínez gobernó y encontró que, según las cifras estatales, en 1932 solo 1,081 ciudadanos fallecieron por muerte violenta.

“Un análisis acucioso de las estadísticas gubernamentales podría llevar a concluir que no fueron exactas o que fueron parcializadas, debido a que, por ejemplo, hacia 1932 no se contabilizan las muertes causadas durante la matanza; las que en las últimas investigaciones se cuentan por varios miles”, escribió el autor en su investigación “Homicidio, justicia y práctica durante el Martinato”, de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte.

Los dos libros que Benjamín considera joyas históricas no se encuentran en el archivo central de la alcaldía izalqueña. “A partir de 2003 empecé a leer estos archivos y les he guardado el interés –cuenta– los he guardado por un lado y por el otro, porque la gente los trata mal”.

El maltrato se observa en las páginas rotas con bordes doblados y las pastas deshilachadas. Estas actas son más que meros registros. Son los únicos documentos oficiales de Izalco que dan cuenta de una de las masacres más grandes del occidente de El Salvador. Ayudan a explicar por qué la comunidad indígena de hoy vive marginada, despojada de tierras, costumbres y hasta de su propia historia.

“El acta de defunción de Feliciano Ama no la he visto, para serle sincera”, confiesa Betty Pérez, la coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Ese consejo fue creado en 1992 y agrupa a 23 organizaciones de pueblos originarios. Betty Pérez tiene cinco años de ser su coordinadora nacional y afirma que no conoce “muchos documentos oficiales” sobre la matanza de 1932. Por décadas las organizaciones indígenas, comenta Pérez, se han dedicado a entrevistar a sus ancianos para poder reconstruir su propia memoria.

Esos libros históricos que podrían ayudar en la reconstrucción de memoria se guardan en espacios separados. El encargado del archivo llegó a la conclusión de que el cuarto del archivo central no era lo suficientemente grande para toda la documentación de la comuna y se realizaron algunas mudanzas.

El libro de actas de defunciones se resguarda en la oficina de registro del Estado Familiar de la alcaldía. Ese es un cuarto que tiene estantes rozando una pared lateral en los que se mantienen las actas de nacimiento y defunciones de miles de personas. Ese cuarto está abierto al público, pues ahí algunos funcionarios tienen sus escritorios y atienden a usuarios. Ahí, como si fuera un nombre más, se encuentra el acta de defunción de Feliciano Ama, quien se convirtió en insignia de la lucha campesina.

El otro libro que más valora Benjamín –el de actas municipales en el que la alcaldía le agradeció al presidente Hernández Martínez por haber mandado a sus tropas a matar indígenas– se resguarda en una casa anexa a las oficinas centrales de la alcaldía. Al fondo de esa casa hay un cuarto de 19 metros cuadrados. Ahí se le autorizó a Benjamín para trasladar algunos documentos. A pesar de tener estantería nueva, es un “área que no es correcta ni cumple los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ya no tengo la saturación de documentos”, explica el encargado.

En este anexo Benjamín ha colocado actas del siglo XIX que él mismo ha intentado restaurar. Las portadas y contraportadas de algunos libros son cajas de cartón que ha recortado y añadido a las páginas en una especie de empastado artesanal.

Esta es una ciudad donde lo frágiles que pueden ser los libros en los que se esconde la historia se pone en evidencia. A finales de diciembre del año pasado y antes de hacer la mudanza de cientos de libros hacia este cuarto, Benjamín empezó a ordenar los documentos del archivo central según unos lineamientos que el IAIP le brindó. Tuvo que reclasificar algunas cosas y mover algunos muebles del archivo central de la alcaldía.

El 22 de diciembre él fue a pasar consulta al Seguro Social. Cuando volvió a su archivo, se encontró con una sorpresa. Calcula que eso de las 10 de la mañana, a un estante se le “dobló una pata” y cayó sobre otro. Con el otro mueble pasó igual y el archivo “se vino todo abajo como si era juego de dominó. Todo, todo cayó en el suelo”. Pero, cuando se le pregunta si estos libros de 1932, los que cuentan la historia de una herida profunda, también terminaron en el suelo, él asegura que no. Que estos documentos estaban en un estante al fondo que, como la comunidad indígena, resistió ante la debacle.

La alcaldía le agradece al dictador y sepulta al indígena

El lunes 25 de enero de 1932, el consejo municipal de Izalco (llamado entonces corporación municipal) se reunió y nombró un alcalde transitorio. Diversos investigadores han calculado que en el levantamiento indígena los campesinos mataron entre 50 y 100 personas. El alcalde de Izalco, Miguel Call, fue uno de los asesinados. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por “lesiones sin asistencia médica” el 23 de enero de 1932.

El lunes, la ciudad llevaba dos días sin líder en la comuna. A pesar de que fue la primera reunión extraordinaria de la alcaldía que se sostuvo tras el levantamiento campesino, este tema fue omitido y solo se mencionaron por escrito “los acontecimientos ocurridos”.

“Con motivo de los acontecimientos ocurridos en esta ciudad y habiendo muerto trágicamente el señor alcalde propietario don Miguel Call, (se) acuerda: depositar la alcaldía en el regidor primero don Juan Rivera Menéndez”, se puede leer en el acta. Las investigaciones posteriores dictan que en esa fecha la cacería contra miles de indígenas ya había comenzado. Pero ese día la alcaldía nombró a una comisión formada por tres personas solo “para que pase a la casa de la familia doliente (alcalde) a hacerle presente nuestro profundo pesar”.

La información se lee en el libro de actas municipales de Izalco, un libro con pasta verde oscuro y sucio con bordes dañados por el uso y paso del tiempo. Algunas de sus páginas están subrayadas con lápiz y la portada está manchada con plumón azul y rojo. Este libro habla de la crueldad con la que la esfera ladina y poderosa de la ciudad interpretó la matanza.

El levantamiento tuvo un efecto adverso al que se planteaba. En lugar de más libertades, la alcaldía estableció medidas severas contra los indígenas. El 3 de febrero la municipalidad acordó un reglamento de aguas para regar las tierras del municipio en el marco de su “deber primordial de velar por los intereses del conglomerado social”.

Los indígenas fueron vistos como un obstáculo para fomentar la agricultura. De acuerdo con esta acta, la agricultura experimentaba problemas por estar “tropezando con muchas dificultades en los riegos de terrenos que han permanecido en poder de la clase indígena, quienes siempre han puesto obstáculos injustificables al elemento ladino que se dedica a la siembra de cereales en la estación seca”.

El nuevo reglamento de aguas estableció cuánto se debía pagar por el agua recibida e hizo una aclaración: La “municipalidad (…) acuerda que desde esta fecha en adelante quedará el servicio de las aguas de riego de terrenos a cargo de esta corporación, no reconociendo ningún derecho que los indígenas pretendan tener por no estar reglamentado conforme a la ley”.

A partir de estos documentos es posible establecer que no solo la vida de los indígenas fue arrebatada. Los documentos hablan del despojo de vida y agua para la clase indígena. Pero eso no les fue suficiente. Una semana había pasado desde el levantamiento campesino cuando las autoridades municipales, según registros, decidieron que intentarían arrebatarle las imágenes de santos a las cofradías de los indígenas.

“Siendo muchas las cofradías de imágenes entre la clase indígena que acaparados por ellos mismos hacen sus grandes reuniones (…) se ha tomado de la determinación siguiente: que se pida autorización del señor gobernador político departamental para recoger todas las imágenes existentes entre los indígenas para colocarlas en el templo. En la actualidad las imágenes siguen como patrimonio en las familias indígenas. Es herencia y forma de organización de un pasado que intentó ser anulado.

El 6 de febrero de 1932, los integrantes de la corporación municipal de Izalco no se preocuparon por contar los cadáveres que quedaron en el pueblo o relatar cómo campesinos que no tuvieron nada que ver en la revuelta rebelde fueron asesinados. Ese día, la corporación se reunió para felicitar “al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el justo y merecido reconocimiento que la honorable Asamblea Nacional Legislativa ha hecho de su gobierno que él dignamente preside y al mismo tiempo le ofrecemos nuestra adhesión y simpatía”.

Maximiliano Hernández Martínez gobernó el país durante 13 años y llegó a la presidencia tras un golpe de Estado. Izalco se preocupó por dejar constancia de su apoyo a la presidencia.

Así, la adhesión de las autoridades locales hacia el presidente se puso en evidencia en otro párrafo de la misma acta: “Esta corporación en nombre del mismo pueblo izalqueño y el suyo propio rinde sus más expresivos agradecimientos al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas que estaban en su obra destructora sembrando el terror en toda forma entre la gente honrada y pacífica de la ciudad. Dichas tropas al mando de sus dignos jefes oficiales procedieron con mucho tino para recuperar la plaza y no tardaron mucho tiempo en lograrlo sin tener que lamentar ni una baja y de no haber procedido así con tanto tino y valentía a esta hora la ciudad entera hubiera perecido bajo el terror de las hordas comunistas”.

Las actas municipales cuentan la historia de los ladinos, pero omiten mencionar la cantidad de bajas de los indígenas o de los que fueron calificados como comunistas. En su libro “Democracias y tiranías del Caribe en 1940”, el periodista de la revista Time, William Kerhn, quien cubrió el conflicto político de El Salvador en la década de los cuarenta, menciona una entrevista al general Hernández Martínez en la que el mandatario “insistió en que el ejército había matado solamente dos mil campesinos”.

Dilema. El IAIP ha hecho llegar instrucciones de cómo se deben
almacenar los documentos para poder mantenerlos en buen estado por más
tiempo, pero la alcaldía no cuenta con suficientes recursos
para adquirir lo necesario.

Las recomendaciones del IAIP se estrellan en la realidad

“El nivel de avance de la gestión documental y de la protección de documentos en este municipio no es sobresaliente. Las condiciones del archivo no son las más favorables”, sostiene René Valiente, jefe de la Unidad de Fiscalización del IAIP.

Al igual que el historiador Turcios, el funcionario del IAIP sostiene que la importancia de estas páginas radica en que son un insumo para investigar “las reacciones de la época y ver cuáles fueron las condiciones previas a lo sucedido en 1932”. Además, sirven para entender “uno de los hechos históricos más relevantes después de la época colonial, un capítulo que no ha sido cerrado”.

En el plano de lo ideal, la municipalidad de Izalco debería tener control sobre la ventilación de su archivo, la humedad del aire, la iluminación y control de la temperatura para evitar que los documentos se desgasten más. Sin embargo, las recomendaciones del instituto chocan con la realidad presupuestaria de la alcaldía, en la que ningún salón tiene la tecnología necesaria para poder asegurarlos de manera ejemplar.

Las recomendaciones del instituto no abarcan solo lo que debe hacerse para preservar documentos históricos, también dan una guía sobre cómo deben crearse los nuevos documentos de la alcaldía para que resistan el paso del tiempo.

El 9 de junio, Día Internacional del Archivo, el IAIP le entregó a una comitiva de la alcaldía una caja que contiene ejemplos del material con el que deben crear sus documentos. De acuerdo con el instituto, la papelería oficial de las alcaldías debe crearse en hojas libres de ácido en lugar de papel bond.

La caja también incluye una muestra de varios clips y fasteners de plástico que podrían usarse para descartar los metálicos. Estos materiales terminan oxidándose y manchando las páginas. Benjamín duda de la posibilidad de poner en marcha el uso de estos insumos porque implica un mayor gasto. “Esto es más caro. Está difícil porque en algunas jefaturas hay quejas de que no hay presupuesto y no le dan importancia a esto también. Solo hemos hecho un poquito de lo que está sugerido”, explica.

En decadencia. Algunos documentos han sido reparados con cartón y
cinta adhesiva. No hay, ni en esta alcaldía ni en el país, un esfuerzo
integral por mantener en buenas condiciones los documentos históricos.

Tras unas visitas a las municipalidades, el IAIP dará a finales de este mes una calificación a los archivos de algunas alcaldías. A partir de ahí emitirá más recomendaciones y una hoja de ruta para el resguardo de los documentos. Pero, al final, reconoce René Valiente, el instituto solo tiene un programa de acompañamiento y el cuido de los documentos “requiere, sin duda, de la voluntad política de parte de la municipalidad”.

El problema de bajos presupuestos para la gestión de archivos no sucede solo en alcaldías y pueblos pequeños. Ocurre en el mismo Archivo General de la Nación. José Amaya, técnico restaurador de documentos históricos, explica desde el Palacio Nacional de San Salvador que varias veces en su trabajo, en lugar de usar un papel japonés especial para pegar hojas que se han roto en documentos oficiales, se han ocupado tiras de papel “de pupusería”. Luego, Amaya muestra unas hojas de ese papel semitransparente que ocupa para unir pedazos de páginas rotas o rasgadas. En Izalco, eso se resuelve con cinta adhesiva.

Símbolo. En El Llanito es en donde cada año
se hacen los actos de conmemoración de la masacre.
Se ha identificado la zona con esta placa y una gruta.

85 años después de la masacre indígena, otra mujer que no sabe leer –como la primera en declarar la muerte de sus parientes indígenas en 1932– llega este lunes de junio la alcaldía.

Con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar, la mujer de 40 años le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y está enferma de gravedad. Está preocupada porque tiene una sospecha: teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta:

—¿Va que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción?– pregunta con semblante serio.
—No– responde Benjamín Arucha.
—Vaya– dice, ya tranquila, la mujer y luego sonríe, casi avergonzada– ¡y la gente que le mete miedo a uno!

Benjamín le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento o el Documento Único de Identidad de su madre no es una falta grave y que, si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y resolverán el papeleo para crear el acta de defunción. Hay algunas preocupaciones que no tienen caducidad.

Después de atender a la mujer, Benjamín parece contrariado por su pueblo. Habla de lo poco que conocen los habitantes de este municipio sobre los acontecimientos que mancharon de sangre sus calles principales. “Me da cólera –dice sobresaltado–, los izalqueños no nos interesamos por nuestra historia”. Mientras habla, pone cara seria y da golpes sobre la mesa con su mano izquierda y derecha en una coreografía improvisada por la indignación.

El etnocidio comandado por Maximiliano Hernández Martínez logró su cometido en el occidente del país. En 1930, Izalco tenía 19 mil habitantes. Dos mil sabían leer y 17 mil eran analfabetas. Era una de las zonas del país con mayor presencia indígena y donde la figura del cacique estaba acompañada de poder. En 2007, el municipio contaba con 79,959 habitantes y el rechazo a lo indígena se asimiló de tal manera que, en el último censo poblacional, solo 154 izalqueños se identificaron a sí mismos como nahua-pipiles.

En “Historia Mínima”, un libro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se asegura que “no existe manera de determinar el número de personas muertas (en la masacre del 32). Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto”. No obstante, los archivos de la Alcaldía de Izalco sí hablan sobre la frialdad con la que se documentó un hecho que intentó sepultar la identidad originaria de todo un pueblo.

 

Un expresidente no tan excepcional

Ingresos asegurados. Barack Obama recibe una pensión de más de $200,000 al año por ser expresidente de EUA.

Después de dejar la Casa Blanca, a Barack Obama se le ha visto disfrutar de un deporte que como presidente se le había vetado por el riesgo que supone, el kitesurf, y dedicarse a algo que como gobernante también tenía prohibido: ganar mucho dinero y muy rápido. Hace unas semanas se hizo público que un fondo de inversión llamado Cantor Fitzgerald le pagará $400,000 por dar una conferencia sobre sanidad en septiembre próximo. Poco antes, se supo que él y su esposa, Michelle, habían vendido sus memorias por $61 millones, según el Financial Times y otros medios, aunque donarán una parte a su fundación.

Previamente, y como descanso después de ocho años de un trabajo duro, muy duro, se tomó unas vacaciones que incluyeron paseos en el yate del millonario David Geffer por la Polinesia Francesa –en compañía de celebridades como Tom Hanks y Oprah Winfrey– y la práctica del añorado kitesurf con otro magnate, Richard Branson, dueño de la aerolínea Virgin.

Algunos republicanos le han criticado, pero también los sectores más progresistas de su partido le han afeado los cobros millonarios por discursos. “El expresidente Obama es un ciudadano normal ahora y puede hacer lo que quiera, pero me parece desafortunado. El expresidente de Goldman Sachs es el consejero económico de Donald Trump, y entonces ves esto, me parece desafortunado”, dijo Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton en las primarias demócratas.  “Muestra el poder de Wall Street y la influencia de las grandes fortunas en política”, lamentó. Al ser preguntada sobre este asunto, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, referente de los demócratas y azote del sector financiero, respondió con un lacónico “me preocupa”.

Estos gestos de Obama no benefician a los demócratas, que se enfrentan a un reto clave: conseguir que su partido vuelva a ser visto como el de la clase media y recuperar el voto de muchos obreros y jóvenes millennials que rechazaron a Hillary Clinton por considerarla amiga de Wall Street, puro establishment.

“Como anunciamos hace un tiempo, el expresidente Obama dará discursos de cuando en cuando, unos serán remunerados y otros no”, señaló su portavoz, Eric Schultz, y aseguró que el exmandatario pensaba dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir y ayudar a formar a una nueva generación de líderes. En cuanto a la conferencia de septiembre, Schultz recalcó que “en 2008 Obama logró de Wall Street más fondos que ningún otro candidato en la historia y aplicó en ese sector las reformas más duras desde Roosevelt”.

Lo cierto es que la moda de discutir sobre las ganancias de expresidentes la inauguró Gerald Ford (el primero en facturar a placer por conferencias y entrar en consejos de administración) y se mantuvo con otros muchos, como Bush y Clinton (el caché de Bill se dice que rondaba los $200,000 y el de Bush hijo oscilaba entre los $100,000 y los $200,000 al dejar la Casa Blanca).

Forma de vida. Bill Clinton y George Bush hijo también han hecho cobros por dar discursos
después de dejar la presidencia de Estados Unidos.

Pero una polémica especialmente señalada en la hemeroteca es la de Ronald Reagan. El actor, considerado como uno de los mejores gobernantes de la historia de EUA, dio la campanada cuando en 1989, pocos meses después de dejar la presidencia, se fue de viaje durante nueve días por Japón, invitado por el Gobierno nipón, con el patrocinio de un grupo de comunicación llamado Fujisankei. Esta empresa le pagó $2 millones (de los de entonces) por conceder entrevistas a algunos periódicos y cadenas de televisión. La guinda fue que esta gira tuvo lugar en un momento de tensión económica entre Japón y Estados Unidos. Según una crónica de la época de The New York Times, Reagan no tuvo problemas en tachar de “hipócritas” los recelos de algunos estadounidenses hacia las grandes inversiones niponas.

Así que Obama parece seguir el patrón de otros expresidentes. Pero es precisamente ahí donde reside la sorpresa para muchos: que un jefe de Estado tan excepcional en ciertos aspectos se parezca tanto a sus antecesores en este tema. Los presidentes de EUA tienen garantizada una vida acomodada cuando dejan el cargo: cobran una generosa pensión vitalicia (actualmente de $207,000 anuales) que se fijó en los años cincuenta después de que Harry Truman se quedó, tras salir de la Casa Blanca, con una pensión del Ejército de $112 al mes como único ingreso. Truman, quien regresó a vivir a su modesta casa de Misuri, rechazó jugosas ofertas para trabajar como consultor o lobista, aunque vendió los derechos de sus memorias a la revista Life. “Nunca me prestaría a una transacción que, aunque respetable, mercantilizase el prestigio de la presidencia”, dijo.

Entonces había unos estándares que no existen ahora, admite el historiador Mark Updegrove, autor de “Second Acts. Lives and legacies after the White House” (“Segundos actos. Vidas y legados después de la Casa Blanca”). El experto explica que la moda de los expresidentes conferenciantes fue creciendo “a medida que ha crecido la globalización y el peso de EUA en el mundo”. Updegrove defiende a Obama: “Entiendo que Truman no quisiera que pareciera que comerciaba con la presidencia, pero no creo que cobrar un honorario lo sea”. “No veo contradicción entre señalar la desigualdad y al mismo tiempo aceptar esas cantidades de dinero; además, vamos a ver a Obama volcarse en buenas obras a través de su instituto y de su biblioteca, le veremos devolver mucho más dinero del que se queda”, sostiene el historiador.

A Hillary Clinton sus cachés de unos $200,000 como conferenciante le persiguieron durante toda la campaña electoral. La diferencia con Obama es que él no tiene intención de presentarse a ningún cargo político y se libra, así, de la sospecha de que esos pagos generosos puedan traducirse en leyes más favorables para, por ejemplo, la banca. Pese a todo, que un gran fondo de inversión le pague el equivalente a un buen salario de todo un año por hora y media de conferencia es la quintaesencia de los excesos del mundo financiero que Obama ha criticado.

Ni la pobreza da carta de pureza progresista ni ganar dinero inhabilita a alguien para arengar contra la desigualdad, pero no hay duda de que las fotografías a bordo de yates de millonarios y la química especial que Obama muestra con ellos se incluirán en la lista de las contradicciones del expresidente.

Los estándares han cambiado mucho desde la época de Truman. Gerald Ford se saltó el tabú y el resto de expresidentes han seguido sus pasos. Obama, simplemente, parece que ha optado por no romper con esto.

Dejar África para llegar a una Europa asustada

Presión. El 9 de diciembre de 2016, unas 400 personas migrantes provenientes de África asaltaron una valla fronteriza
ubicada entre Marruecos y Ceuta, enclave español en el norte del continente.

Guerras, pobreza, violencia, persecución, muchas son las causas que llevan a decenas de miles de seres humanos a abandonar cada año sus hogares en Oriente Medio y África subsahariana para, cruzando el Mediterráneo, alcanzar una mayor seguridad en Europa.

En África negra, donde la emigración hacia Europa es un fenómeno existente desde hace varias décadas, los analistas en seguridad tienen claro que los emigrantes se han convertido en otro “bien” más para las redes que trafican armas, drogas o cualquier mercancía ilegal.

Europa da por sentado que la emigración de África subsahariana tiene motivaciones económicas.

Lo cierto es que esa idea esconde la difícil vida de muchos colectivos o minorías, ya sean cristianos en tierra musulmana (con varias milicias yihadistas operando, como Boko Haram o Al Shabab), homosexuales, albinos (malditos en casi toda África), seropositivos o madres solteras.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 55,000 migrantes del norte, este y oeste de África son introducidos en Europa cada año por las redes de traficantes, que obtienen unos beneficios de $150 millones.

La anarquía en Libia y la multiplicación de medios de rescate, tanto estatales como de ONG, en el Mediterráneo han disparado ese flujo: desde principios de enero hasta el pasado 4 de junio, se registró la llegada de 71,418 inmigrantes, el 85 % de ellos por Italia.

Llegada. Europa registró la llegada de 71,418 inmigrantes entre principios de enero hasta el pasado 4 de junio, el 85 % de ellos por Italia.

La mayoría eran nigerianos.

Benin City es capital del estado nigeriano de Edo, que durante 30 años ha tenido como principal y casi exclusiva fuente de ingresos las remesas que sus hijos emigrados envían desde el exterior ($21,000 millones en 2015, según el Banco Mundial). Aquí, cada pequeña suma llegada del extranjero puede suponer un salario mensual para una familia, siempre que sea en divisas.

El sueño de la emigración ha suplantado incluso a las aspiraciones a una educación digna que suelen ser comunes en todos los países pobres. Socialmente, emigrar es mejor que estudiar, como reconoce el vicegobernador de Edo, Philip Saibu. Las familias de Edo ya no buscan la mejor universidad, sino al mejor agente para llegar a Europa.

Si la candidata al viaje es una mujer, sabe que con gran probabilidad acabará en el mundo de la prostitución, aunque en Benin City lo disfrazan con otra palabra: “hustling” (trapicheo). Las menos viajan creyendo que van a ser peluqueras o azafatas, las más se imaginan en el mundo de la prostitución de lujo, pero la realidad es que terminan haciendo la calle en Palermo o París, cobrando poco más de $10 por servicio para pagar a la mafia una deuda por los “préstamos” contraídos para el viaje, que puede ascender a los $60,000.

Las chicas de Benin City no conocen mucho mundo, pero tienen muy arraigada la idea de que la vida tiene que ser mejor en cualquier otro lugar. “En Europa la gente es buena, son como Jesús”, dice cándidamente la joven nigeriana Miracle, entrevistada por AFP en un hospicio regentado por una iglesia evangélica.

Miracle fue rescatada de las redes de prostitución en Italia.

El salto. Unas 70 personas migrantes provenientes del África subsahariano celebran que han logrado saltar la valla fronteriza
que separa Melilla, ciudad española, de Marruecos, en una foto de diciembre de 2016.

Encrucijada de todos los éxodos

Agadez, en el centro geográfico de Níger, es una ciudad famosa entre los emigrantes: de ella parten las rutas del éxodo.

La de Libia es la preferida desde la caída de Muamar al Gadafi en 2011, gracias a la ausencia del control de las fronteras, aunque ello suponga un riesgo enorme de bandidaje o terrorismo en el camino.

De Agadez parten en horario nocturno viejos camiones atestados de emigrantes. A partir de esa ciudad, todo es desierto y hasta la frontera libia (tres días de viaje) solo existe otra localidad, Dirkou. Los vehículos solo paran para repostar o para que los ocupantes hagan sus necesidades.

Es en esa ruta donde con cierta frecuencia un camión se avería en mitad de la nada y la mayoría de sus ocupantes mueren de sed antes de poder recibir ningún auxilio. El último caso sucedió el pasado 29 de mayo, cuando un camión que transportaba a 50 ghaneses y nigerinos, con numerosas mujeres y niños, se averió y de él solo se salvaron seis personas que llegaron vivas hasta un pozo tras caminar 48 horas.

Aun sabiendo todo esto, emigrantes del centro y oeste de África siguen llegando a Agadez, donde las mafias les prometen un pronto viaje, cuando las condiciones lo permitan. El tiempo de espera lo pasan en “casas de conexión”, construcciones rudimentarias a las afueras de la ciudad fuera del control policial.

Raramente cuentan con agua y electricidad y constan de poco más que un techo bajo el que se agolpan decenas de colchones donde los emigrantes aguardan semanas o meses.

Sus ahorros pronto se agotan, mientras que las mafias les exigen más y más en concepto de “alquiler” en Agadez, lo que obliga a muchos a buscarse pequeños trabajos ilegales en la ciudad, que para las mujeres son sistemáticamente actividades de prostitución.

Otras veces es aún peor: “Nos hacen llamar a los parientes en casa y les tenemos que decir ‘mandadme dinero, o me matan’”, relató el senegalés Ibrahim Kandé.

Quienes parten del oeste de África tienen el camino fácil por una zona de libre circulación hasta Níger. Una vez allí, las redes ilegales los llevan hacia Libia, por unos $170, a los que habrá que sumar más de $1,000 por el cruce del Mediterráneo, reveló el portavoz de la agencia europea de fronteras (FRONTEX), Fabrice Leggeri.

La ruta oriental, que toman eritreos, somalíes o etíopes, es más cara pues todo el viaje es organizado por bandas criminales nacionales que trabajan de forma coordinada. “La tarifa puede llegar a más de $3,000, desde el Cuerno de África a Italia”, según Leggeri.

Un fenómeno que se repite. Un cayuco, barco de pesca utilizado en Senegal para travesías más largas, usado por los traficantes durante la crisis migratoria de 2006.

Huir de la guerra

Los sirios o iraquíes que huyen de la guerra o de la ocupación del llamado Estado Islámico (EI) confluyen en su mayor parte en la larga frontera oriental de Turquía, donde se han desarrollado redes de traficantes que conocen al dedillo las montañas kurdas y los pasos por los que se puede transitar sin ser avistados por los agentes turcos.

Para la mayoría, la vía más segura es la individual, pues un hombre solo se mueve con más discreción y puede cambiar fácilmente de ruta, y una vez refugiado en Europa puede ampararse en la política europea de reunificación familiar.

“Los jóvenes viajan ligeros y pueden correr si se necesita”, explicó a la agencia alemana DPA el sirio Ali, quien huyó de Alepo con su familia en 2014 y se instaló en la provincia turca de Hatay.

Este año, su primo ha escapado solo pagando $500. Mujeres, ancianos o familias deben abonar entre $700 y $800 (de 625 a 715 euros) cada uno para cruzar a Turquía.

En el caso de los iraquíes, al precio se suma el cruce desde su país a Siria.

Aunque el control de vastas áreas del norte de Siria e Irak por parte del EI ha favorecido en cierto modo el tránsito de personas al desaparecer la frontera, eso no significa que los yihadistas no detengan a los migrantes, que viajan en burro camuflados como pastores o en las cisternas de camiones de combustible.

Todo tiene un precio: los conductores de los camiones piden entre $1,200 y $1,500 por persona para llevarlos hasta Turquía.

Una nueva conciencia del problema

Un millón de personas lograron llegar irregularmente a Europa en 2015, la mitad de ellas sirios que entraron en los Balcanes por el Mediterráneo oriental, según datos de la OIM.

EUROPOL calculó que, en ese año de llegadas récord a territorio de la UE, el contrabando de migrantes movió entre $5,700 y $6,700 millones.

La cifra cayó unos $2,000 millones el año pasado, tras cerrarse por acuerdo con Turquía la ruta balcánica, mayoritariamente utilizada por sirios e iraquíes, además de afganos.

En 2016, la cifra de inmigrantes arribados descendió a unos 360,000 y la mayoría provino, nuevamente, de África negra.

La OIM calcula que en Libia hay entre 700,000 y 1 millón de personas esperando su oportunidad para embarcar hacia Europa, la mayoría de Egipto, Níger, Sudán, Nigeria, Bangladesh, Siria y Mali.

Aunque sean menos los que emprenden el viaje, las muertes registradas en el Mediterráneo no dejan de aumentar: 3,770 en 2015, 5,079 en 2016, 1,650 en lo que va de 2017.

Imposible saber cuántos perecieron antes en el desierto.

El director regional para el centro-oeste de África de la OIM, Richard Danzinger, dijo que se abre paso entre todos los países la conciencia de que “el coste humano no es aceptable, ya hablemos de ahogarse en el Mediterráneo o de morir en el desierto”.

Incluso el migrante que sí llega a su destino lo hace físicamente exhausto, debilitado por el hambre y la malaria y con numerosos problemas sicológicos por la violencia de que ha sido objeto y testigo en el camino.

Solo los propios inmigrantes podrían explicar a sus compatriotas las enormes penalidades que deben sufrir en la travesía y también en el país de acogida, pero los sociólogos han demostrado en numerosos estudios que nunca reconocen las dificultades en las que viven.

Está el oprobio que supone el reconocimiento del fracaso: Balde Aboubakar Sidiki, un guineano de 35 años, tuvo que pedir a su familia que vendiera todas sus tierras por $1,800 para poder emigrar a Europa, pero su viaje terminó en una prisión en Libia, donde era maltratado por sus captores.

Al salir de ella, prefirió quedarse en Agadez por “no poder soportar la vergüenza de haber vendido toda la tierra de la  familia para nada”, según su testimonio.

Para los países africanos, la emigración ha sido implícitamente una válvula de escape nunca confesada ante la presión demográfica y económica, y solo en los últimos años comienzan a cobrar conciencia de los riesgos que suponen los flujos incontrolados de personas desde el punto de vista policial, sanitario y humanitario.

Así, el Gobierno de Nigeria ha anunciado planes para castigar el contrabando de personas, aún por concretar; mientras que las autoridades de Níger endurecieron sus leyes en 2015 con castigos que van hasta los 30 años de cárcel.

La UE ha ofrecido un paquete de $1,900 millones en ayuda económica a varios países del centro de África, pero condicionados a que apliquen políticas de control migratorio.

Aun aplicando solo el prisma policial, existe el problema de los medios: en algunas rutas, los traficantes cuentan con sofisticados sistemas de telecomunicación para sortear los controles fronterizos, como sucede en la frontera de Sudán, donde redes eritreas controlan el tráfico llegado desde el Cuerno de África hacia Egipto o Libia.

“Necesitamos ayuda internacional, tecnología sofisticada de telecomunicación, vehículos, cámaras y hasta drones para monitorear la frontera”, dijo a AFP el general de Policía de Kasala (Sudán), Yahya Suleimán.

 

El desgaste de Montecristo

Laderas. Las elevaciones afuera del Parque Nacional Montecristo están habitadas por comunidades y propietarios de grandes extensiones. Aunque hay tratados que buscan la conservación de los bosques y los mantos acuíferos, cambiar el uso de suelos es una constante.

“Aunque estuviera el sol despejado, aquí siempre se siente como estar en aire acondicionado”, dice Gabriel. La espesura de un bosque primario da la sensación de un mundo diferente.

Gabriel es cauteloso y prefiere no incluir su apellido al presentarse. Sí cuenta que es guardabosques y tiene 55 años. Fornido y con muestras tímidas de canas, relata que las veredas por las que camina fueron abiertas por su abuelo. Cien años después, él solo se encarga de limpiarlas de la acumulación de hojarasca en la época lluviosa.

Gabriel es uno de los habitantes del caserío Honduritas, dentro del cantón El Rosario, en Metapán. Su comunidad tiene cerca la frontera con Honduras y el Parque Nacional Montecristo. Para llegar a donde trabaja, debe atravesar calles de tierra y pastizales en un trayecto de 1 hora.

El terreno boscoso que cuida Gabriel, a una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar, es un área protegida privada. Para avalar la entrada, la organización a cargo toma precauciones: pidió no revelar su identidad ni su ubicación exacta, tiene miedo de atraer invasores y turistas. Conservar es su objetivo, así que quiere que el bosque permanezca intacto a toda costa.

Bosque original. El tiempo, la sombra, la altura y la humedad permiten que diversas plantas crezcan sobre los troncos y puedan acumular agua.

Alfredo Umaña vive en Metapán, a unos 10 kilómetros del Parque Nacional Montecristo y a unos 20 kilómetros de donde trabaja Gabriel. Tiene 23 años y trabaja como guía de camino para quienes obtienen acceso al área protegida privada, por lo que conoce bien las calles y las comunidades de la zona. En lo alto lo espera Gabriel, a quien cuesta localizar debido a que en lo alto de su comunidad solo hay señal de una compañía telefónica.

Antes de comenzar la empinada calle para ir a los cantones de la zona alta, en el cantón San Miguel Ingenio, la ruta 463, una de las pocas que pasan por la zona, hace su parada. Llega una vez al día desde Metapán hasta el municipio de Citalá, en Chalatenango, y de regreso. No existen rutas que se internen hasta lo profundo de las comunidades, cuenta Alfredo. Si tienen suerte, un carro que pase por la zona y les dé aventón puede evitarles subidas de hasta cinco horas.

Estas comunidades son las que rodean al Parque Nacional Montecristo. Son los cantones El Rosario al este, El Limo al oeste y una parte de San José Ingenio que está fuera del área declarada como protegida al sur. Al norte, parte de El Limo, está el punto trifinio. La elevación en la zona inicia a partir de los 1,000 metros sobre el nivel del mar y puede llegar hasta los 2,000. Bajo la ley de áreas naturales protegidas, este territorio es la zona de amortiguamiento de Montecristo.

Incendios. Aunque este año el fuego no entró al parque, la zona de amortiguamiento sí sufrió los efectos de la quema.

“Montecristo es una fuente muy importante de agua para toda la zona en la región del alto Lempa”, cuenta Pablo Galán, asistente técnico del herbario ubicado en el Jardín Botánico La Laguna, en Antiguo Cuscatlán. Sus investigaciones sobre las plantas del lugar lo han llevado a conocer el sitio de cerca, así como su importancia. “La vegetación es diversa por las elevaciones. Comienzan desde los 600-700 metros sobre el nivel del mar y llegan a los 2,400. La diferencia altitudinal da diferentes tipo de ecosistemas”.

Montecristo es un macizo montañoso que abarca los territorios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los territorios de los tres países se conectan en el punto trifinio, ubicado en la parte más alta de la montaña. Luego parte en altibajos hacia cada territorio. La división montañosa en el país, dentro de la cordillera de Metapán-Alotepeque, posee un aproximado de 7,111 hectáreas, 1,973 están protegidas como parque nacional desde 1986.

Las 6,926 hectáreas restantes son la zona de amortiguamiento, que se extiende por comunidades y ecosistemas desde Metapán, en Santa Ana, hasta La Palma, en Chalatenango.

En las zonas de amortiguamiento, “todas las personas, instituciones y los proyectos que están ahí deben tener en consideración que cerca hay un área natural protegida y el tema ambiental debe ser importante en sus actividades productivas y cotidianas”, comenta el gerente de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Javier Magaña.

El MARN, principal encargado de gestionar un área protegida a escala local, debe velar porque así se cumpla. En el caso de Montecristo, se hace con el Comité Asesor Local del Parque Montecristo, que busca juntar a las autoridades del parque con líderes de las comunidades, concejos municipales y organizaciones no gubernamentales para tratar el tema ambiental en las zonas de amortiguamiento. Magaña dice que en esta zona el tema puede ser más complicado de tratar.

Las calles de tierra de San Miguel Ingenio son el inicio de un recorrido de 25 kilómetros hacia arriba. Las laderas son de poco relieve y suben de los 1,000 a los 1,400 metros sobre el nivel del mar. Alfredo Umaña cuenta que las actividades de agricultura y ganadería son comunes en toda la zona desde hace bastantes años.

La calle toma una subida más empinada hacia el cantón El Rosario. Umaña dice que es de las últimas partes que un vehículo sin doble tracción puede transitar.

***

El río El Rosario y las quebradas que pasan por la comunidad se quedaron sin agua durante la época seca. El problema afectó a los cultivos y algunos agricultores perdieron su cosecha, cuenta Nora Beatriz de Hernández. Ella es una testigo de la relación de las comunidades con el parque nacional. También es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón El Rosario desde octubre de 2016. Afirma que por ello se encuentran en gestión con el parque para que del área protegida se les proporcione agua.

La disminución de caudales es normal en época seca debido a la falta de lluvias. Los agricultores pueden subsistir con afluentes más pequeños, pero no secos. La parte baja de El Rosario y San Miguel Ingenio comenzó a sentir las consecuencias de la deforestación hace tiempo, cuenta Alfredo Umaña al subir por El Rosario. El problema pasó sin llamar la atención en su mayoría debido a los proyectos de potabilización en la zona. Nora lo confirma, comenta que aunque los ríos se secaron, el servicio de agua potable que alimenta al centro del cantón fue estable. El resto de caseríos, sin embargo, vive de los ríos y nacimientos.

Montecristo es importante porque la cuenca alta del río Lempa se forma ahí. Un 58 % está en Guatemala, un 12 % en Honduras y el otro 30 % en El Salvador, señala el proyecto estratégico de Plan Trifinio para la región. El agua que se acumula en la zona alta desciende en miles de quebradas, que se unen en cientos de ríos pequeños que desembocan en cuerpos de agua más grandes. Todos ellos reúnen los 2,161 millones de metros cúbicos anuales que bajan por todo el país hasta desembocar en el océano Pacífico, dice el mismo estudio de 2011.

Esta importancia ha llevado a que el territorio esté declarado como Área Protegida Trinacional desde 1987, con un acuerdo entre los vicepresidentes de los tres países bajo el nombre de Plan Trifinio. La zona también es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2011. Todas las declaratorias reconocen lo mismo: Montecristo es una importante fuente de agua y necesita ser protegida, pero se encuentra bajo muchas presiones.

Entre 1982 y 2006, la recarga acuífera de El Salvador se redujo en un 19 %, señaló un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en 2006. Once años después, la sustitución de zona boscosa para agricultura y ganadería, técnicas agropecuarias inapropiadas para el territorio, incendios forestales, la degradación de suelos, la contaminación y el cambio climático son problemas que todavía hacen daño a los ecosistemas. Las primeras consecuencias están fuera del Parque Nacional Montecristo.

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Sustitución. Los dueños de tierras en las laderas fuera del parque suelen cambiar el bosque natural por sus plantaciones.

El río El Rosario y las quebradas que pasan por la comunidad se quedaron sin agua durante la época seca. El problema afectó a los cultivos y algunos agricultores perdieron su cosecha, cuenta Nora Beatriz de Hernández. Ella es una testigo de la relación de las comunidades con el parque nacional. También es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón El Rosario desde octubre de 2016. Afirma que por ello se encuentran en gestión con el parque para que del área protegida se les proporcione agua.

Sustitución. Los dueños de tierras en las laderas fuera del parque suelen cambiar el bosque natural por sus plantaciones.

La disminución de caudales es normal en época seca debido a la falta de lluvias. Los agricultores pueden subsistir con afluentes más pequeños, pero no secos. La parte baja de El Rosario y San Miguel Ingenio comenzó a sentir las consecuencias de la deforestación hace tiempo, cuenta Alfredo Umaña al subir por El Rosario. El problema pasó sin llamar la atención en su mayoría debido a los proyectos de potabilización en la zona. Nora lo confirma, comenta que aunque los ríos se secaron, el servicio de agua potable que alimenta al centro del cantón fue estable. El resto de caseríos, sin embargo, vive de los ríos y nacimientos.

Montecristo es importante porque la cuenca alta del río Lempa se forma ahí. Un 58 % está en Guatemala, un 12 % en Honduras y el otro 30 % en El Salvador, señala el proyecto estratégico de Plan Trifinio para la región. El agua que se acumula en la zona alta desciende en miles de quebradas, que se unen en cientos de ríos pequeños que desembocan en cuerpos de agua más grandes. Todos ellos reúnen los 2,161 millones de metros cúbicos anuales que bajan por todo el país hasta desembocar en el océano Pacífico, dice el mismo estudio de 2011.

Esta importancia ha llevado a que el territorio esté declarado como Área Protegida Trinacional desde 1987, con un acuerdo entre los vicepresidentes de los tres países bajo el nombre de Plan Trifinio. La zona también es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2011. Todas las declaratorias reconocen lo mismo: Montecristo es una importante fuente de agua y necesita ser protegida, pero se encuentra bajo muchas presiones.

Entre 1982 y 2006, la recarga acuífera de El Salvador se redujo en un 19 %, señaló un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en 2006. Once años después, la sustitución de zona boscosa para agricultura y ganadería, técnicas agropecuarias inapropiadas para el territorio, incendios forestales, la degradación de suelos, la contaminación y el cambio climático son problemas que todavía hacen daño a los ecosistemas. Las primeras consecuencias están fuera del Parque Nacional Montecristo.

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Altura. Los árboles a más de 1,800 metros sobre el nivel del mar son fundamentales para los nacimientos y las quebradas que bajan por las comunidades.

En el otro lado de las afueras del Parque Montecristo, en el cantón El Limo, el río también se secó. Carlos Magaña, agricultor, ganadero y representante de la ADESCO de su comunidad, sabe que la deforestación tiene mucho que ver. “Algunos dueños de terrenos, cuando este no les da nada y otra gente tiene necesidad de cultivar, dan permiso para cortar el bosque. Sacan la madera y siembran”.

Deforestación. Pequeños árboles de café crecen entre los restos de un bosque. La sustitución de bosques por cultivos es uno de los problemas más graves de la zona de amortiguamiento.

El Limo, en la zona de amortiguamiento, se encuentra cerca de los 1,400 metros sobre el nivel del mar. Sus partes más elevadas pertenecen al parque, donde se encuentran los cerros más importantes y de mayor atractivo turístico. Las comunidades fuera de ese sector viven las mismas implicaciones que el resto.

La situación que explica Carlos ocurre en toda la zona de amortiguamiento. La pérdida de cobertura boscosa para su sustitución por cultivos es una constante, a pesar de que los suelos no poseen sostenibilidad para ello. “La mayoría vive de la agricultura. El clima y los precios afectan a la gente, pero de eso viven”, dice Carlos.

“Muchas de las personas viven de los beneficios ambientales que los ecosistemas dan. No bajan al pueblo a hacer las compras. Son poblaciones rurales”, cuenta Berta Medrano, directora ejecutiva de la Asociación GAIA de El Salvador. Ella impulsa proyectos en los cantones de la zona de amortiguamiento que priorizan el beneficio de la población y de los bosques.

La ley de áreas naturales protegidas establece que quienes gestionan un área natural deben tener un plan de manejo con el objetivo de ejecutar “el conjunto de instrucciones priorizadas para el desarrollo de actividades a corto, mediano y largo plazo enmarcadas en el mismo”. En Montecristo, el plan es trinacional, por lo que las actividades enmarcadas incluyen a las áreas protegidas de Montecristo en Guatemala y Honduras.

Berta Medrano cuenta que todo Montecristo y su zona de amortiguamiento tiene la misma característica: más del 71% de las tierras es de clases VII y VIII. En la clasificación de suelos por su fertilidad establecida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la clase I es la más apta para actividades agropecuarias, mientras que en las clases VII y VIII se recomienda evitar las actividades productivas debido a que consisten en superficies montañosas, donde el suelo fértil es superficial y el riesgo de erosión y deslizamientos es alto. Sin los bosques, el agua no se acumula, lo que crea más sequía en época seca.

El plan de manejo establece que más del 80 % de la tierra en Montecristo debería ser solo para uso forestal. En 2005, año del plan, este solo cubría el 18.4 %. La persistencia de problemas como incendios forestales, sequía de afluentes y la permanencia de cultivos a nivel de subsistencia e industrial muestran que el problema no ha mejorado.

La situación es complicada, cuenta Carlos Magaña. Nadie denuncia la tala indiscriminada por miedo. La ley forestal, regulada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), establece que debe emitir permisos para talar bosques. Esto no ocurre en El Limo ni en los otros cantones. “La gente no interviene porque si uno se mete, se echa enemigos”.

Carlos también calla porque entiende la situación económica. Entre el 86 % y el 93 % de las personas que viven en ladera tienen situación de pobreza en Centroamérica. En el caso de El Salvador, un 32 % tiene condiciones de extrema pobreza, afirmó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2011. “La agricultura está mala porque el clima y los precios han afectado a la gente, pero de eso viven. Al menos les queda maíz y frijol para comer”, dice resignado.

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En la parte alta del cantón El Rosario, desde los 1,800 metros sobre el nivel del mar, la neblina golpea los restos de unos árboles de pino en una ladera muy inclinada. Tienen señas de haber sido cortados hace poco. Abajo nacen monocultivos de café y se preparan para crecer durante la época lluviosa. Gabriel, con unas botas todoterreno, un machete, una mochila cargada y una peculiar gorra color verde chillante, espera al lado de una vereda. El camino viene de Honduritas.

Alfredo Umaña lo divisa y se saludan con la gratitud de buenos conocidos. Continúan ladera arriba hasta llegar al área protegida privada. Los claros permiten divisar, a lo lejos, la ciudad de Metapán y el complejo lagunar de Güija. Afirma que una elevación llena de árboles al este es el Parque Nacional Montecristo. Al oeste, las laderas desde los 1,800 metros sobre el nivel del mar hacia abajo están listas para los cultivos de la temporada. “Puedo contar los árboles con los dedos de la mano”, dice Gabriel.

El bosque secundario consiste en árboles de la zona alta que han permanecido en pie por un aproximado de 50 años, luego de que las tierras en las que estaban fueron deforestadas hace medio siglo. Gabriel entra a sus recuerdos y comenta que hace unos 25 años la mayoría del territorio sobre los 1,500 metros todavía era bosque. Hace 25 años los ríos tampoco se secaban colina abajo.

Antes de entrar al bosque primario, Gabriel observa una parcela. Un caballo con aspecto joven y fuerte galopa en la ladera. Gabriel señala un montículo donde el semental estuvo parado. “La persona que vio este terreno (el bosque secundario) en estado virgen fue mi abuelita. Aquí tenía su cabañita. Murió hace 11 años. Tenía 102”.

Gran parte del bosque primario se encuentra en el Parque Nacional Montecristo, mismo lugar al que Pablo Galán ha ido repetidas veces a estudiar especies. El herbario, una amplia oficina llena de enciclopedias y documentos académicos sobre flora y fauna, es la base donde analiza sus recolecciones. Él explica que la vegetación particular de un bosque primario permite cumplir funciones igual de particulares.

Los árboles de las zonas altas aproximan una altura de 40 metros y ayudan a retener grandes cantidades de agua gracias a las flores y raíces que se forman en sus troncos. Los árboles de las zonas bajas ayudan a que no corra con rapidez ni que cause inundaciones o deslaves. “Toda el agua que está en Montecristo va a parar a los ríos que son afluentes del Lempa, como el San José Ingenio y El Rosario”, explica Galán.

Aunque la mayor parte del bosque nebuloso como inicio de los afluentes se encuentra en el parque nacional, la zona de amortiguamiento también requiere cobertura boscosa para mantener los nacimientos en época seca y proveer de agua para la subsistencia de las comunidades ladera abajo.

Javier Magaña reconoce que no se hace lo suficiente en la zona. El río que sale del parque nacional también disminuyó su caudal por la falta de lluvias. Añadió que esa escasez no puede evitarse en el área de amortiguamiento a menos que tuviera árboles y conservación de suelos. “El manantial que baja ahora es más pequeño. Eso no lo resiente el parque, sino la zona de amortiguamiento”.

Gabriel llega con rapidez al final de la vereda. Sus movimientos para esquivar ramas y saltar troncos en la humedad parecen los de alguien más joven. El bosque primario se caracteriza por tener constante lluvia. La altura se aproxima a los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Alfredo y el guardabosques observan una correntada de agua transparente y helada que sale entre la vegetación y abre camino colina abajo. Sin los árboles, la falta de humedad reduciría el cauce y el calor del sol lo evaporaría. En las zonas bajas, las comunidades recibirán el mínimo de agua.

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“Hay muchos que todavía no comprenden qué es el medio ambiente. Hace falta más información”, dice Carlos Magaña. Cuenta que desde el año pasado los acercamientos del parque nacional en el cantón El Limo han sido dos, el primero consistió en charlas a las escuelas, el otro fue para contener la plaga de gorgojo descortezador, que también atacó la zona.

Aparte del parque, Plan Trifinio también influye en la zona. “El año pasado hubo muy pocas actividades. Dicen que no tienen fondos”, cuenta Carlos. En 2016 presentaron a un especialista en veterinaria. Solo llegó una vez y no volvió. “Esperaba que nos apoyaran en áreas de ganadería que no sabemos cómo aplicar”, dice. Carlos Magaña se refiere a los sistemas silvopastoriles. Combinan las actividades de pastoreo con la siembra de árboles, lo que permite que el ganado pueda alimentarse sin necesidad de caer en la tala indiscriminada para abrir terreno.

Combinación. Los sistemas silvopastoriles son los que combinan las actividades de pastoreo con la siembra de árboles, lo que permite que el ganado pueda alimentarse sin tener que talar.

La comunidad sufre de esto constantemente, cuenta Carlos. Los proyectos que traen para mejorar su situación no cumplen lo prometido o carecen de seguimiento: “A la gente de las comunidades no le gusta que se le mienta. Estas instituciones tienen eso, que mucho mienten”. Cuando convocan para nuevos proyectos, Carlos cuenta que la visión de la comunidad es que “para ir a escuchar a gente así”, mejor no van.

Pablo Galán presencia el problema continuamente desde sus inspecciones. “El bienestar de los ecosistemas requiere de mucha voluntad y esfuerzos entre propietarios privados y las personas que trabajan, que cuidan y la gente del parque. Es un acuerdo bastante fuerte y no es fácil. La agricultura, la ganadería, el uso de las maderas y el turismo en zonas aledañas alrededor de Montecristo requieren bastante trabajo”, asegura. “Se tiende a aislar una cosa de otra, pero todo está conectado. Si en la parte alta se tala, se quema y se comienzan a secar las fuentes de agua, abajo se va a sentir y con más presión”.

Gabriel sale del bosque primario. En cuestión de minutos, vuelve al lado de la vereda que lo lleva a Honduritas. Se ajusta la mochila y se despide temporalmente de Alfredo Umaña para entrar en la vereda y desaparecer en la maleza.

En sus últimas declaraciones, intenta resumir la situación: “El problema con los bosques y el agua no se ha detenido. Ahora ya avanzó, como cuando alguien siente dolor en un lugar y lo ignora, después va al médico y le dicen que es cáncer. Esto todavía se puede recuperar, pero todos tendríamos que ser más críticos”.

Medellín y las llaves de un periódico

A la baja. Medellín se asienta entre montañas. En 1991 registró una tasa de 266 homicidios por cada 100,000 habitantes. La del año pasado fue de 20 por cada 100,000.

 

“El periodista cayó al suelo intimidado por el cañón del revólver que le restregaban en la frente. No sintió la aspereza del piso de ladrillo, un material en desuso que las dos ancianas, dueñas del local en donde se distribuía la prensa, se negaron a cambiar oponiéndose al inútil lujo de las baldosas. No tuvo tiempo para el miedo, todo, como suele ocurrir en estos casos, fue tan imprevisto y vertiginoso que apenas habían transcurrido unos cuantos minutos desde que dejó a su madre en la puerta de la iglesia y ahora estaba allí tirado, con la muerte babeando sobre su cara.  Tampoco sintió el peso del sicario que se le paró encima mientras le escupía el término ‘gonorrea’ y lo amenazaba con el gatillo a punto de decidir la suerte mortal que estaba tras el ‘sí’ o tras el ‘no’.

Decí que ya no trabajás más para ese pasquín, que ya no tenés que ver con él, que estás por fuera. Es una orden del ‘Doctor’. El Espectador se va porque se va, y no queremos a nadie que tenga nada que ver con ese periódico de mierda. Confesá o te vuelo la cabeza”.

Era octubre de 1989. “El Doctor” era Pablo Escobar. Y “gonorrea” empezaba a popularizarse como insulto de la mano de sicarios en Medellín, Colombia. Así arranca “Las llaves del periódico”, un libro firmado por Marco Antonio Mejía y Carlos Mario Correa en el que se cuenta cómo era seguir haciendo periodismo en medio de la flagrante persecución que mantuvo el cartel de Medellín contra El Espectador.

 

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Libro. La primera edición de “Las llaves del periódico” salió en abril de 2008, bajo el sello del Fondo Editorial EAFIT. Es parte de la Colección Testigos, dedicada a difundir literatura sin ficción. Hay una versión digital a la venta en www.casadellibro.com.

El primer sueldo que Carlos Mario Correa cobró en El Espectador fue de unos 23,000 pesos colombianos, al cambio de hoy, cerca de $20. Para entonces, la presión del cartel de Medellín para acabar con este periódico incluía acciones como la de mandar coronas de flores con los nombres de los periodistas o de cualquier otra persona involucrada con el medio a quien quisieran amenazar de muerte. “Me dejaban el sueldo en tiendas y en otros negocios de conocidos de la administradora, yo nunca conocí a la administradora, no podía, era muy riesgoso, tampoco podía tener amigos, ni novia”, cuenta Correa en un restaurante de un Medellín que se antoja ya demasiado lejos del que él describe, pero que, en esencia, sigue siendo el mismo.

Si se tuviera que dibujar la voz de Carlos Mario Correa, sería una línea muy estable. Su monótona forma de hablar no impide que un público compuesto por más de una veintena de periodistas le entregue una atención imperturbable a pesar de que hay una vista hermosa del otro lado de los ventanales y un caldo humeante de frijoles y carne sobre la mesa. La razón de esta entrega está amarrada al peso del trozo de historia que cuenta este periodista que inició su carrera en 1988, cuando tenía 23 años de edad. En ese tiempo, la forma en la que el mundo se refería a este territorio montañoso era por medio de un cartel de droga y todas las violencias que había desatado.

Correa decidió ser periodista en lugar de carnicero, el oficio con el que pagaba sus estudios.  La sangre, a pesar de la decisión que tomó, nunca se alejó de su día a día. El Espectador era un medio amenazado por Pablo Escobar, quien había logrado acumular dinero y poder a punta del sicariato y la droga. Correa entró a esta redacción de la mano de la idealización y el romanticismo que implicaba trabajar en el mismo medio que había visto nacer a la máxima figura de la literatura y le periodismo colombiano: Gabriel García Márquez. Pero esa aura desapareció tan pronto escuchó las primeras llamadas telefónicas del “Doctor” y su gente.

“Me di cuenta de que llegué a sustituir a otro periodista que había tenido que salir huyendo para Bogotá bajo amenazas de muerte”, cuenta. Este periódico ya había recibido un golpe brutal un par de años antes, cuando el director, Guillerno Cano Isaza, fue asesinado en Bogotá. La orden vino de los señores de la droga, esos a los que por estos días se les vende como líderes sociales y a quienes se les caricaturiza la violencia en series de televisión y películas. Por aquellos días, todas las sedes de El Espectador estaban bajo amenaza, en especial la de Medellín.

Correa fue periodista de nota roja en uno de los lugares más golpeados y menos contados de Colombia en una época en la que el silencio selectivo era usado como medida de seguridad.  Cubrió masacres e incluso las muertes de sus propios colegas, sus amigos. A esas pocas personas con las que podía tener alguna relación, el cartel se las fue matando.

Culto. Pablo Emilio Escobar fue abatido por las balas de las fuerzas públicas el 2 de diciembre de 1993, mientras intentaba huir por un techo. Todavía hoy hay quienes le rinden culto a un hombre que aplicó la violencia sistemáticamente hasta dominar el negocio de la droga.

Acá se entiende ese tono desengañado y pleno de dolor añejo con el que confiesa que “no era periodista preguntón, no hacía tumulto en la rueda de prensa; iba a las comunidades y escuchaba”.  Correa escribía crónicas sobre muertes violentas mientras él mismo pensaba en cómo iniciar y terminar su jornada diaria en el periódico sin convertirse en una víctima más. Su método pasaba por escuchar con el mismo respeto con el que le hubiera gustado que lo escucharan a él.

Cuando lo contrataron, Correa tuvo la sensación de que por fin había llegado a ser parte de algo grande, de un periódico que, aunque no tenía la circulación de El Tiempo, era “el mejor” por la valentía con la que defendía sus convicciones editoriales. Pero en medio su emoción por comenzar a ejercer, se tuvo que dar cuenta de que algo no cuadraba con lo que tanto había idealizado de una redacción. El rótulo grande y orgulloso que antes identificaba la sede de El Espectador había sido sustituido por un adhesivo de 5 por 2 centímetros colocado en una de las ventanas. Era un anuncio sin sentido, porque comunicaba algo que en realidad no se quería divulgar.

En la medida en que aumentó en la región la violencia ejercida por los carteles de droga, las sedes de El Espectador se fueron volviendo cada vez más secretas. Correa llegó así a trabajar en un edificio en el que ninguno de sus vecinos sabía que él era el periodista de El Espectador. Dejó de firmar las notas y cada vez que se enteraba de que su ubicación había sido descifrada, se mudaba. En el apuro de huir, se fue llevando en el bolsillo las llaves de cada lugar que albergó la redacción clandestina. Se convirtió en el hombre que tenía las llaves del periódico.

“Esas amenazas se hicieron reales al mediodía del 10 de octubre de 1989. El periodista escuchó asombrado la voz de un niño que, al otro lado de la línea telefónica, le anunciaba que al papá -Miguel Arturo Soler Leal, jefe de circulación de El Espectador en Medellín- le habían disparado en el camino a casa en el occidente de la ciudad. Apenas si había colgado cuando una segunda llamada le informó sobre el asesinato de Martha Luz López, gerente regional de El Espectador y encargada de la venta de publicidad.

No quiso responder la tercera llamada, pero la insistencia del timbre obligó al jefe de redacción a atender el teléfono. La persona que llamó se identificó a nombre de Pablo Escobar, pidió que grabaran el mensaje y lo mandaran a Juan Guillermo y Fernando Cano, directores del periódico en Bogotá: esta es una voz de alerta, y lo que digo es definitivo: no queremos volver a ver ese pasquín en Medellín; ustedes, los que quedan, tienen tres días para desocupar, váyanse a trabajar a El Tiempo, al Colombiano, al Mundo, o a otra empresa, pero El Espectador, por a o por b, y por orden del ‘Doctor’, tiene que dejar de circular en Medellín, no responderemos por las vidas de los que sigan ahí”.

El jefe de redacción quedó inmóvil. Sin colgar el teléfono, le sobrevino un llanto nervioso que en cuestión de instantes lo sacó de sí. La amenaza le reveló que estuvo a punto de ser víctima de su propia rutina. Religiosamente, cada mediodía, y por encima de cualquier urgencia o noticia extraordinaria, suspendía su trabajo para buscar el almuerzo. Se estaba preparando para salir cuando llegó al periódico la terrible noticia de la muerte de sus dos colegas. Los extras noticiosos que empezaron a pasarse por la radio confirmaron el asesinato selectivo de sus compañeros de El Espectador. Quizás en alguno de los lugares que elegía para su rutina de almuerzo, los sicarios también lo estaban esperando”.

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El Medellín de hoy  presume de un metro cable. Son un conjunto de góndolas que hacen en 30 minutos  un trayecto que antes tomaba horas y que nadie hacía no por problemas de incomodidad, sino porque al llegar a La Sierra, era recibido a balazos.

La Sierra es el barrio más al oriente de una ciudad llena de desniveles. Esta zona alta en particular ofrecía acceso a una carretera y grandes extensiones de terreno por donde se trazaron rutas para secuestros y para tráfico de armas y drogas. “Estos eran barrios fantasma. Cualquier extraño que ingresara aquí era recibido a balazos”, explica la periodista Mariluz Avendaño, de El Espectador.

La paz de Medellín sabe a poder tomar una cerveza de madrugada en medio de un parque rodeado de bares o en una arteria como la 10, en donde se mezclan ritmos tropicales, olor a arepa y el perfume de quienes buscan divertirse porque pueden. Esta paz se dibuja en la emoción de una comunicadora de una institución de Gobierno que cuenta cómo el gran proyecto de las bibliotecas logró que comunidades hundidas en la violencia empezaran a identificar como propio algo que no era el conflicto.

Esas bibliotecas fueron el punto de entrada para que un proyecto mayor de apertura de oportunidades calara en una población que, sin los señores de la droga, se había quedado huérfana de figuras carismáticas de las que colgar ambiciones.  “A mí lo que más me sorprende es ver a la gente en la calle”, explica Mariluz mientras desde la góndola, al final de la tarde, observa a una gran cantidad de gente de los barrios aledaños a La Sierra hacer vida social, con todo lo que implica. Nadie como ella, que ha visto la guerra, puede valorar tanto esta tranquilidad rutinaria.

Medellín, este Medellín de bibliotecas comunitarias y metro cable, no es perfecto. El año pasado, la cantidad de asesinatos aumentó, pero sin que esto representara una tendencia: la tasa se mantiene en 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En 1991 este indicador llegó a ser de 266 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta paz que tiene, sin embargo, alcanza a verse en forma de letrero luminoso, uno que brilla sin pena en una transitadísima esquina que aparece mientras se va del armonioso barrio Provenza al no menos elegante Poblado. El letrero, sin más, dice: El Espectador.

Esta no es sede de una sala de redacción. El letrero apenas anuncia que ahí se vende sin ningún tipo de riesgo ni restricción El Espectador, entre otros más.

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A la hacienda Nápoles  o a la antigua cárcel de Envigado, conocida como La Catedral, este Medellín de hoy ofrece por lo menos seis recorridos turísticos que se enmarcan en la cultura del narcotráfico, esta que tantos récords de expectación redituables deja en series y películas. Correa, como alguien que sobrevivió a la violencia desbocada sobre la que se construyeron esos imperios, considera que es un error de empatía, de falta de respeto para con los que cargaron con la peor parte. “A los que más mataron fue a las personas que vendían el periódico, a los que estaban en publicidad”, en otras palabras, a los que no incidían en el contenido editorial que tanto odio sembraba en “el Doctor”.

A la reflexión que pone cara a cara al periodismo de antes con el de hoy que se realiza en el marco del IV Investigatón organizado por la red de periodistas CONNECTAS, Correa le pone una frase pegajosa que guarda una verdad tan complicada como vigente: “Pablo Escobar no corrompió a los políticos, los políticos lo corrompieron a él. Todo se arruinó más desde que él quiso entrar en la política”.

Cuando Pablo Escobar cayó abatido por las balas de las fuerzas públicas, el 3 diciembre de 1993, Correa hacía lo de siempre, su trabajo desde el anonimato. Su madre fue la primera que pudo localizarlo para darle la noticia acerca de la muerte de Escobar.  “Si he sentido felicidad, creo que fue en ese momento”, explica.

Hay fotografías de ese día, en una, el cadáver del narcotraficante yace de lado sobre tejas de barro rojo tan característico de Medellín; la cara, ensangretada, y alrededor, en la misma formación de cualquier equipo de fútbol, posan ocho hombres con armas largas, seis de ellos llevan uniforme color verde olivo. Todos sonríen victoriosos, pletóricos de triunfo ante una persona muerta. La felicidad, al final de un proceso tan traumático, puede ser complicada, difícil de explicar y de reconocer, como esta que Correa confiesa micrófono en mano, mientras las cámaras de los teléfonos celulares le apuntan.

La muerte de Escobar obligó a un proceso de reorganización en todos los sentidos. Correa acabó desligado de El Espectador porque, prácticamente, lo que él hacía ya no encajaba en los intereses de los nuevos dueños. Ni siquiera llegaron a Medellín a despedirlo, a control remoto le pidieron que entregara las propiedades del medio. Acabó mandándoles muy poco, casi todo el equipo con el que había estado trabajando era de él.

El rótulo de El Espectador que brilla en la esquina para cualquiera que viene de Provenza a Poblado no significa nada para Correa. A pesar de que hay en la junta directiva un representante de la familia Cano, este periodista prefiere desmarcarse, no es El Espectador por el que podía haber muerto mientras un sicario le aplastaba la cara contra un suelo de baldosas: “Al final, el último golpe no vino de Pablo Escobar, sino que de la empresa periodística”.

Inaccesible La Sierra estuvo durante décadas secuestrada por la violencia de las bandas de traficantes que la querían usar como salida de armas y drogas. Era un territorio al que no se podía ingresar.

Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios

Perla Vega, de 30 años de edad, fue apuñalada hasta morir, por Juan Carlos Cristerna, en mayo de 2012. Aunque en la entidad de Sinaloa el feminicidio ya estaba tipificado como tal, el presunto asesino quedó en libertad en menos de dos años. ¿La razón? El juez calificó el hecho de homicidio, no de feminicidio (“eran ex novios”) y alegaron tortura en contra de Cristerna, por lo cual fue liberado.

En México, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres y solo dos de cada diez crímenes de este tipo son reconocidos como feminicidios, lo que significa que los más de ocho mil asesinos pueden salir libres en poco tiempo, tras cometer el delito.

Entre 2012 y 2015, las procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo ocho mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento.

En el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 26 mujeres en el país.

Casos como los de Perla han quedado en el limbo jurídico por los vacíos que hay en la ley, lo que ha provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.

En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable.

No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.

Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes oficiales, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios.

En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.

Vacíos legales

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: Los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.

Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país. Pese a eso, las procuradurías y fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.

Karla Micheel Salas, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.

Una de las principales causas de que los feminicidios en México sean tipificados de manera distinta en una y otra entidad, se debe a los códigos penales, los cuales siguen sin ser uniformes en la figura del feminicidio y sin modificar los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango, declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.

Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.

Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.

Así lo determinan, hasta la fecha, 17 códigos penales en el país, incluyendo al de la Ciudad de México.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.

Sin embargo, en cuanto a número de habitantes con relación a los asesinatos de mujeres, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con 12 casos por cada 100 mil mujeres.

Acapulco, destino turístico de prestigio internacional, no escapa de las estadísticas a la alza en feminicidios. Ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.

Por eso, ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.

Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.