En Bolivia aumentan las esterilizaciones ilegales en adolescentes

Aumento. El Hospital Maternológico Germán Urquidi de Cochabamba; el Centro Kolping 15 de Diciembre, de Santa Cruz; el Hospital Materno Infantil Reidum Roine, de Riberalta, destacan por la regularidad en las esterilizaciones.

Karmiña, una niña de 13 años, llegó el 15 de enero de 2017 al Hospital Boliviano Holandés, en El Alto, acompañada de sus dos hermanas. El diagnóstico de ingreso registra que tenía una lesión quística en el ovario derecho y una infección en el tracto urinario. Tres días después, Karmiña abandonó el hospital con una ligadura de trompas. En la estadística nacional se anotó como un caso más de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

Los indicadores de salud registran esterilizaciones a adolescentes como método de anticoncepción. Entre 2015 y hasta julio de 2017, suman 285 casos practicados en menores de 19 años de edad, principalmente en los centros y hospitales públicos de las capitales y ciudades intermedias. También se contabilizan intervenciones quirúrgicas en menores de 15 años. Santa Cruz (68 casos), Beni (58) y Cochabamba (57) son los departamentos con mayor número de esterilizaciones, mientras que Oruro y Tarija registran menos de una decena cada uno en la sumatoria de los últimos tres años.

Esa información está en la historia clínica de Karmiña. Ni la niña ni las hermanas firmaron el consentimiento informado para una esterilización definitiva. Las firmas de las hermanas están, eso sí, en el documento de hospitalización que les informa que, entre otras cosas, la niña podría ser examinada por estudiantes y docentes universitarios con fines de investigación.

Su caso se cuenta entre las cuatro esterilizaciones realizadas en el departamento de La Paz este año; dos de ellas practicadas en el Hospital Holandés. La mayoría de las esterilizaciones en adolescentes ocurren en el sistema de salud pública, en centros dependientes del Ministerio de Salud y dentro del programa de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

Los datos oficiales del Ministerio de Salud de Bolivia reportan, además de los 285 adolescentes, otras siete niñas menores de 15 años de edad esterilizadas en los últimos tres años.

Las salpingoclasias o ligaduras de trompas se registran como AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) en el sistema estadístico.

En el caso de Karmiña hubo una equivocación de registro, explica el director de Gestión de Calidad del Hospital Holandés, Marco Colque, quien dice que el procedimiento no debió ser anotado como “AQV femenina” porque la esterilización no fue bilateral (mantiene fertilidad en el ovario derecho) y ocurrió como respuesta a una emergencia médica.

Marco Colque asegura, además, que el Hospital Boliviano Holandés no ofrece ese servicio de anticoncepción ni siquiera a mujeres adultas, y solo procede con la esterilización quirúrgica por necesidad médica ante una patología o una emergencia.

Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Salud muestran una regularidad en ese procedimiento: 97 esterilizaciones a mujeres adultas en 2017 (junio), 140 en 2016 y 145 en 2015.

Ocho historias clínicas

En el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, de Cochabamba, no niegan ni relativizan que existan las esterilizaciones a menores de 19 años. Sin revisar los archivos de las pacientes, el ginecólogo y jefe de Servicio de Quirófano, Mario García, explica que es posible que las estadísticas estén reportando los casos de esterilización practicada a adolescentes con VIH, con alguna enfermedad grave o con deficiencia intelectual.

“Cuando la paciente es portadora del VIH, en ella sí está indicado hacer la ligadura. Cuando tiene un niño, se hace la ligadura bajo consentimiento informado, con (participación de) la pareja y los papás (…)”, dice.

Sin embargo, el reglamento de la Ley 3729 refiere que “bajo ningún concepto se podrá inducir, presionar u obligar a una PVVS (persona viviendo con VIH/sida) a someterse a un procedimiento de esterilización”, con lo cual se estaría incumpliendo la Ley para la Prevención del VIH, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH-sida, aprobada en 2007.

En pobreza. Las adolescentes sometidas a este procedimiento son, por lo general, de escasos recursos y de baja escolaridad.

En casos de discapacidad mental, explica el doctor García, “generalmente la defensoría hace la solicitud de ligadura de la paciente, en menores de edad, bajo consentimiento informado de los papás, en este caso no tienen pareja. Pero a veces no tienen ni papás, no tienen familia, son pacientes de la calle, indigentes, entonces se hace con trabajo social, con el director del hospital y con el gestor de calidad; todos ellos analizan, autorizan y se procede a la ligadura”.

El archivo del Hospital Germán Urquidi muestra ocho historias clínicas de 2016 y 2017 donde se registran AQV. Tres cirugías de esterilización se practicaron en adolescentes con VIH, dos a personas con discapacidad (una auditiva y una con displasia de cadera), una por paridad satisfecha (tres hijos) y dos más a adolescentes sin problemas de salud reportados.

A sus 16 años, Patricia es sorda, como sus padres, y, según reporta el hospital, ella misma y su madre han pedido una esterilización. La psicóloga describió a la adolescente como “inestable emocionalmente” y con un gran aburrimiento porque no se comunica con nadie.

Los consentimientos informados rubricados por las adolescentes se leen con dificultad porque están fotocopiados casi sin tinta; la mayoría lleva la firma y la huella digital de la paciente, pero varios de ellos carecen del nombre y la fecha.

Beatriz tiene 18 años de edad, tres cesáreas, está en unión libre y se ocupa de las labores de casa. Ha firmado un consentimiento informado que no lleva su nombre ni la fecha, y un médico escribió específicamente: “Paciente solicita salpingoclasia bilateral, refiere que le dijeron que es muy joven pero pese a eso solicita la ligadura junto a su pareja”.

Inés solo ha completado la primaria, es huérfana de madre, ha desertado de la secundaria y tiene VIH. Su breve historia dice que vivió con su pareja en el Chapare por unos meses, y al sufrir violencia retornó al hogar paterno. El consentimiento informado está firmado por su padre y por ella, ambos además imprimieron sus huellas digitales.

Las historias breves se repiten con más o menos matices, como el caso de Irene, de 18 años, que ha cursado hasta quinto de primaria, está dedicada a labores de casa, es portadora de VIH y dependiente de su madre que se dedica a la limpieza. “No conoce su dirección exacta”, dice el documento médico.

Las adolescentes viven en Colomi, Quillacollo o Sacaba, algunas tienen una trayectoria migratoria del campo a la ciudad y el reporte sobre su vivienda es casi similar en la descripción de que toda la familia habita en dos o tres cuartos.

Un número extraño de vasectomías

De retorno en el departamento de La Paz, a 23 kilómetros del Hospital Holandés está el Hospital Municipal de segundo nivel de Viacha. Las estadísticas dicen que allí, en julio de 2015, se practicó la vasectomía a 16 varones menores de 19 años.

Antes de ingresar al hospital, una reforzada señal de la ONG Marie Stopes guía con insistencia hacia dos consultorios, separados del edificio, donde funciona una campaña gratuita de anticoncepción: implante subdérmico para mujeres.

El incremento en las cifras del embarazo adolescente es una preocupación para las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Oficialmente en Bolivia hay 18 % de adolescentes que son madres o que están embarazadas, aunque esa cifra no ha sido actualizada desde 2008.

Ya en la segunda planta del Hospital de Viacha, el director Eugenio Espinoza es incrédulo sobre los 16 casos de adolescentes esterilizados. “Si ni siquiera se da en hombres adultos… Por qué no hablamos mejor del incremento de casos de VIH”, dice sin dar importancia al tema y antes de autorizar una revisión de los libros de registro de julio de 2015.

La búsqueda de los libros no es fácil. El funcionario de Estadísticas se guía por una clasificación que solo está en su cabeza. Un tanto gracias a su memoria y otro tanto gracias al azar, va encontrando los libros de registro de ese año. El cuaderno diario, de julio de 2015, de servicios de anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual y del cáncer cérvico uterino está vacío en las casillas de AQV.

El formulario de llenado manual que resume julio de 2015 ha desaparecido, al igual que el reporte mensual (REPES) que el hospital envía al gobierno municipal con el objetivo de reportar los costos de los servicios prestados y recibir un reintegro de 100 Bs. por intervención de AQV.

En los consultorios del mismo hospital, una leve tos hace que la ginecóloga Ana María Apaza se disculpe diciendo que la fábrica de cemento quita el filtro por las noches, lo que también puede explicar la bruma gris que rodea a la ciudad y que es visible desde la carretera. La doctora está sorprendida de la estadística de 16 casos: “Es raro el varón que decida una vasectomía”.

En casos de discapacidad mental, explica el doctor García, “generalmente la defensoría hace la solicitud de ligadura de la paciente, en menores de edad, bajo consentimiento informado de los papás, en este caso no tienen pareja. Pero a veces no tienen ni papás, no tienen familia, son pacientes de la calle, indigentes, entonces se hace con trabajo social, con el director del hospital y con el gestor de calidad; todos ellos analizan, autorizan y se procede a la ligadura”.

Durmiendo sobre el teclado

El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), del Ministerio de Salud, es el último eslabón de una escalera de controles de calidad de la información estadística que comienza en el mismo hospital o centro de salud.  El director del SNIS, Francisco Enríquez, sostiene que las cifras que aparecen en sus reportes oficiales están verificadas y son confiables. Pero también admite que, a veces, se dan errores de digitación o descuidos del personal. Las que detectan, aparentemente, son las más escandalosas.

“En algún momento alguien se durmió sobre una tecla y nos mandó como 13 millones de atenciones en enfermería… Eso saltaba (a la vista), decíamos: cómo es que en este pequeño establecimiento ha habido tantos (casos), ¿toda Bolivia se ha ido a ese establecimiento?, ¿estaban repartiendo oro? Le sacamos una fotografía para decirles: miren, así está viniendo la información, ha pasado un filtro, dos filtros, tres filtros, cuatro filtros, llega hasta la escala nacional, algo está pasando”, comenta el director del SNIS, Francisco Enríquez Nava.

¿Así sucedió con el caso de Karmiña, de 13 años? La ligadura de trompas unilateral se codificó como AQV en el mismo hospital. Fue verificada por el responsable de Epidemiología, luego fue a la red de Salud, pasó al municipio, fue verificada en el nivel departamental y finalmente llegó hasta el SNIS para hacerse pública y oficial.

En ninguno de los niveles o filtros de control de calidad hubo sorpresa o duda por el reporte de una esterilización a una menor de 15 años de edad.

Santusa, de 17 años

Pero el caso de Karmiña se repite. A las 10 de la noche del pasado 20 de abril, Santusa, de 17 años de edad, atravesó los pasillos del Hospital Holandés, cargando a su pequeña hija de un año y seis meses, con un embarazo ectópico y un cuadro de anemia secundaria.

La psicóloga reportó que la madre adolescente tiene un pobre apoyo emocional y que sufre la conducta agresiva de su pareja. Finalmente escribió una única recomendación: anticoncepción diu (dispositivo intrauterino).

La paciente “ha ingresado con un embarazo ectópico, que se produce a nivel de la trompa del lado derecho, se le ha realizado una salpinguectomía del lado derecho, eso ha provocado, como en el anterior caso, oclusión de un lado, pero puede embarazarse en algún momento (por la fertilidad del otro ovario). Tampoco es considerado como AQV”, dice el doctor Marco Colque nuevamente para dar por cerrado el asunto.

“En algún momento alguien se durmió sobre una tecla y nos mandó como 13 millones de atenciones en enfermería… Eso saltaba (a la vista), decíamos: cómo es que en este pequeño establecimiento ha habido tantos (casos), ¿toda Bolivia se ha ido a ese establecimiento?, ¿estaban repartiendo oro? Le sacamos una fotografía para decirles: miren, así está viniendo la información, ha pasado un filtro, dos filtros, tres filtros, cuatro filtros, llega hasta el nivel nacional, algo está pasando”, comenta el director del SNIS, Francisco Enríquez Nava.

Santusa tampoco rubricó un consentimiento informado sobre esta ligadura de trompas unilateral. En su historial solo está su firma sobre el consentimiento de hospitalización.

Los responsables del Hospital Holandés confían en corregir las estadísticas oficiales del SNIS para eliminar esos casos de la columna de esterilizaciones.

A dos meses de esa entrevista con el doctor Marco Colque, el caso de Karmiña desapareció de las estadísticas, el de Santusa permanece junto a otro cuya historia clínica no fue posible ver.

Más errores

Sin certezas. La forma en la que se llevan los registros de varios centros de salud no da garantías de exactitud.

En la carretera entre las ciudades de El Alto y Viacha está el Hospital Corea, un centro de salud que al momento de la entrevista intentaba gestiones para contar con el apoyo de universitarios para realizar sus prácticas guiadas.

La encargada de Epidemiología del Hospital Corea, Justa Cruz, no se sorprende con las cifras oficiales equivocadas. “Hace poco nos atribuyeron 50 muertes maternas cuando solo teníamos una”, dice.

¿Esterilizaron a dos adolescentes en septiembre de 2015 en el Hospital Corea? Cruz encuentra casi inmediatamente en su archivo el informe de producción de servicios del mes y año solicitados. No registra AQV en menores de 19 años.

Los documentos del hospital “son la primera fuente, el origen del dato, de ahí que la información en el camino se vaya a manipular, involuntariamente, puede ocurrir. Tenemos antecedentes con otros datos igual de importantes”, dice el director del hospital, David Velásquez, refiriéndose a las 50 falsas muertes maternas.

Ubicado en pleno centro de la sede de gobierno, el CIES es una clínica especialista en salud sexual y reproductiva que acaba de salir de una campaña de vasectomías gratuitas. Los gerentes de CIES La Paz y CIES El Alto se reúnen para hablar de las seis ligaduras de trompas y una vasectomía a menores de 19 años que reporta el sistema estadístico en 2016.

Ambos funcionarios niegan la existencia de AQV en menores de 19 años, pero esta vez no hay posibilidad de revisar los cuadernos de registro diario del mes y año citados.

“Como CIES La Paz no tenemos ningún caso (de AQV en personas) entre 15 a 19 años de edad”, dice el director del CIES La Paz, Fernando Álvarez.

El CIES tiene un registro estadístico digitalizado que es enviado, sin mediar anotaciones manuales, directamente al sistema de información. El problema no es pequeño porque en lugar de las seis AQV a menores de 19 años, para ese mes en sus documentos el CIES La Paz registra en total solo tres intervenciones, todas a mayores de edad.

La gerente de CIES El Alto, Vania Laura, tiene similar explicación sobre el caso ocurrido en septiembre de 2016: “No hubo tal procedimiento en ese grupo etareo. Fui personalmente al SNIS para solicitar que se rectifique el dato. Lamentablemente la respuesta es que como se cierra la gestión (2016) en marzo de 2017, ya no se puede hacer la rectificación”.

La información consolidada está publicada y disponible como estadística oficial para los ciudadanos, así como por investigadores o representantes de los organismos internacionales. De hecho, al momento de visitar el SNIS, el ingeniero Gabriel Jiménez, encargado del Área Tecnológica, mostró con orgullo el reporte de personas que revisan y utilizan información estadística desde su web: 248,237 visitas desde 2016, más de 18 mil en junio.

Anticoncepción: ¿una obligación?

La Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) es un servicio del programa de planificación familiar para mujeres y hombres sin límites de edad, aunque con ciertas precauciones, la principal es que la paciente tenga muchos hijos (multiparidad) o decida no tener más hijos (paridad satisfecha).

Pero no es el único servicio de anticoncepción. Las mujeres en edad fértil son el objetivo del programa de planificación familiar, subsidiado por presupuestos municipales, que incluye las prestaciones de: píldora anticonceptiva oral de emergencia, el condón (femenino y masculino), control de diu, inserción de diu, inyectable trimestral (depo-provera), método del ritmo o de días fijos, píldora anticonceptiva, salpingoclasia con anestesia local (esterilización) y orientación en anticoncepción.

Los criterios de elegibilidad de la OMS para AQV no definen edades. Lo único que advierten es que el 20 % de las mujeres esterilizadas a “edad temprana” se arrepiente posteriormente. La recomendación es proceder con precauciones adicionales en caso de “juventud” de la mujer.

En Bolivia, el “Cuadro de Procedimientos 8” entiende a la mujer en edad fértil como “menor de 15 años o mayor de 35 años de edad”, a ellas se orienta el paquete de métodos de anticoncepción a libre elección.

Los funcionarios de hospitales públicos y privados explican sin variaciones que la AQV sucede como dicen los protocolos, previo consentimiento informado, en una decisión libre, voluntaria e individual de las pacientes.

Invariablemente el sistema de salud orienta a las mujeres hacia un método anticonceptivo, temporal o definitivo. El director del Hospital Corea, David Velásquez, explica, por ejemplo, “tenemos un gran índice de abortos espontáneos, más en jóvenes que en adolescentes, todas (ellas) son derivadas para inicio de consejería. La norma indica que debemos ofrecerles un método de anticoncepción”.

La ginecóloga Ana María Apaza, en el Hospital de segundo nivel de Viacha, dice que, en el postparto, “a los 45 días la mujer vuelve a su estado normal y tiene que tomar un método de planificación familiar a elección”.

Fernando Álvarez, del CIES La Paz, recuerda que las personas son legalmente mayores de edad desde los 18 años y pueden acceder a una AQV, previa información sobre otras opciones de anticoncepción, la firma de consentimiento informado y sabiendo que es un método quirúrgico “definitivo” porque actualmente existe “el procedimiento de recanalización tubárica”.

Razones médicas

El único caso de AQV reportado por el Hospital de la Mujer de La Paz es inaccesible para la prensa, dice contundente el director Daniel Cárdenas, argumentando razones éticas para cuidar la identidad de la adolescente esterilizada en marzo de 2016. “Pero seguro —explica— que hubo razones médicas”.

“Hay casos en los cuales yo he tenido que participar de una junta médica —dice Cárdenas. Hay mujeres jóvenes que tienen problemas mentales y pueden ser tributarias de violaciones y se embarazan… En realidad son casos de psiquiatría que nos mandan, y alguna vez, no es frecuente, ha ocurrido que mujeres e incluso adolescentes con problemas de esquizofrenia han sido violadas, y para evitar que nuevamente al ser violadas tengan el riesgo de embarazo se les puede ligar las trompas”.

Más casos. Los centros de salud ofrecen la ligadura de trompas a adolescentes con historial de abuso, violencia y riesgo.

Otras estadísticas cuestionadas

¿No están cuestionadas todas las estadísticas del sector salud? El responsable del Área Tecnológica del SNIS, Gabriel Jiménez, es tajante: “No, porque se hacen indicadores, se generan proyecciones anuales y líneas de tendencia. Sobre esas líneas de tendencia vemos regularidades en ciertos grupos de información, y si notamos una irregularidad, entramos a ver en detalle. En el sistema de salud nuestra información tiene un comportamiento regular y está acorde a las políticas que el sistema de salud implementa”.

Pero las dudas no son nuevas. En 2016,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer un estudio que demostraba que el SNIS tiene un subregistro de embarazos adolescentes en 10 de los 14 municipios investigados. Esto fue posible detectarlo, al comparar los datos con las historias clínicas perinatales que reportaron mayor número de casos para 2013.

La información estadística se evalúa en sendos Comités de Análisis de Información (CAI), en el propio establecimiento cada mes y con periodos más espaciados en las escalas municipal, departamental y nacional.

El director del SNIS explica que en el CAI de escala nacional, donde participan desde representantes de movimientos sociales hasta invitados de la cooperación internacional, se analizan temas prioritarios como el control a recién nacidos, el control prenatal, los partos en domicilio, los partos atendidos por personal de salud calificado y los métodos de anticoncepción. Pero hasta el momento, en el CAI nacional no se ha propuesto analizar las esterilizaciones en menores o mayores de edad.


Este reportaje fue realizado por PIEB en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con FPP & CONNECTAS.

La máscara del terror oficial en Venezuela

Violencia. Entre julio de 2015 y junio de 2017, al menos 560 personas fueron asesinadas en Venezuela en la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Poco se conoce en el plano internacional de la violenta política que se implementa en Venezuela con el argumento de recuperar la tranquilidad ciudadana ante los altos índices de criminalidad. Bajo el nombre de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado operativos conjuntos de las múltiples fuerzas armadas y de inteligencia a su cargo, para acorralar la delincuencia. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, define así el objetivo de la OLP: “…para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Sin embargo, el improvisado plan de seguridad ha estado fuera de control desde que se activó en julio de 2015. En una de sus primeras acciones en el populoso sector conocido como la Cota 905, al suroeste de Caracas, se reportó asociada a la intervención de la OLP una masacre de 15 personas. También se denunció el uso excesivo de la fuerza cuando autoridades destruyeron la propiedad y robaron bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se convirtieron en el sello de la política que se ha convertido en una “masacre por goteo”, como la denominó Keymer Ávila investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Dolor y tristeza fue lo que dejó uno de estos operativos en los Vegas-Azuaje*. Aunque ya han pasado más de seis meses, el patriarca de esta familia no puede evitarlo, todavía se ahoga en llanto cuando recuerda ese día, el día que la OLP mató a su único hijo varón. “A mi hijo lo asesinaron el 10 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana entró la Policía Nacional Bolivariana, los llamados hombres de negro (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB), algunos encapuchados y otros no. Le dieron un mandarriazo (golpearon con un mazo) a la puerta.

Los testimonios de víctimas y victimarios, así como el riguroso seguimiento a archivos oficiales, y cobertura de medios realizada para esta investigación del portal venezolano RunRun.es en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS (Consultar acá todo el especial), documentan como bajo la OLP se han cometido 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres. En la convulsionada Venezuela de hoy, esto ha sucedido sin escándalos mediáticos, pese a que las operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y drones para la identificación de las víctimas.

Es así como la política de pacificación se ha traducido en una fórmula de terror y zozobra, que ha incluido hasta el uso de atemorizantes máscaras en los operativos, para mantener bajo control a los venezolanos principalmente en las zonas menos privilegiadas en diferentes partes del país, donde se han dado estos operativos.

Esta investigación además evidencia que detrás de algunos de estos procedimientos en realidad lo que había eran venganzas personales, el cambio de manos de territorios de un grupo criminal a otro, o la protección a los intereses de militares y personajes del alto gobierno. (Consultar acá todo el especial)

Menos paz. Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El operativo fue usado para sustituir grupos delictivos por colectivos.

Dolor y tristeza fue lo que dejó uno de estos operativos en los Vegas-Azuaje*. Aunque ya han pasado más de seis meses, el patriarca de esta familia no puede evitarlo, todavía se ahoga en llanto cuando recuerda ese día, el día que la OLP mató a su único hijo varón. “A mi hijo lo asesinaron el 10 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana entró la Policía Nacional Bolivariana, los llamados hombres de negro (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB), algunos encapuchados y otros no. Le dieron un mandarriazo (golpearon con un mazo) a la puerta. A mi esposa, a mi hija y a mí nos sacaron a la fuerza, prácticamente desnudos. Estuvieron como media hora con él en el cuarto y lo golpeaban. A mi hijo lo mandaron a vestir, porque estaba durmiendo y lo bajaron a la sala. Le dieron un solo tiro en el corazón a mi muchachito de 16 años, sin ningún motivo… Me mataron a mi muchacho así, malamente”. Luego fue presentado como un “presunto delincuente”.

Tras la OLP la violencia no se ha reducido. Al contrario: el año pasado, los crímenes –según cifras oficiales– aumentaron un 12 por ciento con relación al año anterior llegando a la cifra de 21,752 homicidios. Tampoco está claro el argumento de ser una política contra una supuesta fuerza extranjera que busca desestabilizar, pues menos del uno por ciento de las víctimas, entre asesinatos y detenidos sin orden judicial son extranjeros. Dentro de ellos está el caso del religioso estadounidense Josjua Anthony Holt y su esposa Thamara Caleño Candelo, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos hace más de un año sin ninguna fórmula de juicio luego de que en uno de los allanamientos masivos de una OLP, supuestamente encontraron en su residencia un fusil AK-47, una granada MK2 y municiones.

Se ha demostrado que en varios casos las OLP han sido operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos celulares y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban como resultado de labores de Inteligencia en los que han echado mano desde dispositivos electrónicos de monitoreo, de prostitutas que pasan información de sus clientes, hasta de información obtenida a través de la denominada “inteligencia social”, un mecanismo de información mediante el cual las comunidades, vecinos y representantes de las estructuras políticas del Gobierno suministran detalles de identidad y ubicación de los presuntos “paramilitares”. Así lo llamó públicamente la entonces viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Katherine Harrington. Luego se supo que varios de los informantes que estaban dentro de las propias comunidades y algunos de estos “delatores” fueron asesinados por las bandas delictivas que se quedaron tras la OLP.

Ejecuciones. Las acciones ejecutadas por las OLP encajan con las de una limpieza social para la que se usaron los recursos del Estado.

El equipo de investigación de RunRun.es visitó los cinco estados que han registrado más víctimas debido a los procedimientos de la OLP: Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Miranda y Bolívar. Los familiares de las víctimas coinciden al asegurar que sus parientes fueron ejecutados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y en que ninguno ha tenido acceso a las autopsias, pese a haber casos desde 2015. La mayoría solo disponía de un acta de muerte expedida en la morgue de su localidad. Este documento no daba detalles de las causas de la muerte, solo especificaba si el cadáver presentaba herida de arma de fuego y en dos líneas una descripción de su efecto: “Hemorragia interna. Herida por arma de fuego toracoabdominal o shock hipovolémico”, era la explicación que más se repetía.

“Lo que buscan es que no se haga justicia. Las víctimas se cansan. Viven un duelo y luego caen en un sistema que las vuelve a revictimizar”, asegura Ronnie Boquier, abogado de la ONG Cofavic, organización que se ha especializado en atender casos de ejecuciones sumarias. Más de 95 por ciento de las denuncias que ha recibido Cofavic están en etapa de investigación y muchas tienen entre dos y cuatro años en ese estado. Eso es cuando las familias se deciden a denunciar, porque en la mayoría de casos, los deudos reciben amenazas y prefieren guardar silencio. La impunidad es el denominador común.

En la región, aún no se supera la conmoción por el centenar de muertos que hubo entre abril y julio de 2017 en Venezuela en medio de las protestas contra la controvertida realización de la asamblea nacional constituyente. La implementación de las OLP multiplica por cinco ese saldo trágico. Una política de seguridad que ha terminado convirtiendo a los ciudadanos no en los beneficiarios sino en el objetivo, todo en aras de una supuesta pacificación que no llega, y que lo único que ha traído es más angustia y dolor.

Encuentre los detalles de este reportaje en Runrun.es y Connectas.org.

Seleccionadas. Las OLP eran operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos celulares y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban.

Los 10 minutos de terror que apagaron Las Vegas

Homenaje. Cece Navarrette está sentada cerca de la cruz que simboliza la muerte de su primo, Bailey Schweitzer.

Jasmine Clayton todavía no puede volver a escuchar esa canción. “Oigo la primera frase y oigo los disparos”. El psicólogo le ha recomendado que vaya al lugar de los hechos y la vuelva a poner, que lo intente procesar así. Y eso estaba haciendo el miércoles por la tarde. Clayton, de 26 años, había ido a la esquina del bulevar principal de Las Vegas con la calle Reno, frente al hotel Mandalay Bay, para escuchar en su celular “When She Says Baby”, la canción que estaba tocando el artista country Jason Aldean cuando empezaron los disparos.

Eran las 22:05 del pasado domingo en Las Vegas y acababa de comenzar la mayor matanza a tiros de la historia de Estados Unidos. Un solo hombre, Stephen Paddock, de 64 años, encerrado en una habitación de hotel con 23 armas, estaba disparando desde la ventana una lluvia de tiros contra 22,000 personas que asistían al festival de música country Route 91 Harvest, en un descampado en la acera de enfrente. Murieron 58 personas y 487 resultaron heridas. Fueron 10 minutos de disparos, más de una hora de caza al asesino, una noche entera de caos en Las Vegas. El terror y el desconcierto aún no han terminado.

La mayoría de los testigos coincide en que pensaron que se trataba de algún tipo de pirotecnia de la actuación; otros, que era un helicóptero. Dicen que hubo una pausa después de los primeros tiros; y que entonces empezaron a caer ráfagas de balas del cielo sin parar. Algunos dicen que no reaccionaron hasta que vieron a alguien caer muerto delante de ellos; otros, que supieron inmediatamente lo que estaba pasando. Clayton y su amiga Marlena salieron corriendo hacia el lado opuesto a los disparos y se refugiaron entre dos camiones de comida. Tuvieron suerte. Mucha gente salió por la puerta de la calle, es decir, hacia el asesino.

Para hacerse una idea de la escena no vale con un solo relato. Tiffany Huizar, de 18 años, cayó al suelo con un balazo en la barriga. Aun así logró correr y salió de allí gracias a que un hombre la subió a un camión y se la llevó al hospital, contaba su tío, Enrique León, a las puertas del centro. Ha perdido parte del intestino. Randyn Recolan, de 17 años, estaba con su novia, Brianna Morchause, que cayó al suelo y le pasaron cinco personas por encima. El miércoles seguía en el hospital. Vio a la madre de una amiga echarse encima de ella y recibir un balazo en el cuello, contaba. “Empezó a caer gente al suelo a mi alrededor”. El cantante mexicano Israel Cabañas estaba entre el público. Recuerda “ver a la gente caer” a su alrededor. “Venían agarrándose el estómago, sangrando, heridos en la pierna… híjole”. Como muchos, empezó a agarrar vallas para convertirlas en camillas y sacar gente de allí.

Funeral. Sonny Melton es recordado en fotografías con amigos y familiares durante su funeral el 10 de octubre de 2017 en Big Sandy High School, en Big Sandy, Tenn. Melton, un enfermero registrado, murió protegiendo a su esposa durante el tiroteo en Las Vegas.

Mientras, en la acera de enfrente, un guardia de seguridad del hotel Mandalay Bay llamado Jesús Campos subió al piso 32. Se acercó por el pasillo a la habitación 135, una suite de dos habitaciones y 158 metros cuadrados, orientada al noreste y con vista panorámica de todo el strip, la avenida más turística de Las Vegas. Recibió una ráfaga de unos 200 disparos. Uno de ellos le alcanzó en la pierna. Dos policías, que estaban en el piso 31, se dieron cuenta de dónde venían los disparos. Las autoridades consideran que la distracción del asesino con Campos salvó muchas vidas. Paddock lo vio llegar porque tenía cámaras instaladas en el pasillo. A las 22:15, Paddock disparó el último tiro. Los agentes que estaban en el piso de abajo llegaron dos minutos después y Campos les explicó la situación.

Junto al recinto del concierto hay una gasolinera Arco con una tienda de alimentación AM/PM. Tras el mostrador estaba Pedro Saldaña, de 26 años. “Está aún traumatizado por lo que vio”, cuenta su hermana Cristina. La gente empezó a entrar en manada por la puerta y a esconderse en todos los rincones. “Se metieron en la cámara frigorífica”. Había tanta gente que rompieron los cristales de la puerta. En medio de la gasolinera hay una toalla que cubre un charco de sangre. “Allí murió un hombre al que la bala le había entrado por el ojo”, cuentan los empleados.
A 8 kilómetros de allí, Kevin Menes, médico de urgencias de 40 años, había empezado su turno a las 8 de la tarde en el Hospital Sunrise, al norte del strip. Ve heridas de bala todos los días. Cuando llegó al hospital escuchó el rumor de que había un suceso con múltiples víctimas, puso la radio de la Policía. “Pude oír los tiros mientras hablaban entre ellos”, contaba. Los cuatro médicos de guardia ordenaron inmediatamente preparar los 20 quirófanos del hospital, todas las camillas y todas las sillas de ruedas disponibles. Sobre las 22:30 llegaron los primeros heridos, y no pararon de llegar durante horas.

Su trabajo fue hacer el primer diagnóstico de gravedad, de un vistazo. “Tuve menos de 30 segundos para cada uno. En ese momento te concentras en encontrar el agujero y decidir si van a morir en cuestión de minutos o no”. Los fue clasificando: rojo, necesita ser intervenido inmediatamente; amarillo, puede aguantar un rato, pero necesita ir al quirófano; verde, su vida no corre peligro. “Si te equivocas, puedes matar a alguien”. No miraba a los ojos, no preguntaba nada, explica. Solo tenía tiempo para encontrar el agujero de bala y decidirse por un color. “La gente me señalaba el agujero de los más graves para ayudarme”. Vio agujeros “en todas las partes donde pueda entrar una bala, cuello, cabeza, pierna, genitales, todo lo que te puedas imaginar”.
Menes, especialista en técnicas de resucitación, recibió a más de 200 heridos de bala aquella noche. Todos fueron operados antes de las 5 de la madrugada, unos 30 a la hora. “Perdimos algunos, alrededor de una decena”. No sabe cuántos llegaron ya muertos, pero recuerda que a algunos no podía encontrarles el pulso durante esos pocos segundos de diagnóstico. “Yo los mandé al quirófano igual, para darles una última oportunidad”.

Escape. Julie Hart y su novio Mark Gay lograron sobrevivir porque corrieron hacia la valla del aeropuerto, junto a un grupo de personas, a través de las pistas.

Más de una hora después del último tiro, a las 23:27, un equipo de operaciones especiales de la Policía (SWAT) entró por la puerta de la suite y encontró el cadáver de Paddock y 23 armas. Al menos 12 de ellas eran rifles de asalto modificados legalmente para que dispararan como metralletas. Hay una nota. Las autoridades no han revelado su contenido, pero no es de suicidio.
A esas horas, los españoles Pedro Martín y Alejandro Urbano, de la empresa española Blue, Gray & Co., se encontraban con 11 clientes a las puertas de una discoteca del hotel casino Bellagio, a casi 2 kilómetros del suceso. “Empezó a venir una masa de gente corriendo. Como agua. Tiraban cosas, tiraban las vallas. El personal de la discoteca desapareció”, contaba Urbano. “Había familias con niños, la gente con la cara desencajada, como si hubieran visto algo”. Atravesaron el Bellagio por las cocinas. No llegaron a su hotel hasta las 2, después de horas encerrados en un bar con las calles vacías y tomadas por la policía.

El pánico se había extendido a toda la ciudad. Personas corriendo ensangrentadas entraban por los pasillos de los hoteles cercanos al suceso: New York-New York, MGM, Tropicana. Scarlett, de 25 años, que trabaja en el Hotel París Las Vegas y no quiere dar su apellido porque se supone que no debe hablar, asegura que les dijeron que habían informado a todos los casinos de que había tres tiradores. “Se llegó a decir que había un autobús que iba por la calle dejando tiradores en los casinos”. Los rumores de este tipo han durado toda la semana en Las Vegas, que no logra hacerse aún a la idea de que semejante caos fuera obra de un solo hombre.

Porque el relato todavía no tiene sentido. Las autoridades tampoco lo entienden. Paddock era, según su familia, un hombre con dinero, tenía una relación sentimental, varias casas, vivía la vida de jugador profesional que le permitía estar invitado en la suite del Mandalay Bay. Sin levantar aparentemente ninguna sospecha, ninguna alarma, compró 33 armas en los últimos 11 meses, planificó con todo detalle la masacre y la ejecutó. ¿Por qué? ¿Por qué ese concierto? ¿Por qué ese día? Una semana después, no hay móvil. Los investigadores comparten la frustración de todo el país. No hay relato, no hay un boceto de explicación, no hay consuelo. Solo los hechos y las víctimas.

Los trazos de Venus

Pasado y presente. Sobre las profesionales de esta generación, como Alejandra Lunik, Maitena dice que “dibujan mejor”. Y celebra que tantas hayan mantenido la brecha abierta.
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Un hombre largo, enfocado de perfil, aguarda erguido con un sombrero puntiagudo que resalta su delgadez. Aquel retrato hecho a mano por la británica Mary Darly, y publicado el 20 de mayo de 1775 con el nombre de “Corporal perpendicular”, abrió el recorrido de la exposición “Comix Creatix: 100 Women Making Comics”, montada el año pasado en Londres.

La fecha es elocuente. Contra lo que el discurso hegemónico ha instalado, ya en el siglo XVIII puede encontrarse indicios de una fuerte relación entre la mujer, los lápices y la tinta. La pieza exhibida de Darly no fue un producto accidental. Durante dos décadas, la artista gráfica y su esposo, Matthew, manejaron una exitosa tienda de caricaturas e impresiones en pleno centro de Londres. Hombres adinerados y poderosos políticos no escaparon de los satíricos trazos de la dupla Darly. Prontamente sus estampillas con dibujos personificados fueron requeridas para ilustrar las cartas de la época. Mary Darly editó un libró en el que explicaba sintéticamente los secretos de su técnica. En el revisionismo histórico reciente se le denomina como la “madre de la caricatura”.

El protagonismo siempre costó. Las comparaciones y las sombras de una cultura patriarcal empujaban a las mujeres a posiciones subalternas. Quizá por eso, a principios del siglo XX, la sobria técnica de Anne Harriet Fish se aludía continuamente como un trabajo influido por la obra de Aubrey Beardsley, un renombrado ilustrador de los años victorianos. Sin embargo, ella, que firmaba con el ambiguo Fish para evitar discriminaciones, desconocía el trabajo de Beardsley. “Eve”, una sátira de las mujeres que vestían a la moda, fue la serie más conocida que dejó Fish.

Durante años, Marie Duval (seudónimo de Isabelle Emilie de Tessier) se situó detrás de su esposo, Charles Ross, en el reconocimiento público. Su participación en la creación del famoso personaje de tiras cómicas Ally Sloper fue minimizada. Se decía que simplemente colorizaba las creaciones del marido. Recientes investigaciones de la Universidad de Chester subvirtieron esa teoría, precisando que fue Duval quien motorizó e impulsó la popular tira. En esta serie de 1867 puede notarse la capacidad de la artista para imponer una crítica social a través de un modesto trabajador que huía de su arrendatario: uno de los primeros antihéroes mediáticos de la cultura anglosajona.

Imágenes recientes

En 2014, el documental de corte polifónico “She Makes Comics” planteó un recuento de la contribución femenina en la industria de la historieta estadounidense. En ese ejercicio histórico, la directora Marisa Stotter recoge testimonios de mujeres que ocupan distintos roles en el circuito: dibujantes, escritoras, editoras, vendedoras y lectoras.

La película también fue una oportunidad para rendir tributo a Jackie Ormes, considerada la primera historietista afroamericana. Entre 1930 y 1940, creó la tira “Torchy Brown”, que trata de una adolescente de Mississippi que encontró la fama cantando y bailando en clubes. El viaje que en la trama ella emprende hacia Nueva York se emparenta con los desplazamientos que realizaron muchos afroamericanos hacia el norte en busca de mejores expectativas de vida durante la Gran Migración.

“She Makes Comics” plantea que no solo hubo una fuerte participación de mujeres en proyectos independientes, sino que también su marca estuvo y está presente en las todopoderosas Marvel y DC. En ese mundo de superhéroes, popularmente ligado a “cosas de hombres”, hubo también mujeres maquinando tramas. Durante su larga carrera de 40 años, Ramona Fradon, una de las protagonistas del filme, dibujó a Aquaman y a la reportera Brenda Starr. Marie Severin, otra de las que da testimonio, fue clave en la época dorada de Marvel. Dr. Extraño y Hulk pasaron por sus trazos, y en 1976 creó a la Mujer Araña. Jenette Kahn fue editora y presidenta de DC. En sus años de gestión se lanzaron las novelas gráficas “Watchmen” y “The Dark Knight Returns”. Además, promovió el ingreso de personal femenino en la empresa.

Sin embargo, esta inserción creciente en los mercados dominantes no satisfacía del todo a algunas autoras que miraban más allá del cuotismo. Al fin y al cabo, una mayor presencia femenina no aseguraba diversidad en los discursos si la estructura se mantenía. Jackie Estrada, una de las fundadoras del famoso festival Comic-Con (San Diego), dice que “el tipo de cosas que las creadoras querían hacer no era realmente el tipo de cosas del mainstream”. Fue así que muchas dibujantes participaron del movimiento underground del cómic en los sesenta y setenta. Ajenas a las narrativas clásicas, propusieron enfoques personales. “Empezamos a hacer cuerpos desde el punto de vista de la mujer. El potencial del cómic era que podíamos hacer cualquier cosa que decidiéramos”, recuerda Joyce Farmer, una artista de la época.

La reciente publicación “Superheroínas”, de la periodista española Anabel López, destaca un punto de inflexión en la representación de la mujer en el cómic norteamericano: la implementación en los cincuenta del Comics Code Authority (CCA), un ente que regulaba los contenidos de las historietas. A raíz de la nueva reglamentación, que limitaba los excesos y conductas “indebidas”, los personajes femeninos perdieron sus poderes y pasaron a ser acompañantes del protagonista masculino. La Mujer Maravilla, creada en los cuarenta por hombres, pierde terreno en ese momento.

A pesar de que la situación actual ha mutado, la investigadora considera que la progresión es lenta en la industria del entretenimiento estadounidense. “Se sigue creyendo que las mujeres no leen cómics y muchas veces se tiende a masculinizar a las superheroínas para hacerlas más poderosas. Hay mucho por lo que luchar”, dijo en una entrevista a RTVE.

En este recuento vale mencionar que la primera fue “Lilith”, libro de historietas de las italianas Lydia Sansoni y Magda Simola, que se publicó en 1976 con el objetivo de mostrar la lucha de las mujeres en el mito y en la historia. Los trazos con aires reivindicativos empezaban a mostrarse más firmes y claros. Años después, en 2000, la iraní Marjane Satrapi usaría la historieta como medio para graficar sus años de niñez y adolescencia en un régimen fundamentalista. Su novela gráfica “Persépolis” se convirtió en un suceso mundial.

Referencias próximas

El debut. Maitena irrumpió en la escena argentina a mediados de la década del ochenta.

En Argentina, un terreno fértil para el arte gráfico, la historia es también larga. Ya en las primeras décadas del siglo XX pueden identificarse algunas firmas en obras humorísticas. Sin embargo, la participación pudo haber sido mayor a la que se conoce. “Es obvio que de ninguna manera iba a reconocerse una autoría de mujer en el imperio de la sátira política, tan en el límite de lo tolerable, en una época en que era inaceptable que una dama trabajara, ¡que pensara!, y ahí estarían haciendo algo peor que opinando: estarían cuestionando”, refiere José María Gutiérrez, jefe del Archivo Nacional de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional Argentina.

Ada Lind, Cecilia Palacio, Idelba Dapueto son algunos nombres destacados de esa primera época. Para Gutiérrez, Patricia Breccia constituye un eslabón necesario para entender los capítulos posteriores de esta historia. Sus trabajos no parecían destinados a cubrir el rincón de la mujer, más bien hacía personajes naturales, poco humorísticos. Inmediatamente después vendría el boom mediático de Maitena.

A mediados de los ochenta, Maitena Burundarena era vista aun como una disidente. Su larga cabellera rubia resaltaba en una redacción poblada de varones. El lenguaje frontal y agresivo del humor gráfico parecía excluir a las mujeres de esos menesteres. Se requerían cualidades ajenas al estereotipo femenino, ligado más bien a la discreción.

En medio de ese terreno masculinizado se empezó a trazar un desvío. “Ellos hacían el clásico humor de los hombres. No hablaban tanto de cosas personales, sino que miraban la realidad desde afuera. Yo me metí con un humor más intimista, una actitud de mirar para adentro. Incluso en mis trabajos eróticos el punto de vista era femenino”, anota la hoy célebre Maitena.

Sus primeras viñetas, en las revistas argentinas Sex Humor y la mítica Fierro, proponían un cambio de roles. Que una mujer dibujara en estas publicaciones, conocidas por su fuerte componente sexual, suponía una postura rupturista. Y sus dibujos la reforzaban. “En mis trabajos las que estaban calientes eran las mujeres. No eran objeto de deseo del hombre. La mujer era un ser deseante”, describe. Con trazos duros y cuerpos algo deformados, Maitena creó féminas desinhibidas, que no tenían reparos en explorar formas amatorias diversas.

Pocos años después, obtendría un espacio regular en una revista femenina. Ahí trasladaría sus inquietudes y críticas a los condicionamientos sociales de la mujer. Habló de obsesiones y tragedias. Los métodos anticonceptivos, la maternidad, el matrimonio, el trabajo, la infidelidad, las amigas, la dieta, etc. Había cierta pretensión totalizante. “Pensaba en todas las etapas por las que una mujer atraviesa y sus comportamientos ante cada situación”, dice. Sin pretenderlo, estas series, rotuladas bajo el título de “Mujeres alteradas”, la convirtieron en un ícono mediático (su obra se ha traducido a 12 idiomas). Con sus trazos y globos había puesto el universo femenino en un lugar visible.

Hace 10 años, Maitena bajó el ritmo: ya no dibuja para entregas frenéticas, edita sus propios trabajos, escribe (ahí está la novela “Rumble”), y se dedica más a sí misma y a su familia. Pero sus viñetas siguen vivas. Las suele compartir en las redes sociales, y los comentarios no se hacen esperar. “Resulta interesante ver cómo han cambiado las generaciones. Yo trataba de pensar en todas las opciones posibles, pero hoy hay mujeres que dicen que no reaccionan como planteaba en las tiras”, dice.

Cuerpos en tensión

Cuando se citan los grandes nombres de la historieta peruana suele olvidarse a Marisa Godínez, dibujante que formara parte de Monos y Monadas. En medio del humor político —sello característico de la publicación—, Godínez planteó un cuestionamiento a ciertas visiones naturalizadas de la mujer. “Fue la primera en este país que propuso una postura feminista”, dice la historietista Águeda Noriega.

La omisión histórica de Godínez no es casual. “En el Perú no tenemos mayores referencias de mujeres dibujantes. Los hombres dominaron el espacio público en el terreno del arte. Además de ser mayoría, para entrar en el circuito a algunas nos resultaban inhibitorias las formas en que presentaban a las mujeres: voluptuosas, exuberantes, como objetos que no tenían voz”, explica Noriega.

Como parte de una reivindicación histórica, en junio se montó, en la galería de Arcadia Mediática, una exposición que recogía los principales trabajos de Marisa Godínez entre 1978 y 1985. Estudió Artes en la PUCP (ahí conocería al también dibujante Juan Acevedo, quien fue su esposo). En su obra de tinta china, la artista expresó sus críticas a instituciones constituidas como el matrimonio por la función de opresión de género que cumple en la sociedad.

Que una mujer dibujara en estas publicaciones, conocidas por su fuerte componente sexual, suponía una postura rupturista; y sus dibujos la reforzaban. “En mis trabajos las que estaban calientes eran las mujeres. No eran objeto de deseo del hombre. La mujer era un ser deseante”, describe. Con trazos duros y cuerpos algo deformados, Maitena creó féminas desinhibidas, que no tenían reparos en explorar formas amatorias diversas.

A principios de los noventa surgió una nueva generación de artistas gráficas. Águeda Noriega, una de las más visibles de esa camada, aprendió a dibujar imitando las historietas que leía de autores italianos o argentinos. Poco tiempo atrás colaboró con el suplemento de humor político “El otorongo”. Asegura que no es usual ver a una mujer asumiendo esos temas. “Suele entenderse que nosotras hacemos historietas ‘solo para mujeres’. Todavía está vigente esa diferenciación, pero progresivamente va disminuyendo”, refiere.

En 2010, Noriega participó en la antología “Venus ataca”, donde compartió roles con Eliana y Tilsa Otta, Avril Filomeno, Alexandra Torres Novoa, Giuliana Holguín, Brenda Román y Tania Salcedo. Varias de ellas posteriormente conformarían el colectivo Las Fulanas. Como agrupación sacaron algunos fanzines que movieron en distintas ferias y festivales. “Es interesante el discurso sobre el cuerpo de la mujer hecho desde las subjetividades de cada una de las autoras. Veo que en ellas hay muchos proyectos ambiciosos, pero también un gusto por el fanzine, por quedarse en ese circuito contracultural. Ellas proponen miradas alternativas y ese espacio da cierta seguridad del discurso”, dice Carla Sagástegui, magíster en Literatura y estudiosa de la historieta peruana.

Actualmente Águeda Noriega está abocada a la adaptación literaria y a temas históricos. En 2011 publicó junto con Miguel Det la novela gráfica “Conversaciones en la ciudad de cartón”. En los 20 años que lleva en el oficio, vio a varias compañeras retirarse del dibujo. “Cuesta entrar en un circuito masculinizado. A veces puede ser desalentador, pero quedarse e insistir es también una forma de resistencia”, apunta.

Nuevos aires

Revolución Maitena, con sus trabajos intimistas e irónicos, derribó los estereotipos femeninos.

En Latinoamérica, una nutrida generación de jóvenes autoras sigue la estela de Maitena; e incluso la desafía. Ya no hay temas pautados, ni una urgencia por reivindicar expresiones sometidas. Pero si bien se avizoran tiempos de mayores libertades, falta camino por recorrer. “Las mujeres descubrimos que podemos hacer muchas más cosas de las que creíamos, y las empezamos a hacer”, dice Sole Otero, dibujante porteña, para explicar esta creciente aparición de voces femeninas.

Otero forma parte de Chicks on Comics, colectivo surgido en 2008 que agrupa a mujeres historietistas de diversas partes del mundo. PowerPaola (Colombia-Ecuador), Maartje Schalkx (Holanda), Bas Backer (Reino Unido), Weng Pixin (Singapur) y las argentinas Clara Lagos y Delius conforman el resto de integrantes.

Para ella, aun cuando los temas tratados en las piezas se desmarquen de un discurso de género explícito, hay una actitud y mirada ineludible. “Una mujer trabajando de lo que sea, especialmente en áreas ocupadas previamente por hombres, esta intrínsecamente haciendo feminismo. Sin embargo, desde la perspectiva de la autora no tiene por qué sentirse como eso. A algunas nos agota la idea de que todo lo que hacemos reciba esa lectura”, comenta.

A Maitena le emociona la aparición de una generación que se pregunta cosas que ella no divisó. Se dice admiradora de los trabajos de PowerPaola, Sofía Watson o Alejandra Lunik. “Las de ahora dibujan mejor que yo”, dice; y destaca la variedad de estilos. Basta con asistir a una feria de historieta, como la reciente Comicópolis (donde precisamente fue madrina), para entender esa explosión. Mujeres de distintas edades ubicadas en ambos lados de los estands: como lectoras y dibujantes. Ciertos prejuicios también se pueden derribar con lápices.

Los niños como víctimas del fuego cruzado

Cerca. En la favela Mangueira o en Mare, los niños están habituados a observar casquillos y charcos de sangre que dejan las frecuentes balaceras.

Una bala atravesó la columna de un feto cuando aún estaba en el útero. Una niña de dos años recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en un restaurante. Tres balas perdidas alcanzaron a una niña de 13 años durante una clase de educación física en la escuela.

Río de Janeiro, que hace apenas un año copaba titulares en todo el mundo por ser la sede de los Juegos Olímpicos, siempre ha luchado contra la delincuencia. Pero en medio de una crisis económica que ha exacerbado los profundos problemas de desigualdad en todo el país, esta ciudad famosa tanto por sus glamurosas playas como por sus extensas favelas está experimentando la peor ola de violencia en una década.

Con un promedio estimado de 15 balaceras por día entre la policía y las bandas fuertemente armadas que controlan grandes zonas de la ciudad, cientos de civiles murieron o resultaron heridos en el fuego cruzado. Entre ellos hay cada vez más niños, muchos fallecidos este año por balas que tenían otros destinatarios.
En julio, el gobierno federal movilizó a más de 8,500 soldados para intentar erradicar la delincuencia en los vecindarios más duros de Río. Pero por el momento no han conseguido detener el derramamiento de sangre.

A continuación, la historia de seis niños que murieron este año sin otro motivo que el estar en el lugar erróneo en el momento equivocado.

21 de enero: no hay lugar seguro

Como policía en Río, donde más de un centenar de compañeros murieron este año, Felipe Fernandes siempre supo que arriesgaba su vida a diario en su trabajo, pero nunca imaginó que su hija de dos años, Sofía Lara Braga, podría convertirse en una víctima.

Mientras la familia cenaba a primera hora de la noche en un restaurante del norte de la ciudad, Sofía se entretenía en la zona de juegos. De pronto, en el exterior comenzó una balacera.

Todo el mundo regresaba de la zona de juegos, pero ella no, recuerda Fernandes.

Se dio cuenta de que Sofía estaba inmóvil en lo alto del parque de juegos y rompió la red de protección para llegar hasta ella. Una bala perdida había alcanzado a su pequeña en la cabeza. La mató al instante.

Los investigadores no han determinado todavía si la bala fue disparada por los delincuentes o por los policías que perseguían un auto robado cuando ocurrió el tiroteo.

Fernandes y su esposa, Herica Braga, se mudaron de casa con la esperanza de que sus dolorosos recuerdos quedaran atrás, pero Braga se aferra a las pertenencias de Sofía. En su nueva vivienda hay una habitación dedicada a la niña, con sus muñecas, sus osos de felpa y su ropa.

“Vivo con la ilusión de que igual algún día mi hija pueda regresar a casa”, dice Braga con las lágrimas rodando por las mejillas.

Mientras la familia cenaba a primera hora de la noche en un restaurante del norte de la ciudad, Sofía se entretenía en la zona de juegos. De pronto, en el exterior comenzó una balacera. Todo el mundo regresaba de la zona de juegos, pero ella no, recuerda Fernandes. Se dio cuenta de que Sofía estaba inmóvil en lo alto del parque de juegos y rompió la red de protección para llegar hasta ella.

15 de febrero: jugar al aire libre

El miedo plasmado en el rostro. Un niño llora aterrado ante un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y delincuentes.

Las clases en la escuela de Fernanda Caparica, en la favela Mare, se habían cancelado esa mañana por una balacera entre bandas rivales, algo muy habitual en Río.

Thayana Caparica, de 23 años, llevó a su hija a casa y ordenó a Fernanda, de siete años, y a sus dos hermanos que no salieran.

Pero por la tarde Fernanda estaba cada vez más impaciente y quería salir a jugar. Seguía insistiendo. Finalmente, Caparica la dejó ir a la casa de una amiga.
Alrededor de las 7 de la noche, Caparica escuchó disparos y llamó inmediatamente a la madre de la amiga, quien le dijo que estaban jugando en la terraza. Momentos más tarde se enteró de que Fernanda había recibido un disparo en la cara. La pequeña falleció en el hospital.

Con el corazón roto, Caparica y sus hijos viven ahora con el miedo constante a nuevos tiroteos. Su hijo mayor está especialmente afectado.
“Cada vez que hay fuego cruzado, me dice ‘Mamá, no quiero morir como mi hermana’”, dijo Caparica.

30 de marzo: asesinada en la escuela

María Eduarda Alves da Conceicao, de 13 años, se había alejado de su clase de educación física en una cancha de baloncesto al aire libre hacia la entrada de su escuela cuando fue alcanza por tres balas. Fueron disparadas por agentes de Policía que perseguían a sospechosos armados cerca de la favela de Acari, en el norte de Río.
“Vieron que era una escuela y siguieron disparando”, dice Rosilene Alves Ferreira, la madre de la joven. “Se realizaron más de 60 disparos”.
Un agente fue acusado de homicidio involuntario.

La escuela está llena de recordatorios de la adolescente de pelo rizado que soñaba con convertirse en jugadora de baloncesto o azafata. En el muro exterior, los agujeros de las balas han sido cubiertos con corazones rojos. La cara sonriente de María está retratada en un mural gigante frente a la entrada del centro, y en la pista de baloncesto aparece con alas de ángel y tomándose una selfie.

Tras su fallecimiento, el jefe de Seguridad de Río prometió revisar los protocolos policiales para actuar cerca de las escuelas. El alcalde se comprometió a levantar muros a prueba de balas alrededor de centros públicos en zonas peligrosas. Ninguno de esos cambios se han materializado aún.

26 de abril: un charco carmesí

Vecina. Niños curiosean entre los casquillos que dejó la reciente balacera en la favela Magueira. Crecen con la violencia como paisaje.

Todas las noches antes de acostarse, Tereza Farias mira las imágenes tomadas por los celulares de quienes vieron el delgado cuerpo de su hijo tendido sobre su propia sangre.
Felipe Farias, de 16 años, murió en Alemao cuando regresaba de una protesta por la muerte de un joven de 13 años también por disparos.

Fue la cuarta persona que moría en el deprimido vecindario esa semana. La pared del estrecho callejón en el que sucedió todo sigue marcada con agujeros de bala del tamaño de un tapón de botella.

Varios testigos reportaron que el letal disparo salió del arma de un policía, pero los investigadores le dijeron a Farias que no acudirían a la escena del crimen por miedo a ser atacados por miembros de bandas.

“El investigador me dijo que si venía aquí, sería como firmar su sentencia de muerte”, dice Farias.
Felipe esperaba unirse al Ejército al cumplir los 18, siguiendo los pasos de sus dos hermanos mayores y su tío.
“Yo solía decirle no te preocupes, tu momento llegará”, recuerda Farias. “Pero su momento nunca llegó”, agrega.

30 de junio: baleado en el vientre materno

Claudineia dos Santos Melo, embarazada de casi nueve meses, había terminado unos recados en un supermercado de una favela en ciudad de Duque de Caxias, en la zona metropolitana de Río, cuando vio un coche de la Policía avanzando en su dirección.

Tuvo la sensación de que en cualquier momento podría estallar un tiroteo. Pero antes de poder ponerse a cubierto, ya había recibido un disparo.

“Pensé en él inmediatamente porque me dolía mucho la barriga”, dijo Melo, refiriéndose a su hijo no nato, durante una entrevista con Globo TV días después.

Melo fue trasladada al hospital, donde le practicaron una cesárea. La bala había alcanzado sus pulmones y la columna vertebral del bebé.
Pudo conocer a su hijo, al que llamó Arthur, una semana después en la unidad de cuidados intensivos. Tras ser operado de la columna, Arthur parecía estar recuperándose. Los doctores lo llamaban “bebé milagro”. Pero murió por una hemorragia el 30 de julio, justo un mes después de la balacera.
En el funeral, lo único que podía oírse eran las cámaras de los periodistas mientras el padre de Arthur cargaba en silencio el diminuto ataúd blanco.

4 de julio: un cateo se vuelve letal

Agentes de la Policía irrumpieron en la casa de Vanessa dos Santos, de 10 años, en la favela de Lins, supuestamente buscando a un sospechoso. Pero la niña era la única persona en el interior.

Desde la vivienda de al lado, la vecina y madrina de Vanessa le gritó para advertirle que saliese de inmediato. Mientras la pequeña se agachó para tomar sus chancletas, una bala de gran calibre alcanzó su cabeza. Murió en el umbral de la casa.

“La primera cosa que dijo (la policía) es que fue una bala perdida”, dijo su padre, Leandro Matos, visiblemente enojado por el tratamiento que estaba recibiendo el caso. “No lo fue. Empezaron a disparar adentro de la residencia”.

A día de hoy, la Policía no ha atribuido oficialmente a nadie la responsabilidad por lo sucedido.
Como los familiares de algunas otras víctimas, la madre y dos hermanos mayores de Vanessa dejaron la vivienda ante la imagen de los agujeros que quedaron en las paredes amarillas de la sala de estar.

“Solía imaginar las cosas malas que podrían pasar, como que un coche atropellara a mis hijos”, dice Matos, que había abandonado la casa familiar años antes tras divorciarse de la madre de Vanessa. “Pero ahora estoy neurótico, todo me asusta”, agrega.

Impunidad. Las investigaciones para determinar de dónde provino la bala asesina de estos cuatro menores de edad es lenta o simplemente está encarpetada.

Chalancitos, el negocio que se roba la niñez

Recreación. Niños juegan en Xocotla, comunidad del municipio Coscomatepec, en Veracruz.
Mano de obra barata. Los niños de Xocotla viajan 320 kilómetros a Ciudad de México a encontrar trabajo. Reciben alrededor de $78 semanales.

En un poblado indígena del sur de México llamado Xocotla, dos adolescentes de 14 años de edad, Fermín y Benito, lograron cargar cada quien un bulto de 50 kilos de cemento. A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a Ciudad de México.

“Aquí todos los que aguantan ese peso ya se empiezan a ir para allá”, contó Fermín, actualmente de 16 años de edad y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, yendo de aquí para allá en la urbe buscando emplearse en construcciones. Nunca con contrato. Siempre con algún patrón que actúa fuera de la ley.

Desde el momento de la cargada del bulto ocurrido hace dos años, ellos –como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital del país– recibieron el apodo de “chalancitos”, diminutivo de chalán, término comúnmente empleado para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.

Ya han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno mexicano en Ginebra, Suiza, ante dignatarios de la comunidad internacional, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.

Ahí, México dio a conocer que mediante un decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes. En la lista figuraban las “obras de construcción” como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.

Para Fermín, sin embargo, no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.
Él y Benito comenzaron a sus labores cuando no llegaban a 15 años de edad. Dejaron sus estudios de nivel secundario y se mudaron a Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son solo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.

Ruta 35 –en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)– reconstruyó de principio a fin el ciclo que comienza en el momento de la cargada del bulto de 50 kilos, continúa con la llegada a ciegas a Ciudad de México y la entrada a un mundo donde trabajan con riesgos, viven hacinados, suelen ser estafados y se vuelven adictos a los inhalantes.

El ciclo termina, en algunos casos, con escenas de chicos que perdieron el uso de la razón: la dependencia de ese tipo de sustancias, según las autoridades locales, se ha convertido en una epidemia entre los adolescentes en esa comunidad veracruzana.

La cadena revelada refleja un problema que aún desborda al Estado mexicano. Aunque los datos oficiales más recientes indican una reducción del número de afectados, en 2015 había 2.4 millones de niños y adolescentes en tareas que eran consideradas prohibidas o peligrosas por las autoridades. La cantidad es suficiente para no mirarla de soslayo.

La cuna de los “chalancitos”

Xocotla, del municipio de Coscomatepec (52,000 habitantes), es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del Volcán Pico de Orizaba. Su economía se sostiene principalmente del trabajo en la albañilería en Ciudad de México, que atrae no solo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida trabajando en el campo o el comercio. En esas actividades, según sus testimonios, solo pueden ganar 25 por ciento de lo que obtienen al ejecutar labores de construcción en la capital del país.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba” contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ‘ver si no hay problema’ y ya me metieron a chambear”.
Él y Benito se fueron juntos. Se los llevó uno de los hombres que cada semana buscan mano de obra en esa comunidad. A estos personajes les llaman “contratistas”, pero, en realidad, no ofrecen contratos formales.

José Luis Montalvo es uno de esos contratistas. Habitante de Xocotla, comenzó su carrera como chalancito en Ciudad de México hace 15 años. En ese período nunca recibió un contrato legal. Ahora se dedica a reclutar a otros albañiles para llevarlos a la capital.

Durante una tarde de domingo, desde una esquina de Xocotla, Montalvo contó: “Sí, se llevan a menores de edad y los llaman chalancitos. Ganan 1,400 pesos semanales (78 dólares). Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable y se ponen a trabajar”.

Minutos después, el agente municipal, máxima autoridad de Xocotla, Carlos Martínez Ramos, reveló que suele recibir peticiones de firmas de padres de familia “para deslindar a las empresas de posibles accidentes de trabajo”.

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su administración se calcula una circulación de 3,500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente yendo y viniendo entre ese municipio y Ciudad de México, y que la mayoría son de la comunidad de Xocotla. “La población que se va a Ciudad de México está entre los 13 y 25 años”, añadió el funcionario, quien calcula que la mitad de ellos podría ser menor de 18 años.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba”, contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron ‘a ver si no hay problema’ y ya me metieron a chambear”.

Entre esos grupos de personas que salen cada semana desde distintos puntos de ese municipio serrano, van los menores de edad, sin control oficial, sin que el gobierno lo note y sin entrar siquiera en una estadística.

“Entre los líderes comunitarios hay una red de complicidades”, afirmó Hugo González Saavedra, diputado por el distrito XVIII, al que pertenece Coscomatepec, y quien reconoció el éxodo de jóvenes hacia Ciudad de México. La cadena informal que los lleva a la capital incluye no solo reclutadores, sino unidades de transporte, espacios para brindar alojamiento y contactos en obras específicas.

Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple. El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.
González Saavedra, al igual que el alcalde, dijo no tener responsabilidad en el problema ni herramientas para solucionarlo.

Las autoridades de Veracruz tienen las manos afuera y a las compañías constructoras les conviene la llegada de jóvenes –menores y mayores de edad– porque “saben que ellos vienen a trabajar de verdad y necesitan el trabajo”, según un contratista de la capital del país que habló con Ruta 35 bajo condición de anonimato.

El decreto de Xocotla

El 11 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza, el secretario (ministro) del Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida se sentó en una mesa llamada “No al trabajo infantil, Sí a la educación de calidad”, junto al Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.
Dice el comunicado emitido por el gobierno ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y siguió un fragmento de lo dicho por Navarrete ante la comunidad internacional:

“Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”.

Un día después, fue publicado el decreto presidencial en México.

Los domingos en Xocotla, a miles de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás chalancitos siguen con su tren de vida alejados de las palabras del secretario del Trabajo.

Ese es un día cuando la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con los tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de su casa entre la fría neblina de la montaña.

“Se necesitan cuatro ayudantes. Contactar con…” fue una de las ofertas de trabajo que se difundió el domingo 22 de enero. Otros anuncios provenientes de contratistas corrieron de boca en boca o de celular en celular y antes del medio día las decisiones estaban tomadas. Solo quedaba alistar el equipaje en una mochila y esperar a las camionetas de transporte rural. Aquí es donde comienza la salida en masa desde la sierra hasta la capital del país.

Consultada sobre el fenómeno, Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que esa organización no ha recibido información específica sobre el caso, pero anticipó una hipótesis basada en su conocimiento general del tema: cree que los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de constructores grandes, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores. En el esquema que opera en Xocotla, sin embargo, no se observó la verificación rigurosa del personal reclutado por parte de las compañías beneficiadas.

En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican solo a llevar trabajadores desde sus casas hacia abajo de la montaña a una estación de gasolina donde esperan los autobuses que los llevan a Ciudad de México. A cada camioneta le caben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ni las camionetas ni los autobuses tienen permisos oficiales.

“Nos distribuimos todos en pirata”, dice Montalvo, el “contratista” que lleva 15 años yendo y viniendo entre Ciudad de México y Xocotla y que nunca ha firmado un solo contrato laboral.

Un domingo nublado cuando comenzaba a oscurecer comenzaron a bajar las camionetas con chalancitos, chalanes, albañiles y contratistas por las curvas que sortean los acantilados del territorio montañoso donde está Xocotla. A sus espaldas se iba alejando el Pico de Orizaba, la cumbre más alta de México.

El precio del desarrollo. Un niño afuera de su casa de concreto en Xocotla, una comunidad que apoya su economía en el trabajo de menores de edad.

Algunos vehículos con capacidad para 12 pasajeros se enfilaban directo hacia Ciudad de México. Mientras tanto, otros se dirigían a distintos puntos de las cercanías donde los esperaban autobuses listos para tomar la carretera.
En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, ya estaban siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno e iban llegando más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurría en otros puntos estratégicos donde se anuncian salidas hacia la capital mexicana.

A los choferes de esos vehículos que esperan a los cientos de trabajadores en la estación de gasolina no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al suceso del embarque de los “chalancitos”. Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero poco a poco aceptan dialogar y permiten la presencia de los reporteros.

Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, aseguró Álvarez. “A los autobuses les dicen los turismo de terror”, dijo el diputado González Saavedra, quién también se declaró incapaz de intervenir.

“Siempre fallan los carros. Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, contó Benito, con un recuerdo relacionado en su memoria: un accidente ocurrido el lunes 4 de julio de 2016, en la carretera hacia Ciudad de Puebla, en las inmediaciones de Ciudad de México, en el que murieron seis personas.

Fue una mañana cuando 11 albañiles procedentes de Xocotla viajaban hacia sus lugares de trabajo y fueron embestidos por un tráiler de transporte de carga. Entre las víctimas, la mayoría parientes entre sí, hubo un chico llamado Alfredo Hernández, de 16 años.
Poner el transporte bajo la regulación del gobierno aumentaría el precio drásticamente cerca de 200 por ciento, lo cual sería un obstáculo para ir a trabajar. Esto afectaría la principal circulación de dinero en Xocotla. Los “autobuses del terror”, por lo tanto, son necesarios. La policía municipal vigila mientras los albañiles suben a los vehículos y no cuestionan a los dueños del negocio pero sí a algún extraño que registre los hechos.

Buscar testimonios directos de los menores de edad se torna complicado en el lugar. Los chicos saben que su situación supone la violación de leyes por parte de sus empleadores, no quieren que les vean hablar con extraños, ni arriesgar sus posiciones de trabajo, que constituyen la principal alternativa para tener dinero. La actividad es vista con buenos ojos en Xocotla porque se ha convertido en un motor para sacar al pueblo y sus habitantes de la pobreza.
Los lunes en Xocotla son silenciosos después de que se han marchado las camionetas y los autobuses. Los chicos volverán de visita en una, dos o tres semanas después de haberse internado en la metrópoli más grande y poblada del continente: Ciudad de México.

Los olvidados de la megalópolis

Son las 8:30 de la mañana en Polanco, una de las colonias más adineradas de Ciudad de México. Un edificio de vivienda de siete pisos está siendo remodelado. Los trabajadores llegan puntuales y hacen una fila para entrevistarse con el contratista.
En un parque vecino hay un grupo de cinco adolescentes, originarios de Xocotla, un pueblo indígena del municipio Coscomatepec de Veracruz. Los chicos aguardan antes de aproximarse al encargado, quien rápidamente los hace ingresar al inmueble.
Para conversar con los adolescentes primero hay que pedir permiso a quienes los trajeron desde su pueblo. “Depende de para qué quiere hablar con ellos”, contestó uno. Otro prometió conseguir el permiso y después de eso pasaron días de evasivas. La respuesta no llegó. Los llamados contratistas, que forman parte de la cadena que lleva a los adolescentes a trabajar a la capital, son precavidos para proteger el negocio.
La asignación al lugar de empleo es azarienta, según explican los relacionados con la operación. Los adolescentes pueden lo mismo ser enviados al sur de la capital a trabajar en una casa que al norte en un lujoso edificio de Santa Fe, una zona con un pujante desarrollo urbanístico a la que la etiquetan como un Manhattan mexicano.

Los lunes en la madrugada suelen llegar a Ciudad de México los albañiles de Coscomatepec después de dejar atrás la serranía. Los autobuses se estacionan en las inmediaciones del Metro Hidalgo, según pudo constatar Ruta 35.

El sitio donde aparcan está a pocas cuadras del famoso Palacio de Bellas Artes. También los vehículos de transporte llegan a las inmediaciones de las estaciones de autobuses Tapo y Taxqueña. Fermín y Benito, dos adolescentes de 16 años que han trabajado en obras de construcción desde 2015, llegaron por primera por el Metro Hidalgo y de allí los remitieron a donde les prometieron pagarles 1,400 pesos (78 dólares).

“Aquí llegan buscando trabajo y alguien quien les dé la comodidad del hospedaje. Aquí es siempre con gente conocida. No podemos quedarnos por cualquier esquina o cualquier baldío, tenemos que buscar un lugar. Aquí no hay luz ni nada pero nos conformamos en dormir en un lugar seguro”.
—¿Cómo se duerme aquí?, se le preguntó.
“Lo más humilde que se puede. No tenemos colchón ni cama. Compramos cartones y ahí somos felices”, narró el cuidador de la bodega, quien confirmó que los chalancitos llegan con frecuencia allí. “Llegan rodando como las piedras”.

Ellos dos aceptaron hablar en Xocotla, frente a sus casas, en su hábitat normal. “Cuando llegué ya me dijeron a dónde me iba a trabajar, a qué parte de la ciudad. Yo era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ver si no hay problema y ya me metieron a chambear”, contó Fermín.

Él comenzó a trabajar a la Colonia Portales, un sector marginal de Ciudad de México. Ahí trabajó en un edificio de siete pisos. Cerca estaba Benito, con quien compartió una habitación alquilada, en total, por ocho adolescentes, según relatan.

Ambos vivieron un par de estafas en construcciones en donde, llegado el día del pago, no recibieron nada o lo recibieron incompleto. Se sobrepusieron a las pérdidas y no les importó seguir intentando en más faenas dentro de la construcción. Benito trabaja ahora en Santa Fe, Fermín no tienen un rumbo fijo.

Ambos viven con sus parejas en Xocotla y las visitan los fines de semana. A sus 16 años tienen en mente formar sus familias.
José Luis Montalvo, contratista de mano de obra para construcciones quien recluta en Xocotla, afirma que a los chicos solo se les exige un requisito: “Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable de asumir obligaciones contractuales y se ponen a trabajar”.

Llegados a la capital los aspectos logísticos están cubiertos, aunque precariamente. En Ciudad de México hay una serie de casas o en bodegas que han sido habilitadas como albergues para los albañiles de Xocotla, incluidos los adolescentes. Las instalaciones se encuentran en puntos cercanos a donde llegan los autobuses.

Una de ellas está a cargo de Pedro Marín, un hombre originario de Xocotla que ha sido albañil en Ciudad de México por 45 años. Nunca trabajó bajo un contrato legal y ahora que no es apto físicamente para laborar en la construcción, aceptó encargarse de esta bodega que antes fue un frigorífico de carnes.

Marín también gana 1,400 pesos a la semana (78 dólares), lo mismo que los chalancitos que llegan a dormir en los rincones de esa gran bodega sobre cartones y sábanas viejas. Pernoctar ahí y en esas condiciones es otro de los males necesarios que se les acumulan en su experiencia en Ciudad de México.

Al margen de todo lo que ha cambiado desde que Marín se enfrentó por primera vez a Ciudad de México, hay dos cosas que persisten: los salarios bajos y la falta de previsión laboral por parte del Estado mexicano.

“Este lugar lo usamos para apoyarnos como compañeros. Todos venimos de provincia y aquí les damos hospedaje. Todos venimos de la región de Xocotla. La situación que yo viví es como la de los chicos que vienen a trabajar porque yo también así lo experimenté. Desde los 13 años comencé a trabajar”, contó Marín.

“Aquí llegan buscando trabajo y alguien quien les dé la comodidad del hospedaje. Aquí es siempre con gente conocida. No podemos quedarnos por cualquier esquina o cualquier baldío, tenemos que buscar un lugar. Aquí no hay luz ni nada pero nos conformamos en dormir en un lugar seguro”.

—¿Cómo se duerme aquí?, se le preguntó.

“Lo más humilde que se puede. No tenemos colchón ni cama. Compramos cartones y ahí somos felices”, narró el cuidador de la bodega, quien confirmó que los chalancitos llegan con frecuencia allí. “Llegan rodando como las piedras”, soltó Marín, una especie de faro para al menos cinco chalancitos de los que llegan cada semana a ese rincón en los viejos autobuses.

La escena de esta bodega se repetirá en otro lugar que maneja un sobrino de Pedro Marín, en otro punto de la ciudad.
La actividad ocurre sin controles oficiales. Cuando el gobierno de México decretó en 2015 los cambios en la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil, ya estaba en marcha la creación de los instrumentos que, entre otras misiones, deben controlar a las empresas: el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en edad Permitida y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, de la que se han instalado versiones en los 32 estados del país.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ve estas acciones como “un acto protocolario, una reunión de funcionarios sin traducción en la vida real”. Juan Martín Pérez, vocero de la organización, afirma lo siguiente sobre las comisiones estatales: “Carecen de recursos, de voluntad política y usualmente los funcionarios que asisten, no traducen esto en ningún tipo de práctica institucional o acción de supervisión”.

Alicia Athie, consultora de Organización Internacional del Trabajo, opinó que cada comisión de los estados “debería tener recursos para que puedan ejecutar acciones sin el argumento de no tener dinero (…) Lo que sucede es que las secretarías responsables ya tienen etiquetados sus presupuestos para los rubros en que los pueden ejercer y no pueden hacer traspasos para otras acciones”.

Sin consecuencias. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha impuesto sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años.

Ruta 35 preguntó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuántas y cuáles empresas constructoras han sido sancionadas en Ciudad de México a partir de junio de 2015, fecha cuando se emitió el decreto que prohíbe el trabajo en construcción de adolescentes menores de 18 años de edad.

La delegación de esa dependencia en Ciudad de México respondió que “no ha impuesto sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años”.

La Dirección de Asuntos Jurídicos informó que “no cuenta con información sistematizada y/o clasificada respecto de las empresas constructoras que han recibido sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años” desde el decreto.
En la REDIM esta respuesta de las autoridades no tiene lógica. “Ellas tienen superclaro qué empresas incurren en contratación ilegal de menores y cuáles son los municipios de donde salen adolescentes para trabajar en empresas de construcción tan grandes como las de Ciudad de México”, afirma Pérez. “El tema de fondo es que esta información no se usa para tomar decisiones en términos de prohibir la participación de chicos y chicas y sancionar a las compañías. El gobierno no está asumiendo su responsabilidad de prevención”.
Desde la fecha del decreto y de la creación de los nuevos mecanismos oficiales de control, Benito y Fermín han seguido sus vidas bajo la lógica de Xocotla y no la de Ginebra, donde México anunció sus reformas, destacando la protección a menores de edad durante “periodos fundamentales para su desarrollo individual”.

En esos periodos de sus vidas estaban –y siguen estando– Benito y Fermín cuando comenzaron su travesía por estos escenarios hace dos años.
Ellos recuerdan que durante sus primeros días en Ciudad de México alquilaron un cuarto de 12 metros cuadrados y un baño para residir con otros seis albañiles.

Algo semejante vivió hace 12 años José Morales, un trabajador que comenzó como ayudante en obras, en Ciudad de México y vivió en la colonia Minas Coyote, en el municipio de Naucalpan, que está dentro de la conurbación de la capital del país.
Dos de sus compañeros eran de Xocotla. Vivían cuatro por cada cuarto y cenaban a diario sopas instantáneas “Maruchan” y un bolillo, una pieza de pan salado. Los viernes iban por las “monas”, nombre que se le atribuye a los botes de pegamento industrial que compraban en sus excursiones al centro de la ciudad cuando iban a los bailes.
En esos rumbos, adolescentes de Xocotla suelen caer en problemas de adicciones. A Benito y a Fermín les ocurrió, pero también a otros que han sido engullidos en Ciudad de México por las labores de construcción.

Volver lastimados por la adicción

Rubén Olguín recuerda a su primo José cuando aún no lo habían encerrado en casa. Juntos partieron hace una década desde Xocotla, Veracruz, a trabajar como albañiles principiantes en el barrio popular Mixcoac en Ciudad de México. “Él llegó conmigo a chambear y tenía 17 años de edad. Lo hacía muy bien, era una persona normal, un muchacho serio”.

El paso por la ciudad fue breve, de seis meses, pero hubo tiempo suficiente para que su primo se convirtiera en adicto a los inhalantes. “Ahí comenzó con eso de la droga”, recordó Olguín, que hoy tiene una panadería en Xocotla. Siendo adicto, José emigró poco después a Estados Unidos y regresó completamente distinto. “No sé si le afectó la distancia. No ha podido recuperar su mente”, dijo su primo.

De regreso del extranjero, sus familiares no sabían qué hacer ante los trastornos de conducta. Modesta Chávez, madre de José, decidió destinarle un rincón de su casa de madera y encadenarlo a falta de posibilidad alguna de brindarle tratamiento. “Ahí duerme en el piso porque no se deja su cama ni su ropa. Ahí está enredado con su cobija. Ahí hace todo”.

El caso es conocido en el pueblo, pero no es el único. Las autoridades del municipio Coscomatepec, del cual forma parte Xocotla, consideran que las adicciones han contagiado a los jóvenes de la jurisdicción como una epidemia. La temprana emigración laboral a Ciudad de México, donde les ofrecen puestos de trabajo informal en construcción, es asociada al fenómeno que ocurre en ese lugar veracruzano.

Manuel Álvarez, alcalde de Coscomatepec, calcula que su municipio tiene una población flotante de 3,500 personas que trabajan en la capital y vuelven los fines de semana, días festivos o vacaciones. “La población que se va a la capital del país está entre los 13 y 25 años de edad. El 80 por ciento está en la drogadicción y el vandalismo”, calculó el funcionario, una valoración que coincide con las opiniones recogidas en Xocotla.
En Coscomatepec hay 52,000 habitantes de los cuales un tercio son de Xocotla. “La falta de productividad en el campo y de apoyos bien direccionados del gobierno también son la causa de la situación”.

Modesta Chávez, sin saber de estadísticas, confirma el problema: “Aquí hay muchos así. El hijo de mi cuñado también está igual. Andan a las drogas y ellos ya no entienden, andan mal”.

El ayuntamiento de Coscomatepec en junio de 2015 envió una brigada de salud para realizar “diagnósticos” entre los jóvenes para “saber qué tan informados o incluso enrolados se encuentran con el tema de las drogas”, según información oficial difundida por el municipio.

Un año antes el ayuntamiento produjo un video titulado “Xocotla, Generación Condenada” que compartió en las redes sociales. En el audiovisual se reflejó el problema de los jóvenes con adicciones. El alcalde Álvarez dijo a Ruta 35 que ese video fue mostrado a autoridades federales para persuadirlas para que ayuden a combatir la drogadicción.
El único resultado de ese audiovisual, de acuerdo con habitantes de Xocotla, fue un enojo generalizado entre la población por la “mala fama” que causó a su comunidad. Entre los comentarios en YouTube, por ejemplo, hubo quienes negaron la situación o dijeron que había sido magnificada, pero también hubo quienes dijeron que reflejaba la realidad.
“No hay un padrón exacto sobre qué es lo que pasa”, dijo al respecto Jorge González Rojas, dirigente de Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (Futuro), que trabaja en las comunidades indígenas de la región serrana en el centro de Veracruz. “Las autoridades se dan cuenta hasta que por ahí alguien falleció o quedó abandonado a su suerte”.

De lunes a viernes, la vida en Xocotla transcurre con normalidad. A menos de 10 kilómetros hacia cualquier dirección y en cualquier colina de la serranía se pueden encontrar poblados con evidentes rasgos de pobreza. Pero ahí, la primera impresión que se tiene es la de un lugar que está superando sus principales problemas. Las escuelas tienen estudiantes, hay un centro de salud en buenas condiciones y la mayoría de las casas son grandes y están hechas de concreto y no de madera, lo que ha supuesto un progreso material.
Con pocos minutos ahí, los detalles empiezan a revelar otra realidad. La clínica tiene una médica y una enfermera. Las filas de pacientes comienzan a las 4:00 de la madrugada. La doctora Carolina Román paró de atender pacientes unos minutos y dijo a Ruta 35 que “a los chicos con problemas de drogadicción no hay quien los atienda”, salvo en ocasiones en que hay campañas políticas y los candidatos quieren ganar votos enviando campañas de combate a las adicciones.

Ella frecuentemente recibe a los adolescentes que llegan de Ciudad de México con lesiones de trabajo, con heridas, golpes y fracturas.
El dinero de los programas asistenciales del gobierno –recursos mensuales destinados a las familias más pobres– se le queda a los cobradores de tiendas departamentales que suben a la sierra a cobrar las deudas.

Hay niños desde los seis años de edad deambulando y manipulando los videojuegos sin ponerles monedas, afuera de una tienda donde suena con altos decibeles el hip hop de la Santa Grifa, una música traída desde Ciudad de México, con canciones que describen la vida violenta de los barrios capitalinos.

La deserción escolar se dispara cuando los jóvenes llegan a una edad en la que pueden trabajar. En este caso, la edad es de 14 y el trabajo está lejos, a 340 kilómetros, en la capital del país.
Según Gustavo Martínez, profesor voluntario de Xocotla, unos 1,000 niños entran al nivel de primaria; a la secundaria entran 250 alumnos; al bachillerato entran 40 y cada año se gradúan entre ocho y 15 jóvenes.

En Xocotla hay tres profesionistas universitarios. Uno es el maestro Ernesto Martínez, síndico del ayuntamiento, y Ofelia Martínez, su hermana. Otro se llama Román Morales.
Hay un parque con juegos infantiles y dos canchas deportivas para el entretenimiento. En una de ellas está un pintada que dice: “Di no a las drogas”. Es ahí, y en otros rincones, donde los niños y jóvenes se juntan en grupitos e inhalan pegamento utilizando en construcciones.

Muchas personas que se ven en las calles más tarde son esos jóvenes y niños caminando sin rumbo y pidiendo dinero. Son el daño colateral del aparente progreso de Xocotla, el costo humano de que la mayoría de las familias vivan en casas de cemento con las ganancias obtenidas con los empleos en la capital.

El agente municipal Carlos Martínez Ramos reveló que en Xocotla la venta de inhalantes ha aumentado: “Los que distribuyen lo agarran como un negocio porque hay mucho joven que se droga. Detuvimos a una persona la semana pasada, nos confesó que lo hizo porque tenía una deuda de 4 mil pesos ($223) y con tres cajas de 24 botes cada una que se trajo de activo, salió de su deuda y hasta le sobró”.

Cerca de las canchas vive Benito, un chico de 16 años de edad que comenzó a trabajar en Ciudad de México a los 14. Cuando estuvo allí, vivió en un pequeño cuarto donde comenzó a probar los inhalantes con otros adolescentes.

En su viaje de regreso después de la primera semana como “chalancito”, iba en un autobús “pirata” que se llenaba de humo cuando el chofer forzaba la máquina. “Hay morros (jóvenes) que vienen moneando (inhalando) adentro del autobús, hablan solos y se escucha bien fuerte. Se encierra el humo adentro. Ellos van adormecidos y no lo sienten”. No iban dormidos, sino adormecidos. Drogados.

“Si te encuentras un buen patrón, ya la armaste. Si no, ya te chingaste. Nos vamos a la voluntad de Dios, todos los que están mejorando sus casas en Xocotla es porque se han ido, pero los jóvenes se han ido perdiendo, se van a México y llegan transformados. La drogadicción es el problema número uno”.

Benito ahora lo recuerda que está rehabilitado y hace el viaje con frecuencia. Antes él pudo ser uno de los que iban adormecidos y hablando solos.
Rubén Olguín, el primo de José, trabajó 17 años de albañil. Él habló de los motivos y la forma en que sale la mano de obra hacia Ciudad de México.

“Si te encuentras un buen patrón, ya la armaste. Si no, ya te chingaste. Nos vamos al ahí se va y vivimos en las obras donde llegamos. Nos vamos a la voluntad de Dios, todos los que están mejorando sus casas en Xocotla es porque se han ido, pero los jóvenes se han ido perdiendo, se van a México y llegan transformados. La drogadicción es el problema número uno”, dijo Rubén cuando recordó cómo vio a su primo por última vez, y soltó una frase sin pregunta de por medio: “Dicen que todavía está vivo”.
Olguín se alegra durante las mañanas de los fines de semana, en días feriados y en vacaciones porque sus ventas son muy buenas en la panadería. Vuelven al pueblo los trabajadores y traen dinero. Pero en las tardes es mejor cerrar las puertas del negocio porque comienzan los recorridos errantes de algunos chicos.

Como en los barrios de la capital, el pueblo aprendió a dividirse. Están los de arriba y los de abajo imitando a las pandillas y creyendo en una rivalidad territorial. En el pueblo hay pintadas con el nombre de la pandilla Sur 13 y peleas frecuentes entre grupos.
“Aquí la inseguridad es porque los chamacos se agarran entre ellos a pedradas, con cadenas, cinturones, con lo que tengan. Es normal que las personas salgan lastimadas en temporadas de vacaciones”, confirmó Gustavo Martínez.
Los últimos días de José en las calles eran así, en la “loquera”, y todavía los recuerda. Se lo contó a Leonardo Tiburcio, lugareño familiarizado con los males de Xocotla, durante una visita a su cuarto, en la que Ruta 35 estuvo presente con el permiso de Modesta Chávez.
La escena, ocurrida en 2014, se desarrolló en la oscuridad, pues el cuarto de José no tiene ventana y solo entra la luz por las rendijas de los tablones de madera. Como es común en esa región montañosa, hacía frío. Para alegría de su mamá, el chico ya aceptaba cubrirse con una cobija.

“Me tengo que curar, tengo que salir, ya no voy a ser loco, tengo que buscar la forma de cómo curarme. Así poco a poco”, dijo José, con una recobrada capacidad de hilar mayor cantidad de oraciones.

Leonardo Tiburcio disparaba preguntas una tras otra, como si quisiera despertar la memoria perdida del chico acurrucado en la penumbra. “¿Estarías de acuerdo tomarte un tratamiento para que te levantes?, ¿quieres que te vea bien tu mamá, tus amigos?, ¿te duele?”
“Ya no podía yo con la loquera, me hacía daño a lo grande. No podía, no podía. Quiero decirles que me ayuden”, decía José. “Si estuviera curado, yo no necesitaría yo nada más”.
José no ha mejorado desde aquel día. Su caso para muchos es una metáfora extrema de las consecuencias que puede traer el modelo de trabajo que da sustento a Xocotla, es un ejemplo de las heridas que, en muchos casos, deja la búsqueda del bienestar en un lugar donde las políticas públicas, según las propias autoridades, no funcionan.
“No tiene caso que el pueblo esté progresando mucho en alumbrado, calles y campos deportivos y que el joven en lugar de que le dé gusto, se drogue”, dice el agente municipal. Así es más lo que se pierde, que lo que se gana.

Población flotante. Se calcula que son 3,500 las personas que trabajan en la capital y vuelven los fines de semana. Sus edades van de los 13 a los 25 años de edad.

Situación de las cárceles en Latinoamérica recrudece la crisis de seguridad regional

Fracaso carcelario. El 90% de los asesinatos en la región no son resueltos y las cárceles no logran rehabilitar y reinsertar a los presidiarios.

Uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, la mayoría por crímenes más graves de lo que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más emblemáticas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado, y que son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones de América Latina.

En Brasil, por ejemplo, los grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles y desde allí coordinaron y expandieron sus operaciones, llegando a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay.

Sus líderes Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para llevar a cabo sus planes. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el saldo de las riñas es monumental, obligando al gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que dejaron unos 140 prisioneros muertos –varios de ellos mutilados– a inicios del año.

Entre los mejores. El penal de San Miguel de Allende (Guanajuato, México) tiene la calificación más alta de cárceles para varones en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la CNDH, con 8.53.

Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, solo contribuyeron a alimentar su leyenda, ya que túneles, engaños y sobornos honraron las restricciones más severas. Entre exponerse a otra huida, el Gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos porque ahí reciben protección frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en El Salvador.

Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos pueden aprovechar su condena para pensar e implementar estrategias. También hay prisiones donde las bandas carcelarias se han vuelto verdaderas instituciones, con reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico, hay por lo menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi 40 años. Sus reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos internos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición de la organización a lo largo de los años por “maestros”.

Sudamérica. El penal de Lurigancho (Lima, Perú).

Crimen, castigo y reinserción

La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana, como muestra la encuesta Latinobarómetro de MORI, parte fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde río Grande a Tierra del Fuego.

Es que Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la región tiene el 9 % de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a escala global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia.
Y la justicia no ha logrado atacar el problema. El 90 % de los asesinatos no es resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.

Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América (GDA), las primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados están el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú).

Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina, el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, comenta.

Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida para enfrentar el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100 %. En el caso de Venezuela, la cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema carcelario.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos niveles de aglomeración generan una “masacre silenciosa” y agravan los problemas, como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes.

El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes y, cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad la mantención del control y del orden. Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 reclusos, se dio cuenta que en los mismos pabellones convivían personas que fueron detenidas por vender películas piratas en la calle con asesinos.
La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva en Latinoamérica. El procesamiento de los casos puede tardar años y las cárceles se van llenando poco a poco de personas que no han sido condenadas. En promedio 33.4 % de los reclusos de la región están en prisión preventiva.

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México y quien se ha dedicado a estudiar en la última década las cárceles latinoamericanas, asegura que se ha dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser un instrumento de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. El experto afirma que el abandono de esos objetivos debe encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen.

“Del fondo de mi corazón, si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir”, dijo una vez el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

Crisis. El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que Latinoamérica tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios en el mundo.

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Steven Dudley, codirector de InSight Crime: “Hay que ganar los espacios políticos y sociales dentro de las prisiones”

Una entrevista de Amanda Marton Ramaciotti/ GDA

Steven Dudley,
codirector de InSight Crime

Según el experto, los grupos criminales se aprovechan de la “falta de necesidades básicas (en las cárceles) para acumular poder”. Para Steven Dudley, los Estados han dejado vacíos de poder en las cárceles que fueron llenados por criminales. Cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crime y analista del Woodrow Wilson Center, Dudley asegura que hay que crear mejores condiciones de vida para los presos, y así evitar que se unan a organizaciones criminales dentro de las cárceles.

¿Las cárceles en Latinoamérica podrían ser capaces de disminuir la crisis de seguridad?

“No de la manera que están, pues a la larga generan más inseguridad. Los presos entran en contacto con criminales más organizados y en instituciones cada vez más debilitadas. Un espacio que se convierte en una escuela de criminalidad, donde hay unos PhD (doctores) del crimen que son poderosos dentro y fuera de las cárceles.

El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia, entonces nadie presta atención a lo que está pasando dentro de las cárceles. Y fuera de ellas las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos, para poder tener una vida digna. Ni hablar de la corrupción que hay.

Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos y, en este caso, grupos criminales poderosos pueden utilizar esa falta de atención, esa falta de necesidades básicas para acumular poder. Eso es lo que posibilita que grupos más poderosos, como los de Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel. Eso se ve cada vez más en otros países: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado.

Entonces quienes “gobiernan” a los presos son otros presos. Quienes son los que alimentan a los presos son los otros presos, quienes son los que dejan o no dejan el espacio para visitas son los otros presos, o que reciban o no reciban cosas desde afuera, son los otros presos. En ese mundo donde el Estado deja un vacío de poder que es llenado por los criminales, lo que se genera es más legitimidad para los criminales”.

Insight Crime ha investigado sobre las prisiones de gran parte de Latinoamérica. ¿Qué países de la región considera usted que viven las situaciones carcelarias más extremas?

“Donde hemos visto situaciones muy graves es en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también y se están poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose con soluciones políticas cortoplacistas de “mano dura”. Esa idea siempre surge porque es la manera que los políticos tienen de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo y cómo ganar esos espacios políticos y sociales
dentro de las prisiones. Donde los mismos presos puedan trabajar, puedan expresarse, puedan tener cierta vida humana”.

Finalmente, ¿qué opciones existen además de las cárceles para luchar contra la crisis de seguridad regional?
“Dejar de criminalizar algunos crímenes que ahora están considerados en los códigos penales. Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias es un problema de salud, no debería ser un problema criminal en muchos casos. Hay que pensar en todos los programas de prevención, creando los mismos espacios sociales para los jóvenes, abriendo más espacios de entrenamiento para ciertos trabajos, espacios de educación, pensar en las penas alternativas y programas de rehabilitación. Pero también educar a la población a aceptar excarcelados. Si no, los programas de rehabilitación no servirán para nada”.

El Caribe. Centro de Tratamiento Social de Humacao, Puerto Rico.

Indispensable Angela

Trayectoria: Merkel cuenta con 12 años de experiencia como canciller a sus espaldas y otros cuatro por delante.

Así como hay una superpotencia indispensable, Estados Unidos, según la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, también hay un personaje político europeo indispensable, según el semanario The Economist, y este es Angela Merkel. Si no fuera por la obsesión alemana por la discreción y por su reticencia al protagonismo, Merkel sería reconocida como la líder del mundo libre, especialmente desde que Obama dejó la Casa Blanca y le sustituyó el presidente más atrabiliario, errático e irresponsable que haya encabezado el Gobierno de Washington.

Este domingo los alemanes tendrán la oportunidad de darle por cuarta vez una mayoría parlamentaria, algo prácticamente asegurado a la vista de las encuestas, en las que las listas socialdemócratas, con su candidato Martin Schulz a la cabeza, se hallan a una distancia inalcanzable –entre 15 y 17 puntos por detrás– para aspirar a algo más que entrar como socios minoritarios en un gobierno de gran coalición. La única incógnita que dilucidarán los electores será la fórmula de gobierno, en función de la composición del Parlamento, pero no la centralidad de la coalición conservadora CDU-CSU y de la figura indispensable de Merkel.

La tonalidad del cuarto mandato de Merkel en la cancillería dependerá de los socios que se vea obligada a escoger entre las tres opciones posibles en un mapa parlamentario en el que no se dan mayorías de gobierno en solitario. La opción más clara son los liberales del FDP, el socio habitual de la CDU-CSU en la coalición burguesa durante los años de la Alemania de Bonn, con los que también Merkel hizo gobierno en su segundo mandato entre 2009 y 2013. Para que esta fórmula sea posible los liberales deben salir del bache en el que se metieron hace cuatro años, cuando se quedaron sin representación parlamentaria por primera vez desde la fundación de la actual república.

Siempre está a mano la gran coalición, la fórmula que mejor refleja el consenso central de la política alemana, que lleva a gobernar juntos a los dos partidos concebidos para actuar como adversarios, uno en el Gobierno y el otro en la oposición, con el inconveniente de que dan cancha política a quienes serán los extremos, la izquierda radical Die Linke y el partido antiinmigración AfD (Alternative für Deustchland).

Hay todavía una tercera fórmula inédita, en la que una insuficiente mayoría parlamentaria conservadora-liberal se vería completada por los diputados verdes, dando lugar a la Jamaica, una improbable coalición en la que ondean, como en la bandera de la isla caribeña, los colores negro (CDU-CSU), amarillo (FDP) y verde (Die Grüne). Para Merkel, tendría el atractivo de estrenar socio de coalición con el partido que gobernó con su antecesor Schröder y dio a Alemania un destacado ministro de Exteriores como Joschka Fischer, en el gabinete que mejor representó la llegada al poder de la generación revolucionaria del 68. Sentar juntos a liberales y verdes es algo con una dificultad objetiva en los programas contradictorios de ambas formaciones, especialmente respecto de los refugiados y a las emisiones contaminantes de los automóviles, pero también en una cuestión de culturas políticas opuestas e incluso enemigas.

Con 12 años de experiencia como canciller a sus espaldas y otros cuatro por delante, Merkel superará pronto a Konrad Adenauer, que permaneció 14 años al frente de la república de Bonn (entre 1949 y 1963), e igualará a quien fue su mentor, el canciller de la Alemania unida, recientemente fallecido, Helmut Kohl. Si el primero inauguró una Alemania en paz y el segundo consiguió reunificarla, Merkel se ha encontrado con el reto de responsabilizarse del rumbo de Europa entera en la época de mayores turbulencias para el proyecto de integración, que coincide también con la quiebra del liderazgo mundial de Estados Unidos.

Apoyo. Jóvenes esperan la llegada de Angela Merkel a un evento de su campaña electoral el pasado lunes 18 de septiembre. Utilizan la forma en la que junta las manos para representarla.

El récord de permanencia en la cancillería llegará en 2021, cuando Merkel cumpla 67 años, todavía a seis de alcanzar la edad de Adenauer cuando fue investido como el primer canciller de la República Federal. Aunque muchos especulan con su jubilación al término del próximo mandato, nada está escrito sobre la eventualidad de un quinto mandato al que se presentaría con la edad de Hillary Clinton cuando aspiró a la presidencia de EUA. Esta eventualidad, ahora remota, dependerá de dos factores: de su capacidad para superarse a sí misma en su balance de gobierno, de forma que se encuentre entonces en buen estado de forma política y de imagen pública; y del punto en que se halle el centro derecha, en cuanto a cohesión y liderazgos alternativos, ahora inexistentes.

Merkel, a diferencia de Adenauer y Kohl, ha adquirido envergadura gracias a las crisis existenciales con las que ha tropezado. No es lo mismo la oportunidad de un momento inaugural, como la Hora Cero que presidió Adenauer, o la caída del muro, que correspondió a Kohl, que la dificultad de dos crisis como la del euro y la de los refugiados, que han hecho gravitar el peligro de desaparición sobre la propia idea de Europa.

Buena parte del éxito de Merkel tiene que ver con la solidez del sistema político e institucional alemán, en el que ella ha conseguido ocupar e identificarse con el centro ideológico e incluso topográfico. Pero también cuenta su personalidad, reflexiva y dubitativa, pragmática y posideológica, capaz de arriesgar pero alejada de visiones y fantasías (esa vision thing, que no tenían tampoco ni Bush padre ni Helmut Kohl) y con un sentido moral que la alejan del cinismo y de la arrogancia tan característicos de la profesión política masculina.

Una reciente encuesta del Pew Research Center, realizada en 37 países, revela el impacto global de la canciller, en contraste con el desprestigio de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Un 42 % de la mediana mundial de las encuestas confía en Merkel frente a un 31 % que expresa su desconfianza, cifras que en el caso de Trump son del 22 % y el 74 %, respectivamente. En Europa, el grado de confianza llega al 60 %, con la particularidad de que el Pew subraya el notable apoyo con que cuenta la canciller en la opinión de izquierdas.
Un exceso de expectativas puede también traducirse en nuevas decepciones, sobre todo cuando quien la espera son la Unión Europea en la salida de la crisis y el mundo sin presidente de Estados Unidos. Le sucedió a Obama solo llegar a la Casa Blanca y le puede suceder a Merkel en su cuarta investidura como canciller. Las tareas alemanas que tiene ante sí no son menores y no podrá desatenderlas en nombre de unos liderazgos europeos y globales que suscitan más reticencias que entusiasmos entre sus compatriotas.

Buena parte del éxito de Merkel tiene que ver con la solidez del sistema político e institucional alemán, en el que ella ha conseguido ocupar e identificarse con el centro ideológico e incluso topográfico. Pero también cuenta su personalidad, reflexiva y dubitativa, pragmática y posideológica, capaz de arriesgar pero alejada de visiones y fantasías.

La economía se halla en excelente forma, pero todavía vive en buena parte del impulso reformista de su antecesor Gerhard Schröder. El país no tiene las infraestructuras que necesita, producto entre otras cosas de su aversión al gasto y al endeudamiento. Siendo un gigante industrial, la rama más puntera que es la digital se halla subdesarrollada. El prestigio de su industria automovilística se halla erosionado por el fraude de las emisiones. Sigue cayendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores peor pagados, en una buena demostración de que Alemania no se sustrae al incremento global de las desigualdades que ha presidido la reciente crisis. Y es muy inquietante su demografía declinante con una población cada vez más envejecida.

A pesar de las exigencias interiores, hay demanda de Merkel en Europa –con Macron a la espera de dar juntos el gran impulso europeo– y la hay en el mundo, con esos liderazgos populistas y autoritarios, Trump, Putin, Xi Jinping, que hacen todavía más urgente una brújula orientada por el derecho internacional y por los valores europeos que son los de Angela Merkel.

Sello. La forma rígida en la que junta las manos se ha convertidos en uno de los gestos que la distinguen.

Los niños de la guerra del Triángulo Norte

Emigración

Ellos luchan por vivir en México

En el camino a convertirte en adulto hay que pasar obstáculos, levantarse de tropezones y adversidades que solo con la madurez que se espera del paso de los años se podrían resolver. Pero no para todos es igual. Jorge creció de golpe. A los ocho años dejó de ser niño. La infancia lo abandonó.

Ese día decidió tomar la mano de su tío en una de las calles de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Honduras, y salió a probar una bicicleta. Después de varias cuadras de recorrido y algunos minutos, a ambos les dio sed y decidieron pasar a una tienda por una bebida. Ahí, justo en ese recuerdo de un día normal en apariencia, se detiene la memoria de Jorge. Dos jóvenes miembros de una pandilla los estaban esperando. Cruzaron frente a la tienda en bicicletas, sacaron sus armas y dispararon hasta que vieron caer a su tío. Jorge se desmayó al instante y despertó con el peso encima del cuerpo inmóvil de su familiar.

Después de ese día, en el lapso de los siete años siguientes, asesinaron a su padre, y un hermano mayor ingresó a una pandilla; envolvió y repartió droga y después le pidieron asesinar a otro integrante de su familia. Su vida cambió de nuevo ante tal petición. Algo sucedió: se negó.

“Bueno, en ese entonces no me negué, pero… me tuve que venir (a México) porque incumplí una regla y me podían matar”, relata Jorge, actualmente de 16 años, a EL UNIVERSAL. Después de ese momento, sin pensarlo dos veces, le avisó a su tío sobre el plan de la pandilla, tomó un cambio de ropa y huyó a México. Solo y sin decir adiós.

“Toda mi vida anterior no la quisiera recordar… Pero son cosas que han pasado. No digo que lo pueda olvidar, pero sí lo puedo sacar de mi cabeza un momento”, explica Jorge, quien está en espera de una respuesta al proceso iniciado para ser refugiado en México.

Migrar o “caer en las garras de ellos”

En los últimos cuatro años, el número de solicitudes de refugio en México por parte de menores no acompañados provenientes del Triángulo Norte –Honduras, El Salvador y Guatemala– se incrementó 350 %: en 2013 fueron 65 menores originarios de esas naciones quienes pidieron refugio en nuestro país; en 2016 la cifra llegó a 229, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Esta cifra es realmente baja si se compara con el movimiento migratorio de estos países registrado por el Instituto Nacional de Migración (INM): de 2010 a lo que va de este año se han presentado ante la autoridad 66 mil niños que viajan sin algún familiar responsable de ellos, a 99 % los han regresado a sus países de origen. En 2013 fueron 5,562; 2014, 10,711; 2015, 20,347, y en 2016 se redujo un poco, a 17,530.

En ese contexto, en 2006 la Red de Módulos de Tránsito para Niños Migrantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registró 262 niños del Triángulo Norte, mientras que para 2016 cruzaron la frontera 18,998. La cifra llegó a miles en 2010: 3,028, y se fue incrementando de a poco hasta 2014, que alcanzó 13,639.

Llegar a uno de estos lugares significa tener un conocimiento de la ruta, pero la mayoría de quienes huyen de su país, como Eduardo, salen sin rumbo y sin pensar en regresar: “Si volvía iba a caer en las garras de ellos”.

Más . En 2013 fueron 65 menores originarios de esas naciones quienes pidieron refugio en nuestro país; en 2016 la cifra llegó a 229, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Eduardo se encuentra en el mismo proceso de refugio. En los tres meses que lleva en México ha hablado con su familia cada semana, pero no les ha dicho por qué huyó. Él trabajaba en la ciudad de San Pedro Sula arreglando fallas mecánicas y tenía que entrar y salir de barrios gobernados por pandillas. Lo quisieron forzar a trabajar con ellos, no aceptó y recibió amenazas de que si lo volvían a ver por ahí lo mataban a él y a su familia. Regresó a casa, lo pensó unos días, tomó una mochila y huyó con la idea de ir a Estados Unidos.
La cifra de menores no acompañados que han llegado a Estados Unidos cruzando por México, solo de 2014 a 2016, es de 168 mil. Eso quiere decir que de 2014 a 2016, sumando los registros de ambos gobiernos –estadounidense y mexicano–, por lo menos 216 mil niños, sin ningún familiar ni apoyo, fueron mandados a la fuerza por sus padres o simplemente huyeron sin avisar, para lograr una mejor vida: 72 mil al año, 196 al día, 5,901 al mes.

Fue 2016 el segundo año en que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más migrantes no mexicanos. El otro año fue 2014, que fue marcado como “crisis humanitaria” por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, al ver la cantidad de niños centroamericanos que llegaban solos a su país. En 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68 mil menores; para 2015 la cifra bajó 39 mil, pero en 2016 creció de nuevo a 60 mil.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que si los migrantes supieran de la posibilidad de pedir refugio, el número aumentaría radicalmente. En cifras totales, México ha recibido 19,188 solicitudes de 2013 a la fecha, y solo a 4,910 se les ha concedido el título de refugiado. De ellas, 90 % provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En 2017 las cifras de menores no acompañados presentados ante el INM es mucho menor. En los primeros cinco meses del año se registraron 2,595 menores, lo que representa 14 % del año anterior y la primera vez que decrece el flujo migratorio de este grupo.

“Se observa que ha habido una disminución (del flujo migratorio). Incluso visualmente es evidente. En los albergues también ha habido una disminución. Hay un dato interesante y es que si bien es cierto que el número de personas que han ingresado ha disminuido, no hemos registrado esta misma disminución en el número de solicitudes de asilo. Más bien ha habido una disminución en la brecha de personas que entraban a México y no solicitaban asilo”, explica el coordinador de las oficinas de Terreno de ACNUR en México, Rafael Zavala.

A la mitad de 2017, la COMAR registra más de 6 mil solicitudes, casi el total de todo el año pasado. ACNUR estima que a fin de año el número de solicitudes ronde las 16 mil, el doble que el año pasado.

Esta situación también se ve en los niños no acompañados: van 115 peticiones de refugio de parte de estos tres países, un poco más de la mitad de las que hubo el año pasado. Expertos explican que en verano es cuando se da la mayor cantidad de movimiento migratorio, así que esperan que el número siga en aumento.

Jorge le avisó a su tío que lo querían matar, él le dio un poco de dinero y le dijo que se fuera. Analizando la situación, dice que no tenía opción: era ser pandillero o ser asesinado por una pandilla. Narra que él decidió meterse a las pandillas luego de que a su hermano lo asesinaran por haberse enamorado de una muchacha que estaba en la banda rival. “Un amor imposible”, lo define.

A los meses de haber huido de su país, Jorge llamó a casa y le dijeron que al tío al que alguna vez le encomendaron matar había sido asesinado. Explica con una sonrisa, cada vez que habla de un tema violento, que así tenía que ser. Para él, salir de su país como salió, de improviso, con violencia, es una nueva esperanza de vida.

Otra vida. De 2010 a la fecha, 32 mil guatemaltecos menores de edad no acompañados migraron a México en busca de mejor vida.

Guatemala: los niños en busca de un sueño inalcanzable

Aquí se empezó a contar a los niños que se quedan, porque nadie contó antes a los que se fueron. En el municipio de San Lázaro, Guatemala, saben que hay 26 casos de niños en desprotección. Que 32.6 % de la población vive en pobreza extrema, y el resto, en pobreza general. Que tienen a 6,323 niños, niñas y adolescentes estudiando. También, que de esos estudiantes, 48 % tiene desnutrición crónica.
Que abril y mayo son los meses en que más niños se van, y que al llegar el verano, se van los demás, los que quedan.

Se sabe que ahora se van más niños. De los siete casos que tienen registrados en los primeros meses de 2017, seis tenían entre 0 y 13 años, y solo uno estaba entre 13 y 18.
Actualmente, 45 % de la población de San Lorenzo está en Estados Unidos. Y casi todos se han ido, y se siguen yendo, de San Lorenzo, con edades de entre nueve y 14 años.
Un día lluvioso en las montañas de San Lorenzo, los líderes de la comunidad deciden abrir un camino más amplio para el paso de las camionetas en las “carreteras” circulares –caminos de terracería– que hay para conectar a la comunidad. La escena se dibuja con un operador de una máquina excavadora y unas 15 personas dándole indicaciones para no caer por la barranca o para que no jale tanta tierra debajo de una casa que quedará flotando como parte del camino.

La mano de obra tiene un promedio de edad de 40 años. No hay jóvenes. Todos tienen algo en común: Estados Unidos. Son deportados de EUA; regresaron de allá o mandaron a sus hijos a la nación estadounidense. De hecho, las mejores casas de la región son de aquellos que siguen fuera de Guatemala. Sin habitar, pero con “lujos” que sobresalen en relación con el resto, como techo de cemento y no de lámina.

Ángel Agustín Marroquí, representante del presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario, también vivió en el vecino país del norte por más de 20 años antes de ser deportado. En el primer año de haber migrado, tuvo sus zapatos de cuero y una chamarra. Tenía 14 años y pagó a un pollero 9 mil quetzales (unos 20 mil pesos). Le prometieron camiones de primera y hoteles, en cambio comía una vez al día y estuvo encerrado una semana en una bodega. Antes de él se habían ido a EUA otros tres de sus hermanos: “Hay cosas que uno requiere de niño. Uno sueña de niño…. El factor (negativo) que hay aquí es que no hay recursos. Uno desea… ¿verdad? Y más cuando escucha que Estados Unidos es un país superado, que hay trabajo, que ahí uno se puede superar. De ahí uno dice: ‘Mejor me voy’”.

No hay un cálculo certero sobre cuántas personas ha cruzado el pollero de la comunidad. Solo saben que desde que comenzó a hacerlo, los pisos de su ferretería han crecido, ahora tiene cinco. La gente en la comunidad pide préstamos o da su terreno para poder pagar el viaje. En los tiempos de Ángel eran 9 mil quetzales, ahora la tarifa va de 75 a 90 mil quetzales, de 180 a 215 mil pesos.

La mayoría tiene familiares en EUA

“La primera vez fue en 1995. Íbamos como 70 personas, la mayoría jóvenes entre los 14 y 20 años. De los 70 que fuimos, aproximadamente 40 terminamos el viaje. Todos llegamos a Florida para la pizca de tomate. Pienso que 80 % de la gente de San Lorenzo tiene uno o dos, hasta tres familiares en Estados Unidos”, dice el alcalde municipal de San Lorenzo, Josué Tema Corona, quien también fue cruzado por el famoso coyote de la comunidad.
De 2010 a la fecha, 32 mil niños guatemaltecos no acompañados han cruzado hacia México en busca de un mejor futuro. Otros 18 mil fueron interceptados por la patrulla fronteriza en los nueve puntos de control en la frontera sur con México. 2015 fue el año con mayor número de detenciones por parte de migración: 11 mil. En 2016, el número de niños y adolescentes que pasaron por Guatemala aumentó 745 % respecto al año anterior y de ellos 36 % eran no acompañados. “Se van por varios factores. Muchos por la pobreza y la falta de empleo. Por supuesto las pandillas, los grupos organizados han querido hacerse de las suyas y apoderarse de Guatemala. Si nosotros vivimos 29 años de guerra interna. Pienso que eso se terminó en la montaña, pero se fueron a la ciudad”, explica el alcalde municipal de San Lorenzo.

El desplazamiento de las pandillas salvadoreñas se extendió a Guatemala. Se concentran en las principales ciudades, lo que es notorio en las cifras de incidentes delictivos, puesto que en ellas se registraron 37 % de los homicidios y 50 % de los heridos en hechos violentos en 2016. Uno de los peores años de violencia fue 2008, cuando la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 46, mientras que en 2016 fue de 27.3, según los datos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Ciudad de Guatemala vive una ola de violencia y se sabe que las pandillas dominan zonas metropolitanas; a pesar de ello, hondureños y salvadoreños llegan desesperados a buscar refugio, “aunque sea ahí”. De 2014 a la fecha la solicitud de refugio en Guatemala aumentó 276 %. En 2016 había 300 refugiados, la mitad de ellos de El Salvador y 11 % de Honduras, 21 % del total, menores de edad. México ha recibido, de 2013 a la fecha, 58 solicitudes de refugio de niños guatemaltecos no acompañados.

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“Me vine porque nos iban a hacer algo”

A Saúl le dijeron que se iba de vacaciones a Guatemala. Dejó la escuela, tomó varios juguetes y con su familia, padre, madre y hermana menor, salieron por la noche de San Salvador, El Salvador. Saúl tiene cinco años y no ha dejado de escuchar a sus papás decir que huyeron, por lo que cuando alguien le pregunta qué hace en Guatemala, él responde: “Me vine porque si no me iban a poner algo… porque si no nos iban a hacer algo. Y nos venimos aquí…” Pero realmente no sabe que su papá se enamoró de la persona incorrecta o que al menos eso consideran los pandilleros. Raúl es de otra colonia, pero conoció a su esposa y se fue a vivir con ella. Al principio nadie le decía nada, pero por movimientos de control del barrio, las cosas cambiaron de un día a otro. Raúl llevaba a su hija menor en brazos y regresaba a su casa junto con su esposa –después de dejar a Saúl en la escuela– cuando dos pandilleros le dijeron que se fuera y que no lo mataban porque traía cargando a su hija.

El plan original era irse hacia EUA o a México, pero el dinero no fue suficiente y decidieron quedarse en Guatemala. “Primero queríamos ir hasta México, pero por la escasez de recursos económicos llegamos hasta acá. Han estado amenazando a otros. Después de que salimos mataron a otro muchacho que no quiso salirse de su casa”, cuenta Raúl.
Países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Belice han empezado a recibir solicitudes de refugio por parte de estos países.

A unos metros del río Suchiate, frontera con México y Guatemala, vive Édgar, de 22 años, quien desde hace cuatro años cruza a la gente de un país a otro por 15 quetzales. Su horario es conforme a demanda. Siempre hay que estar pendientes de los coyotes que empiezan a llegar después de las 8 de la noche y hasta las 3 o 4 de la madrugada. Dice que ha visto de todo y que últimamente hay menos personas cruzando, pero que hace poco vio a un niño-coyote. “Tenía unos 16 años, llevaba ocho personas. Y estuvo pasando gente como un mes por acá”.
Arriba de donde ellos cruzan está el puente de Migración, pero dice Édgar que nunca ha tenido problemas cruzando gente, aunque por lo menos dos veces al día bajan algunos oficiales mexicanos y aleatoriamente seleccionan gente para extorsionarlos y dejarlos pasar “por unos 200 pesitos”. Una vez llegó hasta Oaxaca con amigos, con la idea de llegar a Estados Unidos. Regresó porque a todos los agarró Migración. En ese ir y venir fronterizo, Édgar ha visto rostros familiares intentar cruzar una y otra vez. Quizá un día se vaya para no volver, como la corriente.

Huir. La violencia generada por pandillas orilla a menores de edad a huir de El Salvador. A partir de 2014 el promedio de deportados pasó de 25 en una semana a 100 al día.

El Salvador: nacen sin infancia

“Hoy en día en El Salvador a los niños de ocho o 10 años ya no se les puede decir niños. Ellos nacen así, sin infancia, ven la realidad como está y se acoplan a lo que les toque. Ingresan a una pandilla o se van. No tienen más caminos. El país no genera un ambiente donde ellos puedan crecer de una manera diferente”, dice contundente “el Mago”, exlíder de la pandilla 18-R de la zona rural del municipio de San Pedro Masahuat, en El Salvador. Él no pudo hacerlo, pero afirma que de haber tenido la oportunidad, cuando tenía 10 años, habría hecho lo que hoy hacen muchos: huir.

Cuando tenía la edad en la que un niño debería estar tendiendo la cama, recogiendo el desayuno, levantándose y yendo a la escuela, Henry lidiaba con unos pandilleros de la MS de 14, 17 y 21 años que le quitaban dinero y la comida que llevaba a la escuela. Un día se cansó y decidió acusarlos con su tío. “En un hombre se veía mal que anduviera poniendo queja, así que lo que me dijo fue que me defendiera como yo pudiera”. Así que al otro día, junto con otros tres compañeros, fue a donde estaba uno de aquellos pandilleros que lo molestaban… Entre los tres le encajaron un picahielo.
Ahí todavía no era pandillero.

—¿Lo mataste? –pregunto a “el Mago”.
—No, solo quedó herido. Como estábamos pequeños, no logramos eso. Solo pasó unos 10 meses mal –responde.

Por esa razón Henry huyó a otra comunidad a trabajar en un taller mecánico. En el barrio al que llegó dominaba la 18 R, la banda rival. A los meses de estar ahí se le fueron acercando y, poco a poco, se fueron convirtiendo en su familia. A los 12 años le comenzaron a llamar “el Mago”. En su primera misión regresó a su barrio de origen para atacar a la banda rival. En esos años, cuenta, no era tan común que hubiera muertos, pero esa noche hubo cuatro. Fue para él algo “mágico”.

A partir de ese día “la magia” se extendió por largo tiempo. Hoy tiene 31 años y 14 impactos de bala en el cuerpo, nueve de ellas permanecen aún en su cuerpo. En 2006 eran 65 los que controlaban con él la zona, ahora de ellos solo quedan nueve, los demás están muertos.

Un pandillero menos, de entre 60,000

Hoy Henry pasa la mayor parte de su tiempo en la iglesia. Salió de la pandilla y es colaborador activo de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez en El Salvador, que actúa en las comunidades La Divina I, II y La Tekera interviniendo en ataques internos.

Se calcula que en este país hay alrededor de 60,000 pandilleros. El promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 fue de 104, en 2016 de 81. De 2005 a 2016 fueron asesinados más de 7,000 niños, 700 al año, 58 al mes y dos al día, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y estadísticas del Gobierno de El Salvador. De 2010 a 2017, 14,000 menores no acompañados provenientes de aquel país han intentado llegar a Estados Unidos cruzando México; solo en 2016, un total de 17,000 fueron detenidos por la patrulla fronteriza. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) tiene solo un conteo de la migración de niños cuando son retornados, es decir, no sabe cuántos se van. En sus cifras, en 2015 hubo 3,587 casos de niños no acompañados y en 2016 fueron 1,949. De 2013 a la fecha, 202 niños salvadoreños solicitaron refugio en México.

“Las tres grandes motivaciones en el caso de niños y adolescentes migrantes son: la reunificación familiar, la búsqueda de oportunidades y la violencia. La crisis nos sorprendió a todos en 2014. Antes de ese año la cantidad de niños, niñas y adolescentes era muy poca. Estábamos recibiendo a 25 niños a la semana. En 2014 llegamos a recibir a 100 niños en un día”, detalla Vanessa Martínez, subdirectora de Defensa de Derechos Individuales del CONNA.

Las instituciones gubernamentales no encuentran explicación razonable sobre cómo de un año a otro creció tanto la migración de niños. “Desconocemos las causas. Sin embargo, hay situaciones sociales que nos están alertando sobre la complicada situación de la niñez y adolescencia”, reconoce la subdirectora de Protección de Derechos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, María de la Paz Yañes.

De 2000 a 2016, la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene registradas 33,000 denuncias por extorsión atribuidas a pandillas. Entre esos casos está el de Luis, quien no sabía por qué un señor le tomaba de la mano a las 3 de la mañana y su madre se quedaba viéndolos irse. Tampoco entendía por qué, en las últimas semanas, su mamá le tenía prohibido salir al patio de la casa, a la tienda y mucho menos lo dejaba jugar en la calle. Él cuestionaba, pero al final obedecía. Tampoco escuchó cuando aquella noche una botella de cristal se quebró en la pared de su casa y cómo el ruido hizo que su madre fuera a ver qué pasaba. De primer momento no vio nada, pero regresando escuchó al perro comer algo. Era un papel. En lo que se alcanzaba a ver en el papel mordido por el perro, había un mensaje claro: si no pagaban el dinero, el niño pagaría las consecuencias. Días antes de ese hecho, el papá, migrante en EUA, le había alertado a Gloria, madre de Luis, que la 18 R le había marcado para pedirle $4,000; si no, su hijo iba a morir. Tenían datos de toda la familia.

A semanas de la partida de Luis con otro joven que iba rumbo a EUA, hubo un cateo por parte de la Policía y el líder de la 18 R murió y tres miembros fueron llevados presos. El niño se aprendió el teléfono de su papá. Llegando a EUA, el otro joven dejó a Luis donde su papá lo pudiera ver. Veintidós días después de que su madre lo dejó ir de madrugada, él estaba con su papá del otro lado del río.

“Es incontable la gente que se va para allá. Se van porque las pandillas tienen su territorio y si una persona no pertenece a una pandilla, pero ellos creen que esa persona los ha denunciado con la autoridad o les causa un daño, la matan, la desaparecen, la entierran, como sea”, dice Henry, “el Mago”, quien usa manga larga a pesar de los más de 30 grados que hay cerca de la costa de El Salvador.

En sus brazos y todo el cuerpo se puede ver la marca de la 18 R de varias formas: sumando seises, en número romanos, en cursivas o en negritas. Está consciente de que su pasado no lo puede cambiar. En los últimos meses la policía lo ha detenido dos veces. Lo golpean, le quitan su dinero y esperan que hable. Él sabe que es un afortunado. Casi nadie llega a los 31 años con una historia como la suya en El Salvador. Sabe que tiene que actuar todos los días, porque ya vivió demasiado. “Me pueden matar ahorita mismo o mañana, da igual”.

Una pregunta le taladra la cabeza: ¿por qué la violencia? Piensa constantemente en que le hubiera gustado huir cuando era pequeño. Ahora le toca cubrir su pasado con una camisa. “Antes a las pandillas las calificaban de antisociales, ahora como terroristas. La antisocial es la gente que te aparta y te margina. Eso sí es lo que genera más violencia”, concluye “el Mago”.

La muerte los persigue. En 2016 fueron asesinados más de 600 menores de edad en Honduras; de 2013 a la fecha, 321 entraron a México para solicitar refugio

Pandillas: la pesadilla de los niños en Honduras

“Es más fácil entrar a una pandilla que encontrar trabajo”. Lo dice enojado, decepcionado. Sabe que si esa no fuera su realidad, sus hijos –de 16 y 17 años– no estarían cruzando México en este mismo momento, guiados por un coyote que él pagó para hacer posible que llegaran a Estados Unidos.

“El promedio de vida aquí está en 15, 16, 17 años. Si logran pasar los 25, ya es una superbendición. Los de 18 a 23 años están presos y el promedio de 14 a 17 están muertos”, explica León, habitante del barrio bravo Rivera Hernández. Unos cuantos meses atrás mandó a su hijo menor de 13 años por la misma ruta.

Para explicar la situación a la que están expuestos sus hijos, se refiere al parque que se construyó hace dos años en el centro de la colonia. El espacio recreativo se creó en esta colonia de la municipalidad de San Pedro Sula con dinero del Gobierno bajo la idea de “devolver la distracción sana para la familia y a la vez recuperar por completo los espacios recreativos”, según el director de Prevención de la municipalidad en 2015.
Pero la realidad es otra. El parque está controlado por una de las siete pandillas que hay en los 39 barrios de la zona.

“Hacen un parque en el centro de la Rivera Hernández sabiendo la crisis que hay, sabiendo la violencia que hay, sabiendo la inseguridad que hay. Se ponen a hacer parques donde nadie va a llegar. Porque ninguna persona de esta colonia va a ir al centro de la Rivera Hernández, a ese parque.

“Es mentira, los gozan los mismos de ahí, no lo gozan las demás colonias. Si un niño que es de aquí va hacia allá, y saben que es de esta colonia y lo miran allá, en la Rivera, y además tiene un promedio de edad de entre 14 a 17 años, aparece después en un saco, ahí, embolsado. Si va uno de 10 a 12, viene golpeado, maltratado psicológicamente, con el temor de que no puede volver a ir ahí”, detalla León.

Por un momento hay un silencio. Detrás pasa un niño moreno, de unos 10 años. Va montando una bicicleta roja. Lleva paso lento, observa. Los vecinos de la Rivera lo señalan con los ojos. “Ese guarito que está ahí, él ya está amarrado. Tiene tres hermanitos que también van para allá. Él ya ha matado. Yo lo he visto contar sus asesinatos y reírse mientras lo cuenta”, narra uno de los vecinos reunidos afuera de una tienda.

Para muchos de ellos el simple hecho de haber nacido en ese lugar los convierte en pandilleros. Los coloca en posición de rivales de personas que ni siquiera conocen.
“El adolescente es el que corre más peligro. Mi hijo no podría irse a buscar novia por allá (señala detrás de la barda). Hay noviazgos que son fugaces. Corren el peligro. Son acechados. Cuando te digo que estoy bien es que no oigo, no veo ni hablo. Hemos visto casos donde levantan gente, pero no puedes hacer nada”, cuenta Raúl.

Los peores años de violencia en el país centroamericano parece que ya pasaron. En 2011, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional de Honduras, por cada 100,000 habitantes había 86.47 homicidios. El dato convirtió ese año en el más violento. Después de ese tiempo, cayó poco a poco la violencia hasta llegar a 2016, con una tasa de 59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Dos de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en Honduras: San Pedro Sula y Distrito Central.

En 2016 hubo 5,154 asesinatos, de los cuales 624 fueron estudiantes de secundaria. En ese mismo año, 300 maestros pidieron cambio de escuela por amenazas de niños pandilleros. Les hacen llegar notas pidiendo que los pasen de año o mejorar calificaciones; de no hacerlo, él y su familia serán amenazados. En lo que va del año, 33 niños han sido asesinados.

Los desplazados

En 2015 el Gobierno de Honduras dio a conocer, mediante la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), que al menos 174,000 personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia.

Al cierre de 2016 había 35,000 solicitudes de refugio de hondureños pendientes en distintos países. De 2013 a la fecha, 8,271 hondureños han solicitado refugio en México; solo 23 % de ellos lograron su objetivo. Mientras que en ese mismo período, 321 niños no acompañados hondureños han llegado a territorio mexicano pidiendo refugio y solo una tercera parte de ellos logró que le otorgaran el estatus de refugiado.

Al año, la población de Honduras paga $200 millones en extorsión, según la Fuerza Nacional Antiextorsión. La tasa de seguridad, impuesto aplicado desde 2013, tiene disponibles $600 millones para la seguridad de los ciudadanos. En 2015 se gastaron más de $200 millones en seguridad privada. Eso quiere decir que la sociedad hondureña gasta al año casi $1,000 millones en su seguridad y no ve buenos resultados.

“En Honduras hay poco menos de 4 millones de niños, de un total de 8.7 millones de habitantes. Sin embargo, 1.3 millones de niños que deberían estar en la escuela no asisten a centros escolares; 23 de cada 100 niños presentan desnutrición; 25 de cada 100 adolescentes están embarazadas”, dice José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza en Honduras.

La situación ha provocado que niños no solo no encuentren oportunidades de desarrollo personal y de protección, sino que se sientan también en la más completa indefensión. El núcleo familiar comunitario no tiene posibilidad de protegerles. Hoy en Honduras hay más niños fuera del país que en las calles.

“El nivel de desprotección se ha ido profundizando. Hoy tenemos alrededor de 15,000 niños viviendo en las calles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y cada año se van más de 20,000 del país, huyendo de la pesadilla de Honduras”, describe Ruelas.

Las cifras de educación en el país centroamericano hablan por sí solas. El Sistema de Indicadores Estadísticos Educativos indica que 98.8 % de los niños de entre seis y 11 años va a la escuela, pero después de eso, solo 48 % asiste a la secundaria, y a preparatoria solo 25 % de los menores entre 15 y 17 años.

“Tenemos un serio problema con las pandillas, tanto que ni siquiera sabemos cuántas son. Según la Secretaría de Seguridad, son 30,000; según UNICEF y el Programa de Prevención de Pandillas, son 4,728. ¿Cómo sacas una media entre las cifras?
“Vivimos de creencias, percepciones. Entonces, el Gobierno dice que el año pasado los homicidios bajaron 30 %, pero también dice que en 2016, en todo Tegucigalpa, solo hubo un asalto en autobús y robaron únicamente a cuatro personas. Con esas cifras oficiales, ¿cómo justificas un esquema de seguridad?”, cuestiona el director de la casa hogar.

“Me voy pa’ México, pa’l América”

Carlos es uno de los niños deportados que buscan seguir su vida en Casa Alianza. Ha cruzado a México seis veces en los últimos tres de sus 16 años de vida. La primera lo hizo con su hermana luego de que su madre murió de VIH. En ese viaje conoció México, se enamoró de él y decidió no acompañar a su hermana, quien ahora está en Boston.
Dos meses después de eso fue deportado por las autoridades de Migración. De ahí ha ido y regresado de México con el afán de jugar fútbol en el club América. Enumera las ciudades que conoce: Tenosique, Tapachula, Veracruz, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Toluca, Puebla y “deefe”. “Uy, conozco más que tú”, dice mientras sonríe.

El célebre jugador argentino Lionel Messi es su jugador de fútbol favorito, pero habla también de los mexicanos Carlos Vela, “Chicharito” y Guillermo Ochoa.
Cuando explica la ruta de migración, lo hace con mucho detalle. Habla de Los Zetas, de La Bestia y de lo bello que es el “deefe”.

Describe su ruta migratoria: “De aquí (Tegucigalpa) para Puerto Cortés, mi departamento, me fui para la frontera, cruzo para Guatemala, de ahí me voy para Ruidosa, de ese lugar me voy para Santa Elena, de ahí cruzo. ¿Cuál frontera elige, la de Tenosique, Palenque? Yo me fui por Palenque. Después de Palenque estuve caminando como 12 horas”. En las últimas dos veces que ha cruzado cuenta que se ha llevado gente que no sabe la ruta, la primera vez fueron dos y luego cinco: “Yo me llevo a cualquiera que no conozca el camino, ¡sin cobrar, eh!”.

Dominando el balón con los pies cubiertos por unos calcetines, piensa en el día que renacerá. Habla sobre el balón y cómo lo arrastra con los pies teniendo el control de su destino. “Yo acá me quedo un mes más y me voy pa’ México”.

El delito de defender la tierra

Oaxaca. Diversos grupos en resistencia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se reunieron en Ixtepec.

Quien quiera saber cuánto cuesta defender los derechos humanos ante el gobierno y una empresa transnacional que vaya y le pregunte a Juan Carlos Flores. Este abogado pasó nueve meses y medio encarcelado por representar al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (FPDAT), que agrupa a comunidades originarias de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos, cuyo trazo atraviesa un área de alto riesgo en las faldas del volcán Popocatépetl.

Flores fue capturado el 7 de abril de 2014 en la puerta principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, cuando salía de presentar una queja por la detención arbitraria, un día antes, de Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, en el municipio de Atlixco. Entonces el sistema penal no contemplaba la presunción de inocencia. Flores fue acusado y preso por motín, despojo y extorsión, hasta que un juez federal consideró que no había claridad de que hubiese participado en los delitos que se le imputaban.

La acusación por la que fue detenido se remontaba a 2012, cuando el pueblo de Acuexcomac cerró 10 pozos comunitarios que dan agua a la ciudad de Puebla en protesta por el desabastecimiento de las zonas rurales y donde el abogado ni siquiera estuvo presente, según constató la justicia. La detención de Enedina Rosas también llegó de sorpresa. En testimonio recabado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Rosas cuenta que por más que preguntaba los motivos, no le respondieron hasta que estuvo en la cárcel: “Llegó la licenciada y ya me dijo que porque me opuse al paso del Gasoducto Cuautla-Morelos y que le había yo robado celulares al trabajador”.

Rosas estuvo presa 11 meses, seis entre rejas y cinco en prisión domiciliaria debido a una enfermedad pulmonar crónica. Finalmente, el 25 de marzo de 2015 quedó en libertad sin cargos. Contra Juan Carlos Flores, en cambio, se mantiene una causa penal por privación ilegal de la libertad de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de energía eléctrica. “Todas las órdenes de aprehensión se basan en testimonios de trabajadores de CFE o de la empresa constructora. Los amparos que interpusimos en contra de las detenciones fueron anulados. Eso nos deja indefensos, con posibilidad de ser detenidos en cualquier momento”, explica ahora el abogado.

El encarcelamiento de Flores y Rosas son parte de una serie de detenciones a una docena de opositores a un proyecto de desarrollo, entre ellos están ejidatarios de entre 53 y 70 años que participaron en un plantón en el Ayuntamiento de Jantetelco y dirigentes como Abraham Cordero, acusado de quemar maquinaria junto con otras cinco personas que, como él, fueron liberadas días después.

“Todas las órdenes de aprehensión se basan en testimonios de trabajadores de CFE o de la empresa constructora. Los amparos que interpusimos en contra de las detenciones fueron anulados. Eso nos deja indefensos, con posibilidad de ser detenidos en cualquier momento”, explica ahora el abogado.

Las detenciones han desmovilizado la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), una megaobra de $1,600 millones de inversión público-privada que registra seis años de protestas. El plan incluye la construcción de dos plantas termoeléctricas de 620 megavatios, un acueducto y un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9,000,061 millones de litros de gas metano al día, desde la planta de PEMEX en Tlaxcala, hasta la termoeléctrica, para hacerla funcionar. La CFE adjudicó la construcción de la primera Central Termoeléctrica y el acueducto a la empresa española Abengoa, a punto de la quiebra desde 2015. El gasoducto se adjudicó a un consorcio formado por las españolas Elecnor y Enagás y la italiana Bonatti. Por oponerse a su paso, Flores y Rosas fueron encarcelados.

Los pobladores de Santa María Zacatepec y San Lucas Atzala tenían fresco en la memoria la explosión de un oleoducto que en diciembre de 2010 había matado a 29 personas en el vecino San Juan Texmelucan, así que la respuesta inmediata a la noticia del proyecto del gasoducto fue el miedo. Razones no faltaban.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) advirtió en 2011 que existía un “peligro significativo” en instalar un gasoducto en una zona de actividad volcánica, ya que 101 kilómetros del ducto pasan dentro de la zona de peligro moderado y menor para flujos de lava, 160 km pasan por la zona de peligro moderado y menor para la caída de materiales volcánicos, 57 pasan por la zona de derrumbes gigantes que, de ocurrir, destruirían por completo el ducto.

La CFE argumenta que los riesgos son limitados porque al ser gas natural no se acumula en suelo ni agua, y al ser más ligero que el aire, se fuga rápidamente a la atmósfera. Como medidas de seguridad contempla la construcción a dos metros bajo tierra y la instalación de señalizaciones informativas cada 500 metros.

Los habitantes entrevistados en cinco municipios del Valle coinciden en que la CFE echó a andar el proyecto con engaños, sin informar ni consultar a las comunidades afectadas, pese a que en el apartado B, del artículo segundo de la Constitución mexicana se establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en las políticas públicas relacionadas con su desarrollo.

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Denuncia multiplicada

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) tiene registro de 80 casos como el de Morelos a lo largo del país, donde la iniciativa privada participa, directa o indirectamente, en vulneraciones a derechos humanos y en todos los casos se ignoró derecho a la consulta. En 50 de ellos se identificaron amenazas o agresiones en contra de defensores.

El caso de Morelos fue uno de los más extremos, además de agresiones, al menos 12 opositores fueron detenidos. La CFE firmó contratos entre particulares de trabajadores de paso con los dueños de los terrenos que requiere el gasoducto. Esta figura es legal y fue una forma de evadir los juicios de expropiación, que retrasarían el proceso. Según la región y qué tanto peleó cada propietario, se pagaron desde 40 hasta 150 pesos por metro cuadrado. El contrato estipula una renta por 30 años, con la posibilidad de prorrogarse otros 30 años. Si alguien se niega a la prórroga, el proceso puede llegar a un juicio de expropiación. En el contrato quedaron ambiguas las cláusulas sobre los derechos de los propietarios de terrenos. Por ejemplo, señala que “no podrá transitar maquinaria pesada, ni se permitirá efectuar excavaciones de cualquier profundidad” y “no podrá plantar ningún tipo de árboles de raíz profunda o sembradíos de raíz profunda que puedan dañar la tubería”. Pero a los propietarios, campesinos en su mayoría, se les informó que podrían seguir sembrando.

Al ir entendiendo las complejidades creció la oposición al gasoducto.

Ahora, no solo lo rechazan por temor a una explosión, sino porque consideran que su instalación será la puerta de entrada para otros procesos de desarrollo en la zona: la instalación de más industrias, y por lo tanto, también el saqueo y contaminación de sus tierras de cultivo, sobre todo, del agua.

La defensa del agua

El Proyecto Integral Morelos. Una megaobra de $1,600 millones de inversión público-privada que registra seis años de protestas.

Jorge Zapata luce el bigote de su abuelo y el mismo sombrero de campesino. Es nieto del héroe revolucionario Emiliano Zapata y sigue viviendo en el mismo ejido donde nació el prócer: Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos.

Ayala tiene vocación agrícola, aunque la cercanía a Cuautla lo amenaza de una pronta urbanización. El río Cuautla, alimentado por escurrimientos del volcán y de la planta tratadora riega 36 ejidos y pequeñas propiedades. En 2013, cuando la termoeléctrica estaba prácticamente construida en la localidad vecina de Huexca, 11 ejidos de Ayala interpusieron un amparo contra el acueducto. La demanda fue sobreseída (no procedió) en septiembre de 2014. El ejido Anenecuilco, donde vive Jorge Zapata, llevó su propia lucha legal y tiene otro amparo vigente (128/213) para que solo se lleven el agua de la planta tratadora y no del río. “Su plan era llevarse el agua del río Cuautla, no solo de la planta tratadora. Pero nosotros tenemos la concesión de la planta tratadora y del río Cuautla”, explica.

En septiembre de 2015, el gobierno de Morelos, la CFE, Conagua y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla firmaron un convenio para que la termoeléctrica usara agua de la planta tratadora y no del río, pero eso no resuelve el problema porque el agua tratada se usa también para el riego. “La Constitución es bien clara, el agua es para la producción de alimentos y el uso doméstico y solamente en caso que sobre, se puede pensar en un proyecto industrial. Definitivamente nos estamos jugando la vida y la de futuras generaciones”, dice Jorge Zapata.

El agua que rehabilita la planta es descargada al afluente del río Cuautla. Sin esta, los campesinos no tendrían líquido suficiente para sus cultivos. En época de secas, el agua ya escasea en la zona. Después de años de movilizaciones, marchas, amparos, quejas y denuncias públicas, presos políticos, detenciones arbitrarias, amenazas y dudas en la legalidad de la obra, el proyecto pasó. El acueducto todavía no se termina pero la tubería de gas está enterrada bajo los suelos de Puebla, a menos de 25 kilómetros del cráter de uno de los volcanes activos más grandes del continente y está en funcionamiento desde junio de 2015, de acuerdo con informes internos de la Comisión Reguladora de Energía. Las empresas también dicen que el gasoducto está en marcha. Pero la comunidad no recibió notificación alguna.

“La Constitución es bien clara, el agua es para la producción de alimentos y el uso doméstico y solamente en caso que sobre, se puede pensar en un proyecto industrial. Definitivamente nos estamos jugando la vida y la de futuras generaciones”, dice Jorge Zapata.

Defendiendo la tierra. Los habitantes consideran que el proyecto contribuirá al saqueo y contaminación de sus tierras de cultivo y agua.

En mayo pasado un juez amparó a cuatro comunidades nahuas del municipio de Atlixco que sufrieron persecución política por el gobierno estatal y ordenó la suspensión del gasoducto hasta que se realice una consulta indígena sobre su construcción. Pero el amparo fue recurrido por CFE, Semarnat y el consorcio constructor Gasoducto de Morelos. Para Patricia Montaño, abogada de las comunidades, la decisión judicial abre dos escenarios posibles, el primero que los recursos de revisión que presentaron las autoridades y la empresa sean desechados y se obligue a hacer la consulta. Aunque esto sería un triunfo para los pueblos, según la abogada llega tarde. “Después de un clima tan hostil y represión, las comunidades temen participar en la consulta, porque además es una vía institucional, no de acuerdo con sus formas, que debió ser utilizada desde el inicio. La consulta es un proceso bastante largo que no ha tenido precedentes en el Estado y en las comunidades”, explica Montaño.

El escenario adverso para las comunidades sería que las autoridades ganaran el recurso de revisión: el proyecto tendría vía libre para operar sin consulta. Hay camino por andar en tribunales.

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El eco internacional

La protesta de distintas comunidades contra el Proyecto Integral Morelos y las detenciones en contra de los opositores llegaron a oídos internacionales. Varios representantes de la ONU hicieron eco: el relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, y los miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

A ambas instancias les pidieron intervenir porque tanto Abengoa, la empresa responsable de la Central Termoeléctrica y el acueducto, como la también española Enagás, que lidera el consorcio Gasoducto Morelos junto con Elecnor y Bonatti, han suscrito el Pacto Mundial de Liderazgos Empresariales, un acuerdo de 10 puntos sobre civismo y responsabilidad social y ambiental entre la iniciativa privada y la sociedad, impulsado por la ONU. Las empresas difunden sus buenas prácticas con poblaciones indígenas y la sustentabilidad en otros países.

El falso desarrollo. En casos como este, la empresa privada participa, directa o indirectamente, en vulneraciones a derechos humanos.