Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

Sobreseimiento

Por recomendación de mis abogados tenía preparadas unas líneas para, si era necesario, hacer uso de mi derecho al uso de la última palabra durante la audiencia de presentación y aceptación de pruebas, que fue lo que se llevó a cabo el jueves.

Considero que este fallo judicial es una victoria importante para el periodismo salvadoreño que hace suya la convicción de que este oficio cumple una función social muy importante, sobre todo en una sociedad que como la salvadoreña vive carcomida por la corrupción y el abuso de poder: la de denunciar a quienes abusan y a quienes corrompen. Por ello me permito reproducir aquí algunos párrafos de lo que escribí:

“Entiendo, como siempre lo he dicho, que este caso se trata de un ataque al derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo, ambos garantizados por nuestras leyes primaria y secundarias. Este no es, como pretender hacer ver los abogados de mi acusador, el caso de la victimización de un particular; es, simplemente, el caso de un empresario acostumbrado a usar su poder económico y sus influencias políticas para hacer que el sistema de justicia juegue a su favor.

“He ejercido el periodismo durante 23 años y a lo largo de esa carrera he confrontado decenas de veces la incomodidad del poder, económico y político, ante los señalamientos hechos desde mi oficio por conductas sospechosas de corrupción, de uso ilegal del recurso público o de connivencia con el crimen común y organizado. Enfrenté esa incomodidad, traducida algunas veces en amenazas y acoso contra mí o mi grupo familiar, cuando investigué, por ejemplo, la complicidad de los más altos mandos de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico durante la década 2000; cuando señalé la connivencia de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República con contrabandistas del oriente del país a finales de la década de los 90; y, más recientemente, cuando publiqué artículos exponiendo la corrupción existente en la Fiscalía General durante la gestión del ex fiscal general, el licenciado Luis Martínez, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta tres procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y otras conductas ilícitas.

“Siempre entendí el periodismo como una forma de traer luz a los rincones de la vida nacional que las élites económicas y políticas pretenden dejar en la oscuridad con el fin de salvaguardar sus intereses o, en el peor de los casos, sus actuaciones que riñen con los marcos legales que rigen a nuestra sociedad. Entiendo el periodismo, sí, como un ejercicio de denuncia de los abusos del poder.

“Dice el académico estadounidense Bruce Bagley que el crimen organizado y quienes se alían a él desde el poder son como las cucarachas: buscan siempre esos rincones sucios y oscuros. El periodismo pretende, dije, echar luz sobre ellos.

“Fue con estos principios en mente que, como he emprendido decenas de investigaciones durante mis dos décadas de carrera, emprendí una investigación periodística encaminada a determinar si existían abusos de poder y corrupción en la Fiscalía General dirigida por Martínez. Y fue, en el marco de esa investigación, que surgió el nombre del empresario que hoy me acusa, el señor Enrique Rais.

“Es importante, su señoría, que el tribunal entienda que la investigación periodística empezó teniendo al centro a un funcionario público, porque como dije antes, una de las principales misiones del periodismo es investigar a quienes ejercen el poder y denunciarlos si están actuando ilegalmente o en forma anti ética, sobre todo si son funcionarios públicos bajo cuya administración el soberano ha encomendado el buen uso del recurso público o la potestad de la investigación criminal”.

Ramiro

Corrían los últimos meses de 2008. José Luis Merino me mandó un mensaje con mi padre: quería, le dijo, hablar conmigo para aclararme algunas cosas sobre los textos que yo y otros colegas habíamos escrito en LA PRENSA GRÁFICA sobre los correos electrónicos del comandante Raúl Reyes de las FARC, donde Merino aparece nombrado como mediador en la compra de armas para la guerrilla colombiana.

Le dije a mi padre que le diera mi teléfono celular. Ramiro me llamó. Y se identificó así: “Habla Ramiro”, me dijo, y me citó en una casa de la colonia Flor Blanca, cerca del Gimnasio Nacional. Fui a la hora que me dijo al lugar que me indicó. Me bajé, pero ahí solo había dos personas que cuidaban un garaje lleno de cajas viejas. Ramiro, me dijeron, solía llegar a esa casa, pero ese día no lo haría. Marqué al teléfono y nadie me contestó.

Aquella fue la única vez que hablé, en teléfono o en persona, con José Luis Merino, el comandante Ramiro. He escrito mucho sobre él después del episodio de las FARC, y siempre busqué entrevistarlo, a menudo a través de funcionarios del partido. Nunca contestó. Esa es una de las características de este líder efemelenista: es escurridizo; prefiere hablar desde la comodidad que le otorgan los medios partidarios para asegurarse de que no haya preguntas incómodas y que su discurso llega, sin molestias, al coro fiel de sus seguidores.

Para escribir lo del nexo con las FARC viajé a Bogotá a entrevistar a los fiscales colombianos que procesaron los correos de Raúl Reyes y a los agentes estadounidenses y europeos que certificaron que las computadoras del comandante fariano no habían sido manipuladas.

En el marco de aquella investigación, asesores cercanos al entonces presidente Saca me dijeron que Merino había sido pieza importante en la negociación política que siguió al 5 de julio de 2006, cuando Mario Belloso, un francotirador asociado al FMLN, mató a dos agentes de la PNC durante una manifestación.

Aquel año, asociados de Merino fundaron ALBA Petróleos con dinero proveniente de Venezuela. En los meses siguientes, ALBA Petróleos se diversificó y llegó a servir de paraguas a una docena de empresas, varias de ellas afincadas en Panamá. Para 2014, los ingresos del grupo rozaban los $1,000 millones. Dos años después, el conglomerado está al borde de la bancarrota, como lo demuestran la quiebra de la aerolínea VECA y comentarios públicos de algunos de sus operativos.

Este año, al calor del caos en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano de Florida, acusó a Merino de lavar dinero del narcotráfico y pidió sanciones en su contra. La reacción del FMLN entonces fue acuerpar a Ramiro y escudarse en que lo de Rubio era una pataleta más del lobby cubano-americano de Florida, asociado con la derecha salvadoreña.

Después vino la carta de los 14 congresistas de la cámara baja, entre ellos demócratas identificados con la izquierda que no han dudado en apoyar en Washington la agenda de los gobiernos efemelenistas, y que, durante la gestión de Funes, incluso ayudaron a abrir las puertas del Capitolio al primer gobierno del FMLN.

Ya no es solo Rubio, son más los que ven con mucha preocupación la lista de sospechas que se suman en torno de Ramiro.

El FMLN, después de esa carta, optó por cerrar filas y asegurar el blindaje a Merino. Todos en el partido corrieron a defenderlo, y han usado los recursos del Estado para hacerlo: cancillería le creó, ad hoc, un puesto de viceministro.

El ruido en torno del comandante es demasiado, y los indicios suficientes como para que la Fiscalía salvadoreña lo investigue en serio. Pero no, por ahora, al menos en El Salvador, Ramiro Vásquez sigue siendo intocable. Y con su caso el FMLN ha dejado claro que la impunidad es también un asunto que se tiñe de rojo.

Y entonces, ¿necesitamos una CICIES?

Empezaría diciendo que saquemos a los políticos de la discusión, pero no puedo: diseñar y ejecutar una comisión internacional a la que el Estado nacional cederá atribuciones como la investigación del crimen es algo que no puede hacerse, obvio, sin el concurso del Estado. En El Salvador, el Ejecutivo se ha negado de entrada a ceder esas atribuciones a un ente internacional. ¿Por qué?

No ha habido, hasta ahora, una discusión seria en la agenda nacional sobre la conveniencia o no de que en El Salvador haya una comisión internacional como en Guatemala. Cada vez que el tema surge en la opinión pública suele ser porque la oposición política vinculada a ARENA, con evidentes intereses partidarios, lo trae a colación, o porque algunos tuiteros sin aparente filiación partidaria tiran la idea al ciberespacio.

Las respuestas a la pregunta que titula esta columna y a la que finaliza el primer párrafo están aún pendientes. No seré yo quien las conteste, pero sí puedo, en todo caso, dar mi opinión. Parto de lo básico: ¿Es necesario que el Estado salvadoreño ceda soberanía a un ente internacional para investigar y combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado? Yo creo que no haría daño alguno, sobre todo si entendemos que los entes encargados de esa función por mandato constitucional han solido ceder su soberanía e independencia a entes ajenos a ese mandato, como los partidos políticos, o, peor, a grupos de crimen organizado que están en abierta contradicción con ese mandato.

Si partimos de que la Fiscalía General de la República es a la que toca ejercer la dirección de la investigación criminal por mandato constitucional, basta revisar las gestiones de la mayoría de fiscales generales anteriores a Douglas Meléndez para entender que pusieron a la institución al servicio de intereses de partidos políticos o, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Así, hablar de las gestiones del fallecido Manuel Córdova Castellanos, de Belisario Artiga, de Félix Garrid Safie, de Romeo Barahona o de Ástor Escalante es hablar de fiscales generales que pusieron a la Fiscalía al servicio de los intereses políticos del partido ARENA. O de funcionarios cercanos al poder. Hablan de ello casos como el de la violación y asesinato de la niña Katya Miranda, en el que el rol de la Fiscalía fue encubrir y proteger a los sospechosos, policías y militares incluidos; o, mucho antes, la negativa de la Fiscalía de Córdova de investigar a bancos del sistema financiero relacionados con estafas atribuidas a empresarios cercanos a la derecha política, como FOMIEXPORT o FINSEPRO.

Y, luego, al revisar la gestión de Luis Martínez, avalada por todos (t-o-d-o-s) los partidos políticos, se entiende cómo la Fiscalía llegó a ceder su independencia al crimen organizado y a la corrupción. Casos como el de Enrique Rais y la protección al Cartel de Texis son ejemplos de ello.

Uno de los principales argumentos de los detractores de que en El Salvador exista una comisión internacional es ese, que no es adecuado que el Estado ceda su soberanía. La semana pasada se lo escuché, por ejemplo, a Fabio Castillo, el abogado cercano al FMLN, pero ya antes lo han repetido diputados y autonombrados analistas, sobre todo desde la izquierda política.

El argumento es, creo, un sofisma: qué soberanía va a ceder la Fiscalía General cuando durante tanto tiempo la ha cedido a intereses que nada tienen que ver con el soberano, con el pueblo al que se debe. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra soberano: “El que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente”.

Si “Chepe Diablo”, Los Perrones y demás mafias incrustadas en el sistema político salvadoreño han podido ejercer autoridad sobre fiscales generales y –de esto he hablado antes con detalle– directores de la Policía Nacional Civil, de qué sirve la tan cacareada soberanía.

Prefiero una cesión controlada de soberanía a un ente internacional para garantizar el imperio de la ley, como en el modelo CICIG, que seguir cediendo la soberanía de nuestras instituciones a las mafias que se han adueñado de ellas.

Partidos caducos

A los dos, ARENA y FMLN, la democracia se les vuelve a atragantar.

La cúpula de ARENA recién descabezó a buena parte de la recién juramentada Juventud Republicana Nacionalista por “no adherirse a los valores del partido”, según se desprende de reacciones expuestas en redes sociales por líderes areneros o columnistas simpatizantes.

Los jóvenes fueron expulsados, entre otras cosas, por proponer abrir la discusión, en el seno arenero, a temas como el aborto o el matrimonio igualitario; ambas discusiones que hasta ahora han sido ajenas al ideario de ARENA, afincado en estos apartados en los valores católicos más conservadores.

Esta defensa parece estar cimentada en la siguiente lógica: Si no estás de acuerdo con esos valores, los valores más conservadores sobre los que se fundó este partido de derecha, aquí no tenés cabida. De ahí es bien fácil llegar a dos conclusiones: en ARENA no cabe la modernidad y en ARENA cualquier desacuerdo programático se resuelve con la exclusión.

El FMLN, por su lado, empezó el nuevo capítulo de un ejercicio que ya es tradicional: la imposición de aspirantes a alcaldes y diputados. A la larga lista de candidatos de dedo, como Schafick Hándal hijo en San Salvador o Blanca Flor Bonilla en Ayutuxtepeque, parece haberse unido hoy la de Miguel Pereira, que buscará la reelección en San Miguel aupado por el apoyo de Medardo González, coordinador general del partido.

No resulta nuevo decir que en el FMLN la democracia interna también es un asunto de difícil digestión y que la representatividad política sigue jugándose, solo, en el tablero de ajedrez que llevan peleándose una década Medardo González, José Luis Merino y las FPL, ya sea de mano de Salvador Sánchez Cerén o de Óscar Ortiz.

El FMLN y ARENA siguen siendo maquinarias electorales eficientes. Y, hasta hace muy poco, seguían siendo impresionantes maquinarias de propaganda, capaces ambas de retorcer los hechos o matizar las verdades para pintarlas a su conveniencia en la narrativa política nacional, esa en la que, según ambos partidos, todo tiene que seguir definiéndose por la bipolaridad entre ellos.

La propaganda, sin embargo, se les empieza a agrietar. A ARENA hoy le resulta más difícil acallar las disidencias, incluso en los medios de comunicación que han sido sus aliados históricos. Y al FMLN las redes sociales les han jugado la mala pasada de dar voz, además de a sus incondicionales, a sus disidentes.
Lo que ambos partidos políticos dejaron de ser hace un rato largo fue vehículos efectivos de representatividad democrática.

Y dejaron de ser, incluso, expresiones honestas de la ideología con que se arroparon durante sus nacimientos, durante la guerra y la primera posguerra. Es cierto que a ambas cúpulas suele vérselas a menudo acudiendo a las viejas banderas e himnos para intentar poner en orden el redil. ¿Que los bichos intentan tomarse ARENA? Respuesta: Somos fieles a nuestros principios nacionalistas y republicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser republicano y nacionalista en la segunda década del siglo XXI?

¿Que al FMLN, hoy que es gobierno, se le cuestiona el coqueteo de sus líderes con la corrupción? Respuesta: Es una campaña orquestada por lacayos de la derecha o del imperio. Y con eso ha bastado para que el vicepresidente Ortiz no responda sobre sus nexos con “Chepe Diablo” o el viceministro de inversión Merino sea viceministro a pesar de sus nexos con Enrique Rais.

Por ahora, insisto, ambos partidos siguen siendo maquinarias electorales que persiguen un solo fin: garantizar a sus cúpulas el acceso al poder político. A sus cúpulas, en esencia, no a los ciudadanos que en ellos militan, que con ellos simpatizan o que por ellos votan. A sus cúpulas.