Carta Editorial

La discriminación a las personas que viven con VIH sigue siendo una realidad. Por encima de todos los avances médicos y administrativos que han estabilizado la entrega de los medicamentos antirretrovirales, esa otra parte, que tiene que ver más con la educación y la empatía, sigue siendo un lastre.

Una de las maneras en las que más impacta es en el acceso a oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, solo dos de cada 10 personas mayores de edad que viven con VIH cuentan con un empleo que les da acceso a un ingreso económico constante, a seguro social y pensión. Es necesario aclarar que muchas de ellas están contratadas en puestos que guardan relación con cómo prevenir o cómo vivir con este diagnóstico. Fuera de esta especie de campo conquistado, en la empresa privada y en el mismo Gobierno las oportunidades son muy limitadas.

Cuesta dar crédito a representantes de asociaciones cuando señalan que han escuchado testimonios sobre gente que sigue creyendo que hay un riesgo de transmisión por manipulación de alimentos. Pero en el despacho de las autoridades de salud pública, el cuento no es diferente. Ahí, en donde se manejan los hilos de la estrategia para el abordaje médico, también se habla de un tipo de discriminación que impera en empresas o instituciones en donde los empleados se niegan a compartir mesa o espacios comunes con alguien que vive con VIH. En estas actitudes queda claro que el miedo sin fundamentos no ha sido derrotado.

El VIH no es una condena a muerte, pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí? ¿Es la norma vivir abiertamente con VIH y optar por oportunidades de estudio y empleo? No.

La misión todavía no está completa. Falta alcanzar el éxito en la parte más difícil.

Carta Editorial

Un portón hace toda la diferencia. Al cerrarlo, el caos, el peligro, el desorden, la hostilidad quedan afuera. Adentro está protegido un hogar. Ahí hay plantas, juguetes y familia. Al final de cuentas, lo que todos queremos es solo eso: un lugar para sentir que lo que más nos importa está seguro. Para el caso, hemos tenido que optar por encerrar lo que amamos para que no le pase nada.

Es una derrota por donde se mire. Representa que no hemos podido hacer de todo el país un lugar en donde se respire tranquilidad, entonces, hemos tenido que ir cerrando algunas áreas, casi como si fueran burbujas, una especie de conjuro para que afuera quede todo lo que no hemos podido resolver.

Tener acceso a vivienda digna es derecho de todos. En El Salvador actual este derecho no es universal. Depende mucho, como la educación y la salud, de tener dinero. En esta edición, la periodista Valeria Guzmán explora una alternativa con la que se pretende tumbar esa barrera que ha llevado a la vivienda digna, de ser un derecho, a convertirse en un auténtico privilegio.

La respuesta está en el colectivo. La que presentamos acá es la historia de una mujer que construyó con sus manos la casa en la que vive y que sueña con dejar a sus hijos como patrimonio. No son solo paredes. Esa casa representa la esperanza que este sistema no le habría dejado alcanzar a ella sola. Ella forma parte de una cooperativa.

Esta mujer cierra el portón que protege su casa y las de otros y siente paz. Es un trabajo de equipo que se ha logrado con base en reglas claras. Esa calle sigue siendo una burbuja en medio de todo lo demás. Pero es una compartida que se ofrece como ejemplo de que todavía hay capacidad para ponerse de acuerdo en función de alcanzar un bienestar común.

Carta Editorial

El último domingo de cada mes haremos una publicación que abone en la comprensión de las desapariciones en El Salvador. Esta es la primera y trata sobre la soledad.

¿Qué pasa cuando alguien no llega a su destino, no contesta el teléfono, nadie da razón de qué hizo? ¿A quién se acude en esas primeras horas de angustia? ¿En qué momento hay que denunciar? ¿Adónde? ¿Y si pasa una semana?, ¿un mes?, ¿y después?

En 2018, la Fiscalía General de la República registró más de 2,600 privaciones de libertad. Este dato no es preciso, ya que en el país solo se contempla como delito la desaparición cuando es forzada por cuerpos de seguridad, como la Policía o el Ejército. Que todas las demás desapariciones se califiquen como privaciones de libertad deja a las familias en un limbo en el que no se tiene claro ni siquiera a partir de qué momento es que se va a activar el mecanismo estatal para hacer una investigación.

El Código Penal arrastra desde el tiempo de la guerra civil esta categorización que desconoce un problema que va en aumento. Este es un fenómeno que no tiene como víctima solo a las personas de las que no se sabe el paradero, también afecta de manera irreparable a quienes se quedan esperando un regreso, una noticia, un cadáver, para, al menos, ponerle de nombre “luto” a todo el dolor prolongado.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla. Pese a que ya ha sido avalado un protocolo interinstitucional para recibir de mejor manera estos casos, el camino para llegar a darles un acompañamiento integral es largo.

El último domingo de cada mes, estas páginas van a estar a disposición de quienes necesiten contar y hacer visible su lucha, su búsqueda, su soledad. Para asimilarlas, tenemos que ponernos frente a estas ausencias. Faltan personas y falta, también, un país que las busque.

Carta Editorial

Hay muy poco de esperanza en esta edición. Y hay mucho de ese trabajo de tomar conciencia del lugar que ocupamos en el mundo. Si un niño sale hoy a festejar su día, lo que va a encontrar en la calle es lo de siempre: un ejército de vigilantes privados apostados desde que sale de la colonia hasta que llega a su destino. Todos con sus armas expuestas. Esto, sin contar con los policías, con los militares, con las tanquetas, con el “tené cuidado” en la boca de cada persona a la que le importe. Y, en teoría, nada de esto está de sobra. En teoría, vivimos en un país en donde hace falta todo esto para sentir algo de seguridad. Porque, hasta el momento, no se ha hecho nada en otra dirección que no sea la de intentar detener una vorágine de violencia, con otra vorágine de violencia. Y las violencias no se repelen, se combinan para causar más daño.

En medio de esta situación alterada, la preocupación es otra manera de mostrar afecto. Pagar para que haya gente armada por todos lados es una forma retorcida de sobreproteger. Es tratar de evitar que el ambiente se coma a alguien, pese a que en la preocupación coexiste la certeza de que puede pasar. Y pasa.

El periodista Moisés Alvarado recoge en este reportaje una serie de casos que revelan el daño que ha hecho la corrupción del sistema de seguridad pública. Las víctimas han sido menores de edad. Los victimarios han sido miembros de cuerpos de seguridad.

Hay zonas en las que no se trata solo de ver gente armada por todos lados. Se trata de que la violencia viene de tantos lados que impide cualquier oportunidad de tener niñez; y no hay un marco institucional lo suficientemente fuerte como para hacer pensar que se puede detener a corto plazo. Muchas de las denuncias por casos en contra de miembros de seguridad, por ejemplo, son abandonadas. En medio de tanta agresión, todavía no se cae en cuenta del grave error de no formar niños que sepan reconocer sus derechos violados y sientan la confianza necesaria para verlos restituidos.

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La frase que titula la entrevista de Roberto Salomón guarda una enorme sabiduría. Acá la gente valiosa puede poner todo su esfuerzo y comprometer hasta la vida por abrir una brecha. Pero ese trabajo no alcanza a cumplir con todo su propósito si no vienen más a aprovechar para pavimentar y dejar habilitado un camino que sea transitable para la mayoría.

Pese a los grandes sacrificios de tantas personas como Salomón, el teatro sigue andando por veredas rústicas en este país. Una tragedia, si se toma en cuenta que a El Salvador hace rato le urge encontrar vías de expresión que contribuyan al entendimiento colectivo.

Y no es solo el teatro. La cultura en general se toma como una inversión accesoria, como algo de lo que se puede prescindir. Cuando, en realidad, la inversión en cultura es lo que hace la diferencia entre quienes buscan el desarrollo de una manera equitativa y los que solo quieren respuestas inmediatas que se puedan traducir en unos cuantos votos en las siguientes elecciones.

En esta entrevista, realizada por la periodista Valeria Guzmán, se ve a un Salomón que, sin salir del teatro, lanza un certero análisis de una de las deudas más sensibles durante toda la historia de este país: educación.

Esta carencia es la que pone en un contexto desolador su frase sobre los tractores, la brecha y el pavimento. Sin quitarle a la educación el candado de poder adquisitivo bajo el cual está en la actualidad, difícilmente habrá gente que pueda saber qué hacer para que las primaveras que encienden los revolucionarios acaben siendo cambios que se instalen y hagan mejor la vida para las mayorías.

Carta editorial

Nuestra necesidad de conservación de la memoria es enorme. Y cuando se aplica a la literatura, el déficit crece mucho más. La estimulación para dedicarse a esta rama es muy pobre. Pasa, en primer lugar, por las pocas posibilidades de obtener ingresos. ¿Cómo hace alguien para dedicarse a eso para lo que es bueno, pero que no le deja ingresos suficientes para llevar una vida digna? La respuesta, igual, sigue llegando por el lado de que la realización personal está por encima de cualquier precio.

Pero luego está que a la obras ya realizadas con muchos sacrificios no se les brinda la difusión adecuada ni se les hace honor para que vayan a través del tiempo como algo trascendente. A esta labor, que adquiere un aire de titánica en un país muy dado a olvidar pronto, es que se ha dedicado Vladimir Amaya.

Amaya ha sido calificado por personas de peso en el mundo literario como una de las mejores plumas de la Centroamérica. Ha escrito varios libros y ahora se dedica a promover una antología de la poesía salvadoreña.

“Torre de Babel” es, sin duda, la más completa compilación de poesía que se ha hecho en toda la historia de El Salvador, que bebe de todos los trabajos precedentes. Pero no solo eso: también va a las fuentes originales y rescata nombres que el olvido y el polvo parecían ya tener atados en sus dominios”, es la acertada valoración que se encuentra en este reportaje escrito por el periodista Moisés Alvarado.

Hoy, más que nunca, se hace indispensable la mirada hacia adentro para poder encontrar en este proceso de introspección, tantas veces aplazado, una salida al espiral de deshumanización en la que el país lleva rato navegando.

Carta Editorial

El reportaje que abre esta edición fue publicado unos días después del ataque armado al Hospital Roosevelt, en Guatemala, en el que perdieron la vida siete personas. El atentado ocurrió cuando un interno de una prisión llegó al centro asistencial para una cita médica. El momento fue aprovechado por otros miembros de la pandilla para liberarlo.

Este texto, que fue trabajado por el equipo del medio digital Plaza Pública, plantea una cadena de violencias. Es característico de la sociedades traumatizadas esperar que quienes delinquen paguen en físico sus transgresiones. Así, se considera una pérdida de dinero, un gasto innecesario cualquier dólar que se destine a buscar que en los centros penitenciarios se respeten los derechos humanos. Porque en la lógica revanchista lo único que merece un reo en un centro penitenciario es el castigo en todas sus formas y no solo la suspensión de su libertad.

Al no contar en las cárceles con atención médica, los internos deben salir a los hospitales con el gasto en insumos y en personal que esto implica; y, claro, también aumenta el riesgo de fuga.
Los culpables de las muertes en el Hospital Roosevelt no deberían ser buscados solo entre los pandilleros que dispararon. La tragedia también es responsabilidad de los que, corrupción mediante, han impedido que se cumpla con lo que las leyes disponen para todos, incluso para los que han sido sentenciados a perder su libertad. Pero hacer las cosas bien y reconocer que todos somos seres humanos y estamos sujetos a derechos es un acto de nobleza para el que nuestras violentas sociedades quizá todavía no estén preparadas. Por eso siguen pagando el precio con la sangre de los más vulnerables.

Carta Editorial

Es un doloroso absurdo que en un país tan lleno de violencias se hable tan poco de educación en todas sus formas. Lo trágico de las consecuencias no debería habernos apartado nunca de ponerle atención a las causas, a la raíz de todo. De haberlo hecho en la primera oportunidad clara que tuvo el país con la firma de los Acuerdos de Paz quizá mucho de lo que hemos perdido como ciudadanía se hubiera salvado.

Nadie nace para asesino ni para extorsionista. Nadie nace para vivir por una pandilla ni con la ambición de llegar a ser un corrupto. Hay en el camino demasiados factores que reducen las oportunidades de una persona para alcanzar una vida plena. La primera de todas, el acceso a la educación formal y a la no formal.
El reportaje que abre esta edición explora ese eterno debate acerca de quién merece una segunda oportunidad y cómo hacer efectiva la reinserción de quienes han cometido delito. La periodista Valeria Guzmán llega así al testimonio de una mujer que vive en la paradoja en la cual nos movemos muchas: dejar al hijo para ganar dinero para mantenerlo. A esta mujer ahora le toca hablar desde una centro de inserción social en donde visita a ese hijo por el que todavía trabaja.

A este país tan pequeño en territorio se le ha vuelto más fácil colocar barreras sociales que tender puentes para facilitar una inclusión práctica. Hay cantones, colonias, municipios completos que quedaron demasiado lejos de cualquier ventana de progreso. En esta sociedad que hemos construido la educación es solo un elemento más de discriminación. La más completa e integral, esa que casi asegura la movilidad social está reservada para quienes la pueden pagar. Pasa lo mismo con la salud; y qué se puede esperar de un país que coloca los derechos fundamentales bajo un candado monetario.

Reconocer a todas las víctimas de este sistema desigual es un proceso complejo, difícil, en el que no se debe buscar a los culpables solo entre los que aprietan el gatillo, sino que también entre los que han manipulado el tablero para mantener a la mayoría lejos del conocimiento y cerca de la desesperación.

Carta editorial

Las extorsiones son el delito que mejor desnuda la desprotección en el que se siente la población. La amenaza que se hace para obligar el pago funciona porque la gente no cree que los cuerpos de seguridad sean capaces de cumplir con su misión de mantenerle a salvo. Las cifras de denuncias se desploman porque esa gente que es víctima tampoco confía en que los procesos de investigación se realicen con integridad. Y la impunidad gana las batallas porque, en cualquier caso, a quienes menos se persigue es a los autores intelectuales. Todo está dispuesto para facilitar la labor de quienes hacen rentable el miedo.

Y, sin embargo, el delito de extorsión es con el que más licencias optimistas se han permitido las autoridades al hacer énfasis en una reducción, sin acotar que este es uno de los que más se hunden en el subregistro. El reportaje del periodista Moisés Alvarado con el que se abre esta edición es un despliegue a través de 30 casos que permiten tener una idea más clara de las raíces que ha echado este delito en un suelo tan fértil.

Este acercamiento perfila tanto a las víctimas y sus vulnerabilidades como a los intermediarios y las suyas. Los casos que han llegado hasta una sentencia se quedan, la mayoría, en ubicar a quienes han recogido el fruto de la extorsión, no avanzan hasta los que tuvieron los medios para diseñar la estrategia y elegir el momento, el medio, la cantidad y la forma de presión.

Esto no solo deja a sus anchas a los autores intelectuales para que busquen más brazos ejecutores, sino que también deja a la víctima más debilitada y expuesta. Las extorsiones están muy lejos de ser controladas porque el miedo y la desconfianza de la que se alimentan son todavía grandes.

Carta Editorial

El trabajo en el campo es uno de los más duros y, al mismo tiempo, de los más importantes para este país. Por tradición, sin embargo, el campo ha sido el lugar en el que mejor se ilustra la injusticia y la desigualdad. No se ha sabido reconocer que labrar la tierra y hacerla parir un fruto sano de manera constante, no solo requiere conocimiento, sino que implica dedicación y un sentido de respeto a la vida que es difícil de explicar.

En esta edición hay un reportaje que relata cómo cambia la visión acerca del campesino cuando se replantea la forma de comercializar. Un trato digno hacia las personas que ponen comida en las mesas de muchas familias beneficia no solo a esas familias consumidoras, sino que también, y de manera intensa, significa una mejoría en la vida de los que rodean al productor, este que ya no se siente como el último en la cadena, sino como el primero.
El proyecto llamado Canasta Campesina traza una ruta directa entre los huertos del municipio de Comasagua, hasta consumidores interesados en ser parte de un trato comercial que impulsa mecanismos de solidaridad.

Esta manera de hacer negocios está sembrando liderazgos justo ahí en donde por tantos años ha hecho falta una estrategia de arraigo para que quienes habitan esa parte de la campiña no vean limitadas sus oportunidades a la migración. Este proyecto refuerza el mensaje de que hay alternativas que no implican abandonar todo lo que se ha conocido como vida.

Esto que relata la periodista Valeria Guzmán es fortalecer las raíces y ya está dando, como se nota en las historias de quienes han participado, frutos valiosos.