Uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, la mayoría por crímenes más graves de lo que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más emblemáticas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado, y que son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones de América Latina.

En Brasil, por ejemplo, los grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles y desde allí coordinaron y expandieron sus operaciones, llegando a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay.

Sus líderes Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para llevar a cabo sus planes. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el saldo de las riñas es monumental, obligando al gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que dejaron unos 140 prisioneros muertos –varios de ellos mutilados– a inicios del año.

Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, solo contribuyeron a alimentar su leyenda, ya que túneles, engaños y sobornos honraron las restricciones más severas. Entre exponerse a otra huida, el Gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos porque ahí reciben protección frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en El Salvador.

Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos pueden aprovechar su condena para pensar e implementar estrategias. También hay prisiones donde las bandas carcelarias se han vuelto verdaderas instituciones, con reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico, hay por lo menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi 40 años. Sus reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos internos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición de la organización a lo largo de los años por “maestros”.

Crimen, castigo y reinserción

La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana, como muestra la encuesta Latinobarómetro de MORI, parte fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde río Grande a Tierra del Fuego.

Es que Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la región tiene el 9 % de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a escala global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia.
Y la justicia no ha logrado atacar el problema. El 90 % de los asesinatos no es resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.

Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América (GDA), las primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados están el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú).

Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina, el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, comenta.

Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida para enfrentar el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100 %. En el caso de Venezuela, la cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema carcelario.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos niveles de aglomeración generan una “masacre silenciosa” y agravan los problemas, como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes.

El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes y, cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad la mantención del control y del orden. Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 reclusos, se dio cuenta que en los mismos pabellones convivían personas que fueron detenidas por vender películas piratas en la calle con asesinos.
La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva en Latinoamérica. El procesamiento de los casos puede tardar años y las cárceles se van llenando poco a poco de personas que no han sido condenadas. En promedio 33.4 % de los reclusos de la región están en prisión preventiva.

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México y quien se ha dedicado a estudiar en la última década las cárceles latinoamericanas, asegura que se ha dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser un instrumento de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. El experto afirma que el abandono de esos objetivos debe encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen.

“Del fondo de mi corazón, si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir”, dijo una vez el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

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Steven Dudley, codirector de InSight Crime: “Hay que ganar los espacios políticos y sociales dentro de las prisiones”

Una entrevista de Amanda Marton Ramaciotti/ GDA

Según el experto, los grupos criminales se aprovechan de la “falta de necesidades básicas (en las cárceles) para acumular poder”. Para Steven Dudley, los Estados han dejado vacíos de poder en las cárceles que fueron llenados por criminales. Cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crime y analista del Woodrow Wilson Center, Dudley asegura que hay que crear mejores condiciones de vida para los presos, y así evitar que se unan a organizaciones criminales dentro de las cárceles.

¿Las cárceles en Latinoamérica podrían ser capaces de disminuir la crisis de seguridad?

“No de la manera que están, pues a la larga generan más inseguridad. Los presos entran en contacto con criminales más organizados y en instituciones cada vez más debilitadas. Un espacio que se convierte en una escuela de criminalidad, donde hay unos PhD (doctores) del crimen que son poderosos dentro y fuera de las cárceles.

El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia, entonces nadie presta atención a lo que está pasando dentro de las cárceles. Y fuera de ellas las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos, para poder tener una vida digna. Ni hablar de la corrupción que hay.

Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos y, en este caso, grupos criminales poderosos pueden utilizar esa falta de atención, esa falta de necesidades básicas para acumular poder. Eso es lo que posibilita que grupos más poderosos, como los de Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel. Eso se ve cada vez más en otros países: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado.

Entonces quienes “gobiernan” a los presos son otros presos. Quienes son los que alimentan a los presos son los otros presos, quienes son los que dejan o no dejan el espacio para visitas son los otros presos, o que reciban o no reciban cosas desde afuera, son los otros presos. En ese mundo donde el Estado deja un vacío de poder que es llenado por los criminales, lo que se genera es más legitimidad para los criminales”.

Insight Crime ha investigado sobre las prisiones de gran parte de Latinoamérica. ¿Qué países de la región considera usted que viven las situaciones carcelarias más extremas?

“Donde hemos visto situaciones muy graves es en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también y se están poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose con soluciones políticas cortoplacistas de “mano dura”. Esa idea siempre surge porque es la manera que los políticos tienen de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo y cómo ganar esos espacios políticos y sociales
dentro de las prisiones. Donde los mismos presos puedan trabajar, puedan expresarse, puedan tener cierta vida humana”.

Finalmente, ¿qué opciones existen además de las cárceles para luchar contra la crisis de seguridad regional?
“Dejar de criminalizar algunos crímenes que ahora están considerados en los códigos penales. Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias es un problema de salud, no debería ser un problema criminal en muchos casos. Hay que pensar en todos los programas de prevención, creando los mismos espacios sociales para los jóvenes, abriendo más espacios de entrenamiento para ciertos trabajos, espacios de educación, pensar en las penas alternativas y programas de rehabilitación. Pero también educar a la población a aceptar excarcelados. Si no, los programas de rehabilitación no servirán para nada”.