Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que yo y otros colegas habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: “Habla Ramiro”, me dijo, y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Dos años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

Este año, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y han usado los recursos del Estado para hacerlo: cancillería le creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, por ahora, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y con su caso el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

Volver a las sombras

Vivir como indocumentado en Estados Unidos implica, por lo que he visto y escuchado en las calles de este país, caminar con la vista escorada, con el alma pendiente de una patrulla con la sirena encendida o de un uniforme azul. Significa vivir con un miedo permanente, ya no a la muerte que ronda en el barrio, sino de ser obligado a regresar a ese barrio en la tierra de origen.

Llegué a Maryland en 2009 y aquí he vivido desde entonces, en Silver Spring, una de las ciudades del estado que hacen vecindad con la capital de la Unión. Esta ciudad ha sido hogar de decenas de miles de salvadoreños y centroamericanos desde hace al menos dos décadas, cuando las migraciones cíclicas empezaron a poblarla de latinos. Hasta hace muy poco, vivir aquí, como latino, aun como indocumentado, no se asociaba al miedo a ser deportado. Hasta hace muy poco.

El condado de Montgomery, donde está Silver Spring, no tiene estatus de “área santuario” para indocumentados, pero en la práctica este es un lugar sumamente amigable con el extranjero; aquí, hasta hace muy poco, la situación migratoria no iba aparejada necesariamente con la discriminación.

Aquí, en Silver Spring, la diversidad manda. Esta es, de acuerdo con un estudio elaborado por la casa de asesoría financiera WalletHub, la quinta ciudad más diversa de Estados Unidos. Aquí conviven en los mismos espacios públicos –escuelas, bibliotecas, oficinas– y privados razas, idiomas, religiones, cosmovisiones. Es una ciudad café, mestiza, donde el inglés, con marcados acentos hindis, etíopes o salvadoreños, sirve de vehículo común de intercambio.

Una de las principales razones que siguen atándonos a mi familia y a mí a este lugar es esa, la diversidad: saber que mis hijas crecen rodeadas de riqueza cultural y no enclaustradas en una burbuja. Estados Unidos tiene muchas cosas feas, pero también, en sus condados más diversos, ofrece inmensas ventanas a cosas buenas que el mundo tiene que ofrecer.
Todo eso, hoy, está en peligro.

Los vientos políticos que la administración republicana de Donald J. Trump ha traído a Washington, que se nutren en gran medida de los miedos más oscuros de la “América blanca” que nunca vivió el sueño americano, han hecho que la diversidad alimentada por las comunidades migrantes vuelva a cubrirse de sombras.

Una de las formas en que la administración de Donald Trump quiere revertir la diversidad es a golpe de un chantaje financiero monumental. La Casa Blanca ha amenazado a los gobiernos locales de estados y ciudades con retirarles los fondos que el gobierno federal les otorga anualmente si los departamentos de policía de estos condados no ayudan a la Migración federal a deportar indocumentados.

El tema, además, ha cobrado especial relevancia desde que Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, aplicaron la fórmula del odio retórico para criminalizar a las comunidades latinas al equipararlas con las actividades delictivas de la pandilla MS-13. Es la vieja fórmula que esta derecha estadounidense ya había usado antes al equiparar el terrorismo islámico con la comunidad musulmana: criminalizar al extranjero, culparlo de todos los males y montar sobre él la parla populista. Como Hitler.

A seis meses de presidencia, la retórica ya está animando a los funcionarios que no comulgan con la diversidad a promover políticas públicas con tintes xenofóbicos, mientras que amenaza con cohibir a funcionarios que han entendido la diversidad como la forma de vida que rige su función pública.

Y mientras todo esto pasa, los indocumentados siguen viendo sobre el hombro, caminando de nuevo por las sombras.