Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección [email protected]. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

---

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.