Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

Y entonces, ¿necesitamos una CICIES?

Empezaría diciendo que saquemos a los políticos de la discusión, pero no puedo: diseñar y ejecutar una comisión internacional a la que el Estado nacional cederá atribuciones como la investigación del crimen es algo que no puede hacerse, obvio, sin el concurso del Estado. En El Salvador, el Ejecutivo se ha negado de entrada a ceder esas atribuciones a un ente internacional. ¿Por qué?

No ha habido, hasta ahora, una discusión seria en la agenda nacional sobre la conveniencia o no de que en El Salvador haya una comisión internacional como en Guatemala. Cada vez que el tema surge en la opinión pública suele ser porque la oposición política vinculada a ARENA, con evidentes intereses partidarios, lo trae a colación, o porque algunos tuiteros sin aparente filiación partidaria tiran la idea al ciberespacio.

Las respuestas a la pregunta que titula esta columna y a la que finaliza el primer párrafo están aún pendientes. No seré yo quien las conteste, pero sí puedo, en todo caso, dar mi opinión. Parto de lo básico: ¿Es necesario que el Estado salvadoreño ceda soberanía a un ente internacional para investigar y combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado? Yo creo que no haría daño alguno, sobre todo si entendemos que los entes encargados de esa función por mandato constitucional han solido ceder su soberanía e independencia a entes ajenos a ese mandato, como los partidos políticos, o, peor, a grupos de crimen organizado que están en abierta contradicción con ese mandato.

Si partimos de que la Fiscalía General de la República es a la que toca ejercer la dirección de la investigación criminal por mandato constitucional, basta revisar las gestiones de la mayoría de fiscales generales anteriores a Douglas Meléndez para entender que pusieron a la institución al servicio de intereses de partidos políticos o, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Así, hablar de las gestiones del fallecido Manuel Córdova Castellanos, de Belisario Artiga, de Félix Garrid Safie, de Romeo Barahona o de Ástor Escalante es hablar de fiscales generales que pusieron a la Fiscalía al servicio de los intereses políticos del partido ARENA. O de funcionarios cercanos al poder. Hablan de ello casos como el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda, en el que el rol de la Fiscalía fue encubrir y proteger a los sospechosos, policías y militares incluidos; o, mucho antes, la negativa de la Fiscalía de Córdova de investigar a bancos del sistema financiero relacionados con estafas atribuidas a empresarios cercanos a la derecha política, como FOMIEXPORT o FINSEPRO.

Y, luego, al revisar la gestión de Luis Martínez, avalada por todos (t-o-d-o-s) los partidos políticos, se entiende cómo la Fiscalía llegó a ceder su independencia al crimen organizado y a la corrupción. Casos como el de Enrique Rais y la protección al Cartel de Texis son ejemplos de ello.

Uno de los principales argumentos de los detractores de que en El Salvador exista una comisión internacional es ese, que no es adecuado que el Estado ceda su soberanía. La semana pasada se lo escuché, por ejemplo, a Fabio Castillo, el abogado cercano al FMLN, pero ya antes lo han repetido diputados y autonombrados analistas, sobre todo desde la izquierda política.

El argumento es, creo, un sofisma: qué soberanía va a ceder la Fiscalía General cuando durante tanto tiempo la ha cedido a intereses que nada tienen que ver con el soberano, con el pueblo al que se debe. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra soberano: “El que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente”.

Si “Chepe Diablo”, Los Perrones y demás mafias incrustadas en el sistema político salvadoreño han podido ejercer autoridad sobre fiscales generales y –de esto he hablado antes con detalle– directores de la Policía Nacional Civil, de qué sirve la tan cacareada soberanía.

Prefiero una cesión controlada de soberanía a un ente internacional para garantizar el imperio de la ley, como en el modelo CICIG, que seguir cediendo la soberanía de nuestras instituciones a las mafias que se han adueñado de ellas.