Carta Editorial

Ellos vienen a ser como la imagen de esa flor que crece en una grieta del asfalto, y es con la que se ilustran la perseverancia y la esperanza por igual. En la edición de hoy presentamos cuatro historias de personas que han encontrado la manera de ver en las dificultades las rendijas por donde se puede hacer crecer algo bueno para la mayoría. Ellos son hijos de contextos marcados por la exclusión.

Esta palabra es la que no hay que olvidar. Excluir es mantener a un sector de la población alejado de los recursos necesarios para ejercer sus derechos. No es negar, por ejemplo, educación o salud, es colocarlos a una distancia (física o social) tan grande que sea imposible tomarlos.

Estas son las historias de cuatro personas que se han unido a otras para reducir la brecha entre sus comunidades y las letras, el baile, el escenario, el cine. Este es un esfuerzo enorme y maravilloso, no hay duda, pero también es necesario reconocer que es mucho trabajo para tan pocas manos.

En una sociedad más justa, en esa por la que todos deberíamos trabajar, las oportunidades de desarrollo deberían estar desbloqueadas para cualquiera. No es el caso de El Salvador, está claro. Pero en estas historias deberíamos saber reconocer el agrio sabor de la desigualdad y la culpa compartida.

Este es un país lleno de personas con talento y energía. Pero la mayoría está atada a contextos desfavorables en donde no hay tiempo para pensar en crear, cuando para lo que alcanza es para pensar solo en sobrevivir.
Acá está nuestra condena. Una de las consecuencias más terribles de la exclusión es que nos obliga a todos a permanecer estancados. Sin oportunidades equitativas, unos pocos no pueden vivir para siempre con privilegios, porque se van a acabar.

Nos ha tomado demasiado tiempo ver y entender que la única manera de avanzar es eliminando brechas absurdas en un país tan pequeño, tan rico, tan pobre y tan lleno al mismo tiempo. En estas páginas escritas por el periodista Stanley Luna hay gente que construye caminos cortos y transitables hacia el desarrollo.

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Las muestras de personas que llegan a esta sala del Hospital San Rafael, en Santa Tecla, resume muy bien cuáles son los principales retos que tiene el país. Si de comenzar por lo obvio se trata: los hogares no son lugares seguros.

El 75 % de las agresiones sexuales se ha cometido en casa de la víctima, en ese sitio que debería significar resguardo y seguridad. Y las personas victimarias, en los casos de menores de edad, también son conocidas por la víctima. El abuso se comete en círculos de confianza.

La labor de Maritza Anaya en el San Rafael es una de las que se deberían considerar como más importantes para la población. Es psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Rafael. Desde ahí, se convierte en el primer contacto que, en la mayoría de casos establece una víctima. Es con ella en donde se comienza a trazar el camino hacia algún tipo de recuperación y, quizá, de justicia.

La denuncia se convierte en un reto más grande cuando el abuso se ha cometido en casa. Es ir en contra de todo lo que se conoce en la vida y, en algunas ocasiones, no se cuenta con los recursos y el conocimiento para reconocer un delito. El hospital capta a las víctimas por interconsultas. Llegan solo por lo físico, cuando lo que necesitan es una atención integral que involucre a otros miembros de familia y así mejorar el entorno.

Porque no se le puede pedir a ninguna persona que denuncie un delito cuando no se le ha formado, primero, como sujeto de plenos derechos sobre sí misma y, segundo, sobre cuáles son todas las caras con las que se puede presentar ese delito. No se le puede pedir que denuncie de manera oportuna y efectiva cuando las herramientas que se le dan para hacerlo no sirven.

En esta entrevista realizada por la periodista Valeria Guzmán, Anaya desglosa los procesos que siguen sus pacientes. Pero lo que nunca deja de sonar en medio de la plática es la precariedad en la que ella y sus colegas realizan su trabajo. Una situación que profundiza las injusticias y la violencia contra las personas más vulnerables.

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Para mejorar la educación del país no solo hace falta invertir en infraestructura. Hay, antes, otro problema que es mucho más grande y complejo. Es de calidad de la docencia.

No se puede pensar en dar un salto de calidad sin revisar las condiciones en las que los docentes realizan su labor. Sus salarios han sido, por ejemplo, uno de los aspectos más criticados. Pero antes, haría falta caer en cuenta de otro aspecto que es necesario cambiar si lo que se quiere es un resultado a largo plazo: ¿quiénes y en qué circunstancias están formando a los docentes en las aulas universitarias? ¿Quién les enseña a enseñar?

Con esta pregunta entre manos, el Instituto Nacional de Formación Docente Ministerio (INFOD) realizó una encuesta cuyos resultados forman parte del reportaje que firma el periodista Stanley Luna.

Un total de 180 docentes participaron en la encuesta. Y de ellos, el 16 % respondió que vive con menos de $500 al mes, con ello, deben mantener familias numerosas. Y no se puede pasar por alto que acá se está hablando de gente que da clase en universidades, son el brazo ejecutor de la educación superior.

Preocupa todavía más que sus salarios no son producto de una sola actividad en un solo lugar. El 41 % de los docentes que participan en este estudio dicen que se ven obligados a tomar contratos por hora clase en diferentes lugares para así poder armar un salario que más o menos compita con sus gastos básicos. Más clases, más alumnos, más tiempo y nada se reconoce en justa medida, ya que estos contratos no incluyen los beneficios de ley.

Hace rato estamos asistiendo a una precarización de la docencia. Lo que se les paga y reconoce no es suficiente para el valor que tiene y lo delicado que es el trabajo que realizan con cada uno de sus estudiantes. Para subir un escalón en materia de educación, el trabajo debe comenzar por ellos.

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Se metió debajo de las sábanas en un intento de sorpresa. Cuando le dije que ya la había visto, me preguntó que cómo supe dónde estaba. En la misma, se respondió ella sola algo a lo que le encontró toda la lógica que cabe en seis años de vida: “¡Ah!, es que como estuve en tu pancita, tú siempre vas a saber en dónde estoy”. Con todas las fuerzas del mundo, quise decirle que sí, que así es, que por eso siempre voy a saber en dónde y cómo hallarla. A la par de ella, quise que el amor funcionara también como localizador satelital.

Llevamos, con esta, tres entregas en las que hemos abordado diferentes aristas de la desaparición de personas en El Salvador. Y falta, falta tanto por contar. Este es un drama sin fin: no se puede decir adiós y tampoco parece correcto abandonar la esperanza de un reencuentro.

La periodista Valeria Guzmán cuenta en esta edición cuáles son las particularidades que se presentan cuando a quien se debe buscar es una mujer. Pese a que se ha creado un protocolo para agilizar las alertas, en la práctica sigue existiendo, robusto, el prejuicio. La víctima tiene que ser “intachable” para merecer atención.

A lo largo de este ejercicio que hemos puesto en práctica los últimos domingos de cada mes, ha habido un factor recurrente, grande, ineludible y pesado como lápida. Es la soledad de los que tienen que atravesar el infierno de buscar a un ser querido.

El Estado, señala una de las fuentes del reportaje, debería hacer más suya la obligación de asistir a estas víctimas de una muerte en vida. Es que caminar por hospitales, visitar la morgue, ver fotos de cadáveres, asistir a exhumaciones en cementerios clandestinos, pedir desesperadamente información en redes sociales y ver llegar cada noche sin haber encontrado ningún indicio es, en toda regla, una tortura.

Hoy, cientos de personas van a tener que intentar dormir sin haber encontrado respuestas. Este país no va a ser de humanos hasta que ponga atención a estos dolores profundos.

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Da un poco de pena admitirlo, pero el tema del reportaje con el que abre esta edición sorprende y mucho. Es una historia que, tristemente, no suele verse con frecuencia. Los relatos en los que se habla acerca de soluciones deberían ocuparnos más y sorprendernos menos. Así que vale este reconocimiento de culpa por no disponer más los ojos a descubrir los esfuerzos de los demás para, en medio de este caos, saber encontrar esperanza.

La periodista Valeria Guzmán cuenta cómo desde el arte y el contacto con animales se pueden restaurar tejidos físicos y emocionales a los que de otra forma no se podría llegar. Este es un país en el que, de una u otra forma, todos estamos rotos. Y desde el periodismo solemos dedicarnos mucho a ver, investigar y escuchar qué es lo que nos rompe. Pero no se nos hace habitual enfocarnos en la etapa que sigue: ¿qué podría remendarnos?

Esta entrega hace más que mostrarnos que hay menores de edad víctimas de abuso o que hay menores de edad sin acceso a los tratamientos que necesitan. Esta entrega nos muestra que hay personas dedicadas a ofrecer puentes para que el daño no se instale como permanente y no acabe ocupando un espacio que debería estar dedicado para la vida.

Exponer estas actividades es una manera de pedirles a quienes las ejecutan que, por favor, no paren. Que no se den por vencidas pese a lo malagradecidos que podemos llegar a ser. Lo que hacen es importante no solo para las personas que reciben sus terapias. Es importante para todos, porque hace falta entender que estamos conectados y el avance de un niño que antes no podía acercarse a los animales y ahora les da de comer es estimular la fe en que podemos llegar, algún día, a ser un país empático.
Gracias por seguir.

Carta Editorial

El pobre acceso a justicia que es norma en este país se construye todos los días, de a poco, en historias como las que ocupan el reportaje de esta edición. Se trata de todo lo que le sigue a la renuncia de un perito de investigación de la Policía Nacional Civil.

Este texto no va acerca de explicar una decisión personal; es acerca de un sistema para el que las renuncias de miembros de la corporación policial con comunes, y aun así no ha podido establecer un mecanismo que proteja los procesos y garantice lo básico al margen de las acciones individuales. Esto, que sucede con frecuencia, no ha generado en las instituciones involucradas ningún cambio que elimine el riesgo.

Una adolescente de 13 años fue acosada por un hombre mucho mayor que ella. Pese a que esperó un tiempo, la víctima fue apoyada para colocar una denuncia y se sometió a todos los exámenes para respaldar lo que decía. Ella hizo todo lo que debía en función de ser escuchada y validada. En el juzgado, sin embargo, la renuncia del perito que se había encargado de recolectar todo y que debía pasar a la sala como testigo se hizo sentir.

No hubo quien pudiera relatar cómo habían formado el historial telefónico de la víctima junto con el del acusado. Un elemento que era clave ante juez.

Entre el esfuerzo de una adolescente por buscar justicia, hasta la desesperación de un perito por buscar una situación laboral digna está un problema de integración, respeto y empatía que no se está atendiendo. Hay un silencio cómplice, un desorden que solo favorece a que la impunidad crezca.

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En El Salvador la participación económica de los hombres es del 80 %, mientras que la de las mujeres es de 45 %, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos números contrastan con los que miden el promedio de años de educación, que para hombres es de 7.9 % y para mujeres es 7.4 %. Quiere decir que las mujeres y los hombres estudian casi lo mismo, pero ellos ganan casi el doble que ellas. La institución también ha difundido que así como los hombres dedican un 9.93 % de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado, para las mujeres esto escala hasta el 21 %. En este país en el que las desigualdades son del tamaño de las montañas es que el grupo de escritoras que presentamos en esta edición nació, creció y buscó desarrollarse. Aquí, también, encontraron todo eso que después transformaron en obra.

Y esto es lo que las distingue, su capacidad de transformar el dolor, las carencias, los recuerdos o las ausencias en algo que las hace crecer a ellas y a quienes consumen lo que crean.
Entre estas nueve salvadoreñas escritoras está contada una buena parte de la historia salvadoreña. Ellas han tomado las piezas de los grandes cambios que se han vivido en colectivo y las han incorporado a sus relatos, unos que van de guerras y violencias, pero también de colores y sonrisas.

Sirvan estas páginas para hacer un reconocimiento necesario a Maura Echeverría, Carmen González Huguet, Aída Párraga, Susana Reyes, Claudia Meyer, Ana Escoto, Jeannette Cruz, Nicole Membreño Chía y Ana María Rivas. Tener un nombre en la literatura cuesta en este país más que en cualquier otro lado. No debería ser así, pero pasa. Nada de esto, sin embargo, las ha detenido.
Sus luchas nos representan y sirven de guía para muchas generaciones más.

Carta Editorial

“La regla fundamental del taller se divide en dos partes: a) usted no defiende su texto, su texto se defiende solo. Esto nos permite alejarnos de explicaciones complejas y accesorias. Si el texto se explicaba a sí mismo, si comunicaba las intenciones del autor (aun dentro de la infinita polisemia del lenguaje) el texto se había defendido como un animal salvaje. Entonces era bueno. Y b) usted se aguanta las preguntas, críticas y ediciones de sus compañeros, y las recibe tal cual son: ofrecimientos respetuosos de mejora, oportunidades de refinar un texto; esto sin olvidar que es usted quien debe tomar las decisiones finales. Estas ediciones pueden ser brutales.

Cuando uno se ha tardado días o meses desarrollando un cuento, verlo siendo despedazado como pajarito indefenso no es necesariamente agradable. Pero es necesario. Los sobrevivientes, y lo que de ellos perdura, terminan siendo más fuertes”, escribe Jeannette Cruz en la nota introductoria de la antología de cuentos que se titula El territorio del ciprés.

El libro es el resultado de un proceso de creación colectivo. Los autores formaron parte de un taller de escritura y edición; de hacer, deshacer y volver con un planteamiento que ya no era propiedad de uno, sino que de todos. Los cuentos que adelantamos en esta edición son brutales, dejan el corazón azorado entre la angustia de los hechos que describen y la satisfacción de lo bien narrado.

Hacer literatura en El Salvador sigue siendo una aventura, un riesgo, un salto sin paracaídas. Los autores de El territorio del ciprés ejercen con audacia y alcanzan en ello gran calidad; pero no sin sacrificios, como plasma Cruz: “Ponemos en sus manos a los guerreros que sobrevivieron a la batalla, transformados durante el proceso. Estos están medio vivos, pues nos dedicamos a escribir acerca de la violencia y la muerte: nuestro pan de cada día”.

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A cada persona desaparecida la cubre un grueso manto de impunidad que permite que todos los días desaparezcan más y más y más. Esta es la segunda de las entregas que cada último domingo del mes vamos a dedicar a esta búsqueda interminable.

En nuestras leyes, la única desaparición considerada como delito es en la que están involucrados los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Esta es, justamente, la que menos se denuncia.

La razón de este fenómeno no se puede adjudicar solo a que no se comete. Al contrario, representantes de cada institución consultada para este reportaje reconocen un considerable subregistro de estos casos.

Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir. El resultado es que la cultura de denuncia es débil, no termina de asentarse. Y la situación se complica más cuando es al mismo Estado al que hay que denunciar como violador de las leyes que debería respetar y hacer respetar.

La periodista Valeria Guzmán profundiza en ese oscuro mundo en el que el ciudadano está solo, esa realidad alterada en el que no hay nadie fiable a quien pedir seguridad y justicia.

Hay familias para las que las búsquedas nunca acaban. Y El Salvador, aunque es el país más pequeño de América continental, es todavía demasiado amplio como para encontrar sin ayuda a un desaparecido.

Estas familias mantienen en el presente a sus seres queridos. Van de aquí para allá con los retratos, los nombres, el tipo de sangre, las señales que puedan ayudar a identificarlos. Pero son ellos contra el aparato estatal. En una región que da a luz toda clase de tragedias todos los días, ellos y sus dramas de incertidumbre y angustia casi nunca se ven. Y, si llegan a llamar la atención, lo hacen a la luz del prejuicio y la criminalización de la falta de recursos.

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La discriminación a las personas que viven con VIH sigue siendo una realidad. Por encima de todos los avances médicos y administrativos que han estabilizado la entrega de los medicamentos antirretrovirales, esa otra parte, que tiene que ver más con la educación y la empatía, sigue siendo un lastre.

Una de las maneras en las que más impacta es en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, solo dos de cada 10 personas mayores de edad que viven con VIH cuentan con un empleo que les da acceso a un ingreso económico constante, a seguro social y pensión. Es necesario aclarar que muchas de ellas están contratadas en puestos que guardan relación con cómo prevenir o cómo vivir con este diagnóstico. Fuera de esta especie de campo conquistado, en la empresa privada y en el mismo Gobierno las oportunidades son muy limitadas.

Cuesta dar crédito a representantes de asociaciones cuando señalan que han escuchado testimonios sobre gente que sigue creyendo que hay un riesgo de transmisión por manipulación de alimentos. Pero en el despacho de las autoridades de salud pública, el cuento no es diferente. Ahí, en donde se manejan los hilos de la estrategia para el abordaje médico, también se habla de un tipo de discriminación que impera en empresas o instituciones en donde los empleados se niegan a compartir mesa o espacios comunes con alguien que vive con VIH. En estas actitudes queda claro que el miedo sin fundamentos no ha sido derrotado.

El VIH no es una condena a muerte, pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí? ¿Es la norma vivir abiertamente con VIH y optar por oportunidades de estudio y empleo? No.

La misión todavía no está completa. Falta alcanzar el éxito en la parte más difícil.