Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación

María Isabel Rodríguez, asesora presidencial.

A María Isabel Rodríguez parece que nada la exaspera. Es miércoles y en San Salvador cae una tormenta que hace que las calles colapsen, pero ella desde su biblioteca habla con una serenidad que parece solo llegar con los años. Habla tranquila sobre su paso por el Ministerio de Salud y la situación actual de esa entidad. Platica con calma incluso cuando le toca responder sobre temas que parece que preferiría no mencionar, como los sobresueldos recibidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

Se sienta en una silla en la segunda planta de su casa y antes de comenzar a platicar, pide una disculpa. Dice que usualmente no hace esperar un mes y medio a una periodista que quiere entrevistarla, pero se enfermó de gripe y canceló muchos compromisos. “Desde que salí del ministerio tenía los planes de dedicarme a escribir de todo lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas”, cuenta desde su hogar. Actualmente es la asesora presidencial más longeva y se encarga de aconsejar al Gobierno en temas relacionados con la educación y la salud.

Fue la primera decana de su facultad, primera rectora de la Universidad Nacional y primera ministra de Salud, y afirma que los espacios de participación de mujeres en las esferas de decisión no han sido suficientes. “Hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación”, dice durante esta conversación en la que ofrece agua, jugo, café y quesadilla a sus visitantes. Es difícil imaginar que la mujer que habla con tanto sosiego, mientras afuera se cae el cielo, es la misma estudiante de medicina que repartió panfletos en contra del dictador Maximiliano Hernández Martínez. O que esta mujer que ahora tiene una oficina en Casa Presidencial es la misma que durante su juventud llegó a transportar municiones, mientras se preparaba la huelga de brazos caídos que terminó con la dictadura militar más larga de El Salvador. Pero ha pasado más de medio siglo desde entonces y ahora las cosas que defiende la exministra de Salud son otras.

Anteriormente dijo que si para 2014 no había un cambio notable en salud pública “se habría fracasado de manera rotunda”. Este año en el Hospital Rosales faltaban 70 medicamentos, si alguien necesitaba operarse, le pedían que llevara su propia medicina, y hasta las sábanas del hospital se tuvieron que ir a lavar al Hospital San Rafael. ¿Se logró ese cambio notable?

Mire, analicemos la situación en todo el país. Cuando uno analiza los cambios que ocurrieron por el incremento de cobertura de salud, el acercamiento del especialista, sobre todo el pediatra y obstetra, uno ve que son cambios sustanciales. Uno tiene cifras como mortalidad materna que disminuyó importantemente cuando se crearon los Hogares de Espera Materna y cuando se incrementó el número de partos atendidos en los hospitales. Todas esas son cifras que están indicando que hubo un cambio sustancial, pero lógicamente alguien me podría decir que quizá el ritmo que llevaban las cosas se paró. Si me dicen retrocedió, tengo que aceptarlo.

¿En qué se retrocedió?

Cuando ahora se ha hecho el escándalo de la falta de medicamentos. Para mí era un motivo de quitarme el sueño el hecho de que no se hubiera hecho la licitación a tiempo. Veo en lo que ha ocurrido ahora, que no hay esa responsabilidad de la gente que tiene que saber que si no se hacen las compras a tiempo, eso repercute en la vida de la gente.
La gente necesita sus medicamentos y tienen que ser oportunos y adecuados al momento. Pero si no los tiene, la vida de ellos está en peligro, como un paciente renal que tiene que interrumpir sus diálisis.

No es solo el dinero del que se dispone para los medicamentos, es la posibilidad, es la rapidez de la gestión. Uno tiene que revisar qué está pasando con las unidades que tienen que ver con la compra. ¿Están previniendo que eso ocurra? Yo no puedo salir a decir públicamente “mire, la razón es esta”, porque sería terrible que una persona que ha estado al frente del ministerio vaya a decirle a las autoridades actuales qué está pasando. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades el análisis de cuál es el mecanismo a través del que se llega a la obtención del medicamento y por qué hoy no se ha llegado a eso.

¿Usted cree que le hace falta autocrítica a este ministerio?

Fíjese que esa respuesta usted la tiene. Sí, yo creo que usted la tiene. Uno quisiera que una línea que consideró correcta en un determinado momento y que empezó a revivir buenos resultados, se continuara. Pero nuestro país tiene un sistema en que el Estado-nación no tiene una política permanente. Las políticas no son de Estado. Cambian con el que entra al frente. Esa es una de las principales situaciones en todos los organismos, llámense autónomas o públicas. Y la gran desgracia que yo me la voy a llevar a la tumba es que ese gran esfuerzo que uno hace o puede hacer en un determinado campo –en la Facultad de Medicina, en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Salud– que uno cree que llegó aquí y que necesitaba un poco de tiempo, tal vez, para llegar aquí; se paró o se fue para atrás.

Cuando usted estuvo en el ministerio criticó fuertemente el Sistema Nacional de Salud porque no se incluyó al sistema privado. ¿Mantiene esa crítica?

Yo creo que se necesita un cambio de estructura política de gobierno muy importante. El sistema privado debería ser objeto de una reorganización interna. No me interesa que desaparezca, pero que sea sometido a las mismas regulaciones, a la misma política de salud que desarrolla el sistema público.

¿Qué mejoraría eso?

Hay elementos que en este momento se están considerando en muchos países, incluso hasta la regulación de costo y cobros. Tampoco es justo que esté suelto el establecimiento de cuotas. El sistema privado debe ser sometido –y yo pienso que hay cosas del sistema privado buenas– en el mismo aspecto epidemiológico. Es indispensable que el sistema privado esté incorporado totalmente, que se reporten los casos de determinadas enfermedades, que se haga el control igual.

Poco a poco algo se ha ido haciendo, pero pienso que sería muy bueno que el sistema fuera integral. Lo que quería hacer era eso, porque no podemos pensar en que se hizo todo público. Para eso necesitaríamos otro tipo de Estado y eso no era lo que se perseguía.

Creo que el Estado debe tener un control de lo que ocurre en medicamentos y en toda la parte contra epidemias. Falta una verdadera planificación conjunta.

Es indudable que hay una brecha enorme entre el sistema privado y el sistema público. ¿Qué falla? ¿A qué le seguimos atribuyendo esa brecha, siempre a la falta de presupuesto?

Hay un criterio que no lo promueve el Estado, y es un criterio de la gente: “Porque es público puedo hacer con él cualquier cosa”. Es decir, no cuidar las cosas. Si usted entra a algún lugar donde hay baños… hasta las cubiertas de las tazas se roban. El criterio de lo público y de lo que debe cuidarse todavía no ha entrado, en general, en el país.

En el trabajo, a veces es distinta la forma en que se trata a un paciente en enfermería a cómo se trata a esa misma persona (en el sistema privado). Nos lo han dicho médicos que tienen enfermeras que trabajan en lo público. Su actitud y su forma de trato al enfermo es absolutamente diferente. Allá es la “señora, pase adelante”, gran respeto…

¿Entonces es porque somos una sociedad hipócrita?

Bueno eso hay que estudiarlo porque es parte de la educación de la gente.

El año pasado estuvo en algo parecido a una crisis mediática cuando en un programa radial usted mencionó que recibió sobresueldos. ¿Esto le trajo problemas?

A mí me trajo problemas desde el punto de vista (de) que me empezaron a mover en esa situación. A mí no me causa problemas a nivel de gobierno ni nada. ¿Qué me podían decir? ¿Que me callara? Era a lo más que podían llegar. Pero si yo en un determinado momento he recibido, ha sido igual que lo reciben todos los ministros e igual que viene ocurriendo. Es la única ocasión en la que yo he recibido como ministra de salud. Lo estableció ARENA y siguió eso. ¿Por qué no se dio el paso de ponerle a los ministros el salario adecuado? Y, entonces, encontraron que la mejor solución era pagarle (los sobresueldos) para que no se diga que se le paga mucho, pero ¿por qué no? Si el salario debe ser adecuado a la función que desempeña la persona.

Yo creí que se iba a hacer la reforma en el sentido de que ese llamado complemento de salario, o sobresueldo, o lo que fuere, iba a ser incorporado oficialmente porque a uno le conviene. Eso es necesario que se haga. Yo no digo si es por ley o por qué, cuándo se estableció, no sé de cuándo viene, pero así se ha hecho.

¿Pidió que se diera ese cambio?
Yo lo dije ahí. Que había hablado con el tipo y yo le dije “pero ¿por qué esto?” Porque cuando yo iba a firmar un documento o cómo se iba a hacer ese proceso, yo creí que iba a Casa Presidencial a esa oficina a hacerlo, pero no se hizo y realmente nunca se ha hecho un esfuerzo de todos para que, así, tal vez hubiera sido más adecuado.

¿De todos los ministros?
Claro. Pero si yo lo dije lo tengo que sostener. Yo no lo voy a negar. No quise hacerle daño a ninguno de los compañeros. Yo nunca recibí órdenes de “no lo diga, esto es secreto”. Pero tampoco me hubiera gustado que me lo dijeran. Es una discusión política que debería de existir de lo que es el sistema de gobierno y cómo se maneja. Si los políticos, los que pelean tanto por la pureza del sistema, (son) muchos de los cuales llegan al Gobierno y los cobran.

Debería de haber un análisis: ¿Es ilegal que un ministro gane cinco mil dólares o tres mil dólares cuando hay consultores, o una cantidad de gente que gana más de eso? ¿Es lógico que un presidente gane menos que lo que está ganando un asesor? Entonces si eso es así, hagamos un presupuesto que coloque el valor justo del sistema que cada quien gana. Eso todavía no está claro en la vida de la nación: cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel. Porque se considera una cosa inadecuada un salario alto. Deben establecerse salarios adecuados a la función de la gente sin esperar que haya complementos de salario.

¿Eso usted ya lo sabía al asumir el ministerio?

No lo sabía al asumir el ministerio porque yo no pregunté cuánto me iban a pagar. Lo que es inadecuado es lo que después salió: que no solo se daban esos complementos de salario, sino que había personas que no tenían que ver con el Gobierno y que recibían aportes que no eran sueldos, eran como regalías. Eso se hizo público, porque incluso lo dijeron algunas gentes.

Otro tema que también la puso en controversia fue cuando usted se posicionó a favor de la reforma del Código Penal para aprobar cuatro causales de interrupción del embarazo. ¿Por qué es un tema médico?

¿Cómo voy a considerar yo que se ponga en el riesgo de morir a una madre con hijos por un embarazo absolutamente inviable? ¿Se acuerda del caso de Beatriz, la mujer que tenía un feto acéfalo? Eso es un crimen, si la criatura no iba a vivir. Cada hora de ese producto era una hora de la vida de la mujer que se estaba agravando. Exponer a la madre a ver a un producto de estos sin cerebro, sin cráneo, para despertar el instinto materno es una tortura.

Quienes están en contra de esta reforma mencionan que el daño de las mujeres que abortan es mayor porque adquieren un trauma psicológico tras abortar. ¿Esto es algo médico que haya visto en su carrera?

No.

A usted la acusan en redes sociales de ser una exministra abortista.
¿Ah, sí?

Sí.
Bueno, ese es el criterio de ellos, no es el mío. Yo creo que esa es una cosa que se debe ver con mucha seriedad.

¿En qué está trabajando ahora?

Qué divertido eso. Estoy trabajando en todo. Teóricamente estoy como asesora en salud y educación del presidente. Desde que salí del ministerio yo tenía los planes de dedicarme a escribir de todo de lo que he hecho en la vida y ya tenía listo todo, pero ahora se me complicó la vida porque estoy en muchas cosas. Por ejemplo, trabajamos aquí con mi asistente en muchos campos de la educación y la salud. Hay un día de la semana que en la tarde nos reunimos con el ministro de Educación y dos o tres personas que él ha escogido como asesores y trabajamos un poco adelantándonos a los problemas que se van a presentar.

Mi semana es un poco complicada. Mi mañana la dedico a Casa Presidencial. Allá tengo una oficinita. Allá se hacen las reuniones que se pueden hacer, pero algunas de grupo incluso las hacemos aquí porque tenemos las facilidades. Aquí no hay quien cierre las puertas.

¿Se está trabajando en el Ministerio de Educación en planes de educación sexual?
Se está trabajando intensamente. Creo que cualquier trabajo de hoy todavía es débil, pero debe seguirse trabajando muy duramente.

¿La Iglesia también debería tener palabra en el campo de educación y salud sexual?
Claro que sí.

¿Por qué?
Porque la Iglesia está causando también una acción negativa, porque ellos no conciben la prevención del embarazo. Ellos llegan a interferir con esos programas.

Entonces, ¿me está hablando de invitarlos a discutir para que entiendan o para que ellos pongan las reglas?
No, de ninguna manera. Todo lo contrario.

Hace unos días se mencionó en un evento de Naciones Unidas en El Salvador que en uno de cada cinco embarazos de adolescentes, la relación sexual había ocurrido con un familiar y a la fuerza.
Así es. Padre, padrastro, pariente, todos esos están en la lista. Bueno, pero ¿qué pasa con la niña adolescente? Hay una responsabilidad triple. La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud, la responsabilidad es de la familia en buena parte. La responsabilidad es de la escuela. Los padres no quieren –sobre todo la madre– no quiere que se le dé educación en el campo de salud reproductiva a las niñas.

Que se le hable de lo que representa el condón es un escándalo, porque “le están abriendo los oídos a los niños y es una barbaridad, la niña no debe saber de eso”. Pero esa niña a la cual se le niega esa información, está llegando ya al hospital porque ya está embarazada. Los papás están soñando que la niña es ingenua e inocente, y hemos tenido casos en que, luego, la madre recibe la noticia de que la niña no solo está embarazad,a sino que es seropositiva. Según ella la niña no debía saber nada nunca de eso. Pero la niña ya ha pasado ignorando muchas cosas que tiene a la mano. Todavía no tenemos una educación de los padres que haga que sean uno de los elementos que deben formar a la joven. Luego, las jovencitas llegan a un servicio de salud y piden que se le dé un condón o un anticonceptivo… y los trabajadores de salud las insultan, les niegan la información… ¡pero si es parte del servicio de salud!

En los grupos feministas es reconocida como pionera, ¿usted se considera feminista?
Yo considero que algo he hecho, tal vez no todo lo que debería, en favor del crecimiento de la mujer y del reconocimiento que tenemos el mismo derecho que los hombres. Para mí es una pena que digan que soy la única mujer rectora de la Universidad de El Salvador. Me preocupa muchísimo eso y no tengo el porqué alegrarme. Al contrario, tendría que ponerme muy triste que no haya podido llegar otra mujer. Los grupos llamados progresistas, los grupos de la izquierda universitaria y demás deberían de responder por qué no ha sido posible que otra mujer llegue a la rectoría de la universidad, llegar a la punta es difícil.

Cuando usted entró al Ministerio de Salud con el gobierno de Mauricio Funes se señaló que había muy pocas mujeres en el Gabinete. ¿Cree en las cuotas de género?

Mi opinión en ese sentido es un tanto crítica. En ocasiones establecer la cuota es una cosa simbólica. Muy bien que se diga que van a subir el número de mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres suben? ¿Es una mujer bien preparada que va a contribuir? ¿Va realmente a ser una persona que va a influir en decisiones trascendentales?

Por ejemplo, en el caso de organismos internacionales, llegaban a mi oficina a buscar a unas de las funcionarias que trabajan conmigo para decirles “por favor, aplica a esta plaza”. Y la persona a la cual se le invitaba a entrar a la plaza decía: “Yo no lleno el perfil”. “Pero no importa. Lo que importa es la cuota que yo tengo que llenar porque si no, no puedo abrir el concurso”, respondían. Totalmente simbólico y la llenaban con gente que no llenaba los requisitos y ya sabían que no iban a salir electas.

La otra razón es que hay una serie de razonamientos que son ingratos en las selecciones para mujeres. Por ejemplo, cuando llega una mujer se toman argumentos como estos: “Está en edad de casarse. Va a resultar embarazada. Va a estar necesitando permisos de maternidad. No es conveniente”. Hemos tenido experiencias incluso de una persona que fue director de sanidad, que era el equivalente al Ministerio de Salud en El Salvador, que hacía que las mujeres firmaran su renuncia sin poner la fecha y en el caso de salir embarazadas, se hacía efectiva. Injusto, pero ocurría y a alto nivel.

¿Le tocó enfrentarse a eso?

Quizá nunca me vieron cara de que iba a ser madre, ja, ja. Como fui un poquito peleona desde el inicio, nunca me lo hicieron. Peleé esas situaciones porque las mujeres hemos sido eliminadas a través de mecanismos muy finos de discriminación. No se dice “no puede entrar aquí una mujer”. No, eso no, pero sí hay mecanismos.

A partir de la preparación de los discursos para las memorias anuales de la universidad y analizando las notas, se graduaban con mejores calificaciones las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí yo empecé a seguir a las personas que en la universidad están en posiciones importantes, que adquieren posiciones de docentes a partir del que es instructor, el que sube a la posición de profesor auxiliar, y ya se empieza a ver la diferencia. El número de mujeres empieza a disminuir y el número de hombres a crecer. Y eso sigue en forma piramidal hasta el momento de las posiciones directivas.

Usted creció en un matriarcado, ¿alguna vez le hizo falta una figura paterna?

A veces me han dicho que soy ingrata en ese sentido. Yo diría que no. No me hizo falta porque tuve unas mujeres que fueron madres y padres. Yo sabía que tenía un padre que era abogado, pero nunca se ocupó de llegar a la casa, realmente nunca me hizo falta.
Fui hija única, pero mis tías fueron capaces de hacer crecer sus hijos y educarlos sin mucho escándalo.

Usted se educó en la Facultad de Medicina cuando aún el general Maximiliano Hernández Martínez gobernaba, ¿cómo vivió la caída de Martínez?

Como éramos estudiantes, con mucha alegría, con mucha diversión, pero tal vez no midiendo las dimensiones del proceso. Quizá no teníamos la suficiente preparación política para medir hasta dónde se había llegado. Ya estábamos en la Facultad de Medicina y había caído Martínez, había caído Ubico en Guatemala, había caído Carías en Honduras. Vivíamos una época de gran celebración.

Usted ha dicho que uno de los más grandes dolores de su vida fue en el 72 cuando un movimiento en el que estaba Schafik Hándal la expulsó de la universidad porque la tachaban de imperialista.

Yo termino mi decanato en el 71, la intervención es en el 72, pero esa época es muy confusa, muy convulsa. Entonces ese problema del imperialismo era una cosa muy tonta. Muy burda. Ese San Benito del imperialismo no me lo pude quitar durante mucho tiempo por el hecho de haber tenido relación con algunas fundaciones que nos ayudaron, incluso, para el desarrollo de la educación médica. Era tan ridículo el pensamiento, tan polarizado de la izquierda extrema salvadoreña que llegó al grado de que un dirigente llegara a la biblioteca de la Facultad de Medicina a ver los libros de la biblioteca y dijera: “Miren cuántos libros de estos están en inglés. Aquí casi no hay libros en español. ¿Por qué? Porque la doctora es una imperialista”.

¿Ese era Schafik Hándal?
No, no. Yo debo decirle que tengo el mayor de los respetos por Shafick. Él me respetó y me apoyó mucho cuando yo estaba en la UES. Al grado tal de que en el momento más difícil de mi vida como rectora, Schafik fue de las personas que me apoyaron y le dijeron a la gente el error en el que estaban al no aprobar el préstamo que hubiera representado el desarrollo universitario. El problema es que la vida de la universidad no solo ha estado expuesta a los golpes de afuera, sino a los de adentro. Los internos han sido terribles. Después de ser decana usted comenzó a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y tenía pasaporte diplomático, ¿venía a El Salvador durante la guerra?

Sí. No venía tan seguido porque estaba en ese programa tan fuerte, pero sí, vine. Había que pensar que en ese momento no era fácil, pero ya después de los Acuerdos de Paz consideré que se estaban dando las condiciones para venirse a El Salvador.

¿Estuvo alejada por completo del proceso de los Acuerdos de Paz?

No. Todo lo contrario. Yo creo que muchos de los organismos internacionales tienen una función dependiendo de su ideología, de su punto de vista, que no se conoce pero que es de apoyo.

¿Y cuál era esa función?
Quizás eso no vale la pena contarlo.

Cómo no, a mí sí me parece que vale la pena. Ya pasaron 25 años desde la firma de los Acuerdos.
Sí, pero… no es fácil traer a cuenta procesos y compromisos que se dieron y que la gente los mantuvo ocultos incluso hasta su muerte. No tiene uno derecho. A veces aquí en las conversaciones con los compañeros salen cosas que no deberían de salir, pero que las comentamos. Realmente la guerra es la guerra.

Usted ha visto cambiar El Salvador durante todos estos años, ¿por qué vale la pena quedarse?
¡Uy!, esa pregunta es una cosa terrible. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad por hacer crecer este país.

 

Proyecto Plato Lleno: La comida no se bota

Plato Lleno. El proyecto inició operaciones en Costa Rica en septiembre del año pasado.

El olor de las especias que se reparten uniformemente sobre la masa blanca dispara los sentidos: seduce sutilmente.

El panadero Deykel Jackson coloca las piezas rectangulares de la masa ya condimentada al lado del fuego que calienta el horno.

“Se hace masa nueva todos los días”, dice Jackson. “La masa, por reglas del restaurante, si está cruda no la puedo hornear al otro día. En la mañana la cuento, la apunto y la tengo que desechar. Por eso comencé a tratar de dejar en la noche todo el pan horneado para poder guardarlo”.

Estamos en el restaurante Cosí de La Sabana, y el pan fresco, como todos los días, se hornea para acompañar los platos fuertes del menú.

Todos los días también sobra pan. Las piezas no consumidas antes terminaban en el basurero. Ya no.
Desde hace un mes este restaurante comenzó a colaborar con el proyecto Plato Lleno, una iniciativa ciudadana que busca evitar que lleguen al basurero alimentos que todavía podrían ser consumidos por alguien más. Su emblema principal: la comida no se bota.

Solidaridad. Han contactado a restaurantes y salas de eventos para recoger la comida que sobra para entregarla a gente pobre o a indigentes.

No al desperdicio

Tatiana Vargas, comunicadora de profesión, trabajó con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante siete años. Fue ahí cuando tuvo su primer acercamiento al tema de desperdicio de comida y al derecho a la alimentación.

Junto con su prima Mónica Ortiz, decidieron poner foco sobre una problemática mundial que las incomodaba y así replicaron la iniciativa de origen argentino en nuestro país. “En 2013, Alexis Vidal y Paula Martino tenían una empresa de eventos sostenibles y se dieron cuenta de que en los eventos que ellos realizaban en Argentina siempre sobraba mucha comida y siempre se botaba. Basados en eso fue que decidieron abrir Plato Lleno en Argentina”, explicó Vargas, una de las cuatro líderes del proyecto en Costa Rica. “Los contactamos para ver qué posibilidades había de replicar el proyecto acá. Es la primera réplica en Centroamérica. Ellos han replicado el proyecto en cuatro ciudades argentinas y Costa Rica fue el primer país”.

Hace mes y medio, Colombia se unió a las filas desde Cartagena. En septiembre del año pasado, Plato Lleno Costa Rica lanzó su imagen y su campaña y en octubre se abrieron al público, invitando a restaurantes, hoteles, empresas, organizadores de eventos privados y demás a contactarlos para hacer rescates de comida que de otra forma sería desechada.

En estos meses de operación, el proyecto ya ha realizado 100 rescates en eventos y restaurantes, ha capacitado a más de 50 personas para que puedan realizarlos con un proceso que evite la contaminación de la comida y han logrado salvar del basurero más de 2 toneladas de alimentos.

“Mi cálculo es que no logramos rescatar ni el 0.5 % de lo que se desperdicia en el país. Si tuviéramos la capacidad de rescatar todo lo que se bota, estaríamos hablando de toneladas de toneladas mensuales de comida”, expresa Vargas.

Voluntariado. “Siempre he sido una mujer muy activa, pero ahora no estaba haciendo nada.
Después de los 40 ya no nos dan trabajo”, expresa la voluntaria Vivian Solano.

Nueva vida

No todos los alimentos pueden ser salvados. La organización cuenta con un protocolo ya establecido de rescate para no poner en riesgo la salud de los beneficiados; así se dejan por fuera platos con tomate, huevo, algunos tipos de pescado y otras comidas propensas a desarrollar bacterias con facilidad.

Una vez rescatados los alimentos, se llevan a albergues, comedores, hogares o instituciones sociales que entreguen comida a sus beneficiarios. El criterio principal de la entrega es la proximidad al lugar del rescate y la cantidad de personas que atiende el lugar.

Instituciones como la Fundación Fundamente, el Comedor Infantil San Francisco y la Casa María Auxiliadora son solo algunas de las entidades que han sido beneficiadas por el trabajo del proyecto que hoy cuenta con 20 voluntarios activos.

Vivian Solano. Ella es una de las 20 voluntarias activas del proyecto.

“La Casa María Auxiliadora es un engranaje de instituciones y grupos que nos apoyan. Detrás de este proyecto uno sabe que hay muchas personas de buen corazón. Hacia esas personas va nuestro agradecimiento”, dice Sor Susana Li, religiosa de la institución que atiende a personas adultas mayores y a jóvenes en riesgo social.

El pan donado por Cosí que la voluntaria Vivian Solano les ha hecho llegar tres veces por semana se ha convertido en budín y en pizzas.

“Lo importante es que la comida no se desperdicie”, dice Solano. “Yo siempre he sido una mujer muy activa, pero ahora no estaba haciendo nada. Después de los 40 ya no nos dan trabajo. Gracias a Dios, económicamente estoy bien, así que dije, si nadie me quiere, voy a buscar voluntariados. Este me gustó mucho”.

“Es una cosa muy cotidiana, además. Todos botamos comida a la basura, siempre. El hecho de botar comida implica muchísimas cosas, por ejemplo, el tema ambiental. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, estaría en el tercer lugar de emisiones de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China”, asegura. “Por el lado económico, se calcula que todo el dinero que se bota a la basura es aún mayor que toda la ayuda que dan todos los países y todos los organismos internacionales al desarrollo.

¿Por qué importa?

Annia Prado, cocinera de la Casa María Auxiliadora, recibe los panes donados por Cosí.

“Mucha gente nos dice: ‘Qué bueno que ustedes van y le regalan comida a las personas’. Esa es una de las partes importantes de Plato Lleno, pero lo más importante para nosotros es que la comida no se bote. Es el eje central de la iniciativa, el respeto por el alimento”, asegura Vargas. “Toda la cadena de producción de alimentos es enorme. Implica muchos recursos tanto humanos como financieros, que al final terminan en la basura”.

Con la problemática del desperdicio de alimentos, encontraron un voluntariado ciudadano innovador y con mucho impacto.

“Es una cosa muy cotidiana, además. Todos botamos comida a la basura, siempre. El hecho de botar comida implica muchísimas cosas, por ejemplo, el tema ambiental. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, estaría en el tercer lugar de emisiones de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China”, asegura. “Por el lado económico, se calcula que todo el dinero que se bota a la basura es aún mayor que toda la ayuda que dan todos los países y todos los organismos internacionales al desarrollo. Son razones de mucho peso en temas ambientales, económicos y sociales que me hacen pensar a mí ¿por qué nunca nadie le había puesto atención a este problema?”

En efecto, según datos de la FAO, el volumen mundial del desecho de alimentos se calcula en 1,600 millones de toneladas anuales en el equivalente de productos primarios. El total de los alimentos para ser ingeridos equivale a 1,300 millones de toneladas.

“Las consecuencias económicas directas del despilfarro de alimentos (excluyendo el pescado y el marisco) alcanzan los $750 millones anuales”, confirma el organismo. “El volumen total de agua que se utiliza cada año para producir los alimentos que se pierden o desperdician (250 kilómetros cúbicos) equivale al caudal anual del río Volga en Rusia, o tres veces el volumen del lago de Ginebra”.

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, urgió a agricultores, pescadores, procesadores de alimentos y supermercados, gobiernos y consumidores a “hacer cambios para evitar, en primer lugar, que ocurra el desperdicio y reciclar cuando no podamos impedirlo”. “No podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie debido a prácticas inadecuadas, cuando 870 millones de personas pasan hambre todos los días”, agregó.

De acuerdo con datos de Plato Lleno, con apenas un tercio de los alimentos que llegan a la basura se podría alimentar a toda la población hambrienta en el mundo.

La lucha que han emprendido desde la organización es también con políticas empresariales que dictan que la comida debe botarse de no ser consumida por sus clientes, así como con el miedo de las grandes empresas de alimentos que buscan evitar meterse en problemas.
“Algunos restaurantes nos dicen: ‘¿y qué va a pasar? ¿Usted me va a firmar un contrato para que si a alguien le pasa algo a mí no me echen la culpa?’ Cuando llegamos a ese punto, nosotros decimos: ‘Gracias por su tiempo, pero Plato Lleno no es para usted’”, añade Vargas. “Es justamente para que las empresas y la gente entiendan que cuando compran un alimento, tienen una responsabilidad sobre él. Usted adquiere una responsabilidad sobre la producción de ese alimento y es su responsabilidad ver qué pasa cuando ese alimento no se consume”.

La gente no lo percibe así. “La gente lo ve como si fuera caridad o por hacer algo por los demás, pero realmente es una responsabilidad que se tiene”, agrega. “Si usted como empresa de alimentos no es consciente de eso, no está entendiendo el objetivo que tiene Plato Lleno”.

Colaboradores. El restaurante Cosí colabora con el proyecto desde hace un mes donando los panes sobrantes de sus locales.

22 centavos por cada tiempo de comida

Expedientes. Del año 2013 a 2016, existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes.

22 centavos de dólar por cada tiempo de comida. Esa es la cuota que Jorge le debe pagar a María, su expareja, para la manutención de su hijo de cuatro años. Según la cifra establecida en la Procuraduría General de la República (PGR), María debe poder alimentar a su hijo con $0.66 diarios, es decir, con $20 mensuales.

María tenía un empleo formal hasta hace una semana. Con ese salario intentaba cubrir las necesidades básicas de su hijo, pero los dueños cerraron la farmacia en la que ella trabajaba y la necesidad de una cuota alimenticia más alta para el menor se hizo más evidente.

Ella sabe trabajar desde niña. Su madre tiene una venta de comida en un municipio de Sonsonate y ahí conoció cómo es vivir el cansancio de los adultos. Mientras crecía ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, a preparar la comida y a vender frente al mercado.

La escuela fue la diferencia. Fue casi un descanso. Formó un grupo de amigas y se enamoró por primera vez. Cuando cumplió 15 años conoció a Jorge, su compañero de clases, y él le pidió que fuera su novia. Ella aceptó y dos años después quedó embarazada. Él vivía con su madre y María pensó que lo mejor era mudarse con ellos. Creyó que ahí viviría mejor y más tranquila. Tres años después, salió de esa casa con moretones en la cara.

“Nos separamos por el problema”, dice hoy que tiene 22 años. El problema fue que su expareja la golpeó en 2015. María regresó llorando a la casa de sus padres y denunció a Jorge. Un juzgado emitió una orden de restricción en la que se prohibía que Jorge se le acercara durante seis meses. A pesar de que él demostró ser violento, ella dice que ya no pidió que se renovara la orden de restricción “para no tener más problemas”.

María cuenta desde su casa materna que después de la golpiza le pidió a su madre que la acompañara a la sede sonsonateca de la PGR. Ahí solicitó ayuda para fijar un monto para alimentos.

“En la procuraduría me dijeron que como él solo estudiaba y no trabajaba, no tenía de dónde sacar dinero. Dijeron que solo $20 me podía dar porque era lo que podía ir recolectando de lo que supuestamente le da la mamá para la semana”, recuerda María.

En mayo la canasta básica por familia urbana costó $195.20, de acuerdo con cifras gubernamentales. El cálculo de canasta por familia se hace con base en un supuesto de 3.73 personas por familia. La cuota alimenticia que se le fijó a Jorge solo cubre un 10 % de dicha canasta.

Ahora Jorge ya cumplió 22 años y se encuentra estudiando una licenciatura. Pero aunque hayan pasado dos años desde la demanda, la cuota alimenticia que está obligado a darle a su hijo sigue siendo la misma: $0.66 diarios.

Asesoría. En este salón los usuarios de la Unidad de Familia de la PGR se reúnen con asesores legales para evaluar sus casos.

El promedio mensual de cuotas alimenticias que ingresaron a la procuraduría a escala nacional fue de dos millones de dólares entre enero y mayo de este año. Dos millones suena a mucho, pero los beneficiarios son 28,520 menores y cuando la cifra se divide entre ellos, se alcanza una media de $76 mensuales. O sea, $0.84 por cada tiempo de comida.

Gloria espera que la cifra que se logre fijar con el padre de su hija de siete años sea más alta que el promedio. Es una mujer de 28 años, de pelo rubio y labial fucsia. Cuando habla mira a los ojos de quien la escucha y no titubea. Ha venido este martes 4 de julio a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia a demandar a su expareja y ha pensado solicitar $100.

La menor estudia en un colegio privado de San Salvador donde cobran $25 mensuales. A ese gasto le debe sumar el de útiles escolares, uniforme, transporte y alimentación. La niña y el padre no se ven y ella explica que desde que se separaron no ha recibido apoyo paterno.

“Yo soy independiente. Nunca le había pedido nada, pero pasó el tiempo y dije: ‘Bueno, y ¿por qué dejarlo que esté sin responsabilidad?’”, dice Gloria.
Ella sabe que no hay respuesta para su pregunta y se muestra segura mientras espera sentada sobre unas sillas azules frente a los asesores legales de la PGR.

Por ahora lo único que teme es que el estilo de vida de su expareja no le permita alcanzar una cuota que sirva para compartir con equidad los gastos de la menor.

—Él no trabaja. Supuestamente lo tienen que evaluar y que no sé qué –dice Gloria como fastidiada mientras espera que la atiendan.
—¿De qué vive él?
—Solo de remesas. Por eso es que ni piensa en trabajar –responde antes de brindar sus datos frente a un escritorio.

Cuando Gloria entró a este edificio le dieron un número y así pasó al escritorio de un asesor jurídico a explicar su situación. El proceso de espera es similar al de los bancos. Y a pesar de que aquí también se discute en términos económicos, las historias que se escuchan en este lugar son íntimas y hablan de un país que descuida a sus propios hijos.

Gloria se suma a las 1,276 madres que hasta abril de este año demandaron a los padres de sus hijos por alimentos. El año pasado fueron 5,819 las mujeres que hicieron lo mismo.

Para iniciar el proceso ha traído la partida de nacimiento de su hija, su DUI y una dirección donde se puede contactar a su expareja. Con esa dirección se localizará al demandado y le enviarán una notificación. En ese papel se indicará la fecha y hora a las que será convocado para una audiencia conciliatoria. Usualmente, los procesos de este tipo toman dos meses para resolverse.

El día en que los dos vengan pasarán a una oficina llena de cubículos. Se sentarán al lado y frente a un empleado público tendrán que intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero que le corresponde dar al demandado. La audiencia puede terminar de dos formas: que se llegue a un monto por mutuo acuerdo o por “resolución”.

“La resolución ya no es voluntaria. Es impositiva”, explica un asesor legal de la institución. Cuando ni la madre ni el padre logran conciliar sobre la cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo en común, la procuraduría es quien decide. Y para eso pide pruebas de gastos de las dos partes y en ocho días hábiles comunica la cantidad.

Noel Galicia, asistente legal de la Coordinación Nacional de Familia, asegura desde su escritorio en el séptimo piso de la PGR que en esta institución no se están fijando aportaciones tan mínimas como de $20.

“La cuota alimenticia se fija con base en necesidades y a capacidades económicas”, sostiene. Él se empeña en afirmar que los montos que resultan extremadamente bajos son porque madre y padre así lo acuerdan.

“Nosotros no estamos avalando en ningún momento ese tipo de cantidades. No es posible que un niño y una niña pueda mantenerse ni siquiera con $20 o $25”, afirma Galicia. El asesor comenta que la media es de $50 y “se logra en gran parte a través de la conciliación”.

Sin embargo, otra empleada de este lugar confirma que, como sucede con los trabajadores informales, hay cuotas alimenticias que se fijan y son de solo $15 mensuales por cada hijo. Dicho de otra manera: $0.50 al día.

—Yo he sido irresponsable. Son cosas que se han salido del huacal –dice Erick, quien debe cerca de $1,500 a la madre de su hijo.

28,000. La PGR afirma que son 28,000 niños y adolescentes los beneficiados a partir de las cuotas alimenticias que en la institución se fijan.

Erick es un hombre fornido y de piel clara. La naturalidad con la que dice que ha sido un padre irresponsable sorprende a quienes lo escuchan. Ha venido a dejar a su hijo en la ludoteca de la Unidad de Familia a las 9 de la mañana. El salón está lleno de juegos de mesa, muñecas y animales pintados en las paredes. Es un lugar diseñado para que los niños esperen a sus padres mientras ellos deciden parte de su futuro frente a un funcionario.

Erick hala una de las sillas bajas de niños y se sienta en ella para explicar la situación que, según él, ha influido para que haya pasado un año sin que le brinde dinero a su hijo de seis años. El niño se mantiene a su lado y juega con hormigas de plástico. Está abstraído y parece no escuchar nada de lo que dice su papá.

Erick debía depositar $125 mensuales para la alimentación de su hijo. El problema –sostiene– fue que se vio obligado a renunciar a su trabajo por presión de pandilleros. Dice que también era el dueño de una pupusería, pero que la pandilla de la zona le empezó a exigir una extorsión mensual de $500. Él asegura que pagó $200 hasta que le llamaron desde un penal para exigirle más dinero. Entonces –relata– cerró el negocio y se quedó sin fuente de ingresos.

“Yo tengo los reportes de la Policía de parte del trabajo y de parte del negocio”, dice como intentando convencer a quienes lo escuchan. Afuera lo espera la madre del niño antes de entrar a la audiencia.
Que haya una cifra fijada legalmente no es garantía de que los menores se vean beneficiados. El dinero puede ser descontado en planilla como se hace con un préstamo o los demandados pueden ir a la PGR a pagarla de forma personal. Pero se ha comprobado que ninguna de las modalidades asegura que el dinero llegue de mes a mes.

Solo la mora de padres irresponsables de este año sobrepasa el medio millón de dólares. “El monto que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los padres del 1.º de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15”, afirma la PGR. Por otro lado, la mora de las madres demandadas por los padres durante el mismo período es de $8,490.43.

Ser irresponsable con los hijos es un delito. Y puede incluso llevar a la cárcel. Además de no poder salir del país, ni renovar licencia, se puede abrir un proceso judicial en contra del demandado.
En 2015 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un padre de familia por encontrarlo culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El juzgado logró comprobar que la madre y sus hijos sobrevivían en “condiciones de vida de precariedad”, y el padre –con el incumplimiento del pago– había causado “daños morales y patrimoniales a los menores”.

Audiencia conciliatoria. En esta etapa, las partes demandada y demandante se reúnen con un empleado público para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimenticia.

La pena de ese delito es de uno a tres años de prisión. Así, el tribunal condenó al padre irresponsable a 24 fines de semana de arresto. El juez Antonio Durán explica que en “en estos casos el condenado debe presentarse al penal desde las 7 de la mañana del sábado hasta la noche del domingo”. Además, esta pena no lo exime de su obligación de pagar alimentos.

Erick se ha presentado a esta cita para que su caso de mora no llegue a judicializarse. La madre del niño lo demandó otra vez. “Yo saqué el estado de cuenta. Y salió alta la mora”, explica la mujer con una voz cansada. Ella no es la única. Solo en los primeros cuatro meses del presente año, 875 mujeres demandaron a sus exparejas ante la PGR por esa misma razón.

Erick, porque así lo establece la ley, tendrá que darle dinero a su hijo hasta que cumpla los 18 años. Pero su responsabilidad no termina ahí. Si su hijo se mantiene estudiando después de haber cumplido la mayoría de edad, tiene buenas calificaciones y no se casa ni forma su propia familia, seguirá teniendo derecho a la cuota alimenticia hasta que se convierta en profesional.

Para Erick la urgencia actual es resolver la mora que mantiene con la madre del menor. Se levanta de las sillas pequeñas y se dirige a esperar audiencia junto con su expareja. Antes de salir, le hace un pedido a su hijo: “Jugá con los niños”, y señala a otros menores que juegan, entre risas. Pero el niño está desganado. Ve cómo su padre sale de la ludoteca y le responde que sí, pero sigue jugando solo con sus hormigas de plástico.

—¡Me encachimba, me encachimba! ¡Lo detesto! –dice una mujer mientras acelera el paso y sale de la Unidad de Control de Fondos a Terceros de la PGR. En este salón es donde se puede verificar si los padres ya depositaron el dinero o no.

La mujer, enojada, sale rápidamente y detrás de ella una joven con sus mismos rasgos camina con decepción.

—Ni modo, es lo único que la adolescente dice.

Ludoteca. En este espacio se calcula que cerca de 30 niños juegan a diario mientras sus padres resuelven asuntos legales como custodia, regímenes de visita y alimentación.

Conforme el día avanza, este edificio institucional se va llenando en su mayoría de mujeres. Aquí no solo se resuelven temas relacionados con las cuotas de alimentación, también se llevan procesos de reconocimientos de hijos, divorcios y cambios de nombre.

El problema de la fijación e incumplimiento del pago de alimentación no es solo de padres. También hay madres demandadas. En los primeros cuatro meses de este año, 15 hombres denunciaron a madres de familia para fijar una cifra en concepto de alimentos.

El año pasado fueron 1,226 los padres que demandaron a las madres de sus hijos por temas relacionados con el sustento de los menores, ya sea pidiendo un aumento, una disminución de cuota o porque las madres no cumplieron su deber.

“Le hacemos un llamado a los padres que tienen ese rol de padre y madre para que se acerquen a la procuraduría. Las cuotas no son para ellos, y no por esa cultura machista van a dejar de pedirla”, comenta Noel Galicia, asesor legal de la PGR.

En la procuraduría está claro que la mayoría de casos de abandono de los hijos se dan por parte del padre, pero también saben que existen casos, la minoría, en los que son los hombres quienes deben hacerse caso del cuido de los hijos. El asesor considera que el machismo del país influye en que esos pocos padres no se animen a demandar a las mujeres por miedo a que se cuestione su masculinidad.

El año pasado 176 padres de familia demandaron a las madres por alimentos por primera vez. De cada 100 personas que demandan a sus exparejas, solo tres son hombres.

Ese mismo año, 586 madres estaban registradas en la PGR como alimentantes. Y el monto total de sus aportaciones fue de $456,260.35. En promedio, la cuota entregada por mujeres es de $64.

De los 15 hombres que demandaron a madres los primeros cuatro meses de este año, dos dijeron que sus exparejas residen en el exterior. Cuando el padre o madre vive en el extranjero, el monto que reciben los menores es más alto que el promedio nacional.

Hasta mayo de este año 821 niños recibieron cuotas desde el extranjero. El efectivo lo enviaron 636 padres y madres. La PGR no cuenta con estadísticas actualizadas hasta el mes de junio, pero hasta el “31 de mayo del año 2017 (la cuota del extranjero) ascendió a $479,789.03”, respondió la institución en un escrito.

Cada mes ingresaron alrededor de $95,000 a El Salvador para alimentar a menores de edad. Dividido entre la cantidad de niños, la suma promedio que brindan los padres y madres en el exterior es de $116.

Incumplimiento de pago. Si los demandados se rehusan a cancelar las cuotas establecidas, no pueden salir del país, sacar licencia de conducir ni ser sujetos de crédito.

Con $0.66 centavos se pueden comprar pocas cosas. María, la joven de Sonsonate que cría a su hijo pequeño, lo sabe bien. En el supermercado de su municipio, con esas monedas se puede comprar un paquete de cuatro sabrosadores de carne, o chicles o un yogur pequeño. Si se propusiera comprar a diario la comida de su hijo con lo que recibe de cuota alimenticia, lo más que podría comprar en esta tienda sería una libra de arroz de $0.62. Nada más.

Cuando se le pregunta si ha considerado pedir que se revise su caso, ella responde de forma pesimista. “Lo he pensado, pero para no tener más problemas no he querido ir. Me van a decir que no”.

La procuraduría cuenta con un Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas alimenticias, pero María no cree que pueda salir favorecida en ese proceso. Una cosa la desanima: el contexto actual de Jorge es igual al que tenía cuando fue demandado en 2015. Sigue estudiando una licenciatura y sigue sin trabajar.

—A él le vale chonga –dice María. El pisto que da, me lo da su mamá –se queja.
Jorge visita al hijo en común constantemente. Ella cuenta que mantienen una relación normal. Le huye a la confrontación, pero sabe que carga la parte más pesada de la crianza. Ella también quería estudiar en la misma universidad que Jorge, pero no tenía los $50 mensuales que se deben pagar ahí. Tiene otros gastos prioritarios.

“En el súper gasto casi $50 y solo me dura 15 días. Le compro la leche, pámperes, jugo, galletas, gelatinas…”, María enumera la lista de compras para su hijo y agrega unos gastos imprevistos que desde lejos parecen mínimos, pero que en la economía diaria hacen la diferencia. “Ayer en la mañana, en un ratito… en cuestión de media hora, gasté casi tres coras comprándole una gelatina y un fresco”. Por ahora ella ha vuelto al negocio que conoce desde pequeña: ayuda en el puesto de su madre a preparar comida y vende frente al mercado.

*Algunos nombres han sido cambiados a solicitud de las familias.

Retroactividad. Las cuotas alimenticias solo se exigen desde el momento en el que se interpone la demanda. No pueden ser retroactivas desde que el menor nació.

La misión imposible del zoológico

Rescate. Las aves son de las especies más afectadas por el comercio ilegal y la extracción de su hábitat. Los veterinarios del área de cuarentena del Parque Zoológico Nacional se encargan de curarlas de sus heridas y que tengan buena salud antes de ser liberadas en un área natural protegida o ser consignadas a un refugio.

Una unidad móvil del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se estaciona frente al zoológico. Son las nueve de la mañana del jueves 15 de junio. Los encargados de veterinaria del parque salen de sus oficinas al percatarse de la llegada del vehículo y ordenan que ingrese por el portón de la administración. Al bajar los expertos, el grupo camina hacia la parte trasera de las oficinas, donde está el área de cuarentena. Luego de un pasillo entre estas y la bodega donde se guarda la comida hay un pequeño campo de tierra. Tiene instaladas y numeradas jaulas de tamaño medio donde se resguarda a los animales.

Los expertos inspeccionan el estado de los 12 animales que vienen a recoger: cinco buhos de montaña, un pajuil, dos tecolotes, tres querques y un gato zonto. Todos ellos están con buena salud, así que el MARN se dispone a liberarlos en un área natural protegida acorde a su hábitat o enviarlos a un refugio de conservación.

Mientras continúan la inspección, regresan por el pasillo y entran a un cuarto de cuidados intensivos del área veterinaria. Grupos de aves están en jaulas colocadas de forma que rodean las paredes, mientras sus ruidos y olores cubren el ambiente. Luego de verificar su estado, los expertos deciden que hay grupos de aves que también pueden liberarse. La cantidad de animales que se llevarán sube a 30.

Un grupo de 11 catalnicas dentro de un kennel para mamíferos pequeños pertenece a este grupo. Los pericos llegaron el 20 de marzo, cuando la Unidad de Delitos Especiales de la Policía Nacional Civil las localizó en el centro de San Salvador junto a dos chocoyos, que murieron por su estado de debilidad. Fueron llevadas al zoológico para recibir tratamiento veterinario. Estas aves son parte de las especies de fauna silvestre amenazada que son extraídas de su hábitat para ser comercializadas.

Traslado. Los animales pasan por varios recintos y formas de
transporte antes de regresar a la tranquilidad de su hábitat.

Virna Ortiz es una de las veterinarias del parque, prepara las actas correspondientes a los 30 ejemplares que se irán de su resguardo. En todas ellas se aclara el lugar de procedencia del animal, la fecha que llegó al zoológico, la persona o institución que lo recogió, la condición médica que presentaba al momento de llegar y la autorización del MARN para que sea tratado ahí.

Los jauleros, los demás técnicos del parque y los medios de comunicación observan a las aves y mamíferos que subirán al vehículo. El área de cuarentena del Parque Zoológico Nacional funciona como un refugio temporal para fauna lastimada, rescatada o confiscada gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) y el MARN. Desde 2011 a la fecha, el parque ha recibido alrededor de 1,457 ejemplares.

Luego de juntar las actas correspondientes, Virna traslada a los pericos para ser cargados al vehículo. Antes de que ella se lleve al grupo, los camarógrafos apuntan sus lentes al kennel, donde las aves pegan sus cuerpos en un vano intento por salirse.

El zoológico asumió como prioridad la conservación y protección de las especies después de la muerte de Manyula, en 2011. A pesar de esto, tanto el área de cuarentena como los recintos de exhibición son evidencia de que el bienestar de los seres vivos a los que se debe su labor aún pende de un hilo.

***

William Díaz quiso trabajar en el zoológico como parte del equipo de mantenimiento. Al preparar su curriculum, se aseguró de entregar todos sus estudios y experiencia previa en construcción, albañilería y estructuras metálicas. Eso no importó cuando lo llamaron e ingresó a trabajar al parque, en 2015. Lo nombraron jaulero del aviario.

Él reconoce que no tenía experiencia previa y que tampoco había estudiado para tratar con aves. Se quedó con el trabajo por necesidad. Recuerda que su proceso de inducción duró apenas dos semanas. Su único maestro fue el cuidador que estaba asignado al área en ese momento. El resto, dice, lo aprendió gracias al tiempo y la conducta de los animales.

Las tareas principales de un jaulero consisten en entrar a los recintos, limpiarlos y rellenar los comederos. También tienen el contacto más directo con los animales de la exhibición. Deben reportar al biólogo encargado del área cualquier anomalía en el animal, a pesar de que la mayoría no posee estudios ni especialidades en comportamiento y cuido de especies silvestres y exóticas.

Además de enfrentarse a la falta de educación y de experiencia para trabajar, la cantidad de jauleros por área se limita a dos, coordinados por un biólogo jefe de área. Solo en el aviario existen 32 recintos y más de 100 animales entre aves rapaces y exóticas. Para garantizar su protección y conservación, cada una de estas especies debería tener un cuidado particular que garantice su buena salud, alimentación y seguridad.

El buen estado de los animales depende de solo un jaulero en cuatro de los siete días de la semana. William trabaja de miércoles a domingo, mientras que su compañero lo hace de lunes a viernes. En los tres días que hay dos jauleros, estos se reparten la mitad de los recintos. Los otros cuatro días solo hay un jaulero para toda un área.

Para cumplir con sus tareas en los días que está solo, William trabaja rápido. A pesar de que su turno inicia a las ocho de la mañana, él entra a las siete. Ingresa en todos los recintos para limpiarlos y tirar la comida del día anterior, que suele sobrar y pudrirse. A las nueve de la mañana pasa a la bodega donde está la comida. Prepara doce charolas y cuatro bandejas de comida para las aves que comen por la mañana. Termina al mediodía. Debe regresar al inicio de la tarde para preparar la carne de las aves rapaces.

El aviario, además, tiene un sistema para controlar la cantidad de animales entre la seguridad del parque y los jauleros. Esta fue la respuesta del parque al robo de cinco guacamayas, en 2011, y un intento de hurto en abril de este año cuando apareció un hueco con metal manipulado en el recinto de las mismas aves. William dice que él tapó el agujero de forma improvisada con trozos de mallas metálicas al ver que mantenimiento no llegó a cerrarlo. Ese remiendo se mantiene hasta hoy.

Gran parte de los recintos del zoológico son los mismos desde que se fundó en 1958. Después de 59 años, su estado a nivel diseño e instalaciones sigue en pie con excepción del aviario, donde las mallas metálicas que resguardan a las aves también están perforadas por el óxido y han sido remendadas con otros trozos metálicos. El mantenimiento de condiciones para que haya vida en verdadero estado de conservación es deficiente.

Cautiverio. Pocos recintos del zoológico cumplen con el mínimo de condiciones para que los animales
puedan hacer sus actividades naturales sin ser afectados por la presencia humana.

Todos los recintos poseen piletas, desde las que los animales pueden acceder a agua para tomar o bañarse. Sin embargo, permanecen secas la mayor parte de la semana o con un recorrido permanente que acaba en el desagüe. Algunos empleados del parque comentan con reserva que el agua es un servicio limitado para todo el lugar. Un ejemplo de esto es un riachuelo que rodea el herpetario. Cuando la corriente deja de seguir porque el agua no cae, los cientos de peces que ahí viven se ven forzados a juntarse en la parte que tiene agua más limpia para poder respirar y sobrevivir.

Las sobras de comida trajeron otro problema para las especies que se alimentan de frutas. Grupos de ratas han tomado el interior de los recintos como hogar. Ya sea detrás de un tronco o con hoyos en la tierra, los roedores salen por montones después de que un jaulero deja la comida. Es un problema complicado, cuenta William, porque no se puede controlar a una población que se esconde la mayoría del tiempo. Las trampas o el veneno podrían afectar a los ejemplares que tienen el interior recintos como su único hogar.

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Cuido. Los jauleros aprenden a convivir con las especies en exhibición para hacer sus labores diarias.

A Carlos Antonio Escobar le dicen ruso entre sus compañeros. Flaco, con piel blanca y un acento peculiar, que suena como a ruso, limpia el interior de un recinto asignado a un grupo de monos carablanca que fue rechazado de la isla donde vive la comunidad más grande. Al salir del recinto, un mono recoge una porción de fruta y se topa al borde de la jaula. Pone la fruta en un tronco y extiende el brazo hacia su jaulero. Carlos les dice sus amigos.

Trabaja en el sector de misceláneos, donde habitan mamíferos varios desde monos araña -también rechazados de su isla- hasta tigrillos. Entró al parque hace siete años y, como el resto de jauleros, no tuvo experiencia previa con animales para que aceptaran darle el puesto. Él entró al parque como empleado de una empresa pagada por SECULTURA para hacer labores de limpieza en las áreas para visitantes. Cuando vio que una plaza para jaulero quedó disponible optó por el puesto.

El mono sigue con su brazo fuera de la jaula. Carlos lo toma, juega con él por un rato y lo devuelve. Cuenta que lo llama Pancho, y es su amigo de este recinto. Otro mono aparece detrás, curioseando el momento. A pesar del parecido entre ambos, él asegura reconocerlos. El segundo mono se llama Luis.

Pancho y Luis conviven en el mismo recinto junto a su grupo, todos monos carablanca. Su espacio está conformado por una pileta pequeña donde reciben agua, una bandeja donde se les coloca fruta, ramas y troncos en medio del espacio para que puedan balancearse y cuatro pequeñas cuevas al fondo para ocultarse de la lluvia o dormir. En ambos lados hay jaulas con otros monos en las mismas condiciones.

Carlos sabe que la situación de los animales no es la mejor. Una vez visitó el Zoológico La Aurora, en Guatemala, y entendió que las diferencias entre ambos lugares son demasiadas entre el tamaño de los recintos, su orden, el espacio disponible por los ejemplares y el cuido que reciben. “No quisiera ni regresar aquí”, cuenta con emoción.

Esas no son las únicas diferencias. El parque guatemalteco permitió a principios del año que los monos tuvieran libertad de moverse entre árboles de hasta 14 metros conectados por un puente colgante. El cambio fue parte de su transformación a un modelo similar al un parque ecológico, donde los ejemplares no pasan en jaulas o encerrados entre mallas y las personas aún tienen la posibilidad de aprender de ellos y su conservación. El zoológico salvadoreño, mientras tanto, solo tiene esa posibilidad en el grupo de islas sobre la laguna, donde viven monos araña y carablanca.

Vladlen Henríquez, el director del Parque Zoológico Nacional, cuenta que el problema de los recintos es por falta de modernización, que necesita grandes inversiones para realizarse. “No es que no sean adecuados, pero sucede que se necesita invertir para poder modernizarlos a los requerimientos de todo zoológico moderno y actual”, añade. El zoológico nacional tiene una extensión de 8.5 manzanas y en 2016 contó con un presupuesto de $945,000. La Aurora, mientras tanto, cuenta con 17 manzanas y en 2015 tuvo un presupuesto aproximado de $1.2 millones.

El zoológico salvadoreño carece de una acreditación que respalde una tarea educativa y de conservación funcional, algo que la actual administración quiere cambiar al cumplir los requisitos de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), con la cual La Aurora sí está acreditado.

El sitio web de la ALPZA tiene disponible el cuestionario que se ocupa para medir los estándares que debe cumplir un parque zoológico para acreditarse. Requerimientos como equipos de emergencia accesibles en todo el parque, la realización de simulacros y la existencia de protocolos de seguridad y salud, tanto para fauna como para visitantes, son solo algunos de un aproximado de 160 criterios a cumplir por un zoológico para constatar que su labor es eficaz. El zoológico nacional no cumple los mencionados.

Vladlen cuenta que la administración busca cumplir los requisitos y metodologías de un parque moderno. Por eso se envió a dos expertos al congreso que celebró la ALPZA en Cuba desde el 29 de mayo al 2 de junio. Vladlen añade que cumplir todos los criterios requiere una inversión millonaria, la cual no precisó. “Hacer un zoológico de primer mundo es un proceso que puede durar mucho tiempo. Por algún lado vamos a empezar”.

Ese comienzo podría ser gracias al Megaproyecto San Jacinto, una iniciativa de la Presidencia para integrar Ex-Casa Presidencial, el Cuartel el Zapote y el Parque Zoológico Nacional. Las tareas en el parque se harían solo en el aviario. “La idea es tener recintos modernos, grandes y en forma de domo que cubran los árboles para que las aves puedan llegar hasta arriba”, dijo Vladlen. El megaproyecto necesita de $7.3 millones para ejecutarse y se encuentra en fase de recaudación. Vladlen comenta que pronto llegarían arquitectos para preparar los diseños junto con SECULTURA.

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Crianza. Muchas especies rescatadas llegan como crías a la cuarentena. La dependencia al ser humano durante el desarrollo las imposibilita de una vida independiente, sentenciándolas al cautiverio.

Una familia pasea por el sector de herbívoros del zoológico. Luego de ver los recintos de los venados, sigue un predio solitario con maleza alta y dos piletas profundas que están vacías. La descripción del animal que debería ocupar el recinto dice “hipopótamo”.

Dos niñas brincan alrededor de su madre y, al detenerse en el predio, ella pregunta cómo ha sido posible que un grupo de personas haya entrado al recinto y haya atacado al animal, como dice la versión sostenida por la administración del parque. Sus hijas proponen saltos sobrehumanos y largas escaleras como los recursos utilizados para cruzar al otro lado y atacar al hipopótamo con armas cortopunzantes. Luego de unas risas tímidas, concluyen que no saben cómo pudo pasar eso.

El 28 de febrero, dos días después de conocerse la muerte del animal y la razón proporcionada por el parque, apareció otra versión. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Cultura al que pertenece la mayoría de jauleros, SITRAMEC, aseguró que murió por negligencia. Afirman que, alrededor de 17 días antes, reportaron problemas estomacales en el animal y que los veterinarios no dieron la atención necesaria.

La confusión del caso y la falta de una verdad definitiva despertó la propuesta de cerrar el parque. Los argumentos de que la administración no es apta para mantener animales y que las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables motivaron una solicitud en línea para pedir firmas que alcanzó las 50,000 personas. Se proponía convertir al zoológico en un parque de atracciones familiar o un jardín botánico.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigó el caso luego de las controversias. La necropsia hecha al hipopótamo reveló que murió por una hemorragia pulmonar luego de que una obstrucción en sus intestinos le impidiera defecar y vomitara sus heces, que entraron a sus pulmones a través de su nariz. La inspección también constató que no había rastro de heridas por arma cortopunzante, pero que aún era una posibilidad que se continuaría investigando.

Vladlen Henríquez, director del parque, se niega a pensar en el cierre del zoológico. Dice que el caso del zoológico de Buenos Aires, en Argentina, es una lección para no hacerlo aquí. El lugar cerró en junio de 2016 para reconvertirse en un ecoparque. El plan era trasladar a la mayoría de los 1500 animales del parque a refugios de conservación. Sin embargo, los medios de ese país denuncian que hasta la fecha muy pocos animales se han trasladado y el nivel de descuido incrementó.

Los animales que quedan son las principales víctimas de estos casos. A pesar de las propuestas de cierre, nadie explica cómo, luego de cerrar el zoológico, se haría con las cerca de 500 especies que habitan el parque y ni qué sería del refugio de cuarentena.

El Convenio de Diversidad Biológica de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado por El Salvador, y la Ley de Conservación de Vida Silvestre, a cargo del MARN, regulan que el manejo de fauna debe hacerse en condiciones que garanticen el bienestar de los animales y que estos, fuera de su hábitat, deben vivir en condiciones aceptables para mantener su vida. El caso de Gustavito muestra que la tarea de conservación y preservación en el zoológico es cada vez más complicada. Cerrado o renovado, la organización y el trabajo necesarios para convertirlo en algo funcional es un tema difícil.

***

Los oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) terminan de confirmar las actas de los 30 animales y proceden a meter las jaulas a su vehículo. Virna Ortiz, veterinaria del parque, se alivia porque su marcha significa que la cuarentena tendrá más espacios disponibles para recibir y tratar ejemplares. Para junio de 2016 habían recibido 19 ejemplares. En lo que va del 2017 ya han recibido 41.

Virna estima que tienen la capacidad para recibir un aproximado de 45 animales a la vez dependiendo de la especie. Por ello las recogidas del MARN son fundamentales para mantener funcional el trabajo del parque como centro de recepción. Otros lugares autorizados con el mismo propósito son el Geo Resguardo de LaGeo, en Usulután, la Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), y la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL).

La cuarentena del Parque Zoológico Nacional es importante por estar en San Salvador, departamento donde se encuentra a la mayoría de animales extraídos de sus hábitats. En 2014, de los 647 animales recibidos por el MARN San Salvador registró 237. La Unión tuvo la segunda cantidad más grande, con 116.

Aunque el zoológico es un lugar importante para la recuperación y resguardo de fauna, la condición de su infraestructura también es delicada. “Estamos buscando inversión en la cuarentena para tener recintos más amplios y que los animales puedan tener mayor tiempo de estancia”, confirma Vladlen Henríquez. Añade que la labor de recepción del parque es un esfuerzo que hacen por convicción para cooperar al bienestar de la fauna.

El kennel con las 11 catalnicas está junto con el de los demás animales en el vehículo del MARN. Luego de confirmar que no tengan problemas de salud, el Ministerio decidirá si pueden liberarse en un área natural protegida. Con suerte, no volverán de nuevo a una jaula.

Liberación. Un gato zonto llegó a la cuarentena por una donación después de que los lugareños de una comunidad de Apopa querían matarlo. Presentó buena salid, así que será liberado.

La masacre de la que no hay registro

Sagrado. Esta placa se encuentra en El Llanito, un lugar sagrado para la comunidad indígena de Izalco. Se cree que aquí se encuentran los restos de muchas de las víctimas de la masacre de 1932.

A María Cruz Pérez le mataron a tres de sus familiares entre enero y febrero de 1932. Tuvo que esperar dos meses, hasta que el martes 5 de abril de ese año, a las 11 de la mañana, llegó a la Alcaldía de Izalco a decir algo que nadie más se había atrevido a declarar ante las autoridades locales. Dio los datos para crear el acta de defunción de su esposo Felipe Tiguin y de sus cuñados José y Andrés, muertos en medio de la persecución indígena. Los tres eran jornaleros.

Tesoros. Los dos libros más preciados de Benjamín Arucha en el archivo
de la Alcaldía de Izalco son el de las actas de defunciones y
el de las actas municipales, ambos de 1932.

“Felipe Tiguin, varón indígena de 30 años de edad falleció el 29 de enero pasado en el barrio Dolores de esta ciudad, murió trágicamente sin asistencia médica”, reza una de las actas. María Cruz Pérez declaró, pero no firmó ninguna acta. No sabía leer ni escribir.

Los tres parientes de María Cruz Pérez fueron los primeros indígenas cuyas muertes trágicas se registraron en la Alcaldía de Izalco. Fueron de los pocos indígenas asesinados de ese municipio de los cuales quedó constancia. Ninguno de los empleados actuales de la alcaldía se explica cómo, en unos tiempos en los que se perseguía a los indígenas hasta la muerte, esa mujer se atrevió para romper el anonimato oficial en el que habían quedado esos difuntos y pedir que sus nombres y fechas de muerte quedaran por escrito.

María fue la primera viuda en declarar que su esposo indígena había muerto tras los sucesos de 1932. Entre abril y agosto de ese año, otras personas, en su mayoría mujeres, hicieron lo mismo. Se acercaron a la alcaldía para sacar el acta de defunción de sus familiares fallecidos durante las semanas en las que se llevó a cabo la matanza campesina más grande del siglo XX en el occidente del país.

Estos datos están en el libro de actas de defunciones de 1932 que resguarda el archivo de la Alcaldía Municipal de Izalco hasta el día de hoy. Además de ese libro remendado y manchado, que tiene páginas llenas de cinta adhesiva, hay también otros documentos que dan cuenta de la masacre.

Las condiciones del archivo no son las más favorables ni ayudan a preservar sus documentos. A pesar de que estos dan cuenta del inicio del Martinato, de la crisis étnica de El Salvador y del accionar de un presidente derrocado, la documentación se mantiene en un espacio que no cumple con las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Esos archivos dan pistas sobre el calibre de la masacre indígena en Izalco y de cómo la municipalidad de hace 85 años se encargó de sepultar no solo cadáveres, sino las oportunidades de una raza entera.

Los muertos oficiales de 1932

Documentos. Esta es una de las actas que María Cruz Pérez se animó
a tramitar tras la muerte violenta de tres de sus familiares,
en el Izalco de 1932.

El libro de actas de defunciones izalqueñas de 1932 recoge que ese año en el municipio murieron 439 personas por diferentes causas. Solo 24 de esas muertes, de acuerdo con el registro, fueron violentas. La documentación local dice que la mayoría de personas fallecieron a causa de enfermedades como fiebre, indigestión, paludismo, bronquitis, lombrices y cólicos en el estómago. Investigaciones posteriores demuestran que esa versión oficial es una manipulación de la historia y la negación de un genocidio.

La alcaldía izalqueña cerró enero con actas de defunción de 34 personas. Eso a pesar de que en ese mes las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, según historiadores. De los 34 fallecidos que la comuna contabilizó al cierre del mes, solo se escribió de la muerte violenta de una persona.

“Salvador Angulo, varón ladino de 17 años de edad, soltero, panadero, falleció el 11 del corriente a las diez horas a consecuencia de una lesión que se causó con arma de fuego en la sien derecha”, se lee en el acta número 13.

“Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5,000 y 35,000”, escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia (enero-diciembre 2004). Algo se tiene claro: los asesinatos sobrepasaron el millar de personas en las poblaciones de Tacuba, Ahuachapán, Sonzacate, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Colón e Izalco.

La historia de la masacre de miles de indígenas comenzó la medianoche del 22 de enero, cuando cientos de jornaleros (en su mayoría indígenas) se armaron con machetes y se abalanzaron contra haciendas de terratenientes y cuarteles al occidente del país. La insurrección campesina, harta de las profundas desigualdades económicas, demandaba mayor acceso a la tierra.

La respuesta del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue brutal. Para someter a los rebeldes, ordenó asesinar a todo aquel que pareciera indígena. “Uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina”, llama a este suceso el investigador Erik Ching.

Por dicha represión, que se extendió semanas después del asalto a cuarteles, es que nadie en la Alcaldía de Izalco puede explicar cómo esa mujer, María Cruz Pérez, tuvo el valor de declarar la muerte de su esposo y cuñados en abril del mismo año.

El libro de defunciones de 1932 de Izalco permite establecer la existencia de un subregistro de asesinados. Las actas sostienen que en el transcurso de todo ese año, solo 24 personas murieron de forma violenta en este municipio. Al menos 21 de esas muertes sucedieron a finales de enero e inicios de febrero. No es casualidad que la mayoría de muertes violentas coincidan en fecha. Ese fue el periodo en el que se ha documentado la persecución contra los indígenas. De esos 21 difuntos, solo cuatro eran ladinos.

Para entonces en la alcaldía se hacía un consolidado de muertes al final de cada mes. Con caligrafía de carta se escribía en una columna las causas del deceso de los fallecidos. A partir de la declaración de María Cruz Pérez, ese año se agregó otra categoría entre las causas de muertes. De un listado de padecimientos como paludismo, bronquitis e indigestión, otra palabra salta a la vista: “trágica”.

Esa palabra, según Benjamín Arucha, el encargado actual del archivo de la comuna, sirvió para identificar a los asesinados por sospechas de ser comunistas. Para él, la prueba es que ese término se ocupó en documentación oficial como la causa de muerte de uno de los líderes del levantamiento campesino: Feliciano Ama.

Ama era un jornalero. Se casó con la hija del cacique Patricio Shupan y de él heredó su influencia en la comunidad indígena. Su acta de defunción dice que fue ahorcado en público el 28 de enero y la tradición oral registra que su cadáver se dejó colgado varios días para que sirviera como advertencia. Nadie más debía rebelarse si no quería terminar de esa forma. Y a pesar de que la mayoría del pueblo sabía que esa persona estaba muerta, el primero de junio de 1932, Josefa Shupan, la hija del antiguo cacique, llegó a las 8 de la mañana a la alcaldía para crear el acta de defunción de su esposo.

El acta de defunción de Ama se encuentra en una página amarillenta y marcada con un post-it azul que alguien pegó para encontrar el escrito más rápidamente. Ahí se lee “José Feliciano Ama, varón indígena de 55 años de edad, casado con Josefa Shupan, sobreviviente de este origen y vecindario, jornalero, originario y vecino de esta ciudad, murió el 28 de enero del corriente año trágicamente a las 15 horas en el barrio Asunción de esta misma”.

Ochenta y cinco años después, frente a estas páginas históricas, el encargado del archivo de Izalco y guardián de estos documentos afirma que conoce a algunos descendientes de los indígenas que aparecen en ese libro por haber tenido una “muerte trágica”. Después de revisar los archivos, hace un comentario sarcástico, una denuncia tímida: “La palabra trágica es común y es raro que tanta gente se haya muerto trágicamente”.

Historia. Benjamín Arucha es quien está a cargo del archivo de la Alcaldía de Izalco. No cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los requisitos para preservarlos.

El archivo, patrimonio de la Alcaldía de Izalco

Sin huella. Los archivos dan cuenta de los esfuerzos por no
dejar registro escrito de lo que sucedió a finales de enero de 1932.

Benjamín Arucha es un hombre pequeño y moreno. Dice que estudió hasta bachillerato, luego trabajó como administrador en el mercado municipal y ahora se encarga de clasificar, restaurar, ordenar y resguardar el archivo de Izalco. Es de apellido, rasgos y familia indígena. Entre miles de libros, encontró en 2003 la documentación oficial del intento estatal por hacer que personas como él desaparecieran hace 85 años.

Por eso no pudo evitar sorprenderse cuando se topó con agradecimientos oficiales de Izalco hacia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, “por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas”.

Los dos libros más preciados de Benjamín que pertenecen al archivo izalqueño son el de acta de defunciones de 1932 y las actas municipales de ese mismo año. Dice que, entre sus ocupaciones, a veces saca tiempo para sacudir el polvo que se posa sobre esos documentos con el paso de los meses. El valor que les da a los archivos no es en vano o por capricho. De acuerdo con el historiador Roberto Turcios, registros como estos sirven para construir la memoria de un país.

“Además de ayudar a construir la memoria histórica, son fundamentales para las investigaciones históricas”, dice. Turcios opina que esta clase de archivos constituyen una “huella de lo que pasó, pero no hay información fidedigna. Hay, clarisímamente, un subregistro”, explica.

El investigador Óscar Meléndez es uno de los autores que más ha investigado ese subregistro. Él se dio a la tarea de revisar el “Anuario Estadístico” de los años en los que el general Hernández Martínez gobernó y encontró que, según las cifras estatales, en 1932 solo 1,081 ciudadanos fallecieron por muerte violenta.

“Un análisis acucioso de las estadísticas gubernamentales podría llevar a concluir que no fueron exactas o que fueron parcializadas, debido a que, por ejemplo, hacia 1932 no se contabilizan las muertes causadas durante la matanza; las que en las últimas investigaciones se cuentan por varios miles”, escribió el autor en su investigación “Homicidio, justicia y práctica durante el Martinato”, de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte.

Los dos libros que Benjamín considera joyas históricas no se encuentran en el archivo central de la alcaldía izalqueña. “A partir de 2003 empecé a leer estos archivos y les he guardado el interés –cuenta– los he guardado por un lado y por el otro, porque la gente los trata mal”.

El maltrato se observa en las páginas rotas con bordes doblados y las pastas deshilachadas. Estas actas son más que meros registros. Son los únicos documentos oficiales de Izalco que dan cuenta de una de las masacres más grandes del occidente de El Salvador. Ayudan a explicar por qué la comunidad indígena de hoy vive marginada, despojada de tierras, costumbres y hasta de su propia historia.

“El acta de defunción de Feliciano Ama no la he visto, para serle sincera”, confiesa Betty Pérez, la coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Ese consejo fue creado en 1992 y agrupa a 23 organizaciones de pueblos originarios. Betty Pérez tiene cinco años de ser su coordinadora nacional y afirma que no conoce “muchos documentos oficiales” sobre la matanza de 1932. Por décadas las organizaciones indígenas, comenta Pérez, se han dedicado a entrevistar a sus ancianos para poder reconstruir su propia memoria.

Esos libros históricos que podrían ayudar en la reconstrucción de memoria se guardan en espacios separados. El encargado del archivo llegó a la conclusión de que el cuarto del archivo central no era lo suficientemente grande para toda la documentación de la comuna y se realizaron algunas mudanzas.

El libro de actas de defunciones se resguarda en la oficina de registro del Estado Familiar de la alcaldía. Ese es un cuarto que tiene estantes rozando una pared lateral en los que se mantienen las actas de nacimiento y defunciones de miles de personas. Ese cuarto está abierto al público, pues ahí algunos funcionarios tienen sus escritorios y atienden a usuarios. Ahí, como si fuera un nombre más, se encuentra el acta de defunción de Feliciano Ama, quien se convirtió en insignia de la lucha campesina.

El otro libro que más valora Benjamín –el de actas municipales en el que la alcaldía le agradeció al presidente Hernández Martínez por haber mandado a sus tropas a matar indígenas– se resguarda en una casa anexa a las oficinas centrales de la alcaldía. Al fondo de esa casa hay un cuarto de 19 metros cuadrados. Ahí se le autorizó a Benjamín para trasladar algunos documentos. A pesar de tener estantería nueva, es un “área que no es correcta ni cumple los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ya no tengo la saturación de documentos”, explica el encargado.

En este anexo Benjamín ha colocado actas del siglo XIX que él mismo ha intentado restaurar. Las portadas y contraportadas de algunos libros son cajas de cartón que ha recortado y añadido a las páginas en una especie de empastado artesanal.

Esta es una ciudad donde lo frágiles que pueden ser los libros en los que se esconde la historia se pone en evidencia. A finales de diciembre del año pasado y antes de hacer la mudanza de cientos de libros hacia este cuarto, Benjamín empezó a ordenar los documentos del archivo central según unos lineamientos que el IAIP le brindó. Tuvo que reclasificar algunas cosas y mover algunos muebles del archivo central de la alcaldía.

El 22 de diciembre él fue a pasar consulta al Seguro Social. Cuando volvió a su archivo, se encontró con una sorpresa. Calcula que eso de las 10 de la mañana, a un estante se le “dobló una pata” y cayó sobre otro. Con el otro mueble pasó igual y el archivo “se vino todo abajo como si era juego de dominó. Todo, todo cayó en el suelo”. Pero, cuando se le pregunta si estos libros de 1932, los que cuentan la historia de una herida profunda, también terminaron en el suelo, él asegura que no. Que estos documentos estaban en un estante al fondo que, como la comunidad indígena, resistió ante la debacle.

La alcaldía le agradece al dictador y sepulta al indígena

El lunes 25 de enero de 1932, el consejo municipal de Izalco (llamado entonces corporación municipal) se reunió y nombró un alcalde transitorio. Diversos investigadores han calculado que en el levantamiento indígena los campesinos mataron entre 50 y 100 personas. El alcalde de Izalco, Miguel Call, fue uno de los asesinados. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por “lesiones sin asistencia médica” el 23 de enero de 1932.

El lunes, la ciudad llevaba dos días sin líder en la comuna. A pesar de que fue la primera reunión extraordinaria de la alcaldía que se sostuvo tras el levantamiento campesino, este tema fue omitido y solo se mencionaron por escrito “los acontecimientos ocurridos”.

“Con motivo de los acontecimientos ocurridos en esta ciudad y habiendo muerto trágicamente el señor alcalde propietario don Miguel Call, (se) acuerda: depositar la alcaldía en el regidor primero don Juan Rivera Menéndez”, se puede leer en el acta. Las investigaciones posteriores dictan que en esa fecha la cacería contra miles de indígenas ya había comenzado. Pero ese día la alcaldía nombró a una comisión formada por tres personas solo “para que pase a la casa de la familia doliente (alcalde) a hacerle presente nuestro profundo pesar”.

La información se lee en el libro de actas municipales de Izalco, un libro con pasta verde oscuro y sucio con bordes dañados por el uso y paso del tiempo. Algunas de sus páginas están subrayadas con lápiz y la portada está manchada con plumón azul y rojo. Este libro habla de la crueldad con la que la esfera ladina y poderosa de la ciudad interpretó la matanza.

El levantamiento tuvo un efecto adverso al que se planteaba. En lugar de más libertades, la alcaldía estableció medidas severas contra los indígenas. El 3 de febrero la municipalidad acordó un reglamento de aguas para regar las tierras del municipio en el marco de su “deber primordial de velar por los intereses del conglomerado social”.

Los indígenas fueron vistos como un obstáculo para fomentar la agricultura. De acuerdo con esta acta, la agricultura experimentaba problemas por estar “tropezando con muchas dificultades en los riegos de terrenos que han permanecido en poder de la clase indígena, quienes siempre han puesto obstáculos injustificables al elemento ladino que se dedica a la siembra de cereales en la estación seca”.

El nuevo reglamento de aguas estableció cuánto se debía pagar por el agua recibida e hizo una aclaración: La “municipalidad (…) acuerda que desde esta fecha en adelante quedará el servicio de las aguas de riego de terrenos a cargo de esta corporación, no reconociendo ningún derecho que los indígenas pretendan tener por no estar reglamentado conforme a la ley”.

A partir de estos documentos es posible establecer que no solo la vida de los indígenas fue arrebatada. Los documentos hablan del despojo de vida y agua para la clase indígena. Pero eso no les fue suficiente. Una semana había pasado desde el levantamiento campesino cuando las autoridades municipales, según registros, decidieron que intentarían arrebatarle las imágenes de santos a las cofradías de los indígenas.

“Siendo muchas las cofradías de imágenes entre la clase indígena que acaparados por ellos mismos hacen sus grandes reuniones (…) se ha tomado de la determinación siguiente: que se pida autorización del señor gobernador político departamental para recoger todas las imágenes existentes entre los indígenas para colocarlas en el templo. En la actualidad las imágenes siguen como patrimonio en las familias indígenas. Es herencia y forma de organización de un pasado que intentó ser anulado.

El 6 de febrero de 1932, los integrantes de la corporación municipal de Izalco no se preocuparon por contar los cadáveres que quedaron en el pueblo o relatar cómo campesinos que no tuvieron nada que ver en la revuelta rebelde fueron asesinados. Ese día, la corporación se reunió para felicitar “al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el justo y merecido reconocimiento que la honorable Asamblea Nacional Legislativa ha hecho de su gobierno que él dignamente preside y al mismo tiempo le ofrecemos nuestra adhesión y simpatía”.

Maximiliano Hernández Martínez gobernó el país durante 13 años y llegó a la presidencia tras un golpe de Estado. Izalco se preocupó por dejar constancia de su apoyo a la presidencia.

Así, la adhesión de las autoridades locales hacia el presidente se puso en evidencia en otro párrafo de la misma acta: “Esta corporación en nombre del mismo pueblo izalqueño y el suyo propio rinde sus más expresivos agradecimientos al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas que estaban en su obra destructora sembrando el terror en toda forma entre la gente honrada y pacífica de la ciudad. Dichas tropas al mando de sus dignos jefes oficiales procedieron con mucho tino para recuperar la plaza y no tardaron mucho tiempo en lograrlo sin tener que lamentar ni una baja y de no haber procedido así con tanto tino y valentía a esta hora la ciudad entera hubiera perecido bajo el terror de las hordas comunistas”.

Las actas municipales cuentan la historia de los ladinos, pero omiten mencionar la cantidad de bajas de los indígenas o de los que fueron calificados como comunistas. En su libro “Democracias y tiranías del Caribe en 1940”, el periodista de la revista Time, William Kerhn, quien cubrió el conflicto político de El Salvador en la década de los cuarenta, menciona una entrevista al general Hernández Martínez en la que el mandatario “insistió en que el ejército había matado solamente dos mil campesinos”.

Dilema. El IAIP ha hecho llegar instrucciones de cómo se deben
almacenar los documentos para poder mantenerlos en buen estado por más
tiempo, pero la alcaldía no cuenta con suficientes recursos
para adquirir lo necesario.

Las recomendaciones del IAIP se estrellan en la realidad

“El nivel de avance de la gestión documental y de la protección de documentos en este municipio no es sobresaliente. Las condiciones del archivo no son las más favorables”, sostiene René Valiente, jefe de la Unidad de Fiscalización del IAIP.

Al igual que el historiador Turcios, el funcionario del IAIP sostiene que la importancia de estas páginas radica en que son un insumo para investigar “las reacciones de la época y ver cuáles fueron las condiciones previas a lo sucedido en 1932”. Además, sirven para entender “uno de los hechos históricos más relevantes después de la época colonial, un capítulo que no ha sido cerrado”.

En el plano de lo ideal, la municipalidad de Izalco debería tener control sobre la ventilación de su archivo, la humedad del aire, la iluminación y control de la temperatura para evitar que los documentos se desgasten más. Sin embargo, las recomendaciones del instituto chocan con la realidad presupuestaria de la alcaldía, en la que ningún salón tiene la tecnología necesaria para poder asegurarlos de manera ejemplar.

Las recomendaciones del instituto no abarcan solo lo que debe hacerse para preservar documentos históricos, también dan una guía sobre cómo deben crearse los nuevos documentos de la alcaldía para que resistan el paso del tiempo.

El 9 de junio, Día Internacional del Archivo, el IAIP le entregó a una comitiva de la alcaldía una caja que contiene ejemplos del material con el que deben crear sus documentos. De acuerdo con el instituto, la papelería oficial de las alcaldías debe crearse en hojas libres de ácido en lugar de papel bond.

La caja también incluye una muestra de varios clips y fasteners de plástico que podrían usarse para descartar los metálicos. Estos materiales terminan oxidándose y manchando las páginas. Benjamín duda de la posibilidad de poner en marcha el uso de estos insumos porque implica un mayor gasto. “Esto es más caro. Está difícil porque en algunas jefaturas hay quejas de que no hay presupuesto y no le dan importancia a esto también. Solo hemos hecho un poquito de lo que está sugerido”, explica.

En decadencia. Algunos documentos han sido reparados con cartón y
cinta adhesiva. No hay, ni en esta alcaldía ni en el país, un esfuerzo
integral por mantener en buenas condiciones los documentos históricos.

Tras unas visitas a las municipalidades, el IAIP dará a finales de este mes una calificación a los archivos de algunas alcaldías. A partir de ahí emitirá más recomendaciones y una hoja de ruta para el resguardo de los documentos. Pero, al final, reconoce René Valiente, el instituto solo tiene un programa de acompañamiento y el cuido de los documentos “requiere, sin duda, de la voluntad política de parte de la municipalidad”.

El problema de bajos presupuestos para la gestión de archivos no sucede solo en alcaldías y pueblos pequeños. Ocurre en el mismo Archivo General de la Nación. José Amaya, técnico restaurador de documentos históricos, explica desde el Palacio Nacional de San Salvador que varias veces en su trabajo, en lugar de usar un papel japonés especial para pegar hojas que se han roto en documentos oficiales, se han ocupado tiras de papel “de pupusería”. Luego, Amaya muestra unas hojas de ese papel semitransparente que ocupa para unir pedazos de páginas rotas o rasgadas. En Izalco, eso se resuelve con cinta adhesiva.

Símbolo. En El Llanito es en donde cada año
se hacen los actos de conmemoración de la masacre.
Se ha identificado la zona con esta placa y una gruta.

85 años después de la masacre indígena, otra mujer que no sabe leer –como la primera en declarar la muerte de sus parientes indígenas en 1932– llega este lunes de junio la alcaldía.

Con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar, la mujer de 40 años le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y está enferma de gravedad. Está preocupada porque tiene una sospecha: teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta:

—¿Va que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción?– pregunta con semblante serio.
—No– responde Benjamín Arucha.
—Vaya– dice, ya tranquila, la mujer y luego sonríe, casi avergonzada– ¡y la gente que le mete miedo a uno!

Benjamín le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento o el Documento Único de Identidad de su madre no es una falta grave y que, si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y resolverán el papeleo para crear el acta de defunción. Hay algunas preocupaciones que no tienen caducidad.

Después de atender a la mujer, Benjamín parece contrariado por su pueblo. Habla de lo poco que conocen los habitantes de este municipio sobre los acontecimientos que mancharon de sangre sus calles principales. “Me da cólera –dice sobresaltado–, los izalqueños no nos interesamos por nuestra historia”. Mientras habla, pone cara seria y da golpes sobre la mesa con su mano izquierda y derecha en una coreografía improvisada por la indignación.

El etnocidio comandado por Maximiliano Hernández Martínez logró su cometido en el occidente del país. En 1930, Izalco tenía 19 mil habitantes. Dos mil sabían leer y 17 mil eran analfabetas. Era una de las zonas del país con mayor presencia indígena y donde la figura del cacique estaba acompañada de poder. En 2007, el municipio contaba con 79,959 habitantes y el rechazo a lo indígena se asimiló de tal manera que, en el último censo poblacional, solo 154 izalqueños se identificaron a sí mismos como nahua-pipiles.

En “Historia Mínima”, un libro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se asegura que “no existe manera de determinar el número de personas muertas (en la masacre del 32). Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto”. No obstante, los archivos de la Alcaldía de Izalco sí hablan sobre la frialdad con la que se documentó un hecho que intentó sepultar la identidad originaria de todo un pueblo.

 

La herencia de Romero en el primer cardenal salvadoreño

Jerarquía. Rosa Chávez pasará a integrar el colegio cardenalicio, definido como una especie de senado dentro de la Santa Sede. Eso no lo coloca sobre la figura de José Luis Escobar, quien continuará siendo el arzobispo titular de San Salvador.
Agradecimiento. El día en que el Papa Francisco anunció su nombramiento como cardenal,
se realizó una misa en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador,
donde está enterrado el beato Óscar Romero.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. En efecto, en entrevistas y comparecencias públicas, parece calcular hasta el extremo el peso de sus palabras, la intensidad de sus gestos, la frecuencia de sus sonrisas. Es la seriedad hecha persona.

Ahora, un día después de que el papa Francisco sorprendió a toda la comunidad católica en El Salvador (él incluido) anunciando su futuro nombramiento como cardenal de la Iglesia, monseñor Gregorio Rosa Chávez luce emocionado por un reconocimiento que, quizá, tampoco se esperaba: un enorme sobre con las cartas escritas para él por alumnos del Complejo Educativo San Francisco.

Una joven, de voz entrecortada y nerviosa, ha sido la elegida para su entrega. Monseñor espera en actitud solemne, el cuerpo estricto, tomándose de las manos.

—Estamos emocionados por este nuevo nombramiento que le da la Iglesia y le ofrecemos nuestro más sentido… eh –dice la muchacha, quien parece no encontrar el siguiente eslabón de la cadena.

—Pésame –complementa Rosa Chávez, mientras explota, en este patio de limpieza monasterial, un petardo de risas adolescentes.

En el sobre pueden leerse algunas frases, puestas ahí a través de letras recortadas en papel multicolor: “Siempre hay tiempo para lo que se ama”, “Se vale soñar”. Son las mismas que repite ocasionalmente a los alumnos y docentes de este centro educativo, el mismo del que se convirtió en director el 20 de julio de 1996, cuando fue nombrado párroco de la iglesia San Francisco, un templo que se erige, con su esqueleto de maciza madera, en pleno centro de San Salvador.

Desde una voz, que puede ser la de todos, se escucha una consigna en altas voces.

—¡Qué viva nuestro primer cardenal!

—¡Qué viva! –secundan otras gargantas igualmente emocionadas.

—Habrá un segundo, habrá un segundo –responde Rosa Chávez, restándole importancia al hito, para después evocar a las figuras del beato Óscar Romero y Rutilio Grande, a quienes pertenece, aclara, realmente este reconocimiento. Luego, sacerdote y alumnos se funden en un abrazo. Al futuro cardenal, que en septiembre cumplirá 75 años, una sonrisa amplia le llena la cara.

***

Las ideas. “Esa imagen de que uno camina con la gente dice mucho. Para mí, es ya una cosa natural, pues lo vi en mis maestros”, dice el sacerdote.

La primera misa de la iglesia San Francisco, como todos los días, ha terminado un poco después de las 7 de la mañana. Y, como todos aquellos días en los que no tiene un compromiso inmediato en el Arzobispado de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez atiende a aquel que llega a buscarlo, aunque sea sin previo aviso.

Las personas que lo requieren son de varios tipos: ancianas, algunas más jóvenes que él, quienes lo inquieren para ser parte de un sistema de asistencias, en el que cada semana reciben $6 en víveres, entregados discreta y directamente por el clérigo; periodistas que buscan su postura para un tema cualquiera; o personas que lo solicitan para contar con su intercesión, como una madre hace unos meses que, afirmó, perdió a su hijo, un estudiante de la Universidad de El Salvador, durante la guerra civil, cuando un retén del Ejército lo sorprendió llevando mensajes para la guerrilla. Dijo que quienes gobiernan ahora el país no han sido capaces de darle referencias de dónde quedó su cadáver, a pesar de que era un colaborador de su organización. Rosa Chávez era su última esperanza. Una que fue respondida.

“Aquí la gente entra como por su casa, porque es una iglesia para gente que no es adinerada. Eso no se podría hacer en un templo de otra naturaleza o en un espacio de oficinas, con muchas murallas que franquear, donde hay mucho protocolo”, dirá el sacerdote más tarde.
Este día de junio también se ha acercado al templo un joven alumno de la Universidad Don Bosco. Ha tenido que esperar un rato mientras Rosa Chávez atiende a una feligrés que llegó para pedirle consejo espiritual. Con lágrimas en los ojos, como quien ha encontrado lo que buscaba, la señora se despide y es el turno del estudiante.

—Entonces, ¿cómo está la cosa? –pregunta el sacerdote, y el joven le explica que está realizando un material audiovisual centrado en la figura del beato Óscar Romero y que, por ello, quiere hacerle una entrevista.

—La hacemos, entonces. ¿Vas a grabar? –dice, y el muchacho lo encuadra en su cámara mientras con la otra mano sostiene un celular y lo coloca lo más cerca posible de su rostro, para obtener un audio más fiel.

Rosa Chávez se explaya diciendo cosas que ha dicho en muchas ocasiones: que a pesar de que les dolió la muerte del beato, sabían que era una cosa que iba a pasar, como cuando se divisan nubes de tormenta en el mar, o que su rostro, cuando vieron el cuerpo con el pecho destrozado, tenía una serenidad de santo. Lo dice, sin embargo, con el tono de quien lo comparte por primera vez, de quien lo revela.

En un punto cita, al pie de la letra, el diario de Monseñor Romero, justamente el pasaje donde se refiere a él como un “amigo que lo ha sido desde tanto tiempo y muy de fondo”. Al hacerlo, hace un gesto de timidez, como el de un sonrojo ante un halago.

Pocas cosas hay de las que monseñor Rosa Chávez se jacte en público. Una de ellas es la de ser la única persona que estuvo en todos los diálogos del proceso de paz de 1984 a 1989, antes de que la Iglesia católica fuera reemplazada por la ONU como mediadora entre la guerrilla y el Gobierno. A lo largo de muchas entrevistas, ha dicho que a él le corresponde “ese récord”. La otra es su amistad con Monseñor Romero y el hecho de que sea el suyo uno de los nombres que más aparecen en sus diarios, los mismos que recogen sus tres intensos años como arzobispo de San Salvador. Según un conteo hecho al material, Gregorio Rosa o el padre Goyito, como lo llamó el beato, está plasmado en el texto en 16 ocasiones.

Las primeras entradas donde aparece, referentes al 24 de abril y al 3 de junio de 1978, tienen un tema en común. Un angustiado y solitario Romero pensaba en una carta enviada por el entonces obispo de San Vicente, Pedro Aparicio, a la Nunciatura y a la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Su colega lo acusaba de fomentar “una falta de disciplina en el seminario, incluso de sembrar ideas izquierdistas entre los alumnos”. Y con quienes primero compartió sus penurias fue con Rosa Chávez, entonces rector del seminario San José de la Montaña, y con Abel Morán, prefecto de estudios, ahora parte de la iglesia El Calvario de Santa Ana. Los dos jóvenes sacerdotes le compartían su frustración porque ni siquiera les habían dado la oportunidad de defenderse.

En la segunda entrada, la del 3 de junio, Romero alababa los aportes de Rosa Chávez para redactar su respuesta, la que sería enviada al Vaticano como prueba de descargo. El futuro cardenal le aconsejó atenerse a los datos científicos, comprobables, medibles, algo que el beato no había tenido en cuenta.

“Vi el primer borrador de lo que había escrito y era un texto muy pasional, en el que se había dejado llevar por las emociones… Monseñor era así, un hombre primario, que tenía que hacerlo todo ya… Yo, en cambio, no soy una persona apasionada, siempre he tratado de ser más cerebral, es mi naturaleza. Además, como director del seminario, tenía muchos datos a la mano”, apuntará más tarde Rosa Chávez. La respuesta final, la que permitió que Romero continuara siendo él mismo, fue enviada tal como lo aconsejó su amigo, tras varias noches y mañanas de trabajo conjunto.

La entrevista termina y el estudiante se retira satisfecho. Confiesa que nunca creyó que sería tan fácil cumplir con su misión.

—Bueno, me retiro a desayunar –dice Rosa Chávez, mientras abre la puerta que desde el templo de San Francisco conecta al espacio donde están sus aposentos.

***

Los modelos. En la primera imagen, Rosa Chávez aparece al lado de Óscar Romero,
cuando el primero era director del seminario San José de la Montaña.
En la segunda, el libro que recoje las cartas publicadas en la revista
Orientación por Arturo Rivera y Damas, de quien fue arzobispo auxiliar,
descansa en su mesa.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. Sin embargo, cuando se ve más de cerca, aclara, la misma se vuelve calurosa, de un afecto que no duda en expresar.

Ambos líderes religiosos han coincidido en diferentes espacios, aunque el de más regularidad ha sido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ahí, dice, ha podido ser testigo de una mente rigurosa, inclusiva, tolerante, que basa sus opiniones en el argumento más poderoso: la experiencia. Y de alguien con una tremenda “capacidad de síntesis”.

“Recuerdo cuando se hizo la primera visita a uno de los municipios priorizados. Cuando decía que el consejo nacional lo que hace es ver el panorama completo, el de la nación, pero era al consejo municipal al que le correspondía, ya en el lugar, ejecutar las acciones. Esa capacidad de visualizar dos funciones diferentes y establecer los roles de cada uno… me parece que sintetizó en esa sola frase todo el quehacer del Plan El Salvador Seguro”, comenta el pastor, quien define al sacerdote como “alguien con quien no es difícil entenderse”.

La amistad se puede cultivar aún sorteando las más grandes murallas. Como la de las convicciones religiosas. Eso lo demuestran Rosa Chávez y su amigo el obispo luterano Medardo Gómez. Desde el otro lado del teléfono, esperando la hora para partir al aeropuerto hacia un nuevo destino, Gómez habla con entusiasmo del próximo nombramiento del clérigo.
Dice que para él, eso representó un alivio: pronto a cumplir 75 años, cuando llegara ese cumpleaños, debería abandonar su puesto como arzobispo auxiliar, como lo indican las leyes de la Iglesia. El nombramiento como cardenal, además de elevarlo, amplió sus años de servicio.

“Se ha hecho justicia”, dice Gómez, para luego pasar a una confidencia que no es la que más lo llena de orgullo: al contrario de Rosa Chávez y su arzobispo, Arturo Rivera y Damas, quienes permanecieron hasta el final, el luterano decidió abandonar el país tras ser amenazado en el marco de la ofensiva Hasta El Tope, en 1989.

Gómez escuda su decisión en su familia, su esposa y sus hijos, “los que de nada tenían la culpa”. Esa valentía de Rosa, opina el sacerdote luterano, es parte del testimonio que ahora le vale, “testimonio seguro que el papa tuvo en cuenta”.

“Por eso a mí siempre me extrañó que eligieran a otros como arzobispos cuando él era la opción más lógica, el auténtico heredero de esa tradición”, opina Gómez. “Aunque siempre me lo expliqué con el hecho de que representaba una voz demasiado incómoda para el poder”.

Gómez señala, especialmente, el período en el que se desempeñó como administrador diocesano del Arzobispado de San Salvador (diciembre de 1994-abril de 1995), tras la muerte de Arturo Rivera y Damas y en espera del arribo de un nuevo arzobispo.

Mientras ocupó el puesto, nunca dejó de usar la homilía como instrumento para denunciar lo que, en su opinión, no llevaba un rumbo correcto, una tradición que se remonta hasta Luis Chávez y González, el predecesor de Romero en el cargo. Para ello utilizó la misma herramienta instaurada por Rivera y Damas, una sección colocada justo al final del discurso, a la que simplemente titulaban “Los hechos de la semana”. Durante la guerra, fue en este espacio donde se hablaba, de forma sistematizada, de las violaciones a los derechos humanos que documentaba Tutela Legal del Arzobispado.

Mediador. Su experiencia como garante del diálogo en la guerra civil le sirvió para estar en medio de otros procesos en el nuevo milenio,
como el conflicto entre médicos y Gobierno registrado en 2003. En la foto aparece junto al político Héctor Silva, quien también participó como garante.

Rosa Chávez fue uno de los primeros en criticar el hecho de que los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz no se estaban cumpliendo. “¿Y cómo pueden tener paz los salvadoreños que contemplan el deprimente cuadro de corrupción e impunidad que parece incontrolable y que anida incluso en las esferas oficiales?”, decía en su homilía del 15 de enero de 1995, un día antes del tercer aniversario de los Acuerdos de Paz.

También leía con preocupación los diferentes informes que los organismos internacionales realizaban en apoyo al proceso de paz del país, como los generados por ONUSAL, la comisión de Naciones Unidas destinada como aparato contralor. Rosa Chávez criticaba el hecho de que las autoridades no atendieran las recomendaciones como era debido. En la homilía del 11 de diciembre de 1994, por ejemplo, retoma el informe número 12, que pone especial énfasis en la recién creada Policía Nacional Civil. La ONUSAL describía como un problema la “excesiva autonomía” de que gozaban “dentro de la PNC las divisiones Antinarcotráfico y de Investigación Criminal”. En la última de estas dos unidades, posteriormente, se descubrió la existencia de redes de sicariato heredadas de estructuras creadas durante el conflicto armado. En este sentido, tampoco dejó de denunciar las operaciones de escuadrones de la muerte, una figura que se creía superada cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.

El tema económico no escapó de sus homilías, sobre todo cuando exigía que las medidas estructurales que se tomarían más tarde no fueran en desmedro de la calidad de vida de la población, sobre todo de los más pobres.

“Juan Pablo II afirmó también que ahora es más necesario que nunca ‘defender claramente el principio de la supremacía de los valores de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y la supremacía del bien común en la organización social’. Me parece que el señor presidente comparte la visión del papa. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que en la mente de muchos de sus técnicos y consultores la persona humana está al servicio de la economía y no al revés. No pongamos la carreta delante de los bueyes”, dijo el 5 de febrero de 1995.

La Iglesia decidió inclinarse por un personaje menos polémico para nombrarlo como arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle. Desde su primera semana en la silla, dejó clara su posición de no hablar nunca de política. La realidad y sobre todo la prensa hicieron que luego cambiara su posición y decidiera instaurar las conferencias que, hasta ahora, continúan con José Luis Escobar.

Fernando Sáenz Lacalle sigue siendo un eminente miembro del Opus Dei en El Salvador. Debido a su avanzada edad (este año cumple 85 años), sus actividades se limitan a la celebración de pocas misas al año y a su labor como confesor en la parroquia de Montelena, en Santa Elena.

Trabajo. Rosa Chávez participa en una actividad del Consejo Nacional Educativo, en 2010. La educación, para el sacerdote, es la base de una sociedad para la paz.
También ha formado parte de otras instancias, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Vestido todo de blanco, atendido el último feligrés, Fernando se da un poco de tiempo, mientras camina al carro que lo llevará a su casa, para hablar de su colega, aunque advierte que su memoria no lo dejará ser muy preciso. También el hecho de que la realidad de ahora y la de entonces son muy diferentes, pues en el presente él es un sacerdote y quien fue su auxiliar, un príncipe de la Iglesia.

—Cuando trabajábamos juntos, parecía que éramos figuras contrapuestas. Pero él siempre fue mi apoyo seguro. Es un hombre hecho de diálogo. Todo lo que le está pasando lo tiene bien merecido –comenta Sáenz, con la suavidad de una voz de 84 años.

***

El conflicto. En una foto ya famosa, aparece al fondo junto a Arturo Rivera en las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno de El Salvador.

Monseñor Gregorio Rosa Chávez acaba de recibir de manos de dos sacerdotes salesianos la túnica que antes le pertenecía a su predecesor como cardenal. Una cosa más que le hace caer en cuenta que esto de ser cardenal todavía es muy nuevo para él, algo que no termina de asimilar. Hasta la semana pasada, ni siquiera contaba con un escudo que lo representara en esta etapa próxima a iniciar o, como lo expresó anoche en su homilía, en “el nuevo taburete que le concede una nueva misión”, como dice una canción popular. Un diseñador en el Vaticano se encargó de confeccionárselo, aprovechando la visita que realizó a la Santa Sede.

Anoche, también, en la iglesia San Antonio de Padua, en Santa Tecla, volvió a hablar de algo que se ha convertido en uno de sus temas predilectos: su alergia a una Iglesia de gente acomodada en un país como El Salvador, con una historia tan difícil.

“Si colocáramos aquí, en fotos grandes, las imágenes de nuestros mártires sacerdotes tal como quedaron destrozados cuando fueron asesinados, ¿los viéramos?”, preguntó. Los feligreses, a los que hace unos minutos había dado personalmente la mano, aguardaban en incómoda espera.

“¿Qué hacemos con esa sangre? ¿Qué hacemos con esa entrega? ¿Qué nos pide Jesucristo a nosotros ahora como cristianos, en este momento de la historia? Dar testimonio… Alguien me visitó hace poco y me dijo: ‘He renunciado a mi cargo porque no puedo aceptar la corrupción, me quedo sin trabajo, pero mi fe me impide que yo sea cómplice de la corrupción’. Eso pocos lo hacen. Por tanto, necesitamos almas de mártires. Saber decir ‘no’ a la maldad, aunque paguemos el precio”.

Esta mañana, sus preocupaciones son un poco menos trascendentes. Al espacio donde vive, a un costado de la iglesia San Francisco, acaba de arribar un periodista televisivo para realizar una nueva entrevista, otra de una larga lista. Esta mañana dará una más. Antes de que el clérigo baje de hablar con los sacerdotes salesianos, el periodista es recibido por la madre Reina Angélica –ojos claros, vivos–, líder de la orden de las Siervas de la Misericordia de Dios y mano derecha de Rosa Chávez. Es ella la encargada de cubrirlo en los compromisos que no alcanza a atender. También la de confeccionarle su apretada agenda, la que muchas veces representa un reto de malabarismo: además de sus obligaciones en el Arzobispado, está la dirección de Cáritas de El Salvador, sus grupos juveniles, el trabajo social.

Estatus. Desde que fue anunciado su futuro nombramiento, el entusiamo por su figura ha crecido.
No falta ocasión en que un feligrés pida hacerse una foto junto a él.

Como una suerte de agente de relaciones públicas, pregunta por los encuadres que se necesitarán, cuál será el escenario ideal para la conversación. Rosa Chávez desciende de sus aposentos. También pregunta qué será mejor para usar, si el negro o el blanco, o si debe cambiar de aspecto. Le responden que no se preocupe, que lo importantes es “el personaje”.

La entrevista se mueve hacia la iglesia, donde un grupo de niños reza ante el Santísimo.

“Te agradecemos por el nombramiento de nuestro cardenal, que será de gran beneficio para el país”, dice la maestra encargada del grupo, y los infantes lo repiten.

Rosa Chávez hace una única petición, que el rostro de Monseñor Romero, ubicado cerca del altar, quede en medio de la toma. El sacerdote es un apasionado de los medios. No es casual, pues estudió Comunicación Social en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Incluso ahora cuenta con un programa de radio, “La oración de la noche”, heredado de Arturo Rivera y Damas, transmitido por Radio Paz. Por eso no cuesta entrevistarlo: las anécdotas, los retazos de color se le salen a borbotones a la menor provocación.

Finalizada la entrevista, el clérigo pregunta al periodista si no le gustaría grabar una escena en el complejo educativo, donde están sus alumnos. La respuesta es “no”. Una mueca de leve resignación se le dibuja en la cara.

Sus estudiantes significan mucho para él. Eso aseguró hace unos días Tarsiso Martínez, subdirector del complejo, quien ha estado a su lado desde que arribó en 1996. Para él y los que entonces laboraban en el sitio, que alguien de su categoría (el mediador en los Acuerdos de Paz, el rector del seminario San José de la Montaña) llegara a esta parroquia era una suerte de castigo que al clérigo se le imponía.

“Pero para nosotros ha sido una bendición”, comentó Tarsiso. Bajo su mandato, el colegio, al resguardo de la curia arzobispal, ha saneado sus finanzas, creado canchas para el esparcimiento de los estudiantes e inaugurado el bachillerato, para el que se construyó un nuevo edificio. “No sé cómo ha hecho, es a puro donativo, porque lo que se recoge aquí no da para hacer tanto”, dijo el docente.

Rosa Chávez regresa al espacio común donde también habitan las Siervas de la Misericordia. Ahí se da cuenta de que la madre Reina Angélica lleva un tiempo reunida con una representante del Arzobispado. Junto a otra de las religiosas que lo apoyan, Marta Lidia Ávila, trabajan minuciosamente en establecer cuál será la comitiva que lo acompañará a Roma cuando sea nombrado cardenal, el 28 de junio. Casi 100 personas, entre sacerdotes y laicos, estarán con él. Eso sin contar a los miembros de su familia, que suman 60.

Al ver todos esos nombres sobre la mesa, Rosa Chávez se pone emocionado, como quien ya no puede esperar, y da con ambas manos un par de golpes apenas perceptibles en el respaldo de la silla donde está sentada la hermana Marta. Eso se distancia un poco de una de sus cualidades más señaladas: la serenidad. La misma que le ha servido para mediar en diferentes conflictos. Incluso aquellos en los que ha estado involucrada la propia Iglesia. El ejemplo más notorio que se viene a la mente es del sorpresivo cierre, por órdenes de José Luis Escobar, de Tutela Legal del Arzobispado, en 2013.

Según Alejandro Díaz, miembro de la oficina surgida tras ello, Tutela Legal María Julia Hernández, fue él quien se reunió con ellos, los exempleados de la oficina, para limar, definitivamente, las asperezas existentes.

“Nos dijo que él tampoco estaba de acuerdo con la decisión, pero que debíamos bajar el nivel de las aguas, que quienes quedaban en medio de este conflicto eran las víctimas. No lo habíamos visto así”, comentó hace unos días Alejandro sobre el clérigo, “el único miembro de la alta jerarquía de la Iglesia que en verdad se preocupaba por los casos en concreto” mientras existía Tutela Legal.

El sacerdote debe retirarse nuevamente para cumplir con el compromiso de una nueva entrevista, esta vez con un medio radial, donde de seguro sus respuestas contarán con citas de cosas dichas por Óscar Romero, Arturo Rivera y alguno de los papas. Ese es otro de sus sellos: casi siempre hablar con las palabras de los otros, sus mayores, aquellos con los que no osa compararse.

La madre Reina Angélica, su mano derecha desde hace 20 años, hace notar, precisamente, la primera de esas devociones, el hecho de que el sacerdote ya era romeriano cuando ser romeriano podía costar la vida. Pone un ejemplo de su propia experiencia y recuerda el día en que, siendo aún una adolescente, la Guardia Nacional llegó a su barrio y ella tuvo que esconder, en el patio y a toda marcha, la biblia y las estampillas que tenían la imagen del ahora venerado beato.

Cumplido el último compromiso, en toda esta mañana Rosa Chávez por primera vez goza de un momento de descanso.

“Entonces, ¿qué hacemos?”, pregunta, e inicia una conversación informal sobre variados temas, en los que se cuelan las virtudes necesarias para hacer radio, sus maestros franceses de periodismo en la Universidad de Lovaina y las anécdotas de la vida del bonachón papa Juan XXIII. A cada momento es interrumpido por el insistente sonido del teléfono, con llamadas del Arzobispado, de la Nunciatura… prepararse para ser cardenal también puede volverse latoso.

Ahora se le pregunta sobre el arzobispo del que su estilo abreva más, si fuera capaz de hacer lo que hacía Romero, dejar todo de lado para acudir a la ayuda de un necesitado.
“Yo tengo a mi alrededor un equipo, como tú has visto. Tengo un pararrayos, filtros. Nunca seré un Monseñor Romero. Él es irrepetible”, comenta el sacerdote.

Sentado en este espacio, al que ha bautizado el Rincón Mariano, por el que el sol entra pleno en el verde de las plantas, contempla las cosas que han representado su cotidianidad desde hace décadas. A un costado está su alcoba, apenas una cama y espacio para guardar su ropa y su biblioteca, de la que atesora de manera especial ocho volúmenes: los que corresponden a los todavía inéditos diarios de monseñor Rivera y Damas.

Gregorio Rosa Chávez dice no saber qué pasará a partir del 28 de junio, qué misión le tiene deparada el Papa Francisco para cumplir a partir de entonces. Pero una posibilidad es la de quedarse siempre aquí, “con algunas salidas ocasionales a la Santa Sede”. Es la opción que más prefiere.

“Si Dios quiere, espero que me permitan seguir siendo el mismo de siempre”, afirma, fiel a su estilo, sin un ápice de emoción en la voz.

Funciones. Como cardenal, el sacerdote puede formar parte de una comisión en el Vaticano.
Ya ha sido tentado por la de Comunicaciones, asegura.
También puede ser requerido como consejero permanente del papa Francisco
o le puede ser destinada una misión de investigación sobre un tema determinado.

El desgaste de Montecristo

Laderas. Las elevaciones afuera del Parque Nacional Montecristo están habitadas por comunidades y propietarios de grandes extensiones. Aunque hay tratados que buscan la conservación de los bosques y los mantos acuíferos, cambiar el uso de suelos es una constante.

“Aunque estuviera el sol despejado, aquí siempre se siente como estar en aire acondicionado”, dice Gabriel. La espesura de un bosque primario da la sensación de un mundo diferente.

Gabriel es cauteloso y prefiere no incluir su apellido al presentarse. Sí cuenta que es guardabosques y tiene 55 años. Fornido y con muestras tímidas de canas, relata que las veredas por las que camina fueron abiertas por su abuelo. Cien años después, él solo se encarga de limpiarlas de la acumulación de hojarasca en la época lluviosa.

Gabriel es uno de los habitantes del caserío Honduritas, dentro del cantón El Rosario, en Metapán. Su comunidad tiene cerca la frontera con Honduras y el Parque Nacional Montecristo. Para llegar a donde trabaja, debe atravesar calles de tierra y pastizales en un trayecto de 1 hora.

El terreno boscoso que cuida Gabriel, a una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar, es un área protegida privada. Para avalar la entrada, la organización a cargo toma precauciones: pidió no revelar su identidad ni su ubicación exacta, tiene miedo de atraer invasores y turistas. Conservar es su objetivo, así que quiere que el bosque permanezca intacto a toda costa.

Bosque original. El tiempo, la sombra, la altura y la humedad permiten que diversas plantas crezcan sobre los troncos y puedan acumular agua.

Alfredo Umaña vive en Metapán, a unos 10 kilómetros del Parque Nacional Montecristo y a unos 20 kilómetros de donde trabaja Gabriel. Tiene 23 años y trabaja como guía de camino para quienes obtienen acceso al área protegida privada, por lo que conoce bien las calles y las comunidades de la zona. En lo alto lo espera Gabriel, a quien cuesta localizar debido a que en lo alto de su comunidad solo hay señal de una compañía telefónica.

Antes de comenzar la empinada calle para ir a los cantones de la zona alta, en el cantón San Miguel Ingenio, la ruta 463, una de las pocas que pasan por la zona, hace su parada. Llega una vez al día desde Metapán hasta el municipio de Citalá, en Chalatenango, y de regreso. No existen rutas que se internen hasta lo profundo de las comunidades, cuenta Alfredo. Si tienen suerte, un carro que pase por la zona y les dé aventón puede evitarles subidas de hasta cinco horas.

Estas comunidades son las que rodean al Parque Nacional Montecristo. Son los cantones El Rosario al este, El Limo al oeste y una parte de San José Ingenio que está fuera del área declarada como protegida al sur. Al norte, parte de El Limo, está el punto trifinio. La elevación en la zona inicia a partir de los 1,000 metros sobre el nivel del mar y puede llegar hasta los 2,000. Bajo la ley de áreas naturales protegidas, este territorio es la zona de amortiguamiento de Montecristo.

Incendios. Aunque este año el fuego no entró al parque, la zona de amortiguamiento sí sufrió los efectos de la quema.

“Montecristo es una fuente muy importante de agua para toda la zona en la región del alto Lempa”, cuenta Pablo Galán, asistente técnico del herbario ubicado en el Jardín Botánico La Laguna, en Antiguo Cuscatlán. Sus investigaciones sobre las plantas del lugar lo han llevado a conocer el sitio de cerca, así como su importancia. “La vegetación es diversa por las elevaciones. Comienzan desde los 600-700 metros sobre el nivel del mar y llegan a los 2,400. La diferencia altitudinal da diferentes tipo de ecosistemas”.

Montecristo es un macizo montañoso que abarca los territorios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los territorios de los tres países se conectan en el punto trifinio, ubicado en la parte más alta de la montaña. Luego parte en altibajos hacia cada territorio. La división montañosa en el país, dentro de la cordillera de Metapán-Alotepeque, posee un aproximado de 7,111 hectáreas, 1,973 están protegidas como parque nacional desde 1986.

Las 6,926 hectáreas restantes son la zona de amortiguamiento, que se extiende por comunidades y ecosistemas desde Metapán, en Santa Ana, hasta La Palma, en Chalatenango.

En las zonas de amortiguamiento, “todas las personas, instituciones y los proyectos que están ahí deben tener en consideración que cerca hay un área natural protegida y el tema ambiental debe ser importante en sus actividades productivas y cotidianas”, comenta el gerente de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Javier Magaña.

El MARN, principal encargado de gestionar un área protegida a escala local, debe velar porque así se cumpla. En el caso de Montecristo, se hace con el Comité Asesor Local del Parque Montecristo, que busca juntar a las autoridades del parque con líderes de las comunidades, concejos municipales y organizaciones no gubernamentales para tratar el tema ambiental en las zonas de amortiguamiento. Magaña dice que en esta zona el tema puede ser más complicado de tratar.

Las calles de tierra de San Miguel Ingenio son el inicio de un recorrido de 25 kilómetros hacia arriba. Las laderas son de poco relieve y suben de los 1,000 a los 1,400 metros sobre el nivel del mar. Alfredo Umaña cuenta que las actividades de agricultura y ganadería son comunes en toda la zona desde hace bastantes años.

La calle toma una subida más empinada hacia el cantón El Rosario. Umaña dice que es de las últimas partes que un vehículo sin doble tracción puede transitar.

***

El río El Rosario y las quebradas que pasan por la comunidad se quedaron sin agua durante la época seca. El problema afectó a los cultivos y algunos agricultores perdieron su cosecha, cuenta Nora Beatriz de Hernández. Ella es una testigo de la relación de las comunidades con el parque nacional. También es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón El Rosario desde octubre de 2016. Afirma que por ello se encuentran en gestión con el parque para que del área protegida se les proporcione agua.

La disminución de caudales es normal en época seca debido a la falta de lluvias. Los agricultores pueden subsistir con afluentes más pequeños, pero no secos. La parte baja de El Rosario y San Miguel Ingenio comenzó a sentir las consecuencias de la deforestación hace tiempo, cuenta Alfredo Umaña al subir por El Rosario. El problema pasó sin llamar la atención en su mayoría debido a los proyectos de potabilización en la zona. Nora lo confirma, comenta que aunque los ríos se secaron, el servicio de agua potable que alimenta al centro del cantón fue estable. El resto de caseríos, sin embargo, vive de los ríos y nacimientos.

Montecristo es importante porque la cuenca alta del río Lempa se forma ahí. Un 58 % está en Guatemala, un 12 % en Honduras y el otro 30 % en El Salvador, señala el proyecto estratégico de Plan Trifinio para la región. El agua que se acumula en la zona alta desciende en miles de quebradas, que se unen en cientos de ríos pequeños que desembocan en cuerpos de agua más grandes. Todos ellos reúnen los 2,161 millones de metros cúbicos anuales que bajan por todo el país hasta desembocar en el océano Pacífico, dice el mismo estudio de 2011.

Esta importancia ha llevado a que el territorio esté declarado como Área Protegida Trinacional desde 1987, con un acuerdo entre los vicepresidentes de los tres países bajo el nombre de Plan Trifinio. La zona también es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2011. Todas las declaratorias reconocen lo mismo: Montecristo es una importante fuente de agua y necesita ser protegida, pero se encuentra bajo muchas presiones.

Entre 1982 y 2006, la recarga acuífera de El Salvador se redujo en un 19 %, señaló un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en 2006. Once años después, la sustitución de zona boscosa para agricultura y ganadería, técnicas agropecuarias inapropiadas para el territorio, incendios forestales, la degradación de suelos, la contaminación y el cambio climático son problemas que todavía hacen daño a los ecosistemas. Las primeras consecuencias están fuera del Parque Nacional Montecristo.

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Sustitución. Los dueños de tierras en las laderas fuera del parque suelen cambiar el bosque natural por sus plantaciones.

El río El Rosario y las quebradas que pasan por la comunidad se quedaron sin agua durante la época seca. El problema afectó a los cultivos y algunos agricultores perdieron su cosecha, cuenta Nora Beatriz de Hernández. Ella es una testigo de la relación de las comunidades con el parque nacional. También es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón El Rosario desde octubre de 2016. Afirma que por ello se encuentran en gestión con el parque para que del área protegida se les proporcione agua.

Sustitución. Los dueños de tierras en las laderas fuera del parque suelen cambiar el bosque natural por sus plantaciones.

La disminución de caudales es normal en época seca debido a la falta de lluvias. Los agricultores pueden subsistir con afluentes más pequeños, pero no secos. La parte baja de El Rosario y San Miguel Ingenio comenzó a sentir las consecuencias de la deforestación hace tiempo, cuenta Alfredo Umaña al subir por El Rosario. El problema pasó sin llamar la atención en su mayoría debido a los proyectos de potabilización en la zona. Nora lo confirma, comenta que aunque los ríos se secaron, el servicio de agua potable que alimenta al centro del cantón fue estable. El resto de caseríos, sin embargo, vive de los ríos y nacimientos.

Montecristo es importante porque la cuenca alta del río Lempa se forma ahí. Un 58 % está en Guatemala, un 12 % en Honduras y el otro 30 % en El Salvador, señala el proyecto estratégico de Plan Trifinio para la región. El agua que se acumula en la zona alta desciende en miles de quebradas, que se unen en cientos de ríos pequeños que desembocan en cuerpos de agua más grandes. Todos ellos reúnen los 2,161 millones de metros cúbicos anuales que bajan por todo el país hasta desembocar en el océano Pacífico, dice el mismo estudio de 2011.

Esta importancia ha llevado a que el territorio esté declarado como Área Protegida Trinacional desde 1987, con un acuerdo entre los vicepresidentes de los tres países bajo el nombre de Plan Trifinio. La zona también es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2011. Todas las declaratorias reconocen lo mismo: Montecristo es una importante fuente de agua y necesita ser protegida, pero se encuentra bajo muchas presiones.

Entre 1982 y 2006, la recarga acuífera de El Salvador se redujo en un 19 %, señaló un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en 2006. Once años después, la sustitución de zona boscosa para agricultura y ganadería, técnicas agropecuarias inapropiadas para el territorio, incendios forestales, la degradación de suelos, la contaminación y el cambio climático son problemas que todavía hacen daño a los ecosistemas. Las primeras consecuencias están fuera del Parque Nacional Montecristo.

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Altura. Los árboles a más de 1,800 metros sobre el nivel del mar son fundamentales para los nacimientos y las quebradas que bajan por las comunidades.

En el otro lado de las afueras del Parque Montecristo, en el cantón El Limo, el río también se secó. Carlos Magaña, agricultor, ganadero y representante de la ADESCO de su comunidad, sabe que la deforestación tiene mucho que ver. “Algunos dueños de terrenos, cuando este no les da nada y otra gente tiene necesidad de cultivar, dan permiso para cortar el bosque. Sacan la madera y siembran”.

Deforestación. Pequeños árboles de café crecen entre los restos de un bosque. La sustitución de bosques por cultivos es uno de los problemas más graves de la zona de amortiguamiento.

El Limo, en la zona de amortiguamiento, se encuentra cerca de los 1,400 metros sobre el nivel del mar. Sus partes más elevadas pertenecen al parque, donde se encuentran los cerros más importantes y de mayor atractivo turístico. Las comunidades fuera de ese sector viven las mismas implicaciones que el resto.

La situación que explica Carlos ocurre en toda la zona de amortiguamiento. La pérdida de cobertura boscosa para su sustitución por cultivos es una constante, a pesar de que los suelos no poseen sostenibilidad para ello. “La mayoría vive de la agricultura. El clima y los precios afectan a la gente, pero de eso viven”, dice Carlos.

“Muchas de las personas viven de los beneficios ambientales que los ecosistemas dan. No bajan al pueblo a hacer las compras. Son poblaciones rurales”, cuenta Berta Medrano, directora ejecutiva de la Asociación GAIA de El Salvador. Ella impulsa proyectos en los cantones de la zona de amortiguamiento que priorizan el beneficio de la población y de los bosques.

La ley de áreas naturales protegidas establece que quienes gestionan un área natural deben tener un plan de manejo con el objetivo de ejecutar “el conjunto de instrucciones priorizadas para el desarrollo de actividades a corto, mediano y largo plazo enmarcadas en el mismo”. En Montecristo, el plan es trinacional, por lo que las actividades enmarcadas incluyen a las áreas protegidas de Montecristo en Guatemala y Honduras.

Berta Medrano cuenta que todo Montecristo y su zona de amortiguamiento tiene la misma característica: más del 71% de las tierras es de clases VII y VIII. En la clasificación de suelos por su fertilidad establecida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la clase I es la más apta para actividades agropecuarias, mientras que en las clases VII y VIII se recomienda evitar las actividades productivas debido a que consisten en superficies montañosas, donde el suelo fértil es superficial y el riesgo de erosión y deslizamientos es alto. Sin los bosques, el agua no se acumula, lo que crea más sequía en época seca.

El plan de manejo establece que más del 80 % de la tierra en Montecristo debería ser solo para uso forestal. En 2005, año del plan, este solo cubría el 18.4 %. La persistencia de problemas como incendios forestales, sequía de afluentes y la permanencia de cultivos a nivel de subsistencia e industrial muestran que el problema no ha mejorado.

La situación es complicada, cuenta Carlos Magaña. Nadie denuncia la tala indiscriminada por miedo. La ley forestal, regulada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), establece que debe emitir permisos para talar bosques. Esto no ocurre en El Limo ni en los otros cantones. “La gente no interviene porque si uno se mete, se echa enemigos”.

Carlos también calla porque entiende la situación económica. Entre el 86 % y el 93 % de las personas que viven en ladera tienen situación de pobreza en Centroamérica. En el caso de El Salvador, un 32 % tiene condiciones de extrema pobreza, afirmó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2011. “La agricultura está mala porque el clima y los precios han afectado a la gente, pero de eso viven. Al menos les queda maíz y frijol para comer”, dice resignado.

***

En la parte alta del cantón El Rosario, desde los 1,800 metros sobre el nivel del mar, la neblina golpea los restos de unos árboles de pino en una ladera muy inclinada. Tienen señas de haber sido cortados hace poco. Abajo nacen monocultivos de café y se preparan para crecer durante la época lluviosa. Gabriel, con unas botas todoterreno, un machete, una mochila cargada y una peculiar gorra color verde chillante, espera al lado de una vereda. El camino viene de Honduritas.

Alfredo Umaña lo divisa y se saludan con la gratitud de buenos conocidos. Continúan ladera arriba hasta llegar al área protegida privada. Los claros permiten divisar, a lo lejos, la ciudad de Metapán y el complejo lagunar de Güija. Afirma que una elevación llena de árboles al este es el Parque Nacional Montecristo. Al oeste, las laderas desde los 1,800 metros sobre el nivel del mar hacia abajo están listas para los cultivos de la temporada. “Puedo contar los árboles con los dedos de la mano”, dice Gabriel.

El bosque secundario consiste en árboles de la zona alta que han permanecido en pie por un aproximado de 50 años, luego de que las tierras en las que estaban fueron deforestadas hace medio siglo. Gabriel entra a sus recuerdos y comenta que hace unos 25 años la mayoría del territorio sobre los 1,500 metros todavía era bosque. Hace 25 años los ríos tampoco se secaban colina abajo.

Antes de entrar al bosque primario, Gabriel observa una parcela. Un caballo con aspecto joven y fuerte galopa en la ladera. Gabriel señala un montículo donde el semental estuvo parado. “La persona que vio este terreno (el bosque secundario) en estado virgen fue mi abuelita. Aquí tenía su cabañita. Murió hace 11 años. Tenía 102”.

Gran parte del bosque primario se encuentra en el Parque Nacional Montecristo, mismo lugar al que Pablo Galán ha ido repetidas veces a estudiar especies. El herbario, una amplia oficina llena de enciclopedias y documentos académicos sobre flora y fauna, es la base donde analiza sus recolecciones. Él explica que la vegetación particular de un bosque primario permite cumplir funciones igual de particulares.

Los árboles de las zonas altas aproximan una altura de 40 metros y ayudan a retener grandes cantidades de agua gracias a las flores y raíces que se forman en sus troncos. Los árboles de las zonas bajas ayudan a que no corra con rapidez ni que cause inundaciones o deslaves. “Toda el agua que está en Montecristo va a parar a los ríos que son afluentes del Lempa, como el San José Ingenio y El Rosario”, explica Galán.

Aunque la mayor parte del bosque nebuloso como inicio de los afluentes se encuentra en el parque nacional, la zona de amortiguamiento también requiere cobertura boscosa para mantener los nacimientos en época seca y proveer de agua para la subsistencia de las comunidades ladera abajo.

Javier Magaña reconoce que no se hace lo suficiente en la zona. El río que sale del parque nacional también disminuyó su caudal por la falta de lluvias. Añadió que esa escasez no puede evitarse en el área de amortiguamiento a menos que tuviera árboles y conservación de suelos. “El manantial que baja ahora es más pequeño. Eso no lo resiente el parque, sino la zona de amortiguamiento”.

Gabriel llega con rapidez al final de la vereda. Sus movimientos para esquivar ramas y saltar troncos en la humedad parecen los de alguien más joven. El bosque primario se caracteriza por tener constante lluvia. La altura se aproxima a los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Alfredo y el guardabosques observan una correntada de agua transparente y helada que sale entre la vegetación y abre camino colina abajo. Sin los árboles, la falta de humedad reduciría el cauce y el calor del sol lo evaporaría. En las zonas bajas, las comunidades recibirán el mínimo de agua.

***

“Hay muchos que todavía no comprenden qué es el medio ambiente. Hace falta más información”, dice Carlos Magaña. Cuenta que desde el año pasado los acercamientos del parque nacional en el cantón El Limo han sido dos, el primero consistió en charlas a las escuelas, el otro fue para contener la plaga de gorgojo descortezador, que también atacó la zona.

Aparte del parque, Plan Trifinio también influye en la zona. “El año pasado hubo muy pocas actividades. Dicen que no tienen fondos”, cuenta Carlos. En 2016 presentaron a un especialista en veterinaria. Solo llegó una vez y no volvió. “Esperaba que nos apoyaran en áreas de ganadería que no sabemos cómo aplicar”, dice. Carlos Magaña se refiere a los sistemas silvopastoriles. Combinan las actividades de pastoreo con la siembra de árboles, lo que permite que el ganado pueda alimentarse sin necesidad de caer en la tala indiscriminada para abrir terreno.

Combinación. Los sistemas silvopastoriles son los que combinan las actividades de pastoreo con la siembra de árboles, lo que permite que el ganado pueda alimentarse sin tener que talar.

La comunidad sufre de esto constantemente, cuenta Carlos. Los proyectos que traen para mejorar su situación no cumplen lo prometido o carecen de seguimiento: “A la gente de las comunidades no le gusta que se le mienta. Estas instituciones tienen eso, que mucho mienten”. Cuando convocan para nuevos proyectos, Carlos cuenta que la visión de la comunidad es que “para ir a escuchar a gente así”, mejor no van.

Pablo Galán presencia el problema continuamente desde sus inspecciones. “El bienestar de los ecosistemas requiere de mucha voluntad y esfuerzos entre propietarios privados y las personas que trabajan, que cuidan y la gente del parque. Es un acuerdo bastante fuerte y no es fácil. La agricultura, la ganadería, el uso de las maderas y el turismo en zonas aledañas alrededor de Montecristo requieren bastante trabajo”, asegura. “Se tiende a aislar una cosa de otra, pero todo está conectado. Si en la parte alta se tala, se quema y se comienzan a secar las fuentes de agua, abajo se va a sentir y con más presión”.

Gabriel sale del bosque primario. En cuestión de minutos, vuelve al lado de la vereda que lo lleva a Honduritas. Se ajusta la mochila y se despide temporalmente de Alfredo Umaña para entrar en la vereda y desaparecer en la maleza.

En sus últimas declaraciones, intenta resumir la situación: “El problema con los bosques y el agua no se ha detenido. Ahora ya avanzó, como cuando alguien siente dolor en un lugar y lo ignora, después va al médico y le dicen que es cáncer. Esto todavía se puede recuperar, pero todos tendríamos que ser más críticos”.

La clínica de la nicotina

Terapia de grupo. Pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco del ISSS se informan sobre los químicos del tabaco.

—¿Para qué les voy a mentir? Yo aquí ando mis cigarros –dice Stanley mientras se toca la bolsa derecha del pantalón.

Tiene 49 años, aprendió a fumar a los 11 y ha llegado a fumar más de 60 cigarros al día. Ahora quiere dejarlos pero no ha sido capaz de llegar sin ellos a esta, su primera sesión de terapia. Se presenta y un grupo escucha su testimonio en el auditorio de especialidades del Seguro Social.

—¡Bótelos! –le grita alguien desde el fondo del salón. Stanley no responde.
—A pues, repártalos –le ordena un anciano.
—Denos cigarros a nosotros. Denos uno a cada uno –dice otro hombre del salón.

Stanley se mantiene serio. Parece no entender muy bien qué pasa ni por qué un grupo de personas que ha dejado de fumar le pide compartir su vicio. Algunos comienzan a reírse y le explican que si él les entrega sus cigarros, ellos pueden tirarlos por la ventana.

Este jueves 1.º de junio, 14 personas adictas a la nicotina se han anotado en la lista de asistencia de la terapia. Todos pertenecen a la Clínica de Cesación de Tabaco del ISSS. La clínica fue creada hace 25 años. En ella tratan al tabaquismo como una enfermedad y a los pacientes se les brinda acompañamiento psicológico y medicamento para que dejen de consumir su droga: la nicotina.

En esas más de dos décadas, la médica fundadora ha visto pasar (y morir) a pacientes con cáncer, enfermedades coronarias y problemas respiratorios crónicos. Aquí se reúnen los que todavía no están desahuciados. Los que aún tienen una oportunidad para abandonar el tabaco antes de que los mate.

Entre los asistentes de hoy hay un hombre de 40 años que acaba de sobrevivir a un ataque cardíaco provocado por su vicio. Fumar mata a 20 hombres cada semana en El Salvador. Así lo afirma el Atlas del Tabaco de la Asociación Americana del Cáncer y la Fundación Mundial del Pulmón. Estos datos indican que, en promedio, cada día tres salvadoreños mueren por el cigarro.

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Tratamiento. Los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco reciben un sustituto de nicotina en espray que les ayuda a superar la ansiedad de fumar.

La terapia grupal se realiza todos los lunes y jueves de 8 a 10 de la mañana en un auditorio en el sexto piso. Liliana Choto de Parada es la fundadora de la Clínica de Cesación del Tabaco y está cansada porque subió por las gradas hasta acá. Ella dice que los elevadores le producen claustrofobia. Ingresa al auditorio donde ya la esperan sus pacientes y empieza a toser. Uno de los que esperan, como quien devuelve un regaño, le dice entre risas que deje de fumar para que se le quite esa tos.

La médica no fuma, aunque un par de días atrás ha aceptado que, cuando era joven, sí probó los cigarros: “Yo fumé en mi época de juventud. ¿Cómo no íbamos a fumar si en los 70 todo mundo fumaba? Ahí no había restricciones”. Cuando era joven no había restricciones, pero en la década pasada ella fue una de las personas que tuvieron mayor incidencia para que en 2011 se aprobara la Ley para el Control del Tabaco. Por su trabajo ha sido nombrada Heroína de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Choto de Parada es neumóloga del Seguro Social. Regresó de México en 1991 con una subespecialización en cesación del tabaco y para 1992 ya había instalado su primera clínica en la Unidad Médica Atlacatl.

Dice que su vocación nació cuando vio la muerte que provoca el tabaco. “Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

La dinámica de la sesión de terapia es sencilla. La doctora da la bienvenida y pregunta si alguien quiere dar su testimonio. En el salón hay personas que han dejado de fumar hace ocho años, otros hace dos meses y otros que solo llevan una hora sin nicotina.

“Hace 14 días que no fumo”, dice Juan Solórzano, un hombre de 61 años. Él celebra su logro y habla de su vicio con distancia, como si hubiera dejado de fumar hace 40 años. Mientras da su testimonio, la doctora Choto de Parada proyecta una presentación de Power Point en la pared detrás de él.

Una de las diapositivas es una foto de 2008 en la que aparece al centro el expresidente Antonio Saca acompañado por Choto de Parada y otros doctores. La médica asegura que la fotografía fue tomada en Casa Presidencial. Esa vez –cuenta sin que la escuchen los pacientes– le pidió al expresidente que interfiriera para que El Salvador ratificara un convenio internacional que implicaba un mayor control de los cigarrillos. “Él dijo que ese tipo de acuerdos no le convenían al país. Y ahí salimos todos con la cabeza gacha”, afirma Choto de Parada.

“Son unas muertes dolorosas por problemas respiratorios y cáncer de pulmón. Las personas se asfixian. Por más oxígeno que se les ponga, ya no hay intercambio de oxígeno. Mueren como ahogados”.

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La sesión sigue su curso. “Mi problema son las emociones”, dice Érick para explicar su adicción. Su nombre es otro pero pide que no se revele porque también pertenece a un grupo de alcohólicos anónimos. Es un hombre alto y moreno de 52 años que fumó durante casi cuatro décadas.
Cuenta que empezó a consumir drogas a los 11 años. Dice que fue adicto al alcohol, a la marihuana, al crack y la cocaína, pero que ninguna sustancia fue tan difícil de dejar como la nicotina.

Pero el problema son las emociones, repite Érick. Aquellas que quiere callar o exaltar con las drogas. “La abstinencia es yuca”, afirma, y el resto asiente. Cuando una persona deja de fumar, puede experimentar ansiedad, nerviosismo, problemas para concentrarse, cambios de humor abruptos, sudoración de manos, insomnio y cambios en el apetito.

En la clínica controlan la abstinencia dando dosis bajas de nicotina vía spray nasal. Choto de Parada lo explica así: “Cada cigarrillo tiene entre 10 y 12 miligramos de nicotina y estos medicamentos en spray tienen microgramos. Se les pone en cada fosa nasal y ahí esa pequeñita dosis de nicotina se absorbe y se calma la ansiedad de fumar”.

La cobertura total de la terapia de sustitución de nicotina no es la regla en la región. De un total de 35 países que la OPS estudió en 2014, solo seis países cubrían para entonces los costos de dicha terapia: Brasil, Panamá, Surinam, Uruguay, Venezuela y El Salvador.

Érick cuenta que hasta hace dos años, cuando todavía no había dejado de fumar, su compañera de vida lo regañaba. Ella no toleraba el humo. La OMS sostiene que el tabaquismo mata anualmente a 7 millones de personas en el mundo y alrededor de 890,000 de esos fallecidos son personas expuestas al humo de tabaco ajeno.

De eso también entiende Toño, un hombre de la tercera edad que dejó de fumar hace seis años, pero sigue asistiendo al grupo, como quien teme recaer. Toño fumó por cuatro décadas. Así lo contó un par de días antes a esta sesión. Cuando él cumplió 42 años perdió la dentadura completa. Su trayectoria como fumador le dejó la pérdida de los dientes, un colchón quemado de la vez que se durmió con el cigarrillo encendido, dos quemadas a su perro y, lo que más le duele, el hecho de que su hija de 17 años y su esposa desarrollaron asma y no respiran bien: “Mi hija me ataca, me dice que por fumar la dejé dañada”.

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Exfumador. Un paciente da su testimonio frente a otras personas que luchan contra su adicción a la nicotina. El hombre de la foto llevaba 16 días sin fumar. “A lo macho, ya no fumo”, dijo.

A las 9 de la mañana y después de oír los problemas y las culpas que algunos exfumadores cargan consigo, el auditorio del ISSS se vuelve un lugar más sombrío. Es la hora del receso y algunos se levantan y caminan hacia una mesa al fondo del salón donde se sirven café y pan dulce. El hombre que recién sale de una crisis por paro cardíaco se va de la sesión y no regresa más. Otro paciente, nuevo también, muerde un palillo blanco de los que se usan para mover el azúcar cuando se endulza el café. Cuando habla, sostiene el palillo en la mano como se sujeta un cigarro. Él ha fumado durante 27 años y aún no ha parado. A diario consume 20 cigarros. “Hoy fumé dos y ya estoy con el deseo de salir a fumar”, dice. Todo el receso se mantiene sentado.

Después de unos minutos, la psicóloga del grupo, Yanet Portillo, toca una campana similar a la que cuelga de los carretones de venta de helados. Los asistentes siguen platicando entre ellos como niños en recreo. Portillo sigue tocando la campana hasta que los pacientes –en su mayoría hombres de la tercera edad– le hacen caso y se sientan.

Es el turno de la única fumadora que ha asistido a la reunión. Es alta, delgada, usa un vestido largo, collar y aretes. Está bien maquillada y tiene el cabello recogido. No es coincidencia que solo haya una mujer fumadora en este salón. El consumo del cigarrillo está marcado por el sexo. El Atlas del Tabaco indica que en El Salvador 62,000 mujeres fuman a diario, mientras que la cifra de hombres fumadores asciende a los 370,000.
La mujer de apariencia elegante dice apenada que hoy no quería hablar, pero que la psicóloga la convenció.

“No quería pasar acá y decir que he recaído”, confiesa. Luego relata que ha sido fumadora por 23 años. Vino a la Clínica de Cesación del Tabaco por primera vez hace seis meses, pero ahora está pasando por problemas y ha vuelto a fumar. Cálculos de la Clínica de Cesación del Tabaco indican que el 28% de sus pacientes recae al mes de asistir al proceso y que la cifra de recaída aumenta al 35 % o al 40 % al año.

Un hombre gordo sentado en las primeras filas la interrumpe. En su voz hay un tono paternal. “¡No compre cigarros! Métaselo en la cabeza”, le dice. El hombre frunce el ceño y junta los dedos de las manos para colocarlos sobre su frente dándose golpes pequeños: “¡No compre! Métase eso en la cabeza”.

El artículo 9 de Ley para el Control del Tabaco establece que está prohibida la venta de cigarros por unidades. Esta medida tiene como objetivo reducir el consumo de tabaco haciendo más difícil su adquisición. Si la ley se cumpliera, las personas que los venden serían multadas con $57. Si la ley se cumpliera, los negocios que están a 3 minutos de esta terapia con canastos llenos de cajetillas en la acera del Hospital de Especialidades serían multados. Ahí se compra un cigarrillo por $0.25.

Otro paciente parece estar más conmovido por la historia de recaída de la mujer. “Licenciada, ¿por qué no le da un spray?”, le pregunta a la psicóloga. La psicóloga responde que la mujer dejó de llegar a la clínica, por eso no tiene ahora mismo un sustituto de la nicotina que la ayude a superar la ansiedad para fumar. Luego, le señala a la paciente: “Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoce el proceso para dejar de fumar”. La mujer, mitad apenada y mitad reanimada, hace una mueca de sonrisa y respira profundo.

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Gasto estatal. De acuerdo con cifras de FOSALUD, El Salvador destina $53 millones para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco.

Entre testimonios de las personas que han dejado de fumar y otras que aún luchan contra sus propios deseos, las 2 horas de la sesión pasan rápido. Una trabajadora social que se sienta al fondo del salón empieza a revisar papeles. Para estar acá, algunos de los pacientes piden permiso en sus trabajos y la clínica les da una constancia.

La psicóloga de la clínica se encarga de que la última parte de la terapia grupal sea un resumen de instrucciones para los pacientes nuevos: deben fijar un día de la siguiente semana para dejar de fumar y comprar solo los cigarros necesarios para llegar hasta ese día. Deben llegar el siguiente lunes con 24 horas de abstinencia para conocer cómo reacciona su cuerpo ante la ausencia de nicotina y saber qué medicinas debe recetarles la neumóloga.

Las cifras estatales confirman esa sentencia. El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) sostiene en su página web que “se estima un gasto de más de $53 millones anuales para la atención de algunas enfermedades respiratorias asociadas al consumo y la exposición de humo de tabaco”. Ahí mismo se afirma que la recaudación de impuestos del tabaco en 2016 fue de $ 28.1 millones.

La OMS sugiere que para reducir el consumo de tabaco, el impuesto de los cigarros debe aumentarse hasta el 70%. En El Salvador ese impuesto ronda 52 %, de acuerdo con el Informe sobre el Control de Tabaco de la Región de las Américas.

Mientras se llega la hora de salida, los pacientes de la Clínica de Cesación del Tabaco escuchan las instrucciones de la psicóloga Portillo. Aunque para la mayoría es un discurso que se repite, la miran y escuchan atentos. Portillo les dice que, además de desarrollar problemas en los pulmones, es probable que también tengan problemas de vista y audición. A veces algún fumador o exfumador interviene para dar un ejemplo o asentir.

En este salón todos hablan como si las cosas se dijeran por primera vez, con esmero y determinación en cada palabra, como si en lugar de convencer a los demás, buscaran convencerse otro día a ellos mismos.

“Estaba seguro de que iba a morir pronto”

Es 1.º de abril y si todo hubiera ido según lo planeado por el ímpetu de la juventud, Miguel Huezo Mixco estaría en la celebración de los 47 años que han pasado desde la creación de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), uno de los cinco movimientos guerrilleros que conformaron al Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN). Pero desde hace más de 20 años Miguel está alejado de banderas y esta mañana de sábado recibe en la sala de su casa a un equipo de periodistas.

Antes de que inicie la entrevista, Miguel –de 62 años– cuenta acerca de un tatuaje que recién se retocó en el brazo derecho. En la muñeca izquierda, lleva tatuada una pluma. Vive con su pareja en una tranquila casa en la que se cuela el canto de los pájaros que parecen sacados de una grabación. Antes fue el encargado de propaganda de las FLP y su jefe directo fue el comandante Leonel, el ahora presidente Salvador Sánchez Cerén. Durante el conflicto armado, después de que su pareja de entonces murió, solicitó permiso para salir de la guerrilla y dedicarse a escribir. Leonel no se lo concedió: “Bueno si lo que querés es escribir, ¿por qué no sos capaz de hacerlo aquí?”, le retó.

El escritor dice que en el último par de años no ha podido descansar. Todo el tiempo libre lo usó para escribir “La casa de Moravia”, un libro que lo tiene nervioso y que ya está a la venta. La mayoría de su trabajo literario ha sido en la poesía, el ensayo y ha transitado incluso por el periodismo. Platica de su nueva novela y sus recuerdos viejos de tiempos de campamento, de poesía creada en la montaña y de dilemas morales. Al terminar la conversación, muestra el nombre de un chat donde están algunos de sus excompañeros de la radio oficial de las FPL, la radio Farabundo Martí. Una mezcla extraña entre nostalgia, épocas de revolución y grupos de WhatsApp.

En 2014, cuando presentó “Camino de hormigas”, dijo que esperaba tener aliento para escribir al menos una novela más. ¿Ahora renueva ese deseo o esperamos leerlo en otros géneros?

Estoy entusiasmado con la posibilidad de terminar un grupo de novelas que estén relacionadas, una trilogía. Esta es de alguna manera una continuación desde otra perspectiva de la novela anterior y tengo idea de poder hacer una tercera, pero para eso tengo que descansar un poco.

A “Camino de hormigas” se le llamó de varias maneras: “Una gran crónica”, “Una serie de relatos”, “Una novela”, ¿usted cree que este libro va a provocar una discusión similar sobre el género?

No lo sé. Lo que sí tiene de peculiar esta producción es que hago uso de algunos recursos que son para mí novedosos. Le solicité autorización a los tuiteros para que me permitieran publicar algunos tuits y también usar algunas imágenes que circulan en blogs como Tumblr o Instagram. También incorpora fuentes periodísticas reales para hablar de un caso específico en la segunda parte de la novela. Hay una mezcla de hechos históricos con fuentes periodísticas que son partes de la historia, que es una ficción. A ver cómo funciona.

El narrador en “Camino de hormigas” parte de sus propias experiencias en la guerra, ¿pasa algo similar en “La casa de Moravia”?

Es algo parecido. El personaje de “Camino de hormigas” aparece en medio de la trama de la novela. Algunos de los elementos de la vida de este personaje tienen que ver un poco, no tanto, con mi propia experiencia. Es por demás, uno muy difícilmente puede escaparse de sus propias experiencias, sobre todo cuando han sido tan intensas.

Si tuviera que hacer un cálculo matemático sobre qué tanto de su vida personal queda en esta novela, ¿cuánto sería?

Si le pusiéramos un porcentaje creo que andaríamos en un 15 % o 20 %. Creo que, a diferencia de “Camino de hormigas”, donde hay partes que podrían parecer casi testimoniales, esta novela incorpora muchos más elementos ficcionados.

Mi vida personal está volcada completamente en la novela en el sentido de que la producción de una novela te demanda un esfuerzo de vida permanente de pensamiento, a la hora del trabajo, en la noche, en los sueños, en las pesadillas está presente. En ese sentido, la novela sin duda que es una expresión de mi vida.

En entrevistas anteriores le preguntaban sobre si aparecía el presidente Sánchez Cerén en su novela…

No, no aparece. Buena parte de la novela (“La casa de Moravia”) se desarrolla entre Nicaragua y Costa Rica, aunque los personajes están en un hotel de mala muerte en la playa El Obispo, La Libertad. Es una road novel porque (un personaje) tiene que viajar haciendo contrabando entre Costa Rica y Nicaragua, pero no contrabandeando fierros, armas o tiros. Anda contrabandeando cosas que hacen falta en Nicaragua porque están padeciendo el bloqueo de Ronald Reagan en 1981. Él contrabandea papel higiénico, bolígrafos, cuadernos, cosas de utensilios básicos que hacen falta.

Usted fue un protagonista de la historia en los ochenta. ¿Cómo es ahora su relación con los demás protagonistas de la historia salvadoreña del conflicto armado?

Variada. Con algunas conservo una amistad entrañable. Diría que hay tres niveles de relación. El primero sería con los que ya no están. Con los que desaparecieron tengo una relación permanente de admiración, de respeto. Siempre están presentes.

Luego están con los que tengo una relación de mucha amistad porque nos tocó vivir momentos difíciles y esos momentos hacen que las personas establezcamos lazos profundos, y no solamente con personas que fueron parte de la guerrilla, sino personas que fueron parte de la población civil en las zonas de combate donde estábamos en medio o muy cerca de poblaciones campesinas… y otros con los cuales la vida nos puso en diferentes situaciones, tenemos algunas diferencias. No puedo decir que tenga enemigos ni nada semejante, pero ya no gravito en los espacios de los rituales propios de la cultura de la organización armada ni del partido.

¿Cuáles son esos espacios?

Este día, el 1.º de abril, es la celebración de la fundación de las FPL y hay actividades, hay invitaciones a convivios y todo eso. Yo no participo en nada de eso ya. Yo estoy desmarcado completamente de ello.

¿Le llegan las invitaciones?

Sí, sí, sí. Estoy en un grupo de WhatsApp con gente que estuvo ahí también y mandan cosas, pero estoy en ese grupo como estoy en otros también.

¿Hay un grupo de WhatsApp de las FPL?

Hay uno de gente que estuvo en la radio Farabundo Martí. Poco intervengo ahí, pero sí me entero de cosas porque ahí hay gente a la que yo le tengo mucho afecto y de la que quiero saber cómo están. En algunas cosas pensamos diferente, pero así es la vida, ¿no? No por eso vamos a ser enemigos, sino que simplemente cada quien mantiene su propio espacio y su distancia.

Y cuando yo le digo “Sánchez Cerén”, ¿se imagina al comandante o al presidente?

Sin duda que es el presidente del país.

Pero si cierra los ojos y le digo “Sánchez Cerén”, ¿lo ve en la montaña o lo ve dando un discurso?

Lo veo como presidente, porque en las montañas se llamaba de otro modo.

Leonel. Leonel y el nombre de él está asociado con su vida ya como un actor político importante del país. El otro nombre sí inmediatamente me remite a la persona que estuvo en el frente de guerra.

En la guerra usted le pidió salir para escribir, un permiso que le fue denegado ¿verdad?

Sí. ¿Eso está dicho en alguna entrevista?

Sí.

Ah, sí. Sí… y fue una lección maravillosa de vida. En ese momento probablemente yo estaba tan lastimado emocionalmente que si me hubieran dado permiso de salir a escribir, probablemente no hubiese vuelto a la guerra. Me dijo: “Bueno si lo que querés es escribir, ¿por qué no sos capaz de hacerlo aquí si tenés todas las condiciones para hacerlo? Todo está en tu cabeza. No le des la espalda a esto tampoco”. Y me pareció que me tocó un nervio importante y le dije “sí, tenés razón, me voy a quedar”.

¿Ese fue directamente el comandante Leonel, verdad?

Sí, directamente él fue. Yo no viví esos procesos como una persona que me sintiera perseguida por escribir ni nada semejante. Sino, más bien, yo estaba sometido a una disciplina que era necesaria. Ahí cada quien tiene que jugar a la parte que le toca y a veces renunciar a las cosas que apetecen porque estás metido en una causa que requiere que tengás una disciplina sostenida.

¿Ha habido un punto en la historia política del país donde usted haya empezado a ver un mayor apoyo hacia la literatura o no se ha dado ese giro?

No se ha dado ese giro. Sin duda esta es una opinión sesgada. Yo participé de un momento en el que hubo una especie de renacimiento de los esfuerzos culturales que fue recién pasada la guerra, cuando se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se pone al frente de él a una persona extraordinaria como Roberto Galicia y yo tengo la suerte de que él me lleve a trabajar con él a dirigir la editorial del Estado. En ese momento el país estaba en otras condiciones, no tenía el nivel de endeudamiento que tiene ahora. Estamos hablando de 1996 al 2000, aproximadamente, o más, 2004. Ahí fue cuando se hizo la colección de la Biblioteca Básica de Literatura, se hizo la Colección Orígenes, se hizo la Colección de Teatro. Fue un florecimiento, una apertura de aire fresco.

¿En los últimos dos gobiernos usted ha visto algo similar o alguna intención?

Ni en los dos últimos, ni en los tres últimos, ni en los cuatro últimos probablemente. La Dirección de Publicaciones ha entrado en una especie de crisis. El modelo de gestión de la editorial tiene que cambiar radicalmente.

¿Cómo es que usted logra publicar dos libros en 1988 en medio de la guerra?

Publico “El pozo del tirador” y también “Trespájaros de un tiro” y, al año siguiente, publico “Pájaro y volcán”. Los dos primeros en la Universidad de El Salvador y el segundo en la UCA Editores.

En 1988 estamos hablando de un año complicado, ¿cómo hacía para enviar los textos?

“El pozo del tirador” fue un libro que yo dejé hecho antes de irme a la guerrilla. El proceso de producción tomó bastante tiempo. En el caso de “Trespájaros de un tiro” es un libro que yo produje allá. Una guerra es un espacio y una condición que también está caracterizada por momentos de cierto ocio. No todo el tiempo estás enfrentando situaciones bélicas arriesgadas, sino que también en esas zonas se produce una vida cotidiana.

“Tres pájaros de un tiro” lo hice con el apoyo de una extranjera que estaba en la zona de Chalatenango, que tenía contacto con la UCA y me transmitió la idea. “Mirá, en la UCA tienen interés en publicar algo con la literatura que se está produciendo en el frente de guerra, no sé si te interesa”. Escribí a mucha gente que sabía que estaba escribiendo para comenzar a coleccionar eso. Fueron llegando los poemas a mis manos en mensajes, en papeles doblados y todo eso. Traté de buscar poesía que no fuera la más panfletaria, sino también la poesía que tenía que ver con los conflictos personales, las pérdidas, el romanticismo presente en las relaciones. Esa colección se convirtió en ese libro.

¿Cómo la envían a la UCA?

Había vasos comunicantes impresionantes por todo el país de todos los frentes de guerra. Me iban llegando los puchitos. Alguna gente mandó cosas que no recibí, seguramente. Hago dos copias, una la compilo y se la hago llegar a la editorial. La persona que apoyó esto fue el padre Ignacio Ellacuría.

En sus textos aparecen las mujeres como combatientes, como mujeres aguerridas, como amantes. La académica Jocelyn Viterna dice “la participación de las mujeres fue fundamental para el éxito del FMLN”, pero luego dice “la participación de las mujeres en promedio, benefició más al FMLN que a ellas”. ¿Cuál es su lectura de las tareas que realizaban las mujeres en los campamentos guerrilleros?

Bueno, ya casi no estamos hablando de literatura… Nos hemos salido un poco…

Sí, pero después podemos volver…

Okay, voy a tratar de hacerlo llegar a la literatura. Creo que el proceso del movimiento armado salvadoreño en algunas cosas fue de mucha innovación en las relaciones entre géneros y en otras fue también un reflejo de la sociedad en la que nació. Muchos de los roles de género se reproducen en el mundo de la guerrilla y otros cambian. La presencia de mujeres al frente de tropa o al frente de colectivos políticos importantes ocurre, pero era una proporción menor.En general las tareas que les eran otorgadas a las mujeres reproducían en buena manera los roles y estereotipos de género de la sociedad salvadoreña y los dominantes en general: cocineras, enfermeras, educadoras. Había hombres, pero la mayoría de las personas que hacían esto eran mujeres. En la cocina, sin embargo, es un espacio muy complejo. La cocina necesitaba un equipo de abastecimientos, las personas que se encargaban de ir a recoger maíz, frijoles, sal, azúcar, café, era un trabajo que le tocaba fundamentalmente a hombres. La recolección de leña era compartida por hombres y mujeres, pero la hendidura de leña con hacha era un trabajo que le correspondía a los hombres. La cocina no es solo la preparación de los alimentos.

Creo que hubo alguna desventaja de parte de las mujeres en la situación de guerra. No faltaron desde luego casos en los cuales hubo personas que trataban de aprovecharse de su posición para acercarse a ellas. Se dieron muchos casos de este tipo, sin duda, pero también se dieron casos en los cuales había una actitud bastante firme para tratar de que esas cosas, si eran conocidas, no se toleraran. Pero también hubo tolerancia en otros casos. En “Camino de hormigas”, una de las historias que yo cuento tiene que ver con una persona que es acusada de hacer uso de su poder para seducir a una muchacha, el conflicto se desarrolla en esa circunstancia.

Bueno, termina la guerra, usted se sale del partido y se va a Nueva York. Debió haber sido un cambio sorprendente. ¿En algún momento temió sentirse como traidor?

Quizás no. Estaba convencido de que ese momento para mí era un momento crucial en el que tenía que volver a la literatura.

Lo que más me afecta en ese momento no es lo que los demás te dicen como lo que te dice tu conciencia, porque después de haber estado tanto tiempo metido en eso uno no deja de sentir: ¿Estaré haciendo lo correcto? Hay un comisario interno que dentro de ti te está diciendo que le estás dando la espalda al pueblo para hacer un trabajo que es tuyo, literatura… que podría ser casi que un bien ostentoso.

¿Escribir era su prioridad?

Esa era una de mis dos prioridades.

¿Cuál era la otra?

Tomar distancia de un proceso en el cual yo sentía que había dado lo que me correspondía, un proceso en el cual sentía que comenzaban a emerger algunas diferencias.

En entrevistas con excombatientes es común que se mantengan con una actitud alerta. ¿Alguna vez la guerra abandona por completo el cuerpo?

No. Uno se va relajando, pero, para mí, el Día del Ejército o el Día de la Independencia, cuando ponen a volar los aviones Fouga o los A-37 y los helicópteros a hacer maniobra, es un día desagradable porque inmediatamente me trae la evocación de los momentos en que estábamos bajo un desembarco, que venían los bombardeos. Una situación de esas no te va a abandonar.

Claudia Cristiani dijo sobre “Camino de hormigas” que le parecía que era el comienzo del fin de la posguerra y que son las personas con un nivel de sensibilidad femenina las que están dispuestas a presentar una realidad sin vencedores ni vencidos. ¿Usted considera que existe esa sensibilidad femenina dentro de su literatura?

Tengo actitudes muy femeninas, pero tiene que ver con la estructura emocional que tiene cada uno de nosotros. Algunas veces en la guerrilla, bromeando, por mi amistad tan cercana con un compañero, insinuaban de que entre él y yo había una relación homosexual. Tengo mi parte femenina que está bastante más desarrollada, más de lo que normalmente se podría pensar para un hombre, y eso me halaga muchísimo porque una de las maravillas que tiene la mujer es la posibilidad de quebrarse, de romperse, de llorar, de enternecerse. Es una cosa que nos está negada culturalmente a los hombres.

Los roles masculinos te obligan a ser exitoso, a ser proveedor, una cosa de la que poco se habla. Esa representación de que el hombre no puede llorar, no puede romperse, no puede vaciarse, es algo que yo trato de permitírmelo. Cuando uno siente que se va a romper, tiene que romperse, y cuando uno tiene que llorar, llora. He dejado de leer poesía en público justamente por eso. Empiezo a leer mis poemas y siento que me voy a romper.

Usted ha increpado a otros escritores porque les falta “una pizca de vergüenza” a la hora de recordar la guerra. ¿Por qué intenta evitar la heroicidad en sus narraciones de guerra?

Creo que una de las cosas que nos está faltando como país para podernos reconciliar y construir un nuevo nosotros es despojarnos cada uno de sus triunfos.

Justamente lo digo sobre un libro extraordinario, “Los secretos de el paraíso”, el libro sobre el asalto al cuartel El Paraíso de este colega (Armando Salazar), una persona a la que yo le tengo mucho respeto. Lo que le faltaba ahí era pensar que no solamente estábamos demoliendo una estructura militar, sino también que estaba muriendo gente y que probablemente las madres o los hijos de estos soldados, si estaban en pobreza, posiblemente se sumergieron más en la pobreza o se vieron obligados a emigrar.

Tenemos que hacer como un twist mental al no presentar un discurso en el cual celebramos nuestras victorias para humillar al otro, al adversario que fue nuestro enemigo. Pero mientras tú sigas celebrando sin autocrítica los homicidios y el otro siga celebrando los homicidios que cometió, estamos muy lejos de encontrar el país que necesitamos.

Si yo le contara al Miguel de los ochenta que en 2017 se va a estar moviendo en un mundo de diplomacia, ¿qué cree que me respondería?

No te creería. Cuando entré a la guerra, estaba seguro de que iba a morir pronto. Era una cosa que la sentía segura. No era una persona que tenía formación militar ni nada de eso.

Leí que después de una caminata muy extenuante usted pensó en retirarse.

Sí y me pasó más de una vez. Esas cosas que decís “no voy a aguantar” y tratás de encontrar una coartada para sacarte, para liberarte. Esa vez dije “voy a romper los anteojos y ya con eso voy a poder salir”. Yo te respondería en aquel momento que no, no me veo yo metido dentro de 15 años en el mundo en el que ahora estoy. La idea que yo tenía del país que iba a surgir era una idea difusa, distinta. Uno de los sueños que yo tenía si la guerra termina y yo la sobrevivo era escribir, que era lo que más deseaba, y publicar libros.

Y sobre estas novelas que ha publicado, ¿qué es más difícil: entrar al bagaje de recuerdos o terminar de escribir y salir?

No, lo más difícil es editar la novela. Lo otro son cosas que de alguna manera vas encontrando.

Ja, ja, ¿no es un tránsito tortuoso?

No, es tortuoso en términos de proceso de creación porque comenzás a obsesionarte mucho con las cosas que estás haciendo. Luego la parte más, más, más difícil es justamente esta. Te lo confieso. Esta que estoy viviendo ahorita que la obra ya está publicada y te exponés.

Hay mucha gente que está celebrando la publicación del libro. No deja de ser un poco angustiante. Desde luego se agradece, pero es algo así como “¿Voy a defraudar?, ¿realmente este libro estará bien?”

Yo tenía muchísimas dudas con “Camino de hormigas”, tengo muchísimas dudas con este otro también. Es una experiencia completamente diferente de la producción de poesía, donde vos sabés que nadie va a entender nada –ja, ja–, que es una cosa que es un lenguaje muy críptico. Es un lenguaje que no te da ni siquiera oportunidad de conversar sobre ello. O sea: ¿conversar con un periodista sobre un libro de poesía? Es muy difícil… la narrativa te da esa posibilidad.

También te expone mucho más a preguntas. Expone personajes que se van a reconocer ahí, que están bien o mal retratados. A mucha gente no le gusta verse en los libros pintada como aparece. Me ha pasado con el libro anterior y va a pasar también con este.

¿Personas reales en las que usted se inspira y toma alguna parte y luego le dicen “no, pero yo no soy así”?

Sí.. sí, gente que se siente maltratada.

¿Pero es ficción al final?

Sí, pero ellos se reconocen ahí y dicen: “¿Por qué decís eso de mí?” Ja, ja.

¿Y qué responde usted?

Es ficción. Es complicado.

Usted dijo que “Camino de hormigas” probó suerte en siete editoriales y en cinco fue rechazada y en dos aceptada. ¿Cómo fue ese proceso con “La casa de Moravia”?

Fue diferente. En Alfaguara, después de “Camino de hormigas”, no quedaron tan desagradados aparentemente y me dijeron: bueno, ¿cuándo nos das otro libro? Lo ponen en programación y comienzan a meter un poco de presión. ¿Cómo vas con el libro? Mostranos algo. O, ¿cómo va el adelanto? Es una suerte que te digan dame otro libro… y me acaban de pedir otro ya.

 

Andrés, la tortura y el refugio

Lo tiraron al suelo y, otra vez, le preguntaron dónde estaban los pandilleros que habían huido más temprano en este municipio de San Salvador. Andrés (nombre ficticio), quien entonces tenía 16 años, les dijo que no sabía las respuestas que tanto esperaban. Interrogadores e interrogado avanzaron por un trecho más del camino, lleno de polvo, golpes y empujones.

Cerca de un potrero, pararon la marcha y tomaron unas botellas plásticas llenas de agua. Vaciaron el contenido en su nariz y boca para dificultarle la respiración. El muchacho siguió negando que supiera lo que requerían de él.

Lo golpearon otra vez y lo arrojaron al suelo. Uno brincó sobre su estómago por algunos segundos, que al joven se le hicieron largos en un dolor que abarcaba toda el área abdominal y la parte baja de la espalda. Le decían que él era uno de los que había corrido más temprano en la mañana. También que lo asesinarían y que su cuerpo descansaría, finalmente, en un pozo.

Tres más se acercaron al sector. Uno de ellos le mostró a Andrés, por medio de su teléfono celular, la foto de un pandillero asesinado. Le pidieron que confirmara su nombre. El muchacho afirmó que no lo conocía. Le señalaron, entonces, un cerco cercano y le ordenaron que caminara hacia allá.

Un hombre vestido de civil, con un arma al cinto, le preguntó sobre el lugar donde la estructura criminal que aún tiene presencia en el sector había escondido las armas. La respuesta de Andrés fue la misma. Sintió que una persona se le acercó desde atrás para colocarle una prenda alrededor del cuello. La apretó con violencia, como para asfixiarlo. El proceso duró, aseguró Andrés, media hora.

Otro hombre vestido de civil le preguntó una vez más por el paradero de los pandilleros, mientras otro le daba puñetazos en el estómago. Desesperado, afirmó que había escuchado que sus vecinos en el cantón habían dicho que los pandilleros huyeron hacia una quebrada determinada. Le tomaron la palabra y fueron a buscar, con Andrés como guía. No encontraron nada. Se sintieron engañados. Por ello, a su regreso le metieron la cabeza repetidas veces en un contenedor con agua que acercaron al lugar.

La amenaza de muerte se repitió. Uno de los que lo interrogaban tomó arena en sus manos. Le dijo que abriera la boca, a lo que se negó. Otra persona lo obligó a hacerlo con una patada en el pecho y los granos entraron en su cuerpo. Lo golpearon y lo arrojaron el suelo para brincar sobre él. Luego le apretaron los ojos, “como si se los quisieran sacar”. Fue una de las acciones que más dolor le causó. Quienes hacían eso le dijeron que lo iban a matar, que nadie en ese lugar desolado escucharía sus ruegos. Los responsables de infringirle dolor a Andrés no pertenecían a ninguna estructura criminal. Eran miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.

El proceso de la tortura duró más de cinco horas. La novedad de su captura se reportó a las 10 de la mañana. No llegó al puesto policial de Rosario de Mora sino hasta después de las 3 de la tarde. Casi al final, Andrés les pidió que lo mataran o que lo llevaran a la cárcel, que le pusieran el delito que les placiera. Un soldado dijo que no valía la pena gastar balas en él, que lo matarían poco a poco hasta que su vida se apagara como una llama.

Lo subieron a una patrulla. Pero la amenaza no fue tal y, más bien, llegaron al puesto policial de Rosario de Mora, donde lo acusaron por el delito de resistencia a la autoridad. Allí le colocaron unas apretadas esposas, que lo hirieron con su metálico e insistente abrazo.

Pasó en una bartolina policial, junto a adultos, por dos días, hasta que lo liberaron. Tras ello, dijo el joven, fue remitido al CONNA, pero en esta última institución no tienen un registro sobre ello, quizá porque inmediatamente dieron con su madre.

Lo anterior es parte del testimonio de Andrés que está incluido en expedientes abiertos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y en la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas instituciones han encontrado suficientes indicios para iniciar investigaciones.

Andrés fue detenido por dos días y medio sin que para ello mediara una orden de captura en su contra o siquiera la sospecha de un delito. Los agentes y soldados lo torturaron antes de detenerlo para obtener de él una información que desconocía: cómo estaba conformada la pandilla que opera en la zona, dónde estaban las armas que esa estructura ocupaba para cometer sus crímenes.

La mañana del 4 de mayo de 2016, un comando de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) y otros cuerpos de seguridad realizaron un operativo en El Carrizal, el cantón donde residía en Rosario de Mora. Muchos de los pandilleros que tienen presencia en la zona huyeron despavoridos ante los uniformados.

A las 10 de la mañana de ese mismo día, su madre, Hortensia (nombre ficticio), fue interceptada en la calle por un grupo de policías y militares. Le preguntaron por sus hijos adolescentes. Ella respondió que uno de ellos había desaparecido desde hacía meses. El otro, dijo, estaba en su casa. Se trataba de Andrés.

Dijeron que la acompañarían hasta su vivienda, pues solo deseaban hablar con el muchacho. Al llegar allí, Andrés se encontraba con las ropas sucias, trabajando en la preparación de lodo para reparaciones de su vivienda. Allí lo capturaron.

PNC Y FAES BAJO LA LUPA

Los mapas representan el total de investigaciones iniciadas en la FGR a partir de denuncias contra miembros de la PNC y la FAES, desde enero de 2013 hasta marzo de 2017. Cada punto corresponde a un caso diferente.

Después de ser liberado, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) decidió apoyarlo jurídicamente en su proceso de denuncia. La institución ya era conocida por Hortensia, madre de Andrés, porque ella asistía a las reuniones de apoyo a familiares de desaparecidos que la institución todavía organiza por el caso de su otro hijo, de quien todavía hoy no tiene noticias. La ONG también apoyó al muchacho llevándolo ante un médico particular para comprobar su estado de salud.

Un médico general, que pidió no ser identificado para este reportaje, extendió un certificado para que pudiera ser usado, luego, en una denuncia. Allí escribió que Andrés presentaba “múltiples traumas” en el cuerpo, así como un “edema en la frente con leve equimosis por trauma”. El doctor hizo hincapié en un área específica, los ojos: afirmó que estos tenían una leve disminución en la agudeza visual, pues había una hemorragia conjuntival, tanto interna como externa, en las dos membranas delgadas que cubren la superficie interna del párpado y la parte blanca del globo ocular, como define la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a las conjuntivas oculares. El efecto era más fuerte en el del lado derecho. Quizá como consecuencia de aquella acción descrita por Andrés, en la que sentía “que le sacaban los ojos”. El médico recomendó que lo revisara un especialista en oftalmología.

“En miembros superiores, marcas lineales horizontales con costras hemáticas y edema en ambas muñecas por probable colocación de esposas”, escribió el doctor en referencia a aquellas marcas que mostró en unas fotos y un video que le realizó la organización Amnistía Internacional, apenas unos días después de que los hechos ocurrieron, para denunciar su caso. La evaluación fue ratificada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de uno de sus médicos, quien hizo un examen pericial de rutina parecido al que hace un forense. Una evaluación más fue realizada a Andrés por la doctora Nuria de Escobar, del Instituto de Medicina Legal.

A petición de ASDEHU, la PDDH hizo algunas diligencias más. Además de tomar los testimonios, miembros de la institución acompañaron al adolescente y a su madre en un reconocimiento de fotografías de los presuntos culpables y a una inspección ocular al lugar de los hechos hecha por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil. Andrés y su madre creyeron que esa era la única forma en que se protegería su integridad. Esa fue la última vez que ambos pusieron un pie en el sitio que antes llamaban hogar.

Encontrar el expediente del caso de Andrés ha sido complicado en esta sede fiscal, la de San Marcos, donde él y su madre pusieron la denuncia por primera vez. El jefe de la oficina digita el número de referencia para encontrarse con que el expediente ha sido archivado. “Quizá las personas vinieron a retirar la denuncia o se archivó por falta de pruebas”, comenta, atento a la pantalla.

Escarba un poco más entre carpetas electrónicas y ubica un memo de incompetencia emitido por la fiscal que anteriormente llevaba el caso. El mismo fue trasladado a otra sede fiscal para que fuera conocido por personal ajeno a esta oficina.

“Ah, ya sé de cuál me está hablando, el de un cipote al que le jodieron los ojos”, comenta el jefe, al tiempo que levanta el teléfono para hacerle una llamada a la anterior fiscal asignada a ese caso y certificar su afirmación.

Según el jefe fiscal, decidieron que no era conveniente hacerse cargo del proceso, pues después de comprobar quiénes son los agentes que pertenecen a esa patrulla, se dieron cuenta que eran los mismos con los que trabajan todos los días.

“Consulté con un superior sobre esa decisión y me dijo que estaba bueno, ‘no vaya a ser que después la agarren contra ustedes’, me dijo… El problema es que algún fiscal de aquí lo iba a llevar, y no era descabellado tampoco que le hiciera lado”, comenta el jefe.

La decisión, al parecer, también se tomó por otros hechos denunciados por Hortensia, la madre de Andrés. Tres semanas después de poner la denuncia, recibió una llamada en su teléfono celular. La voz, que no se identificó, le preguntó sobre su nueva dirección en San Salvador y la invitó a llegar a una reunión en la colonia San Benito, donde tendrían una entrevista. La cuestionó, también, sobre las personas que posiblemente le servirían como testigos del caso. Como del otro lado no se identificaron, Hortensia no accedió.

Seis días después recibió una nueva llamada. La voz del otro lado no era la misma que la de la ocasión anterior. Esta vez el investigador sí se presentó. En la entrevista que arreglaron, Hortensia preguntó por la llamada y mostró el número, al que el agente identificó como perteneciente a la Policía. Les dijo que se trataba de algo irregular, pues él era el único al que se le había encargado realizar diligencias en el caso.

Ahora este es visto en una sede fiscal diferente, ubicada en otro municipio del departamento de San Salvador. El profesional al que le ha sido asignado afirma que es la primera vez que ve que algo como esto pasa, aunque, por ser fiscales “tienen jurisdicción en todo el país”. Dice que el caso está avanzando y que es posible que muy pronto llegue a los tribunales. Sus palabras, semanas después, resultarán ciertas.

Esta, remarca el fiscal, no es la primera vez que le toca investigar policías en su tiempo dentro de la institución.

“Son indagaciones muy complejas, pues uno debe investigar a aquellos que corrientemente son los indicados de perseguir el delito”, comenta, al tiempo que señala la conveniencia de no trabajar con investigadores comunes, sino con miembros de la unidad de Asuntos Internos de la PNC, un departamento creado, específicamente, para encargarse de aquellos que se salen del redil de la legalidad.

El procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría, opina que esta manera de actuar, la de delegar la investigación en elementos no vinculados con esta, debería ser la forma corriente para tratar este tipo de situaciones.

Va un poco más allá con la crítica, y afirma que es un sinsentido que sea la PNC la única institución que cuente con un laboratorio técnico científico, por lo que es imposible, al menos en este aspecto, tener un punto de vista más allá que aquel que tiene la Policía.

“Claro que en la PNC tratan de llevar las investigaciones de la manera más independiente posible, pero también es verdad que hay fallas, fraudes, omisiones, negligencias, problemas en la cadena de custodia, alteración de la escena. Lo hemos comprobado en varios casos”, comenta Alegría.

Otro elemento a tomar en cuenta en el caso es que la víctima de los malos tratos y de la tortura es un menor de edad, un grupo etario que, por su condición de vulnerabilidad, es sujeto de medidas de protección especializadas. Las mismas que no se le brindaron a Andrés con el simple hecho de no colocarlo en un área diferenciada a la de los adultos.

El jefe fiscal de la oficina donde Andrés y su madre pusieron la denuncia justifica la medida por las dificultades de actuar sobre el terreno y determinar si un joven es un menor de edad. Sin embargo, Vanessa Martínez, subdirectora de Derechos Individuales del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), rebate lo anterior con un concepto contemplado en la LEPINA: Si una autoridad tiene dudas sobre si una persona es menor de edad, debe tratarla como un menor de edad, sin excepciones. Lo mismo ocurre con la disyuntiva entre si es un adolescente (mayor de 12 años) y un niño.

Según la funcionaria, la institución a la que pertenece ha recibido, desde enero de 2014 a julio de 2016 (último mes contabilizado), 81 casos de abusos de autoridad durante detenciones a adolescentes por parte de la PNC, para las que se realizó una investigación sobre los derechos vulnerados. La Fuerza Armada acumula 15 casos. En ocho más, el cuerpo de seguridad del Estado no está definido.

Cuando ha sido consultado por casos similares a los de Andrés, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, ha remarcado su confianza en que la actuación de sus hombres, su uso de la fuerza, siempre ha estado enmarcada dentro de la ley. Ese ha sido el discurso sostenido por Cotto desde que asumió el mandato a inicios de 2016. Uno que se opone a las observaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirmó en su último reporte en la materia que las autoridades del país “a veces fracasaron para mantener un control efectivo sobre sus fuerzas de seguridad”

El mismo informe también señaló la existencia de casos en los que algunos agentes de la Policía han implantado droga a jóvenes para detenerlos y armar un caso en su contra. Una vez detenidos los han torturado a través de golpizas para obligarlos a que revelen información sobre los pandilleros de las colonias o cantones donde residen, se afirma en el documento.

JURAMENTACION DE 280 NUEVOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL LOS CUALE FUERON JURAMENTADOS POR EL MINISTRO DE SEGURIDAD RENE FIGUEROA Y EL DIRECTOR DE LA PNC. 23/12/2007
foto LPG por Alvaro Castaneda
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La opinión de Cotto, sin embargo, no difiere de la del resto de autoridades relacionadas con la seguridad en El Salvador, como el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. En una entrevista publicada por LA PRENSA GRÁFICA el 29 de marzo, el funcionario habló de la posibilidad de una ley que le permita a los elementos de la Fuerza Armada enfrentar “con fuerza a la delincuencia y sin ningún temor de ser acusados de violar los derechos humanos”. Él, quien es el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública que impulsó la tregua entre pandillas en El Salvador.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene entre sus asignaturas ser vigilante de las actividades de las otras instituciones del Estado, no cuenta, porque lo contrario la transformaría en una especie de súper poder, cualidades vinculantes. Es decir que sus pronunciamientos no tienen capacidad de coerción, y los responsables de la entidad denunciada pueden elegir, a su arbitrio, si acatan o no los señalamientos. Eso, por lo tanto, hubiera pasado con las 1,260 denuncias que fueron presentadas ante la PDDH en 2016 en contra de miembros de la PNC si esta se hubiera pronunciado con respecto de cada una. O con las 146 en contra de soldados de la Fuerza Armada. No pasa lo mismo con la Fiscalía General de la República, que tiene el monopolio de la investigación penal en El Salvador.

Solo en 2016, la FGR inició procedimientos de investigación por denuncias (otro porcentaje lo representan las indagaciones iniciadas de oficio) para 527 casos en contra de algún agente de la Policía Nacional Civil, según datos de la institución obtenidos mediante una petición de acceso a la información pública. No todos se refieren a problemas de abuso de autoridad o de excesivo uso de la violencia, aunque sí la mayoría.

Por ejemplo, denuncias por el delito de lesiones hicieron que se generaran 87 procesos investigativos (casi uno por cada cinco del total), un número muy similar al de las amenazas, que fueron 90. El tercero en la escala es el de hurto, con 42; el cuarto, el de actos arbitrarios, con 26; y el quinto, el de privación de libertad, con 22. Solo estos cinco crímenes ocupan más del 50 por ciento de todos los delitos en una tabla que contiene 138.

Los números referentes a la Fuerza Armada en cuanto a investigaciones iniciadas en 2016 contra alguno de sus elementos son considerablemente menores, con 81. Los delitos más repetidos en este caso son los de lesiones (17) y amenazas (19), una quinta parte del total. Si se observa el comportamiento histórico de las cifras referentes a la Policía Nacional Civil desde 2013 hasta la fecha, se comprueba un aumento sostenido, desde 370 en 2013, el último año de la tregua entre pandillas, hasta 527 en 2016. El resto de datos son 398 en 2014, 471 en 2015 y 110 en los primeros tres meses de 2017.

El total de investigaciones iniciadas durante este periodo dentro de la FGR contra miembros de la PNC es de 1,876, una media de 441 por año. El número total de policías dentro de la corporación en la actualidad es de 23,500, es decir que hay una denuncia que ha iniciado una investigación en la Fiscalía General de la República por cada 20 agentes.

La FGR, por otro lado, guarda un registro de los denunciantes contra policías y miembros de la Fuerza Armada que es un poco menor que el de investigaciones iniciadas, que se coloca en 1,452. De estas 663 son hombres y 650 son mujeres. A 139 se les coloca, simplemente, en el ítem “indeterminado”. En todos los años de la muestra consultada (2013-2017) solo en 2015 el sexo femenino superó al masculino, con 210 contra 177. El departamento que más investigaciones iniciadas acumula en ese mismo periodo es San Salvador, con 692, más de una tercera parte del total. El municipio que ocupa el primer lugar a escala nacional es la capital del país, con 332, es decir que 9 de cada 50 casos iniciados por la FGR corresponden a esta ciudad, lo que se explica gracias a su mayor población y a la mayor cercanía de instituciones para denunciar. Los siguientes lugares los ocupan Apopa, con 56, y Ahuachapán, con 52.

En una nación en la que, según el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, solo en 2016 se registraron más de 500 presuntos enfrentamientos entre pandilleros y miembros de la corporación que él dirige, resulta llamativo que la FGR solo haya iniciado dos investigaciones por el delito de asesinato en el mismo periodo. Ambas están referidas a homicidios simples, para los que corresponde una pena de 15 a 20 años de prisión.

La correspondiente al asesinato de Dennis Alexánder Hernández, registrado en la finca San Blas de San José Villanueva el 26 de marzo de 2015, por parte de agentes de la PNC, se sigue por el delito de homicidio agravado. Pero fue iniciada de oficio, es decir que no medió una denuncia para ello. El código penal establece que un hecho se puede definir como tal “cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad”. La pena para este último es de 30 a 50 años de prisión.

Desde 2013, la FGR ha iniciado otros dos casos por homicidio contra miembros de la PNC, uno simple y otro agravado, ambas en 2014.

ASDEHU, la ONG que decidió apoyar jurídicamente el caso de Andrés, no salió indemne tras ponerse manos a la obra en el proceso. Algunos de sus miembros fueron intimidados por, presuntamente, miembros de la Policía Nacional Civil, según denunciaron ante la sede fiscal de San Salvador.

Las acciones en su contra comenzaron, según la denuncia presentada, cuando Andrés todavía se encontraba privado de libertad. Personal de la organización se presentó ante el puesto policial del municipio donde antes vivía el joven para preguntar por su paradero. No recibieron ninguna respuesta, declararon, y más bien se les pidió que se retiraran “si no querían que les pasara lo mismo por andar defendiendo pandilleros”. Cuatro meses después, uno de los miembros de esta asociación fue interceptado en el Centro Judicial Isidro Menéndez por un hombre de lentes oscuros, vestido de saco, que lo llamó por su nombre. En la denuncia afirma que se paró frente a él, abrió su saco mostrándole el arma que tenía a la altura de la cintura y, en el otro extremo, una placa de policía. Le advirtió de la poca conveniencia de continuar con el caso, pues ellos “no dejarían perder a un compañero”.

Ese mismo mes, las presiones continuaron, según la denuncia, pues existieron dos situaciones más de amenaza: una, en la que uno de los miembros de la asociación se percató que un vehículo lo siguió por un largo trecho cuando iba a recoger al colegio a uno de sus hijos; y otro más en el parqueo de un edificio comercial, donde un hombre, que reveló explícitamente sus intenciones, lo persiguió hasta el lugar donde estaba su vehículo.

Por la misma situación, algunos miembros de la organización ya no trabajan para esta. La denuncia continúa activa en la sede fiscal de San Salvador, aunque no hay mayores avances en la investigación.

***

En el video realizado por Amnistía Internacional días después de que ocurrieron los hechos, Andrés termina su historia remarcando el consejo que recibieron: no vuelvan nunca al lugar de donde salieron, busquen otro sitio donde vivir. Él y su madre lo tomaron casi al pie de la letra.

La asociación que los apoyó jurídicamente, ASDEHU, les consiguió un cuarto en otro municipio de San Salvador para que pudieran estar seguros. Alguien les ayudó para solo tener que pagar los servicios básicos mientras las aguas se calmaban. Pero estas nunca llegaron a su nivel original. La única vez que regresaron a Rosario de Mora fue para una inspección ocular hecha por la Fiscalía General de la República y la División de Asuntos Internos de la PNC, en la que fueron acompañados por la PDDH.

La ONG comenzó, por tanto, el proceso para conseguirle una llegada segura a otro país. Así, Andrés se convirtió en parte de las estadísticas que ACNUR manejó en la primera mitad de 2016 sobre personas originarias de El Salvador que solicitaron refugio en un país diferente al suyo: 43,627.

Tuvieron que pasar unos meses antes de que la solicitud se hiciera efectiva. El muchacho al que un grupo de policías lesionó y torturó durante dos días y medio en el municipio donde nació, era entonces recibido por un país diferente al suyo en calidad de refugiado, uno más de los 16,929 salvadoreños que actualmente están en esa situación.

En el país, son organizaciones no gubernamentales como el IDHUCA o la misma ASDEHU las que se dedican a gestionar solicitudes de asilo en otras naciones. Sus contrapartes son los estados receptores y otras organizaciones no gubernamentales.

Desde el Estado salvadoreño no hay una institución que apoye a los ciudadanos en necesidades como esta. La PDDH se limita a proveer información, previa denuncia en la entidad, para documentar una solicitud.

“Cuando pedís refugio en un país diferente del tuyo estás huyendo del Estado. Estás diciendo ‘el Estado no es capaz de darme seguridad, necesito que ustedes protejan mi vida’. Por eso sería un contrasentido que existiera una institución dedicada, precisamente, a eso. Es como reconocer que se ha fracasado”, comenta el procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría.

Desde el lugar donde reside ahora, Andrés y su madre, Hortensia, esperan que el proceso llegue algún día a los tribunales. Entonces será cuando se enfrentarán cara a cara, en la manera que disponga el hipotético juzgado, a las mismas personas que hace menos de un año lo golpearon, saltaron sobre su estómago, intentaron “sacarle los ojos” y lo mantuvieron preso en una bartolina durante dos días por un delito que no existió. Las mismas personas por las que ahora debe residir, si quiere conservar su vida (como lo reconoció un Estado extranjero), a miles de kilómetros del sitio al que algún día llamó hogar.

El viernes 31 de marzo, el día de cierre de este reportaje, el caso fue judicializado en el juzgado de Paz de Rosario de Mora. La Fiscalía acusó a dos investigadores de la Policía Nacional Civil, uno por el delito de tortura y el otro por fraude procesal. Para ambos se giraron órdenes de captura.

El imputado por tortura fue el único al que Andrés pudo identificar en un reconocimiento de fotografías, pues los otros usaron máscaras. Señaló que fue uno de los que más lo golpeó e intentó asfixiarlo con una prenda alrededor del cuello. Según el fiscal asignado al caso, es un exmiembro de la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO).

La otra persona acusada fue la encargada de llevar a Andrés desde el lugar donde lo torturaron al puesto policial de Rosario de Mora para su detención, para la que pidió que se encargaran otros dos agentes, que testificaron lo anterior en entrevistas. Señalaron como irregular el hecho de que a Andrés le hayan imputado el delito de resistencia. El caso pasó a la fase de instrucción, que será vista en un juzgado de San Salvador.

El juez de Paz de Rosario de Mora decidió decretarle detención provisional al acusado de tortura y darle medidas sustitutivas al otro, para el que cambió la tipificación del delito a privación de la libertad. El juez ha dictaminado la reserva del caso porque la víctima es, todavía, un menor de edad.