Medellín y las llaves de un periódico

A la baja. Medellín se asienta entre montañas. En 1991 registró una tasa de 266 homicidios por cada 100,000 habitantes. La del año pasado fue de 20 por cada 100,000.

 

“El periodista cayó al suelo intimidado por el cañón del revólver que le restregaban en la frente. No sintió la aspereza del piso de ladrillo, un material en desuso que las dos ancianas, dueñas del local en donde se distribuía la prensa, se negaron a cambiar oponiéndose al inútil lujo de las baldosas. No tuvo tiempo para el miedo, todo, como suele ocurrir en estos casos, fue tan imprevisto y vertiginoso que apenas habían transcurrido unos cuantos minutos desde que dejó a su madre en la puerta de la iglesia y ahora estaba allí tirado, con la muerte babeando sobre su cara.  Tampoco sintió el peso del sicario que se le paró encima mientras le escupía el término ‘gonorrea’ y lo amenazaba con el gatillo a punto de decidir la suerte mortal que estaba tras el ‘sí’ o tras el ‘no’.

Decí que ya no trabajás más para ese pasquín, que ya no tenés que ver con él, que estás por fuera. Es una orden del ‘Doctor’. El Espectador se va porque se va, y no queremos a nadie que tenga nada que ver con ese periódico de mierda. Confesá o te vuelo la cabeza”.

Era octubre de 1989. “El Doctor” era Pablo Escobar. Y “gonorrea” empezaba a popularizarse como insulto de la mano de sicarios en Medellín, Colombia. Así arranca “Las llaves del periódico”, un libro firmado por Marco Antonio Mejía y Carlos Mario Correa en el que se cuenta cómo era seguir haciendo periodismo en medio de la flagrante persecución que mantuvo el cartel de Medellín contra El Espectador.

 

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Libro. La primera edición de “Las llaves del periódico” salió en abril de 2008, bajo el sello del Fondo Editorial EAFIT. Es parte de la Colección Testigos, dedicada a difundir literatura sin ficción. Hay una versión digital a la venta en www.casadellibro.com.

El primer sueldo que Carlos Mario Correa cobró en El Espectador fue de unos 23,000 pesos colombianos, al cambio de hoy, cerca de $20. Para entonces, la presión del cartel de Medellín para acabar con este periódico incluía acciones como la de mandar coronas de flores con los nombres de los periodistas o de cualquier otra persona involucrada con el medio a quien quisieran amenazar de muerte. “Me dejaban el sueldo en tiendas y en otros negocios de conocidos de la administradora, yo nunca conocí a la administradora, no podía, era muy riesgoso, tampoco podía tener amigos, ni novia”, cuenta Correa en un restaurante de un Medellín que se antoja ya demasiado lejos del que él describe, pero que, en esencia, sigue siendo el mismo.

Si se tuviera que dibujar la voz de Carlos Mario Correa, sería una línea muy estable. Su monótona forma de hablar no impide que un público compuesto por más de una veintena de periodistas le entregue una atención imperturbable a pesar de que hay una vista hermosa del otro lado de los ventanales y un caldo humeante de frijoles y carne sobre la mesa. La razón de esta entrega está amarrada al peso del trozo de historia que cuenta este periodista que inició su carrera en 1988, cuando tenía 23 años de edad. En ese tiempo, la forma en la que el mundo se refería a este territorio montañoso era por medio de un cartel de droga y todas las violencias que había desatado.

Correa decidió ser periodista en lugar de carnicero, el oficio con el que pagaba sus estudios.  La sangre, a pesar de la decisión que tomó, nunca se alejó de su día a día. El Espectador era un medio amenazado por Pablo Escobar, quien había logrado acumular dinero y poder a punta del sicariato y la droga. Correa entró a esta redacción de la mano de la idealización y el romanticismo que implicaba trabajar en el mismo medio que había visto nacer a la máxima figura de la literatura y le periodismo colombiano: Gabriel García Márquez. Pero esa aura desapareció tan pronto escuchó las primeras llamadas telefónicas del “Doctor” y su gente.

“Me di cuenta de que llegué a sustituir a otro periodista que había tenido que salir huyendo para Bogotá bajo amenazas de muerte”, cuenta. Este periódico ya había recibido un golpe brutal un par de años antes, cuando el director, Guillerno Cano Isaza, fue asesinado en Bogotá. La orden vino de los señores de la droga, esos a los que por estos días se les vende como líderes sociales y a quienes se les caricaturiza la violencia en series de televisión y películas. Por aquellos días, todas las sedes de El Espectador estaban bajo amenaza, en especial la de Medellín.

Correa fue periodista de nota roja en uno de los lugares más golpeados y menos contados de Colombia en una época en la que el silencio selectivo era usado como medida de seguridad.  Cubrió masacres e incluso las muertes de sus propios colegas, sus amigos. A esas pocas personas con las que podía tener alguna relación, el cartel se las fue matando.

Culto. Pablo Emilio Escobar fue abatido por las balas de las fuerzas públicas el 2 de diciembre de 1993, mientras intentaba huir por un techo. Todavía hoy hay quienes le rinden culto a un hombre que aplicó la violencia sistemáticamente hasta dominar el negocio de la droga.

Acá se entiende ese tono desengañado y pleno de dolor añejo con el que confiesa que “no era periodista preguntón, no hacía tumulto en la rueda de prensa; iba a las comunidades y escuchaba”.  Correa escribía crónicas sobre muertes violentas mientras él mismo pensaba en cómo iniciar y terminar su jornada diaria en el periódico sin convertirse en una víctima más. Su método pasaba por escuchar con el mismo respeto con el que le hubiera gustado que lo escucharan a él.

Cuando lo contrataron, Correa tuvo la sensación de que por fin había llegado a ser parte de algo grande, de un periódico que, aunque no tenía la circulación de El Tiempo, era “el mejor” por la valentía con la que defendía sus convicciones editoriales. Pero en medio su emoción por comenzar a ejercer, se tuvo que dar cuenta de que algo no cuadraba con lo que tanto había idealizado de una redacción. El rótulo grande y orgulloso que antes identificaba la sede de El Espectador había sido sustituido por un adhesivo de 5 por 2 centímetros colocado en una de las ventanas. Era un anuncio sin sentido, porque comunicaba algo que en realidad no se quería divulgar.

En la medida en que aumentó en la región la violencia ejercida por los carteles de droga, las sedes de El Espectador se fueron volviendo cada vez más secretas. Correa llegó así a trabajar en un edificio en el que ninguno de sus vecinos sabía que él era el periodista de El Espectador. Dejó de firmar las notas y cada vez que se enteraba de que su ubicación había sido descifrada, se mudaba. En el apuro de huir, se fue llevando en el bolsillo las llaves de cada lugar que albergó la redacción clandestina. Se convirtió en el hombre que tenía las llaves del periódico.

“Esas amenazas se hicieron reales al mediodía del 10 de octubre de 1989. El periodista escuchó asombrado la voz de un niño que, al otro lado de la línea telefónica, le anunciaba que al papá -Miguel Arturo Soler Leal, jefe de circulación de El Espectador en Medellín- le habían disparado en el camino a casa en el occidente de la ciudad. Apenas si había colgado cuando una segunda llamada le informó sobre el asesinato de Martha Luz López, gerente regional de El Espectador y encargada de la venta de publicidad.

No quiso responder la tercera llamada, pero la insistencia del timbre obligó al jefe de redacción a atender el teléfono. La persona que llamó se identificó a nombre de Pablo Escobar, pidió que grabaran el mensaje y lo mandaran a Juan Guillermo y Fernando Cano, directores del periódico en Bogotá: esta es una voz de alerta, y lo que digo es definitivo: no queremos volver a ver ese pasquín en Medellín; ustedes, los que quedan, tienen tres días para desocupar, váyanse a trabajar a El Tiempo, al Colombiano, al Mundo, o a otra empresa, pero El Espectador, por a o por b, y por orden del ‘Doctor’, tiene que dejar de circular en Medellín, no responderemos por las vidas de los que sigan ahí”.

El jefe de redacción quedó inmóvil. Sin colgar el teléfono, le sobrevino un llanto nervioso que en cuestión de instantes lo sacó de sí. La amenaza le reveló que estuvo a punto de ser víctima de su propia rutina. Religiosamente, cada mediodía, y por encima de cualquier urgencia o noticia extraordinaria, suspendía su trabajo para buscar el almuerzo. Se estaba preparando para salir cuando llegó al periódico la terrible noticia de la muerte de sus dos colegas. Los extras noticiosos que empezaron a pasarse por la radio confirmaron el asesinato selectivo de sus compañeros de El Espectador. Quizás en alguno de los lugares que elegía para su rutina de almuerzo, los sicarios también lo estaban esperando”.

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El Medellín de hoy  presume de un metro cable. Son un conjunto de góndolas que hacen en 30 minutos  un trayecto que antes tomaba horas y que nadie hacía no por problemas de incomodidad, sino porque al llegar a La Sierra, era recibido a balazos.

La Sierra es el barrio más al oriente de una ciudad llena de desniveles. Esta zona alta en particular ofrecía acceso a una carretera y grandes extensiones de terreno por donde se trazaron rutas para secuestros y para tráfico de armas y drogas. “Estos eran barrios fantasma. Cualquier extraño que ingresara aquí era recibido a balazos”, explica la periodista Mariluz Avendaño, de El Espectador.

La paz de Medellín sabe a poder tomar una cerveza de madrugada en medio de un parque rodeado de bares o en una arteria como la 10, en donde se mezclan ritmos tropicales, olor a arepa y el perfume de quienes buscan divertirse porque pueden. Esta paz se dibuja en la emoción de una comunicadora de una institución de Gobierno que cuenta cómo el gran proyecto de las bibliotecas logró que comunidades hundidas en la violencia empezaran a identificar como propio algo que no era el conflicto.

Esas bibliotecas fueron el punto de entrada para que un proyecto mayor de apertura de oportunidades calara en una población que, sin los señores de la droga, se había quedado huérfana de figuras carismáticas de las que colgar ambiciones.  “A mí lo que más me sorprende es ver a la gente en la calle”, explica Mariluz mientras desde la góndola, al final de la tarde, observa a una gran cantidad de gente de los barrios aledaños a La Sierra hacer vida social, con todo lo que implica. Nadie como ella, que ha visto la guerra, puede valorar tanto esta tranquilidad rutinaria.

Medellín, este Medellín de bibliotecas comunitarias y metro cable, no es perfecto. El año pasado, la cantidad de asesinatos aumentó, pero sin que esto representara una tendencia: la tasa se mantiene en 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En 1991 este indicador llegó a ser de 266 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta paz que tiene, sin embargo, alcanza a verse en forma de letrero luminoso, uno que brilla sin pena en una transitadísima esquina que aparece mientras se va del armonioso barrio Provenza al no menos elegante Poblado. El letrero, sin más, dice: El Espectador.

Esta no es sede de una sala de redacción. El letrero apenas anuncia que ahí se vende sin ningún tipo de riesgo ni restricción El Espectador, entre otros más.

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A la hacienda Nápoles  o a la antigua cárcel de Envigado, conocida como La Catedral, este Medellín de hoy ofrece por lo menos seis recorridos turísticos que se enmarcan en la cultura del narcotráfico, esta que tantos récords de expectación redituables deja en series y películas. Correa, como alguien que sobrevivió a la violencia desbocada sobre la que se construyeron esos imperios, considera que es un error de empatía, de falta de respeto para con los que cargaron con la peor parte. “A los que más mataron fue a las personas que vendían el periódico, a los que estaban en publicidad”, en otras palabras, a los que no incidían en el contenido editorial que tanto odio sembraba en “el Doctor”.

A la reflexión que pone cara a cara al periodismo de antes con el de hoy que se realiza en el marco del IV Investigatón organizado por la red de periodistas CONNECTAS, Correa le pone una frase pegajosa que guarda una verdad tan complicada como vigente: “Pablo Escobar no corrompió a los políticos, los políticos lo corrompieron a él. Todo se arruinó más desde que él quiso entrar en la política”.

Cuando Pablo Escobar cayó abatido por las balas de las fuerzas públicas, el 3 diciembre de 1993, Correa hacía lo de siempre, su trabajo desde el anonimato. Su madre fue la primera que pudo localizarlo para darle la noticia acerca de la muerte de Escobar.  “Si he sentido felicidad, creo que fue en ese momento”, explica.

Hay fotografías de ese día, en una, el cadáver del narcotraficante yace de lado sobre tejas de barro rojo tan característico de Medellín; la cara, ensangretada, y alrededor, en la misma formación de cualquier equipo de fútbol, posan ocho hombres con armas largas, seis de ellos llevan uniforme color verde olivo. Todos sonríen victoriosos, pletóricos de triunfo ante una persona muerta. La felicidad, al final de un proceso tan traumático, puede ser complicada, difícil de explicar y de reconocer, como esta que Correa confiesa micrófono en mano, mientras las cámaras de los teléfonos celulares le apuntan.

La muerte de Escobar obligó a un proceso de reorganización en todos los sentidos. Correa acabó desligado de El Espectador porque, prácticamente, lo que él hacía ya no encajaba en los intereses de los nuevos dueños. Ni siquiera llegaron a Medellín a despedirlo, a control remoto le pidieron que entregara las propiedades del medio. Acabó mandándoles muy poco, casi todo el equipo con el que había estado trabajando era de él.

El rótulo de El Espectador que brilla en la esquina para cualquiera que viene de Provenza a Poblado no significa nada para Correa. A pesar de que hay en la junta directiva un representante de la familia Cano, este periodista prefiere desmarcarse, no es El Espectador por el que podía haber muerto mientras un sicario le aplastaba la cara contra un suelo de baldosas: “Al final, el último golpe no vino de Pablo Escobar, sino que de la empresa periodística”.

Inaccesible La Sierra estuvo durante décadas secuestrada por la violencia de las bandas de traficantes que la querían usar como salida de armas y drogas. Era un territorio al que no se podía ingresar.

Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios

Perla Vega, de 30 años de edad, fue apuñalada hasta morir, por Juan Carlos Cristerna, en mayo de 2012. Aunque en la entidad de Sinaloa el feminicidio ya estaba tipificado como tal, el presunto asesino quedó en libertad en menos de dos años. ¿La razón? El juez calificó el hecho de homicidio, no de feminicidio (“eran ex novios”) y alegaron tortura en contra de Cristerna, por lo cual fue liberado.

En México, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres y solo dos de cada diez crímenes de este tipo son reconocidos como feminicidios, lo que significa que los más de ocho mil asesinos pueden salir libres en poco tiempo, tras cometer el delito.

Entre 2012 y 2015, las procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo ocho mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento.

En el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 26 mujeres en el país.

Casos como los de Perla han quedado en el limbo jurídico por los vacíos que hay en la ley, lo que ha provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.

En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable.

No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.

Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes oficiales, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios.

En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.

Vacíos legales

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: Los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.

Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país. Pese a eso, las procuradurías y fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.

Karla Micheel Salas, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.

Una de las principales causas de que los feminicidios en México sean tipificados de manera distinta en una y otra entidad, se debe a los códigos penales, los cuales siguen sin ser uniformes en la figura del feminicidio y sin modificar los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango, declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.

Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.

Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.

Así lo determinan, hasta la fecha, 17 códigos penales en el país, incluyendo al de la Ciudad de México.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.

Sin embargo, en cuanto a número de habitantes con relación a los asesinatos de mujeres, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con 12 casos por cada 100 mil mujeres.

Acapulco, destino turístico de prestigio internacional, no escapa de las estadísticas a la alza en feminicidios. Ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.

Por eso, ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.

Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.