Agresores sexuales que visten de policías

Abuso. Agresores sexuales que visten de policías. Ilustración de Moris Aldana.

Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia después de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo, la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle.

Ambas pasaron cerca de un grupo de cuatro policías, a los que aquella mujer, que presentaba lesiones leves, puso en alerta. Fue allí cuando la capturaron. Karen fue esposada y subida a la cama de la patrulla policial. Pero esta no tomó el camino habitual hacia la Subdelegación de Izalco, a la que hubiera llegado en apenas unos minutos.

El automóvil, más bien, salió del casco urbano en dirección a la carretera hacia Sonsonate y se detuvo en un punto en esa zona boscosa que rodea al turicentro Atecozol. Según lo narró Karen en la audiencia inicial que enfrentaba por el robo que había cometido en la madrugada, los cuatro policías la bajaron de la cama del pick up para tocarla.

Uno de ellos tomó especial interés en el abuso. El mismo que unos minutos después la obligó a hacerle sexo oral frente a la mirada de sus compañeros. La moneda de cambio era respetarle su vida. Ella, una delincuente, estaba a merced de sus captores, vestidos con el uniforme azul oscuro.

Según la fiscal del caso, Karen no dijo nada de lo que había pasado ni siquiera cuando uno de sus familiares se acercó a la sede policial. Fue hasta que se encontró frente a un juez que decidió contarlo. Se trataba de una joven que hace solo unas horas había golpeado a una indigente para robarle, por lo que lo narrado podía parecer un argumento para aminorar sus problemas.
Pero un elemento poderoso la respaldaba: la novedad de su captura fue reportada en la Subdelegación de Izalco apenas se le aprehendió, alrededor de las 2 de la mañana. Ella y los cuatro policías no llegaron hasta la sede policial sino hasta un par de horas después. No existía ninguna justificación para la tardanza. Eso hizo que los fiscales correspondientes tomaran en serio los señalamientos de la joven.

El caso llegó hasta las primeras instancias de su judicialización y se giraron órdenes de captura contra los cuatro agentes. Estos, sin embargo, quedarían muy pronto en libertad, pues en el juzgado decidieron otorgarles medidas sustitutivas a la detención. Los cuatro fueron trasladados a otras zonas. La Fiscalía remitió informe a la Inspectoría General de Seguridad Pública para que se iniciaran procesos sancionatorios contra los agentes.

“Es lo que pasa en la mayoría de casos. Lo hemos visto en procesos que llevan otras unidades. Al policía se le traslada a otro lugar, o los ponen en labores de seguridad pública, o los bajan de rango, digamos que a los que son investigadores los ponen de patrulleros. Pero una suspensión nunca la he visto. Media vez no haya sentencia condenatoria, no los remueven”, comenta la fiscal del caso de Karen.

Infográfico.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, asegura que la medida del traslado se toma por un tema de “sanidad”, “porque no es conveniente que esa persona continúe allí”. Pero no se puede suspender a un agente sin agotar totalmente una investigación, sin seguir el debido proceso. “Suspender a alguien mientras no se le haya demostrado su falta sería una arbitrariedad”, dice.
Un poco después de un año de iniciado, el proceso de la adolescente se encuentra en el archivo. La razón es simple: Karen, que también debía enfrentar un juicio por el robo a la indigente, desapareció del radar de fiscales y policías. Cuando dieron con uno de sus familiares, su abuela, les aseguró que la menor había migrado a Estados Unidos.

Por eso, no se pudieron completar algunas diligencias esenciales para la causa: el peritaje psicológico y un nuevo reconocimiento en rueda de personas, para que de esa cuadrilla identificara, otra vez, a la persona que la había obligado a introducir el pene en su boca, mientras los otros tres los observaban.

A pesar de que todos eran acusados de cometer el delito de otras agresiones sexuales, era necesario, para individualizar responsabilidades, definir quién de los cuatro se podría enfrentar a una pena de seis a 10 años por haber tenido acceso carnal bucal, es decir, por haber obligado a la víctima a practicarle sexo oral. Los restantes tendrían ante sí condenas de tres a seis años.

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En la calle. La de los agentes, la más numerosa, fue la categoría policial más denunciada ante la Inspectoría General de Seguridad entre 2012 y 2016.

Según esta fiscal de Sonsonate, al menos en la sede de ese departamento son poco frecuentes las denuncias contra un policía por delitos sexuales. En 2016 solo vieron el caso de Karen; hasta esta fecha en 2017, solo se reporta la acusación contra un policía que acosó sexualmente a un joven de 16 en los baños del mercado municipal de Nahuizalco durante un procedimiento.
Sin embargo, apunta, no es porque no suceda nada: Tras un procedimiento, alguna víctima puede quejarse de algún tocamiento inapropiado de un policía, e iniciar con los primeros estadios de una denuncia. Pero cuando llega el momento de acercarse a la sede fiscal para hacer un reconocimiento, ya nadie se presenta.

“La gente no denuncia por el mismo temor, porque la Policía también está plagada de corrupción ahorita, saben que al denunciar ese tipo de delitos pueden verse involucrados en otras cosas peores. La gente considera que no es tan delicado algo sexual si lo comparan con perder la vida”, comenta.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una joven veinteañera de una populosa colonia de Cuscatancingo a la que un policía, en un cateo aparentemente rutinario de 2016, le introdujo los dedos en la vulva, presuntamente para cerciorarse de que allí no escondiera droga. O el de Marina (otro nombre ficticio), una adolescente a la que ese mismo año un agente en Mejicanos obligó a desnudarse por completo, supuestamente para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos. Ambas aceptaron hablar con esta revista con la condición de no revelar sus nombres ni detalles demasiado específicos que pudieran identificarlas. Y ambas dejaron pasar el hecho sin acercarse a alguna instancia para depositar su denuncia. Ya no viven en sus antiguos hogares.

Por lo tanto, no forman parte de las estadísticas que la Fiscalía General de la República ha reportado con respecto a delitos sexuales cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada. Para los primeros, el consolidado desde enero de 2013 hasta marzo de 2017 indica que hasta 96 casos se iniciaron en una sede fiscal a través de una denuncia por este tipo de crímenes presuntamente cometidos por miembros de la corporación. En el caso de la FAES, la cifra es mucho menor: 39.

La tipificación va desde el acoso sexual hasta la violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. No todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que le da su cargo. Varios, sí.

Como el proceso que condenó a Marlon Isabel P. a ocho años de prisión por la violación agravada contra una adolescente de 16 años de edad. Según los hechos que se reconstruyeron en el expediente, Marlon apareció vestido con su uniforme policial en la casa donde residía su víctima, en la que ya había estado para visitar a la madre de esta. A unos metros de allí, sus compañeros de patrulla lo aguardaban.

En la tarde del 30 de diciembre de 2013, el agente se acercó a la vivienda preguntando por la madre. Al comprobar que no estaba, le pidió un vaso de agua a la adolescente. Esta dejó la puerta entreabierta, quizá confiada en que nada podía pasarle con un agente de la autoridad parado justo allí, en el umbral de su casa.

Marlon aprovechó para ingresar. Cuando la adolescente regresó con la bebida, la jaloneó para que entrara al cuarto de la madre; allí la desnudó y la tumbó en la cama. Él también se quitó el pantalón de su uniforme, que ahora servía como perfecto símbolo de intimidación. La nena lloró cuando penetró en su cuerpo, pues nunca había tenido una relación sexual. El llanto y los gemidos de dolor hicieron que el policía parara y, arrepentido, se disculpara para abandonar la casa en el acto. Cuando la madre regresó ese mismo día en la noche, su hija le contó todo.

La señora decidió denunciarlo en la misma subdelegación donde estaba destacado. En el inmueble estaba Marlon ataviado con el uniforme azul oscuro con el que juró servir y proteger a sus conciudadanos. Fue capturado y remitido a una bartolina.

Otro caso en el que un policía se aprovechó de su investidura para cometer un delito sexual es el de un agente al que llamaremos Orlando, todavía a la espera de una sentencia en firme. Según la víctima, conocía al imputado desde hacía un tiempo, periodo en el que, constantemente, le insinuó su deseo por ella. Él ya le había dicho que era policía y que podía encontrarlo en una delegación de San Salvador.

La víctima fue capturada en mayo de 2013 en un procedimiento por extorsión y llevada, precisamente, a las bartolinas de esa sede policial. Como uno de los encargados de los reos estaba el agente Orlando. Desde que entró, cuenta la víctima, le dijo que no iba a dejar pasar esa oportunidad para cumplir sus deseos: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”

Tribunales. Entre 2012 y 2016 hubo 18 procesos contra policías por delitos contra la libertad sexual. El Estado ha sido denunciado ante la CIDH por ejecuciones extrajudiciales.

A las 9 de la noche de ese día, el hombre, solo vestido con una camisa y en ropa interior, fue a acostarse a la misma colchoneta donde estaba la víctima. Ella, que ya estaba dormida, logró despertarse y le exigió que se alejara. Para su sorpresa, el agente se fue después de no mucha insistencia.

Pero el acoso no terminó allí: más tarde, mientras ella dormía de lado, fue despertada por una mano en su pierna, que la haló obligándola a quedar boca arriba. Era, de nuevo, el policía, quien alcanzó a desabrocharle la pretina de su pantalón para tocarle su vagina. Ella forcejeó y se defendió como pudo, por lo que las cosas no pasaron a más. El acoso, dice la víctima, no terminó hasta que la otra agente que estaba a cargo de la bartolina en ese turno la auxilió, llevándosela al cuarto donde ella descansaba. El testimonio de la señora fue apoyado por el de la mujer policía que también la custodiaba, no punto por punto, pero sí evidenció que la víctima, desde que entró, había advertido su temor hacia Orlando.

Si es encontrado culpable, el policía podría enfrentar hasta a 13 años de prisión, pues se trata de una agresión sexual agravada. El elemento que transforma la tipificación del delito es que la persona que cometió ese abuso era la “encargada de la guarda, protección y vigilancia de la víctima”.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Por eso es interesante cruzarlo con los datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública obtenidos por ORMUSA en su informe “Violencia Institucional contra las Mujeres. Avances y Desafíos”, publicado este año.

El periodo estudiado en dicho informe va desde enero de 2012 hasta marzo de 2016. En ese plazo, la inspectoría abrió 27 procesos administrativos por violación, 29 por agresión sexual y 34 por acoso sexual. Al analizar la información por año, es posible determinar que la apertura de procesos ha venido a la baja: con respecto de los tres delitos referidos, se pasó de 30 en 2012 a 17 en 2015, el último año entero contabilizado en la muestra.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Pero según Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, en el derecho internacional existe una figura llamada principio de unicidad, en el que el Estado responde por los actos que cometen sus agentes dentro de su competencia, pero también al margen. En este sentido, el Estado no puede tener entre sus filas a alguien que vulnera la ley.

 

 

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Esta historia no trata sobre el abuso de un policía en el marco de sus funciones, pero da cuenta de las ventajas que un agente que pertenece a la corporación puede tener a la hora de enfrentar un proceso judicial.

Al policía lo llamaremos Arquímedes, pues el expediente judicial que recoge su caso protege su identidad utilizando solo las primeras letras de sus dos nombres y sus dos apellidos. Arquímedes fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a dos niños de 10 años de edad, quienes no lo conocían antes de que sucedieran los hechos.
El agente, además, se aprovechó de los recursos propios de su cargo para ejecutar los delitos: en tres de las cuatro ocasiones en que abusó de los niños, los amenazó son su pistola de equipo para que se sometieran a su voluntad. Luego aseguró su silencio al decirles que los asesinaría a ellos y a sus familias si contaban alguna cosa.

El agente fue capturado en flagrancia un poco después del mediodía del 29 de octubre de 2013. Ese día, la madre de uno de los niños llamó a la Policía para avisarles que el hombre que, según contaron los pequeños, había abusado sexualmente de ellos en al menos cuatro ocasiones se encontraba nuevamente en el lugar donde se habían perpetrado los abusos, de la misma forma que en las ocasiones anteriores, con su motocicleta detenida a un lado del desolado camino rural. Arquímedes fue liberado tras 72 horas, pero fue recapturado unos días después en la Subdirección de Tránsito Terrestre, la misma en la que servía.

Ya en el juicio, uno de los argumentos utilizados por la defensa para exonerar a su cliente de culpa fue que el imputado no era la misma persona a la que la Policía había capturado en flagrancia el 29 de octubre de 2013. La prueba que sustentaba las palabras de los abogados era el acta de registro de salidas que todo agente debe firmar cada vez que se retira de la sede policial donde labora.

En el acta correspondiente a esa fecha, sostenía la defensa, se reflejaba que Arquímedes había salido a la 1:30 de la tarde, por lo que era imposible que estuviera en el sitio donde se cometían los abusos a la hora en que se dio la captura.

El juez analizó con detenimiento el documento y concluyó que contaba con muchos elementos que apoyaban la tesis de que era falso; porque pudo observar, en un primer vistazo, que había una enmendadura con respecto de la fecha. Allí donde decía “29 de octubre de 2013” también se alcanzaba a observar “29 de diciembre”.

Al juzgador también le llamó la atención que el primer agente que se retiró ese día, el que aparece en la primera posición, indicó su salida a las 3 de la tarde. Arquímedes, que estaba muchas casillas más abajo en el puesto 16, puso como su hora de retirada la 1:30 de la tarde, hora y media más temprano. “Eso está como que en una carrera atlética de 100 metros le diéramos el primer lugar al número dieciséis”, escribió el juez.

Otra explicación a ese detalle la dio uno de los policías que declararon como testigos en el juicio, quien dijo que las actas de salida están en un área de la oficina a cargo del comandante de guardia y que este “a veces se ausentaba”, por lo que era posible que se anotara cualquier nombre sin ninguna supervisión.

La otra irregularidad fue en la rueda de reconocimiento del sospechoso. La defensa alegaba que debía eliminarse esa evidencia, pues los niños no habían identificado a Arquímedes en una primera oportunidad, el 7 de febrero de 2014, sino hasta en una segunda ocasión, justo un mes después.

Para el juez, este nuevo reconocimiento fue necesario porque el imputado, en la de febrero, se presentó al proceso con la barba y el pelo largos, lo que le daba un aspecto muy diferente a aquel con el que lo habían conocido los niños. Desde la Policía se informó que eso ocurrió porque Arquímedes no había podido rasurarse ni cortarse el cabello porque está prohibido hacerlo en el sitio donde guardaba prisión preventiva, las bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre.

 

“Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

 

El juzgador concluyó que se trataba de una artimaña, pues a las audiencias y al segundo reconocimiento sí había podido acudir sin barba y con el pelo recortado. El juez, además, se apoyó en el testimonio de uno de los adolescentes, que aseguró, de manera espontánea, haber podido reconocer a Arquímedes cuando lo capturaron en flagrancia el 29 de octubre de 2013. También aportó variadas descripciones físicas del imputado, sobre todo referentes a su voz y a la complexión musculosa de su cuerpo.

El juez, por tanto, dio por válidos los testimonios de ambos niños, que fueron certificados con multitud de pruebas testimoniales, documentales y con los peritajes físicos y psicológicos, que indicaron que se trataba de infantes abusados sexualmente.

El 12 de septiembre de 2014, Arquímedes escuchó su sentencia: 20 años por el delito de violación en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de uno de los infantes, pues se certificó que había existido penetración anal; 12 más por el de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada contra el otro pequeño, quien manifestó que Arquímedes “le había rozado el pene en medio de las nalguitas”.

La defensa intentó impugnar la decisión, pero la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Santa Tecla, denegó lo solicitado y declaró en firme la sentencia del juez.

 

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Para Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, que un agente se valga de su rango para cometer un abuso tan grande como una agresión sexual es algo grave, pues se sale del marco de lo legal. No hay ninguna justificación. Sin embargo, sostiene, la institución a la que él dirige es una con “una disposición absoluta a investigar”. Algo que contrasta con las numerosas denuncias de víctimas de abusos, que sostienen que los mecanismos disciplinarios de los cuerpos de seguridad están hechos para la impunidad.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), asegura que, entre los muchos casos en los que acompaña la entidad, casi todos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. No hay ni uno solo correspondiente a delitos de abuso sexual, aunque, comenta, eso “no quiere decir que no se estén dando”.

Sí afirma que en el marco de casos de malos tratos o detenciones arbitrarias, en 2017 hasta 14 jóvenes han denunciado que miembros de la PNC han introducido sus bastones en su ano, lo que constituye el delito de otras agresiones sexuales: “No sé si serán los únicos, pero han sido pasajes muy difíciles de confesar por parte de estas personas. La humillación es tanta que la víctima a veces no tiene la capacidad de transmitir todo eso”.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, es difícil conocer en toda su dimensión el fenómeno debido a que está marcado por una imposición de silencio, que se hace más intenso cuando el abuso viene de una figura de autoridad que está armada. “Creo que yo me sentiría menos amenazada frente a un juez que frente a un policía”, acota la experta.

La institución ha realizado una investigación entre 2015 y 2016 que les ha dejado un importante hallazgo, que se repite en los testimonios de varias mujeres, sobre todo menores de edad: que ahora en las comunidades dominadas por pandillas, las mujeres viven en una especie de limbo de fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se enfrentan a los pandilleros, los que tienen cooptado el territorio e imponen su ley: algunas pueden ser tomadas como esclavas sexuales, pues son elegidas, no son ellas las que deciden tener relaciones íntimas con personas de estas estructuras. Por el otro lado, están los policías. Juárez pone un ejemplo y habla de testimonios en los que menores de edad comentan que, al salir de la escuela, hay policías o soldados que las acosan.

Al rechazarlos, cuenta Juárez, los miembros de los cuerpos de seguridad les insinúan que lo hacen porque son la pareja de un pandillero, y toman nota de su identidad y del lugar donde viven: “Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

Un contexto que, al recordar uno de los casos expuestos en estas páginas, hace pensar en la vida diaria como una enorme bartolina, una en la que, como ocurrió con la víctima en esa delegación, un policía le pueda decir a una mujer: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”.

Agresores sexuales.

Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Imagen de Puerto Cortés
Terminal. La terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés le fue concedida a la compañía filipina ICTSI en 2013.

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección angelpm@cd.perezycia.com. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Las propuestas. Juan Carlos Garrido Escandón le envió a Enrique Rais una presentación en la que se incluían varios esquemas como este, sobre como podría conformarse un asocio entre la empresa ICTSI y el salvadoreño junto a sus colaboradores. En todos, la compañía filipina se quedaba con el 40 % del negocio.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

La derrota. Después de que ICTSI se quedara con la concesión, el colombiano Óscar Isaza le escribió al español Pérez-Maura un correo que “le salió del alma” lamentando no haber participado juntos en la licitación.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Imagen de Puerto Cortés.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera pérdidas millonarias

Residencial privada Garden Hills
Residencial privada Garden Hills

Garden Hills se promociona como “un proyecto diseñado con los más altos estándares de arquitectura e ingeniería”, donde “el buen gusto está presente hasta en los más mínimos detalles”. Es una residencial privada, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Las casas se describen como “preciosas residencias con acabados de lujo, amplias y modernas con un toque contemporáneo”, que “hacen del proyecto un verdadero deleite para vivir”.

Esta residencial de calles anchas, solitarias y pulcras es en donde se encuentran ubicados 38 inmuebles que le han pertenecido a una empresa que, en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros.

En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte.

Las Vistas ha logrado vender 19 casas, cada una por un valor aproximado de $325,000. Entre estos inmuebles vendidos, la mayoría ha ido a parar a las manos de personas y empresas relacionadas con José Luis Merino. Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas.

El de Las Vistas se suma a la lista de los malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador: al final de su último año reportado ante Hacienda, el 2016, el balance fue de más de $1 millón en pérdidas.

La historia de Garden Hills y Preza Rodríguez

Aunque no aparezca así en los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, Garden Hills contó, desde su conformación hasta 2012, con tres accionistas guatemaltecos: Francisco Javier Botrán Briz (ligado a la compañía productora del ron Botrán), José Gregorio Preza Rodríguez y la esposa de este último, Mónica Rodríguez Minondo (ambos provenientes de familias azucareras). Esto consta en un documento de un proceso de conciliación.

La dinámica que se estableció fue que, aunque buena parte del capital destinado a la empresa fue aportado por Preza Rodríguez, en la práctica, era Botrán el encargado de administrar el negocio. Sin embargo, según una persona relacionada con documentos legales en torno al caso, en el 2010 este se extralimitó en sus funciones y no informó de algunos movimientos a sus socios, por lo que Preza Rodríguez decidió emprender acciones legales en contra de Botrán por administración fraudulenta. Este último aceptó conciliar.

Preza Rodríguez exigió como pago $2.5 millones para olvidarse de cualquier demanda. Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles.

Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012.

Residencial privada Garden Hills
Proyecto. Las casas fueron construidas con el mismo modelo y color de pintura, en la orilla de la residencial Garden Hills. Tras el muro de la derecha está un terreno que le pertenece a INVERVAL, dueña del 99 por ciento de acciones de Las Vistas.

En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados.

Documentos privados de Las Vistas, a los que SÉPTIMO SENTIDO tuvo acceso, revelan que, ese mismo 20 de abril de 2012, Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de esta joven empresa, tras aportar sus $2.5 millones en terrenos.

Ese mismo día, le transfirió esas acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin. Ambas tienen en sus juntas directivas a personas que aparecen en las juntas directivas de miles de compañías en el país Centroamericano. Es posible que se trate de empleados del mismo bufete panameño que se encargó de la conformación de esas dos empresas: Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Preza Rodríguez solo aparece como apoderado en ambas compañías.

Ambas empresas fueron creadas solo unos meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños.

La empresa Garden Hills no ha presentado balances financieros de sus actividades desde 2007 (el año de su fundación) ante el Registro de Comercio. El ministerio de Hacienda, por su parte, no le registra ni un solo movimiento desde 2010. Cientos de reportes de omisos se han emitido alrededor de sus actividades.

Los nuevos dueños

El 23 de julio de 2013, Jorge Andrés Méndez Allwood, abogado del bufete Guerrero y Guerrero, renunció a su puesto como administrador único propietario de Las Vistas, para el que había sido elegido para los siguientes tres años en marzo de 2012. Su sustituta fue la ingeniera Lilian Carolina Vidal Díaz.

Lo mismo hizo la suplente de Méndez Allwood, Tanya Camila Hernández de Arce. Esta renuncia es la puerta por la que entró, como sucesor, José Mauricio Cortez Avelar, prestanombres del político José Luis Merino, según instituciones de EUA.

Según el Centro Nacional de Registros, también hubo un relevo en los accionistas. El 99 % de las acciones pasó a manos de la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL). El resto, el 1 %, era del abogado Cortez Avelar, a la sazón administrador único propietario de Inversiones Valiosas.

Documento 01
El cambio. En la credencial de elección de la nueva administración de Las Vistas, donde se escoge a José Mauricio Cortez Avelar como administrador único suplente. También aparece la sociedad INVERVAL como dueña del 99 % de acciones de Las Vistas. El abogado, identificado como testaferro de José Luis Merino, es propietario del 1 % restante.

De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas.

Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills.

INVERVAL nació en agosto de 2012, seis meses después que Las Vistas, la sociedad de la que pasó a ser dueña mayoritaria. INVERVAL ya ha aparecido en el radar de los medios de comunicación en El Salvador por haber sido la receptora, a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de $16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador.

Parte de este dinero, poseído por INVERVAL, puede haberse utilizado para adquirir las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía aproximadamente a $2.5 millones. Sin embargo, los $16 millones le fueron desembolsados a INVERVAL por parte de ALBA Petróleos con objetivos bien definidos: comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, iniciar los trabajos de terracería y construir viviendas.

O INVERVAL incumplió su pacto con ALBA Petróleos al destinar parte del dinero a algo que no se había convenido, o el dinero utilizado para esta transacción no tiene justificación de su origen. INVERVAL, por otro lado, no refleja en sus balances financieros en el Centro Nacional de Registros la adquisición de una compañía. Solo se limita a hacer ver que cuenta con una subsidiaria a la que le ha erogado varios préstamos.

Al abogado Cortez Avelar se le buscó en múltiples ocasiones para que diera su versión de los hechos. Primero se hizo escribiéndole un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador, para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de ALBA Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana. Al no obtener respuesta por esta vía, se le buscó en la dirección de PROCREADOR, una de sus empresas. Esta resultó ser, también, su casa de residencia. No estaba. Se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con SÉPTIMO SENTIDO. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

Las casas de lujo vacías

La empresa Las Vistas inició con la construcción de sus 38 casas en 2013. Las labores de edificación finalizaron en 2015.  En octubre de ese mismo año, Las Vistas comenzó a desprenderse de sus viviendas. Las ventas pararon en noviembre de 2016. Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera.

En todos los casos, los compradores realizaron préstamos hipotecarios cercanos a los $250,000 para adquirir los inmuebles, con un plazo de más de 20 años para pagar. Sin embargo, siempre tuvieron que aportar de su propio bolsillo cifras que rondan los $60,000 para comprar las casas, pues tienen un valor aproximado de $325,000.

Sin excepción, las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador.

Que las viviendas hayan llegado a manos de personas relacionadas y que no estén siendo utilizadas no es casualidad. Según un contador consultado para este trabajo, ello puede servir como una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso de un proyecto inmobiliario. Es decir que la persona que compra no está interesada realmente en adquirir el inmueble, pero le hace el favor a la compañía de sacar un crédito hipotecario para “comprar la casa”. El pago del crédito puede realizarlo, incluso, la misma sociedad que vendió. Siempre hay pérdidas, pero estas no deben cancelarse inmediatamente. Se trasladan al largo plazo.

Un miembro de la Fiscalía General de la República (FGR), sin relación con el caso, asegura que también se puede tratar de una estrategia para el lavado de dinero: una persona puede sacar un préstamo hipotecario de largo plazo para pagarlo, incluso mediante cuotas adelantadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. El dinero, luego, se puede justificar como el resultante de un crédito.

El bufete Guerrero y Guerrero, cuyos miembros brindaron el servicio profesional de fundar la empresa Las Vistas, tiene como su cabeza a Juan José Guerrero. Este abogado es un exdirigente de ARENA. Incluso fue director de asuntos jurídicos y electorales de ese partido.

Juan José Guerrero es un nombre común a varias etapas de esta historia. Primero, porque formó parte de la junta directiva de Garden Hills, la compañía que cedió los 38 lotes, desde 2006 hasta 2010. Segundo, porque fue el notario que se encargó de hacer el documento de la fundación de Las Vistas (la empresa que los adquirió) y de todos los escritos relacionados con la transacción de los inmuebles. Garden Hills, hasta el 2012, mostraba como su dirección la misma del bufete Guerrero y Guerrero. Se buscó a Juan José Guerrero en su oficina para que brindara una entrevista, pero no accedió a la petición.

Fuentes cercanas al bufete aseguraron que Las Vistas había sido creada exclusivamente como un servicio profesional para su cliente José Gregorio Preza, intentando desligarse de estas transacciones.

El otro camino de Las Vistas a ALBA

Además de INVERVAL, la empresa dueña de la mayor parte de sus acciones, Las Vistas ha recibido préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR). Hasta 2015, la suma de estos créditos ascendía a $600,000. Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador.

José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas.

El empresario Carlos Luwind Paz Reyes ha ocupado cargos al mismo tiempo en las juntas directivas de INVERVAL y de ENERGOR, desde el 12 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Esta misma persona ha tenido participación en otras empresas financiadas con dinero de ALBA Petróleos, como la Arrocera San Francisco y Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA).

Otro nombre común entre Las Vistas y ENERGOR es el de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, quien actualmente funge como administrador único propietario de la primera y como presidente de la segunda. En el Ministerio de Hacienda ha estado registrado como representante legal de Las Vistas desde su fundación.
Buena parte del dinero de ENERGOR proviene de ALBA Petróleos de El Salvador. Los balances financieros presentados ante el CNR de esta última compañía en 2015 indican que la deuda que ENERGOR ha contraído con ella es de más de $15 millones. En 2012, Energía Orgánica recibió un crédito de más de $8 millones de una empresa panameña, APES INC, subsidiaria de ALBA Petróleos. $23 millones en total han sido bombeados desde la compañía de economía mixta.

Tres de las cuatro viviendas que ALBA Petróleos posee en la residencial Garden Hills le fueron cedidas por Las Vistas como una dación en pago. Estas sirvieron para cancelar parte de la deuda de ENERGOR, según lo reflejan los documentos de esta transacción, realizada el 16 de junio de 2016.

Fachada
Empresas vinculadas. Según los datos que han presentado ante el Centro Nacional de Registros, las sociedades Las Vistas, INVERVAL y ENERGOR comparten este local desde el 3 de noviembre de 2015, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al Puerto de la Libertad.

Un mal negocio

La INVERVAL de Cortez Avelar comenzó a inyectarle dinero a Las Vistas a través de préstamos en 2013. En ese ejercicio, fueron $138,699, los que se utilizarían para comenzar las construcciones de 38 casas en igual número de lotes.

Esa cifra aumentaría en los siguientes dos años: $4 millones, en 2014, y $7 millones, en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de $8 millones. El proceso de la construcción, sin embargo, no ha estado exento de irregularidades.

Documento 2
El aumento en el valor. En sus balances financieros de 2015, Las Vistas reportó que sus inventarios superaban los $8 millones, gracias a las construcciones de casas en sus lotes. Lo hizo gracias a $7 millones en préstamos de INVERVAL, a la que identifica como accionista mayoritaria. (clic para ampliar imagen)

En las declaraciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que Las Vistas ha presentado ante el Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, ha reflejado apenas $32,000 en recibos de crédito fiscal, la forma con la que, por lo general, se adquieren materiales de construcción. Las grandes empresas que venden estos productos no lo hacen si no es de esta manera.

El crédito fiscal tiene un objetivo. Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un insumo y que puede deducirlo ante el Estado al momento de realizar una reventa. La compañía adquiere, por ejemplo, una maleta por $130, de los que 30 corresponden a tributos. Luego, puede vender la misma maleta por $260. Para ello tendría que abonarle al Estado el 30 por ciento de la transacción; es decir, $60. Sin embargo, debido al crédito fiscal, estarán ya reflejados los $30 que ya pagó cuando adquirió el producto y, por tanto, solo tendrá que abonar $30. Se paga un tributo por la ganancia, no por el valor total del producto.

Eso también pasa con las construcciones: el crédito fiscal le permite a una inmobiliaria deducir los impuestos que ya pagó al adquirir los materiales.

Además de revelar informalidad en el proceso de construcción, pues se trasluce que la mayoría de compras se realizaron sin facturas, que Las Vistas casi no echara mano de créditos fiscales representa un tremendo problema contable, donde la empresa podría perder mucho dinero: en los impuestos de renta, pagados al fisco, no se le cobraría por el 30 % de la ganancia (la diferencia entre el costo y el precio de venta); sino, de todo el inmueble.
Eso ha sido compensado, según lo que se refleja en sus balances financieros y en los datos de sus declaraciones del Impuesto sobre la renta, con una muy alta cifra de costos.

Las Vistas comenzó a vender inmuebles en octubre de 2015. Al final de ese año, se había desprendido de seis, por los que declaró unos ingresos de más de $2.6 millones. Pero sus costos fueron muy cercanos: un poco más de $2.3 millones. La ganancia para todo el ejercicio, por tanto, se colocó en $300,000.

Es decir que cada casa se vendió a $433,000, mucho más de lo que se desprende del precio reflejado en las escrituras de compraventa, que fijan esa cifra en un promedio de $325,000. Cada vivienda costó $392,000. La utilidad total para 2015, según sus balances financieros, fue de $160,028 debido a otros gastos.

El siguiente año fue más difícil. Al final de 2016, Las Vistas se había desprendido de otras 13 viviendas, por las que reportó $3.8 millones en ingresos, el equivalente a $297,000 por inmueble, muy cercano al precio de mercado que se establece en las compraventas. Pero los costos representaron una avalancha: $4.9 millones, lo que se traduce en $379,000 por cada casa*.

Las pérdidas para ese ejercicio, por tanto, fueron de más de $1 millón. En un contexto como ese, seguir vendiendo sería un mal negocio.

A partir de esto, queda una pregunta en el aire: ¿Por qué decidieron bajar en más de $100,000 el precio promedio de cada inmueble de un año a otro, de $433,000, en 2015, a $297,000, en 2016? ¿Por qué el costo promedio disminuyó en $13,000?

Las Vistas es todavía dueña de 19 casas en la residencial Garden Hills. Ha hipotecado seis de ellas. Dos como garantía de un préstamo, recibido por parte de una persona natural, el empresario de la construcción Raúl Argüello González, dueño de la sociedad Inversiones y Desarrollos Integrales.

Los otros cuatro están hipotecados a favor de Multiinversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, el mismo del que obtuvo el crédito para adquirir su casa Yanira Elizabeth, la hermana del viceministro Merino. Según algunos de los vecinos de Garden Hills, el funcionario ha residido de manera irregular en uno de los inmuebles que todavía le pertenecen a Las Vistas, el número 9 de la calle Zenzontle. Quienes siempre están allí, afirman los vecinos, son sus guardaespaldas.


* En la edición impresa, el cálculo se hizo con respecto a 12 casas, cuando lo correcto era hacerlo con 13. Este texto se corrigió el 30 de agosto de 2017. El arreglo también se realizó con respecto a los siguientes dos párrafos.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La extorsión nuestra de cada día

Captura. Un policía observa en la pared una serie de números telefónicos, en la casa de Antonio Barahona, capturado por el delito de extorsión en el cantón Joya Galana, de Apopa, en septiembre de 2009.

Esa mañana, la del 3 de junio de 2014, Calixto vio salir a su hija Irene hacia la escuela, con su maletín café en la espalda, vestida con su uniforme escolar. La vio salir como se mira llover, esperando que regresara a la hora acostumbrada. La adolescente no llegó a la casa nunca más.

Al siguiente día, Calixto recibió una llamada. Desde el otro lado, una voz de hombre le advirtió que tenían a su hija y que debía pagar $700 para recuperarla. Para ver de nuevo con vida a su hija, Calixto estaba obligado a conseguir el equivalente del salario de un cabo de la Policía Nacional Civil con 16 años de servicio dentro de la corporación.

El 9 de junio, apenas cinco días después del primer contacto telefónico y tras ser bombardeados por otras llamadas y mensajes amenazantes, Calixto y su pareja, Marina, depositaron $350 en una cuenta de banco, la mitad de lo exigido. Quizá como una muestra de su compromiso, una promesa de que cubrirían lo pactado. Pero esto no convenció a la voz que hablaba desde el otro lado.

Por eso, ese mismo día, ambos padres enviaron otros $150 por medio de un servicio de transferencias de dinero vía telefónica. Dos días después, el 11 de junio, y por el mismo medio, Calixto y Marina despacharon $105 más: $605 en total. Creyeron que eso les traería a su hija de nuevo a su hogar. Pensaron que quizá estaba sufriendo, pasándola muy mal.
El miedo es el paralizante más eficaz. El que impide que se sigan los pasos lógicos. En este caso, denunciar la desaparición de Irene ante las autoridades. Por eso les tomó cinco días, desde que la adolescente desapareció, para denunciar su secuestro a la Policía Nacional Civil. Lo hicieron el 8 de junio. Un día después, hicieron el primer pago, el de $350.
El caso le fue asignado a un equipo de investigadores y a un negociador, que se habían limitado a observar cómo se desarrollaban los hechos después de que la pareja realizó los pagos.

El 14 de junio, 11 días después de la última vez en que Calixto vio a su hija, uno de los investigadores recibió por parte de sus informantes una pista, una auténtica sorpresa: Irene, la misma adolescente por la que unos padres habían pagado a un desconocido más de $600 para que se las regresara a su casa, caminaba tranquilamente en las cercanías de la alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Al investigador le llegaron otros detalles: Irene había sido vista con miembros de la Mara Salvatrucha, la misma que domina la colonia en que vivía.

El policía actuó con rapidez: le pidió a su informante que no se despegara de Irene, mientras otros agentes se acercaban al lugar para comprobar si, en efecto, la que andaba ahí caminando por su propio pie era la misma adolescente.
Era Irene, que no vestía ya su uniforme escolar. Los agentes la interceptaron en una gasolinera ubicada entre la 3.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo Segundo. Le preguntaron su nombre y qué hacía en el sitio. Al principio, respondió tranquila a los requerimientos. Aseguró que esperaba a un grupo de amigos. Los agentes insistieron un poco más y la adolescente se quebró. Entonces, según los policías que estaban en el sitio, intentó huir.

Fue retenida. Por ser una menor de edad, le preguntaron a quién podían avisar de su detención. Respondió que a nadie. En el sitio se le incautó una mochila de lona gris, en la que andaba sus zapatos y su uniforme escolar. También dos teléfonos móviles. Ahí se comprobó que había mantenido contacto con el mismo número que, en más de 70 ocasiones, había marcado a los celulares de sus padres para exigir un rescate por ella. Un rescate que ascendía a $700.

El número en uno de los aparatos de Irene aparecía identificado simplemente como Anderson. En el otro, era más comprometedor. Ahí el nombre asignado al número de la persona que extorsionaba era Amor.

“Se infiere que la menor nunca estuvo secuestrada y confabuló con varios sujetos para extorsionar a los ofendidos clave Calixto y Marina”, escribieron los fiscales del caso en su requerimiento de acusación. Además de Irene, quien fue juzgada como menor infractor, fueron acusadas otras dos mujeres.

La primera de ellas, a la que las autoridades simplemente identifican como Glenda Arely A. L., fue la encargada de recoger los $350 de la cuenta de banco que estaba a su nombre, “materializando el lucro económico de la extorsión”. La otra, Wendy Liseth C. L., retiró los $255 que Calixto y Marina enviaron por un servicio de transferencia vía telefónica.

El 22 de junio de 2015, las dos mujeres fueron condenadas a cinco años de prisión y a pagarles a las víctimas $300 cada una. Las autoridades habían logrado condenar a las involucradas apenas un año después de que se cometieron los hechos.

Sin embargo, no fue un acto de efectividad: ello ocurrió así porque la Fiscalía General de la República solicitó un proceso abreviado, en el que propuso a las acusadas y a su defensa una considerable reducción a la pena con la condición de que se declararan culpables. Así evitaron la verdadera pena para el delito que cometieron, extorsión agravada, que va de los 10 a los 20 años de cárcel.

Al menos en este proceso, no hubo ni huella de aquel hombre que hablaba desde el otro lado del teléfono. La única pista de las autoridades es que las llamadas provenían, con un “99 % de probabilidad”, de la finca Argentina, más específicamente desde el interior del centro penal La Esperanza, Mariona. El que extorsionaba, según las autoridades, era un reo de esa cárcel al que aún hoy no han logrado identificar.

Especialización. La PNC cuenta con una subdirección Antiextorsiones. En 2012 se creo la Fuerza de Tarea Antiextorsiones, una especie de grupo élite dedicado a casos especiales.

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La extorsión se funda en el miedo. En la incertidumbre de que las amenazas que llegan desde el otro lado del teléfono o desde quien se presenta ante uno sean ciertas. Es un delito comúnmente identificado con las pandillas, su principal fuente de financiamiento. Pero también es cometido echando mano de familiares y personas cercanas, como en la historia de Irene y sus padres.

Y aunque se trate de un delito que atenta contra el patrimonio, pues siempre tiene tras de sí un componente económico, se le ha denominado un crimen “pluriofensivo”, pues también socava la voluntad de sus víctimas, vuelve su corazón materia maleable al arbitrio de quien amenaza.

Por eso es que, según las mismas autoridades de Seguridad en El Salvador, el de la extorsión es, seguramente, el delito con la cifra negra (la diferencia entre los hechos cometidos y aquellos que se denuncian) más grande de todos. Una situación grave si se toma en cuenta que se denuncia no pocas veces y que, también, es uno de los crímenes que con más frecuencia se judicializan en el sistema salvadoreño.

Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recaen en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Y de que es un delito cuya magnitud no puede medirse con exactitud da cuenta también la diferencia existente entre las denuncias que se presentan en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil.

Por ejemplo, en 2014 la FGR contabilizó 3,010 casos de extorsión a escala nacional. La PNC, en el mismo período, reportó 2,480, es decir, 500 menos. Lo mismo ocurrió al siguiente año, cuando la primera institución certificó que trataron 2,840 procesos por este delito y la segunda, 2,242, es decir, 600 menos.

Eso no es exclusivo del caso salvadoreño. Pasa exactamente lo mismo en países como Guatemala. Según el documento “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala”, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de ese país en 2014, las cifras variaban entre la Policía Nacional Civil guatemalteca y el Ministerio Público en porcentajes incluso más altos que en El Salvador. En 2013, por ejemplo, el MP tuvo 7,200 denuncias, mientras que la PNC se limitó a 5,600, casi 2,000 menos.

Según el mismo estudio, lo anterior puede deberse a que las personas tienen más confianza de denunciar en una sede fiscal, mucho más centralizada y alejada de los lugares donde ocurren los hechos, que en un puesto policial. Los denunciantes piensan que en un sitio muy cercano a sus hogares la información se puede filtrar y significar, por ende, una muerte segura. Cierto reparo con respecto a la PNC en Guatemala también puede ser parte de la ecuación.

Algo muy similar a lo que pasa en El Salvador, donde incluso policías se han visto involucrados en hechos como estos. Según datos de la Fiscalía General de la República, 28 agentes de la institución fueron denunciados por extorsión entre 2013 y marzo de 2017.
Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recae en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Fallecido. Un policía recolecta evidencia en la escena donde una grupo de policías asesinó a una persona
en San Miguel Las Mercedes, Chalatenango.
Se trataba de un pandillero que había llegado a recoger el pago de una extorsión.
Al ver a los agentes, los atacó.

Entre los 30 casos hay 40 personas acusadas, 24 son hombres y 23 de estos fueron individualizados después de que investigadores de la Policía Nacional Civil programaron junto a las víctimas una entrega de dinero controlada. Solo uno de ellos fue identificado al recoger el dinero mediante un servicio de transferencias electrónicas.

Es el único caso de los 30 consultados para este trabajo donde quien llama para extorsionar es la misma persona que recoge la plata. Se trata de un reo que, al momento de cometer el ilícito, guardaba prisión en el centro penal La Esperanza, condenado, precisamente, por extorsión. Por eso recogió el dinero mediante una transferencia electrónica.

De las 16 mujeres, 15 fueron individualizadas tras recoger el dinero en una cuenta bancaria que estaba a su nombre o mediante un servicio de transferencias electrónicas. Es la manera más fácil para identificar a alguien involucrado en un delito de extorsión.
Según datos de la PNC, en 2015, de los 2,242 casos que recibieron en sus sedes, 1,159 extorsiones iniciaron mediante una llamada telefónica. Un poco más de la mitad. En 936 ocasiones, el extorsionador se presentó personalmente. En 209 el mensaje llegó por medio de un manuscrito que la víctima pudo encontrar en su lugar de trabajo, en su casa o le fue entregado por un menor de edad.

En los 30 casos revisados para este trabajo, 28 iniciaron con una llamada telefónica. Por eso es que en apenas una ocasión (la que ya se explicó más arriba) fue posible individualizar a la persona que se encargaba de amenazar, por lo que, en la práctica, el resto quedó en la impunidad. En algunas ocasiones las amenazas han continuado incluso después de que se iniciaron los procesos judiciales, según lo expresado por las víctimas en los documentos que recogen las sentencias condenatorias.

Esto último vuelve ambiguas las declaraciones tanto del actual director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, como del jefe fiscal de Áreas Especializadas, Allan Hernández, que aseguran que el 93 % de las denuncias por el delito de extorsión son resueltas. Es cierto que el país ha avanzado mucho en torno de la persecución del delito, con la creación de unidades especializadas y de una ley especial para la extorsión, pero ¿es cierto que solo el 7 % de los culpables quedan en la impunidad cuando a quien se juzga no es quien amenaza, sino quien recoge el dinero, posiblemente quien no es su beneficiario final?

“Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”.

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Denuncias. En el 2016, la PNC contabilizó 2183 casos de extorsión.
657 de estos ocurrieron en el departamento de San Salvador.

La cifra negra del delito de la extorsión no es calculable en toda su magnitud. Se habla incluso de que se ha convertido en una norma, en una especie de tributo no oficial que vendedores informales, micro y pequeños comerciantes, maestros y un largo etcétera pagan por descontado.

Eso se traduce en que una persona puede pasar años pagando una extorsión, lo que hace mella no solo en sus finanzas, sino también en su salud mental, la gran marginada del sistema salvadoreño.

Para el psiquiatra Carlos Alberto Escalante, fundador del Programa Nacional de Salud Mental en el quinquenio pasado, esto, la ubicuidad de la extorsión en El Salvador, es un fenómeno que tiene mucho de problema de salud pública: un ejército de personas sometidas a un estrés que tiene que ver con su sobrevivencia, que, al extenderse en el tiempo, puede mudarse en una depresión ansiosa. También ahí están los deseos de venganza, la aspiración de que aquel que ha sometido mi libertad y se ha llevado parte de mis (siempre escasos) recursos pague incluso con su vida.

Según el profesional, solo ha tenido la oportunidad de atender, desde su consultorio, a una persona que ha llegado explícitamente para tratarse problemas mentales relativos al estrés provocado por una extorsión. El hombre era dueño de un local de ropa y se había habituado a pagar ese tributo no oficial.

Pero lo conturbaba el hecho de que las cosas nunca adquirieran la mimada fidelidad de una costumbre. La víctima se adecuaba a negociar con alguien que, apenas un tiempo después, era sustituido por otra persona acaso mucho menos razonable. Vivir en una zona controlada por pandillas, donde había observado algunos cadáveres producto de un asesinato, terminó de quebrarlo.

Decidió, entonces, cambiar su domicilio, cambiar su estilo de vida. Lo que no podía hacer era dejar su negocio. Dispuso que solo él se expondría al peligro, que su esposa no llegaría más a ayudarlo. Las imágenes de asesinatos que había visto durante la vigilia lo asediaban por la noche, se volvían palpables, como si fuera él y no otro el que había sufrido esas experiencias. El constante riesgo de que, en efecto, ese dolor se convirtiera en realidad lo hicieron hacer una cosa que pocas veces hace un ciudadano salvadoreño: acudir a un psiquiatra.

Pero ¿cómo se trata la ansiedad provocada por un hecho traumático cuando el detonante de esa misma ansiedad sigue presente en tu vida? El doctor Escalante duda mucho en su respuesta. Habla de la ingesta de ansiolíticos para lograr conciliar mejor el sueño. Y, sobre todo, de un ejercicio que mucho tiene que ver con la resignación.

—Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”. No le puedo decir que las cosas se solucionarán pronto porque esa no es la realidad –comenta el psiquiatra, con su característico hablar pausado.

—Un estrés como ese, que se extiende por el tiempo, es difícil de superar. No podría decirle qué tipo de huella puede dejar en la cabeza de una persona –concluye.

El dinero. Agentes de la Unidad Antipandillas cuentan el dinero encontrado escondido en una olla de cocina en San Vicente. La suma llegaba a los $3,500. En esa vivienda habitaba toda una familia que fue capturada el 12 de enero de 2015.

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Durante la tregua entre pandillas, las estructuras lograron desplomar la cifra de homicidios. Lo mismo no pasó, sin embargo, con las extorsiones, que han sido desde al menos la pasada década su fuente de financiamiento más poderosa. Fuente de financiamiento y medio para la subsistencia de miles de sus familiares. Por eso, a sus principales cabecillas les resultaba un tema tabú hablar de ella en las múltiples entrevistas que brindaron en el marco de la estrategia. Una auténtica paradoja: para seguir extorsionando, amenazaban con hacer aquello que, precisamente, se habían comprometido a dejar de hacer: matar personas.

Lavado. El dinero obtenido con la extorsión también va a dar a variados negocios
para darles una apariencia de licitud a los fondos.

Quien extorsiona parece un fantasma. Quien manda y es, en suma, el máximo beneficiario de esa actividad nunca da la cara. Siempre es una voz que habla desde el otro lado del teléfono, o el autor de un mensaje anónimo o el jefe de aquel que se presenta para explicar que la víctima debe pagar un tributo a la pandilla para continuar con vida. Y según los 30 casos revisados para este trabajo, también es poco frecuente ver a un miembro vigente de la pandilla participando activamente en la recolección de dinero.

Eso no fue lo que le pasó a Mauricio, un hombre al que, el 13 de enero de 2015, la pandilla le pidió $15,000 por medio de un mensaje anónimo escrito en un sucio papel, entregado por un joven, quizá menor de 18 años, al que nunca había visto antes. La sentencia judicial que recoge su historia no aclara a qué se dedicaba la víctima, pero a juzgar por la cantidad de dinero solicitada, era un negocio mediano.

Decidió denunciar. La Policía lo apoyó en cada etapa desde ahí, primero porque le asignó un negociador, alguien que contestara el teléfono por él, quien consiguió que la cantidad pactada no fuera la inicial, sino solo $2,500, que se entregarían en una reunión en un centro comercial de Soyapango el 23 de enero de 2015. Ese día llegó y la autoridad estaba bien preparada, con cuatro equipos de investigadores, para capturar a aquellos que llegarían a recoger el dinero.

Colocaron $10 en un sobre de manila, al que acompañaron con recortes de periódicos para simular el resto del dinero. Los dos pandilleros llegaron vestidos justamente como la voz que hablaba desde el otro lado del teléfono lo había indicado y los investigadores no tardaron mucho en reconocerlos. La víctima entregó el sobre y, cuando uno de los pandilleros que había recogido la plata se disponía a abrirlo para cerciorarse de que estuviera completo, uno de los equipos interceptó a la pareja.

Uno de los dos pandilleros pudo huir. El otro fue capturado y condenado, 11 meses después, a seis años con ocho meses de prisión, pues el juez decidió rebajar el delito a extorsión tentada, una pena mucho menor a la exigida por la Fiscalía General de la República, colocada en 15 años.

Fue el único procesado en el juicio, que dejó en la impunidad tanto a quien lo acompañó a recoger el dinero de Mauricio como a todos aquellos que participaron en la trama, desde aquel muchacho que entregó el primer papel amenazador hasta la persona que, desde el otro lado del teléfono, quiso hacer del corazón de una víctima un instrumento maleable a su arbitrio.

Canalización. Los fondos obtenidos con la extorsión son destinados a las familias de los pandilleros, pero también a la compra de armas.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.