Prioridades

La espiritualidad es una necesidad humana. Crea o no en un ser superior, el hombre necesita arraigarse de dogmas que le den sentido a su vida. De ahí que desde el origen de la civilización se haya buscado rendir adoración a uno o varios seres dioses; o que, ante los problemas que tenemos los contemporáneos, sea recurrente buscar refugio y ayuda en lugares que prometen religarnos con el Creador. Nuestro país, aunque parezca paradójico porque es un cómodo y holgado nido para la violencia y la corrupción, vive mucho su espiritualidad a través de la religión.

El nuestro es un territorio predominantemente cristiano —bastante polarizado por evangélicos y católicos— en el que se encuentran tantas iglesias y ermitas como tiendas. Y que haya suficiente libertad de religión es una verdadera fortuna para quienes dedican su vida al servicio de sus respectivas creencias. En El Salvador, cualquiera puede hacer una vigilia al aire libre sin temor a ser castigado. Nadie es reprendido por hacer procesiones, campañas evangelizadoras o acciones de caridad. Ser creyente es sinónimo de “ser bueno”, y llevar una biblia en la mano es una forma ideal de ganar simpatía y afinidad por casi todo salvadoreño promedio.

Creer es un derecho que no debería llegar hasta la frontera del fanatismo. Cuando supe de esa iniciativa legal para cambiar el nombre de la Puerta del Diablo solo se me vino a la mente ese concepto. Pensé que solo era un chiste, pero al darme cuenta que esa idea está siendo respaldada por representantes legislativos me convencí de lo pésimos que podemos ser los salvadoreños para ordenar nuestra lista de prioridades. Cambiar el nombre de un lugar histórico, solo porque hace alusión al “mal”, más que iniciativa religiosa parece una rabieta caprichosa de niño malcriado. Aunque sería maravilloso que al rebautizar esas piedras como Puerta de Jesús se detuvieran esos hasta 80 homicidios cada 72 horas, eso es tan irreal como la honestidad de la mayoría (porque quiero creer que a lo mejor hay algún par íntegro) de nuestros funcionarios de ayer y hoy.

Es una pena que las iglesias, con todo el poder e influencia que tienen, no tengan el valor que tuvo el Jesús que predican para señalar lo que de verdad le hace mal a nuestra sociedad. Es una lástima que todo ese poder —basta con recordar cuando renegaron de la iniciativa de fomentar una educación sexual integral en las escuelas, hasta que la detuvieron—, se malgaste en iniciativas tan sin sentido. Iniciativas que, como digno carroñero, más de alguno con ansias de poder y simpatía de la gente está aprovechando para legitimarse como “bueno” y hacedor de la voluntad de Dios. Porque ahora que se acercan las elecciones, nuestros excelsos candidatos tienen que hacer lo que sea necesario para afianzar ese puestecito lleno de tantos beneficios y de oportunidades de (enrique)crecimiento. Visitar cultos y misas, así como posar para las fotos con la actitud más nívea que se tenga, siempre ha sido una carta infalible para ganar votos.

Ordenemos nuestras prioridades. Para poder ver al menos una pizca de progreso en la situación del país hay que comenzar por remover, más que nombres diabólicos, a todo el que esté al frente y que incumple su deber. No podemos resignarnos en pensar que todo el que llega al poder es por la voluntad de Dios. Ya va siendo hora de que le recordemos a nuestros gobernantes, del color que sean, que así como los votamos los podemos botar.

El TPS y los palos de ciego de los políticos salvadoreños

La pista más certera sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), el beneficio migratorio que cobija a unos 187,000 salvadoreños en Estados Unidos, llegará en noviembre próximo cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) haga pública su decisión sobre el futuro del programa para 60,000 hondureños que también gozan del beneficio.

Si Washington decide no renovar el TPS a los hondureños, lo más seguro es que no lo haga para los salvadoreños.

En abril, cuando DHS dio a conocer su decisión de renovar solo por seis meses más el TPS a 50,000 haitianos también amparados, sonó la primera alarma: “El Salvador debería de poner atención desde ahora”, me dijo entonces un asistente legislativo de la cámara baja.

A principios de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anuló DACA, el programa de la administración Obama que evitó la deportación y dio permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo muy pequeños, todas las luces de emergencia se encendieron para el TPS. Fue entonces que la clase política salvadoreña, los partidos, pretendieron salir de su usual letargo para abordar el asunto, y lo hicieron desde su asqueroso guion usual: intentar llevar agua a su molino electoral mientras se aseguran de echar ripio a su adversario.

La cantaleta más sonora de ARENA ha sido que el gobierno del FMLN ha puesto en riesgo el TPS por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso, en esencia, es mentira.

La relación entre el FMLN, los grupos de crimen organizado vinculados al Gobierno venezolano y las actividades de las FARC colombianas sí son asunto de interés en Washington, en específico el rol que José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y viceministro de Inversión Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, tiene en ese tinglado. Por Ramiro y sus dineros ya preguntaron la DEA y 14 congresistas –demócratas y republicanos– y el poderoso comité antinarcóticos del Senado.

Pero si Trump quita el TPS a los salvadoreños no será por la relación entre San Salvador y Caracas; será por otro tema más doméstico: la política migratoria del presidente de Estados Unidos está marcada por la xenofobia y el racismo, de eso se alimenta su base blanca más fanática; por eso anuló DACA y por eso, si lo hace, no renovará el TPS.

Este septiembre una comitiva de diputados salvadoreños de todos los colores estuvo en Washington, haciendo las rondas usuales en el Congreso y el Ejecutivo, para hacer cabildeo por la renovación. Algo bueno salió de ahí en forma de una carta firmada por 116 representantes de la cámara baja que piden a Trump que no corte el TPS.

A pesar de ser un buen gesto político, la carta no tendrá un peso político real entre quienes tomarán la decisión final, que son, además de Trump, el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; el fiscal general, Jeff Session, que es uno de los miembros más racistas del Gabinete; y, en menor medida, Elaine C. Duke, secretaria interina de DHS.

Lo que en realidad tendrían que estar haciendo los políticos salvadoreños es, desde sus trincheras, prepararse para el escenario más probable, que es la no renovación, y el cual implicaría deportaciones, desprotección legal de quienes se queden indocumentados en Estados Unidos y también para quienes vengan a El Salvador después de 16 años de no vivir aquí.

El consabido juego de vociferar culpas y buscar réditos politiqueros de nada servirá a los compatriotas afectados por la eventual eliminación del TPS. De nada.

Odio el Ironman

Odiar es una palabra muy fuerte, pero sí que cada año espero con ansias la conclusión de ese evento. Esta semana en la ciudad de Wisconsin, donde vivo, tuvo lugar el Ironman. Fue casi imposible no estar pendiente del triatlón puesto que cerraron varias de las calles principales de la municipalidad por una gran parte del fin de semana en observación de la carrera. Los que tenían que trabajar, hacer mandados o cumplir con obligaciones en esos días se encontraron con un buen lío. Opté por pasar esas horas del sábado y domingo en casa para evitar los aprietos de tránsito y la manía colectiva.

Para los que no estamos muy versados en el tema, la competencia del Ironman está considerada como la prueba deportiva más dura y exigente del mundo, que se celebra en un solo día. Consiste en nadar 3.9 kilómetros, seguido de 180 kilómetros en bicicleta y terminar corriendo una maratón de 42.2 kilómetros. Las tres disciplinas se realizan de forma consecutiva, y el tiempo de un deportista medio es entre las 12 y 14 horas. Dentro del imaginario gringo el Ironman no es solo un evento en que se participa, sino una identidad y un título que ya otorgado nadie te lo vuelve a quitar. Uno no solo hace un Ironman sino llega a ser un Ironman. Cuesta escribir esto último sin poner los ojos en blanco.

En muchos sentidos, Ironman parece un culto elitista con su propia comunidad, subcultura y requisitos de membresía. Los aspirantes, convencidos del valor de su causa y retando los límites del cuerpo físico, preparan una prueba que requiere un entrenamiento mínimo de seis días a la semana durante seis meses o más. Entre tanto sufrimiento y abnegación, casi nadie da pausa para considerar el cinismo del proceso de preparación en un contexto global en que una gran parte de la población humana lleva el cuerpo al límite por exigencias económicas y para sobrevivir su cotidianidad y no por juego ni diversión.

En su proyecto investigativo multidisciplinario con el título “Ironman”, el artista salvadoreño Mauricio Esquivel explora los retos y riesgos físicos que asume un inmigrante indocumentado en la travesía al Norte. El artista adopta una rutina intensa de entrenamiento de cinco horas diarias durante cuatro meses parecida a la de un aspirante a Ironman preparando su cuerpo para las exigencias físicas de cruzar la frontera, y examina el acondicionamiento físico y la capacidad de sobrevivencia que implica llegar al Norte. El proyecto de Mauricio Esquivel hace visible el privilegio del entrenamiento deportivo frente a los retos que experimentan los inmigrantes en su cotidianidad y para tener posibilidades de cruzar la frontera ilegalmente con éxito.

Con todo, el Ironman celebra las posibilidades de adaptación del cuerpo a condiciones extremas y cada año me hace pensar en el lujo que implica asumir ese proceso por curiosidad y recreación. Para mí, siempre es una exhibición de pura ostentación que hace contraste con la realidad social de la mayor parte de la humanidad. Por todo eso y a pesar de correr el riesgo de ser una verdadera aguafiestas, confieso que me cae tan mal el Ironman.

Santiago y sus migrantes

La inmigración está cambiando el rostro de Chile. Aunque inicialmente fueron los colombianos quienes por su cercanía geográfica empezaron a llegar a la tierra de Neruda, actualmente ya no son el único referente migratorio para Chile. Haitianos, venezolanos, argentinos y españoles, por mencionar algunos, se escuchan en las calles de manera frecuente.

El fenómeno migratorio ha tenido un significativo aumento en los últimos tres años y ha sido evidente, no solo en las estadísticas nacionales, sino también en el día a día. Anteriormente, los chilenos se sorprendían e interesaban cuando escuchaban un acento distinto al propio. Ahora, aunque sin pasar inadvertidos, los extranjeros nos hemos ido incorporando a la dinámica diaria del país.

Sin embargo esta rápida explosión de inmigrantes ha implicado un choque cultural que nadie esperaba: los chilenos están en un proceso constante de integración y aceptación de las nuevas costumbres y características que inevitablemente implica la migración; y los extranjeros necesitan obligadamente aprender una nueva cultura y, al mismo tiempo, ir incorporando su propio conjunto de normas, rituales y creencias, manteniendo el delicado equilibrio entre lo propio y lo ajeno.

Recientemente, en una conversación que entablé con una funcionaria municipal de una de las comunas más tradicionales de Santiago, me comentaba que la oficina de asuntos laborales ha debido reformular sus funciones y asesoría, ya que ahora, quienes más uso hacen del servicio municipal son los inmigrantes. No es que estos tengan una formación educativa deficiente o escasa, sino que se enfrentan a desafíos con su estatus migratorio y el desconocimiento de los procedimientos que una búsqueda laboral implican.

El hecho de que una oficina municipal esté redirigiendo sus esfuerzos hacia un grupo diferente de la población es una potente señal de cómo está cambiando la dinámica social a raíz de la migración. De igual forma, la demanda ha crecido de tal manera que los plazos para los trámites usuales de solicitud de visas han aumentado de manera considerable.

 

Sin ánimo de generalizar –ya que las circunstancias de quienes llegan al país no son todas iguales–, el fenómeno migratorio que específicamente la ciudad de Santiago está experimentando incluso ha favorecido una transformación del mercado inmobiliario, generando un repentino auge en las construcciones de gigantescos complejos de departamentos, a los cuales se ha llamado guetos verticales.

Estos han sido muy criticados porque, a juicio de los expertos, promueven el hacinamiento e irrumpen con el paisaje, transformando las dinámicas urbanas de barrios históricamente reconocidos por sus casas.

Por otra parte, los inmigrantes de países caribeños están incorporando también una característica que hasta hace unos cuantos años atrás, como en El Salvador, tampoco era usual en Chile: la raza de color. Esto genera una suerte de ambiente más globalizado e inclusivo, ¡como debería ser! En donde la convivencia entre distintas razas pasa a ser la normalidad.

Estas son solo algunas de las transformaciones más evidentes que está experimentado Chile y, específicamente, Santiago a raíz del fenómeno migratorio.

Vivir este proceso como parte del grupo de extranjeros que eligieron a Chile como nuevo domicilio es una experiencia muy interesante y de la cual rescato muchos aprendizajes, pero, sobre todo, la importancia de incorporar de manera armónica las distintas culturas que convergen en un país distinto al propio. Y, por otra parte, cómo la inmigración promueve la deshomogeneización dinamizando la cultura de un país.

En el limbo cultural

Comparar puede ser muy molesto. Sin embargo, exponer un elemento frente a otro para evaluar y contraponer sus características es una práctica común y necesaria. Es gracias a esa acción de identificar opuestos y semejantes que los seres humanos empezamos a construir significados durante las primeras etapas de nuestra vida, por ejemplo. Y aunque mantengamos cierta relación de amor-odio con esta forma de entender el mundo, abordamos la existencia en gran medida a través de las comparaciones.

Así, comparando, es como muchos migrantes nos adaptamos con más fluidez a los entornos que desconocemos. Eso discutía hace unos días con colegas provenientes de varios países hispanohablantes. La tertulia que se desencadenó por un comentario frívolo sobre la calidad de un tomate en un almuerzo de planificación terminó haciéndonos reconocer que, sin importar lo derrumbado que esté el lugar de donde provenimos, siempre anhelamos volver a él. Y que cuando volvemos, ya somos otros. Regresamos híbridos entre dos culturas, y que son las comparaciones las que nos permiten mantenernos conectados con ambas realidades.

No soy el más cualificado para hablar de cómo afecta a nuestra identidad que estemos en un país extranjero por un tiempo prolongado, pero voy a conjeturar –desde mi experiencia– que nos hace situarnos en un limbo. En el sociolecto salvadoreño, se podría decir que los que vivimos afuera nos volvemos “ni chicha, ni limonada”. Y no es porque algunos terminen pegados con la muletilla del “¿oh, sí?” o porque la rutina haga adoptar al spanglish que algunos puristas acusan de mutilar el español. Si estamos en ese borde es porque hemos tenido que incorporar rasgos de esa otra cultura para poder desenvolvernos con solvencia dentro de la sociedad en la que está inserta. Esos rasgos se funden y, lo queramos o no, modifican nuestra forma de actuar y pensar.

No es que sea por enajenación, pero el sentido de pertenencia se congestiona cuando se está lejos de la tierra donde uno enterró el cordón umbilical. Se ama tanto el nido de donde se voló que nunca se puede terminar de llamar hogar al destino extranjero; pero cuando se vuelve a ese nido es difícil salir del rol de visitante, como si alguna parte de uno se hubiera quedado pendiendo en la otra realidad. Es esa dualidad generada por nuestra capacidad de adaptación la que nos deja pegados en el limbo cultural.
Hace unas semanas, cuando regresé a El Salvador al menos por unos días, hice tantas comparaciones como cuando llegué por primera vez a Estados Unidos. Que si aquí la mayoría de la gente es afable, que si las normas de conducir son más estrictas allá, que si aquí las principales preocupaciones están relacionadas con el cumplimiento de los derechos fundamentales, que si allá el sistema judicial parece ser más eficiente… Aunque pueda resultarle molesto, hacerlo sirve para saber qué terreno se está pisando.

En esos 14 días que había anhelado tanto (y que sin duda fueron insuficientes) reconocí que El Salvador puede ser tan bonito como horroroso, pero que a pesar de todo lo que se ha echado a perder de nuestra sociedad, los que nos vamos seguimos necesitando estar conectados con él. No importa cuántos rasgos de otras culturas deba incorporar, ni cómo le cambien la forma de ver la vida, estar en el lugar de donde uno brotó no tiene comparación.

Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

Robert E. Lee y el basurero de la historia

Después de la muerte del general Robert Edward Lee en 1870, Frederick Douglass, el esclavo fugitivo y el afroamericano más prominente de Estados Unidos, escribió: “Apenas podemos ver un periódico que no está lleno de adulaciones nauseabundas sobre Lee, de las que pareciera que el soldado que mata más hombres en batalla, incluso si es por una mala causa, es el mejor cristiano, y que se merece el lugar más alto en el cielo”.

Este comentario de Douglass resume bien la polémica actual que se está dando en Estados Unidos sobre la memoria de Lee, símbolo de nobleza e heroísmo para algunos y de esclavitud para otros; la misma polémica fue la detonante de la violencia en Charlottesville, Virginia, la semana pasada entre un grupo de supremacistas blancos y otros que se manifestaban a favor de la inclusión total de los afroamericanos en la sociedad.

Vale aclarar que lo que está detrás de la polémica de Lee no es solo la preservación o destrucción de un monumento, sino el discurso de la memoria que evoca. En este caso, para muchos ese discurso tiene que ver con la ideología de la supremacía blanca que el Estado proyecta a través de la producción cultural. Lo que está en juego, además, es la posición de Robert E. Lee como símbolo del país; si debe ocupar una posición central hoy en día o si pertenece ya al “basurero de la historia” así como expresó Trotsky de los mencheviques en 1917.

Para algunos el general Robert Lee sigue siendo el ícono central del orgullo sureño y una figura importante de la historia estadounidense. El mismo presidente Trump lamentó “ver la historia y la cultura de nuestro gran país destrozada por la eliminación de nuestras hermosas estatuas y monumentos”.

La estatua de Lee en Charlottesville fue levantada en 1924 como parte de una serie de monumentos que avanzan una memoria revisionista del conflicto bélico entre el Norte y el Sur. Dentro del imaginario colectivo sureño gana popularidad la idea de que la derrota en la Guerra Civil fue una “causa perdida” en que la Confederación luchó con nobleza aun sabiendo que estaba en una posición inferior al ejército de la Unión.

A pesar de su peso histórico hay que distinguir entre lo que las imágenes de Lee significaron en el pasado y lo que representan en la actualidad. Invocando la figura del general hoy en el espacio público trae a la mente un repertorio de recuerdos relacionados con la Confederación en un contexto sociopolítico de fuertes tensiones culturales y raciales en la era de Trump, del movimiento político Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), y de la lucha por los derechos de los inmigrantes en EUA. Dentro del momento histórico actual la figura de Lee ya no invoca solo la narrativa de la “causa perdida”, sino también trae a la mente un discurso de supremacía blanca.

Muchos a favor de preservar los monumentos de la Confederación señalan que la figura de Lee no se debe censurar porque representa la libertad de expresión de una parte del Sur. Pero la libertad de expresión también incluye la libertad de manifestarse en contra de estos monumentos.

En fin, este es el peligro que corren las imágenes y los monumentos públicos; siempre están sujetos a la opinión popular, a cambios en la memoria colectiva y en el significado de la historia. El espacio que se abrió en un momento al monumento, que le otorgó autoridad y un sentido de consenso público puede volverse hostil e iconoclasta.

La presuposición más aceptada es que la historia solo existe en el pasado, pero la indagación crítica que estamos viendo con respecto a la iconografía de la Confederación revela que estamos viviendo la historia, haciéndola y deshaciéndola vigorosamente –recordándola, negándola–, de una forma dinámica y viva.

Que soplen nuevos vientos

Constantemente he comentado en este valioso espacio de opinión, que no me siento representada por ninguno de los partidos políticos salvadoreños. ¿Por qué? Pues porque me da la sensación de que las dos principales fuerzas partidarias del país, en lugar de ser serios, se pelean por comprobar cuál es más retrógrado o menos consecuente, y la vida se nos va en leer sobre escándalos ridículos, cadenas nacionales, inasistencias a las plenarias o decisiones cuestionables.

Probablemente llego tarde a esta conversación, pero está bien, porque creo que es un tema que no debe perder vigencia y en torno al cual vale la pena continuar hablando: que las vacaciones no nos aparten de lo importante.

Me refiero al reciente episodio en el que una muy preparada joven precandidata a diputada suplente por el partido tricolor fue excluida del listado. Esta expulsión no se debió a una falta de idoneidad para el cargo –porque Aída Betancourt cuenta con un currículum envidiable–, esta negativa se debió a que Aída, que ha cultivado una opinión crítica, ha manifestado desacuerdos con el partido ARENA.

Es decir, un partido que durante años se ha enfrentado a una dura crisis de liderazgos, que pide a gritos una renovación, o al menos, atisbos de nuevos aires y personajes que resulten esperanzadores, decide descartar a una precandidata que además de encarnar esta posibilidad, cuenta con la preparación, las agallas y la disposición para entrar en el mundo político.

¿Es acaso un autoboicot? ¿Es acaso que ARENA tiene la necesidad de demostrar que no hay ninguna expectativa por renovarse, por cambiar la forma de hacer política, por ser mejores?

Si ARENA no demuestra algún ánimo por la autocrítica, por evaluar cómo están haciendo las cosas y cuáles son sus posibilidades de mejorar, únicamente seguirán construyendo el camino hacia la decadencia.

Y este camino no ha sido construido únicamente por el partido opositor. El FMLN también se esfuerza por demostrar una y otra vez esta suerte de surrealismo mágico, en el que todo está bien y El Salvador es incluso un poco mejor que la isla de la fantasía.

El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas que no ofrecen ninguna propuesta convincente y, mientras tanto, los ciudadanos parece que nos hemos acomodado a la mediocridad de lo que hay: dos partidos retrógrados y adormecidos por la falta de propuestas convincentes con liderazgos creíbles.

¿O no?

Fue interesante ver, durante ese par de días que duró el escándalo, cómo fueron surgiendo diversidad de opiniones lamentando el incidente. Eso significa que hay una suerte de compromiso, o al menos de preocupación, desde algunos sectores que vieron cómo se excluía sin miramientos un perfil idóneo para incorporarse a la Asamblea Legislativa; y al mismo tiempo, que hay voces dispuestas a cuestionar a las cúpulas de los partidos históricos de nuestro país.

No se trata de causar más divisiones o de continuar polarizando la situación, se trata de tener claro que existe una necesidad evidente de renovación y de propuestas políticas dirigidas a un segmento de la población que no está conforme con los partidos actuales.

Por otra parte, esta columna es una invitación a ARENA para que no vea a la crítica como un enemigo, sino como una oportunidad. Dejen de hacer oídos sordos a la imperante necesidad de renovación en sus filas.

Piel sospechosa

Hace unos días, durante una visita relámpago a Nueva York, fui testigo de una escena absurda y cruel. Una colega y compatriota, en plan de turista, quiso hacerse una fotografía en las afueras de la biblioteca pública. Mientras posaba, rozó por accidente el brazo de una delgadísima mujer blanca, alta y rubia que caminaba de prisa. “Excuse me”, ofreció la compatriota, a pesar de que el descuido había sido de ambas. La estadounidense, quien por su vestimenta estilizada y caminar de pasarela de modas parecía salida de alguna comedia de Hollywood, le lanzó una mirada de profundo desprecio. Se alejó unos pasos. Tomo un suéter que llevaba colgando y se limpió el brazo con una mueca de asco.

Fue un momento de caricatura, una burda expresión de racismo, de odio. La mujer quiso dejar claro que los que no tenemos la piel nívea como la suya le repugnamos. Y lo logró. Los presentes quedamos pasmados ante su actitud tan retrógrada y ofensiva.

La discriminación racial es robusta en Estados Unidos. Algunas veces es tan evidente como esa mueca de asco. Y en ocasiones es más sutil, como hace tres meses, cuando un oficial de Migración me retuvo en el aeropuerto de Boston y examinó mi pasaporte hasta que se cansó. Cuando se convenció de que todo estaba en regla, ya habían pasado al menos 3 minutos –que sentí lentísimos e incómodos. Solo después, y tras un “Sorry, Sir. Have a good flight”, me permitió pasar al área de abordaje.

Ese oficial retuvo mi pasaporte porque mi piel acanelada contrastaba con la blancura de la mayoría del resto de pasajeros, cuyos pasaportes apenas miraba y a quienes dejaba pasar sin peros. Lo revisó varias veces con una lámpara UV –de las que se usan para detectar las marcas de agua ocultas en los documentos oficiales–, porque los latinoamericanos siempre somos sospechosos. Miraba mi rostro y la foto de mi documento, porque mi aspecto le daba desconfianza.

Bajo la excusa de esa desconfianza, hay gente que se cruza de acera cuando ve que un latino se acerca y algún oficial de seguridad prefiere rondar los pasillos de la tienda por donde una centroamericana se pasea. Puede haberse extinto la segregación racial tan gráfica que oprimió a los afroamericanos durante casi 100 años tras la abolición de la esclavitud, pero hablar de igualdad en este país sería una falacia. Ante la desigualdad, es la población latinoamericana la que siempre resulta más perjudicada. Y un claro ejemplo es que en la mayoría de trabajos siempre se le exija más a un latino que a los empleados de otras razas.

Seguir creyendo que una raza puede ser superior a otra es retroceder, involucionar. Los seres humanos somos iguales en dignidad, sin importar la cantidad de melanina que se lleve en el cuerpo. Aceptar este hecho no debe ser una opción, aunque en la práctica quede a juicio de aquellos que exacerban las facultades de su etnia.

Generalizar al país entero como discriminador sería una equivocación y desmerecería a los que sí respetan y tratan a todos por igual, como debe ser. Sin embargo, es imperioso tratar y retratar todo acto de exclusión –por pequeño que sea–, hasta que nuestra piel deje de ser sospechosa y nuestras facciones ya no sean vistas como el molde de una delincuencia potencial. Por ahora, aunque haya discursos políticos que se empeñan en afirmar lo contrario, el camino continúa largo y sinuoso.

*Esta columna se publicó en julio de 2016. El mensaje sigue más vigente que nunca.

Sobreseimiento

Por recomendación de mis abogados tenía preparadas unas líneas para, si era necesario, hacer uso de mi derecho al uso de la última palabra durante la audiencia de presentación y aceptación de pruebas, que fue lo que se llevó a cabo el jueves.

Considero que este fallo judicial es una victoria importante para el periodismo salvadoreño que hace suya la convicción de que este oficio cumple una función social muy importante, sobre todo en una sociedad que como la salvadoreña vive carcomida por la corrupción y el abuso de poder: la de denunciar a quienes abusan y a quienes corrompen. Por ello me permito reproducir aquí algunos párrafos de lo que escribí:

“Entiendo, como siempre lo he dicho, que este caso se trata de un ataque al derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo, ambos garantizados por nuestras leyes primaria y secundarias. Este no es, como pretender hacer ver los abogados de mi acusador, el caso de la victimización de un particular; es, simplemente, el caso de un empresario acostumbrado a usar su poder económico y sus influencias políticas para hacer que el sistema de justicia juegue a su favor.

“He ejercido el periodismo durante 23 años y a lo largo de esa carrera he confrontado decenas de veces la incomodidad del poder, económico y político, ante los señalamientos hechos desde mi oficio por conductas sospechosas de corrupción, de uso ilegal del recurso público o de connivencia con el crimen común y organizado. Enfrenté esa incomodidad, traducida algunas veces en amenazas y acoso contra mí o mi grupo familiar, cuando investigué, por ejemplo, la complicidad de los más altos mandos de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico durante la década 2000; cuando señalé la connivencia de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República con contrabandistas del oriente del país a finales de la década de los 90; y, más recientemente, cuando publiqué artículos exponiendo la corrupción existente en la Fiscalía General durante la gestión del ex fiscal general, el licenciado Luis Martínez, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta tres procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y otras conductas ilícitas.

“Siempre entendí el periodismo como una forma de traer luz a los rincones de la vida nacional que las élites económicas y políticas pretenden dejar en la oscuridad con el fin de salvaguardar sus intereses o, en el peor de los casos, sus actuaciones que riñen con los marcos legales que rigen a nuestra sociedad. Entiendo el periodismo, sí, como un ejercicio de denuncia de los abusos del poder.

“Dice el académico estadounidense Bruce Bagley que el crimen organizado y quienes se alían a él desde el poder son como las cucarachas: buscan siempre esos rincones sucios y oscuros. El periodismo pretende, dije, echar luz sobre ellos.

“Fue con estos principios en mente que, como he emprendido decenas de investigaciones durante mis dos décadas de carrera, emprendí una investigación periodística encaminada a determinar si existían abusos de poder y corrupción en la Fiscalía General dirigida por Martínez. Y fue, en el marco de esa investigación, que surgió el nombre del empresario que hoy me acusa, el señor Enrique Rais.

“Es importante, su señoría, que el tribunal entienda que la investigación periodística empezó teniendo al centro a un funcionario público, porque como dije antes, una de las principales misiones del periodismo es investigar a quienes ejercen el poder y denunciarlos si están actuando ilegalmente o en forma anti ética, sobre todo si son funcionarios públicos bajo cuya administración el soberano ha encomendado el buen uso del recurso público o la potestad de la investigación criminal”.