Detrás del muro, un frondoso maquilishuat se yergue contra el poniente, desnudo de flores pero robusto en su simplicidad. Érick Reyes se acerca a él, le sonríe, con las palmas de las manos recorre su corteza. Lo saluda como si de un amigo se tratara.

No hay desmesura en la comparación: Este fue el árbol que Érick sembró a pocos días de instalarse en este mismo sitio, hace más de 17 años, cuando el mesón en el que vivía, hecho de frágil bajareque, cayó en el terremoto del 13 de enero de 2001.

Construida con láminas y madera, aquí instaló una casa para habitar por solo seis meses, según lo prometieron el alcalde de la época, Roberto Edmundo González, y Care International, la organización que les donó los materiales.

Como él, otras 230 familias de Santiago de María, Usulután, que lo perdieron todo en los terremotos de 2001 se instalaron aquí para tener un hogar, un pedazo de tierra donde poder dejar sus pocas cosas, dormir, vivir. A cada una le asignaron un espacio de cuatro por cinco metros, 20 metros cuadrados. Era el nacimiento del ex-INCAFE, el primero de aquellos emplazamientos humanos a los que los santiagueños bautizaron como albergues.

En los siguientes días, surgieron tres más, en el costado contrario del pueblo, más allá del pujante mercado: Modelo, Fátima María y Montebello II, a los que ingresaron otras 150 familias. Desde las autoridades, se les sembró una esperanza: pronto les sería asignada una casa permanente. Para muchos, como Francisco Pineda, las palabras fueron una gloriosa melodía. Él, un hombre soltero, sin hijos, casi sin familia, jamás había contado con algo que pudiera llamar de su propiedad.

Pero los seis meses se convirtieron en más de tres lustros. Así, Érick Reyes pudo ver con toda la tranquilidad del mundo cómo crecía su amigo vegetal en este terreno, que en los ochenta fue el casco de uno de los beneficios del desaparecido Instituto Nacional del Café (INCAFE).

Los albergues se convirtieron en una parte fundamental del paisaje de Santiago de María. Casa tras casa hecha de lámina y madera, una junto a otra, conformaron esta, como cariñosamente se refieren a ella sus habitantes, colmena de metal.
También en una parte fundamental de sus problemas: en 2014, cuando este municipio de un poco más de 19,000 habitantes reportó 25 homicidios, los agentes de la Policía Nacional Civil los identificaban como los territorios más peligrosos: el coctel de abandono del Estado, pobreza y hacinamiento los convirtieron en terreno fértil para la expansión de las pandillas, que los transformaron en sus principales bastiones.

Santiago de María, en los años inmediatamente posteriores a la tregua entre pandillas (2012-2013), se convirtió en el referente negativo de la inseguridad en Usulután: las autoridades de los municipios ubicados en sus inmediaciones achacaban parte de los hechos que ocurrían en sus territorios a su cercanía.
Por mucho tiempo, las voces de los habitantes de los albergues parecieron encontrar oídos sordos en las autoridades encargadas de proveerles de una vivienda digna. Las cosas cambiaron en 2016, aunque no para todo el mundo.

Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver con sus ojos el sueño cumplido de tener un espacio propio. Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterara de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y especialmente para los habitantes de esta nueva colonia.

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EL NUEVO HOGAR
“Se trata de otro acto de justicia de nuestro gobierno, pues estamos saldando una deuda provocada por los terremotos de 2001. Más de 15 años tuvieron que esperar por una solución, que les llegó de la mano de nuestro gobierno”, dijo el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, ese 16 de diciembre de 2016 en el que aquellos que habitaban los albergues recibieron por fin las llaves de sus nuevas casas, ubicadas en un terreno a 3 kilómetros del centro de Santiago de María, 19 manzanas de lo que antes era una finca cafetalera, que se volvió ociosa cuando sus antiguos dueños decidieron que el grano no era un negocio lo suficientemente rentable.

“Aquí, en Santiago de María, las familias de los albergues tuvieron que esperar la llegada de un gobierno identificado con el pueblo para poder solucionar sus problemas de vivienda”, aseguró Sánchez Cerén en su discurso, como si de una iniciativa de su gobierno se tratara.

Pero la historia es otra y tiene como uno de sus personajes a aquel alcalde que, a días de los terremotos de 2001, le prometió a los más pobres de sus votantes, aquellos que lo habían perdido todo, que les entregaría una casa digna.

Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”, ha sido alcalde de Santiago de María desde 1997. En las elecciones del 4 de marzo de este año ganó su octavo período al frente del municipio. Ha sido criticado por usar su sueldo de $3,000 mensuales y buena parte del presupuesto de la alcaldía para hacerles favores a sus electores. La Corte de Cuentas de la República ha hecho varios reparos a su gestión por lo mismo.

Esta mañana de abril, González termina de preparar la última lata de pan francés del día para meterlo al horno. Cuando se sienta a conversar, se le notan debajo del rostro esas oscuras y pronunciadas bolsas que solo provocan el desvelo y el calor.

Con un estilo desenfadado, que lo llevó a que lo expulsaran del FMLN en 2001, habla de las gestiones frustradas para construir los hogares permanentes con tres gobiernos centrales diferentes (dos de ARENA y uno del FMLN). Y de la última negativa que recibió, en 2013, de parte del Viceministerio de Vivienda de la época, y de cómo, solo semanas después, su amigo Tomás Chévez le ofreció ayudarlo con su proyecto cuando llegó a ocupar de manera interina la jefatura de esa cartera del Estado.

“Tomás Chévez me dijo que tenían $60,000,000 disponibles cuando solo semanas antes me habían dicho que no tenían recursos. Yo siempre he dicho que pisto hay, lo que no tienen es voluntad”, comenta González.

Los habitantes de los albergues fueron incluidos en el programa Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) serían construidas más de 400 viviendas en un terreno que la Alcaldía de Santiago de María había adquirido desde 2006 para ese fin.
Los futuros beneficiarios habían estado trabajando cuando se les pedía en esa propiedad desde entonces, primero talando los árboles para despejar el espacio, luego haciendo las labores de terracería.

Pero las cosas no fluyeron sin baches: en julio de 2015, la empresa contratada para el trabajo, A. P. de Centroamérica, declaró que el trabajo era demasiado grande para completarlo en el tiempo para el que se había comprometido, ocho meses, a pesar de que ganó la licitación con el argumento de que había hecho un trabajo parecido en un período récord en el occidente del país.
Para esas fechas, solo habían completado la fundación de la mayoría de viviendas. De unas cuantas decenas se habían colocado las paredes y el techo. Sin embargo, lograron casi cumplir con el trabajo al año siguiente, aunque se declararon en quiebra antes de hacer las 48 casas restantes, de las que todavía están los lotes vacíos.

El proyecto entero costó $1,700,000, a casi $4,500 por casa, eso sin contar el terreno sobre el que fueron construidas (que era propiedad de la alcaldía) y las labores de terracería.
La colonia, ahora, es un conjunto de pasajes con casas idénticas una tras otra: dos cuartos, dos ventanas y un patio que da la posibilidad de construir. Quienes pueden permitírselo ya han comenzado. Lo hacen porque se trata de un trozo de tierra completamente suyo.

Mario Mejía y Pedro Navarrete son parte de la directiva de la nueva colonia en la que fueron reubicados los que antes vivían en albergues, que, en un acto de megalomanía, fue bautizada con el nombre del alcalde, Roberto Edmundo González, “Beto Chumba”. Su rostro ocupa buena parte del cartel que da la bienvenida.
Mario y Pedro son dos de los fundadores de los albergues a los que fueron a parar tantas personas esperanzadas en que algún día les entregarían una vivienda digna. Algunos, recuerda Mario, no llegaron a ver el sueño cumplido de tener un espacio propio.

Uno que les permitiera, como expresa Navarrete, gritar a sus anchas, hacer el amor a sus anchas, sin estar preocupados porque el vecino de champa se enterará de los detalles. Uno en el que, también, pudieran sembrar una mata de guineo, una güisquilera con los que generar alimento o productos para vender. Y es que esa es una de las principales fuentes de recursos para los santiagueños y, especialmente, para los habitantes de esta nueva colonia: vender algo en el pujante mercado central. Otras son rebuscarse por leña para comercializarla o acercarse a las fincas cafetaleras que todavía continúan activas, aunque en estas hay muy poco trabajo fijo fuera de la época de cosecha, de noviembre a enero.

Otros hombres se dedican a la albañilería, pero la mayoría de los trabajos están muy lejos de aquí, lo que los hace ausentarse del hogar semanas enteras, como en el caso del padre de Glenda Villanueva. Su familia es una de las beneficiadas por las nuevas viviendas. Ella tenía nueve años cuando la casa en la que vivían en el centro de Santiago de María desapareció: el terremoto provocó que se hundiera una parte del terreno sobre el que estaba fundada.

A sus 25, pasó la mayor parte de su vida en el albergue ex-INCAFE. Recuerda el hacinamiento, su casa inundada en el invierno, el baño usado por hasta cinco familias, la marginación expresada hacia ellos por los otros santiagueños.
También la inseguridad: en el ex-INCAFE, dos pandillas contrarias se distribuían el dominio de un territorio de apenas 2 manzanas de terreno, por lo que los combates armados eran el pan de cada día. Aquí, dice, continúa existiendo violencia: las familias beneficiadas también tienen pandilleros entre sus miembros. El problema se trasladó a la nueva colonia.
“Pero aquí uno se siente un poquito más seguro. Por lo menos las casas son de cemento. Si viene una bala, no cruza las paredes. Allá sí, porque eran de lámina. Eso pasó varias veces”, asegura.
Para este miembro de la Policía Nacional Civil que ha pasado 18 años en Santiago de María, la reubicación de las personas de los albergues a la colonia ha facilitado su trabajo: los territorios están más delimitados, pues en el sistema de casas anterior, el hacinamiento y la laberíntica distribución de casas facilitaba las maniobras de los pandilleros. Eso era especialmente notorio en el albergue Modelo, ubicado en un espacio alto y a unos pasos del mercado central de Santiago de María. En 2015, por ejemplo, no era extraño encontrarse a jóvenes tatuados de los pies a la cabeza oteando el horizonte en dirección hacia el mercado, observando el movimiento, sin preocuparse por ser vistos por un policía.
La importancia de este punto fue tanta que, cuando se desalojó el albergue, miembros de la institución y de la Fiscalía General de la República se encargaron, violencia de por medio, de que no quedara ni una champa en pie.

En la nueva colonia, los habitantes cuentan con luz eléctrica, pero todavía no tienen agua. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) gestionó los recursos para que en toda la colonia contaran con el servicio. Se hizo el trabajo completo: se puso el sistema de cañerías y el entronque con el sistema de ANDA, incluso se colocaron contadores en cada hogar.
Solo falta, como señala Mario Mejía, darle vuelta a las válvulas. Pero para eso necesitan contar con la certificación del Ministerio de Salud de que cada hogar tiene una fosa de tratamiento de aguas grises.

Wilfredo Beltrán es promotor de salud y también habitante de la nueva colonia. Él tiene la responsabilidad de verificar que en cada casa se cumpla con las normas. Este día de abril, acompañado de sus formularios, revisa una de las viviendas. Comprueba que la fosa tenga al menos 2 metros de profundidad y que cuente con arena y piedra para filtrar el agua. Esto ayuda, también, a que el agua no mine las bases del terreno.
También verifica que se haya construido una trampa de grasa, un retenedor de residuos ajenos al agua que se debe limpiar una vez a la semana. Dice que 90 % de los vecinos ha construido lo acordado, por lo que espera que muy pronto tengan agua.
Por ahora, hay dos formas para abastecerse: comprar una barrilada por $2 a los vendedores particulares que llegan cada día a la colonia desde el centro de Santiago de María o acarrear cantaradas desde un nacimiento ubicado a 3 kilómetros. Esta última es la opción de quienes no pueden permitirse comprarla.

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LOS QUE SE TUVIERON QUE QUEDAR
No todas las personas se han podido ir del albergue ex-INCAFE para recibir una casa por parte del Estado. Ese es el caso de Carlos Flores, un hombre que parece un memorial de agravios. Esta tarde, en ausencia de su camisa, luce varias de las cicatrices que le quedaron en la guerra, cuando combatió del lado del Ejército. Ahí también perdió la pierna izquierda. Desde entonces usa una prótesis.
Tras firmarse la paz, pasó por varios empleos: trabajó para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), fue promotor de campo de la Red de Sobrevivientes de Minas y jefe de seguridad en una institución del Estado. Lo despidieron de este último empleo hace seis años. Le dijeron que era por “pérdida de confianza”, pues creían que estaba ligado a las pandillas después de que su familia fuera objeto de varios ataques.
En los primeros meses de ese año asesinaron a su esposa (Rosa Salgado), a su hijo (Wálter Flores) y a su nuera (Wendy Calderón). Él mismo sufrió un atentado cerca de otro de los albergues, el Montebello II, del que guarda un par de cicatrices. Y a otro de sus hijos, Mauricio, una bala en la columna lo ha dejado sin la posibilidad de caminar.
Según el alcalde de Santiago de María, Roberto Edmundo González, la decisión fue tomada porque la pandilla que tiene presencia en la nueva colonia es enemiga de aquella con la que se ha identificado a Carlos y a su familia. Carlos asegura que no tiene nada que ver con las estructuras: “Pero le agradecemos al alcalde porque nos ha dejado aquí para salvaguardarnos la vida”.
Él y los suyos, que habitan otras 10 casas en este terreno, tendrán que seguir viviendo como lo han hecho desde 2001, en casas hechas de madera y lámina. Pero algo ha mejorado: el desembarazo de viviendas ha permitido que ahora puedan armar una estructura a su gusto, más alta para evitar el calor y más grande para hacer algunas actividades, como la crianza de gallinas, que están en el mismo espacio destinado para el viejo automóvil que a Carlos le permite hacer algunos viajes por encargo.
También, dice, ahora están más tranquilos, con la certidumbre de que aquellos que lo consideraban su enemigo no lo atacarán más. Piensa que tiene más paz así que si le hubieran asignado una casa en la nueva colonia. No se queja: cuenta con dos servicios básicos, agua y luz, desde hace algunos meses. Lo único que le falta es “un trabajito formal”.
Por ahora, el titular del municipio les ha prometido que, como en el caso de las otras familias, muy pronto tendrán algo que llamar suyo, que está negociando para adquirir una manzana para distribuirla entre los que no se han podido mover. Pero eso debería pasar pronto, pues hay un detalle: el terreno en el que está su champa será reclamado por su titular, el Ministerio de Hacienda.
“Si nos dicen que no se puede concretar la promesa, nos vamos a la calle, a la vía pública… si se da el caso, nos vamos a ir por nuestra propia voluntad, antes de que venga la policía a sacarnos a leñazos”, comenta mientras camina tan rápido como si no tuviera una prótesis en la pierna izquierda.

Pero Flores y los suyos no son los únicos que se han quedado, y en el ex-INCAFE sigue habiendo hasta una veintena de champas. Los motivos son variados. Como en el caso de Irma Sánchez, a quien le asignaron un lote en la nueva colonia pero no pudieron construir ahí por la presencia de una monumental piedra. Ni siquiera pudo poner una champa por lo desnivelado del terreno. Optó por quedarse aquí. Dice que prefiere que le den como suyo el pequeño espacio que actualmente habita.

Los motivos de Aideé Castellón, otra de las que permanecen en el albergue, son otros. Ella fue beneficiada con una casa en la Roberto Edmundo González, pero decidió venderla.
“Le voy a hablar con la verdad. A mí no me gustó allá y mejor vendí mi casa. Me dieron $6,500. Con eso mandé a mi hijo a Estados Unidos. Yo no creo que eso sea un delito”, dice.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda. Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

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LOS “SOLOS”
De entre los que fueron trasladados a la nueva colonia también se cuentan aquellos a los que no se benefició con una casa a su nombre. Son los que no calificaron en el programa por no ser parte de un grupo familiar. Parejas de ancianos sin hijos a los que heredar su casa cuando fallezcan. Hombres y mujeres de la tercera edad que, por los vaivenes de la vida, decidieron vivir sin nadie. A ellos les han dado la mitad de uno de los lotes vacíos para que puedan construir una champa.

Uno de ellos es Osmín Amaya, de 45 años, un excombatiente de la Fuerza Armada durante la guerra civil. Se gana la vida haciendo pequeños muebles de madera que después comercializa en el mercado de Santiago de María. Por su pasado militar, recibe ayuda de una asociación que apoya a lisiados de guerra. Dice que ellos le han ofrecido herramientas para ejercer otro de sus oficios, el de sastrería, que le daría mucho más dinero, pero el pequeño y vulnerable espacio en el que vive le hace pensar que no durarían mucho tiempo en sus manos.

“Quise sacar un préstamos en el IPSFA para construir aquí una mi casita, pero unos familiares me recomendaron no hacerlo. ¿Qué pasa si el día de mañana me dicen que me vaya? Ahí va a quedar toda la inversión”, cuenta.

A unos cuantos metros de aquí vive Francisco Pineda, de 68 años, otro hombre sin un grupo familiar al que le dieron un espacio para construir su champa. Se define como un “hacelotodo”, aunque ahorita gana sus billetes arreglando electrodomésticos. Asegura que hubo un tiempo en el que “comió bien”, cuando se dedicó a la confección y reparación de antenas televisivas. La llegada del cable a Santiago de María lo dejó sin su fuente de ingresos.

Él vivió desde 2001 hasta 2016 en los albergues, pero no recibió una casa. Mejor suerte que él tuvieron grupos familiares como el de Ana Silvia Pérez, que residió todo ese tiempo en la propiedad de su suegro. “Es como si uno hubiera nacido del aire”, dice Pineda.

Desde el umbral de su casa, señala la misma cama en la que ha dormido desde antes de los terremotos. La tuvo que reparar después de que le cayó encima una pared del mesón donde vivía. Por eso sigue siendo optimista: antes tampoco tuvo un espacio al que llamar completamente suyo.

“Ese ha sido siempre mi sueño. Yo digo que no me voy a morir sin concretarlo”, dice, esperando que un día de tantos le entreguen en las manos la llave de una casa tan firme como su ánimo.