“Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar”

Director. Roberto Salomón en las butacas del Teatro Luis Poma, espacio que dirige desde hace 15 años.

El plan era distinto. Roberto Salomón nació en una familia judía en El Salvador y su padre, un comerciante, creía que él, único varón de sus tres hijos, sería quien heredaría los negocios familiares. Él representaba a la nueva generación de empresarios de la familia, pero Roberto Salomón le apostó a un oficio que lo haría perder dinero: el teatro.

Antes de cumplir los 20 años supo que se dedicaría al arte. Empezó su formación en Estados Unidos y cuando volvió al país, a sus 24 años, el ministro de Educación Wálter Béneke le ofreció ser parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes en 1968. Durante las mañanas los estudiantes recibían sus clases académicas y por la tarde asistían a las prácticas de su especialidad en teatro, música o pintura. El proyecto terminó en 1997, cuando se graduó la última promoción de dicho bachillerato.

Bajo ese programa se educaron algunos de los principales actores y actrices que siguen llenando salas hasta la fecha. Pero el Bachillerato en Artes, de donde salieron varios rebeldes de la época, y su proyecto Actoteatro –una sala de teatro independiente– no eran bien vistos por la Guardia ni la Policía Nacional. En 1980, él y sus socios decidieron irse del país tras ser amenazados de muerte.

Han pasado casi cuatro décadas desde que alguien en el poder le ordenó dejar de molestar con su trabajo. Pero eso no significa que, a juicio de Salomón, el teatro haya sido reconocido como un oficio legítimo. “Tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura”, dice desde las butacas del espacio que dirige, el Teatro Luis Poma. En medio del silencio de esta sala de teatro vacía sostiene con voz baja que su generación estaba segura de que era posible cambiar al mundo, y que hoy, en una época donde todo parece estar en crisis, le sorprende que haya quienes aún siguen creyendo que ese plan es posible.

Usted ha dicho que el teatro está en crisis desde hace miles de años, ¿por qué alguien como usted, que podría haber tenido su vida resuelta, decidió entrar a ese mundo de crisis?
Cuando uno sufre golpes muy fuertes en la niñez, la ficción es una tabla de salvación y el teatro es una ficción. La niñez golpeada necesita de juegos. Esa resiliencia para mí fue el teatro.

Cuando usted tenía 24 años fue parte del equipo fundador del Bachillerato en Artes. Además del apoyo del ministro de Educación Wálter Béneke, ¿cuáles eran las condiciones que hacían posible el proyecto?
Escoger muy bien a la gente que iba a hacerlo. Estaba Magda Aguilar como directora, Roberto Huezo y Roberto Galicia en artes plásticas y yo en teatro. Era un equipo bueno.

No era que el país estuviera en una época de florecimiento.
No, para nada. Era uno de los momentos más críticos entre ANDES y el Gobierno.

Después de la caída de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, siguieron otros gobiernos de corte cívico militar en los que se lograron avances económicos a escala estatal, pero aumentaron la represión hacia los ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de Óscar Osorio (1950-1956), a pesar de ser liderado por un militar, se reconoce como uno de impulso a las artes. Durante ese periodo se becó a artistas para que estudiaran en el exterior. El Bachillerato en Artes se creó en el gobierno de Fidel Sánchez Hernández, quien fue presidente de 1967 a 1972, periodo en el que estaba activa la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), en la cual se aglutinaron grupos paramilitares que solían reprimir a la población.

Como actor. Roberto Salomón en 1975 mientras actuaba como el personaje de Creonte.

Parece que la lógica iba hacia un lado y este proyecto…
Es que es totalmente ilógico. Tuvimos 60 años de dictadura militar, ¿cuándo fue la mejor época de los programas culturales? Durante el periodo de Osorio. ¿Quién creó el Banco Central? Martínez. Hay una serie de contradicciones. Cuando nosotros estrenamos “Marat Sade” aquí el 13 de julio de 1970, estaba el presidente Fidel Sánchez Hernández sentado ahí. Y estábamos cantando “los generales a las farolas”.

La Policía Nacional los acusaba de crear una cuna de guerrilleros. ¿Alguna vez sintió una especie de culpa por este motivo?
Culpa, no. Si nosotros queríamos cambiar el mundo.

¿Cómo reaccionaba ante estas fuerzas policiales que sí buscaban culparlos a ustedes?
Nosotros teníamos un mandato del ministro de Educación de enseñarle a la gente a pensar. Entonces, después venía la Policía, la Guardia a llevarse a nuestros alumnos porque pensaban. ¡Porque los gobiernos no quieren gente que piense! Ningún gobierno quiere gente que piense.

¿Ahora tampoco?
¿Ahorita? ja, ja. Perdón, ¿qué porcentaje del gobierno va a educación? ¿Dónde están los proyectos de educación? Se lo dije al presidente en mi discurso de cuando me dieron el Premio Nacional de Cultura. Le dije: los problemas de El Salvador son tres, el primero es educación, el segundo es educación y el tercero es educación.

Si el Bachillerato en Artes se hizo posible en esas condiciones militares, ¿cree que las condiciones actuales son más favorables?
Es que los años sesenta eran la era del hippismo. Nosotros creíamos que podíamos cambiar el mundo. Ahorita nadie cree que puede cambiar el mundo con realidades como la que tenemos aquí en el país y realidades como (las que) se ven en el resto del mundo.
Ahora no es una época en la que hay proyectos. Yo admiro a algunos “millennials” que siguen con un optimismo tremendo, porque no hay proyectos de sociedad. Si uno tiene un medio dedo de frente, ya no le cree a nadie.

¿Cree que ese desencanto imposibilita que se armen proyectos así de fuertes como el Bachillerato en Artes ahora mismo?
Aquí, en el Teatro Luis Poma, estamos en un proyecto fuerte como país.

Hablo desde un impulso estatal.
¿Del Gobierno? No, es que tenemos un Gobierno al que no le interesa la cultura. Punto.

Decía que para la obra “Marat Sade” estaba Fidel Sánchez Hernández entre el público, ¿recuerda ver a algún funcionario aquí en los últimos años?
Asiduo no. Han venido de vez en cuando. Cuando hicimos las lecturas de las 24 horas del “Quijote”, vino Gerson Martínez, vino Ana Vilma Escobar, vinieron a leer. Pero no, venir asiduamente al teatro, no.

¿Eso puede servir como un termómetro?
Yo creo que la mayoría de la gente que tiene un poco de poder piensa que el arte es superfluo; así como los arquitectos son superfluos y, por eso, se ven una cantidad de horrores en San Salvador de ingenieros que piensan que no necesitan arquitectos, porque saben construir. Un ingeniero civil sabe construir, pero no necesariamente sabe diseñar. Hay gente que sabe hablar, pero no necesariamente sabe pensar.

Antes de dirigir el Teatro Luis Poma, Roberto Salomón creó Actoteatro junto a otros artistas. Ahí gestionaban obras teatrales, talleres y exposiciones. Además, el espacio tenía una librería y un restaurante. Salomón abandonó el país en 1980, tras recibir una amenaza vía telefónica. En el libro biográfico de Roberto Salomón, ese incidente se ha descrito así: “El mensaje decía algo parecido a ‘cierren esa mierda o los vamos a quemar’ (…) Tilly Shulz (una de sus socias) le pidió cita al futuro general Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional en ese entonces, (…) Sí, le dijo el militar, eso viene de nosotros y es porque ustedes tienen bailarinas comunistas en Actoteatro”.

Hablemos de la guerra. En su libro biográfico “Hippies de barranco” se lee que de los artistas que se fueron del país tras ser amenazados por su sala de teatro, Actoteatro, solo usted volvió. ¿En algún momento cuestionó el compromiso político de los que no volvieron?
Yo no cuestiono mucho lo que la otra gente hace. Cada quien tiene que construir su vida como mejor le parezca. Para mí siempre ha significado mucho más hacer teatro en El Salvador que hacerlo en otra parte. ¿Por qué? No te podría decir porque he tenido éxito en Estados Unidos, en Europa.

Cuando usted volvió tras estar exiliado, ¿se cuestionó si tenía sentido seguir haciendo esto?
Yo estaba dando clases en la Escuela Superior de Arte Dramático de Ginebra y mucha gente que me ve dice: “Y si a usted le iba tan bien allá, ¿por qué se viene aquí?” Para mí es un desprecio, una autoestima terrible. Pues yo vengo aquí porque para mí es más importante El Salvador que cualquier otra cosa.

Imagino que cuando responde eso encuentra caras de sorpresa.
Uno se acostumbra desde niño a que le digan que uno es burro por ser distinto. Si cuando me nombraron en el salón de la fama de la Escuela Americana, donde estudié, empecé mi discurso diciendo: no sé si a ustedes les parece raro, pero a mí sí me parece raro que alguien que fue expulsado tres veces de esta escuela hoy sea nombrado al salón de la fama. Al día siguiente estoy en el súper y un niño como de 12 años dice: “Mami, ese es el señor que expulsaron del colegio”.

¿Por qué lo expulsaron?
Por mal portado, por hiperactivo, por fumar en los terrenos del colegio. Siempre he sido hiperactivo. Ahorita estoy ensayando una obra y estoy en el casting de dos obras.

Visión. Salomón asegura que tiene ya agendados cuáles espectáculos se presentarán en el teatro hasta octubre del 2018.

¿El teatro puede ser indiferente ante los conflictos armados?
El teatro no es indiferente a nada. Yo nunca he hecho teatro comercial, es decir, teatro para ganar plata. Si viene público y la taquilla sale bien, pues enhorabuena, pero el objetivo no es la taquilla. El objetivo es hacer algo que comunique algo sobre la sociedad, eso incluso en las obras más cómicas.

Y si el objetivo fuera hacer dinero, ¿de cuánto sería la entrada?
Por lo menos $25 dólares.

¿Vendría alguien?
Para mí el patrocinio de la Fundación Poma en este teatro es de vital importancia. Era una de las condiciones por las cuales yo acepté este trabajo, porque no quiero hacer teatro para la gente que puede viajar y que, cuando viaja, no va al teatro. Son casos perdidos. El hecho de que este teatro exista ya es un milagro. El centro comercial creció alrededor del teatro y muy bien lo hubieran podido botar. Hay mucha gente que piensa en términos de negocio que le parece que lo que está haciendo la Fundación Poma es, en el mejor de los casos, una estupidez.

Jacinta Escudos escribió hace poco que muy bien por el apoyo al arte desde el público, pero que los artistas no pueden vivir solo de aplausos.
O me retuerzo cada vez que oigo a algunos actores decir al público “gracias por apoyarnos”. Eso no es cierto. ¿Cómo que el público nos está apoyando? Nosotros le estamos dando algo al público. Como dice Shakespeare, le estamos dando un espejo ante la naturaleza humana.

Pero, ¿cómo hacer que este trabajo sea sostenible para los actores y que no se convierta en una especie de mercancía?
Poco a poco. Con cierta ideología. Aquí jamás se ha hecho una obra comercial. Hay gente que dice que “El cavernícola” es comercial porque tiene éxito. “El cavernícola” es una reflexión sobre la sociedad que está hecha en un modo cómico. Teatro comercial es vestir medio chulonas a chicas bonitas, hacerlas desfilar en el escenario haciendo comedias totalmente estúpidas. En Guatemala y en Costa Rica sí se ha hecho teatro así porque solo así pudieron sobrevivir los teatros.

¿Cree que el Teatro Luis Poma ya alcanzó la madurez necesaria para sobrevivir sin usted?
No creo que las personas sean irremplazables. Si caigo muerto el día de mañana no veo por qué no va a seguir el proyecto mientras la gente quiera que siga.

Hace unos años, una artista decía, después de una presentación en la pequeña sala del Teatro Nacional, que entendía, aunque no compartía, que no se apoyara a las artes en un país con necesidades básicas que no están satisfechas.
No estoy de acuerdo. Las artes son esenciales y lo que pasa en el Teatro Nacional es que no ha construido un público. Esta obra de Alejandra Nolasco, “Los ausentes”, que se está presentando ahorita aquí, si la hubiéramos presentado hace 10 años no viene nadie, pero anoche 140 personas (vinieron) para ver una obra que habla de una cosa terrible y la gente sale llorando. Hemos construido ese público.

¿Y cómo conciliar al teatro como un derecho tan básico como la educación y la salud en este país que le desaparece hijos a las madres cuando no pueden pagar extorsiones de $60?
No es el trabajo del artista. Es el trabajo del Gobierno, del Estado. Pero los gobiernos de derecha siempre pensaron que el arte podía ser una cosa bonita, pero que los artistas son marginales, que pobrecitos, que son locos.

¿Eso lo intuyó o se lo dijeron alguna vez?
Toda la vida me han dicho. En el mejor de los casos para la gente de derecha yo soy un bruto. Ahora no, verdad, porque hay un cierto reconocimiento, pero cuando nosotros empezamos a hacer teatro aquí, no había ninguno. Y hay cierto sector de la izquierda que sigue pensando que el arte es elitista.
Entonces algunos lo llaman burgués y otros, revolucionario.
Así es.

¿No le importa ubicarse en ningún lado de ese espectro?
En lo absoluto. Es que la gente puede pensar lo que quiera, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo.

En 1997 usted dirigió y presentó “Sueño de una noche de verano”, en el Teatro Nacional. El presupuesto era de $10 mil del Gobierno suizo, $10 mil de CONCULTURA, $10 mil de butacas y otros miles de parte de la empresa privada. ¿Usted ha visto que se vuelva a montar una obra donde se mezcle tanta inversión?
No, es que las cosas solo funcionan en equipo. Eso lo logramos porque Roberto Galicia estaba en CONCULTURA y Ana Vilma de Choussy estaba en el Patronato. Entre los tres logramos. Yo logré lo del Gobierno suizo y Ana Vilma logró bancos y Roberto Galicia logró lo de CONCULTURA. Fue un voto a ciegas.

Trayectoria. Son 50 años de una vida dedicada al teatro. Ha trabajado como docente, traductor, director, actor y gestor cultural.

¿O sea que han pasado 20 años desde un riesgo de montaje tan grande?
Sí.

Para algunos, “Sueño de una noche de verano” era un ejemplo de lo que podría ser el teatro después de la guerra.
Claro. Había varias cosas: una era mostrar que el Bachillerato en Artes había servido de mucho y que había sido un error cerrarlo. Dos, mostrar lo que era posible hacer con la maquinaria del Teatro Nacional, porque ahora usted ve cosas en el Teatro Nacional que para qué le cuento, eso podría igual estar en el auditorio de cualquier escuelita que tenga un escenario. Está sobreequipado para el uso que se le da, pero esa es una elección que hace el Gobierno. La inacción es una decisión. También con esa obra quería manifestar la necesidad que había de una escuela y marcar un futuro para el teatro en El Salvador, pero ese futuro no se dio.

¿Por qué?
Y yo qué sé.

¿Pero por qué dice que no se dio?
Los tractores solo podemos abrir brecha, no podemos pavimentar. Los que tienen que pavimentar son otros.

¿Se basa en el tipo de propuestas que hay, en el número de grupos que hay?
El único espacio que se maneja como teatro aquí en El Salvador es el Luis Poma. Porque aquí tú vienes con un espectáculo y tienes varios días para montar tu obra. Tú vas al Teatro Nacional y, si hay alguna orden superior que viene que te quitan la sala, te la quitan. Además, si el equipo técnico no tiene ganas de trabajar, pues no te van a trabajar. Lo único que hacen bien en el Teatro Nacional es el aspecto de limpieza y mantenimiento, los felicito por eso, porque no han dejado que se caiga.

El Teatro Nacional fue creado en 1917. Roberto Salomón fue su director y lideró la remodelación de ese espacio en 1975. Según ha declarado el artista, ese espacio necesitaba ser salvado. El edificio ya había servido como juzgado, alcaldía, policía municipal, radio y sala de cine. Una reseña de la Secretaría de Cultura (SECULTURA) afirma que para entonces incluso se alquilaban cuartos por hora dentro del teatro. En dos años se remodeló y fue reinaugurado en 1978. Tras el terremoto de 2001 permaneció cerrado hasta 2008. Su actual director es Tito Murcia y, de acuerdo con SECULTURA, ese espacio recibe a 4 mil visitantes por mes.

A Tito Murcia yo lo he oído decir que él no tiene ningún poder de decisión en el teatro, ¿entonces para qué es director? Lo ha dicho en una reunión oficial en la que estaban varios directores de distintos teatros. Está grabado. Tito Murcia puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no tiene el apoyo… el apoyo solo puede venir de arriba.

Hablemos de 2014 y su Premio Nacional de Cultura…
Me sorprendió recibirlo.

¿Por qué?
Yo incluso me negué a ser jurado de un Premio Nacional de Cultura y dije: no me parece que está claramente definido. ¿Se está premiando trayectoria, excelencia, logros, insistencia o se está premiando perdurar? Eso es bien difícil, sobre todo cuando solo hay un premio. Tenemos muchos problemas que vienen del hecho de que no hay una diversidad. El Premio Nacional de Cultura, como es el único premio, también quiere abarcarlo todo y no se puede.

Cuando me lo dieron a mí, muy bien se lo podían dar a Jorgelina Cerritos. Si se acababa de ganar el Premio Casa de las Américas. Vaya, pero se le da de dramaturgia, entonces es el premio nacional de dramaturgia.

Con el premio nacional de música, fue muy discutido eso de Yolocamba Ita. Fui a una reunión y dije “quiero que quede escrito, por favor, y me mandan una copia, de por qué yo no voy a participar en este jurado: es porque no me parece que las bases están claras. ¿Es para música popular, para composición, para trayectoria, para tradición?” Jamás recibí el escrito ese. No podés poner a los Hermanos Flores, Yolocamba Ita, a Elizabeth Trabanino y a Eduardo Fuentes, que son todos músicos, pero no los podés poner en un mismo canasto. Es como decir “¿cuál te gusta más: la guayaba o la carne?” Es totalmente absurdo.

Del recuerdo. En la fotografía aparecen junto al director los artistas Juan Barrera, Naara Salomón e Isabel Dada.

¿Hubo gente que coincidió con usted en esos puntos?
Sí, coincidieron varios, pero se quedaron.

En su discurso de aceptación del premio usted dijo que mientras más cambian las cosas en este país, más siguen iguales. Suena desencantado.
No, yo creo en la frase que Roberto Galicia dice: “Somos los mismos dándole la vuelta a la rueda de caballitos”. Aquí se dice que cambian muchas cosas, pero la verdad es que las cosas siempre siguen iguales. ¿Cómo usted se imagina que pueden haber escándalos tan grandes como los que hay en la Asamblea y que la gente no tenga que renunciar? Es que los escándalos son como agua que le cae en la espalda al pato, se sacuden y siguen caminando como patos.

Si usted pudiera hacer lo que fuera por el teatro en este país, ¿qué haría?
La formación estética desde la primera infancia. La educación artística desde el kínder hasta el bachillerato, financiar que compañías de teatro –porque además en El Salvador hay una cantidad de buenos actores– hagan giras por todas las casas de la cultura, equipar las casas de la cultura…

¿Usted cree que estamos dando algún paso hacia esas direcciones?
No.

¿Ninguno?
No, ja, ja.

¿Entonces cómo se podrían articular estos proyectos?
A mí me llamó el ministro de Educación para que yo diera clases a maestros los sábados durante dos años para que ellos pudieran enseñar teatro. Yo le pregunté si eso era voluntario o se les va a pagar, y me respondieron que era voluntario.

Explíqueme ¿por qué un maestro que está toda la semana lidiando con maras, lidiando con gente que no está interesada en asistir a sus clases, que nunca se ha interesado por el arte, que nunca han estado expuestas al arte, por qué van a querer encima venir a aportar sus sábados para eso? “Es que es obligatorio”. Ah, entonces, ¿no sería mejor en vez de que ellos fueran los que van a esas clases de teatro en el futuro, darle equivalencias a tanto artista apasionado que hay en El Salvador y darle un entrenamiento? “Ay, pero eso cuesta dinero”. Es que todo cuesta dinero, pero cuando viene el arte, entonces no hay, pero para Seguridad, para Defensa, para esto, para lo otro… es como cuando viene alguien con un café de $4 y viene a la boletería y dice: ¡Uy, qué caro!, $3.

Vestuario. Detrás del escenario del Luis Poma se encuentra un espacio donde se guarda escenografía y vestuario de obras pasadas. También hay entre la ropa atuendos que algunas personas donan para que el teatro disponga de ellos en caso de necesitarlos.

El llamado de la poesía

Educación. Vladimir lee un poema de su libro “Tufo” a alumnas del Instituto Nacional Francisco Morazán, en San Salvador. Tras ello, responde preguntas de las adolescentes.
La obra. Vladimir posa con sus libros de obra propia y antológicos, que han sido publicados en sellos como la DPI, Índole Editores, Zeugma, Laberinto y Equizzero.

“Tengo la sensación de que timé a mi familia. Bien hubiera podido ser un doctor, un abogado o un comerciante, algo que me diera ingresos fijos, algo que me permitiera independizarme de la casa de mi madre. Pero les salí poeta”, comenta Vladimir Amaya frente a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional Francisco Morazán, para las que ha llegado a leer su quinto libro de poemas, “Tufo”.

Lo hace mientras comparte, por tercera vez en esta semana, su obra con jóvenes de educación media, que dentro de un momento lo acribillarán con preguntas relacionadas, sobre todo, con el milagroso hecho de hacer poesía en El Salvador.

Son las palabras expresadas por la misma persona a la que voces tan importantes como las de Miguel Huezo Mixco, Otoniel Guevara o David Escobar Galindo consideran una de las mejores plumas de la Centroamérica actual, el llamado a inscribir su nombre con letras doradas en la tradición de la gran poesía latinoamericana.

A sus 32 años, Vladimir puede jactarse de que su nombre está inscrito al frente de al menos una treintena de volúmenes. Ocho de ellos corresponden a su obra poética original, una que comenzó con “Los ángeles anémicos” (2010), reflexión en verso de los dos extremos que moldearon su fe: una madre católica hasta los tuétanos y un padre que se declaró ateo “a los 14 años”, según el mismo lo cuenta.

Luego han venido otros títulos que comparten con el primero una característica primordial: una unidad en tono, atmósfera y tema que no admite concesiones. En una época en que la poesía y el arte en general se han inclinado por el signo de la divagación, la apuesta técnica de Amaya es una declaración de rebeldía. Una que se funda en el rigor.

El mismo rigor que le ha aplicado a una de las facetas por las que es más conocido: la de antologador. O, si se permite la licencia, de arqueólogo de la cultura, uno que bebe de las más variadas fuentes para ordenar, sistematizar y actualizar el corpus de la poesía que se ha escrito en El Salvador, y hacerlo para un nuevo público, uno que quizá todavía ignore la magnitud del esfuerzo.

Un esfuerzo en el que dialoga y critica a esa lista de grandes autores, de grandes títulos a los que se debe leer. Ese corpus que se conoce como canon, que, según la historiadora Elena Salamanca, fue instaurado en la década del treinta del siglo pasado. Así, Amaya incluye, por ejemplo, a autores que hablaron de la masacre del 32 apenas unos años después de ocurrida.

Hasta el momento, Amaya ha publicado seis títulos en los que reúne la obra ajena de sus compatriotas de todas las épocas. El primero de ellos fue “Una madrugada del siglo XXI” (2010), una suerte de carta de presentación de los poetas que integran su misma generación. Allí asomaron la cabeza algunos de los nombres que hoy definen la poesía que se escribe en El Salvador, como Mario Zetino.

Pero ninguno es tan ambicioso como “Torre de Babel”, al que le ha colocado el curioso subtítulo de “Antología de la poesía salvadoreña joven de antaño”.

Un edificio de libros. Los 18 tomos de “Torre de Babel” inician con un prólogo, “El exordio oscuro”, que ocupa todo el primer volumen de la colección.

Dieciocho tomos en los que rescata a los escritores que nacieron incluso cuando esta parcela de tierra no era llamada aún El Salvador, como Isaac Ruiz Araujo, considerado como el primer poeta lírico en la historia nacional. Para esa parte, la más alejada en el tiempo, sus fuentes principales, como lo declara el compilador, fueron las dos más antiguas antologías de la producción nacional: “Guirnalda salvadoreña” y “Parnaso salvadoreño”. Pero su mayor aporte para ese periodo es, quizá, la inclusión de dos autoras mujeres que ya no estaban en el mapa: Antonia Galindo y Ana Dolores Arias.

Lo mismo pasa en los siguientes tomos. Las autoras femeninas ocupan un 30 por ciento del espacio total. Un porcentaje importante teniendo en cuenta la sociedad en la que desarrollaron su obra, una en la que el talento femenino ha sido tradicionalmente suprimido.
La muestra llega hasta los poetas nacidos en las últimas dos décadas del siglo XX, a los que agrupa en “Los huérfanos grises”, donde la mayoría de autores son mujeres.

“Torre de Babel” es, sin duda, la más completa compilación de poesía que se ha hecho en toda la historia de El Salvador, que bebe de todos los trabajos precedentes. Pero no solo eso: también va a las fuentes originales y rescata nombres que el olvido y el polvo parecían ya tener atados en sus dominios.

“Lo que puedo decirte es que es un esfuerzo titánico, ese adjetivo le viene bien. Un esfuerzo en apariencia inconmensurable que se hizo conmensurable porque él lo pudo reunir a través de varios tomos”, comenta Elena Salamanca, quien también ha sido incluida en las antologías.

 

Un esfuerzo de un solo hombre

Para erigir su edificio, en el que caben cientos de autores, Vladimir Amaya no contó con más que con él mismo y los días y noches que le dejaba libres la carrera de Licenciatura en Letras.

En este restaurante de San Salvador, Amaya recuerda cómo fue esa aventura, una que justo en 2017 cumple 10 años de iniciada. Jornadas y jornadas enteras de búsqueda en pequeñas bibliotecas municipales o en antologías ya olvidas y que solo se conocían en la ciudad en la que fueron compuestas, o en las más variadas publicaciones periódicas de los pasados dos siglos. Allí encontró poetas populares que eran conocidos solo en sus lugares de origen, como Sonsonate y Morazán.

Cuando los celulares con cámaras aún no eran tan accesibles, Amaya tuvo que echar mano de lo más básico y barato: lapiceros y un cuaderno para anotar, de su puño y letra, cientos y cientos de versos. Luego, al llegar a casa, los transcribía en su computadora. Así se fue haciendo de un envidiable material, que, por cierto, solo en un pequeño porcentaje ha sido publicado en “Torre de Babel”.

Quizá la tarea más ardua fue la de compilar lo que estaba fuera del centro. Ir hasta bibliotecas de Morazán o de La Unión lo más temprano posible para aprovechar el día. Salir de madrugada en los buses interdepartamentales pagados de su propio bolsillo. Regresar hasta muy tarde, inseguro de que hubiera podido recopilar todo lo posible en esta visita. Volver y volver hasta estar satisfecho. Luego, sí, vino el celular con cámara o la cámara fotográfica accesible para ahorrar algo de tiempo. Así continuó hasta 2015, cuando pudo ver impreso su trabajo de ocho años.

“A este trabajo le entregué mi juventud. Por este trabajo no he sido una persona normal. No he salido a fiestas, no he buscado otras formas de ganarme la vida. No he recibido ningún pago, pero fue algo que me propuse hacer y me alegra haberlo completado”, comenta Vladimir, mientras con un tenedor toma otro trozo de pan dulce.

Lo que ha compilado es historia nacional. Por eso, lo más lógico es que el esfuerzo, ya terminado, fuera acuerpado por una institución gubernamental o una empresa privada preocupada por la cultura en El Salvador. No fue así.

“Torre de Babel” fue editado e impreso por una pequeña y artesanal editorial llamada Equizzero. Fue fundada por dos jóvenes de la generación de Amaya, Omar Chávez y Carlos Flores, otros “locos” de la poesía que comparten con su colega el amor por los proyectos en apariencia improbables.

Equizzero no es un lugar, es una idea. Cada quien trabaja en su casa. Los materiales se imprimen en negocios ajenos y echando mano de la creatividad para bajar costos. Así, cada tomo de “Torre de Babel”, empastado en un sencillo papel blanco, puede comprarse a unos $3. Previa petición a la editorial, pues los libros están permanentemente agotados.

En una entrevista realizada por la revista Contracultura en 2013, justo antes de graduarse como licenciado en Letras, Amaya resentía la apatía del Estado con respecto de su trabajo: “Por esto (Vladimir toma la antología ‘Perdidos y olvidados’ entre sus manos) ya hubiera tenido alguna propuesta, un trabajo pequeño pero en el área, por parte de alguna entidad cultural, privada o del Estado; eso en otra parte del mundo pero aquí no”. Tenía miedo de que su único destino fuera ser profesor de Literatura, algo que no le iba a dejar tiempo para hacer su proyecto.

Ahora, cuatro años después y tras la publicación de “Torre de Babel”, Vladimir sonríe al recordar esas palabras y sopesa las ventajas de que haya sido un proyecto que se publicó con esfuerzos suyos y de sus compañeros de generación. Si no hubiera sido así, no hubieran contado con la misma libertad. El Estado le dio una oportunidad a Vladimir hasta el año pasado, cuando lo nombró director de la revista Cultura, un puesto de medio tiempo.

Para el poeta Otoniel Guevara, esto, el abandono de instituciones gubernamentales y privadas a un esfuerzo como el de Vladimir, ha sido la norma en El Salvador. Lo que apoya la historiadora Elena Salamanca, quien para ejemplificar esa tesis explica que la única antología precedente a las de Amaya que fue apoyada por el Estado fue “Guirnalda salvadoreña” (1884), de Román Mayorga Rivas. Pero esta tuvo un objetivo más político que artístico: el presidente de entonces, Rafael Zaldívar, quería dotar de referentes identitarios a la recién nacida República de El Salvador. Pero la crítica de Otoniel Guevara va más allá, al observar la labor presente de la editorial estatal, la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI).

“La DPI te sale con cosas como que no tienen papel para imprimir. Y la oferta literaria, las novedades son pírricas. Vladimir Amaya ha publicado más novedades que la DPI en los últimos cinco años. Me atrevería a decir que es más institución Vladimir Amaya que la DPI en materia de publicación”, asegura Guevara.

Algo parecido opina el escritor Miguel Huezo Mixco, quien define a Amaya como el autor que más está trabajando para conectar la poesía salvadoreña del siglo XXI con su tradición literaria.

“Vladimir está haciendo lo que debiera corresponderle a la editorial del Estado. Esfuerzos independientes de documentar, estudiar y poner en valor la literatura, como el de Vladimir o el de Claudia Cristiani, con AccesArte, están llenando el vacío dejado por el Estado”, afirma el escritor.

 

Contra la noción de olvido

Elena Salamanca está en contra de una noción nombrada comúnmente para referirse a El Salvador. La de que en este país no existe memoria, que es el olvido el que prevalece. La académica cataloga lo anterior como un vicio de análisis.

Según la historiadora, el verdadero problema es que le creemos demasiado a la historia oficial o, lo que es su equivalente en la poesía, al canon, establecido, según comenta, en la década del treinta y en el que se incluye solo a una mujer, Claudia Lars. Para ella, el gran obstáculo es atreverse a cuestionarlo.

“‘Torre de Babel’ es importante porque dialoga con ese canon y lo cuestiona porque trae a cuenta a otros artistas que desaparecieron de él, otros autores, otras voces”, asegura Salamanca. Por lo tanto, para la académica la labor de Amaya es una de disrupción, de romper con lo establecido y con la retórica dominante, ir a la periferia para demostrar que no toda la identidad es lo que ha estado, tradicionalmente, en el centro.

Pero, en un país como El Salvador, con tantas ausencias, ¿de qué le sirve al ciudadano común, de a pie, que se traigan desde las sombras a estos autores? Salamanca da una respuesta, que tiene que ver con la identidad.

“El ciudadano puede encontrar en estas voces rescatadas mayor identificación y mayores vínculos que con los autores del canon… Puede que le digan mucho más de él mismo y de su manera de ser”, afirma.

Paciencia. Amaya se adecúa a su audiencia y explica conceptos complejos con términos sencillos para que puedan ser fácilmente comprendidos por los jóvenes a los que les habla.

 

La gira del poeta

Cuando el año pasado asistió al festival centroamericano de poesía que se realiza en Quetzaltenango, Guatemala, un colega colombiano le preguntó a Amaya por sus años dentro de la labor poética. El salvadoreño no había caído en la cuenta de que en este 2017 cumpliría 10 años de haberle entregado su vida a una pasión.

Por eso se le ocurrió una idea para celebrar su primera década: una gira por los 14 departamentos del país, con encuentros en los que pudiera compartir sus poemas con gente afuera del mundo académico. Así nació la gira “Reflexiones de un viaje sin sentido”, en el que los sitios de reunión son centros escolares o casas de la cultura. Ya ha visitado por lo menos un lugar de cada departamento en El Salvador. Para ello pidió apoyo a la Secretaría de la Cultura de la Presidencia que le brinda transporte la mayoría de las veces.

En esta travesía lo acompaña Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor y su amigo desde hace muchos años.

Esta mañana de septiembre ha iniciado una segunda fase del proyecto, en la que Vladimir visitará lugares que tienen que ver con su historia personal. Por eso ha venido a Cojutepeque, el municipio de origen de su familia y el lugar donde descansan los restos de la mayoría de sus parientes muertos.

En el instituto Walter Thilo Deininger, unos 20 adolescentes ocupan la mayor parte de una pequeña sala, adornada con las fotos de algunos de los autores más importantes de la historia del país. Vladimir, con sus lentes, su ropa y su cabellera desordenada, parece un joven cualquiera, no el responsable de 31 volúmenes.

Dice su nombre, un breve resumen de su trayectoria y presenta el libro del que leerá algunos poemas esta mañana. Se trata de “Mausoleo familiar”, un volumen aún no publicado, en el que ha reunido algunas de sus piezas más autobiográficas. Todo comenzó, explica, cuando su abuela falleció. Ya había escrito algunos versos basados en personajes ya muertos de su familia. Completó estos con el poema escrito para la ocasión. Decidió hacer de ellos un pequeño volumen para regalárselo a sus parientes, quienes no terminaron de apreciar el detalle.

“Siempre he sido callado, solitario y me he sentido cómodo siendo así. Pero en esa ocasión quería demostrarle a mis familiares que este hecho también me dolía. Quería que ellos compartieran conmigo su dolor. Pero no lo entendieron del todo. Así que este libro sirve para desquitarme porque me encachimbé”, dice Vladimir, y los adolescente que lo escuchan sueltan una tímida risa.

La apuesta de Vladimir, sin embargo, se amplió: además de las piezas escritas para sus familiares muertos, escribió otros para sus familiares aún vivos, pero asumiendo que ya habían muerto.

“Era más cómodo para mí hacerlo de esta manera, porque los colocaba en el terreno de lo irrecuperable. Paradójicamente era más fácil establecer una comunicación que hacerlo con las palabras de todos los días”, dice.

En “Mausoleo familiar” desfilan los suyos con nombre propio: su padre, con el que no ha tenido una buena relación, y del que le ha quedado, más bien, una ausencia; su tía Ester, aquella muchacha de la que la familia rehuía hablar directamente en las reuniones y de la que decían que había muerto en un accidente para ocultar el hecho de que se suicidó cuando su familia reprimió su amor por una mujer; la tía Zoila, que sufría de un retraso mental y se escapaba para apedrear a los transeúntes que se burlaban de su estado; el bisabuelo violinista, que igual tocaba en la iglesia que en un burdel.

Los adolescentes escuchan atentos al autor, quien les revela la magia de ciertas palabras y lo que existe detrás de una lectura, que nada tiene que ver con una tarea escolar: la posibilidad de comunicarse de una manera más profunda con otro ser humano que escribe desde otra época u otra realidad. Pero que es, en suma, igual a uno. Que tiene las mismas incertidumbres y debilidades que uno, aquellas que no osan confesarse al que está más próximo.

Tras la primera plática y una ronda de lecturas, se abre el espacio para las preguntas de los adolescentes. Entre estas están aquellas tan sencillas, como “¿qué significa mausoleo?”, que Vladimir responde en el momento, seriamente, y otras un poco más difíciles de contestar, como “¿por qué escribís”. Vladimir y su amigo Javier López Serrano, actual director de la Casa del Escritor, atienden a dos grupos de alumnos.

Vladimir no vino con las manos vacías: en un pesado bolsón, que parece ser su fiel acompañante en ocasiones como esta, ha traído 30 libros de su autoría, que regala a los alumnos y a la biblioteca del instituto para que cualquiera pueda consultarlos. Al final de la actividad, adolescentes y maestras le piden que firme sus ejemplares.

Vladimir, sin embargo, también percibe recursos monetarios de sus libros, por ejemplo, cuando se presenta frente a un grupo de alumnos en algún centro escolar al que le solicitan que asista. Como dos horas más tarde de la visita a Cojutepeque, en el Instituto Francisco Morazán de San Salvador. Lo ha invitado una practicante de Profesorado de la Universidad de El Salvador para discutir su quinto libro de poemas, “Tufo”.

El mismo se ha convertido en uno muy popular entre los profesores de educación media por una casualidad: la persona que brindó una capacitación del Ministerio de Educación para maestros de Literatura lo usó para ilustrar un contenido referido al posmodernismo. A los educadores les gustó tanto que decidieron compartirlo con sus alumnos en clase.

En las librerías, casi no existen copias de “Tufo”. Por eso muchos profesores han contactado personalmente a Vladimir para que él les facilite algunos ejemplares, los que vende a $3. Hoy ha traído más de 10.

“Gracias a Dios puedo obtener recursos de vender mis libros. No es mucho, pero sirve para pagar algunos recibos en la casa”, comenta Amaya.

Nuevamente se explaya ante los adolescentes comentando el proceso de su libro, la manera en la que lo ha dividido, el tema que toca, el lenguaje elegido para hacerlo. “Tufo” es un volumen que profundiza en la descomposición social de El Salvador. La metáfora de un cuerpo que lentamente se corrompe es el hilo conductor.

A los adolescentes les parece todo un descubrimiento que en la poesía se puedan usar frases sencillas e, incluso, malas palabras, que en “Tufo” van hasta en los títulos, como en “Señorita, su poema se parecen mucho al mío, ¿qué putas pasa?”. También les enseña algo que pocas veces se hace en un salón de clases: que la escritura de un poema no es literal, que el poeta puede echar mano de muchos recursos para expresarse, como las máscaras o los personajes. Que no todo tiene que ver con la vida de todos los días de quien escribe.

Vladimir afirma que estos ejercicios le ayudan mucho a difundir el amor por la poesía y a mercadear, de alguna manera, su trabajo, algo que le elogia Otoniel Guevara. También, dice, puede dar un mensaje a aquellos que son más jóvenes que él.

“Como yo no soy profesor, me gusta que no haya solemnidad. Yo les digo, por ejemplo, para provocarlos, porque es una realidad: ‘allá arriba, en el Gobierno, en las clases dominantes, hay alguien que quiere que pensés que son un pendejo, que no podés mejorar tu vida, salir de aquí’. Y les pongo mi ejemplo. Yo he hecho lo que he soñado, en una rama que parece quijotesca no solo en El Salvador. Me cuesta llegar a fin de mes, no soy capaz de tener una familia por el momento, pero no he dejado de hacer lo que amo. No me arrepiento de quién soy”, comenta Vladimir.

El contacto. Los educadores aseguran que el hecho de que sus alumnos conozcan en persona al autor del libro los estimula a leerlo más fácilmente.

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Las barreras que aíslan al presidente

No pasan. Las marchas que pretenden llegar hasta Casa Presidencial encuentran su paso cerrado con estas barreras de alambre y metal que coloca la UMO.

“La lucha que viene por la defensa del agua requerirá de mucha lucha y movilizaciones por parte de las comunidades”, dijo en 2007 el entonces diputado Salvador Sánchez Cerén en un foro. Así lo registró una nota del periódico CoLatino. En una década muchas cosas cambian y en abril de este año, mientras el presidente Sánchez Cerén inauguró unos pozos en Apopa, expresó su deseo de que las manifestaciones exigiendo el derecho al agua pararan: “Espero ya no tengan necesidad de ir a bloquear la carretera Troncal del Norte”, les dijo a los vecinos.

El presidente no es ajeno a las marchas ni concentraciones en la calle. De ser comandante de la guerrilla y liderar batallas contra el Ejército durante la guerra civil pasó a ser un político que exigió respuesta a sus peticiones en la calle. Él protestó en la vía pública contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, contra la guerra en Irak, contra la privatización de la salud pública y contra de la toma de posesión de la presidencia de Elías Antonio Saca.

Ahora, Sánchez Cerén, quien solía verse en las calles defendiendo su agenda política, dirige una Casa Presidencial que ha creado un instructivo de seguridad para sus instalaciones que plantea la posibilidad de matar a un manifestante como un escenario posible si lo consideran una amenaza. Aunque no se ha conocido de ninguna ocasión en que la vida del presidente haya sido puesta en riesgo en una protesta, ese instructivo de seguridad plantea un escenario donde es viable el uso de la fuerza letal.

El documento en cuestión es el instructivo 001-2015 y se refiere exclusivamente a medidas de seguridad para proteger al personal y a las instalaciones de CAPRES. Pertenece a la Comandancia General de la Fuerza Armada y le da órdenes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y establece la restricción del ingreso de prensa a Casa Presidencial.

Las marchas sirven para comunicar un mensaje y exigir una respuesta. A inicios del siglo pasado un grupo de mujeres en Estados Unidos se mantuvo fuera de la Casa Blanca para exigir su derecho a votar. Durante 2015, en Guatemala, las concentraciones de miles de personas frente al Palacio Nacional lograron la renuncia de los líderes de su gobierno y la Plaza de Mayo en Argentina, frente a la Casa Rosada, sigue siendo el lugar de protesta política por excelencia. En El Salvador no es posible que los manifestantes se acerquen al exterior de su Casa Presidencial a expresar sus descontentos. Varias calles antes suelen ser recibidos por un pelotón de la UMO que bloquea el paso de cualquier protesta.

De acuerdo al Instructivo 001-2015. El documento le brinda directrices a los agentes de la UMO sobre cómo reaccionar ante distintas manifestaciones de la población civil.

El instructivo 001-2015-CI/D-II/EMP

El instructivo consta de siete páginas, y en la parte superior de sus hojas se ha escrito la palabra “confidencial”. Esta revista obtuvo una copia a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Tiene fecha de creación de julio de 2015, lo que significa que en enero de 2016 ya estaba vigente, pero no fue puesto en práctica. Ese mes cientos de policías marcharon hacia CAPRES para exigir un aumento salarial. De manera inusual, no fueron detenidos por los agentes de la UMO y lograron llegar hasta la entrada de la casa de gobierno a pedir respuesta a sus demandas. Esa es la única ocasión en los últimos años en que un grupo de manifestantes que podría volverse violento ha logrado tocar los portones de Casa Presidencial.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más”, asegura el ex agente policial Marvin Reyes.

En este año los medios de comunicación también han registrado las protestas de sindicatos de salud, personal del Ministerio Educación, excombatientes de la Fuerza Armada y exguerrilleros que han intentado fijar en CAPRES el destino final de su manifestación. El denominador común entre ellas es el bloqueo.

Las barreras están por todos lados. Se ocupan para cerrar el paso, son metálicas y están construidas con pedazos de hierros y alambres. Están en la acera de un desvío del bulevar Monseñor Romero, en la Plaza del Soldado, cerca del parque de Pelota, a metros de la Basílica de Guadalupe y cerca del redondel Italia.

Casa Presidencial pretende mantenerse aislada de las protestas de sus ciudadanos. Sus aceras están llenas de basura. Botellas de agua, bolsas plásticas y envoltorios de comida chatarra son parte de su alfombra. En este lugar es donde, de acuerdo con el instructivo 001-2015, solo es posible transitar mientras se es grabado con una cámara de videovigilancia, pero no está permitido instalar ninguna protesta pacífica.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial considera que pueden ocurrir nueve tipo de manifestaciones. Estas pueden ser individuales o de grandes proporciones. Pueden tener un tono pacífico o violento y se ha especificado cómo se debe reaccionar ante ellas dependiendo del lugar del que provengan.

El documento no explica, por ejemplo, de cuántas personas tiene que estar conformada una protesta para que esta se considere una manifestación de “grandes proporciones”. Las clasificaciones de protestas en este instructivo pueden ser ambiguas y carecen de definiciones para cada tipo de manifestación. La abogada Eva López, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) se pregunta desde su oficina en San Salvador: “¿Quién decide qué tipo de protesta es la tuya? Cuando no hay normas claras, de repente te podrían decir que si vas gritando en la calle es una protesta violenta”.

Casa Presidencial, a través de su coordinador de prensa, se negó a discutir el contenido de dicho protocolo de actuación argumentando que es un tema de seguridad con asuntos secretos.

En coordinación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública asegura que la relación de fuerzas policiales y fuerzas militares solo es de coordinación y no de dependencia.

La necesidad de protestar

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial. Detrás del agente que habla hay otros dos que escuchan la plática. Los tres se encuentran ubicados en una esquina cercana a CAPRES y acaban de disipar una manifestación que, este 24 de agosto, se dirigía hacia este lugar. Ya no hay amenaza de que la protesta intente avanzar en este sentido y se dedican a observar el tráfico de la ciudad bajo el sol de mediodía.

Este año, tras el incendio de un edificio del Ministerio de Hacienda, el presidente de la república Salvador Sánchez Cerén condecoró a los bomberos y a otros grupos de rescate que ayudaron a evacuar a los trabajadores del edificio. Pero, solo un par de años antes, cuando los bomberos realizaron una marcha hacia CAPRES en la que solicitaron un aumento del presupuesto, fueron recibidos por un pelotón de la UMO.

Erick Portillo es un bombero voluntario desde hace 9 años. Él participó en dicha marcha y asegura que “nada nos costaba convertirla en violenta, tanto equipo de protección llevaban ellos como nosotros”. Al llegar a unos metros de la barricada, los bomberos decidieron hincarse ante los agentes en son de paz. “Los de la UMO nos dijeron que tenían orden de no dejarnos pasar pero que nos entendían la situación”, explica Portillo.

Los bomberos se hicieron a un lado de la calle y el tráfico se reactivó por la calle Manuel Enrique Araujo. “Después de unas dos horas entró un representante del sindicato a hablar con un representante de Casa Presidencial pero al final fue en vano”, asegura el bombero. “Es una cuestión de tramitología nada más, creo que CAPRES ya se acostumbró a este tipo de eventos y ya entendieron que al recibir una comisión se calman las aguas, por lo menos de una manera paleativa”, reflexiona Portillo.

Esa especie de procedimientos por tramitología es similar a lo que describe Stanley Quinteros, del sindicato de empleados judiciales. Él afirma que a inicios de este año realizaron una marcha hacia Casa Presidencial en la que no obtuvieron respuesta de ningún funcionario a sus peticiones: “Solo fuimos atendidos en la ventanilla de recepción de documentos”, dice.

“Lo que han hecho ahora es crear como una ventanilla para recibir la correspondencia y eso es todo. Ahí usted no ve a ningún titular, ahí no ve a nadie más- asegura el ex agente policial Marvin Reyes- la gente quiere que lo reciba alguien de peso que les va a resolver, pero mandan una patrulla, van a dejar el documento a la ventanilla, lo mandan de regreso y que le vaya bien, váyase a su casa”.

Contra los impuestos. En noviembre de 2001 Salvador Sánchez Cerén y Salvador Arias encabezaron una marcha de protesta contra el incremento de los impuestos.

Cuando la protesta es individual

“Me dicen que nadie puede protestar en esa acera porque estoy en Casa Presidencial y el presidente corre peligro si yo estoy ahí. Que me mueva porque si no le van a poner corriente al muro”, dice Bessy Ríos en un café que se encuentra a diez minutos en auto de la oficina del presidente Salvador Sánchez Cerén. Ríos es una abogada activista de derechos humanos. El 29 de junio del 2016 escribió con plumones sobre una cartulina “no al aumento del 13% a la energía”, fue a dejar a sus hijos al colegio y llegó a Casa Presidencial. Cuenta que eran las seis y media de la mañana cuando llegó -sola- a expresar descontento por un decreto ejecutivo que supondría un aumento en las facturas de energía eléctrica.

La activista relata que a menos de 10 minutos de haber llegado a la acera de CAPRES un pelotón de la UMO le pidió que se retirara. Ella se rehusó. Ríos asegura que fue trasladada, en contra de su voluntad, entre ocho agentes de la UMO hacia el otro lado de la calle. Consideró que recibió maltrato por parte del personal de seguridad de Casa Presidencial y pidió los videos de las cámaras del exterior para probarlo. La casa de gobierno negó la existencia de dichos videos y respondió que el accionar de sus agentes había sido de acuerdo a su protocolo de seguridad, es decir, de acuerdo al instructivo 001-2015-CI/D-II del EMP.

El instructivo indica que cuando hay una manifestación individual los agentes de seguridad deben procurar que no se afecte el tránsito de los peatones por la zona y para ello, deben remover a cualquier persona que permanezca fuera de Casa Presidencial. También establece que después de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deben realizar un informe de lo sucedido. Los informes de eventos de este tipo son información reservada.

Además de servir para justificar el desalojo de los ciudadanos que se manifiesten en las aceras, ese documento también sirve para que fuerzas militares decidan si un medio de comunicación puede o no puede entrar a Casa Presidencial. “Cuando los manifestantes convoquen a los medios para que les den cobertura a sus actividades, no se permitirá el ingreso de medios a las instalaciones de CAPRES”, se lee. Lo escrito no especifica durante cuánto tiempo se prohibirá el ingreso de los periodistas ni por qué una figura militar es la que decide sobre el acceso de la prensa a las oficinas de Casa Presidencial.

¿Por qué cuesta salir a la calle?

En abril de 2015 miles de personas se manifestaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. La plaza se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura. Allí, con miles de carteles, batucadas, comunidad indígena, ladinos, mujeres y hombres exigieron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti tras conocerse su implicación en un caso de corrupción.

Las manifestaciones fueron pacíficas, multitudinarias y lograron su objetivo. No se conoció de ningún disturbio que pusiera en peligro la vida de las personas que llegaron a protestar contra los líderes de su gobierno.

En Guatemala “los partidos políticos no tuvieron nada que ver (en la protesta), aquí en El Salvador, desafortunadamente, los dos grandes partidos controlan las movilizaciones a través de sus estructuras directas partidarias o de sus organizaciones aliadas”, considera Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Él asegura que la ausencia de partidos políticos a la hora de convocar manifestaciones es una de las cosas que distingue la participación política de la ciudadanía guatemalteca a la hora de protestar en la calle. Sostiene que él se encontraba en Guatemala para el momento de las movilizaciones en 2015 y que la composición social de quienes se manifestaban era de “profesionales, universitarios y pequeños empresarios”.

A su juicio, en El Salvador aún se tiene la imagen de que salir a manifestarse es “salir a una batalla campal. Ha quedado así en la memoria colectiva de la ciudadanía”.

“Sea lo que sea, cualquier organización, cualquier sindicato, no lo dejamos pasar. Les cerramos el paso aquí en Los Próceres, aquí en La Ceiba…”, dice un agente de la UMO que empieza a hacer un repaso de todas las calles que se bloquean con barricadas para evitar que las manifestaciones lleguen hasta Casa Presidencial.

El instructivo 001-2015 de CAPRES muestra cómo el Estado se prepara para combatir las manifestaciones. El documento plantea que el lugar en el que se pueden hacer protestas pacíficas es la plaza José Gustavo Guerrero, sin embargo, cuando las manifestaciones se dirigen en ese rumbo, son bloqueadas antes de llegar a ese sitio.

De ese mismo lugar fueron desalojados alrededor de 15 jóvenes que hace cinco años se manifestaban. Así lo explica el estudiante de Derecho Gabriel Gasteazoro. En 2012 Gasteazoro acababa de cumplir la mayoría de edad y se unió a otra decena de jóvenes que protestaban en la plaza José Gustavo Guerrero con el movimiento Yo me visto de blanco.

Los jóvenes pedían que se respetaran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Para ello, se reunieron en esa plaza y llevaron una copia gigante de la Constitución. Gasteazoro asegura que la Unidad de Mantenimiento del Orden intervino y los presionó para que se retiraran del lugar a pesar de manifestarse pacíficamente. “Aunque éramos solo 15 jóvenes con una Constitución gigante y cartulinas. Fue algo ridículo”, dice.

Bloqueo. De acuerdo con el instructivo, cuando las manifestaciones sean de carácter político, la UMO debe denerlas a la altura del parque de Pelota.

Los archivos fugaces de la seguridad

Sobre la entrada de Casa Presidencial de la calle Manuel Enrique Araujo hay cuatro cámaras de videovigilancia. Bessy Ríos se sentó cerca de una de ellas y asegura que, por lo que observó, estaba siendo grabada. Un día después de ser desalojada de la acera de CAPRES pidió, acompañada por la Fundación DTJ, una copia de los videos de seguridad.

El 7 de diciembre de 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) celebró una audiencia en la que se demandó a Casa Presidencial por no entregar los videos solicitados. Luis Portillo, el abogado representante de CAPRES explicó que “esa copia del video, primero no grabó a la señora , segundo, al no haberse reportado un incidente relevante, tampoco se ha guardado copia dentro de la Presidencia”.

El argumento de CAPRES para decir que no existe video se basó en explicar que la activista se encontraba debajo de la cámara, y que en ese ángulo la cámara no pudo haberla grabado. Sin embargo, al iniciar la audiencia, Portillo entregó al IAIP un escrito donde indicaba que la cámara tenía una capacidad de rotación de 360 grados.

Además, explicó el representante de Casa Presidencial, los videos de seguridad de esas cámaras se borran cada cinco días. Y a pesar de que fueron solicitados al día siguiente de la protesta individual, los archivos no fueron protegidos.

¿Quién manda?: La discusión de los militares y la Policía

El documento está firmado por dos coroneles del Estado Mayor Presidencial. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada establece que esa es la instancia encargada de brindarle seguridad y asistencia al presidente de la república y, de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo, le corresponde establecer los servicios militares de seguridad correspondientes al presidente. Sin embargo, no se menciona nada sobre girar órdenes a dependencias policiales.

El instructivo del Estado Mayor Presidencial especifica qué procedimientos deberán realizar los policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden, lo cual abre una discusión que se remonta hasta los Acuerdos de Paz.

En 1990, tras una década de enfrentamiento armado, los líderes de los movimientos guerrilleros del FMLN y el Gobierno se sentaron a discutir condiciones para cesar la guerra civil. Algunos firmantes de la paz han descrito que restarle poder político a la Fuerza Armada fue la jugada más arriesgada de la negociación. Tras la firma de los acuerdos se creó la Policía Nacional Civil y en la Constitución de la República quedó marcada una división explícita entre PNC y Ejército.

“La Policía Nacional Civil (…) será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada”, dice el artículo 159 de la Constitución. Ese artículo es en el que se basa Eva López, de DTJ, para argumentar que, a su juicio, el instructivo plantea una situación irregular: “A lo largo de todo eso te dice cómo va a actuar la UMO, pero las órdenes que en todo momento se le dan son del EMP y hay una incompatibilidad constitucional que te dice que eso no podría ocurrir”.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, no comparte esa idea. “No, mire, es más una cuestión de coordinación. La Policía o la UMO no están orgánicamente dependiendo de otra institución diferente, pero el trabajo se hace en apoyo”, responde cuando se le cuestiona sobre la relación de fuerzas civiles y militares en Casa Presidencial.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

“Es una intromisión a las funciones de la Policía como tal. La UMO ya sabe cuál es su procedimiento, qué tiene que hacer y el Ejército no tiene que estarle dando órdenes porque son instituciones totalmente diferentes con fines totalmente distintos”, declara en contraste Marvin Reyes. Él es un exagente reconocido entre los policías por ser líder del Movimiento de Trabajadores de dicha institución. Tras la manifestación que llegó hasta CAPRES, él y otros cuatro trabajadores fueron destituidos de la Policía.

Aunque el ministro Ramírez Landaverde asegura que la relación que queda plasmada en el instructivo entre EMP y Policías es solo de coordinación, en la Fundación DTJ se encargan de recalcar la necesidad de dividir las órdenes por institución específica. “En nuestro contexto histórico este fue un argumento para generar paz –asegura López– argumentar que es algo operativo lo que hace es no reconocer el origen histórico de esto. Cualquier instructivo tiene que respetar esos contextos históricos que nosotros vivimos”.

Con púas. Las barreras que se usan para detener el paso de las marchas están hechas de alambre y metal. Aun cuando no hay protestas estas se mantienen en las calles cercanas a CAPRES como medida de seguridad.

La posibilidad de matar en una protesta

“El uso de la fuerza letal será el último recurso y solo se realizará excepcionalmente en el caso de que exista amenaza directa sobre personal o medios de CAPRES”, indica el instructivo de seguridad de la casa de gobierno. A pesar de plantear la posibilidad de matar a manifestantes en situaciones amenazantes, el documento no define cuáles son los “medios” referidos.

“El derecho penal reconoce que si se pone en riesgo tu vida, podés por legítima defensa o por otras causales, usar fuerza en contra. En la misma medida que es la amenaza podés resistir. (Pero) los medios de CAPRES no queda claro qué significa, podrían ser instalaciones, podría ser que ellos creen que si rompés una ventana, podrían usar ellos fuerza letal para defenderla”, plantea la abogada de DTJ, Eva López.

Esta revista solicitó, a través del coordinador de prensa de Casa Presidencial, una entrevista con el jefe del Estado Mayor Presidencial para consultar dudas que quedan al leer el instructivo, pero se obtuvo una respuesta negativa. También se solicitó, a través de correo electrónico, al director de Comunicaciones del Ministerio de l Defensa, una entrevista con uno de los coroneles que firmaron el documento. No se obtuvo respuesta.

“Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

“Ese tipo de lenguaje que no está determinado llena a la gente de incertezas jurídicas. No sabés cómo proceder, no sabés cuándo tu vida va a correr riesgo”, sostiene López.
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos es más contundente a la hora de analizar cómo se plantea el uso de la fuerza letal: “Es una falta de definición de conceptos lo que tiene eso. Y el uso de la fuerza letal nunca podría estar consignada en un documento de esa naturaleza porque sería dar un cheque en blanco para posibles ejecuciones sumarias, es decir, que se pudiera usar la fuerza como se usó en la época de la dictadura militar”.

A pesar de los vacíos que encuentra en el instructivo, Ulloa considera que el documento representa “un buen esfuerzo, pero que necesita ajustes para conseguir los objetivos”. Luego plantea la necesidad de impulsar desde el Estado medidas que permitan “un equilibrio justo entre permitirle a los que están descontentos el espacio público, pero a la vez garantizarle a la otra parte de la población su derecho a la movilidad, a llegar al trabajo a tiempo, etc”.

Por ahora, algunos de los que se han manifestado consideran que las movilizaciones sociales tienen poco impacto en un gobierno que se rehúsa a escuchar sus peticiones. Dos años después de solicitar un aumento de presupuesto y durante un receso de su trabajo, el bombero Érick Portillo, afirma que en Casa Presidencial la respuesta que tuvieron fue “una intervención en crisis con una promesa de gestionar la solución de los problemas que llegan a manifestarse, pero al final no sucede absolutamente nada, nada de nada”.

Y a pesar de que el instructivo plantea que ante las manifestaciones una comisión de Casa Presidencial debe salir a recibir documentación con las demandas de los manifestantes, en el caso de Ríos, ella asegura que el diálogo no se le planteó como posibilidad. Mientras el mediodía se acerca reflexiona: “A este país le costó 12 años de guerra y como 50 de represión el poder tener la libertad que ahora tenemos de pararnos en cualquier lugar y decirle al presidente que no estamos de acuerdo en lo que está haciendo. No podemos retroceder”.

Antes de ser gobierno. Diputados del FMLN encabezaron una protesta en la autopista al aeropuerto. En 2006 protestaban por el alto costo de la vida, el incremento al pasaje, agua y energía eléctrica.

Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Imagen de Puerto Cortés
Terminal. La terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés le fue concedida a la compañía filipina ICTSI en 2013.

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección angelpm@cd.perezycia.com. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Las propuestas. Juan Carlos Garrido Escandón le envió a Enrique Rais una presentación en la que se incluían varios esquemas como este, sobre como podría conformarse un asocio entre la empresa ICTSI y el salvadoreño junto a sus colaboradores. En todos, la compañía filipina se quedaba con el 40 % del negocio.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

La derrota. Después de que ICTSI se quedara con la concesión, el colombiano Óscar Isaza le escribió al español Pérez-Maura un correo que “le salió del alma” lamentando no haber participado juntos en la licitación.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Imagen de Puerto Cortés.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera pérdidas millonarias

Residencial privada Garden Hills
Residencial privada Garden Hills

Garden Hills se promociona como “un proyecto diseñado con los más altos estándares de arquitectura e ingeniería”, donde “el buen gusto está presente hasta en los más mínimos detalles”. Es una residencial privada, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Las casas se describen como “preciosas residencias con acabados de lujo, amplias y modernas con un toque contemporáneo”, que “hacen del proyecto un verdadero deleite para vivir”.

Esta residencial de calles anchas, solitarias y pulcras es en donde se encuentran ubicados 38 inmuebles que le han pertenecido a una empresa que, en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros.

En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte.

Las Vistas ha logrado vender 19 casas, cada una por un valor aproximado de $325,000. Entre estos inmuebles vendidos, la mayoría ha ido a parar a las manos de personas y empresas relacionadas con José Luis Merino. Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas.

El de Las Vistas se suma a la lista de los malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador: al final de su último año reportado ante Hacienda, el 2016, el balance fue de más de $1 millón en pérdidas.

La historia de Garden Hills y Preza Rodríguez

Aunque no aparezca así en los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, Garden Hills contó, desde su conformación hasta 2012, con tres accionistas guatemaltecos: Francisco Javier Botrán Briz (ligado a la compañía productora del ron Botrán), José Gregorio Preza Rodríguez y la esposa de este último, Mónica Rodríguez Minondo (ambos provenientes de familias azucareras). Esto consta en un documento de un proceso de conciliación.

La dinámica que se estableció fue que, aunque buena parte del capital destinado a la empresa fue aportado por Preza Rodríguez, en la práctica, era Botrán el encargado de administrar el negocio. Sin embargo, según una persona relacionada con documentos legales en torno al caso, en el 2010 este se extralimitó en sus funciones y no informó de algunos movimientos a sus socios, por lo que Preza Rodríguez decidió emprender acciones legales en contra de Botrán por administración fraudulenta. Este último aceptó conciliar.

Preza Rodríguez exigió como pago $2.5 millones para olvidarse de cualquier demanda. Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles.

Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012.

Residencial privada Garden Hills
Proyecto. Las casas fueron construidas con el mismo modelo y color de pintura, en la orilla de la residencial Garden Hills. Tras el muro de la derecha está un terreno que le pertenece a INVERVAL, dueña del 99 por ciento de acciones de Las Vistas.

En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados.

Documentos privados de Las Vistas, a los que SÉPTIMO SENTIDO tuvo acceso, revelan que, ese mismo 20 de abril de 2012, Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de esta joven empresa, tras aportar sus $2.5 millones en terrenos.

Ese mismo día, le transfirió esas acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin. Ambas tienen en sus juntas directivas a personas que aparecen en las juntas directivas de miles de compañías en el país Centroamericano. Es posible que se trate de empleados del mismo bufete panameño que se encargó de la conformación de esas dos empresas: Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Preza Rodríguez solo aparece como apoderado en ambas compañías.

Ambas empresas fueron creadas solo unos meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños.

La empresa Garden Hills no ha presentado balances financieros de sus actividades desde 2007 (el año de su fundación) ante el Registro de Comercio. El ministerio de Hacienda, por su parte, no le registra ni un solo movimiento desde 2010. Cientos de reportes de omisos se han emitido alrededor de sus actividades.

Los nuevos dueños

El 23 de julio de 2013, Jorge Andrés Méndez Allwood, abogado del bufete Guerrero y Guerrero, renunció a su puesto como administrador único propietario de Las Vistas, para el que había sido elegido para los siguientes tres años en marzo de 2012. Su sustituta fue la ingeniera Lilian Carolina Vidal Díaz.

Lo mismo hizo la suplente de Méndez Allwood, Tanya Camila Hernández de Arce. Esta renuncia es la puerta por la que entró, como sucesor, José Mauricio Cortez Avelar, prestanombres del político José Luis Merino, según instituciones de EUA.

Según el Centro Nacional de Registros, también hubo un relevo en los accionistas. El 99 % de las acciones pasó a manos de la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL). El resto, el 1 %, era del abogado Cortez Avelar, a la sazón administrador único propietario de Inversiones Valiosas.

Documento 01
El cambio. En la credencial de elección de la nueva administración de Las Vistas, donde se escoge a José Mauricio Cortez Avelar como administrador único suplente. También aparece la sociedad INVERVAL como dueña del 99 % de acciones de Las Vistas. El abogado, identificado como testaferro de José Luis Merino, es propietario del 1 % restante.

De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas.

Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills.

INVERVAL nació en agosto de 2012, seis meses después que Las Vistas, la sociedad de la que pasó a ser dueña mayoritaria. INVERVAL ya ha aparecido en el radar de los medios de comunicación en El Salvador por haber sido la receptora, a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de $16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador.

Parte de este dinero, poseído por INVERVAL, puede haberse utilizado para adquirir las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía aproximadamente a $2.5 millones. Sin embargo, los $16 millones le fueron desembolsados a INVERVAL por parte de ALBA Petróleos con objetivos bien definidos: comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, iniciar los trabajos de terracería y construir viviendas.

O INVERVAL incumplió su pacto con ALBA Petróleos al destinar parte del dinero a algo que no se había convenido, o el dinero utilizado para esta transacción no tiene justificación de su origen. INVERVAL, por otro lado, no refleja en sus balances financieros en el Centro Nacional de Registros la adquisición de una compañía. Solo se limita a hacer ver que cuenta con una subsidiaria a la que le ha erogado varios préstamos.

Al abogado Cortez Avelar se le buscó en múltiples ocasiones para que diera su versión de los hechos. Primero se hizo escribiéndole un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador, para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de ALBA Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana. Al no obtener respuesta por esta vía, se le buscó en la dirección de PROCREADOR, una de sus empresas. Esta resultó ser, también, su casa de residencia. No estaba. Se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con SÉPTIMO SENTIDO. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

Las casas de lujo vacías

La empresa Las Vistas inició con la construcción de sus 38 casas en 2013. Las labores de edificación finalizaron en 2015.  En octubre de ese mismo año, Las Vistas comenzó a desprenderse de sus viviendas. Las ventas pararon en noviembre de 2016. Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera.

En todos los casos, los compradores realizaron préstamos hipotecarios cercanos a los $250,000 para adquirir los inmuebles, con un plazo de más de 20 años para pagar. Sin embargo, siempre tuvieron que aportar de su propio bolsillo cifras que rondan los $60,000 para comprar las casas, pues tienen un valor aproximado de $325,000.

Sin excepción, las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador.

Que las viviendas hayan llegado a manos de personas relacionadas y que no estén siendo utilizadas no es casualidad. Según un contador consultado para este trabajo, ello puede servir como una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso de un proyecto inmobiliario. Es decir que la persona que compra no está interesada realmente en adquirir el inmueble, pero le hace el favor a la compañía de sacar un crédito hipotecario para “comprar la casa”. El pago del crédito puede realizarlo, incluso, la misma sociedad que vendió. Siempre hay pérdidas, pero estas no deben cancelarse inmediatamente. Se trasladan al largo plazo.

Un miembro de la Fiscalía General de la República (FGR), sin relación con el caso, asegura que también se puede tratar de una estrategia para el lavado de dinero: una persona puede sacar un préstamo hipotecario de largo plazo para pagarlo, incluso mediante cuotas adelantadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. El dinero, luego, se puede justificar como el resultante de un crédito.

El bufete Guerrero y Guerrero, cuyos miembros brindaron el servicio profesional de fundar la empresa Las Vistas, tiene como su cabeza a Juan José Guerrero. Este abogado es un exdirigente de ARENA. Incluso fue director de asuntos jurídicos y electorales de ese partido.

Juan José Guerrero es un nombre común a varias etapas de esta historia. Primero, porque formó parte de la junta directiva de Garden Hills, la compañía que cedió los 38 lotes, desde 2006 hasta 2010. Segundo, porque fue el notario que se encargó de hacer el documento de la fundación de Las Vistas (la empresa que los adquirió) y de todos los escritos relacionados con la transacción de los inmuebles. Garden Hills, hasta el 2012, mostraba como su dirección la misma del bufete Guerrero y Guerrero. Se buscó a Juan José Guerrero en su oficina para que brindara una entrevista, pero no accedió a la petición.

Fuentes cercanas al bufete aseguraron que Las Vistas había sido creada exclusivamente como un servicio profesional para su cliente José Gregorio Preza, intentando desligarse de estas transacciones.

El otro camino de Las Vistas a ALBA

Además de INVERVAL, la empresa dueña de la mayor parte de sus acciones, Las Vistas ha recibido préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR). Hasta 2015, la suma de estos créditos ascendía a $600,000. Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador.

José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas.

El empresario Carlos Luwind Paz Reyes ha ocupado cargos al mismo tiempo en las juntas directivas de INVERVAL y de ENERGOR, desde el 12 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Esta misma persona ha tenido participación en otras empresas financiadas con dinero de ALBA Petróleos, como la Arrocera San Francisco y Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA).

Otro nombre común entre Las Vistas y ENERGOR es el de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, quien actualmente funge como administrador único propietario de la primera y como presidente de la segunda. En el Ministerio de Hacienda ha estado registrado como representante legal de Las Vistas desde su fundación.
Buena parte del dinero de ENERGOR proviene de ALBA Petróleos de El Salvador. Los balances financieros presentados ante el CNR de esta última compañía en 2015 indican que la deuda que ENERGOR ha contraído con ella es de más de $15 millones. En 2012, Energía Orgánica recibió un crédito de más de $8 millones de una empresa panameña, APES INC, subsidiaria de ALBA Petróleos. $23 millones en total han sido bombeados desde la compañía de economía mixta.

Tres de las cuatro viviendas que ALBA Petróleos posee en la residencial Garden Hills le fueron cedidas por Las Vistas como una dación en pago. Estas sirvieron para cancelar parte de la deuda de ENERGOR, según lo reflejan los documentos de esta transacción, realizada el 16 de junio de 2016.

Fachada
Empresas vinculadas. Según los datos que han presentado ante el Centro Nacional de Registros, las sociedades Las Vistas, INVERVAL y ENERGOR comparten este local desde el 3 de noviembre de 2015, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al Puerto de la Libertad.

Un mal negocio

La INVERVAL de Cortez Avelar comenzó a inyectarle dinero a Las Vistas a través de préstamos en 2013. En ese ejercicio, fueron $138,699, los que se utilizarían para comenzar las construcciones de 38 casas en igual número de lotes.

Esa cifra aumentaría en los siguientes dos años: $4 millones, en 2014, y $7 millones, en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de $8 millones. El proceso de la construcción, sin embargo, no ha estado exento de irregularidades.

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El aumento en el valor. En sus balances financieros de 2015, Las Vistas reportó que sus inventarios superaban los $8 millones, gracias a las construcciones de casas en sus lotes. Lo hizo gracias a $7 millones en préstamos de INVERVAL, a la que identifica como accionista mayoritaria. (clic para ampliar imagen)

En las declaraciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que Las Vistas ha presentado ante el Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, ha reflejado apenas $32,000 en recibos de crédito fiscal, la forma con la que, por lo general, se adquieren materiales de construcción. Las grandes empresas que venden estos productos no lo hacen si no es de esta manera.

El crédito fiscal tiene un objetivo. Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un insumo y que puede deducirlo ante el Estado al momento de realizar una reventa. La compañía adquiere, por ejemplo, una maleta por $130, de los que 30 corresponden a tributos. Luego, puede vender la misma maleta por $260. Para ello tendría que abonarle al Estado el 30 por ciento de la transacción; es decir, $60. Sin embargo, debido al crédito fiscal, estarán ya reflejados los $30 que ya pagó cuando adquirió el producto y, por tanto, solo tendrá que abonar $30. Se paga un tributo por la ganancia, no por el valor total del producto.

Eso también pasa con las construcciones: el crédito fiscal le permite a una inmobiliaria deducir los impuestos que ya pagó al adquirir los materiales.

Además de revelar informalidad en el proceso de construcción, pues se trasluce que la mayoría de compras se realizaron sin facturas, que Las Vistas casi no echara mano de créditos fiscales representa un tremendo problema contable, donde la empresa podría perder mucho dinero: en los impuestos de renta, pagados al fisco, no se le cobraría por el 30 % de la ganancia (la diferencia entre el costo y el precio de venta); sino, de todo el inmueble.
Eso ha sido compensado, según lo que se refleja en sus balances financieros y en los datos de sus declaraciones del Impuesto sobre la renta, con una muy alta cifra de costos.

Las Vistas comenzó a vender inmuebles en octubre de 2015. Al final de ese año, se había desprendido de seis, por los que declaró unos ingresos de más de $2.6 millones. Pero sus costos fueron muy cercanos: un poco más de $2.3 millones. La ganancia para todo el ejercicio, por tanto, se colocó en $300,000.

Es decir que cada casa se vendió a $433,000, mucho más de lo que se desprende del precio reflejado en las escrituras de compraventa, que fijan esa cifra en un promedio de $325,000. Cada vivienda costó $392,000. La utilidad total para 2015, según sus balances financieros, fue de $160,028 debido a otros gastos.

El siguiente año fue más difícil. Al final de 2016, Las Vistas se había desprendido de otras 13 viviendas, por las que reportó $3.8 millones en ingresos, el equivalente a $297,000 por inmueble, muy cercano al precio de mercado que se establece en las compraventas. Pero los costos representaron una avalancha: $4.9 millones, lo que se traduce en $379,000 por cada casa.

Las pérdidas para ese ejercicio, por tanto, fueron de más de $1 millón. En un contexto como ese, seguir vendiendo sería un mal negocio.

A partir de esto, queda una pregunta en el aire: ¿Por qué decidieron bajar en más de $100,000 el precio promedio de cada inmueble de un año a otro, de $433,000, en 2015, a $297,000, en 2016? ¿Por qué el costo promedio disminuyó en $13,000?

Las Vistas es todavía dueña de 19 casas en la residencial Garden Hills. Ha hipotecado seis de ellas. Dos como garantía de un préstamo, recibido por parte de una persona natural, el empresario de la construcción Raúl Argüello González, dueño de la sociedad Inversiones y Desarrollos Integrales.

Los otros cuatro están hipotecados a favor de Multiinversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, el mismo del que obtuvo el crédito para adquirir su casa Yanira Elizabeth, la hermana del viceministro Merino. Según algunos de los vecinos de Garden Hills, el funcionario ha residido de manera irregular en uno de los inmuebles que todavía le pertenecen a Las Vistas, el número 9 de la calle Zenzontle. Quienes siempre están allí, afirman los vecinos, son sus guardaespaldas.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La red de testaferros del viceministro Merino

La red de testaferros del viceministro Merino
La red de testaferros del viceministro Merino

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los “compas”, José Luis Merino compró una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todavía estaba fresca.

Recibió la bebida y se fue sin pagar. Más de una década en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recibía sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le habían hecho olvidar esa sencilla convención de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La anécdota la rememora el propio Merino en su libro autobiográfico “Comandante Ramiro”, titulado en honor del nombre que usó durante el conflicto armado, Ramiro Vásquez.

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del José Luis Merino actual.
Es uno de los tres líderes del partido que nació de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la institución política que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su período como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no existía, el de viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversión extranjera en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Economía. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. También ha sido desde 2006 (el año de su fundación) el asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.

José Luis Merino también es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situación difícil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refrescó con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su país una carta en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.

Los políticos norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Todo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compañía. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, señala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigación preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Séptimo Sentido tuvo acceso a esa indagación y contó con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condición para expresarse sobre ella.

José Luis Merino
José Luis Merino

Uno de sus principales hallazgos fue la identificación de los que, en su opinión, son los principales testaferros de José Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una década, Erick Giovanni Vega. La investigación destaca, entre todos, el nombre de José Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el más importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparición en registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panamá.

Según la misma investigación, otro criterio para señalarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentación sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien Séptimo Sentido entrevistó por medio de intercambios de correos electrónicos, asegura que la hipótesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con José Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un círculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 años) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.

Se intentó arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero aún después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al número que él mismo le facilitó, no se obtuvo respuesta.

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, José Luis Merino viajó hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma más efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organización de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al “imperialismo norteamericano”. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA señalan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese país, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigación de sus finanzas.

Se trata de una red de tres compañías en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigación. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el límite de sus aportes monetarios.

Las tres sociedades son Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro público de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que también aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, según los respectivos registros de comercio de ambos países centroamericanos.

Relaciones. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformación de Alba Petróleos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de José Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adrián Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma dirección, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, está el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petróleos en Panamá, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma dirección que en las empresas en Nevada.

Nevada es, actualmente, un paraíso fiscal y es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compañías. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, además, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligación de compartir información relacionada con sociedades domiciliadas allí con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una dirección domiciliar en el estado, que puede ser una pequeña oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas señaladas remiten en sus registros a la misma dirección.

Además de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compañías en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien no hace mucho fungió como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.

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El principal testaferro

José Mauricio Cortez Avelar es, ahora, un hombre orquesta, con participación en múltiples negocios. Pero no siempre fue así. De pelo alborotado (en el que conviven el negro y el blanco), mentón prominente y nariz pronunciada, hasta 2010 las actividades profesionales de este abogado de 60 años se habían limitado a servir de notario en los documentos de pequeños negocios, o como apoderado legal de personas que no querían pasar por el engorroso trámite de un proceso civil.

Su suerte comenzó a cambiar a inicios de la presente década, específicamente en 2011. Ese año, un hombre que solo había tenido participación en pequeñas cajas de crédito o en sociedades con orientación religiosa comenzaba a formar parte de las juntas directivas de empresas de los más variados rubros, con una buena estrella desde su nacimiento.
Las mismas empresas que, a partir del siguiente año, serían las receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor y el rostro visible cada vez que esta realiza una donación al gobierno central.

En ese 2011, Cortez Avelar también se convertiría en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos. Todas relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña.

Según la revisión de los registros de comercio de El Salvador y Panamá, su participación en sociedades financiadas por Alba Petróleos no dejó de crecer en los años posteriores. Solo en El Salvador ha participado en 15 (aparece como accionista de cinco de ellas) y sigue activo en 10. Es apoderado legal y mercantil en dos de aquellas en las que ha dejado su puesto. En Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. A estas se suman las otras dos de las que es miembro en Nevada, Estados Unidos. Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años.

Con todo esto en su hoja de vida, Cortez Avelar podría parecer un potencial magnate de los negocios. Pero, al menos para el fisco salvadoreño, es un hombre de ganancias medias. Eso reflejan las declaraciones de ingresos anuales que el abogado ha presentado al Ministerio de Hacienda salvadoreño desde 2010 hasta 2015. Estas van así: $14,520 (2010), $14,961 (2011), $18,098 (2012), $27,744 (2013), $9,423 (2014) y $33,881.25 (2015).

Es decir que en el año que más ganó (2015), con un total de $33,881.25 para todo el ejercicio, sus ingresos mensuales no pasaron de los $2,750, lo que, al menos en El Salvador, equivale al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o al de un asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Un buen salario, pero lejos todavía de la imagen de un hombre con participación en tantas empresas, dentro y fuera de El Salvador.

A Cortez Avelar se le escribió un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

También se le buscó en la dirección de una de sus empresas, PROCREADOR. Esta resultó ser su casa de residencia. En ese momento no estaba él, sino su hijo, a quien se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con Séptimo Sentido. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

El hombre en Nevada

Aldo Adrián Aguirre es un guatemalteco residente en Las Vegas, Nevada. Fue vicecónsul honorario de su país en esa ciudad desde 2003 hasta 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Según su perfil de Linkedin, entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. En 2010 también colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año. Aldo no es solo un diplomático y un hombre preocupado por los derechos de su comunidad en el país del Norte.

Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios. Ha tenido puestos directivos en varias empresas de Nevada. Una de ellas fue Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada que lo tuvo a él como su agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Según él mismo la describía en Linkedin, la sociedad se centraba “en satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.

Fue precisamente Alianza Consulting Group la compañía que significó uno de sus primeros vínculos con Alba Petróleos de El Salvador. El 12 de abril de 2011, amparado por esta sociedad, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá de la empresa salvadoreña, según los documentos de conformación de la sociedad en el registro público panameño. Seis días antes había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, esta vez en Nevada, su estado de residencia.

Su nombre comenzó a ser cada vez más regular en sociedades relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña a partir de 2012. Hasta la fecha, Aldo Aguirre ha tenido participación en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.

En este último grupo se encuentra Vuelos Económicos de Centroamérica (VECA), aerolínea que copó titulares en la prensa salvadoreña por las irregularidades de su cierre en enero de este año: tras la cancelación de varios vuelos en Costa Rica y El Salvador, se le abrieron expedientes en ambos países. Terminó sus operaciones sin cancelarle a sus empleados el sueldo de enero de 2017 y sus liquidaciones. La empresa alegó que no tenía fondos para pagar. La dueña del 60 % de sus acciones, El-Día Corporation, domiciliada en Curazao, había recibido desde 2013 varios préstamos por parte de Alba Petróleos que, hasta 2015, sumaban más de $39 millones, 10 más de los que El-Día destinó para financiar a VECA. Aldo Adrián Aguirre ocupó el puesto de director secretario de la compañía desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Aldo reside, actualmente, entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador. Así se puede observar en la consulta de sus registros migratorios en el país y en las fotografías que ha subido a una de sus cuentas de la red social Facebook, en las que utiliza el nombre de Mateo Madrid. Este perfil está vinculado a uno de los números que el guatemalteco facilitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que pudiera comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

Él es el encargado de informarle a la institución nacional sobre las novedades en la compra de un repuesto cuya ausencia, en teoría, imposibilita que la nave zarpe. Aldo se presenta como parte de la administración y el departamento financiero de Guazapa, S. A.
A ese mismo número se le marcó para consultarle sobre la naturaleza de las empresas conformadas en Nevada. También para despejar una duda: ¿cómo se relaciona un guatemalteco residente en Las Vegas con un político salvadoreño? Esas preguntas debían ser respondidas por el propio Aldo, a quien se le marcó a todos los números, tanto en Panamá como en El Salvador, que facilitó a la AMP para ser contactado. También se le escribió al correo electrónico que entregó para el mismo fin, pero no se obtuvieron respuestas en ninguna de estas vías.

El hermano lejano

Mientras José Luis Merino peleaba la guerra bajo el seudónimo de Ramiro Vásquez, uno de sus hermanos, Sigfredo Armando Merino Cabrera, migraba hacia Estados Unidos en busca de un lugar para vivir en paz. Así fue como pudo obtener la ciudadanía americana. Ha sido su pasaporte estadounidense el que ha utilizado para algunos de sus trámites, como cuando se le concedió un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010.

Tras terminarse la guerra, Sigfredo no tardó mucho tiempo en volver a El Salvador. Y lo hizo para ser la mano derecha de su hermano, José Luis, en varios negocios. El excomandante Ramiro fue beneficiario de créditos dirigidos a que combatientes desmovilizados montaran emprendimientos.

Ambos estuvieron en las juntas directivas de varias empresas, que no han presentado actividad desde los primeros años del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire. En todas, Sigfredo actuaba como administrador único propietario y como representante legal. Las mismas no lograron los resultados que los hermanos Merino esperaban.

Así, las actividades comerciales de Sigfredo en la pasada década se concentraron, sobre todo, en su participación en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa de tratamiento de desechos sólidos contratada, sobre todo, por alcaldías en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del que su hermano José Luis ya era uno de sus principales líderes. Estuvo en CAPSA desde 2003 hasta 2006.

La suerte de Sigfredo, como en el caso de José Mauricio Cortez Avelar, cambió en la presente década: ha estado en puestos importantes en al menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador, compañía de economía mixta de la que fue gerente.

Fachada de Alba Petróleos
Fachada de Alba Petróleos

Séptimo Sentido se contactó ayer vía telefónica con Sigfredo Merino. El empresario afirmó la primera vez que se le buscó que desconocía por qué aparece en una compañía en Nevada, Alba Petróleos Las Vegas. Sostuvo que no tiene nada que ver con esta.
“Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”, dijo al mencionarle que es su nombre el que aparece en el registro. Afirmó que hablaría más en una entrevista cara a cara, con documentos de por medio, otro día.

Para algunos militantes de mediano rango del FMLN, que hablan en condición de anonimato, que el hermano de José Luis Merino haya sido tan beneficiado con el dinero proveniente de Venezuela canalizado por Alba Petróleos de El Salvador no termina de convencerlos: no entienden cómo alguien que no peleó la guerra pueda ocupar, hoy en día, puestos tan importantes en el esquema del brazo financiero del partido al que dio vida la guerrilla por la que tantos de ellos ofrecieron su juventud.

El círculo más íntimo de José Luis Merino cuenta con alcances transnacionales e, incluso, ha tenido actividad en el corazón mismo de Estados Unidos, el país que ahora tiene en la mira sus finanzas, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC) oficialice una investigación y defina si, en efecto, se han cometido ilícitos.

La tarde de ayer se buscó a Sigfredo Merino una vez más para explicarle que la publicación se haría hoy, para lograr pactar un encuentro. Respondió que, después de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos (a quien afirma que no conoce personalmente), utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa.

Sigfredo Merino hizo llegar a esta revista una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos le aclara que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo “sensible” de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus “contactos venezolanos”.

En los siguientes trabajos de esta serie se dará a conocer un caso que apunta hacia el lavado de dinero y las negociaciones previas a un intento de soborno. En ambos casos están involucrados José Luis Merino y las personas cercanas a él descritas en este primer texto.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Privados de libertad escriben libros sobre el campo y la navidad

Presentación. Privados de libertad en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque presentan los libros que escribieron basados en sus memorias.

“Crecí en El Mozote, vengo del monte, de cerros y de historia de guerra. A veces creo que soy del tiempo y del olvido”. Eso escribió Pablo a manera de presentación en su libro. Él es un joven de 17 años que guarda prisión en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque.

Pablo mide alrededor de un metro y medio, es delgado, lleva el pelo corto y no tiene tatuajes. Su libro, junto a los otros 10 que se presentan este lunes 14 de agosto, ha sido producido a través del proyecto “Soy Autor” de la ONG Contextos.
Durante tres meses, 11 privados de libertad decidieron qué parte de sus vidas querían (y podían) publicar. La historia que Pablo terminó escribiendo es sobre un día en el que recorrió junto a su hermano el río Sapo, la poza de Las Culebras, persiguió cangrejos y corrió entre las veredas de Morazán.

De todos los privados de libertad en este evento, Pablo es quien tiene la cara más tierna. Mientras sonríe ampliamente, los ojos se le entrecierran. Habla despacio, sus gestos son suaves y responde con paciencia las preguntas que el público invitado le hace sobre el libro que escribió. Él es una de las personas que más podrían inspirar confianza dentro de este grupo de gente, de no ser porque es el único que viste una camisa blanca sobre la que se ha pintado una M y una S, acompañadas de dibujos de huesos y cadenas.

Pero en este evento dentro del centro, Pablo sonríe y habla de la poza en la que solía nadar frente a un montón de desconocidos que omiten preguntar cualquier tema relacionado con su camiseta.

***

“Mi amigo sincero”. Ese es el título del libro que escribió un privado de libertad en el que narra la muerte de un amigo cuando fue alcanzado por un rayo.

El programa de escritura se realiza “sin defender (a los reos) ni justificar por qué están allá”, explica Zoila Recinos, la directora de programas de Contextos. Ella se encarga de recalcar que con esos programas no se pretende justificar ni apoyar los delitos que estos jóvenes han cometido. Programas como este, comenta, sirven para que los privados de libertad reflexionen sobre su propia historia.

El Centro de Inserción Social de Tonacatepeque es el lugar al que se envían a los menores de edad que se han encontrado culpables de cometer algún delito y tienen vínculos con la Mara Salvatrucha. En el país hay cuatro centros de inserción para menores y en total, albergan a 770 jóvenes.

Cada uno de los autores ha decidido por su propia cuenta qué historia quiere contar. Algunos hablan de su infancia, otros de este presente en el que extrañan a su familia. El escenario que Pablo usa en su libro evoca al campo y la tranquilidad de la vida rural en El Mozote, Morazán.

La historia del libro está alejada de la realidad de este centro. En este lugar pagan su condena algunos imputados por casos de violencia extrema. Por ejemplo, en mayo aquí fue internado un joven acusado de violar a promotoras de salud que llegaron a trabajar a una comunidad, y en junio, dos menores de edad fueron condenados a cumplir seis años de cárcel en este centro por haber asesinado al alcalde de Tepetitán. Los ajustes de cuentas y homicidios entre reos tampoco son un tema superado. En marzo la Fiscalía reportó el levantamiento del cadáver de un interno.

En este ambiente hostil es que los maestros de Contextos imparten un taller de escritura creativa para la paz. La organización sabe que con su proyecto se está creando un libro con poco o nulo impacto en la literatura, pero aseguran que el objetivo de este programa es otro.

Aquí escribir se entiende como la oportunidad de brindarles a estas personas un “proceso de introspección, de compartir sus vivencias”. La directora del programa asegura que cuando los internos reflexionan sobre literatura y sobre lo que escriben se les está dando la ocasión de “escuchar a los demás” y “ modificar los propios sentimientos”. Esas dos cosas suenan básicas, explica Recinos, pero es necesario construirlas desde cero con esta población.

“Soy Autor”. El programa se enfoca en hacer que los jóvenes “lean como escritores” para luego narrar sus memorias. El 14 de agosto fueron presentados 11 libros creados en este.

***

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en este acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana espera sentada en una de las 45 sillas que se han colocado en un salón del Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Ella espera ver a su hijo mientras los trabajadores de Contextos inflan y pegan globos dorados y blancos en las paredes.

Frente a Ana hay una mesa de honor y en la mesa de honor hay un papel con el nombre de su hijo, el interno encargado de dar las palabras de agradecimiento. Conforme los minutos avanzan el salón se empieza a llenar con personal del Ministerio de Educación, invitados y empleados de la ONG. Antes de entrar acá cada uno de los invitados ha pasado un protocolo de seguridad en el que se revisa que no ingrese ningún ilícito al centro; después ha caminado por un pasillo hasta llegar a este salón en el que un guardia se encarga de abrir el candado de la puerta. Al otro extremo del salón, otro custodio vigila el área de ingreso de los reos.

Ana trabaja en una maquila. Tiene 33 años y tuvo a su hijo cuando tenía 15 años. Salió de su casa a las 4:40 de la mañana para poder estar a tiempo en el acto. Este lunes está un poco nerviosa porque no sabe si le brindarán una constancia de presencia en este lugar para presentarla en su trabajo. Si el centro no le brinda la constancia, cuenta que le descontarán $20. Si la consigue, el descuento será de $10.

Ana viste sencillo: sandalias, una falda azul y una camisa blanca con rayas. No tiene ni una pizca de maquillaje en la cara y afirma que su error, quizá, fue pasar trabajando todo el tiempo.

Cuenta que Gabriel, su hijo, fue acusado de extorsión. Ahora lleva un año y tres meses encerrado. “No hay palabras para decirle cómo me siento”, dice emocionada cuando ve que uno de los libros que se exponen en las mesas tiene el nombre de su hijo en la portada. Cuenta que cuando ella salía de los turnos de la maquila y regresaba a su casa, Gabriel siempre estaba a su lado. Pero no está segura de qué hacía Gabriel mientras ella trabajaba.

A las 9 de la mañana un guardia abre un candado y luego una puerta. Nueve de los 11 privados de libertad que presentan su libro ingresan al salón. Todos llevan camisas y pantalones anchos y el pelo corto. A excepción del personal del centro y los maestros del programa de escritura, no conocen a la mayoría de los invitados. Caminan hacia adelante y se arrellanan sobre las sillas de la primera fila. Gabriel sale y se sienta en la mesa de honor rodeado de personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Ana mira a su hijo y sonríe tímida.

La presentación de los libros empieza. Quien dirige el acto es un maestro de Contextos y Alejandro, un reo que ha escrito un libro. Alejandro es moreno, usa una camiseta de la selección nacional de fútbol, tiene ojos verdes y pestañas largas. Habla medido y no titubea al decir que “somos pandilleros y tenemos sentimientos”.

Después de los saludos de bienvenida, es el turno de Gabriel para dar las palabras de agradecimiento. Se levanta, desdobla una página y lee el discurso que ha escrito a mano con ortografía impecable y lapicero azul. Su intervención empieza con una cita bíblica y termina diciendo: “Gracias por darnos la oportunidad de presentarle al mundo entero que somos seres humanos igual que ustedes dándoselo a demostrar con estas historias”.

Contextos usualmente realiza este programa con grupos de 12 personas. Nadie está obligado a participar. La organización le presenta el programa a toda la población privada de libertad y luego los interesados se presentan a las clases de escritura creativa. Una vez instalado el proyecto, se imparten dos clases por semana hasta completar las 22 sesiones. En esas horas clase se trabajan los borradores de texto y el proceso de edición y revisión de los libros.

“En la clase se abordan experiencias humanas –asegura la directora del programa–. Cada uno tiene la responsabilidad de saber que va a exponer cosas dolorosas. No decimos ‘van a escribir sobre lo que ustedes han hecho, sobre la pandilla’. No, son temas genéricos”.

Por eso, las historias que se presentaron son variadas. Está la historia de un joven que no conoce a su hija porque nació después de que él fue internado, un libro que habla sobre la muerte de una hermana y otras historias como una graduación de noveno grado, o la navidad inolvidable de alguien que pudo usar ropa nueva y jugar fútbol un 24 de diciembre. Todas las historias están situadas en colonias marginales y comunidades. No hay un solo libro en el que se reconozca que el nivel de vida de ellos era privilegiado.

Después de las palabras de agradecimiento del acto, el centro de inserción brinda media hora para que los privados de libertad puedan compartir su experiencia con los invitados. Como sucede en las ferias de logros de las escuelas, los internos se colocan detrás de la mesa en la que está expuesto su libro y hablan con desconocidos sobre el proceso y la dificultad de encontrar las palabras adecuadas al momento de escribir.

Ninguna de las historias profundiza sobre la vida siendo un interno. Pablo, el reo que usa la camiseta con símbolos de la mara, menciona algo que ayuda a explicar cómo incluso estos programas que buscan la expresión de los privados de libertad están regulados por estructuras de poder internas.

Cuando se le pregunta si alguno de sus compañeros se opuso a que él escribiera su historia, él responde que no, porque el proceso “fue avalado por los demás que lo hiciera. De todos modos no es nada malo lo que cuento”. Luego explica que la escritura fue difícil por otros motivos que no tenían que ver con coerción, sino con marcas personales. “Al principio nos costó escribir, porque alguno quería escribir cosas con mucho dolor, entonces mejor escribimos historias más comunes”.

Mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

 

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Cuando a Pablo se le pregunta por qué está encerrado en este lugar responde con evasivas. Se limita a responder: “Son errores de uno. Y como dicen, al que anda en la miel algo se le pega”.

Pablo cuenta que tiene tres hermanas y tres hermanos. Dice que le gustaría volver a El Mozote, pero sabe que solo podría ir de paseo porque “hay varia gente que quedó enojada”. Allá causó temor.

Un vecino de la zona donde vivía Pablo pide no ser identificado antes de hablar de cómo lo vio crecer. Afirma que la gente no nace mala y que nunca se imaginó que Pablo terminaría encerrado. Lo describe a él y a sus hermanos como niños tranquilos que en más de alguna ocasión ayudaban a hacer el oficio del día en casas ajenas.

El Mozote es un lugar reconocido por una masacre ocurrida en diciembre de 1981 en la que soldados mataron a 900 personas de la población civil, incluidos infantes. Dos décadas después de la masacre, nació Pablo. El vecino cuenta que Pablo iba a la escuela local, pero que la abandonó por la calle y se le vio caminando armado por las veredas del lugar. Según la base de datos del Ministerio de Educación de 2016, la escuela del caserío no tiene teléfono, fax, correo electrónico o baños que funcionen con sistemas de alcantarillado.

“Eso es descuido y maltrato de los padres”, dice el hombre tratando de encontrar una razón que explique el presente de Pablo. Él afirma que lo vio crecer y escuchó alguna vez cómo el joven contaba que en su casa lo golpeaban. Hace un par de años, recuerda, dejó de verlo por la zona. El rumor de la comunidad es que fue acusado de amenazar y extorsionar a personas de las comunidades aledañas.

En el libro que ha escrito, Pablo está en el campo. “Me gusta la vida rural, creo que aquí todo es posible”, se lee en su texto. Pero su realidad es Tonacatepeque. Este lunes ninguno de sus familiares vino a la presentación de su libro. Dos de ellos, quizá porque no pueden. Desde su comunidad rumoran que dos de sus hermanos también están presos.

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Proceso. En la presentación de los libros fue posible observar los distintos pasos
del proyecto, incluyendo los cuadernos donde empezaron a escribir sus escritos.

La organización que impulsa el programa empezó a trabajar en 2014 con privados de libertad. Ese año trabajaron con adultos en el penal de Quezaltepeque. Hasta este año se han iniciado los programas “Soy autor” en los cuatro centros de inserción a escala nacional.

La inversión económica para cubrir los gastos de materiales, educación y producción de “Soy Autor” para 2017 es de $167,000. Ese dinero, producto del apoyo de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, cubre la ejecución del programa en los centros de inserción social a cargo del ISNA.

Ya que en estos espacios se resguarda a menores infractores de la ley, el presupuesto del centro es parte del presupuesto general del ISNA y no de la Dirección General de Centros Penales. La dirección brinda la seguridad de los centros.

El presupuesto sigue siendo insuficiente para el trabajo de reinserción a la sociedad que estos centros deben realizar. El ISNA destina $3.8 millones para las labores de inserción social. Esta cifra no debe entenderse como sinónimo de lo invertido en programas para que los que ahí entran cambien sus vidas. La mayoría del dinero es para pagar salarios. El rubro de remuneraciones es de $2.4 millones y para la adquisición de bienes y servicios se destinan $1.3 millones.

Ante esta realidad, las ONG que trabajan con las personas que han cometido delitos siendo menores de edad se vuelve crucial. Contextos se financia a través de donaciones y de concursos de fondos internacionales.

Además de trabajar con centros penales, la organización da capacitaciones para maestros de escuelas públicas y trabaja con jóvenes en comunidades de alto riesgo. Sin embargo, mencionar que se trabaja en espacios con jóvenes pertenecientes a pandillas funciona como un repelente de donaciones. Así lo explica Zoila Recinos: “Hay empresas donantes que no entienden esta vinculación, que dicen yo voy a apoyar escuelas, no voy a estar apoyando nada que tenga que ver con prisiones o pandilleros porque no lo ven como centros de inserción y ese es uno de los retos de ISNA”.

Cuadernos donde comenzaron a escribir sus notas.

 

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El maestro de ceremonia avisa que la media hora que tenía el público para platicar con los privados de libertad ha terminado. Todos retoman sus asientos y se procede a la entrega de los diplomas. El maestro que entrega los reconocimientos los llama por su nombre y menciona alguna de sus cualidades. A uno de ellos lo llama “uno de los tipos más listos que conozco”.

En este proyecto se habla de la importancia del lenguaje en situaciones concretas. Eso se evidencia desde el momento en el que los reos se cuidan de decir lo justo, hasta las ocasiones en que la ONG decide omitir la palabra “líder” del lenguaje usado en sus actividades “por el tema de pandilla. Porque en la estructura (criminal) ‘líder’ es otra cosa”.

Terminado el acto, Johana Díaz, una de las maestras que ha dirigido el proceso de estos jóvenes, se muestra orgullosa del resultado. Díaz afirma que otros colegas le han cuestionado por qué trabaja con población dentro de la cárcel, pero afirma estar convencida de la necesidad de trabajar en contra de la estigmatización de los privados de libertad.

Quienes participan en el programa deben leer a diferentes autores y aprender a identificar las emociones que se le adjudican a los personajes de los libros. Eso funciona como un “simulador de emociones para generar empatía”, explica la directora del programa. Aprender a identificar los sentimientos, aseveran, sirve para ver las historias de otra manera y abrirse a hablar incluso del dolor propio.

El acto termina y los internos se preparan para volver a su espacio cotidiano. Antes, la maestra de escritura de este grupo les ha dicho que está agradecida porque “contaron historias que son difíciles de contar”. Alejandro, el pandillero moreno de ojos verdes y pestañas largas, lo confirma. En su libro habla de cómo se sintió cuando su hermano mayor migró huyendo de un problema de pandillas para salvar su vida. “¿Y vos a quién le habías contado eso?”, le pregunta la docente. Alejandro baja por un segundo la guardia, mira hacia abajo y responde: “A nadie”.

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“¿Qué posibilidades les damos a estos menores? ¿Posibilidades de estar estudiando? ¿Posibilidades laborales? Si no existe un entorno favorable, es muy difícil poder hablar de reinserción. En el Gobierno, en la Asamblea se intenta hablar mucho de reinserción. Si todo este discurso, que es muy bonito, no lo acompañamos de hechos reales, es muy difícil”, asegura Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Los procesos de reinserción no son entendidos solo como un cambio personal que deben hacer los reos, sino, un cambio que Estado y sociedad deben acompañar. “Lo que necesitan los jóvenes pandilleros son oportunidades y sobre todo verdaderos procesos educativos con base en ciudadanización”, escribió en una columna de opinión de LA PRENSA GRÁFICA el especialista en educación Óscar Picardo a inicios de este año.

Contrario a lo recomendado, los esfuerzos de reinserción social estatales están marcados por carencias. Sumado a esas faltas, se tiene la ausencia de núcleos familiares fuertes que puedan recibir a los infractores cuando terminen de cumplir su pena. En este evento, a pesar de que las familias de los jóvenes fueron invitadas, no hay parientes. Entre decenas de personas que vinieron a este espacio a escuchar las historias de los presos solo hay una madre. Es Ana, la mujer que madrugó y tomó varios buses para escuchar la historia que su hijo quiere contar.

*Los nombres de los infractores de la ley han sido cambiados a petición del ISNA.

Más de 700. Los centros de inserción social del ISNA albergan a más de 700 jóvenes que cumplen sus condenas por haber cometido algún delito siendo menores de edad.

La extorsión nuestra de cada día

Captura. Un policía observa en la pared una serie de números telefónicos, en la casa de Antonio Barahona, capturado por el delito de extorsión en el cantón Joya Galana, de Apopa, en septiembre de 2009.

Esa mañana, la del 3 de junio de 2014, Calixto vio salir a su hija Irene hacia la escuela, con su maletín café en la espalda, vestida con su uniforme escolar. La vio salir como se mira llover, esperando que regresara a la hora acostumbrada. La adolescente no llegó a la casa nunca más.

Al siguiente día, Calixto recibió una llamada. Desde el otro lado, una voz de hombre le advirtió que tenían a su hija y que debía pagar $700 para recuperarla. Para ver de nuevo con vida a su hija, Calixto estaba obligado a conseguir el equivalente del salario de un cabo de la Policía Nacional Civil con 16 años de servicio dentro de la corporación.

El 9 de junio, apenas cinco días después del primer contacto telefónico y tras ser bombardeados por otras llamadas y mensajes amenazantes, Calixto y su pareja, Marina, depositaron $350 en una cuenta de banco, la mitad de lo exigido. Quizá como una muestra de su compromiso, una promesa de que cubrirían lo pactado. Pero esto no convenció a la voz que hablaba desde el otro lado.

Por eso, ese mismo día, ambos padres enviaron otros $150 por medio de un servicio de transferencias de dinero vía telefónica. Dos días después, el 11 de junio, y por el mismo medio, Calixto y Marina despacharon $105 más: $605 en total. Creyeron que eso les traería a su hija de nuevo a su hogar. Pensaron que quizá estaba sufriendo, pasándola muy mal.
El miedo es el paralizante más eficaz. El que impide que se sigan los pasos lógicos. En este caso, denunciar la desaparición de Irene ante las autoridades. Por eso les tomó cinco días, desde que la adolescente desapareció, para denunciar su secuestro a la Policía Nacional Civil. Lo hicieron el 8 de junio. Un día después, hicieron el primer pago, el de $350.
El caso le fue asignado a un equipo de investigadores y a un negociador, que se habían limitado a observar cómo se desarrollaban los hechos después de que la pareja realizó los pagos.

El 14 de junio, 11 días después de la última vez en que Calixto vio a su hija, uno de los investigadores recibió por parte de sus informantes una pista, una auténtica sorpresa: Irene, la misma adolescente por la que unos padres habían pagado a un desconocido más de $600 para que se las regresara a su casa, caminaba tranquilamente en las cercanías de la alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Al investigador le llegaron otros detalles: Irene había sido vista con miembros de la Mara Salvatrucha, la misma que domina la colonia en que vivía.

El policía actuó con rapidez: le pidió a su informante que no se despegara de Irene, mientras otros agentes se acercaban al lugar para comprobar si, en efecto, la que andaba ahí caminando por su propio pie era la misma adolescente.
Era Irene, que no vestía ya su uniforme escolar. Los agentes la interceptaron en una gasolinera ubicada entre la 3.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo Segundo. Le preguntaron su nombre y qué hacía en el sitio. Al principio, respondió tranquila a los requerimientos. Aseguró que esperaba a un grupo de amigos. Los agentes insistieron un poco más y la adolescente se quebró. Entonces, según los policías que estaban en el sitio, intentó huir.

Fue retenida. Por ser una menor de edad, le preguntaron a quién podían avisar de su detención. Respondió que a nadie. En el sitio se le incautó una mochila de lona gris, en la que andaba sus zapatos y su uniforme escolar. También dos teléfonos móviles. Ahí se comprobó que había mantenido contacto con el mismo número que, en más de 70 ocasiones, había marcado a los celulares de sus padres para exigir un rescate por ella. Un rescate que ascendía a $700.

El número en uno de los aparatos de Irene aparecía identificado simplemente como Anderson. En el otro, era más comprometedor. Ahí el nombre asignado al número de la persona que extorsionaba era Amor.

“Se infiere que la menor nunca estuvo secuestrada y confabuló con varios sujetos para extorsionar a los ofendidos clave Calixto y Marina”, escribieron los fiscales del caso en su requerimiento de acusación. Además de Irene, quien fue juzgada como menor infractor, fueron acusadas otras dos mujeres.

La primera de ellas, a la que las autoridades simplemente identifican como Glenda Arely A. L., fue la encargada de recoger los $350 de la cuenta de banco que estaba a su nombre, “materializando el lucro económico de la extorsión”. La otra, Wendy Liseth C. L., retiró los $255 que Calixto y Marina enviaron por un servicio de transferencia vía telefónica.

El 22 de junio de 2015, las dos mujeres fueron condenadas a cinco años de prisión y a pagarles a las víctimas $300 cada una. Las autoridades habían logrado condenar a las involucradas apenas un año después de que se cometieron los hechos.

Sin embargo, no fue un acto de efectividad: ello ocurrió así porque la Fiscalía General de la República solicitó un proceso abreviado, en el que propuso a las acusadas y a su defensa una considerable reducción a la pena con la condición de que se declararan culpables. Así evitaron la verdadera pena para el delito que cometieron, extorsión agravada, que va de los 10 a los 20 años de cárcel.

Al menos en este proceso, no hubo ni huella de aquel hombre que hablaba desde el otro lado del teléfono. La única pista de las autoridades es que las llamadas provenían, con un “99 % de probabilidad”, de la finca Argentina, más específicamente desde el interior del centro penal La Esperanza, Mariona. El que extorsionaba, según las autoridades, era un reo de esa cárcel al que aún hoy no han logrado identificar.

Especialización. La PNC cuenta con una subdirección Antiextorsiones. En 2012 se creo la Fuerza de Tarea Antiextorsiones, una especie de grupo élite dedicado a casos especiales.

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La extorsión se funda en el miedo. En la incertidumbre de que las amenazas que llegan desde el otro lado del teléfono o desde quien se presenta ante uno sean ciertas. Es un delito comúnmente identificado con las pandillas, su principal fuente de financiamiento. Pero también es cometido echando mano de familiares y personas cercanas, como en la historia de Irene y sus padres.

Y aunque se trate de un delito que atenta contra el patrimonio, pues siempre tiene tras de sí un componente económico, se le ha denominado un crimen “pluriofensivo”, pues también socava la voluntad de sus víctimas, vuelve su corazón materia maleable al arbitrio de quien amenaza.

Por eso es que, según las mismas autoridades de Seguridad en El Salvador, el de la extorsión es, seguramente, el delito con la cifra negra (la diferencia entre los hechos cometidos y aquellos que se denuncian) más grande de todos. Una situación grave si se toma en cuenta que se denuncia no pocas veces y que, también, es uno de los crímenes que con más frecuencia se judicializan en el sistema salvadoreño.

Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recaen en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Y de que es un delito cuya magnitud no puede medirse con exactitud da cuenta también la diferencia existente entre las denuncias que se presentan en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil.

Por ejemplo, en 2014 la FGR contabilizó 3,010 casos de extorsión a escala nacional. La PNC, en el mismo período, reportó 2,480, es decir, 500 menos. Lo mismo ocurrió al siguiente año, cuando la primera institución certificó que trataron 2,840 procesos por este delito y la segunda, 2,242, es decir, 600 menos.

Eso no es exclusivo del caso salvadoreño. Pasa exactamente lo mismo en países como Guatemala. Según el documento “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala”, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de ese país en 2014, las cifras variaban entre la Policía Nacional Civil guatemalteca y el Ministerio Público en porcentajes incluso más altos que en El Salvador. En 2013, por ejemplo, el MP tuvo 7,200 denuncias, mientras que la PNC se limitó a 5,600, casi 2,000 menos.

Según el mismo estudio, lo anterior puede deberse a que las personas tienen más confianza de denunciar en una sede fiscal, mucho más centralizada y alejada de los lugares donde ocurren los hechos, que en un puesto policial. Los denunciantes piensan que en un sitio muy cercano a sus hogares la información se puede filtrar y significar, por ende, una muerte segura. Cierto reparo con respecto a la PNC en Guatemala también puede ser parte de la ecuación.

Algo muy similar a lo que pasa en El Salvador, donde incluso policías se han visto involucrados en hechos como estos. Según datos de la Fiscalía General de la República, 28 agentes de la institución fueron denunciados por extorsión entre 2013 y marzo de 2017.
Un punto interesante es el tipo de personas que se procesan por extorsión en el país. La revisión de 30 sentencias condenatorias relacionadas con este delito, proclamadas entre 2014 y 2016 y seleccionadas al azar, da cuenta de que la mayor parte de condenas recae en exclusiva en aquellas personas encargadas de recoger el dinero, no en quien amenaza.

Fallecido. Un policía recolecta evidencia en la escena donde una grupo de policías asesinó a una persona
en San Miguel Las Mercedes, Chalatenango.
Se trataba de un pandillero que había llegado a recoger el pago de una extorsión.
Al ver a los agentes, los atacó.

Entre los 30 casos hay 40 personas acusadas, 24 son hombres y 23 de estos fueron individualizados después de que investigadores de la Policía Nacional Civil programaron junto a las víctimas una entrega de dinero controlada. Solo uno de ellos fue identificado al recoger el dinero mediante un servicio de transferencias electrónicas.

Es el único caso de los 30 consultados para este trabajo donde quien llama para extorsionar es la misma persona que recoge la plata. Se trata de un reo que, al momento de cometer el ilícito, guardaba prisión en el centro penal La Esperanza, condenado, precisamente, por extorsión. Por eso recogió el dinero mediante una transferencia electrónica.

De las 16 mujeres, 15 fueron individualizadas tras recoger el dinero en una cuenta bancaria que estaba a su nombre o mediante un servicio de transferencias electrónicas. Es la manera más fácil para identificar a alguien involucrado en un delito de extorsión.
Según datos de la PNC, en 2015, de los 2,242 casos que recibieron en sus sedes, 1,159 extorsiones iniciaron mediante una llamada telefónica. Un poco más de la mitad. En 936 ocasiones, el extorsionador se presentó personalmente. En 209 el mensaje llegó por medio de un manuscrito que la víctima pudo encontrar en su lugar de trabajo, en su casa o le fue entregado por un menor de edad.

En los 30 casos revisados para este trabajo, 28 iniciaron con una llamada telefónica. Por eso es que en apenas una ocasión (la que ya se explicó más arriba) fue posible individualizar a la persona que se encargaba de amenazar, por lo que, en la práctica, el resto quedó en la impunidad. En algunas ocasiones las amenazas han continuado incluso después de que se iniciaron los procesos judiciales, según lo expresado por las víctimas en los documentos que recogen las sentencias condenatorias.

Esto último vuelve ambiguas las declaraciones tanto del actual director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, como del jefe fiscal de Áreas Especializadas, Allan Hernández, que aseguran que el 93 % de las denuncias por el delito de extorsión son resueltas. Es cierto que el país ha avanzado mucho en torno de la persecución del delito, con la creación de unidades especializadas y de una ley especial para la extorsión, pero ¿es cierto que solo el 7 % de los culpables quedan en la impunidad cuando a quien se juzga no es quien amenaza, sino quien recoge el dinero, posiblemente quien no es su beneficiario final?

“Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”.

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Denuncias. En el 2016, la PNC contabilizó 2183 casos de extorsión.
657 de estos ocurrieron en el departamento de San Salvador.

La cifra negra del delito de la extorsión no es calculable en toda su magnitud. Se habla incluso de que se ha convertido en una norma, en una especie de tributo no oficial que vendedores informales, micro y pequeños comerciantes, maestros y un largo etcétera pagan por descontado.

Eso se traduce en que una persona puede pasar años pagando una extorsión, lo que hace mella no solo en sus finanzas, sino también en su salud mental, la gran marginada del sistema salvadoreño.

Para el psiquiatra Carlos Alberto Escalante, fundador del Programa Nacional de Salud Mental en el quinquenio pasado, esto, la ubicuidad de la extorsión en El Salvador, es un fenómeno que tiene mucho de problema de salud pública: un ejército de personas sometidas a un estrés que tiene que ver con su sobrevivencia, que, al extenderse en el tiempo, puede mudarse en una depresión ansiosa. También ahí están los deseos de venganza, la aspiración de que aquel que ha sometido mi libertad y se ha llevado parte de mis (siempre escasos) recursos pague incluso con su vida.

Según el profesional, solo ha tenido la oportunidad de atender, desde su consultorio, a una persona que ha llegado explícitamente para tratarse problemas mentales relativos al estrés provocado por una extorsión. El hombre era dueño de un local de ropa y se había habituado a pagar ese tributo no oficial.

Pero lo conturbaba el hecho de que las cosas nunca adquirieran la mimada fidelidad de una costumbre. La víctima se adecuaba a negociar con alguien que, apenas un tiempo después, era sustituido por otra persona acaso mucho menos razonable. Vivir en una zona controlada por pandillas, donde había observado algunos cadáveres producto de un asesinato, terminó de quebrarlo.

Decidió, entonces, cambiar su domicilio, cambiar su estilo de vida. Lo que no podía hacer era dejar su negocio. Dispuso que solo él se expondría al peligro, que su esposa no llegaría más a ayudarlo. Las imágenes de asesinatos que había visto durante la vigilia lo asediaban por la noche, se volvían palpables, como si fuera él y no otro el que había sufrido esas experiencias. El constante riesgo de que, en efecto, ese dolor se convirtiera en realidad lo hicieron hacer una cosa que pocas veces hace un ciudadano salvadoreño: acudir a un psiquiatra.

Pero ¿cómo se trata la ansiedad provocada por un hecho traumático cuando el detonante de esa misma ansiedad sigue presente en tu vida? El doctor Escalante duda mucho en su respuesta. Habla de la ingesta de ansiolíticos para lograr conciliar mejor el sueño. Y, sobre todo, de un ejercicio que mucho tiene que ver con la resignación.

—Se sigue un proceso parecido a cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal, cuando se está seguro que ese proceso durará largo tiempo. Algo así como “usted piense, esté consciente de que este es un proceso de largo tiempo, por lo que debe aprender a sobrellevarlo tranquilo”. No le puedo decir que las cosas se solucionarán pronto porque esa no es la realidad –comenta el psiquiatra, con su característico hablar pausado.

—Un estrés como ese, que se extiende por el tiempo, es difícil de superar. No podría decirle qué tipo de huella puede dejar en la cabeza de una persona –concluye.

El dinero. Agentes de la Unidad Antipandillas cuentan el dinero encontrado escondido en una olla de cocina en San Vicente. La suma llegaba a los $3,500. En esa vivienda habitaba toda una familia que fue capturada el 12 de enero de 2015.

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Durante la tregua entre pandillas, las estructuras lograron desplomar la cifra de homicidios. Lo mismo no pasó, sin embargo, con las extorsiones, que han sido desde al menos la pasada década su fuente de financiamiento más poderosa. Fuente de financiamiento y medio para la subsistencia de miles de sus familiares. Por eso, a sus principales cabecillas les resultaba un tema tabú hablar de ella en las múltiples entrevistas que brindaron en el marco de la estrategia. Una auténtica paradoja: para seguir extorsionando, amenazaban con hacer aquello que, precisamente, se habían comprometido a dejar de hacer: matar personas.

Lavado. El dinero obtenido con la extorsión también va a dar a variados negocios
para darles una apariencia de licitud a los fondos.

Quien extorsiona parece un fantasma. Quien manda y es, en suma, el máximo beneficiario de esa actividad nunca da la cara. Siempre es una voz que habla desde el otro lado del teléfono, o el autor de un mensaje anónimo o el jefe de aquel que se presenta para explicar que la víctima debe pagar un tributo a la pandilla para continuar con vida. Y según los 30 casos revisados para este trabajo, también es poco frecuente ver a un miembro vigente de la pandilla participando activamente en la recolección de dinero.

Eso no fue lo que le pasó a Mauricio, un hombre al que, el 13 de enero de 2015, la pandilla le pidió $15,000 por medio de un mensaje anónimo escrito en un sucio papel, entregado por un joven, quizá menor de 18 años, al que nunca había visto antes. La sentencia judicial que recoge su historia no aclara a qué se dedicaba la víctima, pero a juzgar por la cantidad de dinero solicitada, era un negocio mediano.

Decidió denunciar. La Policía lo apoyó en cada etapa desde ahí, primero porque le asignó un negociador, alguien que contestara el teléfono por él, quien consiguió que la cantidad pactada no fuera la inicial, sino solo $2,500, que se entregarían en una reunión en un centro comercial de Soyapango el 23 de enero de 2015. Ese día llegó y la autoridad estaba bien preparada, con cuatro equipos de investigadores, para capturar a aquellos que llegarían a recoger el dinero.

Colocaron $10 en un sobre de manila, al que acompañaron con recortes de periódicos para simular el resto del dinero. Los dos pandilleros llegaron vestidos justamente como la voz que hablaba desde el otro lado del teléfono lo había indicado y los investigadores no tardaron mucho en reconocerlos. La víctima entregó el sobre y, cuando uno de los pandilleros que había recogido la plata se disponía a abrirlo para cerciorarse de que estuviera completo, uno de los equipos interceptó a la pareja.

Uno de los dos pandilleros pudo huir. El otro fue capturado y condenado, 11 meses después, a seis años con ocho meses de prisión, pues el juez decidió rebajar el delito a extorsión tentada, una pena mucho menor a la exigida por la Fiscalía General de la República, colocada en 15 años.

Fue el único procesado en el juicio, que dejó en la impunidad tanto a quien lo acompañó a recoger el dinero de Mauricio como a todos aquellos que participaron en la trama, desde aquel muchacho que entregó el primer papel amenazador hasta la persona que, desde el otro lado del teléfono, quiso hacer del corazón de una víctima un instrumento maleable a su arbitrio.

Canalización. Los fondos obtenidos con la extorsión son destinados a las familias de los pandilleros, pero también a la compra de armas.

Una canasta contra la desigualdad

Siembra. Ana Andrade, productora de la Canasta Campesina, muestra sus plantas de chile. Las sembró en septiembre pasado y aún corta entre 50 y 100 cada semana.

Ana Andrade es una mujer con la piel quemada por el sol y una voz firme y dulce. Ahora camina entre los terrenos que rodean su casa, pero hace unos años caminaba cuatro horas diarias entre las milpas de Comasagua, en La Libertad. Dos horas de ida y otras dos para regresar a su casa. A ella no le molestaba la caminata. El problema era el peso que transportaba a diario bajo el sol de mediodía. Sobre los hombros cargaba a su hijo y sobre la espalda, una mochila llena de frescos, tortillas y el con qué para que almorzara su esposo y los mozos de la milpa familiar.

Ana Andrade. Esta productora ha ganado autonomía al cultivar y vender berenjenas, zanahorias,
chiles, lechugas, tomates y apio en la parcela que rodea su casa en la comunidad El Cortez.

“A veces me iba a las 10 de la mañana. Iba lejos a dejar la comida, caminando en medio de todas estas milpas”, cuenta Ana desde su casa rodeada por vegetación en el cantón El Faro. Así transcurría su vida: moliendo maíz, haciendo tortillas, cargando el almuerzo y cruzando los dedos para que la cosecha del año no se perdiera. Su esposo, Ángel, hacía préstamos de hasta mil dólares para poder sembrar la milpa y el frijolar. La deuda estaba asegurada, la ganancia, no. “Un año fue tan doloroso que todo el maíz se fue… fue tristeza ver las milpas. Eran 3 manzanas y quedamos con un saco que costaba entonces como $17”, cuenta hoy en medio de unas plantas de berenjenas que ella misma sembró.

Cuando ella tenía dinero era porque su esposo le daba o porque lograba vender algunas gallinas. “De andar pidiendo, gracias a Dios, hoy ya tengo mi trabajo”, cuenta. Con la venta de verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que siembra en los terrenos que rodean su casa ha logrado conseguir un ingreso mensual de $400. Y el rol ha cambiado. Ahora es ella quien a veces le da dinero a su esposo “para que se motive con el mozo” y ellos chapoden el huerto que Ana sembró. Ya no tiene que cargar almuerzos hacia ninguna parte.

Ella es una de las 72 productoras de la Canasta Campesina, un proyecto de una cooperativa agropecuaria que les ha presentado a mujeres de la zona rural la posibilidad de ser económicamente independientes.

El proyecto ha sido diseñado específicamente para mejorar el desarrollo de campesinas de todas las edades y hombres menores de 27 años. El 80 % de los beneficiarios directos son mujeres y el 20 %, hombres jóvenes. Johanna Arenívar, la técnica de comercialización y organización de la cooperativa, ha sido testigo del cambio que las mujeres atraviesan cuando una oportunidad de trabajo justo se les acerca. “Solo eran mujeres de cocinar, cuidar a los niños y esperar lo que el esposo le podía dar”, relata. Ahora, cuenta Arenívar, algunas de estas mujeres se han convertido en jefas de hogar.

¿Qué contiene una canasta campesina?

 

Precio favorable. Los productores de la Canasta Campesina parten de la premisa de lo justo y solidario.
En algunos cantones es posible comprar una bolsa de 10 o 12 chiles verdes por $1.

Una canasta campesina puede incluir tomates, chiles verdes, rábanos, frijoles, cebollines, berenjenas, aguacates, limones, maracuyá, naranjas, zanahorias y mangos. Todos orgánicos, es decir, sin haber sido cultivados con químicos. A eso se le suman hierbas aromáticas como romero y apio. Y, si se tiene suerte y hay producción, el consumidor que compre la canasta puede recibir por el mismo precio unos huevos de gallina india y hasta tabletas de chocolate artesanal.

Buscan construir un modelo de intercambio justo. Así lo explica Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Los productores de Comasagua siembran para alimentarse a sí mismos y para comerciar en un mercado creciente: el orgánico. Consumir estos productos significa comer frutas y verduras que no han sido expuestas a pesticidas, herbicidas, ni fertilizantes artificiales.

Las canastas se venden en diferentes puntos de San Salvador y se entregan cada 15 días. Los consumidores pueden decidir entre comprar una de 12 productos de $10, $15 o $20. Todos los paquetes de hortalizas llevan las mismas hortalizas. Lo que varía, según el precio, es la cantidad.

La clave, además de eliminar a intermediarios que compren a precio bajo los productos, radica en que los campesinos producen solo lo que van a vender. Eliminan las pérdidas y cultivan según la demanda. Por eso su sistema de venta es planificado.

Alguien que quiere adquirir la canasta debe anotarse en una lista y comprometerse a comprarla durante tres o seis meses. La garantía de los productores es que los consumidores pagan de manera adelantada la mitad del producto; con base en eso se planea la siembra.

Si una persona se inscribe para comprar la canasta de $10 por tres meses, deberá pagar $30 antes de recibir los primeros productos. A eso se le suma el precio de un canasto. Cada vez que el nuevo consumidor vaya por sus productos frescos, deberá llevarlo vacío y le entregarán uno lleno de productos cortados el día anterior.

Quienes más consumen los productos son extranjeros, aunque cada vez se hace más grande el sector de la población salvadoreña que ha decidido completar con estos su dieta. Algunos los compran para apoyar una transacción justa con los campesinos que trabajan la tierra; otros, por los beneficios de una alimentación saludable.

Trabajar la tierra y recibir un pago digno. “Nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Aunque sí, hay unos compañeros –más que todo señores– que dicen que mejor nos vayamos a la ciudad a buscar trabajo de policía. Hay rechazo al campo, de decir ‘no vivás aquí’ porque hay una ilusión de que van a salir a la ciudad y van a encontrar trabajo. Pero allá todo es correr, es contaminación”. El que habla con distancia de la ciudad es Éver Valles, el presidente de la cooperativa la Canasta Campesina.

En El Salvador ser campesino es tener menos ingresos económicos. En la zona urbana el promedio de ingresos de un hogar es $646.99, mientras que en las zonas rurales, el ingreso es de $368.81. Así quedó recogido en la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples de 2016 (EHPM).

Ser campesino también es tener que salir de las comunidades para educarse. Hay “brechas en términos de área geográfica de residencia”, asegura esa misma investigación. En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 6.9 %, mientras que en lo rural es del 17.3 %. Y las diferencias no solo ocurren entre la zona urbana y rural, también están marcadas por el género de las personas. Mientras en los hombres existe una tasa de analfabetismo del 8.8 %, en las mujeres ese porcentaje sube hasta el 12.5 %. No es difícil imaginar por qué el proyecto de la Canasta Campesina está dirigido, en su mayoría, a mujeres de la zona rural, un sector demográfico en condiciones de desventaja.

El inicio de este proyecto puede ubicarse en un fenómeno natural. En 2009 el huracán Ida dañó Comasagua y una organización internacional, el Socorro Popular Francés, implementó programas de huertos caseros para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona. Poco a poco el proyecto se fue transformando hasta que la Canasta Campesina empezó a ser comercializada en 2013.

La cooperativa se legalizó hace cuatro años y, desde entonces, ha logrado generar empleo, producir 400 canastas mensuales y generar autonomía entre las trabajadoras de la tierra.

Éver, el joven que habla con orgullo sobre ser campesino, tiene 25 años. Hace unos años, cuando terminó de estudiar bachillerato, se fue a trabajar a una finca en Santa Tecla. Ahí laboró como escribiente y llegó a ganar $110 por quincena. Dejó de trabajar en esa finca y regresó a su casa. Ahí fue cuando su madre lo invitó a las reuniones que tenía con otras mujeres y que representaron el inicio de la Cooperativa de la Canasta Campesina. Poco a poco se fue ganando la confianza de las demás mujeres y, cuando hubo que elegir a un presidente de la cooperativa, él fue electo. Lleva cuatro años en el cargo y asegura que cultivar la tierra es un honor cuando el dinero que se recibe es equiparable con el trabajo que se hace.

La cooperativa calcula que, en promedio, cada productor tiene ingresos mensuales de $350. La cifra duplica lo que se está ganando en promedio a escala nacional por trabajar la tierra: $147, de acuerdo con la EHPM 2016.

Además de tener ingresos económicos fijos, sembrar nuevos productos contribuye a la salud de las familias campesinas. “Con la canasta aprendimos a comer. Antes solo frijol y huevo… cuando había. Hoy comemos hasta productos que en restaurantes son carísimos, como la arúgula. Y nuestros productos no están envenenados”, asegura Éver.

En total $138 cuesta la canasta básica alimentaria en las zonas rurales del país para una familia promedio de cuatro personas. Así lo recogen las estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Pero dentro de las casas de las familias productoras, los gastos se reducen y el dinero se puede utilizar para pagar otros servicios básicos. Así lo cuenta Ana Andrade, la mujer que dejó de cargar almuerzos sobre sus hombros y se dedicó a sembrar hortalizas: “Antes se iba a Comasagua a comprar la cebolla, el chile y todo eso. Ahora se ahorra. Solo se compra el jabón, el azúcar, el tambo de gas y el pago de luz”.

Aunque los ingresos por productor dentro del programa de la Canasta Campesina distan de acercarlos a la riqueza, sí ayudan a la economía familiar en un municipio donde el 60.2 % de sus habitantes vive en la pobreza.

El armado de la canasta

Mujeres empoderadas

Es un lunes caluroso de julio y la discusión de hoy es por guineos. Dentro de un salón con plásticos celestes que cubren las paredes de láminas, hay un grupo de mujeres y un hombre que habla sobre la necesidad de entregar productos con proporciones similares. Piden que cuando se entreguen bananos para la canasta campesina, la cantidad sea similar entre guineos majonchos y guineos de seda porque el sabor de las dos clases es diferente.

La cooperativa tiene dos cuartos que funcionan como base de operaciones. Uno es la oficina administrativa y este otro, el celeste, es el lugar de reuniones y donde se arman las canastas. Los dos espacios están ubicados en el centro de Comasagua.

En la oficina trabajan cinco personas: la técnica de comercialización, dos técnicos en agricultura, un gestor contable y un asistente administrativo. Sus salarios aún son pagados por el Socorro Popular Francés, pero la idea de la cooperativa es crecer tanto que, al llegar a posicionar 600 canastas en el mercado (200 más de las que actualmente venden), puedan absorber ellos mismos los egresos de los sueldos.

Este día se discute sobre guineos majonchos y guineos de seda porque es la reunión del comité de producción y comercialización municipal. La reunión se hace todos los lunes y en ella se le pide a los representantes de cada comunidad la cantidad de hortalizas que deberán entregar dentro de dos días.

Es un salón lleno de mujeres porque los productos se comercializan en 11 comunidades, y nueve de esas comunidades tienen por líder a una mujer. Afanadas, escriben en una libreta los pedidos que tendrán que hacerles a sus vecinos. Todas son morenas y visten sencillo. Ninguna parece abstraída de la reunión. Todas opinan, preguntan, se ríen, anotan. Al lado también tienen una calculadora y ahí hacen cuentas de cuántos tomates, chiles y berenjenas son necesarios para lograr llenar las canastas de esta semana.

Al finalizar la reunión todas las líderes de comunidad firman la lista de asistencia y pasan hacia la oficina de la cooperativa. Ahí se les entrega un cheque por las hortalizas que su comunidad entregó en días anteriores y regresan a sus comunidades para pagarle a sus vecinos.

El miércoles por la mañana un camión recoge los productos. En este se transporta Marvin Molina, el vicepresidente de la cooperativa. Él recolecta las verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que llevará a San Salvador. Cuando se recogen los productos, le entrega un recibo a cada productor. Esa es la constancia con la que luego podrán exigir su pago.

El mismo miércoles por la tarde, las canastas se organizan en el salón celeste de la cooperativa. Sobre una mesa y sobre estantes metálicos se colocan y se empiezan a llenar de frutas y verduras de manera que no se aplasten entre sí. Al terminar de colocar todo, el canasto es cubierto con una tela blanca que protege a las frutas y verduras de insectos, pero permite que estas respiren y lleguen frescas a los puntos de venta en San Salvador.

Un día después, el jueves por la mañana, un pick up sale desde Comasagua y baja por una calle llena de curvas pronunciadas hasta San Salvador. Los productos se entregan en lugares como el Liceo Francés, la Embajada de Francia, la Embajada de España y tiendas de productos orgánicos.

Los productores están comprometidos a vender la cantidad de hortalizas acordadas en el plan de siembra a la cooperativa, pero no están amarrados a comercializar solo con esta organización. Por ejemplo, si alguien calculó mal o produjo más de lo que estaba estipulado en el plan comunitario, todavía tiene una oportunidad de vender sus productos en mercaditos que la cooperativa realiza en algunas empresas o ministerios. Ahí las frutas y verduras se venden de manera separada y no en canasta.

Incluso, pueden vender las hortalizas entre vecinos. Por ejemplo, una productora de Comasagua vende 10 chiles verdes por $1 a sus vecinos. Los precios difieren de manera marcada de los de las cadenas de supermercados. El precio actual de un chile verde –cultivado con agroquímicos– en un supermercado llega a $0.45.

Plantinero. En este espacio se siembran las semillas y se les da especial atención antes de trasplantarlas a la tierra.

Mujeres empoderadas

El impacto de este proyecto es local. Al eliminar al intermediario, los ingresos son para Comasagua y sus habitantes. De acuerdo con un informe realizado por la Universidad Luterana, el 90 % de los ingresos del programa es destinado para los productores y solo el 10 % se utiliza para costos operativos. Por ello, los invernaderos o algunos implementos que usan los campesinos para sembrar le pertenecen a la cooperativa y, cuando se arruinan, esta es la que corre con los gastos de reparación.

El impacto del proyecto no es solo monetario. Se transforma en poder de decisión y en capacidad de liderazgo. Hay mujeres que aprendieron a firmar y solicitaron su Documento Único de Identidad porque querían tener la oportunidad de formar parte de la junta directiva de la cooperativa.

En la zona rural del país, la agricultura es la principal actividad económica. Y si bien el promedio nacional de salarios mensuales por agricultura es de $147, específicamente el ingreso de las mujeres que se dedican a este mismo rubro es ligeramente menor: $143.44.

Johanna Arenívar cuenta que cuando inició el proyecto las mujeres llegaban a firmar los documentos, pero le pedían al equipo técnico que le explicara a su esposo de qué iba el asunto. Ahora “es un cambio total en las mujeres”, afirma.

Luego pone otros ejemplos, como mujeres que lograron pagar la conexión de energía eléctrica para sus casas, o que ahora sí pueden darle dinero para el pasaje a sus hijos para que viajen a estudiar. También relata historias de otras campesinas que tenían quejas de salud y que, en confianza, le han contado que solo ahora que tienen su propio dinero pueden pagarse exámenes médicos.

El conocimiento y el dinero se transforman en poder. Y eso se puede sentir en esta pequeña comunidad de mujeres campesinas que hablan con seguridad mientras utilizan términos técnicos de agricultura y sostenibilidad. Arenívar resume el impacto de manera simple: “Se ven cambios que ellas han tenido en la forma de expresarse y en la forma de tener decisiones en su familia”.

Variedad. Aunque todas las canastas tengan dentro los mismos productos,
el consumidor puede elegir comprar una de $10, $15 o $20, dependiendo el tamaño.

Las amenazas a la agricultura

Una de las mujeres campesinas que ha asistido a la reunión de productores de este lunes se acerca a Arenívar después de la reunión de producción y, con toda propiedad, empieza a hablar sobre el proceso para crear el líquido con el que rocían sus plantas en lugar de agroquímicos: “No tengo microorganismo activado, solo el sólido. Si no tengo el activado no puedo hacer nada”, le explica con naturalidad.

Quien habla es Emilia Alfaro de la comunidad La Dalia de Comasagua. Ella, como el resto de productores de la zona, conoce a pie de letra qué procesos debe cumplir para realizar una siembra orgánica.

Cosechar productos orgánicos requiere más trabajo. En lugar de comprar los agroquímicos para cultivar, ellos mismos deben crear sus fertilizantes. Para eso, los productores caminan hasta terrenos en los que no se ha sembrado nada con químicos durante al menos los últimos 25 años y ahí recogen parte de la naturaleza que se encuentra en el suelo como hojarascas de bambú, afrecho de zompopos y hojas con microorganismos. Con eso se llena por completo un barril de 200 litros. Ese es el microorganismo sólido.

Pero esa mezcla de tierra, hojas y materia viva no es la que se aplica directamente en los huertos. Veintidós libras de microorganismo sólido se mezclan en otro barril con agua y melaza. Ahí se crea el microorganismo activado del que hablaba Emilia. Eso se coloca en la bomba y se aplica sobre lo sembrado para ayudar a que las plantas absorban los nutrientes de la tierra.

Se puede evitar el uso de químicos, pero –al menos desde este rincón del país– no se puede evitar el cambio climático. Y esa es una de las cuestiones que tiene preocupados a los productores de esta canasta. Por ejemplo, las altas temperaturas que se están alcanzando aún en esta época lluviosa.

Gabriel Valles es un veinteañero que colabora en el trabajo de la tierra con su madre, Ana Andrade. Desde un plantinero que está ubicado en el terreno de su familia, explica los retos a los que se están enfrentando para lograr cultivar las hortalizas. El plantinero es un cobertizo con láminas transparentes y redes a los lados para evitar que entren los insectos. Son las 11 de la mañana y dentro de este espacio, que es el que se usa para lograr que las semillas se desarrollen, la temperatura es de 38 °C.

El problema, cuenta Gabriel, es que el tomate no se está desarrollando porque el clima de hoy es difícil de prever. En esta zona verde y montañosa, la temperatura por las madrugadas baja de 20 °C y al mediodía alcanza los 45 °C. Cuando hace demasiado calor, la flor del tomate se quema y no puede dar paso al fruto.

La misma organización cuenta con un diagnóstico que realizaron sobre su proyecto de la canasta. Entre las debilidades del proyecto mencionan factores que están fuera de su alcance. Los problemas van desde la falta de agua hasta las plagas. Ninguna de estas situaciones ha sido crítica, pero habla de la vulnerabilidad de este trabajo, en el que, a pesar de la organización, hay amenazas de las que no se pueden proteger.

 

De Comasagua a las embajadas

La venta. Productores de las hortalizas entregan sus hortalizas recién cortadas a sus clientes
en diferentes puntos de San Salvador cada 15 días.

Este jueves ha sido el turno de entregar los productos de Beatriz Azucena y Marvin Molina. Entre los dos bajan las canastas y las colocan en la entrada de The Green Corner, una tienda de productos orgánicos ubicada en San Benito, una zona exclusiva de San Salvador. Este es uno de la veintena de puntos en los que se entregan cada 15 días los productos recién cortados.

Beatriz solía trabajar haciendo oficios varios en casas ajenas. Ahora le dedica en promedio tres horas diarias al trabajo en su huerto y, debido a que la tierra de la que dispone es limitada, puede sembrar poco y está teniendo ingresos mensuales de $130. Es poco dinero al mes, pero al menos no tiene que hacer oficios para otras personas. “Esto es más bonito. Uno va a trabajar a la hora que quiere”, cuenta antes de ir a entregar a pie un pedido a la Embajada de España, dos cuadras abajo de esta tienda.

Entre el listado de personas que recogerán sus hortalizas, los que predominan son los apellidos extranjeros. Los productores y consumidores no solo están distantes geográficamente, sino que las condiciones de vida del campesino y las del consumidor que vive en San Salvador son profundamente desiguales. La canasta se presenta como esa conexión entre dos mundos que se necesitan mutuamente por salud y por economía.

“La idea es contribuir a una economía más justa. Aquí no se apuesta políticamente a la agricultura porque se ve como algo atrasado”, dice Benjamín Schwab, originario de Alemania y residente en El Salvador. Él es uno de los 35 consumidores que tienen a su nombre una canasta este jueves. “Comprar en las grandes cadenas de supermercado es apoyar un sistema dominante en el que no se genera empleo. Aquí directamente se apoya a los productores para ayudarlos a salir de la pobreza”, explica Schwab, quien reconoce que otro de los beneficios de este proyecto es que los precios fijos son garantizados.

En la Canasta Campesina los precios cambian anualmente. Eso juega como un arma de doble filo, como lo explica la técnica en comercialización de la cooperativa, Johanna Arenívar: “Aquí una cajilla de tomate cuesta $15. Afuera está a $40. Pero en diciembre del año pasado llegó a $5”. Y en ese momento, aunque el precio del mercado era $10 más bajo, la cooperativa mantuvo sus precios.

En San Salvador, la dueña de The Green Corner afirma que los productos orgánicos están teniendo una mayor demanda en el país porque las personas lo están entendiendo como un método de prevención de enfermedades más que una dieta. En este local, lleno de otros productos con etiquetas que pregonan ser orgánicos, es posible encontrar pequeñas botellas de refrescos naturales que cuestan casi $5.

En el caso de la Canasta Campesina, la tienda solo sirve como nexo entre los productores y los consumidores. La tienda es el lugar de descarga del producto y no obtienen ganancia de las hortalizas de Comasagua.

Ya sea por salud, por apoyar a los campesinos a salir de la pobreza o por la creencia de que a través de estos productos se logra crear un modelo de consumo más justo, la demanda de la canasta está creciendo. Y aunque los motivos de la compra variados, la repercusión en Comasagua suele ser la misma: la independencia que se cosecha en la tierra. O, como una empleada de la cooperativa lo ha comprobado, la oportunidad de desarrollo para las campesinas, un sector de la población tradicionalmente relegado en el campo: “Hay mujeres que están solas y con esto se han vuelto independientes. Se cuidan”.

Tiendas especializadas. El consumo de productos orgánicos crece. En la foto, una tienda exclusiva para productos locales y extranjeros que se cultivan y empacan sin uso de químicos o preservantes.

Los retratistas del país del eterno olvido

Los retratistas del país del eterno olvido

Unas alas. Un niño. El blanco y el negro que hacen brillar a una piel morena apenas cubierta por trapos raídos. Unos ojos enormes que repiten, de seguro, la oscurana del cielo nocturno y parecen desprenderse de la tierra, volar hasta otra realidad menos cruel.

La foto es de Luis Galdámez, fotógrafo salvadoreño nacido hace 63 años. Y forma parte de una de sus series más ambiciosas y conocidas, “Los ángeles caídos”, decenas de retratos con los que ha buscado visibilizar a los siempre invisibles de la sociedad salvadoreña: pandilleros, ancianos pobres, artistas vagabundos, niños de la calle, perros callejeros. Armándolos de alas, ha pretendido instalar una denuncia que mucho tiene de obra de arte.

Este es solo un capítulo de una carrera que se extiende por más de 30 años, “con varias interrupciones”, dice Luis. Pero una en la que ha logrado documentar la historia de El Salvador con el que quizá sea el más masivo de los lenguajes: la fotografía. La sintetizadora por excelencia. Esa que, en un cuadro limitado e inmóvil, puede expresar todo el horror de una guerra, la gloria de una victoria, las particularidades de una personalidad.

Por todas esas características, la Secretaría de Cultura de la Presidencia decidió dedicar el Premio Nacional de Cultura 2017 a la rama de fotografía documental por primera vez en más de cuatro décadas de historia. Y uno de los aspirantes a recibirlo es Luis Galdámez, a quien su colega Francisco Campos define como el “verdadero artista de la fotografía en El Salvador”.

“Me sorprendió que las autoridades de turno la hayan tomado en cuenta. Cuando se habla de artes visuales, la fotografía documental siempre ha sido el patito feo”, comenta Luis, bebiendo de su cerveza y disfrutando de su coctel de camarones en este restaurante de Antiguo Cuscatlán, el mismo municipio en el que reside desde hace un par de años, tras una larga estancia en Suchitoto.

Luis sopesa entre tragos el poco valor que la sociedad y el Estado salvadoreños le han dado a una pasión a la que ha dedicado toda su vida. La misma por la que casi muere el 19 de marzo de 1989, cuando una bala le atravesó la espalda y el brazo. Pero corrió mejor suerte que su amigo Roberto Navas, asesinado ese mismo día.

Ahora goza, dice, de un par de años sabáticos, en los que ha podido empezar a darle orden a un enorme archivo todavía informe, donde guarda su tesoro de fotografías. El mismo que empezó a construir a punta de riesgo en 1980, después de formarse en artes visuales en el CENAR y ganar algo de dinero como retratista de bodas y bautizos.

Ese día, el 30 de marzo de 1980, asistió al funeral de Monseñor Romero para documentar la manera en la que cientos de personas se despidieron del ahora beato. Nunca pensó (aunque era lo esperable) que una bomba explotaría al lado suyo y que los cuerpos de seguridad comenzarían a dispararle a la población civil. Tampoco que entre esa población civil hubiera guerrilleros que transportaban sus armas en cajas vacía de árboles de navidad y que abrieran fuego en respuesta. Todo eso, ahora, lo conserva entre sus imágenes. Fueron su bautizo.

Entonces no había llegado a las grandes agencias de noticias que le permitirían ver su trabajo en la portada de publicaciones tan importantes como The New York Times o The Washington Post. Su opción fue el periódico mural del CENAR, donde entonces trabajaba como profesor, precisamente de fotografía. Solo tener un material como ese, que retrataba la violencia, era considerado un acto subversivo y la institución incluso había sido objeto de cateos por parte de los cuerpos de seguridad desde hacía dos años. Era un salto al vacío.

“Cada quien toma sus riesgos. Y yo me moría de ganas porque mi trabajo fuera visto. Aunque sí, es cierto, por algo como eso me podían matar”, comenta Luis, quien ha traído bajo el brazo un legajo de fotografías, muchas de las cuales serán incluidas en el portafolio que las personas e instituciones que han decidido presentar su candidatura entregarán en los siguientes días a las autoridades de SECULTURA.

Ahí están las imágenes de los cuerpos desfigurados del choque del avión de Aviateca en 1995 y varios cuadros de la guerra. Coge entre las manos uno de estos últimos, en blanco y negro, donde unos 20 jóvenes de esperan sentados en el suelo.

—Esta es la foto de la tristeza –dice, bajando la voz y lanzando un suspiro–. En ese momento, a estos bichos se los van a llevar reclutados para el cuartel. Solo me imagino a las madres llorando porque sus hijos adolescentes deben ir a pelear una guerra en la que no quieren participar –comenta Luis, quien en cuestión de segundos puede pasar de una seria reflexión a la más sonora de las carcajadas, entre cerveza y coctel.

Pero sus fotos favoritas de entre todas, y de las que ha presentado un buen número en su carpeta para el Premio Nacional de Cultura, son las que componen la serie de “Los ángeles caídos”, a la que considera su obra más querida.

“Este trabajo me sacó todos mis traumas como reportero, aquí no hay prisa. Solo soy yo expresándome. La fotografía conceptual también se vuelve documental porque relata a los excluidos”, comenta, lanzando una mirada de satisfacción a sus fotos.

Luis Galdámez

Postulado

Luis Galdámez

Inició en la fotografía cuando cursaba el Bachillerato en Artes del Centro Nacional de Artes (CENAR). Era una materia de complemento, que se le enseñaba al alumno para documentar su obra. Pero fue la que lo terminó apasionando. Estudió periodismo en la Universidad de El Salvador. Fue reclutado por Iván Montecinos como su asistente en la Agence France-Presse (AFP) en 1984. Dos años más tarde pasó a formar parte del staff en el país de la agencia de noticias inglesa Reuters, en la que permanecería hasta 2012. Después, hizo labores ocasionales para diferentes instituciones, como Efe. Su trabajo ha sido publicado en los más prestigiosos periódicos alrededor del mundo.

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El período para que una institución o una persona pueda postular a su candidato para el Premio Nacional de Cultura finalizará este lunes, 31 de julio. Hoy es el miércoles 26 y, según Silvia Elena Regalado, titular de SECULTURA, ninguna persona ha sido inscrita para el reconocimiento.

“Normalmente lo hacen el último día, estamos esperando”, comenta Regalado, aunque adelanta que ya cinco instituciones llamaron para anunciar que presentarán a sus elegidos, por lo menos, el viernes. Lo que se cumplió en los casos de Luis Galdámez y Francisco Campos.

Según Regalado, el premio de este año busca darle su justo puesto como individuo al fotógrafo en la índole de la cultura nacional. Muchas veces cubierto por la institución a la que representa, casi nadie conoce al fotógrafo, a aquel que le informa los hechos de su realidad con uno de los medios que más se acerca a ella. Una paradoja tomando en cuenta que su obra cuenta con la bendición de lo masivo. También, expresa Regalado, se busca reconocer a la fotografía como arte y que se abran más espacios para exponer este tipo de trabajos. Y que, además, el autor reciba una paga por ello, lo que escasamente pasa en El Salvador.

Además de los acostumbrados $5,000 que conforman el premio y del clásico concierto dedicado a él por la Orquesta Sinfónica Nacional, el ganador tendrá la oportunidad de presentar al menos 30 cuadros de su obra en una exposición que se instalará en el Museo de Antropología David J. Guzmán (MUNA) y, luego, pasará a ser parte de la muestra itinerante de premios nacionales de la Cultura, que pasa por lo menos un mes en los distintos museos que El Salvador posee a escala nacional. Pero solo eso.

“Queremos dejar claro que este premio busca reconocer a una persona. No es uno de sus componentes la distribución o difusión de la obra”, comenta una de los miembros del equipo de Comunicaciones de la secretaría. En efecto, eso ha pasado, al menos, con los últimos dos ganadores del premio, Yolocamba I Ta y José David Calderón, fallecido el año pasado. Su obra, aunque bañada por el brillo del premio, no se conoce mucho más hoy que antes.

Para Silvia Elena Regalado, esto es una cuestión de recursos, situación que tampoco los ha dejado iniciar con un proyecto de investigación de todos los premios nacionales de Cultura, que se convertiría en un libro: “Lo reconocemos, es una de nuestras deudas”.

Los organizadores del galardón temen que sean muy pocos los postulados para este año e invitan a que más instituciones manden sus candidaturas, que no den por sentado que su favorito será propuesto. Eso pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando se le entregó el premio a Yolocamba I Ta. Para muchos dentro de la institución, el merecedor del premio, por su relevancia a escala internacional, era Álvaro Torres. Pero nadie se acercó a postularlo.

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Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía documental en El Salvador, como lo expresa Francisco Campos, Iván Montecinos es el fotógrafo de guerra por excelencia. En efecto: fue el único de los fotógrafos salvadoreños que cubrió el conflicto armado desde su prólogo, en el 79, hasta la firma de los Acuerdos de Paz. Y fue el maestro y quien le dio la primera oportunidad para trabajar a colegas como Campos o Galdámez. Incluso a Luis “la Muñeca” Romero, quien no puede ser postulado por trabajar para una entidad de Gobierno.

Pero así como es el fotógrafo de guerra por excelencia, ese terminó convirtiéndose en su único campo de acción: la intensidad de 12 años de combate, de mirada al sufrimiento ajeno y al propio y del alejamiento de su familia lo inclinaron a abandonar la carrera apenas firmada la paz. Y no es porque no tuviera oportunidades, pues se le ofreció trabajar como fotógrafo de guerra en el conflicto de Bosnia.

“Ya no tenía las fuerzas para seguir buscando ese tipo de trabajos… Si aquí, en mi país, no me mataron pero estuve en peligro de que ocurriera porque la guerra fue cruenta, ¿qué iba a ir a hacer yo a un lugar donde no conocía el lenguaje ni la geografía?”, comenta Montecinos, ahora dedicado a negocios propios y a la confección de libros sobre su experiencia. Ya publicó dos.

El estilo de Montecinos es uno que privilegia a la persona humana sobre los hechos, al individuo que está siendo transformado por sus circunstancias más que las circunstancias mismas. Para Iván, no era importante retratar los combates, sino las consecuencias de estos. Víctimas que acaban de perder la vida, pueblos arrasados, gente que debe buscar refugio para no perecer.

Esa pauta para trabajar la descubrió apenas en 1980, cuando la guerra todavía no había sido declarada vía la ofensiva final del FMLN. Fue cuando viajó a La Victoria, en Honduras, donde ya habían comenzado a llegar refugiados desde El Salvador, la totalidad de ellos era gente que vivía, aún en sus lugares de origen, en una profunda pobreza.

En ese entonces todavía no había conseguido un contrato con una agencia internacional. Era el asistente del fotógrafo norteamericano John Hoagland en la United Press International (UPI), de quien aprendió el oficio aunque nunca lo tomó como su alumno. Hoagland fallecería en 1984, cuando trabajaba para Newsweek, en las faldas del cerro de Guazapa.

Otro de los sellos de Montecinos, en la opinión de varios de sus colegas, es mostrar a sus retratados sin máscaras: el guerrillero y el soldado ya no son los combatientes en busca de acabar con el enemigo. Son personas comunes enfrentándose a un drama extraordinario.

“La experiencia te da cierta sensibilidad. No es una cuestión de tener lástima. Uno ya no ve solo el aspecto agresivo. Comprende que toda la gente tiene un lado humano. Como decir que ahora usted puede encontrar el lado humano de un pandillero”, dice Montecinos, quien todavía no ha sido postulado al premio.

Ivan Montesinos

Postulable

Iván Montecinos

Es uno de los pocos de su generación que contó con formación en periodismo antes de comenzar a hacer fotos. A finales de los setenta, trabajaba como profesor en la Universidad de El Salvador. Cuando esta institución fue cerrada, en 1980, comenzó a colaborar para la United Press International (UPI), con sede en Estados Unidos, como asistente del periodista norteamericano John Hoagland. En 1984 fue fichado por la Agence France-Presse (AFP) como el director para toda Centroamérica. Permaneció con esta empresa hasta 1991. Tras ello, aprovechó el dinero ganado durante 12 años como fotógrafo para emprender algunos negocios y comprar tierras.

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Francisco Campos descansa en una de las mesas del café Maktub, en pleno centro de San Salvador, con la fachada del Cine Metro, uno de los emblemas del sitio, como fondo. Él es otro de los fotógrafos que serán postulados este año para el Premio Nacional de Cultura. Es el único que todavía se mantiene en activo de los considerados para el galardón.

Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía e Iván Montecinos el fotógrafo de guerra, Francisco Campos, que comparte características con los dos anteriores, es el retratista de la cotidianidad. Sobre todo de los sectores más populares. Y, sobre todo, del centro de San Salvador, ese al que él no llega como un turista en búsqueda de novedades, sino como un vecino más. Porque este ha sido su medio ambiente desde que comenzó a hacer sus pinitos en el periodismo, en el Diario El Mundo, a finales de los setenta. En los bares cercanos, afirma, pasaba la mayoría de sus tardes.

A pesar de ya tener más de 30 años en el negocio, ha sabido cómo llegar a una nueva generación de observadores. Sus fotos, ahora, pueden verse en su perfil de Facebook.

Una de las últimas, subida el jueves 27 de julio, tiene al fondo la escena de un homicidio ocurrido en el bulevar Monseñor Romero. Una persona que desde hace unos momentos ya no lo es yace rodeada de policías y fiscales. En primer plano, en uno de los separadores de la carretera, está escrita la palabra “Mierda”. Campos, para acompañar la imagen, escribe: “Ante la violencia dan ganas de exclamar tres veces”. Otras fotos no necesitan siquiera de presentación, como aquella tomada desde el interior de un restaurante, que muestra la indiferencia de los comensales ante otro homicidio cometido a apenas unos metros.

“Yo de Chico no he aprendido cuestiones técnicas, sino a estar siempre atento, a observar y a tomar esa foto que ya no voy a poder tomar nunca más porque ya no va a volver a ocurrir”, comenta Frederick Meza, fotoperiodista de LA PRENSA GRÁFICA y uno de los discípulos del maestro. Ese es otro de los sellos de Francisco, la captación del momento justo, ese que hay que esperar por horas o que, a veces, simplemente pasa.

Sentado en el café Maktub, Francisco también se confiesa un bendecido de la suerte, y para ilustrarlo, regresa a su foto más famosa, la imagen con la que está íntimamente emparentada la firma de los Acuerdos de Paz, en la que dos mujeres vestidas de blanco lanzan dos palomas grises a una catedral de San Salvador saturada de rojo.

Ese día fue uno accidentado y la gran foto solo fue tomada hasta el final de la jornada. En la misma plaza estaban decenas de fotógrafos, como Luis Galdámez, que no pudieron llevarse una imagen similar. Fue una cuestión de suerte y, también, de atrevimiento. Francisco Campos fue el único que pudo subirse a la tarima, auspiciado por amigos de las diferentes iglesias que ese día se encontraban en el lugar.

“Creo que eso está faltando hoy a los fotógrafos jóvenes, ser más atrevidos. Por ejemplo, yo no vi una foto diferente de lo que ocurrió con el incendio del Ministerio de Hacienda”, comenta Campos.

Y su famosa fotografía le sirve, también, para reflexionar sobre otra realidad del fotógrafo en El Salvador, el hecho de que nunca ha recibido un centavo por una de sus fotos expuestas. Eso es comprensible en espacios que viven por amor al arte, como el Photo Café. Pero se vuelve cuestionable cuando lo mismo pasa con las instituciones de Gobierno.

Y eso se volvió paradójico en la celebración, este año, de los 25 años de los Acuerdos de Paz. En la Asamblea Legislativa le pidieron su autorización para usar la imagen. Pero eso no ocurrió, por ejemplo, con la que se mostró en la exposición del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) o de eventos realizados por cancillería fuera del país.

Pero el culmen de la paradoja le ocurrió, dice, hace un par de años, cuando asistió a una convención del FMLN realizada a puertas cerradas sin acceso a medios. Uno de sus conocidos estaba en la entrada. Un par de días antes habían compartido mucho tiempo en la filmación de la película “La batalla del volcán”. Sin embargo, a pesar de la confianza, no lo dejaron pasar.

Resolvió la cobertura tomando fotos del exterior, de las personas pertenecientes a los comités de base ingresando al lugar, sin saber que adentro, como la imagen que coronaba el escenario, estaba en grandes dimensiones la misma foto de las mujeres de blanco tirando las palomas grises. Nadie dentro del partido le consultó si esa imagen podía ser utilizada en un evento proselitista. Una realidad que, según la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, pretenden que cambie con la entrega del premio.

Francisco, ahora, sugiere ir a estirar las piernas para tomar un jugo en un puesto cercano, acompañado de su pequeña cámara. Sin embargo, no tomará ninguna imagen, ocupado en elogiar el trabajo de los otros, de aquellos que, como él, aunque sea en un trecho del camino, decidieron congelar la vida para la eternidad en una fotografía.

Francisco Campos

Postulable

Francisco Campos

Es el fotoperiodista en activo con la carrera más longeva en El Salvador. Inició su carrera en el Diario El Mundo en 1981. Al igual que su colega Luis Galdámez, fue introducido a la Agence France-Presse (AFP) por Iván Montecinos en 1986. Estuvo todo el resto de la guerra en esa agencia internacional. La vida luego lo traería a LA PRENSA GRÁFICA, donde trabajó en diferentes puestos de 1995 a 2015. Actualmente labora para El Diario de Hoy. También cuenta con una larga carrera de voluntariado en Comandos de Salvamento.