El Salvador es uno de los 70 países que son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto implica el involucramiento en una serie de compromisos para transparentar la gestión pública; de 92 suscritos desde 2012, se han cumplido 76. Tras recibir un diplomado en acceso a información, un grupo de vecinos de Zaragoza, La Libertad, comenzó un proceso de solicitud de datos sobre una obra que resulta sensible para la vida como la conocen. Los obstáculos con los que se han encontrado, pese a los compromisos cumplidos, no han sido pocos.

El reclamo de transparencia que llega desde una colonia que se inunda

Un reportaje de Glenda Girón

Fotografías de Ángel Gómez y cortesía

Riesgo. Una de las residentes de Jardines de Zaragoza señala hasta dónde puede llegar el agua cuando hay inundación. Los dos muros que se observan están débiles después de varios embates.

El esposo de Ana Violeta quería colocar un clavo en esa pared que linda con la casa contigua y da a su área de lavadero. “Con el primer martillazo, todo esto se meció como que era hamaca”, relata ella, parada en el mismo lugar en el que, dice, se puso su esposo. Este muro-hamaca se cruza con el otro, el que está peor, porque tiene una inclinación de unos 30 grados. No se cae porque lo sostiene un árbol. Aquella vez, desistieron. Así es vivir acá, en Jardines de Zaragoza. No se puede colocar un clavo en una casa que apenas se mantiene en pie después de soportar 10 años de inundaciones, una detrás de otra.

Alicia Montano ha venido hasta esta esquina y se ha parado frente a estos desvencijados muros de la casa de Ana Violeta para argumentar que el proyecto de instalación de tuberías que ejecuta la alcaldía no va a ser suficiente para detener un caudal que ya ha botado otros muros y que tiene a este otro en agonía. “A esta casa viene a parar el agua lluvia de tres cuadras para allá y de otras tres cuadras para acá –apunta con los brazos abiertos–, esos que ve ahí son los únicos tragantes que hay desde allá, hasta allá”, vuelve a señalar con los brazos a lo más que le dan.

Alicia conoce bien sobre este problema, no solo como parte de los afectados, sino como una activa lideresa. Su cabello largo y cano y sus trajes de falda recta y blusa de botones se han paseado por la alcaldía, por el Ministerio de Obras Públicas, y más recientemente, por el Instituto de Acceso a la Información. Busca datos que sirvan para decirle a la alcaldía eso que parada desde esta esquina se le hace a ella bastante obvio: que la canaleta de más o menos 1.5 metros de profundidad que están haciendo en medio de uno de los pasajes que más sufre inundaciones no será suficiente para terminar con el problema. “Pero para poder pararnos bien en esto, nos hace falta información, esa que nos pertenece y no nos han querido dar todavía”, explica con un fajo de papeles en la mano.

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—¿Falta más cultura democrática entre los políticos o entre la sociedad civil?
—Falta entre los políticos y entre los ciudadanos. Yo creo que no hay democracia si no hay demócratas, ciudadanos comprometidos. Mi lucha contra la corrupción tiene mucho que ver con la democracia, lo que estamos discutiendo es la calidad de la democracia. Si uno busca la definición de democracia, siempre ve que existe una conexión directa con la transparencia.
Así respondió a una agencia de noticias Delia Ferreira, quien desde octubre de 2017 preside Transparencia Internacional, el principal organismo de lucha contra la corrupción. Ferreira fue una de las panelistas durante el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza por el Gobierno Abierto. En Buenos Aires, Argentina, ante un auditorio lleno, dijo algo que a Alicia en Zaragoza, La Libertad, se le hace palabra viva: “No podemos estar discutiendo en términos de ‘participación, sí o participación, no’; este es un derecho que nos hemos ganado”.
Un día antes de mostrar la casa con los muros a medio caer, Alicia estuvo en el Instituto de Acceso a la Información. Llegó a San Salvador en una día frío y de ventisca para hacer el que, en teoría, debe ser el último trámite para recibir lo que han solicitado a la alcaldía. Ella y la ADESCO (Asociación de Desarrollo Comunitario), a la que representa, se han metido a llevar a cabo un proceso de solicitud del presupuesto y los planos, entre otras cosas, de la obra que la alcaldía ejecuta en la colonia.

A Alicia, y con ella la gente a la que representa, le tocó que solicitar en tres ocasiones la misma información. En una colonia en donde se construyeron casas encima de cajas receptoras de aguas lluvias, la junta de vecinos quería tener acceso a los presupuestos y planos del proyecto de tuberías para verificar que la obra y la inversión estuvieran al mismo nivel de la necesidad.

Los entresijos de pedir información que es pública no son algo que domina cualquiera en el municipio. Alicia y Norma Rivas son dos mujeres que forman parte del Comité de Educación de Comunidades por la Transparencia y la Contraloría de Zaragoza. Este organismo fue creado el 18 de noviembre de este año y es el fruto de haber formado parte de un diplomado sobre transparencia y acceso a la información que facilitó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“Para lo que nos sirvió eso fue para sentirnos más empoderadas para pedir esa información que nos sirve para saber cómo están los proyectos de la comunidad”, explica Norma, mientras recorre con Alicia un pasaje angosto y zanjado por la mitad en donde trabajan cuatro hombres.

La obra en papel. A falta de planos, Alicia consiguió que el maestro de obra le dibujara en una hoja de papel un esquema rústico de qué es lo que se está ejecutando.

El Salvador forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) desde 2011. La AGA es un acuerdo suscrito por 70 países. Parte de sus responsabilidades como miembro, en el país se creó en 2015, es el Observatorio de Gobierno Abierto. Este estuvo formado en un principio por 25 instituciones de la sociedad civil y por representantes de universidades.

En papel, El Salvador ha suscrito 92 compromisos y ha cumplido 76. Así se confirma en la página web de la AGA que es alimentada con la información que brinda el observatorio. En la calle, sin embargo, la realidad es otra.
A Alicia, y con ella la gente a la que representa, le tocó que solicitar en tres ocasiones la misma información. En una colonia en donde se construyeron casas encima de cajas receptoras de aguas lluvias, la junta de vecinos quería tener acceso a los presupuestos y planos del proyecto de tuberías para verificar que la obra y la inversión estuvieran al mismo nivel de la necesidad. Aquí no es raro escuchar a la gente contar que ha tenido que botar los colchones de las camas hasta en tres ocasiones en la misma cantidad de años. La mayoría tiene bien fresco en la memoria aquel día en que el agua saltó muros y, a algunos, los tiró. Y no, no se confían, pero en su búsqueda de datos han encontrado vacíos.
“Primero nos dieron unos documentos en los que no venía el presupuesto detallado y, poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que la gente que está trabajando ahí, no tiene los planos a la mano”, cuenta Alicia.

“No es que los Gobiernos no hayan hecho nada, porque muchos Gobiernos están trabajando en acceso a información pública, pero hay muchas cosas que corregir”, explicaba Ferreira, en nombre de Transparencia Internacional.

El maestro de obra que trabaja en la zanja del pasaje saca una cinta de medir de la cintura y la usa para decir con exactitud que la actual canaleta solo tiene 80 centímetros de profundidad. Además, la rejilla de la tapa tiene las varillas muy unidas, lo que hace que se tape fácilmente. Con eso así, no se explica cómo las inundaciones en Jardines de Zaragoza no han pasado a más. El proyecto en el que trabaja, dice, primero buscaba colocar unas tuberías; sin embargo, hace unas semanas la indicación cambió. Se harán canaletas con dimensiones que superan por mucho las actuales. Y no, no tiene los planos. “Esos, usted sabe, quedan allá en las oficinas”.
Tras la insatisfacción que le produjo la primera entrega de documentos, Alicia volvió dos veces más. En ambas ocasiones, dice, le entregaron el mismo fajo de papeles fotocopiados. Algo en la comunicación establecida parecía no llegar a las autoridades municipales.

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“Yo tengo una fórmula de cuatro letras ‘i’ que me parece que si las abordamos, solucionamos el problema: más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. No es que los gobiernos no hayan hecho nada, porque muchos gobiernos están trabajando en acceso a información pública, pero hay muchas cosas que corregir”, explicó Ferreira, en nombre de Transparencia Internacional en la entrevista publicada por la agencia noticiosa dpa.
El Salvador, como miembro de AGA, ha ejecutado ya dos planes de trabajo en esto de abrir las instituciones a la gente que así lo demande. En el tercero, a ejecutarse entre 2016 y 2018 tiene 14 compromisos, que se agrupan en cinco componentes: transparencia, desarrollo económico y social, mejora de servicios públicos, medio ambiente sustentable y participación ciudadana.
En la carrera por hacer méritos suficientes para marcar como cumplidos los compromisos se han presentado retos. Uno de los más importantes ha sido que, pese a que El Salvador marca 100 % en los indicadores de marco legal, el grado de arbitrariedad con el que se maneja la información todavía es alto. “Tenemos que entender que cualquier información pública le pertenece a la gente; y si la tiene el funcionario, es en su calidad de delegado de la sociedad, pero la información sigue perteneciendo a la gente”, declara Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) durante la presentación de un informe con un nombre tan largo como el alcance pretendido: “Balance Técnico y Político del año 2017 en los Temas de Acceso a la Información, Transparencia y Lucha contra la Corrupción por parte del Observatorio de Gobierno Abierto.
El ISD ha calificado como retroceso, por ejemplo, una de las decisiones de la Sala de lo Constitucional. En octubre de este año se conoció que esta sala declaró como inaccesible tres clases de información. Una, los aspectos “superfluos” como mobiliario y papelería, entre otros. La otra, es la que “implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción”. Y, la tercera, cuando se considere que la solicitud busca bloquear el trabajo de la institución. La Sala de lo Constitucional también cree inconveniente que los ciudadanos pidan datos sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los titulares actuales de las instituciones.
“La Corte Suprema de Justicia debe ser consecuente con la Constitución y asumir de manera directa compromisos para combatir la impunidad, discrecionalidad y arbitrariedad que en algunas instancias judiciales aún se mantienen”, señala el informe del ISD por escrito.

Antes de despedirse, Ana Violeta, la dueña de la casa con los muros tambaleantes, le cuenta a Alicia que cada vez que llueve, los niños de la zona son los primeros en sacar a cuenta lo de irse al albergue. En esta colonia no hay uno como tal, con los requisitos reglamentarios, pero a falta de eso, lo que los niños ven como un lugar seguro en momentos de crisis no es otra que la casa de Alicia. Ella abre las puertas a quien necesite compañía o un lugar más o menos seco para pasar el agua.

El libre acceso a la información ha sido el concepto en torno al cual giró otro evento, uno organizado por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que entre sus instituciones miembros cuenta a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Durante el primero de los cuatro días de la actividad, se tuvo como invitado al secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez. Durante una parte de su ponencia, Rodríguez acompañó sus palabras con una diapositiva en la que delimitó el trabajo de la institución que dirige: “El papel de esta secretaría es preventivo (lo colocó en negrita) en materia anticorrupción y proactivo (también en negrita) en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana”. Rodríguez destacó que en tres años se ha incrementado en casi tres veces el número de requerimientos a instituciones del gobierno central. Por último, también habló de la necesidad de que haya mayor coordinación con las municipalidad. Ahí, en donde Alicia y sus vecinos libran una batalla en la que, pese a que muchas instituciones hablan y escriben del tema, pocas acaban por entender, dimensionar y acompañar.

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En comunidad. Norma Rivas y Alicia Montano visitan a una de las vecinas que más sufre las consecuencias de las inundaciones.

Javier Guevara Turcios es el alcalde de Zaragoza. Aparece en la sala de recepción del edificio del Instituto de Acceso a la Información pocos minutos después de que Alicia se ha retirado. Guevara escribe con prisa un mensaje en el celular. “No me gusta ir pendiente del celular ya cuando manejo”, se excusa.
Lo primero que aclara es que la alcaldía ha aceptado entregar a los vecinos de Jardines de Zaragoza la información sobre la obra de ampliación de tuberías de agua lluvia.
—¿Por qué no se les ha entregado la información?
—Porque en la carpeta no está tal y como la señora la pedía. Ahí no está el presupuesto así como de todas las partes. Esto lo están tratando más en un contexto político.
—Los presupuestos de las obras son públicos. —¿Por qué no se le entregó eso desde el principio?
—No en la forma en la que ella lo pide.
A continuación, el alcalde se excusa en que no puede hablar más del tema porque se mete en problemas. Señala con efusividad que tiene cuatro contendientes para las próximas elecciones municipales, en las que piensa reelegirse, y que sí, que los presupuestos son públicos, pero no para ser usados en contextos políticos. “Perdone que no le diga más, pero me meto en líos si lo hago, y este es un momento en que tengo que encarar el pago de $125,000 en aguinaldos”, dicho esto, se retira.
Guevara Turcios enfrentó en septiembre de este año una audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Zaragoza. Una empleada de la municipalidad lo denunció por agredirla verbalmente. Al alcalde se le acusó de violar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.

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La Semana de la Transparencia impulsada por el consorcio cerró con una conclusión que suena a llamado: “La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en El Salvador requiere no solo de las actuaciones de las instituciones públicas, sino también de la participación de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Todos los ciudadanos podemos incidir en estas elecciones, exigiendo a los candidatos a diputados y alcaldes que elegiremos en marzo de 2018 que se comprometan con una agenda anticorrupción”.
Al plan de acción 2016-2017 le quedan unos siete meses de vigencia y su avance, según el Observatorio de Gobierno Abierto, es del 48 %. Esto sin contar que dos compromisos sensibles han sido retirados: uno que buscaba facilitar el acceso a información actualizada sobre el abastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas en el sistema público de salud y el otro que pretendía echar luz sobre los procesos de producción agrícola azucarera. Según el observatorio, esto le ha restado ambición y relevancia al plan.
Al igual que el Consorcio para la Transparencia, Óscar Campos, del ISD, reclama la importancia del siguiente plan de acción, ya que enmarca un proceso de elecciones municipales y legislativas en las que el acceso a la información va a ser determinante tanto para confirmar la idoneidad de los candidatos como para medir el grado de ejecución de promesas de quienes en la actualidad tienen un cargo público. “Este es un momento en el que necesitamos que todas las instituciones avancen en transparencia y en ejercicio de rendición de cuentas”.
Desde su balcón como directora de Transparencia Internacional, Delia Ferreira define la relación entre ciudadanos e información abierta de una manera visceral: “Las víctimas de la corrupción son los ciudadanos de a pie, esos son los que sufren, porque el dinero que se fue por corrupción es el que falta en educación, hospitales, desarrollo o infraestructuras. Toda la sociedad. Si uno fuera consciente de que la víctima es uno, probablemente fuese más activo”.

Después de encender proyectos y plantar conceptos en 70 países, en el encuentro regional de AGA, en Buenos Aires, se habló de ir más allá de “gobierno abierto” para apuntar a algo que sea un “Estado abierto”. Este es un tipo de fiscalización que no se limita a gobiernos centrales y municipales, sino que abarca a organizaciones no gubernamentales y al sector privado. Una discusión a la que El Salvador todavía no puede asistir porque tiene temas básicos en proceso, de acuerdo con lo expuesto por expertos.

Antes de despedirse, Ana Violeta, la dueña de la casa con los muros tambaleantes, le cuenta a Alicia que cada vez que llueve, los niños de la zona son los primeros en sacar a cuenta lo de irse al albergue. En esta colonia no hay uno como tal, con los requisitos reglamentarios, pero a falta de eso, lo que los niños ven como un lugar seguro en momentos de crisis no es otra que la casa de Alicia. Ella abre las puertas a quien necesite compañía o un lugar más o menos seco para pasar el agua. “¿Y va a creer que todavía dicen que esto puede ser político?”, pregunta.
Tras el último careo en el IAIP, el alcalde de Zaragoza se comprometió a dar el presupuesto y los planos, la información en los términos solicitados. Tiene hasta el 20 de diciembre para cumplir. Alicia cuenta que el funcionario pidió un plazo más largo, pero ella no accedió debido a que hacerlo implicaba esperar a que el personal volviera de las vacaciones de fin de año y a ella, como a los demás vecinos, le urge prepararse para la siguiente época lluviosa en esta colonia que se inunda.

En proceso. Así se ve por estos días el proyecto de ampliación de canaletas de aguas lluvias en Jardines de Zaragoza.

 


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