Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger”.

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”

Dar a luz en una sociedad opaca

Dony no conoce San Salvador. Tiene una cabellera larga, 29 años de edad y 38 semanas de embarazo. “Algo raro habrán visto”, dice cuando ve caminar a dos policías armados en el pasillo de la unidad de salud de Coatepeque. Calcula que el pick up que la lleva de la clínica a su casa se tarda al menos 2 horas. Pero hoy, como en los 15 días anteriores, Dony no volverá al cantón Solimán con su hijo de cuatro años y su pareja. No hasta que nazca su segundo bebé, Sergio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la salud es integral y que abarca el bienestar mental y social de las personas. En Coatepeque, la tasa de hogares que vive en la pobreza es del 50.6% y los que viven en escasez extrema conforman el 23.8 % de la población, de acuerdo con el último mapa de pobreza del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Las estimaciones con las que se realizó ese mapa indicaron que alguien vivía en la pobreza extrema cuando sobrevivía diariamente con menos de $1.10 en la zona urbana y $0.71 en la zona rural. Durante 2015 el 18 % de los maestros del municipio fueron amenazados por las pandillas.

Dony ha tenido complicaciones en su embarazo por las que fue referida al Hogar de Espera Materna de Coatepeque, instalado dentro de la unidad de salud. El hogar tiene espacio para albergar hasta a ocho mujeres mientras les llega la fecha de parto. Llegan porque viven en lugares con difícil acceso o porque temen que suceda una emergencia.

El año pasado el país alcanzó la tasa de muertes maternas más baja en su historia. Estos espacios, de hecho, forman parte de las estrategias tomadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) para reducir las emergencias relacionadas con la gestación. Pero algunas emergencias e incluso muertes solo podrían reducirse si las mujeres vivieran en una sociedad sana y justa.

Dony ya quiere irse a su casa, pero no puede. Hace unas semanas “los mañosos desaparecieron” a uno de sus amigos más cercanos del cantón. Cuando lo encontraron, estaba casi muerto y aún no sale del hospital. Es lo último que le dijeron. Él vive cerca de su casa y “siempre que pasa algo cercano en el lugar de uno, uno siente”, cuenta. Dony se puso mal de salud al enterarse. “El niño dejó de moverse”, dice. Después de eso pasó cuatro días ingresada en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, más cerca de ese lugar y con calma, cuenta los 13 días que cree que faltan para que su hijo nazca.

—Yo sé el día exacto en el que mi bebé dejó de crecer –le dijo una paciente del Seguro Social a la ginecóloga Aleida Marroquín.

A pesar de que la doctora explicó las razones científicas por las que creía que el feto de la paciente no se desarrollaba bien, la mujer lo tenía claro: “El bebé dejó de crecer cuando mataron a alguien delante de mí en el bus”. Y aunque este argumento de la paciente no pueda ser tomado en cuenta de manera oficial, Marroquín asegura que los niveles de estrés a los que se someten algunas madres del país son suficientes para causar problemas de salud en el embarazo.

 

“Existe evidencia que confirma que las inequidades sociales generan un impacto en la mortalidad en los niños tan relevante como las causas biológicas”, afirma el Ministerio de Salud.

 

 

MARTA CAMPOS DE 29 ANOS QUIEN TUVO EL PRIMER NINO QUE NACIO A LAS 2:20AM Y SE LAMARA ANTHONY SANTIAGO CAMPOS
PRIMEROS BEBES NACIDOS LA MADRUGADA DE NAVIDAD DEL ANO 2015 EN EL HOSPITAL DE MATERNIDAD. 25122015.
FOTO LPG/JAVIER APARICIO

Así, la violencia, además de generar crímenes, trae consigo más consecuencias en la esfera sanitaria además de impactar en la economía. Un informe del Banco Mundial de 2015 indicó que el ingreso perdido por homicidios en El Salvador representa el 0.86 % del Producto Interno Bruto (PIB). Después de Honduras, el país es el segundo a escala latinoamericana que más ingresos pierde debido a los asesinatos.

La violencia acentúa la desigualdad económica y el acceso a bienestar de los salvadoreños. “La mortalidad materna es uno de los indicadores que mejor reflejan la inequidad social”, se puede leer en el informe de labores 2015-2016 del MINSAL.

La razón de mortalidad materna fue de 42.3 muertes por cada 100,000 nacidos en 2015. Y para 2016 fue de 27.4 puntos, de acuerdo con la Unidad de Atención Integral a la Mujer de ese ministerio. Estos números no deben entenderse como muertes directas de mujeres, sino como una tasa promedio que permite a los países comparar sus porcentajes de muertes maternas respecto a los nacimientos de cada nación.

Las muertes maternas se incluyen en los porcentajes de violencia feminicida del país. Son muertes que pueden reducirse cuando se aumenta el desarrollo y la educación de la sociedad. Cuarenta y ocho mujeres fallecieron en 2015 por alguna causa relacionada con la gestación, según el MINSAL. El año pasado fueron 31.

SOC01/HOSPITAL/PRIMER NIÑO
El primer niño del Hospital de Maternidad de San Salvador, nació el 25 de diciembre de 2004 a las 00:27 am. Es el hijo número 11 de María Melina Mena provenientes de El Paisnal, pesó 3860 gramos y midió 53 cm. Se encuentra en el área de neonatos delicados por presentar cansancio en la hora de parto que fue por cesárea. FOTO LPG/ALBERTO MORALES

De acuerdo con la OMS, en 1990 la razón de mortalidad materna de El Salvador era de 157 por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, bajarla a un promedio de 27.4 todavía no es suficiente.

 

Países desarrollados como Polonia previenen la muerte de sus madres y solo fallecen tres mujeres por cada 100,000 niños nacidos. Estimaciones de la OMS indican que países latinoamericanos como Chile y Costa Rica lograron reducir en 2015 ese indicador hasta 22 y 25 puntos.

Las inequidades sociales no solo afectan el número de mujeres muertas antes o durante labor de parto. También influyen directamente sobre el número de muertes de infantes. Hace dos años se registraron 1,218 muertes de menores de cinco años y 645 madres no pudieron cargar en brazos a sus hijos ni siquiera por 28 días.

De esos bebés, 182 fallecieron por haber nacido de forma prematura y 161 por malformaciones congénitas. Salud afirma que “existe evidencia que confirma que las inequidades sociales generan un impacto en la mortalidad en los niños tan relevante como las causas biológicas”. El ministerio celebra que se mueren menos madres, pero su último informe de labores revela que se mueren más niños.

En 2014 y 2015 murieron 729 y 754 niños menores de 28 días. El año antepasado también se confirmó un incremento en la tasa de mortalidad de los mayores de un mes y menores de un año. De 373 en 2014 se llegó a 412 fallecidos.

Los que se mueren son los hijos de las mujeres con menos educación. A mayor escolaridad de la madre, mayor será la esperanza de vida de su hijo. En 2015 la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años fue de siete por cada 1,000 cuando la madre había estudiado bachillerato. En cambio, la tasa de defunciones de niños con madres analfabetas fue de 33 sobre 1,000.

En el hogar de espera materna de Coatepeque, Guadalupe Romero, licenciada en Salud Materno Infantil, tiene una plática con Dony sobre alimentación. Dony extraña el sabor de la comida de su casa. Aquí, en el hogar, las futuras madres tienen un plan de alimentación saludable, pero para Dony, la comida es muy simple.

—Ella está bien pechita, casi ni come –dice a manera de reprenda la coordinadora.

—Nombre, mire, si no estoy pechita –contesta Dony ahogando las carcajadas y luego tocándose el enorme vientre de 38 semanas de embarazo.

Los hogares de espera materna funcionan de manera gratuita para las mujeres. Hay 21 a escala nacional, 19 están a cargo del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y de dos se encarga el MINSAL. Cada uno funciona con cuatro licenciadas en Atención Materno Infantil. El presupuesto anual de 19 casas de espera materna, incluyendo los salarios de las personas que brindan la atención más gastos de bienes y servicios, ronda los $781,000 anuales. Así lo estableció FOSALUD en 2015.

La Asamblea Legislativa ha gastado $27.9 millones en contratos de seguros médicos durante los últimos cinco años. Y solo el año pasado la Corte Suprema de Justicia adjudicó $6.1 millones para el seguro de sus magistrados, jueces y personal administrativo. Dentro de estos gastos, $387,500 fueron destinados para asegurar a 15 magistrados.

“Las señoras no tienen que esperar a que les den los dolores en sus comunidades”, explica Guadalupe Romero a un grupo de mujeres embarazadas que esperan para realizar su control prenatal en la clínica de Coatepeque. Cinco de ellas han venido solas a realizarse el chequeo y solo dos están acompañadas por su pareja.

En occidente hay cinco hogares de espera materna. En 2016 el hogar de Coatepeque tuvo 207 usuarias. La estrategia para garantizar que las mujeres como Dony tengan un parto seguro es hacer que ellas dejen sus hogares y el cuido de sus hijos y que se alojen en los hogares maternos.

Esta medida garantiza la atención hospitalaria del parto pero no cambia drásticamente el acceso a la salud de las mujeres. Cuando el embarazo termine, volverán a sus comunidades empobrecidas y lejanas con calles de tierra sobre las que ambulancias no pueden transitar.

Hace un par de años, Salud reportó que había dado 748,521 atenciones maternas. Estas incluyen la inscripción y los controles prenatales, lo que se traduce en 7.1 consultas por cada parto de 2015. Los controles son gratuitos para las usuarias, pero para familias como las de Dony, acceder a ellos en el centro de Coatepeque todavía desbalancea la economía familiar.

SALAS DE ATENCION DE CUIDADOS PREMATERNALES QUE SE POSEE EN LA UNIDAD DE SALUD DE COATEPEQUE FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

 

La pareja de Dony se dedica a la agricultura. Él siembra maíz, maicillo y frijol. Ella habla con orgullo de su hijo de cuatro años y dice que además de este que espera, quiere tener uno más, “aunque cuesta criarlos”.

Para viajar hasta Coatepeque, Dony calcula que camina unos 20 minutos hasta la vereda en la que pasa el único camión pick up que sale y entra a la comunidad una vez al día. El transporte sale del cantón a las 6:30 de la mañana y emprende su camino de regreso a las 11:30 de la mañana. Después de esa hora solo se puede llegar a pie. Ella cuenta que el camión cobra $4 por el viaje. Y si decide venir a los controles hasta aquí acompañada del padre de su hijo, gastarían $16 solamente en transporte.

Ana*, una señora de 40 años, ha entrado en labor de parto en un hospital privado de San Salvador. Está acompañada de su esposo. Sobre la cama hay una pelota grande de las que se ocupan en los gimnasios en la que la embarazada se apoya para encontrar posturas que le sean cómodas. Sobre una mesa pequeña hay bebidas hidratantes. Estos beneficios no son posibles en los hospitales nacionales.

LA DRA MARROQUIN ATENDIO EL PARTO DE ANTONIA REYES D EMARTINEZ, ESTA DR SE CARACTERIZA POR ATENDER A SUS PACIENTES COMO ELLOS QUIERAN TENER SU BEBE
FOTO LPG/ JOSUE GUEVARA

A la habitación del pequeño cuarto no entra luz natural. Adentro parece más tarde de lo que realmente es. Es mediodía pero Ana prefiere que las luces estén apagadas. La ginecóloga que la atiende, Aleida Marroquín, explica que eso es lo normal, que los humanos, como animales mamíferos, prefieren un sitio oscuro para dar a luz.

La doctora Aleida Marroquín impulsa en El Salvador la práctica del parto humanizado. Considera que cada mujer debe elegir la postura en la que quiere traer a su hijo al mundo.

 

“Se busca retornar a lo natural, fortalecer todo el proceso biológico y respetarlo”, explica. Así, sus pacientes a veces dan a luz sentadas, sobre las rodillas o de cuclillas. La mujer elige. El personal médico se adecua.

 

 

Marroquín tiene su propia clínica privada, pero antes trabajó en el sistema público. Prefiere su clínica porque puede darle atención personalizada a sus pacientes. Defiende que “la experiencia del parto es maravillosa” y que todas las mujeres deberían poder disfrutarla. La doctora considera que la postura horizontal de dar a luz, la usual en la red de hospitales nacionales, no es la más natural.

Elegir es difícil para un sector de la población debido a un sistema de salud que se basa en exclusiones sociales. El hospital donde Ana ingresó cobra $575 por un parto natural en una habitación económica, es decir, dos salarios mínimos del sector de comercio, servicios y maquilas, y casi tres salarios mínimos de las personas que se dedican a la recolección de algodón.

Los $575 solo incluyen el uso de las instalaciones y el equipamiento del hospital. Además, se suman los honorarios del médico que atiende el parto y el costo de medicamentos especiales que se lleguen a requerir. En cambio, una cesárea en ese hospital cuesta $1,175 más los gastos mencionados.

En 2015 el Sistema Nacional de Servicio de Salud registró que 105,000 bebés nacieron vivos; de estos, solo el 21 % nació en el Seguro Social.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que la tasa ideal de cesáreas de un país debe rondar entre el 10 % y el 15 %. Sin embargo, el informe de labores 2015-2016 del MINSAL sostiene que en El Salvador el porcentaje dobla la cifra recomendada, llegando al 30%.

LA DRA MARROQUIN ATENDIO EL PARTO DE ANTONIA REYES D EMARTINEZ, ESTA DR SE CARACTERIZA POR ATENDER A SUS PACIENTES COMO ELLOS QUIERAN TENER SU BEBE
FOTO LPG/ JOSUE GUEVARA

Marroquín es una de las médicas que abogan por luchar por el parto vaginal, aunque no tiene problema con intervenir con cesárea a sus pacientes cuando ellas así lo deciden o cuando la vida del feto está en riesgo.

Los partos humanizados suponen que procedimientos como la episiotomía (incisión desde la comisura posterior de la vulva hacia el ano para evitar un desgarro durante el parto) solo deben hacerse en casos que lo ameriten, y que es necesario propiciar los momentos de la madre con su hijo en los que exista contacto directo de piel con piel y siempre que se pueda hacer “el pinzamiento tardío del cordón umbilical y promover la lactancia incluso antes de que salga la placenta”.

Estas prácticas que buscan devolverle el carácter natural a la atención de los partos no se hacen en los hospitales públicos, a pesar de que no representan mayores gastos para el sistema de salud.

Hasta ahora, que todas las mujeres del país tengan acceso a decidir sobre la manera en la que quieren parir a sus hijos no es posible, algo que Marroquín considera “lamentable”. En otras regiones de Latinoamérica es un derecho. Perú aprobó en 2005 la norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural.

Eso implica que si la condición de salud de las mujeres lo permite, ellas pueden parir en posición vertical en sus diferentes variantes: sentada, arrodillada, de cuclillas o incluso con una soga colgada desde el techo que usan para sostenerse. La norma defiende que se debe respetar la libertad de movimiento de las mujeres. En otros países, elegir la manera de dar a luz no es un derecho de clase económica.

“Se busca retornar a lo natural, fortalecer todo el proceso biológico y respetarlo“, explica. Así, sus pacientes a veces dan a luz sentadas, sobre las rodillas o de cuchillas. La mujer elige. El personal médico se adecua.

Si en El Salvador las cosas fueran según lo ideal, antes de que una mujer se embarazara tendría que existir la decisión para hacerlo y una consulta de riesgo preconcepcional. Pero de acuerdo con personal médico del Hospital Nacional de la Mujer, la mayoría de mujeres que acuden a esas instalaciones no tienen finalizados sus estudios y no siempre son embarazos planeados.

Para embarazarse, lo mejor “sería que el sistema funcionara tan bien desde los controles infantiles y de adolescencia para que usted sepa en qué condiciones está”, afirma el doctor Ronald López, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de la Mujer.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO A CONTROL PRE NATAL DONDE EXAMINAN LOS MOMIVIENTOS DEL BEBE Y EL CRECIMIENTO DEL VIENTRE FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

En un informe de salud sexual y reproductiva elaborado en 2012 por el MINSAL se mencionó que “la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales entre las adolescentes es de 16.3 años y el uso de anticonceptivos en la primera experiencia sexual es bajo”. El documento sostiene que en la primera experiencia sexual de los adolescentes menores de 15 años solo el 20 % usó anticonceptivos y entre el grupo de 15 y 17 años solo el 26%.

La educación sexual no está instalada en el sistema de educación pública para estudiantes y es un tema que genera polémica. El Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015 descubrió que una niña o adolescente queda embarazada cada 21 minutos.

Esto, además de hablar de maternidad adolescente, habla de los altos niveles de violencia sexual que experimentan las mujeres. Solo en 2016 la Fiscalía General de la República registró 1,121 víctimas (entre niñas y adolescentes) del delito de violación en menor o incapaz.

Cuando una niña queda en cinta, el embarazo es considerados de alto riesgo porque su cuerpo aún no está desarrollado para cargar un bebé. Guadalupe Romero, la coordinadora del hogar de espera materna de Coatepeque, calcula que fue en la Navidad de hace cuatro años cuando alojó el caso que más la ha conmovido.

Una niña de 12 años de edad fue violada y quedó embarazada de su abuelo. La niña vivió en el hogar de espera el mes previo a parir. Recibía visitas de su tía. Romero cuenta que era una niña tímida que se sentaba en el suelo a dibujar al oso Winnie the Pooh.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO POR DOLORES EN SU ABDOMEN QUE LE FALTAN POCAS SEMANAS PARA DAR A LUZ FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ
SILVIA GUTIERREZ IMPARTE CHARLAS A MUJERES EMABARAZADAS FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

Una mujer joven, casada, esperaba a su hijo con ansías pero perdió su embarazo en el Hospital de Maternidad. El Estado también la obligó a perder su útero y sus ovarios. Así lo explica el médico obstetra Guillermo Ortiz. Los médicos que atendieron a esa mujer sabían desde el día en que la evaluaron qué era lo que tenían que hacer, pero no actuaron. Permitieron que una infección avanzara tanto que ella terminó debatiéndose entre la vida y muerte en la unidad de cuidados intensivos.

Hay mujeres que rompen fuente, es decir, que experimentan la pérdida del líquido amniótico antes de las 20 semanas de embarazo. Eso le pasó a la mujer en cuestión. Ortiz, un médico que trabajó durante 20 años en el Hospital de Maternidad y fue jefe del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico, explica que en esos casos, los fetos no pueden desarrollarse normalmente y sobrevivir. Mientras el feto fallece, las mujeres corren el riesgo de desarrollar una infección tan grave que también las puede llevar a la muerte.

Dar a luz en El Salvador incluye debates abiertos que tienen que ver con procesos legales. “Nos encontramos como anestesiados en nuestras acciones”, dice el médico para explicar que en otro país, salvar el sistema reproductivo de esta mujer era posible si se le intervenía, pues se conocía con base científica que el feto no se desarrollaría. Sin embargo, esto en El Salvador es ilegal.

Esta opinión la comparte el médico Rónald López. Explica que en estos casos, lo correcto, de acuerdo con las normas médicas, sería colocar “el medicamento para forzar ese parto porque ese bebé no va a vivir. No se mueren adentro porque el oxígeno les llega a través del cordón umbilical”.

El médico explica el riesgo al que se exponen las mujeres: “Las bacterias no se quedan solo dentro de la bolsita del bebé, se traspasan a la matriz, a la sangre, y se riegan en todo el cuerpo. Hay casos de infecciones tan bravas que hay que cortar todo el útero y los ovarios. ¿Y si es su primer embarazo?”, cuestiona.

“Equidad es darle más al que menos tiene. En términos de salud, les estamos fallando a las mujeres porque la que menos tiene está recibiendo el peor servicio en cuanto a derechos de salud reproductiva“, explica el médico Ortiz.

Hace 18 años se aprobó una reforma al Código Penal en la que se anuló el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos en caso de que su vida estuviera en riesgo, que el producto del embarazo fuera incompatible con la vida y en casos de violaciones.

En foros públicos está vigente una propuesta de reforma al Código Penal en la que el aborto no sea castigado con cárcel cuando las vida de las mujeres esté en riesgo inminente y así lo haya establecido un médico, cuando se haya comprobado científicamente que el feto no tiene posibilidades de vivir y en caso de violación o estupro. La propuesta indica que bajo esas condiciones, los abortos podrían realizarse solo cuando la mujer lo solicite y previo dictamen de las autoridades competentes.

Una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra es Fundación Sí a la Vida, que se ha caracterizado por realizar ponencias y campañas de sensibilización que buscan reducir los abortos. En febrero de este año lanzó una campaña titulada “40 días por la vida” con la que buscan sumar oraciones para evitar que las interrupciones de embarazos continuen en el mundo. Karla de Lacayo, quien es parte de la campaña, ha dicho sobre la reforma de ley que confía en que los avances de la ciencia ayuden a evitar los problemas en la etapa de gestación.

Hay embarazos en los que el espermatozoide no fecunda al óvulo en el útero. Son los embarazos ectópicos. A veces el óvulo se encuentra en una trompa de falopio o en un ovario y ahí es fecundado. Ya que el embrión se desarrolla en un lugar estrecho en el que no es posible mantener un embarazo, es solo cuestión de tiempo para que esos órganos se rompan.

De las 31 muertes maternas del año pasado, cuatro fueron muertes por embarazos ectópicos. Así lo afirma Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer y la Niñez del MINSAL. “Todo personal médico sabe que al crecer (el óvulo fecundado), se rompe la estructura donde se ha implantado y al romperse se rompen los vasos sanguíneos, genera sangrado y un shock hipovolémico y se muere la mujer. Es la evolución natural del embarazo ectópico”.

Las autoridades sanitarias ya se posicionaron institucionalmente a favor de esta reforma. “En el Ministerio de Salud no promovemos el aborto, promovemos la vida y la salud de las mujeres”, expresó la ministra Violeta Menjívar hace un par de semanas.

Para esa fecha, Salud dio a conocer que entre 2011 y 2015 se reportaron 389 egresos de las unidades de cuidados intensivos de mujeres que ingresaron por complicaciones del embarazo. Ellas padecían enfermedades crónicas como cáncer –no pueden hacerse quimioterapia porque esta afectaría el desarrollo del feto– y diabetes e insuficiencia renal. Treinta y seis de esas mujeres, es decir, el 9.25 %, perdieron la vida.

El 21 de febrero el MINSAL participó en un foro titulado “Aspectos bioéticos ante embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres”. En él, el doctor Rónald López presentó una muestra de 23 casos de mujeres con enfermedades cardiovasculares graves que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos en 2016. Tres de ellas murieron.

Al lado de los datos de cada mujer y su diagnóstico, el doctor colocó la probabilidad de muerte que las embarazadas con enfermedades crónicas tenían. La probabilidad en uno de los casos llegaba al 70 %. En la mayoría se mantenía en un 50 %.

Ante escenarios críticos como este, López es de la opinión que cuando es un tema de vida o muerte, la mujer debería tener la opción de elegir. “Si (atiendo a) una señora con hipertensión pulmonar con seis semanas de embarazo porque le falló el método, lo que me corresponde es evitar que se muera”. Pero ofrecer la interrupción de un embarazo en cualquier semana puede llevar a la cárcel a los médicos.

Consultado después de su presentación en el foro, el doctor López estimó que el Estado invierte $1,800 al día para mantener a una mujer en la unidad de cuidados intensivos. Mientras que el costo diario de una cama en cuidados intermedios es de $800.

Ante este panorama, cabe preguntar cuáles son las opciones de maniobra que tienen los médicos para salvar la vida de mujeres en casos puntuales como embarazos ectópicos y embarazos en los que se pierde líquido amniótico antes de que los fetos desarrollen pulmones. “¿Qué me toca? Esperar a que la señora se complique y rezar para que no se muera. Me mandan a la guerra sin armas y tengo que enfrentar lo que se me venga”, responde López.

SILVIA GUTIERREZ EXAMINA A UNA PASIENTE QUE LLEGO POR DOLORES EN SU ABDOMEN QUE LE FALTAN POCAS SEMANAS PARA DAR A LUZ FOTO DE LA LPG ANGEL GOMEZ

El MINSAL ha admitido que en el entorno ambiental y las inequidades de salud es donde se aprecia con mayor facilidad el impacto de la determinación social”. Y esa inequidad se traduce en la vida o muerte de madres e hijos.

De los 23 casos de mujeres con embarazos de alto riesgo que el doctor Rónald López presentó en el foro de bioética, tres murieron en 2016. Y esas tres no estaban en una edad considerada de alto riesgo para ser madres. Sus edades eran 22, 23 y 29 años. ¿Qué carencias condicionaron las muertes de esas mujeres?

La paciente que tenía 22 años al momento de fallecer desarrolló hipertensión pulmonar severa y una miocardiopatía, es decir, su corazón se volvió débil para bombear sangre al cuerpo, un padecimiento que se agrava con el embarazo. El problema, comenta el médico, es que muchas mujeres no saben que están enfermas hasta que quedan en cinta y el cuerpo experimenta cambios que lo ponen en riesgo. Esta mujer logró dar a luz a un hijo prematuro y luego falleció.

Otra paciente tenía 29 años y llegó a la unidad de cuidados intensivos tras un embarazo de alto riesgo por una enfermedad cardiovascular. Ella tenía el 50 % de probabilidades de morir, explica el doctor López. Estuvo ingresada siete días en cuidados intensivos pero en esa situación extrema, las máquinas y medicinas ya no pudieron salvarla. A pesar de no haber cumplido los 30 años aún, dejó a seis hijos huérfanos.

El sistema nacional no previene las emergencias. Se dedica a tapar los agujeros que la misma ausencia de sus servicios cava. “Al Estado le sale mucho más barato proveer pastillas, preservativos o inyecciones que hacer cirugías. El Gobierno puede darme $15 millones, pero con $15 millones yo no la revivo”, explica el médico de cuidados intensivos.

Para que las madres del país gocen de la salud entendida de manera integral, hay aún un largo recorrido, como lo explica Ortiz, el médico que trabajó durante 20 años en el antiguo Hospital de Maternidad: “Equidad es darle más al que menos tiene. En términos de salud, les estamos fallando a las mujeres porque la que menos tiene está recibiendo el peor servicio en cuanto a derechos de salud reproductiva”.

La OMS ya ha afirmado que la mayoría de muertes maternas podrían evitarse “si las mujeres tuvieran acceso a servicios de planificación familiar de calidad, atención competente durante el embarazo, el parto y el primer mes después del alumbramiento”. Además, este organismo recomienda “prestar más atención a las mujeres que viven en situaciones de conflicto o de crisis humanitaria, porque para salvar sus vidas es fundamental disponer de un sistema de salud que funcione”.