La bienvenida a un país que expulsa a su gente

De vuelta. Hasta el 30 de octubre se registraron 22,923 deportados. De esos, 13,299 vienen desde Estados Unidos.

Reynaldo es un hombre que durante cuatro años soñó que los agentes de Migración estadounidense tocaban la puerta de su casa en Texas, entraban y se lo llevaban preso. “Soñaba que llegaban a la casa por mí. Todo el tiempo andaba de mal humor. Ya no era alegría dejar mi trabajo e irme para la casa a descansar por estar en la misma situación diaria”, cuenta hoy en un evento realizado para la comunidad de migrantes salvadoreños.

Cuando Reynaldo tenía 28 años, migró hacia Estados Unidos. Tenía visa y viajó en avión. Era la década de los noventa, el país empezaba a sobreponerse a la guerra civil. Él decidió quedarse en Estados Unidos, para ello, solicitó asilo. En 2004 legalizó su situación migratoria y obtuvo su permiso de residencia. Ahí construyó su vida de adulto: tuvo tres hijos, compró su carro para ir de paseo, su camioneta para ir a trabajar, pagó impuestos y se convirtió en un subcontratista de construcción. Ahora Reynaldo tiene 43 años, extraña a sus tres hijos de 13, 11 y 10 años, se levanta a las 3 de la mañana y viaja todos los días en bus desde San Vicente a Soyapango para instalar pisos cerámicos en un centro comercial.

Reynaldo tenía su vida construida sobre una base legal en la que se creía seguro. Ese sentimiento de seguridad terminó en 2012. Él cree que su salida de Estados Unidos estuvo motivada racialmente: un policía lo acusó de un delito que, él asegura, no cometió.

“No estaba manejando en el momento en el que me detuvo el policía. Fue afuera de mi casa. Estaba limpiando las latas que estaban adentro del pick up y el policía me acusó de estar manejando en estado de ebriedad, pero sin hacerme el alcoholímetro, sin hacerme prueba de sangre, sin ninguna cosa. Yo tenía el pick up encendido porque quería medirle el aceite de la transmisión y la única manera de hacerlo es cuando el motor está caliente”, narra.

Luego cuenta que a las 5 de la mañana del día siguiente lo dejaron salir de la cárcel e iniciaron las pesadillas y el miedo de ser deportado. Cuatro años después, en 2016, recibió una carta donde solicitaban su presencia en las oficinas de Migración porque él era un candidato para ser removido del país por haber estado en prisión. Reynaldo dice que se cansó de sentirse en el limbo y se presentó. Así fue como el 16 de septiembre de 2016 se convirtió en una de las 52,938 personas que fueron deportadas hacia El Salvador.

Este año, la cifra de deportados se ha reducido casi a la mitad. Hasta el 30 de octubre se registraron 22,923 deportados. De ellos, 13,299 vienen desde Estados Unidos. Ana Solórzano, la titular de la Dirección de Atención al Migrante de El Salvador, el lugar en el que el Estado recibe a todos los migrantes repatriados, sostiene que lo que ha pasado este año en las deportaciones fue distinto a lo esperaban: “Las proyecciones eran que hubiera un aumento en 2017 por diferentes razones, como mayor cantidad de retenciones en los países de tránsito y de destino, pero fue todo lo contrario”.

Tendencia. En todo el Triángulo Norte las deportaciones han sido cada vez menos. El país con la reducción más marcada ha sido El Salvador.

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Irse, ¿por qué?

El año pasado el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) registró que el 40.3 % de su población encuestada deseaba irse a vivir hacia otro país durante 2017. “El porcentaje de personas que expresa su deseo de migrar al extranjero es el más alto registrado en las encuestas de evaluación de año cursadas por la UCA en la última década”, se lee en un informe del instituto.

“No estaba manejando en el momento en el que me detuvo el policía. Fue afuera de mi casa. Estaba limpiando las latas que estaban adentro del pick up y el policía me acusó de estar manejando en estado de ebriedad, pero sin hacerme el alcoholímetro, sin hacerme prueba de sangre, sin ninguna cosa. Yo tenía el pick up encendido porque quería medirle el aceite de la transmisión y la única manera de hacerlo es cuando el motor está caliente”, narra.

Y es que El Salvador no se pinta como un hogar en el que muchos quieren construir su vida. Entre 2014 y 2016 fueron 996 personas las que murieron en masacres, incluyendo a bebés y ancianos. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, entre enero y octubre de este año ocurrieron 3,331 asesinatos. A la violencia se le suman las carencias económicas. En este país de 6 millones de habitantes, al menos 2.5 millones viven en pobreza.

En febrero de este año el Departamento de Estado de EUA emitió una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a territorio salvadoreño. Y para quienes lo hagan, las recomendaciones dicen que una persona que entra a El Salvador debe permanecer en estado de alerta en casi todo momento. El documento dice que se debe tener especial cuidado al salir de “casas, hoteles, carros, parqueos, escuelas y lugares de trabajo”. Además, recomienda viajar en grupo, no transportarse en taxis desconocidos, no subirse a buses, no llevar dinero en efectivo y no caminar de noche “en la mayoría de áreas del país”.

Vivir entre precauciones extremas, en pobreza y sabiendo que nada garantiza la seguridad hace que muchos ciudadanos busquen migrar de El Salvador. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asegura que cerca del 13.9 % de migrantes repatriados se fueron porque buscaban encontrar un lugar más seguro en el que construir sus vidas.

Anhelos. En 2016 el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) registró que el 40.3 % de los encuestados deseaba irse a vivir hacia otro país.

Steven es un salvadoreño de 25 años que en 2014 decidió irse de Soyapango. Le tomó dos meses poder llegar a vivir de manera indocumentada en Estados Unidos. Ahora reside en California. Él tiene claro que a El Salvador no regresará voluntariamente. “Aunque uno tiene sueños, es diferente para las personas que no tenemos privilegios. Yo vivía en Soyapango, los taxis no entran y si uno va con visita, después te preguntan los pandilleros que quién era, que dónde vive. Todas esas cosas te matan del miedo”, contesta a través de internet durante el receso de su trabajo.

Ese miedo, cuenta Steven, se siembra hasta en los lugares más cotidianos, en casa y en la escuela: “Cuando comencé a estudiar bachillerato, sin saber, me metí en un colegio donde controlaba la pandilla contraria y una semana duré. Ni me había terminado el uniforme el sastre cuando un grupo de estudiantes me dijo que me salía o me mataban”.

Cansado de sentir que todos sus movimientos estaban controlados, migró. “Yo no quiero regresar porque no quiero terminar como uno de mis mejores amigos: con un disparo en el pecho. Lo mataron en el bus. Para los que nos tocó ser pobres, por más que uno quiera no siempre se puede”.

Steven trabaja en labores varias de limpieza en California. Su trabajo está lejos de la carrera de Licenciatura en Letras que soñó, pero con lo que gana puede pagarle la universidad a su hermana y mandarle dinero a su madre. “Mi mami se quebró el lomo por años en una maquila de empaquetado de cloro y no es justo que siga trabajando”, dice. En abril de este año obtuvo un permiso de trabajo. Eso solo significa que tiene el aval para ser mano de obra. Para nada más. Él sabe que la amenaza de la deportación sigue latente: “Me dieron mi permiso de trabajo, pero eso no evita mi deportación, solo me da permiso de trabajar”.

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El regreso: Dirección de Atención al Migrante

Son las 10:42 de la mañana cuando el bus que viene desde Chiapas, México, entra al parqueo de la Dirección de Atención al Migrante. Los primeros en bajarse son un par de policías y el motorista. El conductor del bus se estira, se desabotona la camisa y se cepilla los dientes en el estacionamiento. Casi al mismo tiempo, empleados del lugar salen a recibir a los salvadoreños que decidieron arriesgar la vida por el sueño americano.

Los primeros en entrar al centro de atención son dos familias nucleares. En la primera familia hay un niño y una niña que no pasan los 10 años de edad, y en la segunda, una niña igual de pequeña. Detrás de ellos viene un puñado de jóvenes hombres. Nadie trae cinta en los zapatos porque estas se decomisan en los centros de resguardo para migrantes de México por motivos de seguridad. Sobre la espalda cargan mochilas sucias, algunas con varias botellas de agua vacías. Ellos son los que no lograron llegar a Estados Unidos.

En este centro se recibe a las personas a las que Estados Unidos deporta en vuelos federales y a quienes vienen desde México en autobuses. Aunque la cantidad es mínima en comparación, también se recibe a migrantes salvadoreños que vienen de otros países, como Australia, Belice y Canadá. Este centro está ubicado en la colonia Chacra, de San Salvador. Al lado izquierdo del edificio hay un salón grande con una televisión. Cuando los migrantes entran a este espacio, se les dice la dirección del lugar, la fecha y la hora de su llegada. Es la vuelta a una realidad no elegida.

“Cuando llegan acá, eso es como lo básico que hay que atender y lo que tratamos es dar una atención integral”, explica Ana Solórzano, la máxima autoridad de esta dirección. Lo básico pueden ser cintas para sus zapatos, llamadas telefónicas, atención a alguna molestia médica y en algunos casos, una mudada de ropa. Los empleados han visto caminar por estos pasillos a migrantes que son capturados en sus lugares de trabajo. Así, se ha visto entrar a gente con uniforme de construcción, con la ropa llena de pintura y algunos migrantes con uniformes de cocinero.

Una mano amiga. USCRI es una ONG que trabaja con refugiados y migrantes deportados. Migración, desde 2016, ha referido a 252 jóvenes para que les brinden ayuda.

El flujo general de personas que llegan a este espacio se ha reducido este año. Se reciben entre uno y dos autobuses con migrantes deportados desde México a diario y, por lo general, tres vuelos de personas repatriadas desde Estados Unidos a la semana. Hace un par de años se recibían al menos dos vuelos más.

El principal perfil del migrante es un muchacho joven. En 2016 fueron 33,764 hombres, es decir, el 77 % de la población adulta migrante. Las mujeres son minoría y son quienes, por tradición, emprenden el viaje con menores a su cargo. El año pasado fueron 9,916 las mujeres adultas que fueron deportadas y 9,259 menores de edad que corrieron la misma suerte. El 60% de los menores que fueron deportados se encontraban acompañados y quien los acompañaba en el 98 % de los casos era una mujer.

En una de las áreas de este edificio se encuentra una familia que acaba de regresar de México en el bus que venía desde Chiapas. La madre, una mujer morena y de mirada cansada, habla con voz baja. Su hija pequeña observa todo con una mirada que parece devorar el salón. Una empleada de Migración busca algo que entregarles. Esta es el área donde si alguien lo necesita, se le brinda vestuario para iniciar el trayecto hasta su lugar de origen. Al padre de esta familia le hacen falta zapatos.

—Mire –dice el hombre y señala los pies en los que lleva puestas unas sandalias de baño que no parecen ser de su talla– me robaron todo, no traigo ni zapatos. En Francisco Rueda, por la vía del tren, ahí nos salieron seis hombres armados y nos quitaron el dinero, las mochilas, los zapatos. Todo.

“Toda la persona que regresa viene en condición de vulnerabilidad, ya sea por los factores que hicieron que las personas salieran del país y tuvieran que migrar, porque el tránsito en muchas ocasiones es violento o por el impacto emocional por haber estado en los centros de resguardo”, explica Solórzano.

Cerca de esta área se encuentra un salón lleno de sillas vacías. Es el salón del reencuentro. Aquí vienen los familiares de los migrantes cuando se les comunica que sus parientes serán deportados.

La única persona que aún espera por sus familiares es un hombre de complexión fornida, piel morena y ojos verde claro. Tiene los codos sobre las rodillas y la cabeza baja, enmarcada entre los brazos.

Un empleado de Migración cuenta, en voz baja, un poco sobre la historia del hombre. De acuerdo con lo que dijo al volver al país, este migrante de cara ruda y ojos claros pertenece a un grupo de personas que “desde que los agarraron no han tenido contacto con su familia. Y me acaba de decir que lo agarraron como hace 15 días”. Quince días en los que su familia no supo nada de él.

En una de las áreas de este edificio se encuentra una familia que acaba de regresar de México en el bus que venía desde Chiapas. La madre, una mujer morena y de mirada cansada, habla con voz baja. Su hija pequeña observa todo con una mirada que parece devorar el salón. Una empleada de Migración busca algo que entregarles. Esta es el área donde si alguien lo necesita, se le brinda vestuario para iniciar el trayecto hasta su lugar de origen. Al padre de esta familia le hacen falta zapatos.

El silencio que predomina en la sala es interrumpido desde afuera por un hombre de camisa celeste y gorra que camina hacia esta sala.

“Buenas”, dice antes de poder entrar. Esa única palabra es suficiente para hacer que el hombre de ojos verdes salga de su letargo. Reconoce la familiaridad del tono de voz y levanta la vista.

“Hey, brother”, dice el hombre con la camisa celeste. El hombre que recién ha sido deportado deja su mochila, no le da tiempo a su pariente siquiera de entrar al salón, sale del cuarto de reencuentro y se abalanza sobre él. Durante 2 minutos los dos hombres de cara ruda se abrazan y lloran como niños pequeños.

En toda la región. Según la OIM, en El Salvador la disminución de deportaciones ha sido del 44.9 %, en Honduras del 34.4 % y en Guatemala del 31.4 %.

La ironía de la oportunidad

Tito se encontró con gente vendada, golpeada y gente que había sido rescatada de secuestros cuando supo que había tenido suerte. Rodeado de historias trágicas, comprendió que “era casi un milagro” que no le hubiera pasado algo similar a él.

Tito tiene 21 años, es risueño, alto y delgado. Su historia es parecida a la de muchos jóvenes que son obligados a crecer de golpe, a colocar en una balanza la esperanza y poner en riesgo su vida. Estudió en Santa Ana hasta noveno grado, intentó estudiar primer año de bachillerato en modalidad flexible, pero no pudo. Tuvo que empezar a trabajar. Fue contratado informalmente como encuestador y con eso pudo aportar un poco de dinero a su casa.

“Decidí migrar por problemas económicos, por buscar un mejor tipo de vida. Yo estaba trabajando eventualmente aquí en el país y con unos amigos hablamos que si no nos salía la plaza, íbamos a viajar. Entonces, cuando pasó el tiempo, no nos salió la plaza y decidimos viajar. Todos ya teníamos un porqué. Mi mamá no trabaja y mi papá no es como un papá para mí. A mi mamá yo la veía frustrada, bastante triste, y por eso decidí ayudarle”, relata con naturalidad.

Sin estudios de bachillerato, sin un empleo formal y sin fuente de ingresos en la familia, decidió irse en 2016. Ahorró $100 y con otros dos compañeros del trabajo tomaron un bus hacia la frontera con Guatemala, sin coyote. Recorrió Guatemala y cruzó sin documentos la frontera de México. “Ya en ese país, ni uno de los tres abría la boca. Todos calladitos porque si no, ellos iban a notar que no éramos de ahí”, narra.

A Tito aún parece molestarle una cosa. No cuenta de quién fue la culpa, pero está seguro de que su propia boca los delató. Él dice que mientras se dirigían en un bus hacia la capital mexicana, el motorista los escuchó decir algo. Un rato después, el conductor paró el bus y un policía subió al transporte directo hacia ellos. Así empezó su deportación, sin haber llegado a ninguna parte.

Tito y sus amigos fueron trasladados a un centro de resguardo para migrantes en México. En una sala con más migrantes que habían corrido peligros como desapariciones, secuestros y golpizas, se dio cuenta de que el camino no era tan sencillo como lo imaginaba. Decidió solicitar asilo en México. Al hacerlo, México tendría que investigar su contexto y analizar las opciones que lo empujaron a tomar la decisión de migrar.

Sin estudios de bachillerato, sin un empleo formal y sin fuente de ingresos en la familia, decidió irse en 2016. Ahorró $100 y con otros dos compañeros del trabajo tomaron un bus hacia la frontera con Guatemala, sin coyote. Recorrió Guatemala y cruzó sin documentos la frontera de México. “Ya en ese país ni uno de los tres abría la boca. Todos calladitos porque si no, ellos iban a notar que no éramos de ahí”, narra.

El gigante del Norte. Estados Unidos sigue siendo el lugar del que proviene el 60 % de los salvadoreños deportados.

En ese centro donde se encontró detenido, el joven cuenta que “una esquina era un sector de una pandilla y en la otra esquina (había) otra”. Y a los 10 días de estar durmiendo “en una cama de cemento solo con una sábana”, desistió de su petición.

El Salvador catalogó su caso dentro de Migración por razones económicas. Cuando volvió, en San Salvador no había nadie esperándolo. Fue hacia la terminal de occidente y recogió sus pasos hasta llegar a la casa de su madre.

“A los meses me llamaron y yo sentí algo extraño y llegué a una reunión del Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI). Comenzó la aventura porque por ellos es que estoy estudiando”, cuenta con ilusión desde la oficina de esa organización en San Salvador.

USCRI es una ONG que trabaja con refugiados y migrantes deportados. Desde el año pasado, Migración ha referido a 252 jóvenes para que les brinden ayuda. Quienes son enviados a esta organización tienen entre 18 y 25 años, y su motivo para migrar fue la falta de recursos económicos. La organización los contacta, les hace una entrevista y busca colocarlos en algún curso de formación o de inserción laboral. Sin embargo, el teléfono no siempre se responde del otro lado.

Eunice Olán, la coordinadora nacional de USCRI, explica que llevan ya 64 casos cerrados. Estos se traducen en 64 jóvenes que cuando fueron buscados, no quisieron pertenecer a ningún programa o ya habían emprendido de nuevo el camino hacia Estados Unidos.

Hasta que Tito fue deportado su necesidad se hizo visible para el Estado. Ser deportado fue el factor que le dio la oportunidad para entrar en un programa de becas de estudios.

Ahora estudia un Técnico en Electricidad Industrial de dos años en el ITCA de Santa Tecla. Del comité recibe $5 por cada día que estudia. Con eso paga sus fotocopias, sus almuerzos y su pasaje del bus desde Santa Ana.

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Bajan las deportaciones en el Triángulo Norte

El 57 % de la población de Guatemala, Honduras y El Salvador vive en pobreza, así lo indica un informe de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Además, “el 30 % de los jóvenes entre 14 y 25 años (1.7 millones) no estudia ni trabaja” y la tasa de homicidios de estos países “es tres veces más alta comparada con el resto de Centroamérica”.

Dentro de este tipo de contextos donde predomina la violencia y la pobreza, las razones para seguir yendo a buscar futuro en otro lugar no han dejado de existir. El 9 % de la población de esta región ha decidido migrar en los últimos años. Sin embargo, en la oficina de Atención al Migrante no consideran que menos deportaciones equivalgan a un menor flujo de migración irregular, sino que hace falta estudiar hacia dónde más están migrando los salvadoreños y bajo qué medidas logran establecer su residencia fuera de El Salvador, un país experto en ahuyentar a sus ciudadanos.

“O es que México ha disminuido los controles migratorios y está dejando pasar a la gente o es que los traficantes están utilizando otras rutas de tráfico. Sería muy simple que nosotros hiciéramos ese análisis de que la gente ya no está pensando en irse”, responde la coordinadora de USCRI cuando se le pregunta sobre la disminución de deportados que este año se ha experimentado en El Salvador.

Las deportaciones provenientes de México y de Estados Unidos han bajado drásticamente en los tres países de Centroamérica que conforman el Triángulo Norte. Cifras de OIM permiten establecer que el país que más disminución de deportaciones ha experimentado es El Salvador, pero la tendencia es regional.

Según la OIM, en El Salvador la disminución de deportaciones ha sido del 44.9 %, en Honduras del 34.4 % y en Guatemala del 31.4 %.

Las cifras de la misma institución indican que entre enero y septiembre de este año 20,840 salvadoreños han sido deportados. El 58.3 % de ellos viene de Estados Unidos, el 40.9 % de México y el 0.9 % de otros países.

Entre los adultos, el 71.9 % dijo haber migrado por factores económicos y el 13.9 % por la inseguridad. Entre los menores de edad, el factor de reunificación familiar cobra más protagonismo. El 27.9% de la niñez y adolescencia retornada aseguró que buscó migrar para estar con sus familiares.

Economía e inseguridad. Entre los adultos que han vuelto al país bajo esta figura, el 71.9 % dijo haber migrado por factores económicos y el 13.9 % por la inseguridad.

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Los que faltan

El ambiente en la Dirección de Atención al Migrante en la colonia Chacra este martes al mediodía es tranquilo y silencioso. La mayoría de empleados almuerza mientras Ana Solórzano, su directora, termina de dar una visita guiada.

El ambiente de tranquilidad que este centro experimenta a la hora del almuerzo y con la disminución de deportaciones podría cambiar pronto. En Estados Unidos hay cerca de 190,000 ciudadanos salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Ese programa se creó tras los terremotos que ocurrieron en el país durante 2001. Brinda un permiso para trabajar y residir, pero no es un camino hacia la legalización.

Bajo el programa del TPS también residen en Estados Unidos cerca de 2,500 nicaragüenses y 60,000 hondureños. La semana pasada el Departamento de Seguridad de EUA anunció que el TPS de los hondureños quedó extendido hasta el 5 de julio y es posible que termine al final de ese plazo. El TPS de Nicaragua se dio por finalizado y los nicaragüenses tienen hasta el 5 de enero de 2019 para buscar medidas alternativas para legalizar su residencia o regresar a su país natal.

En el caso de El Salvador, el país con mayor población protegida por el TPS, se cree que la decisión se tomará en enero del próximo año. El permiso de los salvadoreños vence en marzo de 2018. La otra amenaza de deportación masiva es para los jóvenes “dreamers” (o soñadores) que se encuentran protegidos bajo el programa DACA. Los “dreamers” son jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años y han probado ser residentes ejemplares. En septiembre el gobierno del presidente Trump anunció el fin de dicho programa.

Hasta junio de 2016, eran 46,489 los jóvenes salvadoreños con permiso de permanencia aprobado por DACA. Si a esta cifra se suma la de los migrantes con TPS, son al menos 236,000 salvadoreños cuya residencia y futuro están actualmente en el limbo legal.

Solórzano, la directora de Atención al Migrante, responde que ante los posibles cambios de política migratoria, su oficina se encuentra considerando cuál es la mejor manera en la que podrían escalonar o dosificar el tránsito y la atención obligatoria a migrantes deportados. El reto es que durante una emergencia, el centro logre a dar abasto para recibirlos y despacharlos a sus casas, si es que aún tienen una en El Salvador.

Harvey no amilana a mi familia

Destructivo. El huracán Harvey tocó tierra en Texas el 2 de agosto. Llegó como huracán categoría 4, con vientos de más de 200 kilómetros por hora.

Volví a la ciudad donde nací hace pocas semanas, a una urbe abatida por una monstruosa tormenta que dejó caer la cantidad de agua que llueve en un año normalmente, desbordando sus pantanos y sus embalses. El huracán Harvey ya se había ido, pero su legado permanecía en los pisos agrietados de la casa de mi tía Christine, en el moho de la vivienda de mi prima Esther y en los baldes de agua de la casa de mi papá y mi mamá debajo de filtraciones.

Recorrí en auto barrios con montañas de muebles inutilizados y restos de paredes. Cajas repletas de libros dañados y ropa mojada, de decoraciones de navidad arruinadas y de juguetes de los Power Rangers inutilizados.

Trabajos. Cientos de familias cuyas casas resultaron dañadas todavía esperan poder encontrar contratistas que les hagan las reparaciones.

Por cinco generaciones, mi familia sobrevivió a lo peor que envió la madre naturaleza a una ciudad acostumbrada a las grandes tormentas. Pero cuando las aguas ceden, a pesar de la devastación que causan, siempre se recupera y encuentra la forma de empezar de nuevo. Después de todo, mi familia vive aquí desde hace 100 años y ningún huracán ni ninguna inundación la va a ahuyentar.
Mi madre, Amelia Contreras, de 64 años, recuerda que una tía acostumbraba a contarle sobre las tormentas que azotaban Houston. Son la forma que tiene Dios, le comentaba, de decir que “la gente debe unirse, amarse los unos a los otros”, y de recordarnos que “en un minuto Él nos puede dejar sin nada”. Tormentas como Harvey fueron lo que nos llevaron a Houston.

En 1900, un huracán enorme mató a más de 6,000 personas cerca de la isla de Galveston. Meses después, mi bisabuelo, de 16 años, Florencio Contreras, llegó de San Luis Potosí, en México, a Houston porque los planificadores decían que era un sitio más viable. Abundaba el trabajo, por lo que se radicó allí.

En una época de segregación racial, Florencio solo podía vivir en barrios de inmigrantes mexicanos o de negros cerca del embalse de Buffalo Bayou. Abrió una herrería sobre la ribera del estanque e hizo herramientas y herraduras. Llovía a menudo y las calles de la zona se inundaban siempre, pero Florencio sabía que tenía que aprender a vivir con las tormentas si quería quedarse allí y salir adelante.

Se quedó incluso después de que Buffalo Bayou se llevó a uno de sus hijos, Joe, quien tenía solo 13 años cuando se tiró al agua tras una tormenta, golpeó su cabeza contra algo y se ahogó. Permaneció, también, luego de la gran inundación de 1935, que destruyó muchas viviendas de su barrio, pero no la suya.

Mi finado tío abuelo Ernest Eguía, hermano de mi abuela, contaba que estuvo atrapado varios días en su casa después de la inundación del 35. “Los muebles, la ropa y otras cosas hubo que ir a buscarlos al estanque”, expresó en un relato de 11 páginas que me dio. No vio tanta desesperación hasta que peleó en la Segunda Guerra Mundial y su batallón liberó el campo de concentración de Nordhausen, en Alemania.

Mi familia estaba creciendo y no tuvimos otra opción que mudarnos a viviendas dañadas por esa tormenta. Roland Contreras, nieto de Florencio y primo mío, recuerda que sus amigos le preguntaban por qué la casa estaba inclinada. “Era algo muy incómodo”.

El huracán Carla azotó Houston en 1961, rompió ventanas y arrastró los autos estacionados en casa. Mi madre y su familia se prepararon almacenando agua en bolsas de basura y cocinando para 12. Cuando llegó la tormenta, su casa estaba segura sobre soportes. Pero el agua les impidió salir por varios días.

Cuando nací yo, en 1974, Houston ya era una gran metrópoli y Buffalo Bayou no causaba tantos daños. Cruzamos el puente sobre el estanque en un cómodo Chevy Maverick. Cuando se avecinaban tormentas y el agua subía, mi madre nos decía que teníamos tiempo para escapar.

Foto de AP

Nuestra casa en un suburbio estaba también cerca del agua, en Greens Bayou. Yo tenía nueve años cuando vino el huracán Alicia en 1983 y decidimos esperarlo en la casa de Lita, mi abuela materna, montada sobre pilotes en una zona céntrica. Había sobrevivido a todas las tormentas desde 1935 y sin duda estaríamos seguros allí. Esperé la tormenta acurrucado en una cama. Oía las ramas de los árboles que golpeaban el techo y las ventanas. Pude ver por la ventana chispazos del tendido eléctrico poco antes de que nos quedásemos sin luz.

Cuando pasó la tormenta, regresamos a nuestra casa, que no había sufrido daños mayores, excepto por algunos destrozos en el cerco del jardín.

Años más tarde, cuando yo cursaba estudios de posgrado de Redacción Creativa en la Universidad de Columbia, mis padres vinieron a visitarme a Nueva York en el verano de 2001. Caminando por Times Square una noche, nos detuvimos frente a unas pantallas de televisión gigantes y nos conmocionamos al ver una imagen del barrio de mis padres, sumergido bajo el agua por la tormenta tropical Allison. Mi madre dice que pensó que “tal vez no tengamos una casa cuando regresemos”. Pero, como sucede a menudo, depositó su confianza en Dios y se dijo a sí misma “todo sucede por una razón”. Al regresar, comprobaron que la casa había sobrevivido una vez más.
Pero mis parientes no habían tenido la misma suerte.

Mis tíos Christine Contreras Kahn y Andy vieron las escenas de destrucción desde su casa del sector occidental de Houston. Hasta que les llegó la noticia de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército dejaría correr el agua que se desbordaba del embalse y que el barrio donde estaba su casa se inundaría. Mi tía salió corriendo para tratar de rescatar las fotos de la familia y documentos importantes. Luego se instaló en el porche, abrió una botella de vino y se sentó a esperar. Mi tío Andy limpiaba la piscina. “¿Qué otra cosa podía hacer?”, comentaría más tarde.
Se quedaron hasta que llegaron voluntarios en botes y se los llevaron.

Mi tía Esther González, una madre soltera, vive cerca del mismo embalse con su hijo de 11 años. Al despertarse encontró que había 1 metro (3 pies) de agua en su casa. Madre e hijo, y su perro Da Vinci, caminaron casi 5 kilómetros (unas 3 millas) por sectores inundados hasta llegar a un lugar seguro.

Dos meses después, sus casas siguen siendo reparadas, como las de tantas familias en la costa del golfo de Texas. La casa de mis padres, que está al frente de mi vieja escuela secundaria, sufrió daños menores, aunque los vecinos siguen esperando encontrar algún contratista para arreglar los destrozos causados por el agua en las paredes.

A la luz de tantas tormentas a lo largo de los años le hice a mi madre una pregunta simple: ¿Por qué? ¿Por qué se quedan, soportan penurias y siguen reconstruyendo y empezando de nuevo?
Su respuesta fue igualmente simple: “Houston es nuestra casa”, dijo. “No sales corriendo cada vez que hay un problema. Lo enfrentas y sigues adelante”.

Foto de AP

Vidalina contra el destino de pobreza

El orgullo. Varias mazorcas se secan al sol en el patio de Vidalina. Al fondo está su casa, que ha terminado de construir con su propio dinero.

Hace nueve años, la casa que ahora ocupa el centro de este terreno existía solo en sus sueños. Vidalina Pérez estaba embarazada de su sexto hijo, el último de un matrimonio que duró 20 años y terminó tiempo después de que su esposo decidió migrar a Estados Unidos, donde podría encontrar un empleo que multiplicara por mucho el dinero que ganaba como vendedor de refrescos. El mismo que serviría para construir su casa, un lugar para tener algo que llamar propio en el cantón El Jocotillo, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en el que habían vivido desde siempre. La levantarían sobre este terreno ubicado a unos pasos del río Paz, a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura. Ese pedazo de tierra que todavía no era suyo, pero para el que ya habían pagado una prima de $100, prestados por el padre de la mujer.

Vidalina le dijo a su esposo que se quedara, que seguirían sobreviviendo como hasta entonces, trabajando aquí y allá. Pero estaba decidido. Trabajaría por los dos, para que ella se dedicara por entero a la crianza de los hijos. Cuando él ya estaba en Estados Unidos, al término del primer mes le envió $500. Era el cumplimiento de una promesa. Vidalina repartió esa suma en las necesidades más inmediatas: reforzar la champa provisional que servía para no estar a la intemperie, pagar la cuota del terreno, usar algo para la comida de ese mes, comenzar con la instalación del agua potable y con la colocación de los cimientos de su vivienda.

Pero la promesa fue un espejismo y, tras ese envío, ya nada supo de su esposo. El dinero recibido se terminó, con un cúmulo de obligaciones adquiridas ya encima. Vidalina decidió que haría lo de siempre, rebuscarse por un empleo en la zona o salir a vender cualquier cosa para ganar unos dólares. Sus hijas mayores le dieron una mano. Lo que ganaban, sin embargo, era apenas lo necesario para comer tortilla con algo encima, que cuando el tiempo se presentaba bueno eran dos huevos para siete personas. Si no, limón o sal.
Vidalina vive en el campo. Es, por tanto, una mujer rural, un segmento de la población históricamente marginado. Sobre todo en lo que a aspectos económicos y a la posibilidad de ganarse el pan se refiere. Según el informe específico sobre el tema presentado por el Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU) en 2013, para 2012 las mujeres solo representaban el 31.2 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural, la que, a su vez, solo contiene al 33.6 % del total nacional. Es decir que en todo el país solo una de cada 10 personas de la PEA es una mujer rural.

Toda una paradoja si se toma en cuenta un dato proporcionado por el mismo estudio, obtenido a través de talleres de consulta, en los que participaron 61 mujeres. Entre ellas, 39 contestaron que eran jefas de hogar, que su grupo familiar estaba enteramente a su cargo. Solo 11 aseguraron que contaban con la ayuda de una pareja para hacerlo de manera conjunta. Otras 9 respondieron que era su esposo el que capitaneaba el barco.

Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %. Es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales.

Otro tanto ocurre en cuanto a los ingresos percibidos. Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %, es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales, donde ellas puedan tener un mayor control sobre sus ingresos.
Y como mujer rural, Vidalina ha tenido que lidiar con estas realidades. Y hace nueve años a ellas se sumaban la partida de su esposo y la adquisición de varios compromisos económicos. Una de las pocas salidas que encontró fue un programa de créditos en el que ya participaban algunas de sus conocidas, gestionado por la Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR), en el que una mujer como ella, sin nada realmente propio, con seis hijos bajo su cargo, podía ser sujeto de un préstamo.
Este, sin embargo, no estaría exento de garantías, aunque estas se depositaban no en documentos o propiedades, sino en la misma comunidad. El esquema es simple: en una localidad se busca a por lo menos cinco mujeres que confíen la una en la otra. Con ellas se conforma un grupo. Este grupo después se integra a un centro, que está a cargo de un coordinador, empleado de la entidad prestamista.

La garantía está en que se trata de créditos solidarios: todo el grupo responde por el crédito de cada una. Si una de las socias no paga, las demás deben cubrir esa cuota faltante de su propio dinero. Por eso, solo ingresa al programa alguien que las demás mujeres están seguras de que pagará, que no terminará por dejarles un problema.

El primer crédito que Vidalina recibió fue de $100, que tuvo que cancelar en 13 catorcenas con cuotas de $11: $143 en total, $43 más que el capital recibido. Puede sonar a mucho, pero en el mundo de los microcréditos es lo estándar, según Mabel de Soundy, especialista de inteligencia de mercadeo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Esto es porque una operación de este tipo tiene diferentes costos fijos, como la infraestructura o el pago de los empleados encargados de cobrar el dinero.
“Los mismos costos genera el cobro de un crédito de $100 que uno de $1 millón”, ilustra Soundy. La ONG de investigación financiera Microfinance Information Exchange fija el costo promedio para administrar un préstamo en Latinoamérica, independientemente de su monto, en $172.

El negocio. Vidalina arroja una tortilla a la plancha en su puesto ubicado a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Con los $100 que le prestaron, Vidalina compró primero maíz negro, maíz blanco, semilla de ayote, frijol y sal en cantidades suficientes para vender atol shuco todos los días por al menos un mes. Compró una olla y pudo adquirir el carretón que antes tenía que alquilar. También compró verduras del lado guatemalteco que revendió en el lado salvadoreño con una interesante ganancia gracias a una curiosa diferencia de precios: si en El Salvador un güisquil cuesta $0.50, al cruzar la frontera se puede adquirir a 1 quetzal, cuatro veces menos.

Eso le permitió juntar suficiente dinero para salir con todas sus obligaciones, incluyendo el crédito, y continuar con la construcción de su casa. El resultado fue mejor de lo esperado. Desde entonces y hasta ahora, Vidalina ha sacado un crédito con la misma entidad cada seis meses. El último que recibió fue de $700. Por este deberá cancelar 13 cuotas de $72, un total de $936.
Este día de octubre de 2017, Vidalina ha regresado a su casa tras pasar varias horas palmeando tortillas. Es delgada y camina siempre erguida, moviendo poco los brazos, en una imagen de rigurosa vitalidad. Tiene 45 años, pero aparenta mucho menos. Abre la puerta y cruza el umbral en medio de sombras. Cuando estas se disipan, se puede ver el interior de su casa, el sueño cumplido de Vidalina: un sillón viejo pero limpio hasta el menor hilo, una televisión de pantalla convencional, un pequeño equipo de sonido, varias sillas y una mesa de plástico. A un lado está el cuarto donde duermen ella y sus dos hijos más pequeños, de nueve y 14 años, los únicos que todavía viven a su lado. Esta casa es su gran orgullo.

“Cuando me quedé sola, yo creí que no lo iba a poder lograr. Pero ya ve, ya hasta tengo agua y luz”, dice Vidalina. Ahora no es capaz de decir cuánto fue la inversión final en materiales para su casa, pues la mano de obra la hizo su hermano, que le cobró $150 por todo el trabajo. Haciendo cuentas, asegura que quizá la suma final fue de unos $4,000. A eso también se le agrega el pago de agua, la conexión de su casa a las tuberías del servicio de agua potable, que fija en unos $1,400.
—Vidalina, ¿cuál es su ganancia mensual?
—Unos $90. Con eso la vamos pasando. Uno de pobre con poco se conforma. Yo eso tengo, que soy algo conformista –dice, mirando de reojo sus pies, esta mujer que, como otras en El Salvador, ha sido sometida a un ciclo diseñado para impedir su desarrollo: cuando tenía solo 16 años, su pareja, de 30 años, la embarazó de su primera hija; nunca estuvo en un salón de clases y no aprendió a leer; ha trabajado desde niña para poder llevarse un trozo de comida a la boca.

Noventa dólares son el dinero que le queda después de apartar los $72 que ahora desembolsa cada mes con respecto a su préstamo de $700. Es algo que disciplinadamente aparta. Está, por tanto, dentro de los gastos fijos de su negocio. Otros $90 sirven para pagarle el sueldo mensual a su empleada, a quien ahora ha dejado palmeando tortillas en su puesto fijo, otra conquista para ella, ubicado a unos 50 metros de su hogar.

Desde ahí puede dedicar toda la mañana a producir tortillas, en una jornada que va desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tras ello descansa dos horas para volver a ese rincón y quedarse hasta las 7 de la noche haciendo pupusas y otros bocadillos.
—Pero no se imagina lo liviano que siento ahora que ya no tengo que pagar la letra del terreno o la de la paja de agua. Que ya he podido tener las cosas a mi nombre –comenta Vidalina, angustiada porque el reloj casi llega a las 12 de la tarde y ha dejado a su empleada sola en su puesto fijo. Es hora de volver a trabajar.

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El modelo de microcréditos solidarios utilizado por la entidad que le dio el préstamo a Vidalina Pérez no nació en El Salvador. Proviene de Bangladesh, país asiático de 163 millones de habitantes. Fue creado en los setenta por Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz en 2006. El esquema ha echado raíces en casi todos los países del mundo, como una posible forma de superar la pobreza en naciones en desarrollo.

Pero no ha estado exento de críticas. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, señaló que no se trata de una respuesta integral a los problemas, pues, en la práctica, al tratarse de cantidades muy pequeñas, los fondos otorgados terminaban convirtiéndose en “recursos para la supervivencia”

“No es un instrumento adecuado para los pobres porque el endeudamiento hace que las personas vulnerables lo sean más. Esto no quiere decir que proporcionar recursos financieros no sea importante, pero debe ser a la población que tiene unos mínimos vitales cubiertos”, aseguró el experto, fallecido en 2006.

La familia. Vidalina es la madre de seis hijos. El más pequeño de ellos va a tercer grado, al que le ha podido brindar una casa sólida en un trozo de tierra propio tras esfuerzos y privaciones.

Algo parecido opina Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, quien señala que este tipo de iniciativas solo tendrán verdadero impacto si van acompañadas de otras medidas que combatan el problema estructural. Aunque aplaude el entramado solidario y comunitario que han podido generar entidades como ASAPROSAR, que han permitido que mujeres a las que antes la presión del esposo ni siquiera las dejaba intentar emprender un negocio hoy sí lo puedan realizar, la respuesta todavía se queda corta.

“Hay que ponerse a pensar en cuántas mujeres han logrado destacar y generar ingresos más allá de la sobrevivencia, cuántas realmente han logrado cambiar sus condiciones de vida en el país a través del tiempo… Además, casi nunca se utiliza para cuestiones realmente productivas, como el campo, sino que las mujeres están mayormente concentradas en la comercialización”, comenta Juárez.
Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, opina de otra forma. Para él, en El Salvador rural de la actualidad, este tipo de financiamientos significa la única salida para personas con pocos recursos, pues permiten iniciar emprendimientos, una respuesta al hecho de que el empleo formal en el campo es escaso y, cuando hay, casi siempre está dirigido al hombre. Para él, todo microcrédito debe ir aparejado con un componente de capacitación.
“El problema no está en endeudarse, sino en hacerlo de manera irresponsable”, sentencia Choussy.

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Ventas. Una residente de San José la Majada, Verónica Marroquín, se dedica a la venta de tamales. Es una de las 3,500 mujeres que actualmente reciben créditos de ASAPROSAR.

El Gobierno nacional no había tenido un programa referido específicamente a financiamiento para mujeres pobres sino hasta hace un año. Lo ha hecho a través del programa FONDO MUJER, una alianza entre el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la Secretaría de Inclusión Social, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Esta marimba de nombres y siglas, según lo explica Mabel de Soundy, especialista de Inteligencia de Mercadeo de BANDESAL, produjo un programa que consta de dos partes: una, los fondos entregados para emprendimientos, que en su primer año fueron de más de $125,000; la segunda, un fondo de garantía, que era el que en la práctica respaldaba a aquellas mujeres a las que, por no poseer nada, les era imposible contar con una garantía financiera.

El proyecto tiene otros elementos: la primera parte la desarrolla la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que durante tres meses brinda capacitaciones a las mujeres sujetos de crédito en diferentes aspectos de un emprendimiento: desde la manera correcta de calcular los costos reales de un negocio hasta la elección de un rubro determinado para el emprendimiento, que tenga esperanzas de rendir frutos según la zona geográfica donde se desarrolle. Una de las partes esenciales de la metodología es que se aprenda a realizar un presupuesto riguroso que se ha de cumplir a rajatabla media vez se reciban los fondos.
Sin embargo, los alcances de FONDO MUJER todavía están por verse, pues en su primer año los fondos se repartieron en solo 76 créditos, que iban de los $300 a los $5,000.

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Cinco mujeres se han reunido en la casa de Ana Paula de Morales, de 82 años, una de las mujeres con más edad de las que han recibido un crédito de ASAPROSAR. Cada una cuenta con un pequeño emprendimiento, que casi siempre se trata de una venta de alimentos, ropa o joyería. Unas gotas de gasolina para una economía antes animada por el café. Este grano, que en otro tiempo constituía la mayor parte de los ingresos de esta comunidad en San José la Majada, Juayúa, solo representa un dinero extra en la época de corta, la que va de noviembre a febrero, en la que cada una participa.

Las nuevas tecnologías para el procesamiento de café, comentan, han dejado a muchos sin la fuente de sustento que antes tenían en la famosa cooperativa de San José la Majada. Por eso, dicen, octubre representa el final de los meses más críticos en lo que a ganar dinero se refiere.

Solo una de ellas estudió hasta sexto grado, Norma Villeda, quien dice que no continuó en el proceso porque su padre considera que a “una hembra no se le da mucho estudio”. Ahora ella vende de todo un poco: sandalias, blusas, comida en las tardes, chocobananos y charamuscas.

“Sin el préstamo quizá no haríamos nada”, dice Ruth Nohemy Valencia, nuera de Ana Paula, quien junto a su suegra ha logrado surtir de más productos la tienda que dirigen. El resto de mujeres asiente a su afirmación, al tiempo que muestran la manera en la que se ordenan para lograr salir con el pago del préstamo: una libreta donde está reflejada cada cuota y el día específico en que ese dinero debe ser entregado en la caja de crédito de San José la Majada, que colabora con ASAPROSAR dándole un local para depositar el cobro del dinero. Las mujeres, además, tienen una cuenta de ahorro solidaria: todo va a un fondo común del que pueden hacer uso en conjunto o individualmente, previa autorización del resto de miembros.

El grupo. Norma Villeda, María Grande, Emma Paula de Morales, Ana Díaz y Nohemy Valencia, del centro La Colina de ASAPROSAR. 

 

En esta foto, una de las libretas con las que ordenan sus pagos.

María Grande, una de las más participativas de esta especie de mesa redonda, ejemplifica en sí misma aquellas palabras de que la mujer rural debe cumplir múltiples jornadas en el día para lograr unos ingresos dignos a fin de mes. “Yo de casi todo puedo, lo único que no es descumbrar los palos”, comenta.Sin embargo, Grande ha logrado romper con uno de los esquemas más recurrentes en el área rural del país: el hecho de que a las mujeres, históricamente, se les ha negado la posesión de la tierra. Gracias a sus ahorros, su esfuerzo y un crédito pudo adquirir un pequeño terreno que, antes de que ella lo tomara, estaba ocioso. En este, ella y su grupo familiar han comenzado a sembrar café.
—¿Cuánto espera ganar con el terreno?
—No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales –asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad.
El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

“¿Cuánto espera ganar con el terreno?” “No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales”, asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad. El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

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El producto. Nohemy Valencia muestra las charamuscas que han hecho famosa la tienda que maneja junto a su suegra, Emma Paula de Morales. El programa de créditos tiene 23 años.

Vidalina camina con energía de su casa a su puesto y cada tanto debe detenerse para anotar uno que otro pedido. Mientras avanza, afirma que tener $90 libres a final de mes en esta zona del país es mucho mejor que trabajar, por ejemplo, en uno de los muchos comedores o comercios cercanos a la frontera. En efecto, según afirman algunos trabajadores, tras una serie de descuentos, que incluso tienen que ver con su desempeño, el sueldo base no pasa de los $70 en jornadas que superan las 12 horas. En El Salvador, un país con tantas carencias, incluso ganar un sueldo mínimo sigue siendo un lujo inalcanzable para un sector de la población.

Vidalina ya tiene su casa, su sueño de siempre. Por eso, se le cuestiona sobre lo que sigue, cuál será su próxima conquista. La primera corresponde a la educación de sus hijos menores, de 14 y nueve años: quiere que sean los primeros de sus retoños a quienes pueda asegurarles una formación por lo menos hasta bachillerato, aprovechando que en la escuela de la localidad es muy posible que el otro año se incluyan estos cursos.

La segunda es seguir mejorando el lugar donde vive, un terreno amplio que le ha dado espacio para acondicionar, incluso, un gallinero.

“Quizá lo otro es hacer mi muro. No sé, por lo menos dos hiladas de block y lo demás de tela metálica. Ya va a ver qué bonito me va a quedar”, comenta Vidalina, con los ojos llenos de ilusión.

 

El espejismo femenino del poder político

Representación. Del total de 84 diputados elegidos en las últimas elecciones, 27 son mujeres.

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno. Esa primera participación de los legisladores en la discusión de leyes es fundamental para la gobernabilidad del país.

En 2014 se estableció en la Ley de Partidos Políticos que cuando un partido se presente a elecciones, sus planillas de candidatos deben estar conformadas, al menos, con un 30 % de mujeres.

Un estudio del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) sostiene que la cuota de participación de mujeres como candidatas “no garantiza que esta se traduzca en un 30 % de participación política en cargos de decisión ocupados por mujeres; más bien, si esta no va aparejada por una buena posición dentro de las planillas y referida a cargos de mayor envergadura, la cuota pierde su total validez como acción positiva para las mujeres, tal y como ha sido concebida. ARENA y FMLN son un fiel reflejo de esto”.

Tras el cambio en la ley, durante las últimas elecciones de 2015, algunos pensaron que el número de diputadas subiría considerablemente. Pero solo hubo cuatro diputadas más de las que había antes de la reforma. En la legislatura actual, de un total de 84 diputados, hay 27 diputadas.

Una de esas 27 mujeres está reunida este martes de octubre en la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Cualquiera que no ponga detenida atención pensará que el grupo está conformado exclusivamente por hombres, aunque desde hace dos años hay una mujer, la diputada Hortensia López, del FMLN. A dos horas de haber iniciado la discusión sobre beneficios a familiares de policías asesinados, la legisladora no ha dicho una sola palabra.

Los roles de las mujeres dentro de la Asamblea

Las mujeres solo tienen la mayoría de representatividad en las comisiones que discuten temas que tradicionalmente se encargan a la mujer, como la familia, la niñez y la adolescencia, de acuerdo con cifras del Observatorio de Participación Política del Grupo Parlamentario de Mujeres. Los diputados, en cambio, tienen la mayoría de representatividad en las comisiones en las que se discuten temas sobre la tierra, el trabajo, la seguridad del país y las finanzas.

Cuando los partidos políticos conocen cuántos diputados les corresponden dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados electos presentan ante su partido las comisiones en las que les gustaría trabajar y, usualmente, el partido político los asigna a determinados grupos de trabajo. Es ahí cuando la proporción de mujeres en las comisiones se inclina hacia temas relacionados con el rol que se les ha asignado por tradición: el de cuido.

“Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso, entonces, hay un sistema de clasificación de las comisiones, que habla de comisiones reproductivas, productivas, de desarrollo y permanencia del sistema político. Ahí, sobre todo, hay hombres”, se recoge en un estudio de 2016 de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Con las siguientes elecciones en puerta, la mayoría de representantes de partidos políticos hablan con entusiasmo de que haya cada vez más mujeres ingresando a sus filas. Sin embargo, se reconoce que aún hace falta recorrer un largo camino para que las leyes del país se creen o modifiquen con una visión equitativa entre los dos sexos.

ARENA es mayoría en la Asamblea. Su electorado eligió a 24 hombres, y a 11 mujeres como diputadas. Un estudio del ISDEMU asegura que, si bien todos los partidos cumplieron la normativa de incluir al 30 % de mujeres en sus candidaturas, ARENA “se ubicó en el piso mínimo”. Mauricio Interiano, el presidente del partido, aseguró hace un par de meses que para esta siguiente elección el 50 % de candidatos a diputados propietarios y suplentes son mujeres.

San Salvador tiene derecho a 24 curules y, según las estadísticas en línea del observatorio, 10 están ocupadas por mujeres. El segundo departamento donde hay más participación es San Miguel, que cuenta con tres diputadas. En el resto de departamentos hay dos o una legisladora; en Morazán y La Unión, ninguna.

“Cuando entran mujeres a los estamentos políticos de poder muchas veces son repelidas, son marginadas, son apartadas, precisamente, porque los hombres todavía nos resistimos a que una mujer ocupe el puesto de un hombre”, reconoce el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, René Portillo Cuadra.

Los obstáculos partidarios y sociales

Nidia Díaz es diputada del FMLN y presidenta de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas. Cuando Díaz es cuestionada sobre por qué los aportes de las mujeres que han logrado llegar a la Asamblea se enfocan, primordialmente, en las comisiones de mujer, familia y niñez y no en temas de seguridad, financieros o de trabajo, ella admite que ese es todavía un reto: trabajar para que la participación sea efectiva de manera transversal.

El FMLN es uno de los partidos políticos que más ha defendido en público el establecimiento de cuotas mínimas para la participación de mujeres. En este partido la cantidad de diputadas y diputados es similar: 16 hombres y 15 mujeres. Ella asegura que en el futuro se buscará la paridad en cargos de elección popular. La paridad se da cuando hay un número igual de mujeres y hombres en los cargos políticos.

Francis Zablah, el diputado por La Libertad de GANA, asegura que como partido creen y confían en la capacidad de las mujeres no solo en el ámbito legislativo, sino en su poder de incidir en todos los campos de la sociedad. No obstante, en la bancada de 11 diputados a la que pertenece no hay una sola legisladora propietaria.

Hay quienes aseguran que el hecho de que haya menos mujeres participando en la política se debe a que no han estado interesadas en trabajar desde este campo. El diputado de La Libertad por ARENA, Ricardo Velásquez Parker, es uno de ellos. Él considera que lo que ha condicionado el acceso de las mujeres a estos puestos de poder es “que ha existido una falta de vocación o involucramiento de algunas mujeres en la política”.

Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso”.

La presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita Rodríguez, está en contra de esa idea. “No es que falte vocación. Por los mismos roles que la sociedad le asigna a las mujeres, se ven imposibilitadas. Lo digo francamente: cuando la persona que me ayuda en la casa en los quehaceres domésticos no está, estoy en una comisión, pero estoy recordando que no hay quien vaya al supermercado a comprar. Los roles de asignarles el trabajo privado a las mujeres son los que le imposibilitan acceder a tener una vida activa plena en el ámbito público”, asegura la efemelenista.

Toda desigualdad tiene raíces. La participación de las mujeres en el campo laboral está también condicionada por el acceso a la educación que tienen de niñas y adolescentes. La Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2016 reveló que en las mujeres la tasa de analfabetismo es de 12.5 %, mientras que en los hombres es de 8.8 %.

La disparidad no solo es en la educación, también se traduce en los salarios. Un hombre que ha estudiado de 10 a 12 años, en promedio, gana $344.51 y una mujer que ha estudiado la misma cantidad de tiempo, gana $280.44. Lo mismo pasa con quienes han iniciado estudios superiores, el salario de hombres que han cursado más de 13 años de estudio sobrepasa los $600. Una mujer en esa misma categoría de escolaridad, gana $516.33.

Además, las jóvenes en edad educativa se enfrentan a otro tipo de problemáticas. Una de esas es el embarazo a temprana edad. En el estudio “Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos”, publicado en 2016, se reconoce que los embarazos tempranos también se traducen en menores oportunidades de educación para las niñas y jóvenes. Tres de cada cuatro adolescentes que tienen hijos a edad temprana no vuelven a estudiar. Al cabo de dos años, casi el 30 % de ellas ya tienen otro hijo y se ven relegadas a tareas domésticas. Es decir, su vida es condicionada al ámbito privado.

Identificar las cargas extras dentro del hogar que condicionan el acceso al trabajo no es una cuestión relacionada con la ideología política de las funcionarias. Las mujeres, por tradición, han sido relegadas al trabajo del hogar. La diputada arenera Paty Valdivieso asegura que aunque se trabaje en el ámbito público, no se deja de asumir la mayor carga de trabajo relativa al cuido familiar. Fuera del edificio del COENA, ella cuenta que “como mujeres a veces tenemos en la casa muchas más responsabilidades que los hombres. Nosotras llegamos de trabajar y vamos a trabajar”.

Comisión de familia. La mayoría de este grupo está conformada por mujeres. En cambio, en la comisión financiera y agropecuaria, la representación femenina es mínima.

Los primeros votos

En octubre de 1930 el ministro de Gobernación Manuel Mendoza tuvo que emitir una respuesta hacia una solicitud extraña que llegó a su despacho. La solicitud era extraña porque era la primera vez que una mujer se atrevía a pedir algo de ese calibre ante las autoridades salvadoreñas.

Prudencia Ayala, quien se desempeñaba como escritora, solicitó ser inscrita en el Libro de Registro de Ciudadanos para luego poder ser inscrita como candidata presidencial. El 29 de octubre de 1930 el mismo ministro de Gobernación respondió que no se le podía reconocer como ciudadana porque “no obstante, lo mucho que se ha legislado a su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica de inferioridad al hombre”.

Esa petición denegada abrió el debate para que nueve años después, en 1939, las mujeres adquirieran el derecho al voto bajo ciertas condiciones. La Ley Reglamentaria de Elecciones de 1939 estableció que las mujeres tenían que estar casadas, haber terminado el sexto grado y ser mayores de 25 años para poder votar en las elecciones. En cambio, si la mujer era soltera solo podía votar si había terminado sexto grado y a partir del día en el que cumplía los 30 años. El estado civil de los hombres que querían votar no importaba, tampoco importaba si habían terminado la educación primaria. Solo necesitaban ser mayores de 18 años y saber leer y escribir.

Fue hasta la reforma constitucional de 1950 que las mujeres adquirieron los derechos políticos plenos; y se tuvo que esperar más de un lustro para que a la casa legislativa llegaran las primeras mujeres con poder político para crear y modificar leyes. Fue en 1956 cuando por primera vez se eligió a tres diputadas. Una de las electas fue María Isabel Rodríguez, la exministra de Salud del gobierno de Mauricio Funes.

Los cambios para que las mujeres tengan voz política no han sido orgánicos. Han estado marcados por la presión de grupos para ganarse espacios. Ese derecho “no ha sido ninguna regalía, es producto del trabajo sistemático de conciencia”, reconoce el diputado Portillo Cuadra.

No fue hasta hace 67 años que hombres y mujeres fueron reconocidos con los mismos derechos electorales. Durante estas décadas solo tres mujeres han logrado llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa y ninguna se ha vuelto a lanzar explícitamente como candidata a la presidencia del país.

¿Existe la violencia política contra mujeres?

Comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Esta es una de las comisiones donde hay menos representatividad de mujeres. Solo una diputada.

En la actualidad no hay ninguna mujer dirigiendo en primera plana un partido político. Alba Cortez, presidenta de la Asociación de Unión de Mujeres Abogadas de El Salvador (UDEMAS), considera que incluso en estos ámbitos de poder algunas mujeres siguen siendo tratadas como “subordinadas y en un plano de domesticidad”.

La abogada explica, desde su oficina en San Salvador, que en los últimos meses ha asesorado a seis mujeres de diferentes partidos que la han buscado para pedirle consejo sobre cómo proceder por casos de violencia política.

Cortez define la violencia política contra la mujer como lo que sucede cuando el sexo femenino ve restringido, negado o anulado un derecho político. Puede ocurrir internamente en los partidos, en las alcaldías y en otros espacios de participación ciudadana. La experta sostiene que hay tres ejes en los que se cimenta la violencia política contra las mujeres: se enuncia una inferioridad intelectual, moral y biológica.

Cortez se reserva los nombres de las mujeres que ha asesorado y de los señalados en los casos de violencia política, pero cuenta algunas situaciones que van desde alcaldes que no permiten que una concejala se exprese en público, hasta funcionarios que prohíben que el resto de trabajadores le hable a una empleada en específico.

Cuando a la efemelenista Nidia Díaz se le pregunta en un pasillo de la Asamblea si en este espacio persisten visiones machistas sobre las mujeres, ella no vacila en responder que sí. Pero, lo identifica como un patrón general de sociedad: “Esto es estructural”.

Un informe de ONU Mujeres y del ISDEMU sostiene que la violencia política contra mujeres se traduce a veces en desestimación, ridiculización y descalificación pública, agresiones verbales y negación de información.

“Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

“La fidelidad partidaria es una herramienta de chantaje eficaz para inhibir la denuncia de situaciones de violencia política que las mujeres sufren y en algunos casos advierten y quieren denunciar”, afirma dicho estudio. Esa frase coincide con un caso que Cortez afirma haber asesorado. El caso es de una diputada que quería denunciar a un político por comentarios inapropiados de tono sexual. Sin embargo, dice Cortez, el partido le recomendó a la ofendida no denunciar porque se acerca el periodo electoral y esa denuncia dañaría la imagen del político.

El informe de ONU Mujeres titulado “Hostilidad y violencia política”, recoge casos de violencia contra líderes municipales que van desde el acoso laboral hasta el sexual. El estudio afirma que “pese a las vivencias de hostilidad y violencia política por parte de algunas entrevistadas, consideran que su posición prioritaria como militantes partidarias implica tal nivel de compromiso (que) les impide avanzar en la denuncia de las situaciones enfrentadas”.

Roles tradicionales. Las comisiones en las que trabajan más mujeres son las relacionadas al cuido de la mujer, familia, adulto mayor y personas con discapacidad.

“Hay mujeres que tienen la capacidad, pero tienen miedo de hablar por afectar al partido, pero ¿dónde queda tu integridad, tu derecho legítimo de exigir que se te respete?”, se pregunta Gabriela Trigueros desde su escritorio en la colonia Escalón.

Trigueros cobró notoriedad a mediados de este año, cuando Johnny Wright la propuso como su candidata suplente para las elecciones de 2018. El COENA decidió asignarla a otro diputado, por lo que Wright se manifestó en contra de la decisión tomada por su partido. Días después se creó un blog en internet donde se escribió que Trigueros era “la traidora” detrás de Wright y era un “cáncer”.

“No era una argumentación contra mis ideas o contra nuestro proyecto político, sino que era insinuar que personalmente me meto con gente de otros partidos políticos. Es atacar directamente la reputación como mujer”, sostiene Trigueros. Eduardo Barrientos, fundador de ARENA y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), compartió ese contenido en sus redes sociales, por lo que Trigueros lo denunció ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA. El tribunal sancionó con una amonestación verbal a Barrientos y le exigió una disculpa por escrito para Trigueros.

El FMLN tampoco está exento de casos en los que se discute el respeto hacia las mujeres. La reciente expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido efemelenista se dio enmarcada en una denuncia de una síndica que lo acusó de haberla violentado de forma verbal durante una sesión del concejo.

La abogada experta en materia de violencia de género, Cortez, considera que la discusión de estos casos es positiva, porque “si estos actos se toleran y no se sancionan, fomenta el mensaje de impunidad y de tolerancia a la violencia”.

Las reformas legales

Fernando Beltranena es un diputado guatemalteco de bigote espeso. Últimamente se caracteriza por vestir con un corbatín en lugar de corbata y este miércoles 18 de octubre causó especial indignación en las redes sociales y en las aceras del Congreso.

El miércoles la comisión de asuntos electorales guatemalteca retomó una discusión: las ventajas y desventajas de establecer la paridad en el congreso. Mientras Beltranena exponía sus argumentos en contra de esta propuesta, llamó a las mujeres un “accidente biológico”.

“El parámetro para acceder a la política debe ser mérito y no simplemente por haber nacido con un accidente biológico de mujer”, dijo. Ante la indignación de varias mujeres que se manifestaron en contra de sus comentarios, Beltranena expresó que hubo una interpretación malintencionada de su comentario y que no cree haber ofendido a nadie.

La baja participación de mujeres en la política no es un problema exclusivo de El Salvador, es mundial. Un informe de 2017 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) afirma que el porcentaje de participación de mujeres en los parlamentos americanos es de 28.2 %. La cifra contrasta con el nivel de participación de las mujeres en los parlamentos asiáticos que llega solo al 19.7 %.

La participación de las mujeres en la política salvadoreña ha sido reforzada por decreto. Algunas personas no están de acuerdo con que se obligue a los partidos políticos a contar con un mínimo de participación femenina, pero esa reglamentación es una tendencia mundial. En teoría, se ejecuta para evitar, de cierta manera, la exclusión y marginalización en esos espacios de tradición masculina.

La adhesión de El Salvador a convenios internacionales hizo que en 2014 se reformara la Ley de Partidos Políticos, y el Tribunal Supremo Electoral estableció que los partidos deben presentar sus planillas conformadas, al menos, en 30 % por mujeres.

Comisión de defensa. En las comisiones de trabajo destinadas a la discusión de seguridad y defensa nacional la cantidad de mujeres es baja.

Uno de los beneficios que plantean los que están a favor de este tipo de reformas está relacionado con el tema de identificación. Así lo explica Silvia Juárez, abogada de ORMUSA: “Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

Un camino convertido en pared

Hace tres años, cuando se estableció la cuota de participación por género, se creyó que esta sería entendida como una base a partir de la cual los partidos políticos propondrían a más y más mujeres. En ORMUSA temen que la cuota se ha entendido como el límite de la participación.
“(La cuota) se dio como un estímulo de avance. Pero, realmente, nos sirvió como una pared que bloquea que haya más mujeres en esas posiciones”, asegura la abogada Silvia Juárez. Y agrega: “Los partidos la cubren, pero la cumplen a raya”.

Para la presidenta de UDEMAS, esa cuota ha servido para evidenciar los problemas que suelen darse cuando las candidatas lanzan sus campañas o realizan sus labores: “¿Por qué ahora es tan visible la violencia contra las mujeres? —pregunta de forma retórica desde su oficina— porque ahora se les ha obligado la cuota de participación política”.

Presidenta. Margarita Rodríguez preside desde este año el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.

Mientras algunos diputados y diputadas de distintos partidos políticos reconocen a la cuota de participación de las mujeres como un buen primer paso, el diputado de La Libertad, Ricardo Velásquez Parker, se manifiesta en contra de este tipo de medidas.

“Yo quisiera cuota para calvos, fíjese, pero no contamos con el apoyo de la ciudadanía. Chiste aparte, a mí no me gustan las cuotas, ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para qué sé yo… heterosexuales. El día que abramos la puerta para las cuotas por unos, abramoslas por todos y entonces el chiste ya vale, yo también quiero cuota para calvos”, responde el legislador.

Y a pesar de que este parece ser un tema que solo se discute entre foros de mujeres, los organismos internacionales, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ya han empezado a dar luces de la necesidad de encontrar aliados masculinos en la búsqueda de equidad en la democracia. El IDEA sostiene que la “resistencia de los hombres a la participación de las mujeres es un factor clave que dirige la exclusión política de las mujeres. Un mayor equilibrio de género aumenta la probabilidad de que los debates políticos y las reformas políticas identifiquen y aborden problemas nuevos y descuidados por igual, permitiendo que las sociedades, hombres y mujeres, prosperen”.

Las reformas que buscan cercar el lavado de dinero

Lavado de dinero – Ilustración de Moris Aldana

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos es el narcotráfico. Naciones Unidas calcula que en los países de las Américas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

El 12 de septiembre de este año, el comité del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narcóticos se reunió para discutir cuáles serán los nuevos pasos a seguir por ese país en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se presentó un mapa que incluía eventos marítimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y México. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotráfico transnacional.
En cuanto a El Salvador, apenas unas líneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la nación comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra más de que el país no es una ruta habitual del traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Proceso. Un fiscal y un policía al momento de allanar las oficinas del venezolano Edward Ali Perdomo y del panameño Rinat Hiram Guardia.

Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país en el contexto del narcotráfico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por más de 10 años en investigaciones de alto nivel en el país, nuestra nación debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotráfico en la misma línea que Panamá, Ecuador y Estados Unidos, todas economías dolarizadas.

Una opinión que converge con el señalamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos, que definió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicación geográfica y su economía dolarizada.

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los estándares internacionales contra este delito y convertir al país en un sitio un poco más blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los últimos años, entre las que destacan la disminución del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.

Las reformas a la ley también han pasado por la inclusión dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde están casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposición, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como única misión avisar a la UIF de cualquier anomalía.

Las empresas del sector formal, además, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulación.

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.

Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.

Eso las pone fuera de la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodologías ni personal especializado para vigilar entidades financieras, según es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su página web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Esta semana se solicitó una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cuáles son los mecanismos de control que la institución que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petición.

En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito: 463 de un universo de 1108, según el último directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el país existe la posibilidad de colocar más de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.

Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: él también pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios años tratando de cuajar en El Salvador. La modificación más importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
Sin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, según un artículo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GRÁFICA en junio de 2017. Para Héctor Córdova, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), el cambio sería negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una dinámica más mercantil.

Por otro lado, aseguró que una medida como esa haría quebrar a muchas cooperativas, que no contarían con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulación.

 

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El diputado. Wílber Rivera Monge fue sentenciado a 12 años de prisión por su calidad de coautor
en una estructura dedicada al lavado de dinero. Es uno de los pocos casos complejos de lavado
de dinero que han terminado en una sentencia condenatoria en El Salvador.

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.

“¿Y toda esa masa de dinero, de dónde viene?”, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo están vacíos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada día atendieran a unas 100 personas.

“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros”, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administración tributaria buscó anomalías en un negocio de este tipo, que se cayó por falta de pruebas. Ahí se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Igual mecanismo ve en algunas pequeñas compañías que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, llegó a las cortes del país.

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el panameño Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compañía telefónica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, así, bajar su costo.
El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compañía telefónica que había sido afectada por esta actividad.

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio ilícito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de dólares al año, de los que, en realidad, se desconocía su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprobó que había sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El presunto pago por el servicio, según el exfuncionario, habría funcionado para bajar esa masa de dinero a través de canales lícitos. El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compañías de telefonía y la pequeña empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo estén siendo utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del país deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas políticamente expuestas, como los funcionarios públicos.

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Dos hombres guatemaltecos y un nicaragüense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.

Un miembro de la Policía Nacional Civil se encargó de hacer la revisión de rutina. Al primero que entrevistó fue a uno de los guatemaltecos, Wálter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le preguntó por los motivos por los que visitaría Nicaragua, a lo que respondió que era porque un amigo lo había invitado. Los nervios con los que contestó la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continuó con su revisión.

El siguiente fue el nicaragüense Marlon Anastacio, quien se presentó como un instructor de caballos que había estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le preguntó si conocía a Wálter Adolfo, a lo que respondió que no. El último en la mira del policía fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.

Con un poco más de aplomo que su compatriota, respondió que iba a Managua a ver unos caballos y que la única carga que lo acompañaba era la mochila que llevaba en la mano. El policía decidió pedirle la maleta para revisarla. Ahí, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certificó sus sospechas. Pidió a los tres que bajaran del bus.

La policía le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrapó en flagrancia y ninguno tenía documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se habían preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

El proceso en los tribunales tardó tres años en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontró culpables a los imputados. Se limitó a decretarles tres años de prisión, los que fueron cambiados por igual período de trabajos de utilidad pública. También se decretó que los tres hombres deberían abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendrían permiso de entrar al país por los próximos cinco años.

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a través de una frontera aérea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadoreñas.

En 15 años de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscalía General de la República ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien más. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.

Uno de los más representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián y al exdiputado suplente Wílber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República construyó 40 casos para demostrar la participación de más de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigación financiera y en la declaración de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Larín y Jorge Roilan Hernández Mena.

Muchos de los casos tenían que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre países a través de medios convencionales de transporte aéreo y terrestre. Uno de los elementos que más tomó en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.

En el caso de Rivera Monge, se logró establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario aseguró que entre 2004 y 2013 había ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a través de ellas habían circulado millones de dólares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces más de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consideró sospechoso fueron las extrañas operaciones comerciales realizadas con automóviles e inmuebles, pues tras adquirirlos reducía drásticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hacía por una cantidad mucho menor.

“Ha generado una pérdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacción”, aseguró el juez. Un análisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibrián y con el resto de imputados.

Para este juicio, la Fiscalía General contó con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibrián por narcotráfico, con lo que se establecía de manera cristalina que esas cantidades de dinero provenían de actividades ilícitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. ¿Qué pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?

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Extranjero. El estadounidense Blake Merriw Wrigth fue hallado culpable por el delito de casos especiales
de lavado de dinero, pues al entrar al país traía un dinero que no había declarado.

¿Cuán intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavandería Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus cifras en inglés), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.

Gracias a tal esquema, un enigmático grupo criminal logró mover $20,000 millones de la Federación Rusa hacia Europa y dejarlos incólumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupción en el Gobierno de ese país europeo o con la gran criminalidad organizada.

Como explican los reporteros en el texto de presentación del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compañías registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establecía un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no existía tal préstamo.

Ambas compañías no tenían dueños claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un paraíso fiscal. Para este caso en específico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todavía no se ha puesto la atención suficiente.

En todos los casos, los contratos de los préstamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que había desembolsado el falso préstamo exigía su pago. Cuando esto ocurría, la compañía deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero debía salir de la sociedad rusa que había servido como garante del préstamo.

Para eso, la empresa que exigía el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este pequeño país, el más pobre de Europa. Ahí un juez emitía una orden judicial “certificando” la deuda como real y ordenando a la compañía rusa que pagara.

Luego, la empresa rusa transfería ese dinero sucio a una cuenta creada por la compañía “prestadora”. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compañía “prestadora”, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba incólume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Unión Europea, respaldado por una orden judicial.
En cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que podían ir de los $100 millones hasta los $800 millones.

En el esquema de la Lavandería Rusa, más de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres años, emitieron más de 50 órdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un país como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces están ahora bajo investigación mientras que otros han renunciado.

La primera transacción relacionada con la Lavandería Rusa ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando una compañía británica llamada Valemont Properties Limited presentó una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un préstamo que había hecho a otra compañía del Reino Unido. Los titulares de esa garantía eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compañías rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
¿Cuántos otros esquemas parecidos a la Lavandería Rusa habrá en el mundo? ¿Existirá una de igual magnitud en América Latina? ¿Será El Salvador uno de sus participantes?

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El de Rivera Monge y Ulloa Sibrián fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El último de ellos fue el de Ismael Cisneros, más conocido como “Medio Millón”, vinculado al cártel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cuñado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a través de negocios lícitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefonía. ¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.

Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, la respuesta también pasa por cumplir a rajatabla los estándares internacionales, que impidan que los criminales actúen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que estén fluyendo ríos de dinero ilícito en un “refugio ideal para el lavado”.

¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Lavado de dinero

Los medicamentos que no curan, pero se venden

Medicamentos falsos. Estos productos irregulares fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en 2015.

El kit valía $25 y prometía curar un sinfín de molestias: desde los dolores en la parte baja de la espalda hasta el mal aliento. Era una de esas medicinas que se conocen como “medicamentos milagro”.

El vendedor del kit reunió a los maestros de una escuela de La Libertad y los sorprendió. El llamado “kit renal de desintoxicación integral” estaba compuesto por cuatro frascos de 30 tabletas cada uno. Los frascos tenían productos llamados riñoclean, gastriclean, higaclean y coloclean. El comerciante aseguró que esto servía para limpiar los riñones, uréteres y vejiga, para la pérdida de peso, para la colitis y ayudaba para tener sana, incluso, la próstata.

Convencidos por la gran cantidad de beneficios que les aseguraban, algunos maestros pagaron el medicamento inmediatamente y decidieron, sin ninguna consulta médica, que lo que necesitaban sus cuerpos era desintoxicarse. La ilusión por este producto fue tal que otros maestros pidieron las pastillas fiadas.

Las pastillas no contaban con ningún registro sanitario. Es decir, no tenían permiso para ser comercializadas y no había forma de garantizar que no estuvieran contaminadas o fueran, en verdad, lo que decían ser. Debían confiar únicamente en la palabra del vendedor.

En junio de 2017, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) emitió una alerta que prohibía la utilización de estas tabletas. Ese mes, cuando el vendedor volvió a la escuela a cobrar el dinero que se le había quedado debiendo, se encontró con la negativa de algunos docentes a pagar. Algunos le devolvieron los frascos. Otros, decidieron confiar a ciegas y consumir el producto, aunque no tuviera los permisos correspondientes.

La elaboración y comercio indebido de medicamentos es común en El Salvador. Tan común que la DNM recibe 300 denuncias al año por problemas de calidad de las medicinas. Vicente Coto, el director de dicha entidad, asegura que el problema es grande. Algunos no cuentan con registro sanitario porque son falsificados. Se venden como una cosa, pero en realidad son botes rellenos de otras sustancias. Hay estudios, afirma Coto, que permiten pensar que en países de renta media baja como El Salvador, el 50 % de los medicamentos que se venden son falsificados.

Operativo. Escena de un allanamiento a una bodega en el centro de San Salvador donde se almacenaba medicina vencida y sin registro sanitario, en junio de este año.

Pomadas a dólar, pastillas a $0.15

Con $2.45 en el Centro Histórico de San Salvador se pueden comprar pastillas para el dolor muscular, una pomada para infecciones y una pasta verde con olor a menta conocida como “mariguanol”. No hay que caminar mucho. Es posible encontrar todos estos remedios en diferentes puestos en la calle Rubén Darío.

El producto estrella de este lunes de septiembre es una pomada antibiótica y antiinflamatoria que se vende por $1, aunque en su caja esté marcada que cuesta $8.33. La llevan en la mano al menos una decena de vendedores, junto a pastas de dientes y toallas sanitarias. Es la cachada del día. En estas calles otra venta común es el “mariguanol”, que es vendido por $1. El bote transparente y de tapón verde no tiene registro sanitario, no está sellado y brinda alivio rápido, según dice la calcomanía del envase, a la artritis, los golpes, el dolor de espalda, el dolor de nuca, el dolor de cabeza, el reumatismo y la inflamación.

“Esas medicinas son buenas, lo que pasa es que son marca furgón”, dice un joven veinteañero, estudiante de Ingeniería en Hardware, acostumbrado a comprar fármacos en la calle. El problema no es solo que los medicamentos sean legales o ilegales. Para que estos puedan ser despachados y el comprador tenga la seguridad de que son confiables, no basta con ver su registro sanitario y la fecha de vencimiento. También se debe tomar en cuenta la cadena de custodia y dónde han estado almacenados.

Aunque una gran cantidad de los medicamentos que se venden en el centro de San Salvador especifican en su empaque que la venta se realiza “con receta médica”, en el comercio de la calle, no se necesita mostrar ningún papel.

“Cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Este día ha llovido desde la mañana y una mujer se protege de la lluvia bajo una sombrilla. Frente a ella hay un canasto lleno de medicinas cubierto con un plástico transparente sobre el cual han caído las gotas de agua. Entre el ruido de la música y los televisores, ella ofrece pastillas a $0.15.

Esta práctica, tan diaria y cotidiana, constituye un delito. El artículo 273 del Código Penal lo identifica como despacho o comercio indebido de medicinas. La ley sostiene que pueden enfrentar prisión de uno a tres años quienes comercien con “medicamentos no autorizados, deteriorados o caducados”, o aquellas personas que no cumplen con las “exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad, conservación o eficacia”.

Quien compra medicina en la calle, “está botando su dinero”, asegura Remberto Mixco, coordinador de Farmacia Hospitalaria de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Las condiciones de la calle no son propicias para conservarlos, aunque estos hayan sido elaborados en un buen laboratorio. Para eso hay una lógica científica. Mixco lo explica así: “Si el fabricante dice que se deben almacenar los medicamentos a no más de 28 grados centígrados y usted lo carga en una canasta, ¿qué temperatura alcanzará ese canasto al mediodía? El medicamento comienza a descomponerse, a arruinarse porque esos elementos empiezan a reaccionar frente al calor. Cuando llega a comprar esa medicina ya no le va a dar resultados, peor aún, le puede hacer daño”.

El medicamento sin registro también llega a las clínicas

Así como el medicamento sin registro llega a las escuelas, a las calles y a los buses, este también se vende en clínicas. Eso fue lo que aseguró la Fiscalía que sucedía en la clínica Dr. Zelaya, ubicada en la colonia Escalón.

Este lugar fue allanado el miércoles 27 de septiembre y sigue funcionando con normalidad. La clínica suele estar llena de clientes que buscan un servicio de medicina biológica o natural. De acuerdo con su página web, aquí se brindan servicios “con un enfoque diferente de la medicina tradicional”.

Del ISSS. En el allanamiento a una bodega del Centro Histórico se encontró también medicamento del Seguro Social.

Hace 11 días, cuando este local fue allanado, personas que trabajan en los locales que rodean la clínica salieron a observar la actividad inusual. Había fiscales, policías y periodistas en una calle que no suele ser foco de las noticias. Pocos parecían entender qué pasaba y por qué la clínica de un médico reconocido en una zona privilegiada de la capital estaba siendo intervenida.

Cerca de las 10 de la mañana el director de Intereses del Estado de la FGR, Mario Salazar, explicó el caso: “Los medicamentos que ellos manifestaban ser para la chikunguña son como un aceite que los médicos usan para calibrar (equipos). Estos medicamentos no contaban con la autorización de la DNM para ser comercializados”. Además, sostuvo Salazar, se giraron órdenes de captura contra oficiales y agentes aduaneros que, de acuerdo con sus investigaciones, falsificaron “facturas, sellos y firmas para la importación de este medicamento”.

El caso inició cuando en 2014, hace más de tres años, la DNM denunció el caso a la Fiscalía tras descubrir que en medios de comunicación se anunciaba la venta de un producto que ofrecía curar la fiebre chikunguña. La clínica que los anunciaba estaba ubicada en Santa Tecla y se encontró que obtenía estos productos de la Droguería Darío. Esta droguería, de acuerdo con un policía dentro del allanamiento, está conectada a través de una puerta con la clínica Dr. Zelaya.

Las investigaciones judiciales de este caso llevan un ritmo pausado, así lo sostiene Vicente Coto desde su oficina en Ciudad Merliot. “La FGR acaba de judicializar un caso que nosotros lo concluimos en 2014. A mi juicio es un proceso que va lento”, dice. La versión oficial sostiene que en esta droguería los inspectores de la DNM encontraron facturas con sello y firma falsa de importación de las sustancias, facturas de venta a otras clínicas y 198 medicamentos sin registro sanitario. El médico Pedro Zelaya niega que eso sea verídico.

“No es justo lo que le están haciendo al doctor, lo están poniendo como que es un ladrón y no es así”, asegura una empresaria que importa productos médicos y afirma conocer al señalado. Las opiniones respecto de Zelaya son variadas y opuestas. En las redes sociales de la clínica hay quienes le agradecen porque con sus métodos los ha sanado y hay otras personas que se quejan de la supuesta falta de profesionalismo.

Cinco días después del allanamiento se realizó la primera audiencia sobre este caso y pasó al proceso de instrucción, donde los fiscales deberán recabar pruebas que sostengan lo que ya han argumentado. Los señalados enfrentarán el proceso en libertad, incluido el doctor Pedro Zelaya. Él afirma que todo se trata de un malentendido entre la DNM y el tipo de medicina que en este lugar se practica.

“Nosotros nos dedicamos a una rama de la medicina que es la medicina alternativa. Es un ente que no es regido en el país porque el Consejo Superior de Salud Pública no tiene todavía un reglamento que ampare este tipo de medicinas. Creo que es una confusión la que ha habido”, dice el médico con seguridad desde su clínica. Luego explica que en este consultorio solo el 2 % de los tratamientos están compuestos por medicamentos y el 98 % restante se realiza a partir de “nutrientes, vitaminas, medicamentos naturales”.

Zelaya declara que entre la clínica y la FGR lo que hay es una situación mal comprendida. “El conflicto nace con unos productos que se utilizan para el análisis de estrés oxidativo, que ese es un producto como el calcio, la vitamina C, que el fabricante los pone como reactivos de laboratorio o medicamentos para ionización. Entonces, la DNM determina que estos no son medicamentos y entonces viene toda la situación”, argumenta.

Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

Zelaya sostiene que su clínica nunca promocionó dichos productos como la cura del chikunguña y que quien hizo tal aseveración fue un médico de una clínica en Santa Tecla. El Código de Salud señala como una infracción contra la salud “hacer falsa propaganda sobre las cualidades de los alimentos o productos y que induzcan a error o engaño al público”.

El experto en fármacos, Remberto Mixco, asegura, desde su oficina en la Universidad de El Salvador, que “cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Al médico Zelaya también se le consulta sobre por qué 198 medicamentos que se vendían en la Droguería Darío, (negocio que él identifica como “empresa hermana” de la clínica) no tenían registro sanitario. El doctor afirma que hay algunos productos que “no necesitan registro porque son productos naturales. Necesitan registro como vitaminas y nutrientes, entonces la confusión se genera porque esas vitaminas nosotros en el país no tenemos registro de productos naturales hasta 2016”.

Una profesional responsable de algunas casas farmacéuticas en El Salvador, que pidió el anonimato, asegura que logró registrar medicamentos naturales que se importaban de Alemania desde los años noventa.

“Yo no sé los productos que él tenía, pero sí, los naturales ya se registraban. No teníamos una normativa, pero sí ya era una obligación que para comercializarse tenían que tener un registro. En los años noventa, nos tardábamos como cinco años en conseguir el registro. Sí existe una regulación, no sé a él quién lo asesoró”, sostiene la experta.

El Salvador, junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprobó hace cuatro años el reglamento técnico para el registro sanitario de productos naturales medicinales para uso humano. Ese reglamento fue firmado por los cinco países en mayo y entró en vigencia en noviembre de 2013.

Paso a paso: ¿Qué pasa tras una denuncia?

Exportación ilegal. El representante de la Dirección Nacional de Medicamentos, Vicente Coto, explica cómo algunas personas comercian con medicamento falsificado hacia Estados Unidos.

Domingo L. estudió hasta noveno grado. Para 2014 tenía ingresos mensuales de $2,000 como comerciante de medicina. La clave de su éxito como comerciante había sido que él mismo, en su casa, creaba medicamentos. Elaboraba Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso.

La DNM recibió una denuncia que decía que en el mercado Central de San Salvador se vendía medicina sin registro sanitario. La entidad realizó una inspección y encontró que en los pabellones 4 y 5 del mercado se vendían medicamentos ilegales. Los inspectores compraron Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso para hacerle estudios a las sustancias. La investigación siguió, se identificó a los vendedores y se descubrió que el producto era elaborado y distribuido en un inmueble de Zaragoza por Domingo L, quien también era el dueño de la casa que funcionaba como laboratorio.

Cuando se revisó ese lugar se encontró una escena opuesta a los controles de limpieza y buenas prácticas de manufactura: “Las condiciones higiénicas de las instalaciones donde se procesa el medicamento son deplorables (…) incluso existen servicios sanitarios en los espacios donde se manufactura”, se puede leer en el expediente judicial del caso.

Domingo L. fue encontrado culpable de “despacho o comercio indebido de medicinas”. La pena que se le impuso fue de dos años y esta se cambió por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública. Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

En El Salvador hay 33 laboratorios autorizados para producir medicinas, y para todo el país hay 50 inspectores que se encargan de verificar que los productos que los salvadoreños consumen sean seguros. En teoría, estos laboratorios reciben una visita de inspección anual. De acuerdo con la memoria de labores de la DNM, de junio de 2016 a mayo de 2017, se realizaron 27 inspecciones de buenas prácticas de manufacturas a laboratorios farmacéuticos y tres a laboratorios naturales artesanales.

Cuando un ciudadano interpone una denuncia en la DNM, esta institución realiza un proceso administrativo interno. Por ejemplo, entre junio del año pasado y mayo de este año se canceló el registro sanitario de 506 productos.

Si lo que se encuentra en la inspección constituye un delito, como en el caso de la medicina contaminada con coliformes fecales, este se refiere a la Fiscalía. Si también se identifica que médicos o farmacéuticos actuaron con falta de profesionalismo, el expediente también es referido hacia la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y al Consejo Superior de Salud Pública.

Vicente Coto, director de la DNM, asegura que consumir este tipo de productos “es una ruleta rusa”, ya que este tipo de medicamentos “no son inofensivos, le pueden producir hasta la muerte”.

Las ventas irregulares de medicamentos siguen

Sin registro. Los medicamentos que no han sido autorizados por la DNM pueden estar contaminados con hongos, bacterias y hasta coliformes fecales por el nulo control que se tiene a la hora de elaborarlos.

“Venimos de un mercado completamente irregulado y el régimen sancionatorio de la ley ha permitido ir ordenando el mercado”, dice Coto. Afuera de su oficina, la representante de una empresa familiar espera realizar trámites y se queja de los precios que debe pagar para poder importar productos médicos y comercializarlos.

A la empresaria el proceso le parece largo, caro y burocrático. Hay quienes deciden saltarse estos pasos; y no son pocos. En 2014 la DNM encontró 800 productos falsificados que eran llevados en equipaje de mano hacia el extranjero. Las personas que los intentaron transportar aseguraron que más de la mitad de estas sustancias habían sido compradas en Santa Rosa Lima, lo que hace pensar a las autoridades que venían de Guatemala u Honduras. Coto acepta que no se logró identificar de dónde provenía el medicamento y que, probablemente, había más de lo que pudieron encontrar.

No es posible conocer con seguridad la magnitud del problema de elaboración y comercio irregular de medicamentos y estos se siguen comerciando sin que las autoridades puedan detener su consumo.

De vuelta al centro, el sol ha comenzado a salir después de un día de lluvia. La mujer que vende medicina en su canasto tapado con plástico cuenta monedas para dar el cambio de tres pastillas y las entrega en una bolsa plástica transparente con un nudo. Nadie puede garantizar que estas pastillas sean de buena calidad o que, al menos, no estén vencidas. Ya que las pastillas son cortadas individualmente, no se puede leer la fecha de manufactura o vencimiento.

Medicamentos sin registro.

Además de pastillas para dolores musculares, de cabeza y para la diarrea, ella también vende tabletas destinadas a controlar la ansiedad moderada de las personas. Este producto no es de venta controlada, pero su uso está restringido en mujeres embarazadas por su posible relación con el nacimiento de bebés con paladar hendido. Además, entre las indicaciones sobre cómo debe mantenerse almacenado el principio activo de este medicamento, se especifica que debe almacenarse alejado del exceso de calor y humedad, las dos cosas que más abundan en el Centro Histórico. La vendedora, sin ninguna precaución de por medio, ofrece la medicina a la mujer que pregunta por las pastillas: “Son para dormir. Cora vale cada una”.

Agresores sexuales que visten de policías

Abuso. Agresores sexuales que visten de policías. Ilustración de Moris Aldana.

Karen tenía 16 años cuando fue capturada en flagrancia después de golpear y robar a una indigente en Izalco, Sonsonate. A las 2 de la mañana del 19 de mayo, la adolescente corría después de cometer un delito mientras su víctima la perseguía por la calle.

Ambas pasaron cerca de un grupo de cuatro policías, a los que aquella mujer, que presentaba lesiones leves, puso en alerta. Fue allí cuando la capturaron. Karen fue esposada y subida a la cama de la patrulla policial. Pero esta no tomó el camino habitual hacia la Subdelegación de Izalco, a la que hubiera llegado en apenas unos minutos.

El automóvil, más bien, salió del casco urbano en dirección a la carretera hacia Sonsonate y se detuvo en un punto en esa zona boscosa que rodea al turicentro Atecozol. Según lo narró Karen en la audiencia inicial que enfrentaba por el robo que había cometido en la madrugada, los cuatro policías la bajaron de la cama del pick up para tocarla.

Uno de ellos tomó especial interés en el abuso. El mismo que unos minutos después la obligó a hacerle sexo oral frente a la mirada de sus compañeros. La moneda de cambio era respetarle su vida. Ella, una delincuente, estaba a merced de sus captores, vestidos con el uniforme azul oscuro.

Según la fiscal del caso, Karen no dijo nada de lo que había pasado ni siquiera cuando uno de sus familiares se acercó a la sede policial. Fue hasta que se encontró frente a un juez que decidió contarlo. Se trataba de una joven que hace solo unas horas había golpeado a una indigente para robarle, por lo que lo narrado podía parecer un argumento para aminorar sus problemas.
Pero un elemento poderoso la respaldaba: la novedad de su captura fue reportada en la Subdelegación de Izalco apenas se le aprehendió, alrededor de las 2 de la mañana. Ella y los cuatro policías no llegaron hasta la sede policial sino hasta un par de horas después. No existía ninguna justificación para la tardanza. Eso hizo que los fiscales correspondientes tomaran en serio los señalamientos de la joven.

El caso llegó hasta las primeras instancias de su judicialización y se giraron órdenes de captura contra los cuatro agentes. Estos, sin embargo, quedarían muy pronto en libertad, pues en el juzgado decidieron otorgarles medidas sustitutivas a la detención. Los cuatro fueron trasladados a otras zonas. La Fiscalía remitió informe a la Inspectoría General de Seguridad Pública para que se iniciaran procesos sancionatorios contra los agentes.

“Es lo que pasa en la mayoría de casos. Lo hemos visto en procesos que llevan otras unidades. Al policía se le traslada a otro lugar, o los ponen en labores de seguridad pública, o los bajan de rango, digamos que a los que son investigadores los ponen de patrulleros. Pero una suspensión nunca la he visto. Media vez no haya sentencia condenatoria, no los remueven”, comenta la fiscal del caso de Karen.

Infográfico.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, asegura que la medida del traslado se toma por un tema de “sanidad”, “porque no es conveniente que esa persona continúe allí”. Pero no se puede suspender a un agente sin agotar totalmente una investigación, sin seguir el debido proceso. “Suspender a alguien mientras no se le haya demostrado su falta sería una arbitrariedad”, dice.
Un poco después de un año de iniciado, el proceso de la adolescente se encuentra en el archivo. La razón es simple: Karen, que también debía enfrentar un juicio por el robo a la indigente, desapareció del radar de fiscales y policías. Cuando dieron con uno de sus familiares, su abuela, les aseguró que la menor había migrado a Estados Unidos.

Por eso, no se pudieron completar algunas diligencias esenciales para la causa: el peritaje psicológico y un nuevo reconocimiento en rueda de personas, para que de esa cuadrilla identificara, otra vez, a la persona que la había obligado a introducir el pene en su boca, mientras los otros tres los observaban.

A pesar de que todos eran acusados de cometer el delito de otras agresiones sexuales, era necesario, para individualizar responsabilidades, definir quién de los cuatro se podría enfrentar a una pena de seis a 10 años por haber tenido acceso carnal bucal, es decir, por haber obligado a la víctima a practicarle sexo oral. Los restantes tendrían ante sí condenas de tres a seis años.

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En la calle. La de los agentes, la más numerosa, fue la categoría policial más denunciada ante la Inspectoría General de Seguridad entre 2012 y 2016.

Según esta fiscal de Sonsonate, al menos en la sede de ese departamento son poco frecuentes las denuncias contra un policía por delitos sexuales. En 2016 solo vieron el caso de Karen; hasta esta fecha en 2017, solo se reporta la acusación contra un policía que acosó sexualmente a un joven de 16 en los baños del mercado municipal de Nahuizalco durante un procedimiento.
Sin embargo, apunta, no es porque no suceda nada: Tras un procedimiento, alguna víctima puede quejarse de algún tocamiento inapropiado de un policía, e iniciar con los primeros estadios de una denuncia. Pero cuando llega el momento de acercarse a la sede fiscal para hacer un reconocimiento, ya nadie se presenta.

“La gente no denuncia por el mismo temor, porque la Policía también está plagada de corrupción ahorita, saben que al denunciar ese tipo de delitos pueden verse involucrados en otras cosas peores. La gente considera que no es tan delicado algo sexual si lo comparan con perder la vida”, comenta.

Ese es el caso de María (nombre ficticio), una joven veinteañera de una populosa colonia de Cuscatancingo a la que un policía, en un cateo aparentemente rutinario de 2016, le introdujo los dedos en la vulva, presuntamente para cerciorarse de que allí no escondiera droga. O el de Marina (otro nombre ficticio), una adolescente a la que ese mismo año un agente en Mejicanos obligó a desnudarse por completo, supuestamente para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos. Ambas aceptaron hablar con esta revista con la condición de no revelar sus nombres ni detalles demasiado específicos que pudieran identificarlas. Y ambas dejaron pasar el hecho sin acercarse a alguna instancia para depositar su denuncia. Ya no viven en sus antiguos hogares.

Por lo tanto, no forman parte de las estadísticas que la Fiscalía General de la República ha reportado con respecto a delitos sexuales cometidos por policías y miembros de la Fuerza Armada. Para los primeros, el consolidado desde enero de 2013 hasta marzo de 2017 indica que hasta 96 casos se iniciaron en una sede fiscal a través de una denuncia por este tipo de crímenes presuntamente cometidos por miembros de la corporación. En el caso de la FAES, la cifra es mucho menor: 39.

La tipificación va desde el acoso sexual hasta la violación en menor o incapaz en su modalidad continuada. No todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que le da su cargo. Varios, sí.

Como el proceso que condenó a Marlon Isabel P. a ocho años de prisión por la violación agravada contra una adolescente de 16 años de edad. Según los hechos que se reconstruyeron en el expediente, Marlon apareció vestido con su uniforme policial en la casa donde residía su víctima, en la que ya había estado para visitar a la madre de esta. A unos metros de allí, sus compañeros de patrulla lo aguardaban.

En la tarde del 30 de diciembre de 2013, el agente se acercó a la vivienda preguntando por la madre. Al comprobar que no estaba, le pidió un vaso de agua a la adolescente. Esta dejó la puerta entreabierta, quizá confiada en que nada podía pasarle con un agente de la autoridad parado justo allí, en el umbral de su casa.

Marlon aprovechó para ingresar. Cuando la adolescente regresó con la bebida, la jaloneó para que entrara al cuarto de la madre; allí la desnudó y la tumbó en la cama. Él también se quitó el pantalón de su uniforme, que ahora servía como perfecto símbolo de intimidación. La nena lloró cuando penetró en su cuerpo, pues nunca había tenido una relación sexual. El llanto y los gemidos de dolor hicieron que el policía parara y, arrepentido, se disculpara para abandonar la casa en el acto. Cuando la madre regresó ese mismo día en la noche, su hija le contó todo.

La señora decidió denunciarlo en la misma subdelegación donde estaba destacado. En el inmueble estaba Marlon ataviado con el uniforme azul oscuro con el que juró servir y proteger a sus conciudadanos. Fue capturado y remitido a una bartolina.

Otro caso en el que un policía se aprovechó de su investidura para cometer un delito sexual es el de un agente al que llamaremos Orlando, todavía a la espera de una sentencia en firme. Según la víctima, conocía al imputado desde hacía un tiempo, periodo en el que, constantemente, le insinuó su deseo por ella. Él ya le había dicho que era policía y que podía encontrarlo en una delegación de San Salvador.

La víctima fue capturada en mayo de 2013 en un procedimiento por extorsión y llevada, precisamente, a las bartolinas de esa sede policial. Como uno de los encargados de los reos estaba el agente Orlando. Desde que entró, cuenta la víctima, le dijo que no iba a dejar pasar esa oportunidad para cumplir sus deseos: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”

Tribunales. Entre 2012 y 2016 hubo 18 procesos contra policías por delitos contra la libertad sexual. El Estado ha sido denunciado ante la CIDH por ejecuciones extrajudiciales.

A las 9 de la noche de ese día, el hombre, solo vestido con una camisa y en ropa interior, fue a acostarse a la misma colchoneta donde estaba la víctima. Ella, que ya estaba dormida, logró despertarse y le exigió que se alejara. Para su sorpresa, el agente se fue después de no mucha insistencia.

Pero el acoso no terminó allí: más tarde, mientras ella dormía de lado, fue despertada por una mano en su pierna, que la haló obligándola a quedar boca arriba. Era, de nuevo, el policía, quien alcanzó a desabrocharle la pretina de su pantalón para tocarle su vagina. Ella forcejeó y se defendió como pudo, por lo que las cosas no pasaron a más. El acoso, dice la víctima, no terminó hasta que la otra agente que estaba a cargo de la bartolina en ese turno la auxilió, llevándosela al cuarto donde ella descansaba. El testimonio de la señora fue apoyado por el de la mujer policía que también la custodiaba, no punto por punto, pero sí evidenció que la víctima, desde que entró, había advertido su temor hacia Orlando.

Si es encontrado culpable, el policía podría enfrentar hasta a 13 años de prisión, pues se trata de una agresión sexual agravada. El elemento que transforma la tipificación del delito es que la persona que cometió ese abuso era la “encargada de la guarda, protección y vigilancia de la víctima”.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Por eso es interesante cruzarlo con los datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública obtenidos por ORMUSA en su informe “Violencia Institucional contra las Mujeres. Avances y Desafíos”, publicado este año.

El periodo estudiado en dicho informe va desde enero de 2012 hasta marzo de 2016. En ese plazo, la inspectoría abrió 27 procesos administrativos por violación, 29 por agresión sexual y 34 por acoso sexual. Al analizar la información por año, es posible determinar que la apertura de procesos ha venido a la baja: con respecto de los tres delitos referidos, se pasó de 30 en 2012 a 17 en 2015, el último año entero contabilizado en la muestra.

Como ya se dijo arriba, no todos los casos se relacionan con policías y soldados en el marco de sus acciones en el terreno o aprovechándose de la investidura que les da su cargo. Pero según Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, en el derecho internacional existe una figura llamada principio de unicidad, en el que el Estado responde por los actos que cometen sus agentes dentro de su competencia, pero también al margen. En este sentido, el Estado no puede tener entre sus filas a alguien que vulnera la ley.

 

 

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Esta historia no trata sobre el abuso de un policía en el marco de sus funciones, pero da cuenta de las ventajas que un agente que pertenece a la corporación puede tener a la hora de enfrentar un proceso judicial.

Al policía lo llamaremos Arquímedes, pues el expediente judicial que recoge su caso protege su identidad utilizando solo las primeras letras de sus dos nombres y sus dos apellidos. Arquímedes fue condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de manera continuada a dos niños de 10 años de edad, quienes no lo conocían antes de que sucedieran los hechos.
El agente, además, se aprovechó de los recursos propios de su cargo para ejecutar los delitos: en tres de las cuatro ocasiones en que abusó de los niños, los amenazó son su pistola de equipo para que se sometieran a su voluntad. Luego aseguró su silencio al decirles que los asesinaría a ellos y a sus familias si contaban alguna cosa.

El agente fue capturado en flagrancia un poco después del mediodía del 29 de octubre de 2013. Ese día, la madre de uno de los niños llamó a la Policía para avisarles que el hombre que, según contaron los pequeños, había abusado sexualmente de ellos en al menos cuatro ocasiones se encontraba nuevamente en el lugar donde se habían perpetrado los abusos, de la misma forma que en las ocasiones anteriores, con su motocicleta detenida a un lado del desolado camino rural. Arquímedes fue liberado tras 72 horas, pero fue recapturado unos días después en la Subdirección de Tránsito Terrestre, la misma en la que servía.

Ya en el juicio, uno de los argumentos utilizados por la defensa para exonerar a su cliente de culpa fue que el imputado no era la misma persona a la que la Policía había capturado en flagrancia el 29 de octubre de 2013. La prueba que sustentaba las palabras de los abogados era el acta de registro de salidas que todo agente debe firmar cada vez que se retira de la sede policial donde labora.

En el acta correspondiente a esa fecha, sostenía la defensa, se reflejaba que Arquímedes había salido a la 1:30 de la tarde, por lo que era imposible que estuviera en el sitio donde se cometían los abusos a la hora en que se dio la captura.

El juez analizó con detenimiento el documento y concluyó que contaba con muchos elementos que apoyaban la tesis de que era falso; porque pudo observar, en un primer vistazo, que había una enmendadura con respecto de la fecha. Allí donde decía “29 de octubre de 2013” también se alcanzaba a observar “29 de diciembre”.

Al juzgador también le llamó la atención que el primer agente que se retiró ese día, el que aparece en la primera posición, indicó su salida a las 3 de la tarde. Arquímedes, que estaba muchas casillas más abajo en el puesto 16, puso como su hora de retirada la 1:30 de la tarde, hora y media más temprano. “Eso está como que en una carrera atlética de 100 metros le diéramos el primer lugar al número dieciséis”, escribió el juez.

Otra explicación a ese detalle la dio uno de los policías que declararon como testigos en el juicio, quien dijo que las actas de salida están en un área de la oficina a cargo del comandante de guardia y que este “a veces se ausentaba”, por lo que era posible que se anotara cualquier nombre sin ninguna supervisión.

La otra irregularidad fue en la rueda de reconocimiento del sospechoso. La defensa alegaba que debía eliminarse esa evidencia, pues los niños no habían identificado a Arquímedes en una primera oportunidad, el 7 de febrero de 2014, sino hasta en una segunda ocasión, justo un mes después.

Para el juez, este nuevo reconocimiento fue necesario porque el imputado, en la de febrero, se presentó al proceso con la barba y el pelo largos, lo que le daba un aspecto muy diferente a aquel con el que lo habían conocido los niños. Desde la Policía se informó que eso ocurrió porque Arquímedes no había podido rasurarse ni cortarse el cabello porque está prohibido hacerlo en el sitio donde guardaba prisión preventiva, las bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre.

 

“Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

 

El juzgador concluyó que se trataba de una artimaña, pues a las audiencias y al segundo reconocimiento sí había podido acudir sin barba y con el pelo recortado. El juez, además, se apoyó en el testimonio de uno de los adolescentes, que aseguró, de manera espontánea, haber podido reconocer a Arquímedes cuando lo capturaron en flagrancia el 29 de octubre de 2013. También aportó variadas descripciones físicas del imputado, sobre todo referentes a su voz y a la complexión musculosa de su cuerpo.

El juez, por tanto, dio por válidos los testimonios de ambos niños, que fueron certificados con multitud de pruebas testimoniales, documentales y con los peritajes físicos y psicológicos, que indicaron que se trataba de infantes abusados sexualmente.

El 12 de septiembre de 2014, Arquímedes escuchó su sentencia: 20 años por el delito de violación en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de uno de los infantes, pues se certificó que había existido penetración anal; 12 más por el de agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada contra el otro pequeño, quien manifestó que Arquímedes “le había rozado el pene en medio de las nalguitas”.

La defensa intentó impugnar la decisión, pero la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Santa Tecla, denegó lo solicitado y declaró en firme la sentencia del juez.

 

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Para Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, que un agente se valga de su rango para cometer un abuso tan grande como una agresión sexual es algo grave, pues se sale del marco de lo legal. No hay ninguna justificación. Sin embargo, sostiene, la institución a la que él dirige es una con “una disposición absoluta a investigar”. Algo que contrasta con las numerosas denuncias de víctimas de abusos, que sostienen que los mecanismos disciplinarios de los cuerpos de seguridad están hechos para la impunidad.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), asegura que, entre los muchos casos en los que acompaña la entidad, casi todos corresponden a ejecuciones extrajudiciales. No hay ni uno solo correspondiente a delitos de abuso sexual, aunque, comenta, eso “no quiere decir que no se estén dando”.

Sí afirma que en el marco de casos de malos tratos o detenciones arbitrarias, en 2017 hasta 14 jóvenes han denunciado que miembros de la PNC han introducido sus bastones en su ano, lo que constituye el delito de otras agresiones sexuales: “No sé si serán los únicos, pero han sido pasajes muy difíciles de confesar por parte de estas personas. La humillación es tanta que la víctima a veces no tiene la capacidad de transmitir todo eso”.

Para Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, es difícil conocer en toda su dimensión el fenómeno debido a que está marcado por una imposición de silencio, que se hace más intenso cuando el abuso viene de una figura de autoridad que está armada. “Creo que yo me sentiría menos amenazada frente a un juez que frente a un policía”, acota la experta.

La institución ha realizado una investigación entre 2015 y 2016 que les ha dejado un importante hallazgo, que se repite en los testimonios de varias mujeres, sobre todo menores de edad: que ahora en las comunidades dominadas por pandillas, las mujeres viven en una especie de limbo de fuerzas contrapuestas.

Por un lado, se enfrentan a los pandilleros, los que tienen cooptado el territorio e imponen su ley: algunas pueden ser tomadas como esclavas sexuales, pues son elegidas, no son ellas las que deciden tener relaciones íntimas con personas de estas estructuras. Por el otro lado, están los policías. Juárez pone un ejemplo y habla de testimonios en los que menores de edad comentan que, al salir de la escuela, hay policías o soldados que las acosan.

Al rechazarlos, cuenta Juárez, los miembros de los cuerpos de seguridad les insinúan que lo hacen porque son la pareja de un pandillero, y toman nota de su identidad y del lugar donde viven: “Ellas dicen ‘si no le hago caso, me siento amenazada porque ya saben dónde vivo, pero si les hago caso, los pandilleros verán que yo hablo con policías’. Para unos, entonces, es traidora; para otros es cómplice. Ese limbo está haciendo que el país retroceda al menos 60 años, porque las niñas están creciendo bajo un imaginario de no poder decir que no”.

Un contexto que, al recordar uno de los casos expuestos en estas páginas, hace pensar en la vida diaria como una enorme bartolina, una en la que, como ocurrió con la víctima en esa delegación, un policía le pueda decir a una mujer: “Hoy no te me escapas. ¿Quién te va a defender si vos estás a mi cargo?”.

Agresores sexuales.

El lento ocaso de Ana

Las tareas domésticas más simples le resultaban complicadas. El Parkinson tiene cinco etapas. Ana llegó hasta la etapa cuatro.

Cuando despertó, estaba en su cama. Las alucinaciones habían parado. Pero aún ningún músculo respondía. Así es la enfermedad de Parkinson. Y Ana Lilian Chacón, una exbibliotecaria, lo sufría.

A Ana, los anuncios fueron presentándosele con caídas repentinas y dolores de cabeza. Luego, todo fue abrupto, deterioro físico, pérdida de la razón, alucinaciones. “Parkinson es”, recuerda Rosario Chacón que le dijeron los médicos desde el inicio. Rosario, hermana de Ana, fue quien se dedicó a cuidarla.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa que destruye las neuronas y condena al paciente a la pérdida de la capacidad motora.

A Ana le costaba caminar. Olvidaba cosas. Se caía. Las tareas domésticas más simples le resultaban complicadas. El Parkinson tiene cinco etapas. Ana llegó hasta la etapa cuatro. Los especialistas describen los síntomas de esta etapa así: “Dificultad para caminar y mantener el equilibrio, se caen al pararse o girar, hay sensaciones dolorosas y la fatiga se incrementa, aparecen dificultades en la comunicación, surgen síntomas en relación con los fármacos, como los fenómenos on-off, discinesia y problemas de insomnio, alucinaciones, cuadros confusionales, etcétera”.

“Las alucinaciones eran parte de los daños colaterales de los medicamentos”, afirma Rosario.

Ana alucinaba con personas y animales que caminaban a su alrededor. Y cada vez su rigidez era más notable. Esos síntomas se fueron intensificando y lo único que se podía hacer era paliarlos, ya que este mal no tiene cura. La enfermedad debe su nombre a quien la describió en 1817, James Parkinson, y la definió como “parálisis agitante”. Refirió en este nombre dos de los síntomas principales: la rigidez (parálisis) y el temblor (agitación).

“Es increíble cómo a una mujer que trabajó por casi 30 años como bibliotecaria durante sus últimos años de vida hubo que volverle a enseñarle a prácticamente hacer todo”, dice Rosario, quien tuvo la maratónica tarea de incluso reenseñarle a caminar a una mujer de 80 años. Rosario, incluso, se vio afectada por la enfermedad ya que, siendo su cuidadora principal, se desgastó tanto en lo físico como en lo psicológico.

“Quizá luego de su fallecimiento me sentí más tranquila, pero el vacío que dejó fue enorme”, afirma. Y agrega cómo se sentía al observar a su hermana: “Frustración. ¿Cómo le puedo llamar a este sentimiento de ver cómo una persona pierde de un momento a otro su cordura?” Rosario Chacón aún no lo digiere. Observa viejas fotos de su hermana y no encuentra razón para entender por qué esa enfermedad fue tan cruel. “Acá todavía está enterita, aún platicaba coherentemente”, dice, mientras mira la foto de años atrás y suelta una lágrima. Ana murió el 21 de mayo de 2016.

Para poder conocer más sobre la enfermedad, Rosario y Ana buscaron ayuda en la Fundación Parkinson de El Salvador, una asociación civil con 20 años de lucha contra la enfermedad. “Durante años, la gente desconoció mucho sobre el Parkinson”, afirma Antonio Contreras, presidente de la asociación y quien tiene la enfermedad desde hace 25 años.

Considera que el trabajo que han hecho como asociación ha servido para visibilizar la enfermedad tanto en las instituciones de salud como para los pacientes y sus cuidadores.

“La atención hacia nosotros (en centros de salud) era más desorganizada y había pocos especialistas”, dice, y afirma que aún queda trabajo por hacer, ya que este mal requiere de mucha actualización, pues de forma constante se descubren nuevos tratamientos, tanto médicos como psicológicos.

“Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar”

Director. Roberto Salomón en las butacas del Teatro Luis Poma, espacio que dirige desde hace 15 años.

El plan era distinto. Roberto Salomón nació en una familia judía en El Salvador y su padre, un comerciante, creía que él, único varón de sus tres hijos, sería quien heredaría los negocios familiares. Él representaba a la nueva generación de empresarios de la familia, pero Roberto Salomón le apostó a un oficio que lo haría perder dinero: el teatro.

Antes de cumplir los 20 años supo que se dedicaría al arte. Empezó su formación en Estados Unidos y cuando volvió al país, a sus 24 años, el ministro de Educación Wálter Béneke le ofreció ser parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes en 1968. Durante las mañanas los estudiantes recibían sus clases académicas y por la tarde asistían a las prácticas de su especialidad en teatro, música o pintura. El proyecto terminó en 1997, cuando se graduó la última promoción de dicho bachillerato.

Bajo ese programa se educaron algunos de los principales actores y actrices que siguen llenando salas hasta la fecha. Pero el Bachillerato en Artes, de donde salieron varios rebeldes de la época, y su proyecto Actoteatro –una sala de teatro independiente– no eran bien vistos por la Guardia ni la Policía Nacional. En 1980, él y sus socios decidieron irse del país tras ser amenazados de muerte.

Han pasado casi cuatro décadas desde que alguien en el poder le ordenó dejar de molestar con su trabajo. Pero eso no significa que, a juicio de Salomón, el teatro haya sido reconocido como un oficio legítimo. “Tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura”, dice desde las butacas del espacio que dirige, el Teatro Luis Poma. En medio del silencio de esta sala de teatro vacía sostiene con voz baja que su generación estaba segura de que era posible cambiar al mundo, y que hoy, en una época donde todo parece estar en crisis, le sorprende que haya quienes aún siguen creyendo que ese plan es posible.

Usted ha dicho que el teatro está en crisis desde hace miles de años, ¿por qué alguien como usted, que podría haber tenido su vida resuelta, decidió entrar a ese mundo de crisis?
Cuando uno sufre golpes muy fuertes en la niñez, la ficción es una tabla de salvación y el teatro es una ficción. La niñez golpeada necesita de juegos. Esa resiliencia para mí fue el teatro.

Cuando usted tenía 24 años fue parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes. Además del apoyo del ministro de Educación Wálter Béneke, ¿cuáles eran las condiciones que hacían posible el proyecto?
Escoger muy bien a la gente que iba a hacerlo. Estaba Magda Aguilar como directora, Roberto Huezo y Roberto Galicia en artes plásticas y yo en teatro. Era un equipo bueno.

No era que el país estuviera en una época de florecimiento.
No, para nada. Era uno de los momentos más críticos entre ANDES y el Gobierno.

Después de la caída de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, siguieron otros gobiernos de corte cívico militar en los que se lograron avances económicos a escala estatal, pero aumentaron la represión hacia los ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de Óscar Osorio (1950-1956), a pesar de ser liderado por un militar, se reconoce como uno de impulso a las artes. Durante ese periodo se becó a artistas para que estudiaran en el exterior. El Bachillerato en Artes se creó en el gobierno de Fidel Sánchez Hernández, quien fue presidente de 1967 a 1972, periodo en el que estaba activa la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), en la cual se aglutinaron grupos paramilitares que solían reprimir a la población.

Como actor. Roberto Salomón en 1975 mientras actuaba como el personaje de Creonte.

Parece que la lógica iba hacia un lado y este proyecto…
Es que es totalmente ilógico. Tuvimos 60 años de dictadura militar, ¿cuándo fue la mejor época de los programas culturales? Durante el periodo de Osorio. ¿Quién creó el Banco Central? Martínez. Hay una serie de contradicciones. Cuando nosotros estrenamos “Marat Sade” aquí el 13 de julio de 1970, estaba el presidente Fidel Sánchez Hernández sentado ahí. Y estábamos cantando “los generales a las farolas”.

La Policía Nacional los acusaba de crear una cuna de guerrilleros. ¿Alguna vez sintió una especie de culpa por este motivo?
Culpa, no. Si nosotros queríamos cambiar el mundo.

¿Cómo reaccionaba ante estas fuerzas policiales que sí buscaban culparlos a ustedes?
Nosotros teníamos un mandato del ministro de Educación de enseñarle a la gente a pensar. Entonces, después venía la Policía, la Guardia a llevarse a nuestros alumnos porque pensaban. ¡Porque los gobiernos no quieren gente que piense! Ningún gobierno quiere gente que piense.

¿Ahora tampoco?
¿Ahorita? ja, ja. Perdón, ¿qué porcentaje del gobierno va a educación? ¿Dónde están los proyectos de educación? Se lo dije al presidente en mi discurso de cuando me dieron el Premio Nacional de Cultura. Le dije: los problemas de El Salvador son tres, el primero es educación, el segundo es educación y el tercero es educación.

Si el Bachillerato en Artes se hizo posible en esas condiciones militares, ¿cree que las condiciones actuales son más favorables?
Es que los años sesenta eran la era del hippismo. Nosotros creíamos que podíamos cambiar el mundo. Ahorita nadie cree que puede cambiar el mundo con realidades como la que tenemos aquí en el país y realidades como (las que) se ven en el resto del mundo.
Ahora no es una época en la que hay proyectos. Yo admiro a algunos “millennials” que siguen con un optimismo tremendo, porque no hay proyectos de sociedad. Si uno tiene un medio dedo de frente, ya no le cree a nadie.

¿Cree que ese desencanto imposibilita que se armen proyectos así de fuertes como el Bachillerato en Artes ahora mismo?
Aquí, en el Teatro Luis Poma, estamos en un proyecto fuerte como país.

Hablo desde un impulso estatal.
¿Del Gobierno? No, es que tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura. Punto.

Decía que para la obra “Marat Sade” estaba Fidel Sánchez Hernández entre el público, ¿recuerda ver a algún funcionario aquí en los últimos años?
Asiduo no. Han venido de vez en cuando. Cuando hicimos las lecturas de las 24 horas del “Quijote”, vino Gerson Martínez, vino Ana Vilma Escobar, vinieron a leer. Pero no, venir asiduamente al teatro, no.

¿Eso puede servir como un termómetro?
Yo creo que la mayoría de la gente que tiene un poco de poder piensa que el arte es superfluo; así como los arquitectos son superfluos y, por eso, se ven una cantidad de horrores en San Salvador de ingenieros que piensan que no necesitan arquitectos, porque saben construir. Un ingeniero civil sabe construir, pero no necesariamente sabe diseñar. Hay gente que sabe hablar, pero no necesariamente sabe pensar.

Antes de dirigir el Teatro Luis Poma, Roberto Salomón creó Actoteatro junto a otros artistas. Ahí gestionaban obras teatrales, talleres y exposiciones. Además, el espacio tenía una librería y un restaurante. Salomón abandonó el país en 1980, tras recibir una amenaza vía telefónica. En el libro biográfico de Roberto Salomón, ese incidente se ha descrito así: “El mensaje decía algo parecido a ‘cierren esa mierda o los vamos a quemar’ (…) Tilly Shulz (una de sus socias) le pidió cita al futuro general Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional en ese entonces, (…) Sí, le dijo el militar, eso viene de nosotros y es porque ustedes tienen bailarinas comunistas en Actoteatro”.

Hablemos de la guerra. En su libro biográfico “Hippies de barranco” se lee que de los artistas que se fueron del país tras ser amenazados por su sala de teatro, Actoteatro, solo usted volvió. ¿En algún momento cuestionó el compromiso político de los que no volvieron?
Yo no cuestiono mucho lo que la otra gente hace. Cada quien tiene que construir su vida como mejor le parezca. Para mí siempre ha significado mucho más hacer teatro en El Salvador que hacerlo en otra parte. ¿Por qué? No te podría decir porque he tenido éxito en Estados Unidos, en Europa.

Cuando usted volvió tras estar exiliado, ¿se cuestionó si tenía sentido seguir haciendo esto?
Yo estaba dando clases en la Escuela Superior de Arte Dramático de Ginebra y mucha gente que me ve dice: “Y si a usted le iba tan bien allá, ¿por qué se viene aquí?” Para mí es un desprecio, una autoestima terrible. Pues yo vengo aquí porque para mí es más importante El Salvador que cualquier otra cosa.

Imagino que cuando responde eso encuentra caras de sorpresa.
Uno se acostumbra desde niño a que le digan que uno es burro por ser distinto. Si cuando me nombraron en el salón de la fama de la Escuela Americana, donde estudié, empecé mi discurso diciendo: no sé si a ustedes les parece raro, pero a mí sí me parece raro que alguien que fue expulsado tres veces de esta escuela hoy sea nombrado al salón de la fama. Al día siguiente estoy en el súper y un niño como de 12 años dice: “Mami, ese es el señor que expulsaron del colegio”.

¿Por qué lo expulsaron?
Por mal portado, por hiperactivo, por fumar en los terrenos del colegio. Siempre he sido hiperactivo. Ahorita estoy ensayando una obra y estoy en el casting de dos obras.

Visión. Salomón asegura que tiene ya agendados cuáles espectáculos se presentarán en el teatro hasta octubre del 2018.

¿El teatro puede ser indiferente ante los conflictos armados?
El teatro no es indiferente a nada. Yo nunca he hecho teatro comercial, es decir, teatro para ganar plata. Si viene público y la taquilla sale bien, pues enhorabuena, pero el objetivo no es la taquilla. El objetivo es hacer algo que comunique algo sobre la sociedad, eso incluso en las obras más cómicas.

Y si el objetivo fuera hacer dinero, ¿de cuánto sería la entrada?
Por lo menos $25 dólares.

¿Vendría alguien?
Para mí el patrocinio de la Fundación Poma en este teatro es de vital importancia. Era una de las condiciones por las cuales yo acepté este trabajo, porque no quiero hacer teatro para la gente que puede viajar y que, cuando viaja, no va al teatro. Son casos perdidos. El hecho de que este teatro exista ya es un milagro. El centro comercial creció alrededor del teatro y muy bien lo hubieran podido botar. Hay mucha gente que piensa en términos de negocio que le parece que lo que está haciendo la Fundación Poma es, en el mejor de los casos, una estupidez.

Jacinta Escudos escribió hace poco que muy bien por el apoyo al arte desde el público, pero que los artistas no pueden vivir solo de aplausos.
O me retuerzo cada vez que oigo a algunos actores decir al público “gracias por apoyarnos”. Eso no es cierto. ¿Cómo que el público nos está apoyando? Nosotros le estamos dando algo al público. Como dice Shakespeare, le estamos dando un espejo ante la naturaleza humana.

Pero, ¿cómo hacer que este trabajo sea sostenible para los actores y que no se convierta en una especie de mercancía?
Poco a poco. Con cierta ideología. Aquí jamás se ha hecho una obra comercial. Hay gente que dice que “El cavernícola” es comercial porque tiene éxito. “El cavernícola” es una reflexión sobre la sociedad que está hecha en un modo cómico. Teatro comercial es vestir medio chulonas a chicas bonitas, hacerlas desfilar en el escenario haciendo comedias totalmente estúpidas. En Guatemala y en Costa Rica sí se ha hecho teatro así porque solo así pudieron sobrevivir los teatros.

¿Cree que el Teatro Luis Poma ya alcanzó la madurez necesaria para sobrevivir sin usted?
No creo que las personas sean irremplazables. Si caigo muerto el día de mañana no veo por qué no va a seguir el proyecto mientras la gente quiera que siga.

Hace unos años, una artista decía, después de una presentación en la pequeña sala del Teatro Nacional, que entendía, aunque no compartía, que no se apoyara a las artes en un país con necesidades básicas que no están satisfechas.
No estoy de acuerdo. Las artes son esenciales y lo que pasa en el Teatro Nacional es que no ha construido un público. Esta obra de Alejandra Nolasco, “Los ausentes”, que se está presentando ahorita aquí, si la hubiéramos presentado hace 10 años no viene nadie, pero anoche 140 personas (vinieron) para ver una obra que habla de una cosa terrible y la gente sale llorando. Hemos construido ese público.

¿Y cómo conciliar al teatro como un derecho tan básico como la educación y la salud en este país que le desaparece hijos a las madres cuando no pueden pagar extorsiones de $60?
No es el trabajo del artista. Es el trabajo del Gobierno, del Estado. Pero los gobiernos de derecha siempre pensaron que el arte podía ser una cosa bonita, pero que los artistas son marginales, que pobrecitos, que son locos.

¿Eso lo intuyó o se lo dijeron alguna vez?
Toda la vida me han dicho. En el mejor de los casos para la gente de derecha yo soy un bruto. Ahora no, verdad, porque hay un cierto reconocimiento, pero cuando nosotros empezamos a hacer teatro aquí, no había ninguno. Y hay cierto sector de la izquierda que sigue pensando que el arte es elitista.
Entonces algunos lo llaman burgués y otros, revolucionario.
Así es.

¿No le importa ubicarse en ningún lado de ese espectro?
En lo absoluto. Es que la gente puede pensar lo que quiera, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo.

En 1997 usted dirigió y presentó “Sueño de una noche de verano”, en el Teatro Nacional. El presupuesto era de $10 mil del Gobierno suizo, $10 mil de CONCULTURA, $10 mil de butacas y otros miles de parte de la empresa privada. ¿Usted ha visto que se vuelva a montar una obra donde se mezcle tanta inversión?
No, es que las cosas solo funcionan en equipo. Eso lo logramos porque Roberto Galicia estaba en CONCULTURA y Ana Vilma de Choussy estaba en el Patronato. Entre los tres logramos. Yo logré lo del Gobierno suizo y Ana Vilma logró bancos y Roberto Galicia logró lo de CONCULTURA. Fue un voto a ciegas.

Trayectoria. Son 50 años de una vida dedicada al teatro. Ha trabajado como docente, traductor, director, actor y gestor cultural.

¿O sea que han pasado 20 años desde un riesgo de montaje tan grande?
Sí.

Para algunos, “Sueño de una noche de verano” era un ejemplo de lo que podría ser el teatro después de la guerra.
Claro. Había varias cosas: una era mostrar que el Bachillerato en Artes había servido de mucho y que había sido un error cerrarlo. Dos, mostrar lo que era posible hacer con la maquinaria del Teatro Nacional, porque ahora usted ve cosas en el Teatro Nacional que para qué le cuento, eso podría igual estar en el auditorio de cualquier escuelita que tenga un escenario. Está sobreequipado para el uso que se le da, pero esa es una elección que hace el Gobierno. La inacción es una decisión. También con esa obra quería manifestar la necesidad que había de una escuela y marcar un futuro para el teatro en El Salvador, pero ese futuro no se dio.

¿Por qué?
Y yo qué sé.

¿Pero por qué dice que no se dio?
Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar. Los que tienen que pavimentar son otros.

¿Se basa en el tipo de propuestas que hay, en el número de grupos que hay?
El único espacio que se maneja como teatro aquí en El Salvador es el Luis Poma. Porque aquí tú vienes con un espectáculo y tienes varios días para montar tu obra. Tú vas al Teatro Nacional y, si hay alguna orden superior que viene que te quitan la sala, te la quitan. Además, si el equipo técnico no tiene ganas de trabajar, pues no te van a trabajar. Lo único que hacen bien en el Teatro Nacional es el aspecto de limpieza y mantenimiento, los felicito por eso, porque no han dejado que se caiga.

El Teatro Nacional fue creado en 1917. Roberto Salomón fue su director y lideró la remodelación de ese espacio en 1975. Según ha declarado el artista, ese espacio necesitaba ser salvado. El edificio ya había servido como juzgado, alcaldía, policía municipal, radio y sala de cine. Una reseña de la Secretaría de Cultura (SECULTURA) afirma que para entonces incluso se alquilaban cuartos por hora dentro del teatro. En dos años se remodeló y fue reinaugurado en 1978. Tras el terremoto de 2001 permaneció cerrado hasta 2008. Su actual director es Tito Murcia y, de acuerdo con SECULTURA, ese espacio recibe a 4 mil visitantes por mes.

A Tito Murcia yo lo he oído decir que él no tiene ningún poder de decisión en el teatro, ¿entonces para qué es director? Lo ha dicho en una reunión oficial en la que estaban varios directores de distintos teatros. Está grabado. Tito Murcia puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no tiene el apoyo… el apoyo solo puede venir de arriba.

Hablemos de 2014 y su Premio Nacional de Cultura…
Me sorprendió recibirlo.

¿Por qué?
Yo incluso me negué a ser jurado de un Premio Nacional de Cultura y dije: no me parece que está claramente definido. ¿Se está premiando trayectoria, excelencia, logros, insistencia o se está premiando perdurar? Eso es bien difícil, sobre todo cuando solo hay un premio. Tenemos muchos problemas que vienen del hecho de que no hay una diversidad. El Premio Nacional de Cultura, como es el único premio, también quiere abarcarlo todo y no se puede.

Cuando me lo dieron a mí, muy bien se lo podían dar a Jorgelina Cerritos. Si se acababa de ganar el Premio Casa de las Américas. Vaya, pero se le da de dramaturgia, entonces es el premio nacional de dramaturgia.

Con el premio nacional de música, fue muy discutido eso de Yolocamba Ita. Fui a una reunión y dije “quiero que quede escrito, por favor, y me mandan una copia, de por qué yo no voy a participar en este jurado: es porque no me parece que las bases están claras. ¿Es para música popular, para composición, para trayectoria, para tradición?” Jamás recibí el escrito ese. No podés poner a los Hermanos Flores, Yolocamba Ita, a Elizabeth Trabanino y a Eduardo Fuentes, que son todos músicos, pero no los podés poner en un mismo canasto. Es como decir “¿cuál te gusta más: la guayaba o la carne?” Es totalmente absurdo.

Del recuerdo. En la fotografía aparecen junto al director los artistas Juan Barrera, Naara Salomón e Isabel Dada.

¿Hubo gente que coincidió con usted en esos puntos?
Sí, coincidieron varios, pero se quedaron.

En su discurso de aceptación del premio usted dijo que mientras más cambian las cosas en este país, más siguen iguales. Suena desencantado.
No, yo creo en la frase que Roberto Galicia dice: “Somos los mismos dándole la vuelta a la rueda de caballitos”. Aquí se dice que cambian muchas cosas, pero la verdad es que las cosas siempre siguen iguales. ¿Cómo usted se imagina que pueden haber escándalos tan grandes como los que hay en la Asamblea y que la gente no tenga que renunciar? Es que los escándalos son como agua que le cae en la espalda al pato, se sacuden y siguen caminando como patos.

Si usted pudiera hacer lo que fuera por el teatro en este país, ¿qué haría?
La formación estética desde la primera infancia. La educación artística desde el kínder hasta el bachillerato, financiar que compañías de teatro –porque además en El Salvador hay una cantidad de buenos actores– hagan giras por todas las casas de la cultura, equipar las casas de la cultura…

¿Usted cree que estamos dando algún paso hacia esas direcciones?
No.

¿Ninguno?
No, ja, ja.

¿Entonces cómo se podrían articular estos proyectos?
A mí me llamó el ministro de Educación para que yo diera clases a maestros los sábados durante dos años para que ellos pudieran enseñar teatro. Yo le pregunté si eso era voluntario o se les va a pagar, y me respondieron que era voluntario.

Explíqueme ¿por qué un maestro que está toda la semana lidiando con maras, lidiando con gente que no está interesada en asistir a sus clases, que nunca se ha interesado por el arte, que nunca han estado expuestas al arte, por qué van a querer encima venir a aportar sus sábados para eso? “Es que es obligatorio”. Ah, entonces, ¿no sería mejor en vez de que ellos fueran los que van a esas clases de teatro en el futuro, darle equivalencias a tanto artista apasionado que hay en El Salvador y darle un entrenamiento? “Ay, pero eso cuesta dinero”. Es que todo cuesta dinero, pero cuando viene el arte, entonces no hay, pero para Seguridad, para Defensa, para esto, para lo otro… es como cuando viene alguien con un café de $4 y viene a la boletería y dice: ¡Uy, qué caro!, $3.

Vestuario. Detrás del escenario del Luis Poma se encuentra un espacio donde se guarda escenografía y vestuario de obras pasadas. También hay entre la ropa atuendos que algunas personas donan para que el teatro disponga de ellos en caso de necesitarlos.