Opinión

por Jacinta Escudos, Gabinete Caligari

 

Jacinta Escudos
Escritora

Por nuestro patrimonio nacional

Cada espacio patrimonial destruido es una pérdida irreparable para el país, que deja incógnitas sobre nuestra historia.

Hace unas semanas, un grupo de trabajadores descubrió una esfinge, mientras desarrollaba la construcción de una carretera entre los sitios arqueológicos de Karnak y Luxor, en Egipto.

De inmediato, las autoridades correspondientes tomaron medidas para proteger la estatua. No ha sido excavada en su totalidad, porque se busca la mejor manera de hacerlo sin dañar la pieza. La construcción de la carretera no solo ha sido detenida, sino que ya se estudian alternativas para cambiarla de dirección para no atrasar su construcción.
Descubrir esfinges, pirámides, sarcófagos y otros vestigios arqueológicos es pan de cada día en Egipto.

Teniendo consciencia de ser descendientes de una de las culturas más admiradas del mundo, los egipcios han sabido preservar y explotar sus joyas antiguas. Hay todo un protocolo de acción que permite detener una construcción si se encuentra un tesoro arqueológico más. Cualquiera diría que en Egipto sobran pirámides y esfinges, pero se siguen preservando y estudiando como si fueran un primer descubrimiento, justamente porque en el fondo lo son: cada pieza descubierta contiene información histórica invaluable.

Un ejemplo que habla mucho sobre la tensión entre el desarrollo y la preservación patrimonial fue lo ocurrido cuando se construyó la presa de Asuán. El complejo de Abu Simbel y algunos sitios de importancia arqueológica quedarían inundados por el lago que se formaría, el lago Nasser. Esto impulsó a los arqueólogos a movilizar esfuerzos para realizar lo insólito: trasladar de lugar estatuas monumentales y templos enteros.

Esta operación de rescate, liderada por la UNESCO, ocurrió en 1960. Ladrillo por ladrillo fueron levantados templos y estatuas de faraones, para ser reconstruidos a pocos kilómetros de distancia. Un total de 24 monumentos pudieron ser salvados, entre ellos los templos de File, Kalabsha y Amada.

El descubrimiento de la mencionada esfinge me hizo sentir envidia. Pensé primero en esos trabajadores. No sé si reciben algún entrenamiento tipo “Qué hacer en caso de encontrar una esfinge o una pirámide”, pero el hecho de que los mismos obreros tengan la intuición de no seguir picando piedra ante algo que puede ser una antigüedad, es admirable. Luego, la velocidad de reacción de diferentes autoridades que permiten preservar el lugar, parar las obras y cambiar el sitio de la construcción para preservar el descubrimiento. El patrimonio no es sacrificado, sino salvado y restaurado.

Nada de eso ocurriría aquí en El Salvador. De hecho, la noticia del descubrimiento de la esfinge coincidió con el Dictamen N.º 1 emitido por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso del sitio arqueológico Tacuscalco. El dictamen de dicha comisión busca hacer modificaciones a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES), mediante lo que la citada comisión llama una “interpretación auténtica” del Artículo 8 de la ley. Esto permitiría continuar con la construcción de una urbanización en el lugar mencionado.

En pocas palabras, la modificación que se busca hacer a la LEPPCES es que solamente obras que estén “vinculadas directamente con un bien cultural así declarado” (según dice el dictamen) necesitarán de la autorización previa del Ministerio de Cultura. Esto deja por fuera cualquier sitio o bien patrimonial que apenas esté siendo identificado o descubierto, o que haya sido identificado como inmueble o sitio de valor cultural, pero cuya declaración oficial como patrimonio nacional esté en gestión.

Según el Ministerio de Cultura, en una nota de prensa publicada en su página web, alrededor de 160 iglesias de carácter monumental, al igual que 137 centros y conjuntos históricos (que comprenden un estimado de 10,336 inmuebles con valor cultural) quedarían expuestos a posible pérdida y destrucción, si se implementa esta modificación en la ley.

La historia de nuestro patrimonio nacional es penosa. Son numerosos los casos de sitios e inmuebles destruidos en un mal entendido empuje del progreso. La reflexión sobre el valor de nuestra cultura, nuestros antepasados y nuestra historia ha estado ausente entre amplios sectores de la sociedad, incluyendo a la clase política y nuestros gobernantes. El Estado mismo, al perpetuar un enfoque desfasado y limitante de la cultura, reduciéndola a actividades de entretenimiento o a usarla como herramienta para la prevención de conductas antisociales, ha colaborado a la formación de la indiferencia social hacia nuestros bienes.

La ciudadanía no ha sido educada para apreciar el valor de los espacios patrimoniales, y en consecuencia cuando ocurren situaciones como la de Tacuscalco no existe el empuje ni la determinación para defender dichos espacios como propios. No se tiene claro que estos representan no solo fragmentos de nuestra historia, sino que también contienen elementos para la construcción de nuestra identidad nacional.

Para muchos está claro desde hace años que la LEPPCES es una ley deficiente que necesita reformas, de manera que el patrimonio quede protegido de forma indiscutible y contundente. Pero también necesita herramientas adicionales para hacerla efectiva como la creación de un presupuesto que permita al Estado comprar los terrenos o inmuebles de interés patrimonial, invertir en ellos para que sean estudiados y preservados de la mejor forma posible, y poder transformarlos luego en centros de estudio e investigación de nuestras poblaciones ancestrales.

Cada espacio patrimonial destruido es una pérdida irreparable para el país, que deja incógnitas sobre nuestra historia. De seguir así, la construcción de nuestra identidad nacional se irá distorsionando hasta que nuestras raíces sean borradas por el cemento y la avaricia, hasta llegar al día en que no tengamos ni la más remota idea de por qué nos hacemos llamar salvadoreños.

El 21 de agosto, el presidente de la república vetó el dictamen de la comisión, argumentando que este viola las normas de protección y promoción de los derechos culturales, transgrede tratados internacionales de cumplimiento obligatorio y que dicho decreto es “un exceso de las atribuciones constitucionales”. La Asamblea tiene ahora la opción de enmendar el error, hacer una nueva propuesta o superar el veto con mayoría calificada de 56 votos (de 84).

Esperemos prevalezcan la sensatez y el interés nacional por la preservación de nuestro patrimonio histórico.

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  • 26 agosto, 2018 / Opinión de Jacinta Escudos  (SÉPTIMO SENTIDO)

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