¿Y Probidad?

Se fue Douglas Meléndez de la Fiscalía. Llegó Raúl Melara, marcado por las enormes dudas que genera su cercanía al partido ARENA. Antes se había dado la renovación de la Corte Suprema de Justicia con la llegada de nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional; una de las primeras decisiones, en esta nueva composición, ha sido echar más sombras a la forma en que el máximo tribunal procesa los casos de la oficina de Probidad. No son buenas noticias.

Empecemos por la Fiscalía. En el obituario del exfiscal Meléndez hay que escribir, sí, que se quedó corto en varios de los casos que pretendió, al llegar al despacho, incluir en la bitácora de su gestión. En casos importantes, como las de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública o la tregua entre las pandillas y el Estado, acudió a esa su costumbre de intentar cubrir con frases altisonantes carencias básicas en acciones penales que casi nunca tocaron a los planificadores de los crímenes o a los funcionarios de alto rango que los permitieron.

Tampoco fue Meléndez capaz de emprender dentro de la Fiscalía una reforma real, encaminada a extirpar la desidia o corrupción de algunas jefaturas. Siempre acudía el exfiscal a justificarse en la falta de recursos.

Eso dicho, también hay que escribirlo con todas las letras, que Douglas Meléndez hizo lo que ninguno de sus antecesores había hecho: emprender procesos penales serios y en algunos casos bien investigados contra los más importantes representantes del poder político. La condena y confesión criminal de Elías Antonio Saca y la persecución penal a Mauricio Funes no son poca cosa.

Importante fue también la acción legal emprendida contra el empresario Enrique Rais, quien había armado, en el mismo ministerio público y en los tribunales, una red de corrupción que incluyó, además de a un ex fiscal general, a jueces, policías, peritos forenses y periodistas. El de Rais es uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto una mafia privada puede cooptar al Estado.

Estos casos, como ya apuntaba Cristian Villalta en este periódico, no hicieron más que confirmar por vía procesal penal la extensión de la podredumbre que existe en nuestras instituciones. Eso es ya, en algunos casos, verdad judicial, gracias, por ejemplo, a la confesión del expresidente Antonio Saca, que es en realidad un manual de cómo desviar fondos públicos a operaciones políticas y cuentas personales.

Buena parte de las acusaciones que Meléndez presentó en los casos contra Funes y Saca están basados en los descubrimientos hechos por la sección de Probidad de la Corte Suprema. El futuro de esa oficina y de lo que la Fiscalía haga con los insumos que de ella reciba son esenciales para la lucha contra la corrupción en El Salvador.

Pero Probidad parece ya un fantasma. Eso se debe a las mafias políticas que han intentado anularla, a los mismos diputados que son juez y parte en esto; que fueron investigados por Probidad y tuvieron voz y voto en las elecciones tanto de los magistrados de los que hoy depende esa oficina como de la del fiscal que es hoy encargado de convertir en persecuciones penales esos indicios.

En la lista de investigados por Probidad hay funcionarios y diputados del FMLN, ARENA y de GANA, las tres principales fuerzas políticas en contienda para la presidencial del próximo 3 de febrero. Varios de ellos son voces influyentes en esos tres partidos políticos; voces que estuvieron en las mesas donde se escogió a los magistrados y a Raúl Melara.

No es descabellado –ni siquiera extraordinario– pensar que esos electores pusieron en la mesa de negociación su interés de mantener los archivos de Probidad en la oscuridad y congeladas las investigaciones de ellos derivadas. Señores magistrados y señor fiscal general Raúl Melara, de ustedes depende ahora, solo de ustedes, despejar estas dudas.