Chalancitos, el negocio que se roba la niñez

Recreación. Niños juegan en Xocotla, comunidad del municipio Coscomatepec, en Veracruz.
Mano de obra barata. Los niños de Xocotla viajan 320 kilómetros a Ciudad de México a encontrar trabajo. Reciben alrededor de $78 semanales.

En un poblado indígena del sur de México llamado Xocotla, dos adolescentes de 14 años de edad, Fermín y Benito, lograron cargar cada quien un bulto de 50 kilos de cemento. A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a Ciudad de México.

“Aquí todos los que aguantan ese peso ya se empiezan a ir para allá”, contó Fermín, actualmente de 16 años de edad y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, yendo de aquí para allá en la urbe buscando emplearse en construcciones. Nunca con contrato. Siempre con algún patrón que actúa fuera de la ley.

Desde el momento de la cargada del bulto ocurrido hace dos años, ellos –como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital del país– recibieron el apodo de “chalancitos”, diminutivo de chalán, término comúnmente empleado para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.

Ya han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno mexicano en Ginebra, Suiza, ante dignatarios de la comunidad internacional, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.

Ahí, México dio a conocer que mediante un decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes. En la lista figuraban las “obras de construcción” como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.

Para Fermín, sin embargo, no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.
Él y Benito comenzaron a sus labores cuando no llegaban a 15 años de edad. Dejaron sus estudios de nivel secundario y se mudaron a Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son solo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.

Ruta 35 –en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)– reconstruyó de principio a fin el ciclo que comienza en el momento de la cargada del bulto de 50 kilos, continúa con la llegada a ciegas a Ciudad de México y la entrada a un mundo donde trabajan con riesgos, viven hacinados, suelen ser estafados y se vuelven adictos a los inhalantes.

El ciclo termina, en algunos casos, con escenas de chicos que perdieron el uso de la razón: la dependencia de ese tipo de sustancias, según las autoridades locales, se ha convertido en una epidemia entre los adolescentes en esa comunidad veracruzana.

La cadena revelada refleja un problema que aún desborda al Estado mexicano. Aunque los datos oficiales más recientes indican una reducción del número de afectados, en 2015 había 2.4 millones de niños y adolescentes en tareas que eran consideradas prohibidas o peligrosas por las autoridades. La cantidad es suficiente para no mirarla de soslayo.

La cuna de los “chalancitos”

Xocotla, del municipio de Coscomatepec (52,000 habitantes), es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del Volcán Pico de Orizaba. Su economía se sostiene principalmente del trabajo en la albañilería en Ciudad de México, que atrae no solo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida trabajando en el campo o el comercio. En esas actividades, según sus testimonios, solo pueden ganar 25 por ciento de lo que obtienen al ejecutar labores de construcción en la capital del país.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba” contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ‘ver si no hay problema’ y ya me metieron a chambear”.
Él y Benito se fueron juntos. Se los llevó uno de los hombres que cada semana buscan mano de obra en esa comunidad. A estos personajes les llaman “contratistas”, pero, en realidad, no ofrecen contratos formales.

José Luis Montalvo es uno de esos contratistas. Habitante de Xocotla, comenzó su carrera como chalancito en Ciudad de México hace 15 años. En ese período nunca recibió un contrato legal. Ahora se dedica a reclutar a otros albañiles para llevarlos a la capital.

Durante una tarde de domingo, desde una esquina de Xocotla, Montalvo contó: “Sí, se llevan a menores de edad y los llaman chalancitos. Ganan 1,400 pesos semanales (78 dólares). Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable y se ponen a trabajar”.

Minutos después, el agente municipal, máxima autoridad de Xocotla, Carlos Martínez Ramos, reveló que suele recibir peticiones de firmas de padres de familia “para deslindar a las empresas de posibles accidentes de trabajo”.

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su administración se calcula una circulación de 3,500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente yendo y viniendo entre ese municipio y Ciudad de México, y que la mayoría son de la comunidad de Xocotla. “La población que se va a Ciudad de México está entre los 13 y 25 años”, añadió el funcionario, quien calcula que la mitad de ellos podría ser menor de 18 años.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba”, contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron ‘a ver si no hay problema’ y ya me metieron a chambear”.

Entre esos grupos de personas que salen cada semana desde distintos puntos de ese municipio serrano, van los menores de edad, sin control oficial, sin que el gobierno lo note y sin entrar siquiera en una estadística.

“Entre los líderes comunitarios hay una red de complicidades”, afirmó Hugo González Saavedra, diputado por el distrito XVIII, al que pertenece Coscomatepec, y quien reconoció el éxodo de jóvenes hacia Ciudad de México. La cadena informal que los lleva a la capital incluye no solo reclutadores, sino unidades de transporte, espacios para brindar alojamiento y contactos en obras específicas.

Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple. El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.
González Saavedra, al igual que el alcalde, dijo no tener responsabilidad en el problema ni herramientas para solucionarlo.

Las autoridades de Veracruz tienen las manos afuera y a las compañías constructoras les conviene la llegada de jóvenes –menores y mayores de edad– porque “saben que ellos vienen a trabajar de verdad y necesitan el trabajo”, según un contratista de la capital del país que habló con Ruta 35 bajo condición de anonimato.

El decreto de Xocotla

El 11 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza, el secretario (ministro) del Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida se sentó en una mesa llamada “No al trabajo infantil, Sí a la educación de calidad”, junto al Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.
Dice el comunicado emitido por el gobierno ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y siguió un fragmento de lo dicho por Navarrete ante la comunidad internacional:

“Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”.

Un día después, fue publicado el decreto presidencial en México.

Los domingos en Xocotla, a miles de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás chalancitos siguen con su tren de vida alejados de las palabras del secretario del Trabajo.

Ese es un día cuando la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con los tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de su casa entre la fría neblina de la montaña.

“Se necesitan cuatro ayudantes. Contactar con…” fue una de las ofertas de trabajo que se difundió el domingo 22 de enero. Otros anuncios provenientes de contratistas corrieron de boca en boca o de celular en celular y antes del medio día las decisiones estaban tomadas. Solo quedaba alistar el equipaje en una mochila y esperar a las camionetas de transporte rural. Aquí es donde comienza la salida en masa desde la sierra hasta la capital del país.

Consultada sobre el fenómeno, Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que esa organización no ha recibido información específica sobre el caso, pero anticipó una hipótesis basada en su conocimiento general del tema: cree que los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de constructores grandes, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores. En el esquema que opera en Xocotla, sin embargo, no se observó la verificación rigurosa del personal reclutado por parte de las compañías beneficiadas.

En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican solo a llevar trabajadores desde sus casas hacia abajo de la montaña a una estación de gasolina donde esperan los autobuses que los llevan a Ciudad de México. A cada camioneta le caben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ni las camionetas ni los autobuses tienen permisos oficiales.

“Nos distribuimos todos en pirata”, dice Montalvo, el “contratista” que lleva 15 años yendo y viniendo entre Ciudad de México y Xocotla y que nunca ha firmado un solo contrato laboral.

Un domingo nublado cuando comenzaba a oscurecer comenzaron a bajar las camionetas con chalancitos, chalanes, albañiles y contratistas por las curvas que sortean los acantilados del territorio montañoso donde está Xocotla. A sus espaldas se iba alejando el Pico de Orizaba, la cumbre más alta de México.

El precio del desarrollo. Un niño afuera de su casa de concreto en Xocotla, una comunidad que apoya su economía en el trabajo de menores de edad.

Algunos vehículos con capacidad para 12 pasajeros se enfilaban directo hacia Ciudad de México. Mientras tanto, otros se dirigían a distintos puntos de las cercanías donde los esperaban autobuses listos para tomar la carretera.
En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, ya estaban siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno e iban llegando más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurría en otros puntos estratégicos donde se anuncian salidas hacia la capital mexicana.

A los choferes de esos vehículos que esperan a los cientos de trabajadores en la estación de gasolina no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al suceso del embarque de los “chalancitos”. Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero poco a poco aceptan dialogar y permiten la presencia de los reporteros.

Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, aseguró Álvarez. “A los autobuses les dicen los turismo de terror”, dijo el diputado González Saavedra, quién también se declaró incapaz de intervenir.

“Siempre fallan los carros. Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, contó Benito, con un recuerdo relacionado en su memoria: un accidente ocurrido el lunes 4 de julio de 2016, en la carretera hacia Ciudad de Puebla, en las inmediaciones de Ciudad de México, en el que murieron seis personas.

Fue una mañana cuando 11 albañiles procedentes de Xocotla viajaban hacia sus lugares de trabajo y fueron embestidos por un tráiler de transporte de carga. Entre las víctimas, la mayoría parientes entre sí, hubo un chico llamado Alfredo Hernández, de 16 años.
Poner el transporte bajo la regulación del gobierno aumentaría el precio drásticamente cerca de 200 por ciento, lo cual sería un obstáculo para ir a trabajar. Esto afectaría la principal circulación de dinero en Xocotla. Los “autobuses del terror”, por lo tanto, son necesarios. La policía municipal vigila mientras los albañiles suben a los vehículos y no cuestionan a los dueños del negocio pero sí a algún extraño que registre los hechos.

Buscar testimonios directos de los menores de edad se torna complicado en el lugar. Los chicos saben que su situación supone la violación de leyes por parte de sus empleadores, no quieren que les vean hablar con extraños, ni arriesgar sus posiciones de trabajo, que constituyen la principal alternativa para tener dinero. La actividad es vista con buenos ojos en Xocotla porque se ha convertido en un motor para sacar al pueblo y sus habitantes de la pobreza.
Los lunes en Xocotla son silenciosos después de que se han marchado las camionetas y los autobuses. Los chicos volverán de visita en una, dos o tres semanas después de haberse internado en la metrópoli más grande y poblada del continente: Ciudad de México.

Los olvidados de la megalópolis

Son las 8:30 de la mañana en Polanco, una de las colonias más adineradas de Ciudad de México. Un edificio de vivienda de siete pisos está siendo remodelado. Los trabajadores llegan puntuales y hacen una fila para entrevistarse con el contratista.
En un parque vecino hay un grupo de cinco adolescentes, originarios de Xocotla, un pueblo indígena del municipio Coscomatepec de Veracruz. Los chicos aguardan antes de aproximarse al encargado, quien rápidamente los hace ingresar al inmueble.
Para conversar con los adolescentes primero hay que pedir permiso a quienes los trajeron desde su pueblo. “Depende de para qué quiere hablar con ellos”, contestó uno. Otro prometió conseguir el permiso y después de eso pasaron días de evasivas. La respuesta no llegó. Los llamados contratistas, que forman parte de la cadena que lleva a los adolescentes a trabajar a la capital, son precavidos para proteger el negocio.
La asignación al lugar de empleo es azarienta, según explican los relacionados con la operación. Los adolescentes pueden lo mismo ser enviados al sur de la capital a trabajar en una casa que al norte en un lujoso edificio de Santa Fe, una zona con un pujante desarrollo urbanístico a la que la etiquetan como un Manhattan mexicano.

Los lunes en la madrugada suelen llegar a Ciudad de México los albañiles de Coscomatepec después de dejar atrás la serranía. Los autobuses se estacionan en las inmediaciones del Metro Hidalgo, según pudo constatar Ruta 35.

El sitio donde aparcan está a pocas cuadras del famoso Palacio de Bellas Artes. También los vehículos de transporte llegan a las inmediaciones de las estaciones de autobuses Tapo y Taxqueña. Fermín y Benito, dos adolescentes de 16 años que han trabajado en obras de construcción desde 2015, llegaron por primera por el Metro Hidalgo y de allí los remitieron a donde les prometieron pagarles 1,400 pesos (78 dólares).

“Aquí llegan buscando trabajo y alguien quien les dé la comodidad del hospedaje. Aquí es siempre con gente conocida. No podemos quedarnos por cualquier esquina o cualquier baldío, tenemos que buscar un lugar. Aquí no hay luz ni nada pero nos conformamos en dormir en un lugar seguro”.
—¿Cómo se duerme aquí?, se le preguntó.
“Lo más humilde que se puede. No tenemos colchón ni cama. Compramos cartones y ahí somos felices”, narró el cuidador de la bodega, quien confirmó que los chalancitos llegan con frecuencia allí. “Llegan rodando como las piedras”.

Ellos dos aceptaron hablar en Xocotla, frente a sus casas, en su hábitat normal. “Cuando llegué ya me dijeron a dónde me iba a trabajar, a qué parte de la ciudad. Yo era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ver si no hay problema y ya me metieron a chambear”, contó Fermín.

Él comenzó a trabajar a la Colonia Portales, un sector marginal de Ciudad de México. Ahí trabajó en un edificio de siete pisos. Cerca estaba Benito, con quien compartió una habitación alquilada, en total, por ocho adolescentes, según relatan.

Ambos vivieron un par de estafas en construcciones en donde, llegado el día del pago, no recibieron nada o lo recibieron incompleto. Se sobrepusieron a las pérdidas y no les importó seguir intentando en más faenas dentro de la construcción. Benito trabaja ahora en Santa Fe, Fermín no tienen un rumbo fijo.

Ambos viven con sus parejas en Xocotla y las visitan los fines de semana. A sus 16 años tienen en mente formar sus familias.
José Luis Montalvo, contratista de mano de obra para construcciones quien recluta en Xocotla, afirma que a los chicos solo se les exige un requisito: “Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable de asumir obligaciones contractuales y se ponen a trabajar”.

Llegados a la capital los aspectos logísticos están cubiertos, aunque precariamente. En Ciudad de México hay una serie de casas o en bodegas que han sido habilitadas como albergues para los albañiles de Xocotla, incluidos los adolescentes. Las instalaciones se encuentran en puntos cercanos a donde llegan los autobuses.

Una de ellas está a cargo de Pedro Marín, un hombre originario de Xocotla que ha sido albañil en Ciudad de México por 45 años. Nunca trabajó bajo un contrato legal y ahora que no es apto físicamente para laborar en la construcción, aceptó encargarse de esta bodega que antes fue un frigorífico de carnes.

Marín también gana 1,400 pesos a la semana (78 dólares), lo mismo que los chalancitos que llegan a dormir en los rincones de esa gran bodega sobre cartones y sábanas viejas. Pernoctar ahí y en esas condiciones es otro de los males necesarios que se les acumulan en su experiencia en Ciudad de México.

Al margen de todo lo que ha cambiado desde que Marín se enfrentó por primera vez a Ciudad de México, hay dos cosas que persisten: los salarios bajos y la falta de previsión laboral por parte del Estado mexicano.

“Este lugar lo usamos para apoyarnos como compañeros. Todos venimos de provincia y aquí les damos hospedaje. Todos venimos de la región de Xocotla. La situación que yo viví es como la de los chicos que vienen a trabajar porque yo también así lo experimenté. Desde los 13 años comencé a trabajar”, contó Marín.

“Aquí llegan buscando trabajo y alguien quien les dé la comodidad del hospedaje. Aquí es siempre con gente conocida. No podemos quedarnos por cualquier esquina o cualquier baldío, tenemos que buscar un lugar. Aquí no hay luz ni nada pero nos conformamos en dormir en un lugar seguro”.

—¿Cómo se duerme aquí?, se le preguntó.

“Lo más humilde que se puede. No tenemos colchón ni cama. Compramos cartones y ahí somos felices”, narró el cuidador de la bodega, quien confirmó que los chalancitos llegan con frecuencia allí. “Llegan rodando como las piedras”, soltó Marín, una especie de faro para al menos cinco chalancitos de los que llegan cada semana a ese rincón en los viejos autobuses.

La escena de esta bodega se repetirá en otro lugar que maneja un sobrino de Pedro Marín, en otro punto de la ciudad.
La actividad ocurre sin controles oficiales. Cuando el gobierno de México decretó en 2015 los cambios en la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil, ya estaba en marcha la creación de los instrumentos que, entre otras misiones, deben controlar a las empresas: el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en edad Permitida y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, de la que se han instalado versiones en los 32 estados del país.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ve estas acciones como “un acto protocolario, una reunión de funcionarios sin traducción en la vida real”. Juan Martín Pérez, vocero de la organización, afirma lo siguiente sobre las comisiones estatales: “Carecen de recursos, de voluntad política y usualmente los funcionarios que asisten, no traducen esto en ningún tipo de práctica institucional o acción de supervisión”.

Alicia Athie, consultora de Organización Internacional del Trabajo, opinó que cada comisión de los estados “debería tener recursos para que puedan ejecutar acciones sin el argumento de no tener dinero (…) Lo que sucede es que las secretarías responsables ya tienen etiquetados sus presupuestos para los rubros en que los pueden ejercer y no pueden hacer traspasos para otras acciones”.

Sin consecuencias. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha impuesto sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años.

Ruta 35 preguntó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuántas y cuáles empresas constructoras han sido sancionadas en Ciudad de México a partir de junio de 2015, fecha cuando se emitió el decreto que prohíbe el trabajo en construcción de adolescentes menores de 18 años de edad.

La delegación de esa dependencia en Ciudad de México respondió que “no ha impuesto sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años”.

La Dirección de Asuntos Jurídicos informó que “no cuenta con información sistematizada y/o clasificada respecto de las empresas constructoras que han recibido sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años” desde el decreto.
En la REDIM esta respuesta de las autoridades no tiene lógica. “Ellas tienen superclaro qué empresas incurren en contratación ilegal de menores y cuáles son los municipios de donde salen adolescentes para trabajar en empresas de construcción tan grandes como las de Ciudad de México”, afirma Pérez. “El tema de fondo es que esta información no se usa para tomar decisiones en términos de prohibir la participación de chicos y chicas y sancionar a las compañías. El gobierno no está asumiendo su responsabilidad de prevención”.
Desde la fecha del decreto y de la creación de los nuevos mecanismos oficiales de control, Benito y Fermín han seguido sus vidas bajo la lógica de Xocotla y no la de Ginebra, donde México anunció sus reformas, destacando la protección a menores de edad durante “periodos fundamentales para su desarrollo individual”.

En esos periodos de sus vidas estaban –y siguen estando– Benito y Fermín cuando comenzaron su travesía por estos escenarios hace dos años.
Ellos recuerdan que durante sus primeros días en Ciudad de México alquilaron un cuarto de 12 metros cuadrados y un baño para residir con otros seis albañiles.

Algo semejante vivió hace 12 años José Morales, un trabajador que comenzó como ayudante en obras, en Ciudad de México y vivió en la colonia Minas Coyote, en el municipio de Naucalpan, que está dentro de la conurbación de la capital del país.
Dos de sus compañeros eran de Xocotla. Vivían cuatro por cada cuarto y cenaban a diario sopas instantáneas “Maruchan” y un bolillo, una pieza de pan salado. Los viernes iban por las “monas”, nombre que se le atribuye a los botes de pegamento industrial que compraban en sus excursiones al centro de la ciudad cuando iban a los bailes.
En esos rumbos, adolescentes de Xocotla suelen caer en problemas de adicciones. A Benito y a Fermín les ocurrió, pero también a otros que han sido engullidos en Ciudad de México por las labores de construcción.

Volver lastimados por la adicción

Rubén Olguín recuerda a su primo José cuando aún no lo habían encerrado en casa. Juntos partieron hace una década desde Xocotla, Veracruz, a trabajar como albañiles principiantes en el barrio popular Mixcoac en Ciudad de México. “Él llegó conmigo a chambear y tenía 17 años de edad. Lo hacía muy bien, era una persona normal, un muchacho serio”.

El paso por la ciudad fue breve, de seis meses, pero hubo tiempo suficiente para que su primo se convirtiera en adicto a los inhalantes. “Ahí comenzó con eso de la droga”, recordó Olguín, que hoy tiene una panadería en Xocotla. Siendo adicto, José emigró poco después a Estados Unidos y regresó completamente distinto. “No sé si le afectó la distancia. No ha podido recuperar su mente”, dijo su primo.

De regreso del extranjero, sus familiares no sabían qué hacer ante los trastornos de conducta. Modesta Chávez, madre de José, decidió destinarle un rincón de su casa de madera y encadenarlo a falta de posibilidad alguna de brindarle tratamiento. “Ahí duerme en el piso porque no se deja su cama ni su ropa. Ahí está enredado con su cobija. Ahí hace todo”.

El caso es conocido en el pueblo, pero no es el único. Las autoridades del municipio Coscomatepec, del cual forma parte Xocotla, consideran que las adicciones han contagiado a los jóvenes de la jurisdicción como una epidemia. La temprana emigración laboral a Ciudad de México, donde les ofrecen puestos de trabajo informal en construcción, es asociada al fenómeno que ocurre en ese lugar veracruzano.

Manuel Álvarez, alcalde de Coscomatepec, calcula que su municipio tiene una población flotante de 3,500 personas que trabajan en la capital y vuelven los fines de semana, días festivos o vacaciones. “La población que se va a la capital del país está entre los 13 y 25 años de edad. El 80 por ciento está en la drogadicción y el vandalismo”, calculó el funcionario, una valoración que coincide con las opiniones recogidas en Xocotla.
En Coscomatepec hay 52,000 habitantes de los cuales un tercio son de Xocotla. “La falta de productividad en el campo y de apoyos bien direccionados del gobierno también son la causa de la situación”.

Modesta Chávez, sin saber de estadísticas, confirma el problema: “Aquí hay muchos así. El hijo de mi cuñado también está igual. Andan a las drogas y ellos ya no entienden, andan mal”.

El ayuntamiento de Coscomatepec en junio de 2015 envió una brigada de salud para realizar “diagnósticos” entre los jóvenes para “saber qué tan informados o incluso enrolados se encuentran con el tema de las drogas”, según información oficial difundida por el municipio.

Un año antes el ayuntamiento produjo un video titulado “Xocotla, Generación Condenada” que compartió en las redes sociales. En el audiovisual se reflejó el problema de los jóvenes con adicciones. El alcalde Álvarez dijo a Ruta 35 que ese video fue mostrado a autoridades federales para persuadirlas para que ayuden a combatir la drogadicción.
El único resultado de ese audiovisual, de acuerdo con habitantes de Xocotla, fue un enojo generalizado entre la población por la “mala fama” que causó a su comunidad. Entre los comentarios en YouTube, por ejemplo, hubo quienes negaron la situación o dijeron que había sido magnificada, pero también hubo quienes dijeron que reflejaba la realidad.
“No hay un padrón exacto sobre qué es lo que pasa”, dijo al respecto Jorge González Rojas, dirigente de Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (Futuro), que trabaja en las comunidades indígenas de la región serrana en el centro de Veracruz. “Las autoridades se dan cuenta hasta que por ahí alguien falleció o quedó abandonado a su suerte”.

De lunes a viernes, la vida en Xocotla transcurre con normalidad. A menos de 10 kilómetros hacia cualquier dirección y en cualquier colina de la serranía se pueden encontrar poblados con evidentes rasgos de pobreza. Pero ahí, la primera impresión que se tiene es la de un lugar que está superando sus principales problemas. Las escuelas tienen estudiantes, hay un centro de salud en buenas condiciones y la mayoría de las casas son grandes y están hechas de concreto y no de madera, lo que ha supuesto un progreso material.
Con pocos minutos ahí, los detalles empiezan a revelar otra realidad. La clínica tiene una médica y una enfermera. Las filas de pacientes comienzan a las 4:00 de la madrugada. La doctora Carolina Román paró de atender pacientes unos minutos y dijo a Ruta 35 que “a los chicos con problemas de drogadicción no hay quien los atienda”, salvo en ocasiones en que hay campañas políticas y los candidatos quieren ganar votos enviando campañas de combate a las adicciones.

Ella frecuentemente recibe a los adolescentes que llegan de Ciudad de México con lesiones de trabajo, con heridas, golpes y fracturas.
El dinero de los programas asistenciales del gobierno –recursos mensuales destinados a las familias más pobres– se le queda a los cobradores de tiendas departamentales que suben a la sierra a cobrar las deudas.

Hay niños desde los seis años de edad deambulando y manipulando los videojuegos sin ponerles monedas, afuera de una tienda donde suena con altos decibeles el hip hop de la Santa Grifa, una música traída desde Ciudad de México, con canciones que describen la vida violenta de los barrios capitalinos.

La deserción escolar se dispara cuando los jóvenes llegan a una edad en la que pueden trabajar. En este caso, la edad es de 14 y el trabajo está lejos, a 340 kilómetros, en la capital del país.
Según Gustavo Martínez, profesor voluntario de Xocotla, unos 1,000 niños entran al nivel de primaria; a la secundaria entran 250 alumnos; al bachillerato entran 40 y cada año se gradúan entre ocho y 15 jóvenes.

En Xocotla hay tres profesionistas universitarios. Uno es el maestro Ernesto Martínez, síndico del ayuntamiento, y Ofelia Martínez, su hermana. Otro se llama Román Morales.
Hay un parque con juegos infantiles y dos canchas deportivas para el entretenimiento. En una de ellas está un pintada que dice: “Di no a las drogas”. Es ahí, y en otros rincones, donde los niños y jóvenes se juntan en grupitos e inhalan pegamento utilizando en construcciones.

Muchas personas que se ven en las calles más tarde son esos jóvenes y niños caminando sin rumbo y pidiendo dinero. Son el daño colateral del aparente progreso de Xocotla, el costo humano de que la mayoría de las familias vivan en casas de cemento con las ganancias obtenidas con los empleos en la capital.

El agente municipal Carlos Martínez Ramos reveló que en Xocotla la venta de inhalantes ha aumentado: “Los que distribuyen lo agarran como un negocio porque hay mucho joven que se droga. Detuvimos a una persona la semana pasada, nos confesó que lo hizo porque tenía una deuda de 4 mil pesos ($223) y con tres cajas de 24 botes cada una que se trajo de activo, salió de su deuda y hasta le sobró”.

Cerca de las canchas vive Benito, un chico de 16 años de edad que comenzó a trabajar en Ciudad de México a los 14. Cuando estuvo allí, vivió en un pequeño cuarto donde comenzó a probar los inhalantes con otros adolescentes.

En su viaje de regreso después de la primera semana como “chalancito”, iba en un autobús “pirata” que se llenaba de humo cuando el chofer forzaba la máquina. “Hay morros (jóvenes) que vienen moneando (inhalando) adentro del autobús, hablan solos y se escucha bien fuerte. Se encierra el humo adentro. Ellos van adormecidos y no lo sienten”. No iban dormidos, sino adormecidos. Drogados.

“Si te encuentras un buen patrón, ya la armaste. Si no, ya te chingaste. Nos vamos a la voluntad de Dios, todos los que están mejorando sus casas en Xocotla es porque se han ido, pero los jóvenes se han ido perdiendo, se van a México y llegan transformados. La drogadicción es el problema número uno”.

Benito ahora lo recuerda que está rehabilitado y hace el viaje con frecuencia. Antes él pudo ser uno de los que iban adormecidos y hablando solos.
Rubén Olguín, el primo de José, trabajó 17 años de albañil. Él habló de los motivos y la forma en que sale la mano de obra hacia Ciudad de México.

“Si te encuentras un buen patrón, ya la armaste. Si no, ya te chingaste. Nos vamos al ahí se va y vivimos en las obras donde llegamos. Nos vamos a la voluntad de Dios, todos los que están mejorando sus casas en Xocotla es porque se han ido, pero los jóvenes se han ido perdiendo, se van a México y llegan transformados. La drogadicción es el problema número uno”, dijo Rubén cuando recordó cómo vio a su primo por última vez, y soltó una frase sin pregunta de por medio: “Dicen que todavía está vivo”.
Olguín se alegra durante las mañanas de los fines de semana, en días feriados y en vacaciones porque sus ventas son muy buenas en la panadería. Vuelven al pueblo los trabajadores y traen dinero. Pero en las tardes es mejor cerrar las puertas del negocio porque comienzan los recorridos errantes de algunos chicos.

Como en los barrios de la capital, el pueblo aprendió a dividirse. Están los de arriba y los de abajo imitando a las pandillas y creyendo en una rivalidad territorial. En el pueblo hay pintadas con el nombre de la pandilla Sur 13 y peleas frecuentes entre grupos.
“Aquí la inseguridad es porque los chamacos se agarran entre ellos a pedradas, con cadenas, cinturones, con lo que tengan. Es normal que las personas salgan lastimadas en temporadas de vacaciones”, confirmó Gustavo Martínez.
Los últimos días de José en las calles eran así, en la “loquera”, y todavía los recuerda. Se lo contó a Leonardo Tiburcio, lugareño familiarizado con los males de Xocotla, durante una visita a su cuarto, en la que Ruta 35 estuvo presente con el permiso de Modesta Chávez.
La escena, ocurrida en 2014, se desarrolló en la oscuridad, pues el cuarto de José no tiene ventana y solo entra la luz por las rendijas de los tablones de madera. Como es común en esa región montañosa, hacía frío. Para alegría de su mamá, el chico ya aceptaba cubrirse con una cobija.

“Me tengo que curar, tengo que salir, ya no voy a ser loco, tengo que buscar la forma de cómo curarme. Así poco a poco”, dijo José, con una recobrada capacidad de hilar mayor cantidad de oraciones.

Leonardo Tiburcio disparaba preguntas una tras otra, como si quisiera despertar la memoria perdida del chico acurrucado en la penumbra. “¿Estarías de acuerdo tomarte un tratamiento para que te levantes?, ¿quieres que te vea bien tu mamá, tus amigos?, ¿te duele?”
“Ya no podía yo con la loquera, me hacía daño a lo grande. No podía, no podía. Quiero decirles que me ayuden”, decía José. “Si estuviera curado, yo no necesitaría yo nada más”.
José no ha mejorado desde aquel día. Su caso para muchos es una metáfora extrema de las consecuencias que puede traer el modelo de trabajo que da sustento a Xocotla, es un ejemplo de las heridas que, en muchos casos, deja la búsqueda del bienestar en un lugar donde las políticas públicas, según las propias autoridades, no funcionan.
“No tiene caso que el pueblo esté progresando mucho en alumbrado, calles y campos deportivos y que el joven en lugar de que le dé gusto, se drogue”, dice el agente municipal. Así es más lo que se pierde, que lo que se gana.

Población flotante. Se calcula que son 3,500 las personas que trabajan en la capital y vuelven los fines de semana. Sus edades van de los 13 a los 25 años de edad.

Los niños de la guerra del Triángulo Norte

Emigración

Ellos luchan por vivir en México

En el camino a convertirte en adulto hay que pasar obstáculos, levantarse de tropezones y adversidades que solo con la madurez que se espera del paso de los años se podrían resolver. Pero no para todos es igual. Jorge creció de golpe. A los ocho años dejó de ser niño. La infancia lo abandonó.

Ese día decidió tomar la mano de su tío en una de las calles de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Honduras, y salió a probar una bicicleta. Después de varias cuadras de recorrido y algunos minutos, a ambos les dio sed y decidieron pasar a una tienda por una bebida. Ahí, justo en ese recuerdo de un día normal en apariencia, se detiene la memoria de Jorge. Dos jóvenes miembros de una pandilla los estaban esperando. Cruzaron frente a la tienda en bicicletas, sacaron sus armas y dispararon hasta que vieron caer a su tío. Jorge se desmayó al instante y despertó con el peso encima del cuerpo inmóvil de su familiar.

Después de ese día, en el lapso de los siete años siguientes, asesinaron a su padre, y un hermano mayor ingresó a una pandilla; envolvió y repartió droga y después le pidieron asesinar a otro integrante de su familia. Su vida cambió de nuevo ante tal petición. Algo sucedió: se negó.

“Bueno, en ese entonces no me negué, pero… me tuve que venir (a México) porque incumplí una regla y me podían matar”, relata Jorge, actualmente de 16 años, a EL UNIVERSAL. Después de ese momento, sin pensarlo dos veces, le avisó a su tío sobre el plan de la pandilla, tomó un cambio de ropa y huyó a México. Solo y sin decir adiós.

“Toda mi vida anterior no la quisiera recordar… Pero son cosas que han pasado. No digo que lo pueda olvidar, pero sí lo puedo sacar de mi cabeza un momento”, explica Jorge, quien está en espera de una respuesta al proceso iniciado para ser refugiado en México.

Migrar o “caer en las garras de ellos”

En los últimos cuatro años, el número de solicitudes de refugio en México por parte de menores no acompañados provenientes del Triángulo Norte –Honduras, El Salvador y Guatemala– se incrementó 350 %: en 2013 fueron 65 menores originarios de esas naciones quienes pidieron refugio en nuestro país; en 2016 la cifra llegó a 229, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Esta cifra es realmente baja si se compara con el movimiento migratorio de estos países registrado por el Instituto Nacional de Migración (INM): de 2010 a lo que va de este año se han presentado ante la autoridad 66 mil niños que viajan sin algún familiar responsable de ellos, a 99 % los han regresado a sus países de origen. En 2013 fueron 5,562; 2014, 10,711; 2015, 20,347, y en 2016 se redujo un poco, a 17,530.

En ese contexto, en 2006 la Red de Módulos de Tránsito para Niños Migrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registró 262 niños del Triángulo Norte, mientras que para 2016 cruzaron la frontera 18,998. La cifra llegó a miles en 2010: 3,028, y se fue incrementando de a poco hasta 2014, que alcanzó 13,639.

Llegar a uno de estos lugares significa tener un conocimiento de la ruta, pero la mayoría de quienes huyen de su país, como Eduardo, salen sin rumbo y sin pensar en regresar: “Si volvía iba a caer en las garras de ellos”.

Más . En 2013 fueron 65 menores originarios de esas naciones quienes pidieron refugio en nuestro país; en 2016 la cifra llegó a 229, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Eduardo se encuentra en el mismo proceso de refugio. En los tres meses que lleva en México ha hablado con su familia cada semana, pero no les ha dicho por qué huyó. Él trabajaba en la ciudad de San Pedro Sula arreglando fallas mecánicas y tenía que entrar y salir de barrios gobernados por pandillas. Lo quisieron forzar a trabajar con ellos, no aceptó y recibió amenazas de que si lo volvían a ver por ahí lo mataban a él y a su familia. Regresó a casa, lo pensó unos días, tomó una mochila y huyó con la idea de ir a Estados Unidos.
La cifra de menores no acompañados que han llegado a Estados Unidos cruzando por México, solo de 2014 a 2016, es de 168 mil. Eso quiere decir que de 2014 a 2016, sumando los registros de ambos gobiernos –estadounidense y mexicano–, por lo menos 216 mil niños, sin ningún familiar ni apoyo, fueron mandados a la fuerza por sus padres o simplemente huyeron sin avisar, para lograr una mejor vida: 72 mil al año, 196 al día, 5,901 al mes.

Fue 2016 el segundo año en que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más migrantes no mexicanos. El otro año fue 2014, que fue marcado como “crisis humanitaria” por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, al ver la cantidad de niños centroamericanos que llegaban solos a su país. En 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68 mil menores; para 2015 la cifra bajó 39 mil, pero en 2016 creció de nuevo a 60 mil.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que si los migrantes supieran de la posibilidad de pedir refugio, el número aumentaría radicalmente. En cifras totales, México ha recibido 19,188 solicitudes de 2013 a la fecha, y solo a 4,910 se les ha concedido el título de refugiado. De ellas, 90 % provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En 2017 las cifras de menores no acompañados presentados ante el INM es mucho menor. En los primeros cinco meses del año se registraron 2,595 menores, lo que representa 14 % del año anterior y la primera vez que decrece el flujo migratorio de este grupo.

“Se observa que ha habido una disminución (del flujo migratorio). Incluso visualmente es evidente. En los albergues también ha habido una disminución. Hay un dato interesante y es que si bien es cierto que el número de personas que han ingresado ha disminuido, no hemos registrado esta misma disminución en el número de solicitudes de asilo. Más bien ha habido una disminución en la brecha de personas que entraban a México y no solicitaban asilo”, explica el coordinador de las oficinas de Terreno de ACNUR en México, Rafael Zavala.

A la mitad de 2017, la COMAR registra más de 6 mil solicitudes, casi el total de todo el año pasado. ACNUR estima que a fin de año el número de solicitudes ronde las 16 mil, el doble que el año pasado.

Esta situación también se ve en los niños no acompañados: van 115 peticiones de refugio de parte de estos tres países, un poco más de la mitad de las que hubo el año pasado. Expertos explican que en verano es cuando se da la mayor cantidad de movimiento migratorio, así que esperan que el número siga en aumento.

Jorge le avisó a su tío que lo querían matar, él le dio un poco de dinero y le dijo que se fuera. Analizando la situación, dice que no tenía opción: era ser pandillero o ser asesinado por una pandilla. Narra que él decidió meterse a las pandillas luego de que a su hermano lo asesinaran por haberse enamorado de una muchacha que estaba en la banda rival. “Un amor imposible”, lo define.

A los meses de haber huido de su país, Jorge llamó a casa y le dijeron que al tío al que alguna vez le encomendaron matar había sido asesinado. Explica con una sonrisa, cada vez que habla de un tema violento, que así tenía que ser. Para él, salir de su país como salió, de improviso, con violencia, es una nueva esperanza de vida.

Otra vida. De 2010 a la fecha, 32 mil guatemaltecos menores de edad no acompañados migraron a México en busca de mejor vida.

Guatemala: los niños en busca de un sueño inalcanzable

Aquí se empezó a contar a los niños que se quedan, porque nadie contó antes a los que se fueron. En el municipio de San Lázaro, Guatemala, saben que hay 26 casos de niños en desprotección. Que 32.6 % de la población vive en pobreza extrema, y el resto, en pobreza general. Que tienen a 6,323 niños, niñas y adolescentes estudiando. También, que de esos estudiantes, 48 % tiene desnutrición crónica.
Que abril y mayo son los meses en que más niños se van, y que al llegar el verano, se van los demás, los que quedan.

Se sabe que ahora se van más niños. De los siete casos que tienen registrados en los primeros meses de 2017, seis tenían entre 0 y 13 años, y solo uno estaba entre 13 y 18.
Actualmente, 45 % de la población de San Lorenzo está en Estados Unidos. Y casi todos se han ido, y se siguen yendo, de San Lorenzo, con edades de entre nueve y 14 años.
Un día lluvioso en las montañas de San Lorenzo, los líderes de la comunidad deciden abrir un camino más amplio para el paso de las camionetas en las “carreteras” circulares –caminos de terracería– que hay para conectar a la comunidad. La escena se dibuja con un operador de una máquina excavadora y unas 15 personas dándole indicaciones para no caer por la barranca o para que no jale tanta tierra debajo de una casa que quedará flotando como parte del camino.

La mano de obra tiene un promedio de edad de 40 años. No hay jóvenes. Todos tienen algo en común: Estados Unidos. Son deportados de EUA; regresaron de allá o mandaron a sus hijos a la nación estadounidense. De hecho, las mejores casas de la región son de aquellos que siguen fuera de Guatemala. Sin habitar, pero con “lujos” que sobresalen en relación con el resto, como techo de cemento y no de lámina.

Ángel Agustín Marroquí, representante del presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario, también vivió en el vecino país del norte por más de 20 años antes de ser deportado. En el primer año de haber migrado, tuvo sus zapatos de cuero y una chamarra. Tenía 14 años y pagó a un pollero 9 mil quetzales (unos 20 mil pesos). Le prometieron camiones de primera y hoteles, en cambio comía una vez al día y estuvo encerrado una semana en una bodega. Antes de él se habían ido a EUA otros tres de sus hermanos: “Hay cosas que uno requiere de niño. Uno sueña de niño…. El factor (negativo) que hay aquí es que no hay recursos. Uno desea… ¿verdad? Y más cuando escucha que Estados Unidos es un país superado, que hay trabajo, que ahí uno se puede superar. De ahí uno dice: ‘Mejor me voy’”.

No hay un cálculo certero sobre cuántas personas ha cruzado el pollero de la comunidad. Solo saben que desde que comenzó a hacerlo, los pisos de su ferretería han crecido, ahora tiene cinco. La gente en la comunidad pide préstamos o da su terreno para poder pagar el viaje. En los tiempos de Ángel eran 9 mil quetzales, ahora la tarifa va de 75 a 90 mil quetzales, de 180 a 215 mil pesos.

La mayoría tiene familiares en EUA

“La primera vez fue en 1995. Íbamos como 70 personas, la mayoría jóvenes entre los 14 y 20 años. De los 70 que fuimos, aproximadamente 40 terminamos el viaje. Todos llegamos a Florida para la pizca de tomate. Pienso que 80 % de la gente de San Lorenzo tiene uno o dos, hasta tres familiares en Estados Unidos”, dice el alcalde municipal de San Lorenzo, Josué Tema Corona, quien también fue cruzado por el famoso coyote de la comunidad.
De 2010 a la fecha, 32 mil niños guatemaltecos no acompañados han cruzado hacia México en busca de un mejor futuro. Otros 18 mil fueron interceptados por la patrulla fronteriza en los nueve puntos de control en la frontera sur con México. 2015 fue el año con mayor número de detenciones por parte de migración: 11 mil. En 2016, el número de niños y adolescentes que pasaron por Guatemala aumentó 745 % respecto al año anterior y de ellos 36 % eran no acompañados. “Se van por varios factores. Muchos por la pobreza y la falta de empleo. Por supuesto las pandillas, los grupos organizados han querido hacerse de las suyas y apoderarse de Guatemala. Si nosotros vivimos 29 años de guerra interna. Pienso que eso se terminó en la montaña, pero se fueron a la ciudad”, explica el alcalde municipal de San Lorenzo.

El desplazamiento de las pandillas salvadoreñas se extendió a Guatemala. Se concentran en las principales ciudades, lo que es notorio en las cifras de incidentes delictivos, puesto que en ellas se registraron 37 % de los homicidios y 50 % de los heridos en hechos violentos en 2016. Uno de los peores años de violencia fue 2008, cuando la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 46, mientras que en 2016 fue de 27.3, según los datos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Ciudad de Guatemala vive una ola de violencia y se sabe que las pandillas dominan zonas metropolitanas; a pesar de ello, hondureños y salvadoreños llegan desesperados a buscar refugio, “aunque sea ahí”. De 2014 a la fecha la solicitud de refugio en Guatemala aumentó 276 %. En 2016 había 300 refugiados, la mitad de ellos de El Salvador y 11 % de Honduras, 21 % del total, menores de edad. México ha recibido, de 2013 a la fecha, 58 solicitudes de refugio de niños guatemaltecos no acompañados.

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“Me vine porque nos iban a hacer algo”

A Saúl le dijeron que se iba de vacaciones a Guatemala. Dejó la escuela, tomó varios juguetes y con su familia, padre, madre y hermana menor, salieron por la noche de San Salvador, El Salvador. Saúl tiene cinco años y no ha dejado de escuchar a sus papás decir que huyeron, por lo que cuando alguien le pregunta qué hace en Guatemala, él responde: “Me vine porque si no me iban a poner algo… porque si no nos iban a hacer algo. Y nos venimos aquí…” Pero realmente no sabe que su papá se enamoró de la persona incorrecta o que al menos eso consideran los pandilleros. Raúl es de otra colonia, pero conoció a su esposa y se fue a vivir con ella. Al principio nadie le decía nada, pero por movimientos de control del barrio, las cosas cambiaron de un día a otro. Raúl llevaba a su hija menor en brazos y regresaba a su casa junto con su esposa –después de dejar a Saúl en la escuela– cuando dos pandilleros le dijeron que se fuera y que no lo mataban porque traía cargando a su hija.

El plan original era irse hacia EUA o a México, pero el dinero no fue suficiente y decidieron quedarse en Guatemala. “Primero queríamos ir hasta México, pero por la escasez de recursos económicos llegamos hasta acá. Han estado amenazando a otros. Después de que salimos mataron a otro muchacho que no quiso salirse de su casa”, cuenta Raúl.
Países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Belice han empezado a recibir solicitudes de refugio por parte de estos países.

A unos metros del río Suchiate, frontera con México y Guatemala, vive Édgar, de 22 años, quien desde hace cuatro años cruza a la gente de un país a otro por 15 quetzales. Su horario es conforme a demanda. Siempre hay que estar pendientes de los coyotes que empiezan a llegar después de las 8 de la noche y hasta las 3 o 4 de la madrugada. Dice que ha visto de todo y que últimamente hay menos personas cruzando, pero que hace poco vio a un niño-coyote. “Tenía unos 16 años, llevaba ocho personas. Y estuvo pasando gente como un mes por acá”.
Arriba de donde ellos cruzan está el puente de Migración, pero dice Édgar que nunca ha tenido problemas cruzando gente, aunque por lo menos dos veces al día bajan algunos oficiales mexicanos y aleatoriamente seleccionan gente para extorsionarlos y dejarlos pasar “por unos 200 pesitos”. Una vez llegó hasta Oaxaca con amigos, con la idea de llegar a Estados Unidos. Regresó porque a todos los agarró Migración. En ese ir y venir fronterizo, Édgar ha visto rostros familiares intentar cruzar una y otra vez. Quizá un día se vaya para no volver, como la corriente.

Huir. La violencia generada por pandillas orilla a menores de edad a huir de El Salvador. A partir de 2014 el promedio de deportados pasó de 25 en una semana a 100 al día.

El Salvador: nacen sin infancia

“Hoy en día en El Salvador a los niños de ocho o 10 años ya no se les puede decir niños. Ellos nacen así, sin infancia, ven la realidad como está y se acoplan a lo que les toque. Ingresan a una pandilla o se van. No tienen más caminos. El país no genera un ambiente donde ellos puedan crecer de una manera diferente”, dice contundente “el Mago”, exlíder de la pandilla 18-R de la zona rural del municipio de San Pedro Masahuat, en El Salvador. Él no pudo hacerlo, pero afirma que de haber tenido la oportunidad, cuando tenía 10 años, habría hecho lo que hoy hacen muchos: huir.

Cuando tenía la edad en la que un niño debería estar tendiendo la cama, recogiendo el desayuno, levantándose y yendo a la escuela, Henry lidiaba con unos pandilleros de la MS de 14, 17 y 21 años que le quitaban dinero y la comida que llevaba a la escuela. Un día se cansó y decidió acusarlos con su tío. “En un hombre se veía mal que anduviera poniendo queja, así que lo que me dijo fue que me defendiera como yo pudiera”. Así que al otro día, junto con otros tres compañeros, fue a donde estaba uno de aquellos pandilleros que lo molestaban… Entre los tres le encajaron un picahielo.
Ahí todavía no era pandillero.

—¿Lo mataste? –pregunto a “el Mago”.
—No, solo quedó herido. Como estábamos pequeños, no logramos eso. Solo pasó unos 10 meses mal –responde.

Por esa razón Henry huyó a otra comunidad a trabajar en un taller mecánico. En el barrio al que llegó dominaba la 18 R, la banda rival. A los meses de estar ahí se le fueron acercando y, poco a poco, se fueron convirtiendo en su familia. A los 12 años le comenzaron a llamar “el Mago”. En su primera misión regresó a su barrio de origen para atacar a la banda rival. En esos años, cuenta, no era tan común que hubiera muertos, pero esa noche hubo cuatro. Fue para él algo “mágico”.

A partir de ese día “la magia” se extendió por largo tiempo. Hoy tiene 31 años y 14 impactos de bala en el cuerpo, nueve de ellas permanecen aún en su cuerpo. En 2006 eran 65 los que controlaban con él la zona, ahora de ellos solo quedan nueve, los demás están muertos.

Un pandillero menos, de entre 60,000

Hoy Henry pasa la mayor parte de su tiempo en la iglesia. Salió de la pandilla y es colaborador activo de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez en El Salvador, que actúa en las comunidades La Divina I, II y La Tekera interviniendo en ataques internos.

Se calcula que en este país hay alrededor de 60,000 pandilleros. El promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 fue de 104, en 2016 de 81. De 2005 a 2016 fueron asesinados más de 7,000 niños, 700 al año, 58 al mes y dos al día, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y estadísticas del Gobierno de El Salvador. De 2010 a 2017, 14,000 menores no acompañados provenientes de aquel país han intentado llegar a Estados Unidos cruzando México; solo en 2016, un total de 17,000 fueron detenidos por la patrulla fronteriza. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) tiene solo un conteo de la migración de niños cuando son retornados, es decir, no sabe cuántos se van. En sus cifras, en 2015 hubo 3,587 casos de niños no acompañados y en 2016 fueron 1,949. De 2013 a la fecha, 202 niños salvadoreños solicitaron refugio en México.

“Las tres grandes motivaciones en el caso de niños y adolescentes migrantes son: la reunificación familiar, la búsqueda de oportunidades y la violencia. La crisis nos sorprendió a todos en 2014. Antes de ese año la cantidad de niños, niñas y adolescentes era muy poca. Estábamos recibiendo a 25 niños a la semana. En 2014 llegamos a recibir a 100 niños en un día”, detalla Vanessa Martínez, subdirectora de Defensa de Derechos Individuales del CONNA.

Las instituciones gubernamentales no encuentran explicación razonable sobre cómo de un año a otro creció tanto la migración de niños. “Desconocemos las causas. Sin embargo, hay situaciones sociales que nos están alertando sobre la complicada situación de la niñez y adolescencia”, reconoce la subdirectora de Protección de Derechos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, María de la Paz Yañes.

De 2000 a 2016, la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene registradas 33,000 denuncias por extorsión atribuidas a pandillas. Entre esos casos está el de Luis, quien no sabía por qué un señor le tomaba de la mano a las 3 de la mañana y su madre se quedaba viéndolos irse. Tampoco entendía por qué, en las últimas semanas, su mamá le tenía prohibido salir al patio de la casa, a la tienda y mucho menos lo dejaba jugar en la calle. Él cuestionaba, pero al final obedecía. Tampoco escuchó cuando aquella noche una botella de cristal se quebró en la pared de su casa y cómo el ruido hizo que su madre fuera a ver qué pasaba. De primer momento no vio nada, pero regresando escuchó al perro comer algo. Era un papel. En lo que se alcanzaba a ver en el papel mordido por el perro, había un mensaje claro: si no pagaban el dinero, el niño pagaría las consecuencias. Días antes de ese hecho, el papá, migrante en EUA, le había alertado a Gloria, madre de Luis, que la 18 R le había marcado para pedirle $4,000; si no, su hijo iba a morir. Tenían datos de toda la familia.

A semanas de la partida de Luis con otro joven que iba rumbo a EUA, hubo un cateo por parte de la Policía y el líder de la 18 R murió y tres miembros fueron llevados presos. El niño se aprendió el teléfono de su papá. Llegando a EUA, el otro joven dejó a Luis donde su papá lo pudiera ver. Veintidós días después de que su madre lo dejó ir de madrugada, él estaba con su papá del otro lado del río.

“Es incontable la gente que se va para allá. Se van porque las pandillas tienen su territorio y si una persona no pertenece a una pandilla, pero ellos creen que esa persona los ha denunciado con la autoridad o les causa un daño, la matan, la desaparecen, la entierran, como sea”, dice Henry, “el Mago”, quien usa manga larga a pesar de los más de 30 grados que hay cerca de la costa de El Salvador.

En sus brazos y todo el cuerpo se puede ver la marca de la 18 R de varias formas: sumando seises, en número romanos, en cursivas o en negritas. Está consciente de que su pasado no lo puede cambiar. En los últimos meses la policía lo ha detenido dos veces. Lo golpean, le quitan su dinero y esperan que hable. Él sabe que es un afortunado. Casi nadie llega a los 31 años con una historia como la suya en El Salvador. Sabe que tiene que actuar todos los días, porque ya vivió demasiado. “Me pueden matar ahorita mismo o mañana, da igual”.

Una pregunta le taladra la cabeza: ¿por qué la violencia? Piensa constantemente en que le hubiera gustado huir cuando era pequeño. Ahora le toca cubrir su pasado con una camisa. “Antes a las pandillas las calificaban de antisociales, ahora como terroristas. La antisocial es la gente que te aparta y te margina. Eso sí es lo que genera más violencia”, concluye “el Mago”.

La muerte los persigue. En 2016 fueron asesinados más de 600 menores de edad en Honduras; de 2013 a la fecha, 321 entraron a México para solicitar refugio

Pandillas: la pesadilla de los niños en Honduras

“Es más fácil entrar a una pandilla que encontrar trabajo”. Lo dice enojado, decepcionado. Sabe que si esa no fuera su realidad, sus hijos –de 16 y 17 años– no estarían cruzando México en este mismo momento, guiados por un coyote que él pagó para hacer posible que llegaran a Estados Unidos.

“El promedio de vida aquí está en 15, 16, 17 años. Si logran pasar los 25, ya es una superbendición. Los de 18 a 23 años están presos y el promedio de 14 a 17 están muertos”, explica León, habitante del barrio bravo Rivera Hernández. Unos cuantos meses atrás mandó a su hijo menor de 13 años por la misma ruta.

Para explicar la situación a la que están expuestos sus hijos, se refiere al parque que se construyó hace dos años en el centro de la colonia. El espacio recreativo se creó en esta colonia de la municipalidad de San Pedro Sula con dinero del Gobierno bajo la idea de “devolver la distracción sana para la familia y a la vez recuperar por completo los espacios recreativos”, según el director de Prevención de la municipalidad en 2015.
Pero la realidad es otra. El parque está controlado por una de las siete pandillas que hay en los 39 barrios de la zona.

“Hacen un parque en el centro de la Rivera Hernández sabiendo la crisis que hay, sabiendo la violencia que hay, sabiendo la inseguridad que hay. Se ponen a hacer parques donde nadie va a llegar. Porque ninguna persona de esta colonia va a ir al centro de la Rivera Hernández, a ese parque.

“Es mentira, los gozan los mismos de ahí, no lo gozan las demás colonias. Si un niño que es de aquí va hacia allá, y saben que es de esta colonia y lo miran allá, en la Rivera, y además tiene un promedio de edad de entre 14 a 17 años, aparece después en un saco, ahí, embolsado. Si va uno de 10 a 12, viene golpeado, maltratado psicológicamente, con el temor de que no puede volver a ir ahí”, detalla León.

Por un momento hay un silencio. Detrás pasa un niño moreno, de unos 10 años. Va montando una bicicleta roja. Lleva paso lento, observa. Los vecinos de la Rivera lo señalan con los ojos. “Ese guarito que está ahí, él ya está amarrado. Tiene tres hermanitos que también van para allá. Él ya ha matado. Yo lo he visto contar sus asesinatos y reírse mientras lo cuenta”, narra uno de los vecinos reunidos afuera de una tienda.

Para muchos de ellos el simple hecho de haber nacido en ese lugar los convierte en pandilleros. Los coloca en posición de rivales de personas que ni siquiera conocen.
“El adolescente es el que corre más peligro. Mi hijo no podría irse a buscar novia por allá (señala detrás de la barda). Hay noviazgos que son fugaces. Corren el peligro. Son acechados. Cuando te digo que estoy bien es que no oigo, no veo ni hablo. Hemos visto casos donde levantan gente, pero no puedes hacer nada”, cuenta Raúl.

Los peores años de violencia en el país centroamericano parece que ya pasaron. En 2011, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional de Honduras, por cada 100,000 habitantes había 86.47 homicidios. El dato convirtió ese año en el más violento. Después de ese tiempo, cayó poco a poco la violencia hasta llegar a 2016, con una tasa de 59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Dos de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en Honduras: San Pedro Sula y Distrito Central.

En 2016 hubo 5,154 asesinatos, de los cuales 624 fueron estudiantes de secundaria. En ese mismo año, 300 maestros pidieron cambio de escuela por amenazas de niños pandilleros. Les hacen llegar notas pidiendo que los pasen de año o mejorar calificaciones; de no hacerlo, él y su familia serán amenazados. En lo que va del año, 33 niños han sido asesinados.

Los desplazados

En 2015 el Gobierno de Honduras dio a conocer, mediante la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), que al menos 174,000 personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia.

Al cierre de 2016 había 35,000 solicitudes de refugio de hondureños pendientes en distintos países. De 2013 a la fecha, 8,271 hondureños han solicitado refugio en México; solo 23 % de ellos lograron su objetivo. Mientras que en ese mismo período, 321 niños no acompañados hondureños han llegado a territorio mexicano pidiendo refugio y solo una tercera parte de ellos logró que le otorgaran el estatus de refugiado.

Al año, la población de Honduras paga $200 millones en extorsión, según la Fuerza Nacional Antiextorsión. La tasa de seguridad, impuesto aplicado desde 2013, tiene disponibles $600 millones para la seguridad de los ciudadanos. En 2015 se gastaron más de $200 millones en seguridad privada. Eso quiere decir que la sociedad hondureña gasta al año casi $1,000 millones en su seguridad y no ve buenos resultados.

“En Honduras hay poco menos de 4 millones de niños, de un total de 8.7 millones de habitantes. Sin embargo, 1.3 millones de niños que deberían estar en la escuela no asisten a centros escolares; 23 de cada 100 niños presentan desnutrición; 25 de cada 100 adolescentes están embarazadas”, dice José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza en Honduras.

La situación ha provocado que niños no solo no encuentren oportunidades de desarrollo personal y de protección, sino que se sientan también en la más completa indefensión. El núcleo familiar comunitario no tiene posibilidad de protegerles. Hoy en Honduras hay más niños fuera del país que en las calles.

“El nivel de desprotección se ha ido profundizando. Hoy tenemos alrededor de 15,000 niños viviendo en las calles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y cada año se van más de 20,000 del país, huyendo de la pesadilla de Honduras”, describe Ruelas.

Las cifras de educación en el país centroamericano hablan por sí solas. El Sistema de Indicadores Estadísticos Educativos indica que 98.8 % de los niños de entre seis y 11 años va a la escuela, pero después de eso, solo 48 % asiste a la secundaria, y a preparatoria solo 25 % de los menores entre 15 y 17 años.

“Tenemos un serio problema con las pandillas, tanto que ni siquiera sabemos cuántas son. Según la Secretaría de Seguridad, son 30,000; según UNICEF y el Programa de Prevención de Pandillas, son 4,728. ¿Cómo sacas una media entre las cifras?
“Vivimos de creencias, percepciones. Entonces, el Gobierno dice que el año pasado los homicidios bajaron 30 %, pero también dice que en 2016, en todo Tegucigalpa, solo hubo un asalto en autobús y robaron únicamente a cuatro personas. Con esas cifras oficiales, ¿cómo justificas un esquema de seguridad?”, cuestiona el director de la casa hogar.

“Me voy pa’ México, pa’l América”

Carlos es uno de los niños deportados que buscan seguir su vida en Casa Alianza. Ha cruzado a México seis veces en los últimos tres de sus 16 años de vida. La primera lo hizo con su hermana luego de que su madre murió de VIH. En ese viaje conoció México, se enamoró de él y decidió no acompañar a su hermana, quien ahora está en Boston.
Dos meses después de eso fue deportado por las autoridades de Migración. De ahí ha ido y regresado de México con el afán de jugar fútbol en el club América. Enumera las ciudades que conoce: Tenosique, Tapachula, Veracruz, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Toluca, Puebla y “deefe”. “Uy, conozco más que tú”, dice mientras sonríe.

El célebre jugador argentino Lionel Messi es su jugador de fútbol favorito, pero habla también de los mexicanos Carlos Vela, “Chicharito” y Guillermo Ochoa.
Cuando explica la ruta de migración, lo hace con mucho detalle. Habla de Los Zetas, de La Bestia y de lo bello que es el “deefe”.

Describe su ruta migratoria: “De aquí (Tegucigalpa) para Puerto Cortés, mi departamento, me fui para la frontera, cruzo para Guatemala, de ahí me voy para Ruidosa, de ese lugar me voy para Santa Elena, de ahí cruzo. ¿Cuál frontera elige, la de Tenosique, Palenque? Yo me fui por Palenque. Después de Palenque estuve caminando como 12 horas”. En las últimas dos veces que ha cruzado cuenta que se ha llevado gente que no sabe la ruta, la primera vez fueron dos y luego cinco: “Yo me llevo a cualquiera que no conozca el camino, ¡sin cobrar, eh!”.

Dominando el balón con los pies cubiertos por unos calcetines, piensa en el día que renacerá. Habla sobre el balón y cómo lo arrastra con los pies teniendo el control de su destino. “Yo acá me quedo un mes más y me voy pa’ México”.

Una presa inacabada en México que todos pagan

Decreto. En 2013 la Suprema Corte de Justicia decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental, y no la que se licitó.

Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del río Verde en Los Altos de Jalisco, creando una imagen absurda de lo que se ha convertido en uno de los proyecto transexenales más invalidados en términos jurídicos, técnicos y políticos: una represa que nunca ha tenido agua.

La cuenca del río Verde nace en el estado vecino de Aguascalientes y riega la región de Los Altos, el granero de Jalisco, que genera el 22 % del PIB del estado. En 1997, el expresidente Ernesto Zedillo decretó la exportación de casi 120 millones de metros cúbicos de su cuenca a la del río Turbio, al corredor industrial de León, Guanajuato, a unos 140 kilómetros de aquí. Este decreto se materializó 15 años después en esta mole de cemento seca que ha desencadenado una de las luchas más histriónicas de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes –con hijos ausentes– de tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría 4,500 hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón.

Como docenas de familias, María Félix siembra en estas tierras chile de árbol, maíz, frijol, calabaza, cebolla, jitomate y cacahuate. Es aquí donde están enterrados sus bisabuelos y crecieron sus cuatro hijos, donde florece su patio en una casa amplia de adobe y donde forjó ese carácter que la lleva a enfrentarse a cualquier funcionario que se le ponga enfrente, sin importar el rango. “A mí me mataría que me mandaran aquí”, reclamó la mujer a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando le mostraron el poblado prefabricado donde los pobladores serían reubicados si la presa empieza a funcionar.
María Félix y el resto de integrantes del Comité Salvemos Temaca –que agrupa a los pobladores afectados– tienen el respaldo de una parte importante de la sociedad jalisciense, que rechaza el trasvase por la afectación ambiental que implica, las violaciones a los derechos humanos y el déficit hídrico.

En medio de una disputa legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la represa seca sigue impactando las finanzas públicas de los mexicanos en beneficio de un consorcio empresarial méxico-español. Además, tiene paralizada la construcción del acueducto –cedida a otra empresa española– que llevaría el agua de esta región agrícola para el desarrollo industrial de la ciudad de León.

La historia de esta batalla comenzó en 2006, cuando la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) autorizó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la construcción de un embalse con una cortina de 80 metros de altura, una superficie de 2,000 hectáreas y un almacenamiento de 411.6 metros cúbicos.

Temacapulín, Acasijo y Parmalejo, tres poblados del municipio de Cañadas de Obregón que quedaban en el camino de la obra, serían inundados. Ninguno de los pueblos fue consultado, pese a que así se estipula en los tratados internacionales ratificados por México.

Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones e impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. Su lucha se acentuó cuando CONAGUA licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado: 105 metros de altura, un área de embalse de 3,800 hectáreas y un almacenamiento de 911 metros cúbicos. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación de manera definitiva de las comunidades y tierras de cultivo, se presentaron sin una nueva manifestación de impacto ambiental, incumpliendo la normativa.

Las obras se adjudican a un consorcio donde la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes –del controvertido Carlos Hank Rhon– y la otra mitad, una constructora voraz: la española FCC.

FCC es una de las 50 constructoras más grandes del mundo y la empresa que más contratos públicos recibe del Gobierno español. Forma parte de las 35 empresas que integran el IBEX, el índice bursátil de su país. Como tal ha ratificado compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos, como el Pacto Mundial de la ONU sobre Responsabilidad Empresarial, y en su código de ética, que es público, se compromete con los más altos estándares en la materia. Sin embargo, en El Zapotillo concursó para una obra que antes de ser adjudicada ya reportaba la vulneración de varios derechos. Y durante la construcción fue acusada de vulnerar otros.

Indemnización. El Gobierno mexicano seguiría indemnizando mensualmente a FCC y Grupo Hermes por un monto de 19 millones de pesos mensuales, según cláusulas del contrato.

Sostenibilidad versus colonialismo económico

Temacapulín es un pueblo enclavado entre cuatro cerros, conocido por sus aguas termales. En el centro del asentamiento urbano está la iglesia lateranense de 257 años de existencia y tiene vestigios prehispánicos que se remontan al siglo VI. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) certificó que al menos el 70 % del pueblo es monumento histórico de interés nacional, que se perdería al ser inundado.

En la Basílica de la Virgen de los Remedios oficiaba ocasionalmente o en fechas importantes el exsacerdote Gabriel Espinoza, quien con el conflicto pasó de guía espiritual a ser el vocero del Comité Salvemos Temaca. Espinoza renunció al sacerdocio en 2015, orillado por las presiones políticas dentro del Arzobispado. De él es la frase: “Agua para todos y agua para siempre”, que no es un lema nacido de una simple ocurrencia. Surgió en 2010 en medio de las mesas de diálogo que sostuvo la comunidad con la Secretaría de Gobernación a cambio de liberar el bloqueo que mantuvo la construcción detenida en la presa sobre el río Verde, tras el primer fallo judicial que ordenó su suspensión.

Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental, y no la que se licitó. La sentencia del máximo tribunal detuvo la construcción de la presa, y el Gobierno tuvo que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por suspensión de obra durante 2014. Pero ahí no acabó el problema.
Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones”, según la CONAGUA, pero no hay avances ni retrocesos en la construcción. Según las cláusulas del contrato de construcción, el Gobierno mexicano seguiría indemnizando mensualmente a FCC y Grupo Hermes por un monto de 19 millones de pesos mensuales. Según las cuentas públicas de FCC, la obra de El Zapotillo sigue activa y supone para la empresa 164 millones de euros, un 28 % más de lo que se le adjudicó en su momento.

Se solicitó la versión de CONAGUA para este reportaje, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos ninguna respuesta.

Así, mientras una represa detenida sigue impactando las finanzas públicas, el gobierno de Guanajuato y CONAGUA siguen peleando una cortina de 105 metros, lo que significa la inminente inundación de tierras agrícolas, comunidades y vestigios arqueológicos. CONAGUA, por su parte, ha insistido en que la presa es necesaria para preservar los acuíferos subterráneos de la región y que la obra beneficiará a 1.5 millones de habitantes de los dos estados.

En entrevista, la ingeniera ambiental Alessia Kachadourian asegura que las mediciones para determinar la viabilidad de la obra, la inundación de pueblos y el trasvase a León se desprenden de la NOM 011, una métrica obsoleta que “usan para contabilizar metros cúbicos de cuerpos fluviales superficiales, no subterráneos”. En este sentido, dice, la presa no asegura los 119,837,000 metros cúbicos que exige Guanajuato y que le prometió el decreto presidencial de Zedillo.

José Gómez Reyna, ingeniero y rector del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, enfatiza: “El modelo de embalses sobre ríos y trasvases de una cuenca a otra está caduco. No es el mejor modelo de abastecimiento de agua (…) Es una aberración enviar caudales de una cuenca a otra, es decir, de la Lerma-Santiago a la de Guanajuato, y antes de proceder con tales cambios, como indica la UNESCO, aun si fuera técnica e hidráulicamente viable, se tienen que tomar en cuenta consideraciones sociales y ambientales”.

Arturo Gleason, asesor en captación de agua y saneamiento, va más lejos: “No estamos haciendo gran cosa más que la proposición del Gobierno de lograr obras megafaraónicas, costosas, con una vida útil corta, y no estamos apostando a cambiar a la gente, la cultura, a fomentar en los niños y los jóvenes cuidar la poca agua que nos queda. El mismo río Santiago –que nutre a Guadalajara y es uno de los más contaminados del país– está casi muerto. Ese es otro desafío: cómo limpiar el agua”.
Para Gabriel Espinoza, el religioso-activista, la cuestión se reduce a los beneficios económicos que dejan estas obras: “Solo les interesa el agua siempre y cuando ellos vayan a adquirir grandes ganancias, pero Temacapulín ha demostrado que podemos ser autogestivos y defendernos de empresas extranjeras, mexicanas y gobiernos corruptos”, dice sin titubear.

Insuficiente. La presa, en términos prácticos, no asegura los 119,837,000 metros cúbicos que exige Guanajuato y que le prometió el decreto presidencial de Zedillo.

Lobby empresarial

FCC fue fundada por la aristocracia española hace un siglo y cuando ganó el proyecto de El Zapotillo y hasta 2016, la accionista mayoritaria era todavía Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalber, quien ocupa la fortuna 488 del mundo según la revista Forbes. Pero en 2014, el magnate mexicano Carlos Slim entró en FCC y desde julio de 2016 es el máximo accionista, con 61 % de acciones de la empresa.

Ese mismo año, FCC y Grupo Carso (otra empresa de Slim) consiguieron su primer proyecto juntos. Y este febrero pasado, el consorcio liderado por las mexicanas ICA y Carso, junto a las españolas FCC y Acciona firmaron el contrato para construir el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 3,900 millones de euros, el proyecto más grande de la administración Peña Nieto.

En España, FCC ya se ha visto envuelta en escándalos por corrupción, tráfico de influencias, fraude y malas prácticas laborales; sin embargo, sigue siendo la empresa que más contratos públicos recibe por parte de las diferentes administraciones españolas. De hecho, los dos directores de la filial de Construcción de FCC que participaron en El Zapotillo han sido imputados en España por fraude en contratos públicos. El último, Miguel Jurado, fue detenido en enero de 2016 por haber malversado fondos de la empresa pública española de gestión de agua en el Mediterráneo ACUAMED, cuando esta estaba bajo la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura y Medio Ambiente. Arias Cañete es ahora el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y junto a y su colega Maros Sefcovic, vicepresidente de la Unión Europea de la Energía, han sido acusados de privilegiar a las empresas privadas antes del interés público también en la máxima institución continental.

En Temacapulín, María Félix no sabe de las redes de amiguismo que el nobel de Economía Joseph Stiglitz resume como “capitalismo de cuates”, pero sí tiene claro que para ella no es una cuestión de dinero, sino de identidad y dignidad. “Siempre nos hablan de una mejora, pero la verdad yo no le veo ninguna mejora, nos dicen de la reubicación ‘ahí va a estar la casa’, ¿pero a la casa qué? ¿Le vamos a morder o qué la vamos a hacer ahí? En cambio, donde nosotros vivimos estamos luchando por nuestra tradición, por nuestra vida, por lo que tenemos ahí. Nos enseñan el cielo y las estrellas, pero nosotros las tenemos en Temacapulín”, dice frente a las casas de concreto construidas también ilegalmente por la Comisión Estatal del Agua, en el predio Talicoyunque, donde los pretenden desplazar.

Estas reporteras buscaron entrevistar a FCC en México y en España desde 2010. Aquel año la negativa se extendió hasta las oficinas en Madrid, bajo el argumento de “absoluta falsedad” que FCC violara derechos. “El Gobierno mexicano los viola, no nosotros”, arguyeron los voceros. Y una y otra vez, su respuesta reiterada fue que “el código ético de FCC obliga a la compañía a tener en cuenta aspectos no financieros (sociales, medioambientales, etcétera) en los proyectos de inversión o actuación por los que se decide”.

Pero el consorcio empresarial que conforma junto a Grupo Hermes para construir el embalse ha promovido decenas de recursos de revisión y quejas ante el juez contra los amparos promovidos por la asociación de afectados Salvemos Temaca.

En las últimas semanas, FCC rechazó una última solicitud de entrevista para la publicación de este reportaje y alegó que “la obra de El Zapotillo la lleva ya el Grupo Hermes Infraestructura”. “Ya estamos desvinculados de este proyecto”, agregó. Sin embargo, en las cuentas anuales del corporativo español se confirma que FCC mantiene el 50 % de dos empresas ad hoc: Administración y Servicios Grupo Zapotillo, S. A. de C. V. y Constructores de El Zapotillo, S. A. de C. V., cuyo valor neto de libros de cartera crece en 2014 y 2015 aún y con la obra detenida. Durante 2016 se reduce escasamente este valor, computado en euros, coincidiendo con la depreciación del peso mexicano.

Érika González, de Ecologistas en Acción de España y también investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, asevera que el comportamiento de FCC y otras empresas españolas que tiene concesiones en México no es aislado. “No respetan la legalidad del país a donde van, ni el derecho internacional, ni hay extraterritorialidad en la legislación española. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sí tiene estructura en el Banco Mundial para demandar a las multinacionales en el país de origen, pero tampoco está a la altura de las denuncias y, en caso de resolver una sanción, no pasa de una reprimenda moral”, asegura.

Esto se agrava porque España está llevando el liderazgo en la UE con México para garantizar el respeto a los derechos humanos de las empresas. Karen Hudlet, investigadora y representante para México del Centro Internacional de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explica que se reunieron con representantes españoles del Pacto Mundial de la ONU para empresas y derechos humanos para presentarles la situación crítica de empresas como FCC que están cumpliendo los principios rectores del pacto, pero la incidencia “no va más allá de la buena voluntad”.

Detenido. Una sentencia del máximo tribunal detuvo la construcción de la presa, y el Gobierno tuvo que indemnizar con 220 millones de pesos a la empresa española por suspensión de obra durante 2014.

Un conflicto que escaló internacionalmente

La ONU ha intercedido en el conflicto desde 2012 a través del relator del derecho a la Alimentación, Olivier De Schubert, quien visitó la comunidad y probó la variedad de cosechas de temporada de las que se nutre y sostiene Temacapulín. En el informe de su visita, evidenció que no se cumplió el derecho a la información y la consulta de la población afectada, alertó de las denuncias de amenazas y señaló que faltaban garantías de una reubicación digna y el acceso a medios de subsistencia. Además, en junio pasado, el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos presentó su informe sobre la visita que hizo a México en 2016 y mostró su preocupación por “la falta de consulta con personas y comunidades afectadas por los grandes proyectos de desarrollo de todo el país, y que en este caso tiene que ver con la presa detenida.

Ante la inoperatividad de las obras, el gobierno de Jalisco contrató al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una evaluación de la producción de la cuenca del río Verde y las demandas de trasvase, con el fin de desbloquear el conflicto. La UNOPS cobró $4.6 millones (90 millones de pesos) al erario jalisciense y abrió la veda a recuperar la idea de una cortina de 105 metros aun cuando eso sea la sentencia de muerte para tres pueblos originarios. Apenas el 29 de junio pasado presentó su informe final y entre sus cinco opciones de viabilidad solo una respetaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de una cortina a 80 metros de altura. El gobernador Aristóteles Sandoval se apresuró a tomar partido y eligió la opción cinco de una cortina a 105 metros. “Salvar Temacapulín ya no es asequible, no podemos cumplirles, no hay otra solución posible”, dijo en el evento, mientras Gabriel Espinoza le gritaba a pulmón vivo: “Mentira”.

Sin embargo, no se trata de un estudio vinculante y abrirá otra batalla legal y política si se quiere hacer efectivo. Mientras tanto, las empresas siguen ingresando su cuota mensual por detención de obras al erario público y esos gastos extras, como los 90 millones de pesos, podrían haber asegurado la canasta básica de todos los afectados por la presa durante nueve años.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. El equipo de investigación fue conformado por una alianza entre Pie de Página y la Unidad de Investigación de El Universal.

Sin cambios. Desde hace tres años la represa está detenida y “pendiente de adaptaciones”, según la CONAGUA, pero no hay avances ni retrocesos en la construcción.

Empresarios latinos sin papeles preparan plan B bajo Trump

No son criminales. Durante los primeros seis meses de este año, las detenciones de inmigrantes sin estatus legal que no cuentan con un historial criminal se duplicaron con respecto al año pasado.

Era la cara de su negocio, pero ya casi no aparece en el mostrador. Ahora Maribel Reséndiz corta piñas, papayas y naranjas en el fondo del local, como si quisiera que nadie la viera. Varios clientes entran a comprar jugos exprimidos y es su hija la que se apresura a atenderlos.

Maribel y su esposo, Alberto Reséndiz, la han incluido como socia de la frutería que tienen desde hace cinco años y por si son deportados a México, le han transferido también todos los bienes de la familia.

“El temor es que me pare la policía, llame a Inmigración y me lleven a México”, asegura Maribel, quien vive ilegalmente en el país desde 1992. “Cualquier emergencia ella es la que responde… cualquier cosa que me pase ella es socia y puede disponer”.

Atemorizados por la política migratoria de Trump, los Reséndiz son parte de un creciente número de inmigrantes sin autorización legal que son dueños de negocios y han optado por transferir sus empresas o propiedades a familiares nacidos en Estados Unidos, frenar sus inversiones o vender sus tiendas.

Se estima que 10 % de los 11 millones de extranjeros que viven ilegalmente en el país tienen negocios. Con sus planes de contingencia buscan volver a las sombras, proteger sus bienes y garantizarles a sus hijos un ingreso en caso de que ellos sean detenidos y repatriados.

Uno de ellos es Mauro Hernández, un mexicano de 44 años, que puso a la venta el negocio de pollos asados que abrió hace seis años en Queens, Nueva York. El local está a nombre de un amigo que vive legalmente en Estados Unidos. Hernández dice que él dirige el negocio, paga los impuestos y a sus 10 empleados. Si es deportado, nadie llevará las cuentas y eso perjudicará el historial financiero de su colega.

“Lo que no quiero es que afecte a mi amigo”, asegura Hernández, quien ya fue deportado y regresó hace más de una década. “Desde que ganó Trump he estado muy preocupado”.

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Negocios familiares.

Algunos de los empresarios que están tomando estas medidas aseguran que no tienen otra opción.

Bajo Trump, los arrestos de inmigrantes sin autorización ascendieron a 75,000 entre enero y junio, un incremento de 37 % con respecto del mismo periodo de 2016. Además, durante los primeros seis meses de este año, las detenciones de inmigrantes sin estatus legal que no cuentan con un historial criminal llegaron a casi 20,000, más del doble que el mismo periodo el año pasado.

“Todo el mundo está tomando precauciones”, expresó el abogado Jorge Rivera. “No quieren que el negocio desaparezca de la noche a la mañana. Quieren mantener sus ingresos” aun estando lejos.

Varios de los empresarios entrevistados por The Associated Press hablaron a condición de no ser identificados, por temor a las autoridades.

Entre ellos está un mexicano de Los Ángeles que llegó en 1995 sin papeles y desde 2001 tiene dos empresas de publicidad y mercadeo con 50 empleados.

A pesar de facturar unos cinco millones de dólares al año en contratos con hospitales privados y médicos particulares, el hombre de 40 años piensa mudarse a España con sus cuatro hijos estadounidenses y su esposa, que también está ilegalmente en el país. El plan contempla pasar a nombre de su hermana y sobrina estadounidenses las empresas y vender sus cinco automóviles y sus dos casas, en Las Vegas y en Los Ángeles.

Dice que este año ha rechazado renovaciones de contratos equivalentes a $1.5 millones, porque no quiere quedarse con negocios pendientes si lo deportan o se va a España y que adquirió dos casas en México porque ya no quiere invertir aquí.

“Nos tratan igual que a un criminal, a todos de la misma manera”, asegura el hombre. Los Reséndiz fueron afortunados de tener a una hija estadounidense que se hiciera cargo de la frutería en Florida City, una pequeña localidad al sur de Miami donde vive una numerosa comunidad de trabajadores agrícolas.

Apenas Trump fue elegido presidente, le pidieron a un contador que incluyera como socia a Diana, la mayor de sus cinco hijos estadounidenses y le transfiriera tres cuentas bancarias, cuatro automóviles y el camión de compras del negocio que tienen hace cinco años.

Diana, de 24 años, se levanta ahora a las 3 de la madrugada para manejar unos 60 kilómetros hasta el mercado mayorista, una tarea que sus padres ya no quieren hacer por temor a que los detengan.

 

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Inmigrante trabajando.

Los negocios de inmigrantes sin autorización legal van desde servicios de limpieza ofrecidos por personas individuales hasta restaurantes y agencias publicitarias que emplean a decenas de personas, aunque no existen estadísticas oficiales sobre esta parte de la economía. Según el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes sin estatus legal contribuyen con más de $11,700 millones en impuestos estatales y locales al año.

Ese razonamiento, sin embargo, no convence a activistas que están a favor de un mayor control de la inmigración.

“Están tratando de mantener sus ganancias ilícitas y el Gobierno estadounidense no debería permitir que inmigrantes ilegales tengan propiedades o empresas ni que las transfieran”, dice William Ghenn, presidente de Americans for Legal Immigration, un grupo cuya sede está en Carolina del Norte. “Bajo las leyes estadounidenses, justicia significa deportación de los inmigrantes ilegales”.

Pero otros, como Daniel Costa, del Economic Policy Institute, piensan que no es justo que regresen a las sombras.

“Es algo terrible para la economía”, considera, destacando que un 5 % de la fuerza laboral estadounidense corresponde a inmigrantes no autorizados. “Si quieren que su negocio sobreviva van a tener que hacer un plan”, dijo.

Portavoces del Departamento de Seguridad Interna dijeron a la AP que su objetivo es deportar a delincuentes, pero aclararon que no harán excepciones con ciertas “clases o categorías” de extranjeros que viven en el país ilegalmente. No indicaron cuáles eran esas categorías.

La deportación también desvela a los peruanos Carmen y Jorge Tume, que tienen un lavadero móvil de carros desde 2004. Por años recorrieron el sur de la Florida con su camioneta cargada con una máquina de presión de agua, un generador y varios tanques de agua y productos de limpieza.

Atendían a más de 200 clientes semanales que representaban unos 1,600 de ingresos, y contrataban a dos empleados, pero con Trump se sienten inseguros de manejar sin licencia y rechazan clientes que están a más de 30 kilómetros de su casa. Ahora solo tienen 60 clientes a la semana y sus ingresos bajaron a $600.

“Ya no nos queda ninguna esperanza”, dice Carmen, de 50 años. “Todo lo que habíamos construido se está desmoronando”.

Para Maribel Reséndiz, la mexicana de 42 años que tras cruzar la frontera trabajó recogiendo tomates, los cambios representan la pérdida de su identidad como propietaria de un negocio que le permite vivir sin pedir asistencia pública.

“Yo no dependo del Gobierno. Tengo seguro médico para mis hijos, para mí, para mi esposo. Yo pago todo, mis taxes (impuestos), del negocio y personales”, expresa. “No vivo del Gobierno ni le pido nada”.

Maribel asegura que nunca antes sintió la necesidad de convertirse en residente legal, hasta la llegada de Trump. En noviembre, amparada por su hija estadounidense, Diana, solicitó la residencia legal. Ahora espera nerviosa una respuesta que aún no ha llegado. Recuerda que hace más de dos décadas dejaron su país y desde entonces forjó toda su vida aquí.

“Tengo mi sueño hecho realidad porque tengo mi propio negocio”, asegura. “Ahora ya no tengo nada a nombre mío”.

En números. Los inmigrantes sin estatus legal contribuyen con más de $11,700 millones en impuestos estatales y locales al año.

Brasileños eran “esclavos” de una iglesia en EUA

Sufrimiento. Para Juliana Oliveira, estar en esta Iglesia fue como “ser una rana en una olla de agua hirviendo, sufre, pero no puede saltar”.

Cuando André Oliveira respondió al llamado para dejar su congregación en Brasil vinculada a Word of Faith Fellowship (Hermandad Palabra de Fe) y mudarse a la matriz de la Iglesia en Carolina del Norte a los 18 años, los líderes de esta le quitaron su pasaporte y dinero para mantenerlos seguros, según le dijeron.

Atrapado en el extranjero, fue obligado a trabajar 15 horas diarias, usualmente sin paga, primero limpiando bodegas para la hermética Iglesia evangélica y luego en negocios propiedad de altos ministros, señaló. Cualquier quebranto de las reglas podía causar la ira de los líderes de la Iglesia, señaló, y derivar en golpizas o la humillación pública desde el púlpito.

“Fuimos traídos de contrabando. Sabían lo que hacían. Necesitaban mano de obra y nosotros éramos mano de obra barata… más bien, mano de obra gratuita”, afirma Oliveira.

Fundadora. Esta foto, proporcionada por un exmiembro de la Comunidad
de la Palabra de Fe de Brasil, muestra a la fundadora Jane Whaley con niños en la
iglesia en Spindale, Carolina del Norte.

Una investigación periodística halló que la Word of Faith Fellowship utilizaba las dos ramas que la Iglesia tenía en el país más grande de Latinoamérica para canalizar un flujo constante de trabajadores jóvenes que llegaban con visas de turista y estudiante a sus instalaciones de 14 hectáreas (35 acres) en el pueblo de Spindale, ubicado en un área rural.

Bajo la ley estadounidense, los visitantes con visas de turista no pueden realizar trabajos por los que la gente normalmente sería compensada. Aquellos con visas de estudiante pueden trabajar un poco, bajo circunstancias que no se cumplían en la Word of Faith Fellowship.

En al menos una ocasión, los exfeligreses alertaron a las autoridades. En 2014, tres exmiembros le dijeron a una vicefiscal federal que los brasileños eran forzados a trabajar sin sueldo, según una grabación obtenida.

“¿Y golpean a los brasileños?”, preguntó Jill Rose, ahora fiscal en Charlotte.
“Definitivamente”, respondió uno de los exfeligreses. Los ministros “casi siempre los traen acá para que trabajen gratis”, dijo otro.

Aunque se escucha a Rose prometer que investigaría, los exmiembros dijeron que nunca respondió cuando reiteradamente intentaron contactarla en los meses que siguieron a la reunión.

Rose se negó a hacer comentarios para este reportaje, bajo el argumento de que hay una investigación en curso.

*

Oliveira, quien huyó el año pasado de la Iglesia, es uno de 16 brasileños exfeligreses que le dijeron que fueron forzados a trabajar, con frecuencia sin sueldo, y agredidos física y verbalmente. La agencia noticiosa también revisó varios reportes policiales y quejas formales presentadas en Brasil relacionados con las duras condiciones impuestas en la Iglesia.

“Nos tenían como esclavos”, cuenta Oliveira entre pausas para secarse las lágrimas. “Éramos prescindibles. No significábamos nada para ellos. Nada. ¿Cómo le puedes hacer eso a la gente: decirles que los amas y luego golpearlos en nombre de Dios?”

Con frecuencia, los brasileños hablaban poco inglés cuando llegaban, y a muchos les confiscaron sus pasaportes.

Mensaje. Este y otros libros escolares usados por los miembros de la
Iglesia de la Palabra de Fe en Brasil muestran fuertes distorsiones. En lugar de la
sexualidad humana, por ejemplo, el ciclo de vida se enseña mediante
la reproducción de plantas.

Muchos varones trabajaban como albañiles; las mujeres como niñeras y en la escuela primaria y secundaria de la Iglesia, dijeron los exmiembros. Una brasileña que solía ser feligresa contó que solo tenía 12 años la primera vez que la pusieron a trabajar.

Aunque funcionarios de inmigración en ambos países indicaron que era imposible calcular la cantidad de seres humanos traficados, al menos varios cientos de jóvenes brasileños han emigrado a Carolina del Norte en las últimas dos décadas, según entrevistas con exmiembros.

Las revelaciones de trabajo forzado son las más recientes de una investigación en curso que expone años de abuso por parte de la Word of Faith Fellowship. Según entrevistas exclusivas con 43 exmiembros, documentos y grabaciones hechas en secreto, se reportó en febrero que los feligreses eran golpeados, abofeteados y asfixiados con frecuencia en un intento por “purificar” a los pecadores sacándoles los demonios a golpes.

La Iglesia rara vez ha sido sancionada desde que Jane Whaley, líder de la secta y exprofesora de matemáticas, la fundó en 1979 con su esposo, Sam. Otro reporte previo explicaba cómo los líderes de la Iglesia les ordenaban a los feligreses que les mintieran a las autoridades que investigaban los reportes de abusos.

Se hicieron varios intentos para obtener comentarios para esta historia de los líderes de la Iglesia en ambos países, pero no respondieron.

*

Bajo el liderazgo de Jane Whaley, la Word of Faith Fellowship creció de un puñado de seguidores a unos 750 fieles en Carolina del Norte y un total de casi 2,000 miembros en sus iglesias en Brasil y Ghana, y sus filiales en Suecia, Escocia y otros países.
Los miembros visitan el recinto de Spindale de todas partes del mundo, pero Brasil es la principal fuente de mano de obra extranjera. Whaley y sus principales asistentes visitan las sedes brasileñas varias veces al año.

El exmiembro Thiago Silva dice que estaba emocionado cuando abordó el avión en la ciudad brasileña de Belo Horizonte para asistir a un seminario de la Word of Faith en Carolina del Norte en 2001. Tenía 18 años y esperaba utilizar su visa de turista para conocer gente nueva y visitar Estados Unidos.

Pronto se dio cuenta de que “no habría felicidad”.

“Nos tenían como esclavos”, cuenta Oliveira entre pausas para secarse las lágrimas. “Éramos prescindibles. No significábamos nada para ellos. Nada. ¿Cómo le puedes hacer eso a la gente: decirles que los amas y luego golpearlos en nombre de Dios?”

“Los brasileños vienen aquí para trabajar. Te digo, así es”, dice Silva. Califica el trato de “una violación a los derechos humanos”.
Silva, ahora de 34 años, recuerda haber estado entre un grupo de brasileños que trabajaron junto a estadounidenses, a los cuales sí les pagaban, pero a los suramericanos no, agregó.

Silva y otros también cuentan que Whaley tomó control total de la vida de los feligreses de ambos continentes, al dictar condiciones básicas de vida como dónde vivían y lo que podían comer, e incluso concertó matrimonios forzados con estadounidenses para que pudieran permanecer en el país.

La falta de libertad era generalizada, explican. Silva, por ejemplo, cuenta que podía llamar a sus padres solo si alguien que hablaba portugués monitoreaba la llamada.
“No hay libre albedrío”, dice. “Hay el albedrío de Jane”.

Arrepentido. Thiago Silva habla durante una entrevista en su casa en Marlborough, Massachusetts. Este brasileño de 34 años de edad se arrepiente de no abandonar antes la Iglesia de la Palabra de Fe.

A lo largo de dos décadas, la Word of Faith Fellowship absorbió dos iglesias en Brasil en las ciudades surorientales de Sao Joaquim de Bicas y Franco da Rocha.

Durante sus frecuentes visitas, Whaley les decía a los miembros brasileños de su rebaño que podían mejorar tanto su vida como su relación con Dios en un peregrinaje a la Iglesia matriz, según varios de los entrevistados. El estilo de devoción brasileño era inferior, decía con frecuencia.

Además de prometerles un mayor rango en la Iglesia, algunos cuentan que también fueron persuadidos con la oportunidad de asistir a la universidad, aprender inglés y ver un poco de Estados Unidos.

Otros dicen que sentían que simplemente no tenían otra opción.

En el campo. Los miembros visitan el complejo Spindale de todo el mundo,
pero Brasil es la mayor fuente de mano de obra extranjera.

Mientras tanto, las estrictas reglas implementadas en Spindale estaban siendo impuestas en Brasil, por lo que se presentaron denuncias a la policía y hubo una audiencia legislativa en 2009. Pero la Word of Faith nunca enfrentó ninguna censura oficial –muchas de las acusaciones se reducían a la palabra de exmiembros contra la Iglesia–, y el tráfico humano seguía, incluso cuando los padres brasileños decían que les cortaban por completo la comunicación con sus hijos en Carolina del Norte.

Calificada como “rebelde” porque siendo niña le respondía a los pastores, Elizabeth Oliveira, sin parentesco con André, dice que con frecuencia era aislada durante días en las casas de varios ministros en Sao Joaquim de Bicas.

Enviarla a Estados Unidos era una forma de “corregir” su mal comportamiento. Dice que tenía 12 años cuando hizo su primer viaje largo a Spindale y de inmediato la pusieron a trabajar. Ayudaba en la escuela durante el día, luego cosía ropa y era niñera en las tardes, a veces bastante después de la medianoche, dijo Oliveira. Nunca le pagaron, comentó.
Ahora de 21 años y estudiante de Medicina en Belo Horizonte, Oliveira dice que rompió lazos con la Iglesia tras su octavo viaje a Spindale.
“Sufrí tanto ahí”, afirmó. “Cuando cumplí 18 me fui y me dijeron, una vez más, que moriría por mi cuenta en la vida y me iría al infierno”.

Desde los cinco años, Ana Alburquerque viajó con sus padres a Spindale desde Brasil 11 veces a lo largo de más de una década. Con el tiempo, cuenta, atestiguó tantos gritos y empujones para “eliminar demonios” que comenzó a ver ese comportamiento como algo normal.

En sus últimos tres viajes se unió a un grupo de más de una veintena de adolescentes brasileños que se quedaban hasta seis meses con visas de turista.
“Llegan contigo y te dicen: ‘Podrás conocer Estados Unidos de América. Podrás ir a los centros comerciales’”, explica. “Pero cuando llegas ahí todo está controlado”.

Alburquerque, ahora de 25 años, dice que trabajó tiempo completo sin paga: como asistente de maestro en la escuela durante el día y al cuidado de hijos de feligreses durante la noche.
Su ajuste de cuentas llegó durante su viaje final, cuando tenía 16 años. Alburquerque dice que Whaley y otra ministra la azotaron repetidamente con una tabla de madera mientras gritaban que era “impura” y estaba poseída por el demonio.
“¡Reza para que salga de ti!”, recuerda Alburquerque que la exhortaron durante una sesión de 40 minutos. Durante sus últimas dos semanas en Spindale, Alburquerque se enfrentó a días de aislamiento forzado, lecturas de la biblia, amenazas de ser llevada a un pabellón psiquiátrico y las negativas de Whaley de permitirle hablar con sus padres. Finalmente le permitieron volver a Brasil, donde abandonó la Iglesia.

Luiz Pires tenía 18 años en 2006 cuando ministros de la iglesia de Sao Joaquim de Bicas lo motivaron a viajar a Carolina del Norte para su mejoramiento espiritual.

Vulnerables. Este es uno de los vecindarios de bajos ingresos cerca del Ministerio
Evangélico Comunidad Rhema, o el Ministerio Evangélico Comunitario de Rhema, en
Franco da Rocha, Brasil, en la mayor área de Sao Paulo.

Al llegar, cuenta, le parecieron “horrorosas” las condiciones de vida, con ocho personas apretujadas en el sótano de la casa de un líder de la Iglesia, forzadas a trabajar largas horas en negocios relacionados con la institución. Cualquier pago se destinaba a gastos para vivir, dice Pires, a pesar del hecho de que él y otros limpiaban y hacían jardinería en la casa del feligrés donde vivían.

“Nunca había tiempo para sentarse. Nos hacían trabajar como esclavos”, recuerda.

El exfeligrés Jay Plummer supervisaba los proyectos de remodelación del negocio de un líder de la Iglesia y confirma que sus colegas estadounidenses recibían un sueldo, pero no los brasileños que trabajaban con ellos.
“Trabajaban por alojamiento y comida, y no tenían opción”, explica Plummer. “Y cuando no querían trabajar y lo expresaban, solo se metían en problemas”.
Paulo Henrique Barbosa había escuchado las historias de terror sobre la vida en Spindale. Pero la influencia de la secta era tan fuerte que explica que él sentía que debía obedecer cuando los líderes de la Iglesia en Franco da Rocha –con apoyo de sus padres– le dijeron que tenía que viajar a Spindale en 2011, a sus 17 años.

Los pastores le dijeron que, de negarse, violaría la voluntad de Dios.
“Todo el mundo sabía que estos no eran viajes turísticos”, cuenta Barbosa, ahora de 23 años y con un trabajo en tecnología de la información en Sao Paulo. “No quería ir, pero no tenía opción”.

Ya en Spindale, las condiciones fueron peores a lo que temía. Durante seis meses ayudaba en la escuela en las mañanas y trabajaba como albañil en las tardes y noches, a veces hasta la 1 de la madrugada. Nunca le pagaron.

La Iglesia controlaba todo lo que hacía, de acuerdo con Barbosa, incluso prohibiéndole comer entre comidas. La televisión, la música y ciertos productos de marca estaban prohibidos.

Las revelaciones de trabajo forzado son las más recientes de una investigación en curso que expone años de abuso por parte de la Word of Faith Fellowship. Según entrevistas exclusivas con 43 exmiembros, documentos y grabaciones hechas en secreto, se reportó en febrero que los feligreses eran golpeados, abofeteados y asfixiados con frecuencia en un intento por “purificar” a los pecadores sacándoles los demonios a golpes.

Según Barbosa, dormía en el sótano de un miembro de la Iglesia, con unos 15 jóvenes más. Y estaba prohibido hablar portugués.

Cualquiera que superara los cinco minutos permitidos en el baño era sospechoso de cometer el “pecado” de la masturbación, y Whaley era convocada a la casa para que dictara el castigo.
Si parecía que alguno de los hombres había tenido un “sueño impuro”, recuerda Barbosa, todos eran despertados, ordenados a rodearlo, sacudirlo varias veces y gritar en sus oídos para “expulsar los demonios”, una práctica que la Word of Faith llama “blasting”.

Barbosa asegura que pidió regresar a Brasil muchas veces “pero siempre me dijeron no, que la voluntad de Dios era que me quedara”.

Irse por su cuenta parecía imposible. Había volado a Charlotte, a más de una hora de Spindale, no poseía un auto y tenía poco dinero. No conocía a nadie fuera de la Iglesia y no hablaba inglés. Solo se le permitió regresar a Brasil cuando iba a expirar su visa de turista. “Desde niño eres adoctrinado para creer que dejar la Iglesia significa que te irás al infierno, o te dará cáncer o sida”.

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Se han documentado repetidas violaciones a las visas de turista y estudiante obtenidas para los miembros de la Iglesia brasileña.

En la mayoría de los casos, los brasileños llegaban a Carolina del Norte con una visa de turista de seis meses para servicio en la Iglesia, en ocasiones en grupos de 20 o 30. Algunos regresaban a su país tras unas semanas; otros se quedaban el tiempo completo.

Quizá para evadir las leyes que prohíben dar empleo a los visitantes, los líderes de la Iglesia a veces se referían al trabajo forzado como “trabajo voluntario”, según brasileños entrevistados en ambos países.

Dicho trabajo incluía tumbar paredes e instalar muros de mampostería en apartamentos propiedad y alquilados por un alto ministro de la Iglesia y sus familiares.

Ross Eisenbrey, del Instituto de Política Económica en Washington, D. C., un centro de estudios que se enfoca en temas laborales, dice que las propiedades en alquiler son “para negocios con fines de lucro para los cuales los inmigrantes no pueden ser voluntarios” bajo la Ley de Normas Laborales Justas.

Algunos de los entrevistados explican que habían sido atraídos a ir a Estados Unidos en parte por las promesas de obtener una educación universitaria, pero fueron incapaces de estudiar o asistir a clases por sus estrictos horarios laborales.

Expansión. En el transcurso de dos décadas, la secta estadounidense tomó
el mando de dos congregaciones en Brasil, y aplicó una estricta interpretación de la biblia,
reforzándola mediante rigurosos controles y castigos físicos.

“Había ocasiones en que terminaba las 4 de la mañana y sabía que tenía que levantarme a las 8 para ir a trabajar. Me sentaba ahí, observando mis libros. Pero, ¿cómo puedes concentrarte? Simplemente estás muy cansado”, dice André Oliveira.
Exfeligreses dicen que muchos brasileños más llegaron con visas de turista, y varios centenares de adolescentes se quedaron períodos extensos.

La experiencia de André Oliveira, ahora de 24 años, es ilustrativa.

Después de viajar por primera vez a Spindale en 2009, dice que se tardó varios meses en obtener permiso para regresar a Brasil. De vuelta a casa, él y otros fueron forzados a mudarse a la casa de un ministro, donde trabajó limpiando durante meses hasta que le dijeron que “era la voluntad de Dios visitar Spindale, en esta ocasión con una visa de estudiante”.

Cuando regresó a Carolina del Norte, los ministros otra vez le quitaron el pasaporte y lo pusieron a trabajar en compañías propiedad de ministros de la Iglesia, cuenta. Tomó algunas clases universitarias, pero no tenía tiempo para estudiar.

“Un día típico comenzaba así: empezaba a trabajar a las 9 de la mañana y terminaba 15 o 16 horas después, a veces más”, comentó. “No parábamos”. Oliveira y otros aseguran que tenían pocas opciones salvo seguir órdenes.

“Sabíamos lo que pasaría: nos gritarían, condenarían, golpearían. ¿Y qué vas a hacer? No tienes a dónde ir, no hablas el idioma, no tienes documentos. Entonces trabajas”, relata Oliveira.

“Era trabajo de esclavos”, agrega Rebeca Melo, de 29 años, quien creció en la Iglesia en Brasil y visitó Estados Unidos unas 10 veces para labores religiosas y viajes con su familia.
Esas visitas incluían paseos para hacer compras, pero dice que las cosas fueron muy diferentes cuando se mudó a Spindale en 2009 con una visa de estudiante. “No quería mudarme ahí. Jane dijo que era la voluntad de Dios”.

Melo cuenta que le quitaron su pasaporte y rápidamente fue puesta a trabajar. A pesar de su visa de estudiante, funcionarios de la Iglesia fueron claros de que la escuela no debía ser su objetivo, agrega. “Las visas de estudiante solo eran un medio para que estuviéramos ahí legalmente”.

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El tipo de “amor” de Whaley también jugó un papel importante para que los hombres brasileños quisieran ir a Spindale, y mantenerlos ahí una vez que expiraran sus visas, según 10 exfeligreses.

Algunos de los entrevistados cuentan que hombres brasileños –así como varios miembros de la Iglesia de otros países– obtenían su tarjeta para la residencia permanente y permiso de trabajo al estar “casados” con mujeres estadounidenses en la institución.

El matrimonio arreglado para evadir las leyes migratorias de Estados Unidos es ilegal.

Los matrimonios concertados también servían para subsanar el hecho de que la congregación de Spindale tenía más mujeres solteras que hombres, dijeron los exmiembros. Bajo las reglas de Whaley, los feligreses no pueden tener una cita con alguien fuera de la Iglesia, mucho menos casarse.

“Puedo contar al menos cinco o seis brasileños que se mudaron aquí para casarse con una chica estadounidense”, dijo Melo. “Nunca jamás considerarían permitirte salir con alguien afuera de la Iglesia”.
Según Silva, con frecuencia Whaley le dijo a la gente que Dios le decía con quién debían casarse o usaba su mano dura en la vida de los feligreses para concertar relaciones.

Silva recuerda a una joven pareja brasileña enamorada que, de casarse, no hubiera podido quedarse en Estados Unidos al expirar sus visas. Whaley quería que el hombre se quedara en Spindale, así que le dijo que era la “voluntad de Dios” que se casara con una estadounidense, narra.

A punto de expirar su visa, André Oliveira dijo que los líderes de la Iglesia le encontraron una prometida.

No pasó mucho tiempo después de que la exintegrante Kim Rooper se uniera a la Iglesia de Spindale cuando le pidieron que se casara con un ecuatoriano cuya visa estaba por expirar.
Rooper, una estadounidense que ahora vive en Tampa, Florida, dice que la entrenaron para hacer que el matrimonio pareciera legítimo ante las autoridades migratorias, como por ejemplo, tener un álbum de fotos de la pareja.

“Para no hacer larga la historia, llegó la hora de consumar el matrimonio y pasé apuros con eso”, explica. “Tuve problemas porque no lo amaba y no sentía atracción por él”.
Los líderes de la Iglesia le dijeron que era la “voluntad de Dios” que se sometiera a su esposo. “Y ahí supe que tenía que escapar”.

Pareja. Jane Whaley, fundadora de la Iglesia, aparece en esta imagen acompañada de su esposo, Sam, centro derecha, y otros durante una ceremonia en Spindale.

El éxodo de los venezolanos que buscan refugio para retomar sus terapias contra el VIH

Problema crónico. Miles de pacientes reclaman en las calles la falta de medicinas en Venezuela.

Una tarde de septiembre de 2016, un empleado del Ministerio de Salud venezolano llamado Antonio regresó a su casa sin el antialérgico que necesitaba su esposa. Después de largas horas de recorridos por farmacias vacías en el estado de San Francisco de Apure, solo tuvo una certeza: ambos tenían que abandonar el país. El estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de antirretrovirales ni pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia enfermedad. La pareja no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de América Latina para recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida. La última estación sería Perú.

Antonio y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron en una habitación alquilada al norte de la capital del único país donde pudieron encontrar un empleo para cubrir sus gastos básicos. “Necesitábamos retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y gestos pausados, sentado en el local de una organización civil que vigila el abastecimiento de antirretroviral.

Esta familia forma parte de una oleada de siete mil venezolanos que consiguieron permisos de permanencia temporal en el país este año, con facilidades dadas por el Gobierno, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron de Venezuela por razones de salud, desde noviembre de 2016, la ONG Grupo Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que vinieron con el objetivo específico de retomar sus terapias para controlar esta enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en San Martín de Porres, un extenso distrito al norte de Lima.

En realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por razones de salud. Antes buscan ayuda en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza San José de Cúcuta, Colombia, la zona más próxima al Puente Internacional Bolívar, colindante con Ecuador. Los migrantes eligen ir primero a Ecuador porque los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos –ciertamente más que en Perú. Solo necesitan presentar un carnet de identificación, su historia clínica y acudir a algunas charlas de orientación. “El problema allá es otro. No encontramos trabajo y nos quedamos sin dinero”, cuenta Pamela, una mujer de 36 años, voz alegre y manos expresivas, quien era profesora en una escuela pública de su país. Ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Antonio, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante en una fábrica de polos del emporio textil de Gamarra.

Antes de ingresar a Perú, la pareja recibió atención en el Hospital de Infectología de Guayaquil por unas semanas, pero tomó la decisión de venir al país cuando se enteró de las facilidades migratorias dispuestas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hasta hace unos meses, los venezolanos debían obtener un permiso de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno aprobó un permiso temporal de permanencia exclusivamente para ciudadanos de ese país. Este documento, que tiene una vigencia de un año, les permite estudiar, trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico. “Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del terrorismo”, dice un vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Hasta fines de 2016, el Sistema Integral de Salud (SIS) ya tenía registrados 2,667 ciudadanos con carnet de extranjería, lo que les permite recibir atención médica en calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta porque muchos de ellos aún no tienen este documento. “Este caso está siendo estudiado para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice María Cecilia Lengua Hinojosa, médica encargada de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del SIS.

Los pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de asistencia social de los hospitales.
Esos datos aparecían en grupos en Facebook creados por otros migrantes venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Entonces, cruzaron en automóvil el pueblo fronterizo de Huaquillas (Ecuador) con dirección hacia Zarumilla (Perú), pernoctaron unos días en Tumbes y luego tomaron un bus interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital San José del Callao”, dice Pamela.

Una pandemia fuera de control

La tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir nuestra entrevista por un canal de WhatsApp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El Gobierno solo muestra indiferencia”, añadió.

La organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65 mil personas con VIH que dependen de las medicinas que compra el Estado venezolano para mantenerse con vida. Sin tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su pronóstico se complica.

“Lo que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con sede en Estados Unidos.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han incrementado. “En 1997 no superaban las mil; en 2015 llegaron a los 3,300 casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela viven también 44 mil personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y cada año se suman un promedio de 5,600 nuevos enfermos.

Pese a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los pacientes infectados. En 2014 el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y anticoagulantes.

StopVIH ha documentado 66 episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales que ha puesto en peligro la vida de más de 65 mil pacientes de VIH.

A comienzos de 2017, la situación llegó al límite: el 90 % de las medicinas de alto costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegó a las farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas. Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, recogidos para The Big Pharma Project, el Ministerio de Salud mantiene desde 2014 una deuda de $4,000 millones con laboratorios proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector si liquidaba el 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta condición.

Las autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS en 2015 y 2016. Sin embargo, Antonieta Caporales, una de los tres ministros de Salud que ha tenido Venezuela en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos que todo el lote costaba alrededor de $12 millones y el Gobierno no tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en una entrevista para este reportaje.

El peligro de la resistencia

Cuando Elvis Ortuño partió de Valencia, la ciudad más poblada del estado venezolano de Carabobo, tuvo que desprenderse de su familia, su pareja y su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los próximos meses y tuvo miedo por su vida. Llevaba apenas un mes intentando asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH y sus pruebas de carga viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir las infecciones) ya estaban por debajo de lo normal. “Si me quedaba, corría el riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.

Al igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las alternativas que había en el extranjero y emprendió un viaje por tierra hacia Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la zona de Caramuca, en el estado venezolano de Barinas, antes de seguir la ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios guardias te siembran cosas son constantes”, relata.

El problema de Ortuño empezó en el puesto migratorio del fronterizo municipio colombiano de San José de Cúcuta, donde los oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, como una especie de constancia de que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio, buscó diversas formas de cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso funcionó. Solo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.

“Sabía que al pasar el puente Internacional Bolívar mi vida iba a cambiar. Fue como un signo de esperanza”, cuenta. Elvis Ortuño solo tenía $120 en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales para un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en autobús desde Colombia hacia Ecuador.

Luego de 36 horas de recorrido, este joven venezolano de contextura delgada y piel tostada llegó al puente Internacional de Rumichaca, por donde finalmente ingresó a Ecuador. Su destino era el Hospital de Infectología de Guayaquil y tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para cumplir su objetivo. Por fortuna, en este servicio de salud recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con solo mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Con esa preocupación volvió a indagar en internet una segunda opción de destino, y esta vez se comunicó por correo con el colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en Perú.

En octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó la tercera frontera para salvar su vida. No llegó a Lima, se quedó a medio camino, en la ciudad de Trujillo, donde consiguió integrarse al programa de tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como mozo en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo que interrumpir algunas veces su terapia.

“Si hay muchos pacientes que incrementan su carga viral y se vuelven resistentes a su terapia, la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray.

Sin embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas de Perú.

Solo este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en Venezuela: desde enero no hay zidovudina en jarabe para niños, y desde febrero tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que hay pocas posibilidades de medir correctamente los niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo en la población venezolana y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro meses. “No sabemos cómo estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Epidemiología.

El VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en 1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no cuenta con terapias modernas porque estas son muy costosas”, dice Sánchez.

Donaciones retenidas

En Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), a través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron distribuidas a los beneficiarios.

Además, en 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de medicamentos.

Si bien en Caracas una parte de pacientes con VIH sobrevive con las últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a los estados del interior como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio, Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir los medicamentos y salvar su vida.

En 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto.
Los servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición, pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela: temen que llegue el momento en que los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas de medicinas y empiecen a restringir la cobertura para migrantes. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a $1,480,790 en 2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice Alberto Nieves, de Acción Ciudadana Contra el Sida.

El desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que salieron a las calles tenían un lema: “si no salimos, igual nos morimos por falta de medicamentos”.

*Este reportaje elaborado por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco para Ojo Público es parte de The Big Pharma Project y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA gracias a un acuerdo de difusión de contenidos con CONNECTAS.