Maternidad en el encierro

Irene habla poco. Es tímida y casi todas sus respuestas se componen de frases cortas. ¿De dónde sos? “De Desamparados”. ¿Qué edad tenés? “En enero cumplí 16”. ¿Te veías siendo mamá? “Al principio no, pero pasó. Diay, lo que Dios quiera”.

Es el último día del curso prenatal en la Clínica de Santo Domingo de Heredia y las mujeres embarazadas del grupo decoran el aula. Unas letras en cartulina pegadas a la pared forman una palabra: “bienvenido”. Hoy todas se “gradúan”, pero la celebración no es para ellas.

Irene se sienta y escucha con atención a Ana Lucía García, enfermera obstetra y coordinadora del Programa de Salud de la Mujer en el centro médico. Algunas mamás del curso se acompañan de sus parejas; otra adolescente embarazada lleva a su mamá. Irene no.

Su compañía durante estos siete lunes no siempre ha sido la misma, pero usa el mismo uniforme: botas negras, pantalón verde oscuro y una camisa beige con un escudo. Centro de Formación Juvenil Zurquí, se lee en él.

El baby shower sorpresa del cierre lo planearon para la única integrante que no lo tendrá afuera de esas cuatro paredes. “Uno como mamá se asusta y le da mucho miedo, pero usted lo va a lograr… porque está luchando”. Ana Lucía le habla a la joven y ella asiente. “Eso es algo de admirar”.

Irene tiene 35 semanas de gestación, 16 años, dos tatuajes en sus brazos, muchos regalos por abrir y una condena que se encuentra pagando en el único centro penitenciario para menores del país, ubicado en San Luis de Santo Domingo. Se ve frágil, casi inofensiva. Deja escapar su retraída risa de vez en cuando. Es –casi– una niña… que le dará vida a otro niño.

Antes de entrar al centro, nunca se imaginó que ella y su hermana –de 17 años– caerían presas juntas por el mismo delito. Tampoco tenía idea de que iba a ser mamá. Tenía temor, cuenta. No sabía para dónde iba. “Ya perdí el miedo”, me dice. “El Zurquí es tranquilo”.

“Me hicieron una prueba de sangre y ahí salió que estaba embarazada. Yo no sospechaba nada”, agrega. Con el papá del niño ya no tiene contacto. “Él andaba conmigo, pero cuando yo entré al centro yo corté con él. Yo dejé las cosas así pero yo no sabía que estaba embarazada”.

El curso le ha ayudado mucho. “Al inicio yo no sabía nada de ser mamá y esas cosas. Me sentía muy asustada de ver a todas las personas y yo siendo menor de edad”.

—¿Te daba miedo que supieran que eras privada de libertad?

—No, eso no.

Avance institucional

“De las dos chicas madres que tenemos acá, una no tiene mucho de ser privada de libertad, pero enfrenta una sentencia importante”, asegura Kattia Góngora, directora del centro penitenciario Zurquí. “Va a implicar que se separe de su bebé por varios años. La otra enfrenta una sentencia muchísimo más corta y ya tiene avanzado un período”.

Irene es una de las 13 mujeres menores de edad del centro penal –popularmente conocido como la cárcel de menores– compuesto actualmente por unos 115 jóvenes. De ellas, siete viven (en distintas formas) la maternidad en el encierro.

Los bebés de dos de estas madres fueron declarados en abandono y puestos en adopción; Karen (de 17 años) es la única que vive con su hijo de un año en su dormitorio; Irene hará lo mismo después de dar a luz y el resto ha buscado apoyo familiar afuera para hacerse cargo de sus hijos en libertad.

“A los tres años de edad del niño, ellas enfrentan el paso amargo de pensar qué va a pasar con ese bebé. Eso depende de afuera, no de lo que ellas hayan avanzado aquí”, agrega Góngora. “Ellas pueden estar súper preparadas para que continúen con su bebé, sin embargo, al cumplir tres años, vuelven a ‘el afuera’. Hay dos posibilidades: si hay una familia con la que cuentan y las apoyan, los bebés van ahí. Si no tienen apoyo o la familia recursos, el bebé puede ir a un albergue. Es el dilema diario que enfrentan las mujeres privadas de libertad”.

Tanto para el centro como para la clínica de Santo Domingo, el caso de Irene es histórico y es un avance que los llena de orgullo. Por primera vez, una joven privada de libertad recibe un curso de preparación para el parto afuera de la cárcel.

“El centro ha tratado de todas maneras que ella lleve su embarazo de la forma más positiva posible”, asegura Góngora. “Nosotros tenemos lo que nadie quiere tener: la gente que ha hecho daño y que ha cometido delitos. Es muy complicado, porque el hecho de que las personas cometan delitos no los excluye de tener derechos: a la educación, al trabajo, a la recreación, a convivir, a vincularse con otras personas. Todos esos son derechos que ni siquiera son discutidos: deben ser”.

Para Ana Lucía García, enfermera que ha liderado todo el proceso del curso prenatal, esta iniciativa del centro es de aplaudir.

“Muchas veces a los privados de libertad se les violan sus derechos y la salud es uno de ellos. Yo desconozco qué fue lo que hizo la muchacha. No le voy a preguntar ni me interesa. Es una adolescente que tiene derecho a venir a un curso y que tiene derecho a prepararse para ser mamá”, dice García.

Elizabeth Díaz, mamá integrante del curso en la clínica, coincide. “Me llena mucho de gozo ver que le están dando una segunda oportunidad, no solo a ella, sino también al bebé. Ella está pagando una condena por un error que cometió, pero el bebé no tiene por qué pagar las consecuencias”, asegura. “Que ella esté disfrutando con nosotras y compartiendo me da mucho gusto. A una persona no se le tiene que castigar dos veces. Ya a ella la castigaron una. ¿Por qué hacerlo de nuevo junto a su bebé?”

La práctica indica que todas las salidas de privados de libertad deben ser autorizadas por un juez, sin embargo, en temas de salud, la autorización la puede dar el mismo director del centro, como sucedió en este caso.

“Desde el concepto de salud integral de la Organización Mundial de la Salud, unido con los objetivos de la justicia penal juvenil –que siempre trata de promover la reinserción social–, (la salida de Irene) se justifica”, dice Sofía Elizondo, trabajadora social del Zurquí. “Para ella este proceso fue fundamental, no solo en su condición como madre, sino en la posibilidad de conectar con gente diferente”.

Para ella, agrega Góngora, dentro del contexto socioeconómico en el que se ha criado, estos espacios sociales positivos no son lo normal. La dinámica es otra.

“El proceso para ellas es doblemente pesado”, añade Elizondo. “Ya son madres adolescentes, que eso ya es una causa de vulnerabilidad. Pero son madres adolescentes en condición de privación de libertad. Algunas sin redes de apoyo fuertes, con un montón de situaciones lo emocional que hay que revisar, con condiciones económicas muy desfavorables en algunos casos; otros con historias de vidas muy dolorosas y llenas de abusos y abandonos”.

“Es un camino que estamos recorriendo con mucho temor, pero con mucha motivación hacia una construcción lo más cercana al respeto de los derechos humanos de ambos menores”, agrega.

Irene tiene mandalas (dibujos circulares, propios del hinduismo) coloreados pegados en la pared de su dormitorio y tres atrapasueños que hizo en la clase de bisutería. Tiene al lado de su cama la compañía de su hermana. Tiene además, en su vientre, un niño que ya está por nacer.

—¿Ya te sentís preparada para ser mamá?

—Sí.

—¿Ya querés que nazca?

—Sí.

Maternidad tras las rejas

Karen habla mucho. Es desinhibida y casi todas sus respuestas se componen de largos testimonios.

“Cuando el OIJ me detuvo lo hizo muy groseramente”, recuerda. “A mí algo me dijo que me cuidara porque seguro estaba embarazada. Ya yo lo sospechaba. Me tiraron al carro y las muchachas me dijeron: ‘eso es lo que todas dicen’. Le dijeron a la fiscal y la fiscal me mandó a hacerme una prueba de sangre en la noche y salió positivo”.

Karen tiene dos años de ser privada de libertad. André, su bebé de año y un mes la sigue por donde vaya. Aún no habla, pero ya camina. Cuando cumpla tres años, la mamá de la Karen se hará cargo de él.

“Fue una mezcla de sentimientos”, dice la joven de 17 años. “Yo quería ser mamá, pero no quería ser mamá encerrada. Para mí es muy duro que él quiera salir (del dormitorio) y yo no pueda sacarlo. Tengo que pedir un permiso y no siempre me lo dan”.

Una de las grandes preocupaciones que enfrenta el Zurquí es que, a diferencia de la cárcel femenina El Buen Pastor, este centro no cuenta con una casa cuna. Las menores embarazadas deben compartir su espacio con sus bebés.

“Karen es una chica que debe tener a su bebé 24 horas. Tiene que estar agotada. No tiene la posibilidad de decir: ‘voy a llamar a mi suegra para que me lo cuide’ o ‘voy a decirle a mi hermana que me lo recoja para yo ir al supermercado’”, dice Góngora. “Nuestra meta es empezar a construir la sección femenina con énfasis en una casa cuna pequeñita. Ya están los planos y el terreno. Lo que no hay es toda la plata. Es un proyecto caro”.

Con un inevitable tono maternal, la directora dice entender el dilema ético al que se enfrentan todos los días.

“Si la madre está privada de libertad y el bebé está con ella, estamos limitando de alguna manera también el tránsito del bebé. Sin embargo, el interés superior del bebé es lo principal y se valida la posibilidad de que él esté con su mamá”.

El dormitorio de Karen mide unos 3 metros cuadrados. Ese espacio reúne una pila, una cama, un baño, una cuna y varios juguetes en el suelo. Cada detalle, cada carta, cada papel de chocolate lo guarda en una gran bolsa de tela que nos muestra con detalle.

“Esto fue de cuando bebé cumplió un añito”, dice mientras nos enseña un gorro de cartón. “¿Sabe qué? Ese fue uno de los días más difíciles para mí… legal. Lo esperé mucho, mucho tiempo. Ese día no era un día de visita. Lo que yo menos me imaginé era que una oficial le pidiera permiso a los jefes para hacerle una fiestita. Fue como… uf, mae”, dice Karen.

“Es una realidad muy dura”, agrega la directora. “Porque es: no solo estoy privada de libertad, no solo tengo que lidiar con todas las emociones que significa ser adolescente. Ella es un fracaso social… está encerrada. Debería estar en el colegio con sus amigas. Pero además de eso, es mamá con todos los controles encima”.

En Costa Rica, hace dos o tres años, el número de mujeres menores privadas de libertad se contaban con los dedos de una mano. Trece es un número anormalmente exorbitante. Sus pronósticos indican que irá en aumento (en un país como El Salvador, sin embargo, ese número es casi 80).

“Están en lugares que no son adecuados”, asegura Góngora. “Deberían tener un jardín para salir, un patio donde tomar el sol a cualquier hora, pero están en lugares que no fueron hechos para contener población. Hemos estado luchando para construir una sección femenina, pero es difícil… nadie quiere invertir en el sistema penitenciario”.

Lo mismo apunta Sofía, la trabajadora social. “Si este centro no estuvo pensado para tener mujeres, mucho menos para tener mujeres con sus bebés. Lo que estamos apostando es estar muy unidas con el equipo técnico de El Buen Pastor para hacer un proyecto lo más parecido posible, con condiciones mucho más limitadas”.

Libertad a medias

Michelle tiene 21 años y una niña de cuatro años y siete meses. La ve cada 15 o 22 días, cuando su mamá se la lleva al centro.

“La primera vez yo caí aquí en 2012, ya embarazada. Solo estuve un mes”, cuenta a través de una verja de metal. “Salí y tuve mi hija afuera. Después de año y medio me hicieron el juicio y me sentenciaron”.

En ese momento, no se permitía la presencia de bebés en el centro. “Tampoco era justo que ella estuviera en un lugar así con uno. Yo cometí mis errores cuando era joven. Todavía era una chiquilla, no sabía lo que hacía”, dice con una voz pausada. “Yo acepto mis errores, tampoco los voy a negar”.

A Michelle le queda poco tiempo para reencontrarse con su libertad. Quiere hacer trámites para que una vez afuera, pueda seguir estudiando en el centro. Empezar de nuevo afuera sería un reto complicado.

“Cuando veo a mi hija es una felicidad, pero cuando se va es muy difícil. No la puedo ver crecer cada día que pasa”, dice. “Yo he sufrido mucho. Me hace mucha falta. Gracias a Dios ella está bien con mi mamá”.

Cuenta los días para volver a ser libre. “Las mujeres jóvenes que anden en cosas raras, legalmente esa vara se para. Tal vez la gente que está afuera no entienda, pero la libertad es lo mejor que puede haber en esta vida”.

Cerca de un tercio de los menores privados de libertad no reciben visitas. Muchos de sus familiares son también privados de libertad en otras cárceles o por sus limitados recursos se les complica transportarse.

“Los adolescentes del centro, lo que tuvieron en ‘el afuera’ fue una pérdida de controles y de límites. La calle no les pone límites. Aquí tienen que vivir con ellos y eso es un reto”, expone Góngora.

“No hay forma de ver esta situación sin que sea compleja. La sociedad quiere ver estas situaciones solo en blanco y negro: cometió un delito, que vaya a la cárcel. Nosotros no podemos dejar de ver la humanidad jamás”.

Karen está sacando noveno año, aunque arrastra materias de octavo. Cuando vamos de salida, me entrega una carta. “Soy ser humano y, como tal, cometo errores. Pero también tengo derecho a una segunda oportunidad. Deseo salir a la sociedad y que no me señalen. Más bien, que mi experiencia sirva de ejemplo para otras mujeres”.

—¿Tenés planes para cuando estés afuera?

—Ay sí, mujer. Mire. La cuestión está así: salgo y quiero vivir sola. Voy a trabajar de día y estudiar de noche. Quiero ser maestra de español, si Dios quiere. Es como romper una cadena de una familia que va así… lo que yo menos quiero es venir a visitar aquí a mi hijo.

Cerca de un tercio de los menores privados de libertad no reciben visitas. Muchos de sus familiares son también privados de libertad en otras cárceles o por sus limitados recursos se les complica transportarse. “Los adolescentes del centro, lo que tuvieron en ‘el afuera’ fue una pérdida de controles y de límites. La calle no les pone límites. Aquí tienen que vivir con ellos y eso es un reto”, expone Góngora. “No hay forma de ver esta situación sin que sea compleja. La sociedad quiere ver estas situaciones solo en blanco y negro: cometió un delito, que vaya a la cárcel. Nosotros no podemos dejar de ver la humanidad jamás”.

Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios

Perla Vega, de 30 años de edad, fue apuñalada hasta morir, por Juan Carlos Cristerna, en mayo de 2012. Aunque en la entidad de Sinaloa el feminicidio ya estaba tipificado como tal, el presunto asesino quedó en libertad en menos de dos años. ¿La razón? El juez calificó el hecho de homicidio, no de feminicidio (“eran ex novios”) y alegaron tortura en contra de Cristerna, por lo cual fue liberado.

En México, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres y solo dos de cada diez crímenes de este tipo son reconocidos como feminicidios, lo que significa que los más de ocho mil asesinos pueden salir libres en poco tiempo, tras cometer el delito.

Entre 2012 y 2015, las procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo ocho mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento.

En el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 26 mujeres en el país.

Casos como los de Perla han quedado en el limbo jurídico por los vacíos que hay en la ley, lo que ha provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.

En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable.

No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.

Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes oficiales, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios.

En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.

Vacíos legales

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: Los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.

Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país. Pese a eso, las procuradurías y fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.

Karla Micheel Salas, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.

Una de las principales causas de que los feminicidios en México sean tipificados de manera distinta en una y otra entidad, se debe a los códigos penales, los cuales siguen sin ser uniformes en la figura del feminicidio y sin modificar los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango, declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.

Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.

Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.

Así lo determinan, hasta la fecha, 17 códigos penales en el país, incluyendo al de la Ciudad de México.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.

Sin embargo, en cuanto a número de habitantes con relación a los asesinatos de mujeres, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con 12 casos por cada 100 mil mujeres.

Acapulco, destino turístico de prestigio internacional, no escapa de las estadísticas a la alza en feminicidios. Ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.

Por eso, ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.

Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.

Victoria pidió ayuda

Victoria salió temprano del colegio ese viernes del 2012. A la 1:30 de la tarde tenía entreno de fútbol y estaba emocionada por ir a practicar al final de la semana. Usualmente, su mamá la iba a dejar y a traer. Ese día no pudo. Casi nunca caminaba sola, pero ese día la amiga que le hacía compañía tampoco fue a estudiar. Antes de dirigirse a almorzar a su casa, pasó comprando una calzoneta azul para la práctica en uno de los puestos que están cerca de la iglesia.

La edad de Victoria es una incógnita. Su verdadero nombre y su fecha de nacimiento permanecen ocultos en su expediente, al que se tuvo acceso a través de una solicitud de información pública.

Cerca de la iglesia había tres hombres jóvenes mirándola. “Qué bonita estás”, le dijeron. Victoria no los conocía y decidió ignorarlos, pero aceleró el paso. Ellos la alcanzaron y le pusieron una navaja sobre la cintura. Dos se le pusieron al costado y uno atrás. La amenazaron: “Si gritás, te matamos”. Victoria buscó un par de ojos testigos, esperanzada en encontrar a alguien que la reconociera y la ayudara. Vió pasar a un vendedor conocido, pero él no la volvió a ver. Ella tenía miedo. No podía hablar. Los hombres la llevaron caminando por lugares que no logró identificar. Le preguntaron el nombre y con quien vivía. Victoria mintió.

Siguieron caminando y cruzaron un puente. Victoria vio a un grupo de personas en la calle. Como pudo, se les soltó a sus secuestradores y corrió hacia ellas. Les dijo que la llevaban a la fuerza, pero nadie hizo nada. Los tres pandilleros la tomaron de nuevo. La condujeron a una colonia de pasajes donde, según la Policía, tiene presencia la Mara Salvatrucha. Victoria empezó a gritar y pedir ayuda. Dijo que vio gente cerca de los postes de luz. Nadie la ayudó.

Los hombres metieron a la adolescente en una casa. Le pidieron que se desnudara. Ella se resistió, hasta que la amenazaron con un machete. Se desnudó. Empezaron a violarla. Después de uno, otro y otro. Mientras abusaban de ella, varias personas entraban y salían de la vivienda. Para los vecinos no era secreto que ahí había una menor de edad que estaba siendo sometida. Uno de los agresores se tomó el derecho de grabar en video la violación con un celular color fucsia.

“¿Ustedes también le van a dar? Dénle, no tengan miedo”, le decían los primeros tres sujetos a dos niños que habían llegado a ver. En el recuerdo de Victoria, uno de los niños era de piel clara y el otro moreno. No pasaban de los 12 años y se reían frente a ella.

Victoria vio a demasiada gente ese día y nadie la ayudó. Dentro de la misma casa, otra muchacha de su edad se asomaba por ratos a verla. La observaba y se mantenía impávida. Cuando los tres hombres terminaron de violar a Victoria por primera vez, la dejaron sola en el cuarto. Como pudo, trató de encontrar su uniforme, pero desistió. Después buscó su mochila. Entre sus cuadernos y lapiceros aún estaba la calzoneta azul que había comprado en la calle. Se la puso y salió del cuarto. Pensó en saltar el muro del patio interno; pero afuera, uno de sus violadores estaba cavando.

-¿Creés que esta bicha ya cabe aquí?- preguntó el hombre. -Hacelo más hondo- le respondió otro. -Ya está. Ya picada, va a caber.

Victoria intentó escapar una vez más y corrió hacia la puerta principal, pero no pudo abrirla. Al advertir su intento de fuga, los agresores le colocaron una cinta de zapatos sobre el cuello para asfixiarla. Ella se desmayó. Cuando despertó, estaba desnuda de nuevo. Además de sus tres violadores, para cuando volvió en sí, había otros cuatro niños viéndola.

Los pandilleros abusaron de nuevo de Victoria. Luego, se escuchó que alguien tocaba la puerta. Era un hombre de la tercera edad. Ella, otra vez, pidió auxilio. “¿Cómo te va a ayudar, si es mudo?”, se burlaron los violadores. Después le preguntaron al hombre mayor si él también quería abusarla. Él aceptó. Victoria les suplicó que la dejaran ir, que su madre iba a encontrar una forma de darles dinero, pero el hoyo en el patio ya estaba hecho y tenían que usarlo.

Unos policías del 911 realizaban un patrullaje cerca de la zona cuando les avisaron por radio que se escuchaban gritos en un pasaje. Alguien, desde el anonimato, avisó a la policías. Los agentes se dirigieron al lugar. Conforme ellos entraban en la colonia, los vecinos cerraban las puertas.

Anochecía cuando llegaron hasta la casa donde estaba la joven. Tocaron la puerta tres veces y como nadie salió, un agente se dirigió hacia la patrulla para pedir apoyo. En ese momento, uno de los violadores salió de la casa, como intentando huir. Ahí fue capturado por el otro agente que se había quedado cerca de la puerta. Al fondo -arrastrándose, descalza y con su calzoneta de fútbol-, un agente alcanzó a ver a Victoria.

La rescataron. La subieron a la patrulla y la llevaron con su madre, que recuerda haber visto a su Victoria llorando y temblando, mal en todo sentido. ‘No le pregunte nada todavía’, le dijeron los agentes. En lugar de llevarla al hospital, los policías decidieron trasladar a Victoria y a su madre hacia un puesto policial para que la niña -en el estado en el que se encontraba- declarara frente a una sargento; luego, a Medicina Legal. Solo después de llenar todos los formularios de la denuncia por violación, Victoria pudo llegar al hospital. Estuvo ingresada cinco días y le recetaron medicinas durante tres meses para tratar un virus. Después vinieron los efectos secundarios de la medicación: mareos, vómitos, diarreas.

Su mamá y ella huyeron de esa ciudad. Los mismos policías fueron los que les recomendaron que abandonaran su casa inmediatamente. Victoria dejó de estudiar, de dormir bien y de salir a la calle. La violación les cambió la vida de una manera que las estadísticas no llegan a medir.