Carta Editorial

La discriminación a las personas que viven con VIH sigue siendo una realidad. Por encima de todos los avances médicos y administrativos que han estabilizado la entrega de los medicamentos antirretrovirales, esa otra parte, que tiene que ver más con la educación y la empatía, sigue siendo un lastre.

Una de las maneras en las que más impacta es en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, solo dos de cada 10 personas mayores de edad que viven con VIH cuentan con un empleo que les da acceso a un ingreso económico constante, a seguro social y pensión. Es necesario aclarar que muchas de ellas están contratadas en puestos que guardan relación con cómo prevenir o cómo vivir con este diagnóstico. Fuera de esta especie de campo conquistado, en la empresa privada y en el mismo Gobierno las oportunidades son muy limitadas.

Cuesta dar crédito a representantes de asociaciones cuando señalan que han escuchado testimonios sobre gente que sigue creyendo que hay un riesgo de transmisión por manipulación de alimentos. Pero en el despacho de las autoridades de salud pública, el cuento no es diferente. Ahí, en donde se manejan los hilos de la estrategia para el abordaje médico, también se habla de un tipo de discriminación que impera en empresas o instituciones en donde los empleados se niegan a compartir mesa o espacios comunes con alguien que vive con VIH. En estas actitudes queda claro que el miedo sin fundamentos no ha sido derrotado.

El VIH no es una condena a muerte, pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí? ¿Es la norma vivir abiertamente con VIH y optar por oportunidades de estudio y empleo? No.

La misión todavía no está completa. Falta alcanzar el éxito en la parte más difícil.

Carta Editorial

Un portón hace toda la diferencia. Al cerrarlo, el caos, el peligro, el desorden, la hostilidad quedan afuera. Adentro está protegido un hogar. Ahí hay plantas, juguetes y familia. Al final de cuentas, lo que todos queremos es solo eso: un lugar para sentir que lo que más nos importa está seguro. Para el caso, hemos tenido que optar por encerrar lo que amamos para que no le pase nada.

Es una derrota por donde se mire. Representa que no hemos podido hacer de todo el país un lugar en donde se respire tranquilidad, entonces, hemos tenido que ir cerrando algunas áreas, casi como si fueran burbujas, una especie de conjuro para que afuera quede todo lo que no hemos podido resolver.

Tener acceso a vivienda digna es derecho de todos. En El Salvador actual este derecho no es universal. Depende mucho, como la educación y la salud, de tener dinero. En esta edición, la periodista Valeria Guzmán explora una alternativa con la que se pretende tumbar esa barrera que ha llevado a la vivienda digna, de ser un derecho, a convertirse en un auténtico privilegio.

La respuesta está en el colectivo. La que presentamos acá es la historia de una mujer que construyó con sus manos la casa en la que vive y que sueña con dejar a sus hijos como patrimonio. No son solo paredes. Esa casa representa la esperanza que este sistema no le habría dejado alcanzar a ella sola. Ella forma parte de una cooperativa.

Esta mujer cierra el portón que protege su casa y las de otros y siente paz. Es un trabajo de equipo que se ha logrado con base en reglas claras. Esa calle sigue siendo una burbuja en medio de todo lo demás. Pero es una compartida que se ofrece como ejemplo de que todavía hay capacidad para ponerse de acuerdo en función de alcanzar un bienestar común.

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.

Carta Editorial

A este país no le sale un grito a una sola voz. La polarización política ha dividido y ha marcado con prejuicios también la toma de los espacios públicos para expresarse. El resultado es que las manifestaciones dan más de qué hablar por el tráfico vehicular que provocan, que por los motivos que las convocan.

Y no es que falten razones, sobran. Pero el ejercicio cívico y protegido por ley no acaba de instalarse más allá de los intereses puntuales de algunos. Casa Presidencial, pese a la pérdida de popularidad de las manifestaciones de este tipo, ya tiene redactado y oficializado un protocolo de actuación en caso de que alguna protesta se acerque demasiado.

El instructivo 001-2015 pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y delimita las acciones de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Cualquier protesta que busque llegar a CAPRES se topa con una barrera metálica con púas a media calle, primero, y, en caso de que lleven algo escrito, una comisión lo entrega en una ventanilla. Esto en términos ideales. Si algo sale mal o se descontrola, el protocolo contempla el uso de la fuerza letal. En este contexto no hay quien busque empoderar a la sociedad civil para que demuestre no solo su sentir, sino que también su capacidad de convocatoria. Lejos de eso, se idean mecanismos y guías para contenerla bajo el argumento, como se lee en este reportaje de Valeria Guzmán, de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.

En esta semana que acaba, también se publicó una investigación del periodista Moisés Alvarado en las páginas de Nación de LA PRENSA GRÁFICA. Entre los objetivos que este especial alcanza en sus tres entregas está, primero, echar luz sobre la manera en la que se mueven grandes cantidades de dinero. En las publicaciones se sigue un rastro de documentos que da cuenta de movimientos oscuros o injustificados  alrededor de una de las figuras que más peso tiene dentro del partido en el gobierno, el FMLN: José Luis Merino, quien está al frente del Viceministerio para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

El otro objetivo de la investigación periodística es explicar el sistema. Para poder detener las acciones sospechosas de ir contra el bien público y que pueden favorecer la corrupción, hay que saber cómo es el tablero sobre el que se mueven las piezas. Una sociedad civil informada al margen de ideologías políticas es la que está más capacitada para exigir un buen comportamiento de los funcionarios a los que elige y, en todo caso, también para elegirlos bajo mejores criterios.

Carta editorial

Las extorsiones son el delito que mejor desnuda la desprotección en el que se siente la población. La amenaza que se hace para obligar el pago funciona porque la gente no cree que los cuerpos de seguridad sean capaces de cumplir con su misión de mantenerle a salvo. Las cifras de denuncias se desploman porque esa gente que es víctima tampoco confía en que los procesos de investigación se realicen con integridad. Y la impunidad gana las batallas porque, en cualquier caso, a quienes menos se persigue es a los autores intelectuales. Todo está dispuesto para facilitar la labor de quienes hacen rentable el miedo.

Y, sin embargo, el delito de extorsión es con el que más licencias optimistas se han permitido las autoridades al hacer énfasis en una reducción, sin acotar que este es uno de los que más se hunden en el subregistro. El reportaje del periodista Moisés Alvarado con el que se abre esta edición es un despliegue a través de 30 casos que permiten tener una idea más clara de las raíces que ha echado este delito en un suelo tan fértil.

Este acercamiento perfila tanto a las víctimas y sus vulnerabilidades como a los intermediarios y las suyas. Los casos que han llegado hasta una sentencia se quedan, la mayoría, en ubicar a quienes han recogido el fruto de la extorsión, no avanzan hasta los que tuvieron los medios para diseñar la estrategia y elegir el momento, el medio, la cantidad y la forma de presión.

Esto no solo deja a sus anchas a los autores intelectuales para que busquen más brazos ejecutores, sino que también deja a la víctima más debilitada y expuesta. Las extorsiones están muy lejos de ser controladas porque el miedo y la desconfianza de la que se alimentan son todavía grandes.

Carta editorial

Las redes sociales han sido el más reciente impulso para consolidar la fotografía como herramienta, medio y arte. Pero también han servido para hacer evidente el irrespeto por los derechos de autor y, más grave aún, la falta de reconocimiento a las personas que han dedicado una vida completa a especializarse en esta rama. El Premio Nacional de Cultura hace ahora un esfuerzo por colocar ante los reflectores a las personas que no se rinden en la tarea de registrar la historia en un país tan empeñado en olvidar.

Luis Galdámez, Francisco Campos e Iván Montecinos son algunas de las personas que más aportes han hecho en esta rama. Son parte de la posible lista que contempla la Secretaría Nacional de Cultura para recibir este galardón que por primera vez destaca el talento en fotografía.

Si entre sus propias hojas de vida hay algo en común es esa incesante veneración por la calle. Es esta forma de pensar y ejercer lo que ha dado como resultado que cada uno cuente con una huella particular, un estilo. Y es este instinto lo que todavía esperan de las nuevas generaciones.

Con un dardo certero es Francisco Campos quien, en este reportaje del periodista Moisés Alvarado, se anima a reventar la burbuja: “Creo que eso está faltando hoy a los fotógrafos jóvenes, ser más atrevidos. Por ejemplo, yo no vi una foto diferente de lo que ocurrió con el incendio del Ministerio de Hacienda”.

Una fotografía no se logra solo en el momento en que se aprieta el disparador. Las vidas de estas personas son un ejemplo de lo mucho que cuesta formar criterio y aprender a tener paciencia. Enhorabuena por la intención de la Secretaría de Cultura de destacar esto. Que el empujón alcance para que el reconocimiento no se quede en un galardón y que pase a formar parte de una cultura de respeto, en todos los sentidos, a quienes nos colocan ante el espejo.

Carta Editorial

Al margen de las historias y los argumentos que haya detrás, en este país hay niños que reciben de los progenitores que no están con ellos una cuota de $0.22 por tiempo de comida. Y esto dice mucho de cómo se concibe la red de responsabilidades que giran en torno de la manutención de los hijos.

Cuando una de las partes involucradas en otorgar lo necesario a una persona aporta tan poco con respecto a lo que se necesita, ¿quién debe complementar? ¿Quién debe rebuscarse para que el hambre no gane? ¿Quién tiene que esforzarse más que el otro y por qué esta persona no puede, como la otra, declararse incapaz de hacerlo?

Las cifras de la Procuraduría General de la República son contundentes en cuando a la participación de las mujeres como demandantes. Quiere decir que si lo máximo que el progenitor puede aportar siempre resulta insuficiente para cubrir los gastos indispensables, ellas tienen que resolver la situación, como sea.

Esta urgencia por satisfacer las necesidades básicas deriva un menor acceso a actividades de formación, porque el tiempo se ocupa en hacer dinero suficiente para comer, curar, tener un techo y vestir.

El sistema fomenta desigualdad. Mantiene la idea de que quien se queda con los hijos es quien tiene que ver cómo hace. Permite que haya personas que pueden reducir su participación en la crianza a una suma de dinero que, además, no siempre llega puntual porque, como apunta el reportaje de la periodista Valeria Guzmán, la mora de las cuotas alimenticias alcanza una cifra millonaria.

Los grandes temas a discutir siguen siendo la educación y la responsabilidad. Hacer frente a la crianza tiene que implicar la repartición equitativa de sacrificios para poder encaminar esta sociedad hacia algo que sea más justo.

Carta Editorial

La situación en la que se encuentra el Zoológico Nacional es una expresión más de la falta de atención a la cultura y a la educación. El estado en el que funciona la institución no es producto de una sola administración, es el resultado de algo más grave que va a seguir coartando las oportunidades de la población.

Sin un plan de acción a largo plazo que vaya por encima de caprichos políticos, las misiones con las que nace un zoológico aquí y en cualquier parte del mundo van a seguir siendo inalcanzables para este país. No se trata solo de la exhibición con fines educativos, implica también la conservación de especies y la participación en la recuperación de animales que han sido rescatados de ambientes inapropiados.

El texto con el que se abre esta edición es un recorrido por esos rincones difíciles de creer, ahí en donde el remiendo temporal en uno de los recintos del aviario acaba por durar más de un lustro, y sigue. Este país es mucho de darle valor a todo eso que se hace a la brava, en medio de miserias. Es aficionado a los golpes de suerte, a las misiones imposibles que llegan a cumplirse de puro rebote. Y este es un anhelo que hace daño, hace creer que todos tienen que resolver sin haberles dotado de lo mínimo necesario, solo porque si lo logran, habrán demostrado valor, o algo parecido.

Por tradición se le resta mérito a la planificación. Cuando algo falla, no se busca en el pasado para ubicar el momento en que se tomó una mala decisión y así evitar que se repita. Lo que se hace es crucificar al de turno, a ese al que le reventó la papa caliente. Con un ejercicio que solo aporta resultados inmediatos se cortan cabezas y se exigen cierres, pero no se llega a soluciones integrales. Se avanza sin un mapa, sin el amparo y el conocimiento que otorga la experiencia bien asimilada y, un par de giros más tarde, la historia se repite.
El zoológico es un órgano más que expone los síntomas de una enfermedad a la que todavía no se ataca de manera inteligente. El costo de no cambiar el curso se va a seguir pagando en vidas.

Carta Editorial

La forma en la que quedó registrada la masacre cometida en enero de 1932 en varios municipios de la zona occidental del país no solo retrata los múltiples intentos de censura. También saca a la luz a quienes con acciones individuales, pero decididas y llenas de valentía, hicieron lo que pudieron por sacar a las víctimas de la ingratitud de anonimato y, así, dejar constancia de la brutalidad y de la sangre derramada.

Con la anécdota de una de estas personas –una mujer que perdió a tres familiares en la jornada de violencia– arranca el reportaje con que abrimos esta edición. El texto de la periodista Valeria Guzmán es un hilo que une pasado y presente desde la historia escrita en libros de actas y revela la ingratitud de un país hacia los archivos.

Así como es significativa la valentía de una mujer que se acercó a la alcaldía a realizar un trámite en plena persecución de cualquier persona que se identificara como indígena; también lo es la insistencia de un hombre que, en la actualidad, lucha por conservar en las mejores condiciones posibles esos documentos que han sido tan poco apreciados. Desde sus trincheras, ambos van en contra de una sociedad que desde siempre ha preferido pasar la página.

En el estado en el que se encuentran los papeles que retratan lo que sucedió en la zona hace 85 años lo que hay es un enorme desprecio por la historia y por la vida. La historia que no solo pertenece a un sector de la población, sino que a todos. Y las vidas de una cantidad todavía no determinada de personas a quienes se les negó el derecho a transcender.

Los esfuerzos de aquella mujer en 1932 y de un hombre que en estos tiempos trabaja para que el libro de actas de defunción no ceda ante el deterioro nos permiten saber el nombre y el apellido de tres de las víctimas de esa represión. El país necesita hacer un ejercicio de empatía y de reconocimiento de sus heridas. Necesita confrontar y ponerle nombre y apellido a los recovecos más dolorosos de su historia.

Carta Editorial

Gregorio Rosa Chávez es un hombre que desde la Iglesia a la que representa ha visto en la labor educativa una manera de edificar comunidades. Así se refleja en el perfil que forma parte de esta edición.

El periodista Moisés Alvarado reúne una serie de escenas que se escapan del protocolo con el que por lo general se maneja una persona en su cargo. En estos retazos de la vida de Rosa Chávez hay risas, preocupaciones, alegrías, nerviosismo; en fin, espontaneidad.

Uno de sus legados más valiosos es el que ha dejado en el Complejo Educativo San Francisco. Y es de este lugar de donde se arranca la parte más sensible de su influencia. Los alumnos ven en él a alguien que ha ayudado a hacer de su proceso educativo algo más integral.

Bajo su cargo, como reseña el personal de la institución, el complejo ha crecido en infraestructura y también en la calidad de la enseñanza que se imparte. Una muestra más de que el camino más efectivo para la transformación de un país es este en el que se enseña a las nuevas generaciones a elevar cada vez más lejos sus ambiciones.

Monseñor Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, viajará a Roma el 28 de junio para ser nombrado cardenal, el primer cardenal del país.

En sus primeras reacciones no ha dejado de nombrar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y al sacerdote Rutilio Grande, ambos asesinados en un intento por callar las injusticias de las que ellos hablaban y que siguen vigentes en muchos sentidos. Rosa Chávez evoca sus figuras y sus palabras, una semilla con un efecto transformador en esta sociedad tan sedienta de modelos.