Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

***

“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

***

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

***

Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

***

Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

***

El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

***

“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.

Un expresidente no tan excepcional

Ingresos asegurados. Barack Obama recibe una pensión de más de $200,000 al año por ser expresidente de EUA.

Después de dejar la Casa Blanca, a Barack Obama se le ha visto disfrutar de un deporte que como presidente se le había vetado por el riesgo que supone, el kitesurf, y dedicarse a algo que como gobernante también tenía prohibido: ganar mucho dinero y muy rápido. Hace unas semanas se hizo público que un fondo de inversión llamado Cantor Fitzgerald le pagará $400,000 por dar una conferencia sobre sanidad en septiembre próximo. Poco antes, se supo que él y su esposa, Michelle, habían vendido sus memorias por $61 millones, según el Financial Times y otros medios, aunque donarán una parte a su fundación.

Previamente, y como descanso después de ocho años de un trabajo duro, muy duro, se tomó unas vacaciones que incluyeron paseos en el yate del millonario David Geffer por la Polinesia Francesa –en compañía de celebridades como Tom Hanks y Oprah Winfrey– y la práctica del añorado kitesurf con otro magnate, Richard Branson, dueño de la aerolínea Virgin.

Algunos republicanos le han criticado, pero también los sectores más progresistas de su partido le han afeado los cobros millonarios por discursos. “El expresidente Obama es un ciudadano normal ahora y puede hacer lo que quiera, pero me parece desafortunado. El expresidente de Goldman Sachs es el consejero económico de Donald Trump, y entonces ves esto, me parece desafortunado”, dijo Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton en las primarias demócratas.  “Muestra el poder de Wall Street y la influencia de las grandes fortunas en política”, lamentó. Al ser preguntada sobre este asunto, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, referente de los demócratas y azote del sector financiero, respondió con un lacónico “me preocupa”.

Estos gestos de Obama no benefician a los demócratas, que se enfrentan a un reto clave: conseguir que su partido vuelva a ser visto como el de la clase media y recuperar el voto de muchos obreros y jóvenes millennials que rechazaron a Hillary Clinton por considerarla amiga de Wall Street, puro establishment.

“Como anunciamos hace un tiempo, el expresidente Obama dará discursos de cuando en cuando, unos serán remunerados y otros no”, señaló su portavoz, Eric Schultz, y aseguró que el exmandatario pensaba dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir y ayudar a formar a una nueva generación de líderes. En cuanto a la conferencia de septiembre, Schultz recalcó que “en 2008 Obama logró de Wall Street más fondos que ningún otro candidato en la historia y aplicó en ese sector las reformas más duras desde Roosevelt”.

Lo cierto es que la moda de discutir sobre las ganancias de expresidentes la inauguró Gerald Ford (el primero en facturar a placer por conferencias y entrar en consejos de administración) y se mantuvo con otros muchos, como Bush y Clinton (el caché de Bill se dice que rondaba los $200,000 y el de Bush hijo oscilaba entre los $100,000 y los $200,000 al dejar la Casa Blanca).

Forma de vida. Bill Clinton y George Bush hijo también han hecho cobros por dar discursos
después de dejar la presidencia de Estados Unidos.

Pero una polémica especialmente señalada en la hemeroteca es la de Ronald Reagan. El actor, considerado como uno de los mejores gobernantes de la historia de EUA, dio la campanada cuando en 1989, pocos meses después de dejar la presidencia, se fue de viaje durante nueve días por Japón, invitado por el Gobierno nipón, con el patrocinio de un grupo de comunicación llamado Fujisankei. Esta empresa le pagó $2 millones (de los de entonces) por conceder entrevistas a algunos periódicos y cadenas de televisión. La guinda fue que esta gira tuvo lugar en un momento de tensión económica entre Japón y Estados Unidos. Según una crónica de la época de The New York Times, Reagan no tuvo problemas en tachar de “hipócritas” los recelos de algunos estadounidenses hacia las grandes inversiones niponas.

Así que Obama parece seguir el patrón de otros expresidentes. Pero es precisamente ahí donde reside la sorpresa para muchos: que un jefe de Estado tan excepcional en ciertos aspectos se parezca tanto a sus antecesores en este tema. Los presidentes de EUA tienen garantizada una vida acomodada cuando dejan el cargo: cobran una generosa pensión vitalicia (actualmente de $207,000 anuales) que se fijó en los años cincuenta después de que Harry Truman se quedó, tras salir de la Casa Blanca, con una pensión del Ejército de $112 al mes como único ingreso. Truman, quien regresó a vivir a su modesta casa de Misuri, rechazó jugosas ofertas para trabajar como consultor o lobista, aunque vendió los derechos de sus memorias a la revista Life. “Nunca me prestaría a una transacción que, aunque respetable, mercantilizase el prestigio de la presidencia”, dijo.

Entonces había unos estándares que no existen ahora, admite el historiador Mark Updegrove, autor de “Second Acts. Lives and legacies after the White House” (“Segundos actos. Vidas y legados después de la Casa Blanca”). El experto explica que la moda de los expresidentes conferenciantes fue creciendo “a medida que ha crecido la globalización y el peso de EUA en el mundo”. Updegrove defiende a Obama: “Entiendo que Truman no quisiera que pareciera que comerciaba con la presidencia, pero no creo que cobrar un honorario lo sea”. “No veo contradicción entre señalar la desigualdad y al mismo tiempo aceptar esas cantidades de dinero; además, vamos a ver a Obama volcarse en buenas obras a través de su instituto y de su biblioteca, le veremos devolver mucho más dinero del que se queda”, sostiene el historiador.

A Hillary Clinton sus cachés de unos $200,000 como conferenciante le persiguieron durante toda la campaña electoral. La diferencia con Obama es que él no tiene intención de presentarse a ningún cargo político y se libra, así, de la sospecha de que esos pagos generosos puedan traducirse en leyes más favorables para, por ejemplo, la banca. Pese a todo, que un gran fondo de inversión le pague el equivalente a un buen salario de todo un año por hora y media de conferencia es la quintaesencia de los excesos del mundo financiero que Obama ha criticado.

Ni la pobreza da carta de pureza progresista ni ganar dinero inhabilita a alguien para arengar contra la desigualdad, pero no hay duda de que las fotografías a bordo de yates de millonarios y la química especial que Obama muestra con ellos se incluirán en la lista de las contradicciones del expresidente.

Los estándares han cambiado mucho desde la época de Truman. Gerald Ford se saltó el tabú y el resto de expresidentes han seguido sus pasos. Obama, simplemente, parece que ha optado por no romper con esto.

Una película de fantasmas

Ilustración de Moris Aldana

En el sueño mataban a una mujer. La pesadilla se repite cada cierto tiempo. Unas veces, el cadáver está en medio del charco creado con sus propios fluidos; otras, cuelga de una soga con la lengua de fuera, hinchada como un bistec. Me temo que este es otro de los efectos del medicamento que estoy tomando. El brebaje me sumerge en un sueño placentero que va tornándose quebradizo, como el cascarón de un huevo, y despierto temiendo que solo he traspuesto el umbral a una nueva pesadilla.

Si no consigo dormir, me vienen a la memoria el viejo bóer sosteniendo sus anteojos manchados de sangre; el cura Neto agujereado a tiros; y la chiquilla esa, Viviana Gallardo, la que murió por amor, sollozando en el rincón de una estrecha celda. Todos ellos se encuentran en estas páginas que escribí únicamente para satisfacer la curiosidad de Albertina, mi hada madrina.

En la ciudad se exhibe “Ghost”, un drama romántico de fantasmas. En la cola para entrar al cine miro a Edmundo Font. Jamás me lo hubiera esperado. Lo conocí en Managua en aquellos años, cuando llegaban personajes de todo el planeta, locos de felicidad, para apoyar una, dos, tres guerras, las que hiciera falta. Font era entonces un gigantón con cara de niño que reunía dinero para apoyar la Revolución sandinista. Ahora estaba convertido en un funcionario de la embajada mexicana en San Salvador, estaba gordo y usaba unas gafas cuadradas que le conferían un aire doctoral. Yo tenía un trabajo de medio tiempo, pasaba apuros económicos, usaba el bigote atusado en las puntas y, para acentuar mi aire chic, de “recién llegado”, lucía una pequeña argolla en la oreja. Todos estábamos un poco cambiados. De hecho, el mundo entero era muy extraño al de antes, pero nos reconocimos de inmediato y nos abrazamos dándonos unas estrepitosas palmadas en la espalda.

A la salida, conmovidos por la película y animados por el reencuentro, decidimos ir a tomarnos algo. Perseguí su Volvo de vidrios oscuros hasta el Club Campestre, en la falda del volcán. Desde la terraza, la vista nocturna de San Salvador es espectacular. ¡Hasta las bombillas de las zonas más miserables de la ciudad lucen como un joyero de Swarovski!

—Míranos no más, ‘sobrebebiendo’, sin heridas –dijo Font a modo de brindis, guiñándome un ojo.

Olvidaba Font que una herida es cualquier cosa que te rompa, y yo andaba por la vida poniéndole remiendos a algo dentro de mí que se agrietaba cada vez más.

Font hablaba sin parar de sus perros, de sus viajes, de su trabajo como consejero en la embajada mexicana: apenas un peldaño de su ambicioso plan en el servicio exterior. Tenía metas claras para los próximos 15, 20 años. Yo, en cambio, vivía al centavo. Le expliqué que no tenía interés en participar en las riñas del caldeado ambiente que siguió al fin de la guerra. Las cosas no estaban fáciles.

—¿Cómo? ¡Un hombre con tu capacidad! ¡Saldrás adelante!

Font pagó los tragos y antes de despedirnos me animó a asistir a las actividades de su embajada.

—¿Para qué? ¡Qué pregunta! Pues, para vernos, para ganar la calle, maestro. Conocerás gente interesante –me dijo, dándome un puñetazo en el hombro.

No tenía muchas ganas, pero fui, por primera vez, y… ¡vaya decepción! Los personajes más conspicuos de la velada eran un dirigente de la logia masónica local, un académico medio sordo, con el pelo teñido, y una poetisa chiquitita, ya mayor, que no paraba de hablar de sus días en el Colmex e insistía en ser llamada “doctora”. Habían tenido vidas intensas y encantadoras, ni dudarlo, pero ya eran agua pasada: ninguno servía para mis propósitos de vida. Pero seguí yendo, por la insistencia de mi amigo. Hice lo correcto porque, si bien yo no lo sabía, en esas tediosas tertulias, poco a poco, la rueda de la fortuna comenzaba a girar a mi favor.

Así fue como conocí a Albertina, en la fiesta del Día de Muertos. Llegué atrasado y me instalé en la primera mesa que encontré, justo al lado de su silla. Micrófono en mano, Font se deshacía en halagos a Dolores del Río, la difunta en cuyo honor se había erigido el altar de muertos de ese año. Después que sirvieron los tragos, me acerqué a Albertina presentándome como alguien que volvía de la pacífica Costa Rica a abrirse paso en el nuevo país. La joven me dijo que acababa de volver de Miami con un posgrado en mercadología. Lo suyo eran los negocios. Quería hacer cosas diferentes. Comenzamos hablando, naturalmente, de la muerte. El ambiente del salón la evocaba por todas partes. Además, le dije, no existe personaje tan justiciero, ni nada provoca tanta incertidumbre a los humanos, como ella. Hicimos clic. Hablamos de música y luego sobre cine. Días más tarde, nos encontramos para un café y, en menos de lo que canta un gallo, comencé a caer los fines de semana a su apartamento en Torre del Sol para disfrutar de sus 13 favoritas películas de miedo, que ella organizó con videos de Blockbuster. Entre los sobresaltos provocados por mellizas asesinas, posesiones diabólicas y muertos vivientes, conocí a publicistas, restauranteros, arquitectos, consultores y funcionarios de la cooperación internacional, prósperos, astutos y, sobre todo, cobardes. Sí. La valentía terminó desacreditada por causa de las atrocidades de la guerra. Incluso escuché a idiotas reivindicando la cobardía en nombre de la no violencia. Pero mi estómago iba aprendiendo a digerirlo todo.

Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger”.

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”