El costarricense Dennis Cheng es una de las personas en el continente que más saben cómo sacarle provecho a los recursos incautados a la delincuencia, sobre todo al crimen organizado. En esta entrevista, sostiene que la mejor forma para que la entidad encargada de esa tarea en El Salvador, el CONAB, tenga éxito es que se piense en esta institución como un híbrido entre dos mundos, el público y el privado

“No es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa”

Una entrevista de Moisés Alvarado

Fotografías de Frederick Meza y Archivo

Honduras. Antes de ser extinguida, la empresa dueña del zoológico de Joya Grande le pertenecía a Leonel Rivera, cabecilla del cartel del narcotráfico Los Cachiros. Rivera está preso en Estados Unidos.
Dennis Cheng, director del Proyecto BIDAL de la OEA.

En Honduras, el Estado incautó un zoológico. Ganado, automóviles, yates de lujo, mansiones, ranchos de playa: las propiedades adquiridas con dinero cuya procedencia está en tela de juicio representan una oportunidad de ingreso, pero también un problema para los Estados cuando no cuentan con reglamentos que indiquen con claridad qué pueden y qué no pueden hacer.

El Estado hondureño no ha podido vender el zoológico. “Pero la gente iba más porque querían ver cómo lo estaba administrando la OABI; las utilidades subieron en los primeros meses”. Lo cuenta el abogado costarricense Dennis Cheng, el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cheng es una de las personas en el continente que mejor saben cómo sacarle provecho económico a aquellos recursos que el Estado decomisa a los delincuentes, sobre todo los de la criminalidad organizada, aun cuando no existe una sentencia en firme.

Un trabajo complejo por donde se le mire, porque entre esos recursos no solo hay bienes de todo tipo, sino también empresas en activo, que en muchas ocasiones pueden contar con ingresos millonarios. Uno de esos casos es el de Agroindustrias Gumarsal en El Salvador, propiedad de Wilfredo Guerra, acusado de integrar una estructura que blanqueó más de $215 millones. La empresa, según información de la Fiscalía General de la República, movió en sus cuentas más de $1,000 millones en 12 años, de 2003 a 2015.

Dennis Cheng ha brindado asistencia técnica en la creación de oficinas administradoras de bienes incautados y en la redacción de leyes de extinción de dominio. El objetivo de estas últimas es definir si un bien ha sido adquirido con fondos provenientes de actividades ilícitas; si es así, el Estado tiene la facultad de tomar para sí estos bienes y transformarlos en recursos.

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etcétera. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio.

Desde la segunda mitad de 2017, Cheng trabaja como asesor del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la institución que en El Salvador se encarga de aprovechar y darle mantenimiento a aquellos bienes objeto de un proceso de extinción de dominio.

En esta entrevista, el centroamericano habla sobre algunas de las claves a seguir para que el CONAB, una institución de apenas cuatro años de existencia, se convierta en un organismo eficiente. Una de estas, dice, es la de pensar en esta entidad como una empresa, donde el funcionario deje de ser el burócrata que trabaja en un horario determinado para convertirse en un personaje capaz de generar réditos y disminuir pérdidas, que trate los bienes puestos a su cargo como si fueran suyos. Para Cheng, instituciones como el CONAB son, en la práctica, un ornitorrinco institucional, un híbrido entre lo público y lo privado que debe moverse con rapidez.

¿Por qué los Estados necesitan un organismo para administrar bienes que quizá no lleguen a pertenecerle, que solo están incautados?

Porque los bienes, igual en El Salvador que en otros países, se estaban deteriorando. El vivo ejemplo es el que tienen ustedes en Changallo (predio ubicado en Ilopango, en el que la Policía Nacional Civil guarda los carros que decomisa). Ahí vas a poder visualizar cuál es la realidad de El Salvador en cuanto a la administración de algo muy sencillo, que son los vehículos. Ya al hablar de inmuebles o de empresas en activo se complicaba muchísimo este tema. Si los países ya tenían problemas con la administración de los bienes en el proceso penal, iban a duplicarlos cuando implementaran las leyes de extinción de dominio.

¿Por qué?

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etc. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio… La OEA viene trabajando anualmente en varios documentos, en los que se tocan temas sobre administración de bienes. Comenzamos a escribir sobre legislación comparada, o sobre los instrumentos jurídicos indispensables para un organismo de administración de bienes, como es el tema de la contratación de terceros especializados, de la venta anticipada, del abandono.

¿El CONAB cuenta con esa figura, la de la enajenación o venta anticipada? Puede parecer una herramienta acaso muy abusiva (la venta anticipada permite que se vendan los bienes cuando el juicio de extinción de dominio todavía está activo, antes de que exista una sentencia, para transformar su valor en dinero).

Sí, cuenta con esa figura. El tema en El Salvador es que la ley de extinción de dominio se trabajó tomando en consideración la ley modelo de Naciones Unidas. Yo trabajé en ella. Pero también hicimos una propuesta basados en la experiencia del proyecto BIDAL, que se trabajó con El Salvador y otras naciones, para poder dotar al CONAB de todas las herramientas de buenas prácticas internacionales. Es decir que el CONAB, en el proyecto original que se presentó en la Asamblea Legislativa, lleva el ADN de la experiencia de muchos países de Latinoamérica. Figuras como la venta anticipada la tienen ustedes en la ley, y hay dos formas de hacerlo: una, que es administrativa, donde es el propio CONAB el que toma la decisión de venderlo y lo hace sin una autorización judicial.

¿Cómo se hace en El Salvador?

En el caso de El Salvador, ustedes quisieron ser un poco más garantistas y la venta anticipada debe solicitarse ante el juez, que es el que va a analizar los motivos por los cuales el CONAB la requiere. Y esta solicitud debe hacerla el fiscal a petición del CONAB. Es mucho más garantista, pero es menos efectiva. Con la venta anticipada, mucha gente se asusta. Dicen “¿usted cómo va a vender algo que no tiene sentencia, que no está extinguido?”. Pero lo que se hace es la monetización del bien para que no pierda su valor. El administrador analiza si ese bien se le va a deteriorar porque es de costosa administración. La propiedad persiste, solo que ya no va a recaer sobre un objeto, sino sobre el dinero producto de la venta. Si te pautan un Lamborghini 2018 y si lo guardas en una bodega, se va a deteriorar con solo el transcurso del tiempo.

Cuando vemos las tareas que le corresponden al CONAB, que debe desde darle mantenimiento a un carro hasta administrar a una empresa, ¿qué tipo de personal se puede considerar imprescindible para que una entidad pueda llevar a cabo todas estas actividades?

Las buenas prácticas internacionales sugieren que siempre sea un órgano colegiado interinstitucional. Porque va a requerir profesionales o técnicos en una infinidad de materias. ¿Cuál es la entidad que más técnicos tiene en un país? Es el Estado. En el proyecto original, el CONAB estaba bajo la sombrilla de la Presidencia de la República, porque de la Presidencia dependen todos los organismos. Finalmente ustedes lo aprobaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que no está mal, pero no era el proyecto original. Si ves otros países, como Costa Rica y Honduras, dependen directamente de la Presidencia. Si necesitas un técnico en ganadería, puedes depender de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ya que en El Salvador no se hizo de esta manera, ¿cuál es el camino a seguir?

Las buenas prácticas apuntan a que se puedan tercerizar los servicios, porque el CONAB nunca va a tener el personal necesario o suficiente. Para eso se crea la figura del tercero especializado, que en el proyecto original estaba bien claro, pero que en lo que se aprobó en la Asamblea trataron de eliminar. No sé si es porque no lo entendieron, pero siempre quedó, porque la ley de ustedes dice que el CONAB puede realizar cualquier contrato en el Código de Comercio o Civil que sea legal. En el caso de las empresas, se podría contratar a un administrador, a un gerente, como un tercero especializado. Los fondos no necesariamente deben salir del CONAB. En el caso de las empresas, salen de los fondos que generan estas.

Al ser el CONAB un organismo colegiado, integrado por personas de varias instituciones, ¿qué tan complicado es el proceso de contratar a un tercero especializado, por ejemplo?

Yo lo que digo en las presentaciones es que es como un ornitorrinco, mitad pato y mitad castor. En el caso del CONAB, es mitad público y mitad privado. De las malas prácticas también uno aprende. Una de estas es que las oficinas de administración de activos traten de hacer su trabajo a través de las leyes públicas, siendo los bienes, hasta que no haya una sentencia, de un tercero privado. Si los fondos con los que le doy mantenimiento a un inmueble no provienen del presupuesto público, no tengo por qué aplicar las leyes públicas. Si una casa la estoy administrando y la pongo en arrendamiento, ese canon lo puedo usar para darle mantenimiento al propio bien. Lo que estamos desarrollando son procesos sustitutivos de contratación. En esta semana o la otra, si Dios quiere, le presento al consejo un primer borrador de este proceso sustitutivo de contratación, que no es el de la contratación administrativa, porque no podemos aplicar las leyes públicas a bienes que todavía no lo son. Pero sí necesitamos tener una ley especial que nos regule cuál va a ser esa forma de contratación.

Una que el CONAB todavía no tiene.

Actualmente el CONAB no la tiene. Estamos un poco en el aire. Estamos tratando de que el CONAB apruebe en los próximos meses los reglamentos que necesitamos que tenga, que finalmente serán el cuerpo normativo con el cual ellos van a poder administrar. Porque la ley de contrataciones públicas los hace menos eficientes y, por lo tanto, van a fracasar. Tienen que tener esa mentalidad. Y los entes auditores también: El CONAB no es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa. Tiene que ser muy particular para que pueda funcionar eficientemente. Ese cambio de mentalidad es una de las cosas fundamentales que funcionarios y directores tienen que entender, porque deben generar recursos para que los bienes sean autosuficientes.

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque va a mantener el valor del vehículo.

En El Salvador, ¿considera que aún falta mucho para que se empiece a pensar en el CONAB como empresa y no como organismo público?

Eso es un proceso lento, pero que se puede alcanzar. Normalmente, yo se los digo a ellos, vemos que el funcionario público no tiene la mentalidad del empresario, lamentablemente. El funcionario recibe su salario por un trabajo de ocho horas, cinco días a la semana. En cambio el empresario está viendo cómo disminuye costos y sube rentabilidad. Ese es un proceso que ellos en el CONAB tienen que madurar y tienen que, junto con la normativa que ya tienen y la que se va a aprobar, ir pensando ya no como funcionario, sino como empresario. Porque en cuanto a los bienes que administra el CONAB, nuestro principal cliente es el afectado (en el proceso de extinción de dominio), no el Estado. Hasta que no haya sentencia, esa propiedad es del particular. Tenemos que tener esa mentalidad más abierta en defender los bienes como si fueran propios.

¿Cuál es, entonces, la mejor forma de administrar?

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque vas a mantener el valor del vehículo.

El CONAB está en una etapa germinal; por lo tanto, no es autosostenible. Usted, que ha podido estar viendo las actividades del CONAB desde cerca, ¿siente que desde el Estado ha recibido el apoyo necesario para poder sobrellevar de la mejor manera estos primeros años?

Le hace falta bastante. Creo que las autoridades de El Salvador todavía no han visualizado lo que puede dejar el CONAB para las demás instituciones. Ahorita estamos viendo que comenzaron a vender bienes ya extinguidos, y ya están comenzando a distribuir dinero. En algún momento distribuirán cantidades mayores de dinero. Entonces los funcionarios públicos, las altas autoridades, tienen que entender que deben hacer una inversión en el CONAB. Finalmente estás invirtiendo para tener un retorno en cuanto al dinero que se extinga o el producto de la venta. Como en toda empresa, si yo no hago una inversión, voy a tener pérdidas. En el caso de CONAB ocupamos más recurso humano, es indispensable, no puedes administrar cierta cantidad de bienes con pocos funcionarios. La embajada americana ha estado apoyando bastante en cuanto a equipo y cosas de esas y, obviamente, en capacitación, pero hasta el momento las autoridades no han visto al CONAB como una inversión.

Este año se realizó la primera subasta. Pero buena parte de los bienes que se subastaron habían sido extinguidos hace dos años, en noviembre de 2015. Pasaron dos años para que esos bienes se convirtieran en valor dinerario. ¿Cree que este período es aceptable o debería ser más rápido?

Mira, el tema de la venta es lo último. El CONAB es una institución muy reciente. Lo mismo nos pasó en otros países, como Honduras. Nos hemos focalizado primero en los pasos iniciales de estas instituciones. Lo que hemos hecho es crear la tubería de entrada de estos bienes. Cómo se recepcionan, cómo se administran. Porque el problema no está en la destinación. Destinar es muy fácil cuando a una ley le pones “tanto porcentaje para cada institución”. Pero el problema está en cómo tú mantienes esos bienes durante el proceso de extinción de dominio o durante el proceso penal. Ahí está el detalle. Normalmente, mientras los bienes llegan a una sentencia, van a pasar dos o tres años. Va a depender de la ley de cada país. Si no tienen diseñada la forma de administrar y de recibir, lo que vas a vender serán bienes destruidos o con un montón de problemas… Después hay todo un proceso de inscripción y de saneamiento de los bienes. Hay bienes que también incorpora el registro. Este va a comenzar a inscribir bienes que normalmente no se inscriben por un título relativo a dominio normal por escritura pública.

Gumarsal. Es la empresa más grande de las que están a cargo del CONAB, que sigue comercializando productos como el arroz San Pedro.

En este paso también deberá existir un proceso de capacitación para el personal del Centro Nacional de Registros…

Entonces también hay un proceso de capacitación a nivel de registradores para que ellos entiendan la figura de extinción de dominio y cuándo los bienes realmente llegan al Estado. Si bien es cierto que la sentencia de extinción lo que declara es la pérdida a favor del Estado, en este caso del CONAB, hay un momento al que nosotros le llamamos “ficción jurídica”, en el cual ese bien pasa de manera temporal a nombre del CONAB para que este pueda destinarlo o venderlo bajo el principio de tracto sucesivo, que es un principio registral. Ese procedimiento puede llevar un tiempo, y además el proceso de venta, si no tienes un reglamento, no sabes cómo vas a realizar. Las subastas públicas tampoco están reguladas en El Salvador. De hecho, en diciembre les presenté un borrador de proyecto del reglamento de subastas, donde estamos incorporando las subastas electrónicas, a viva voz y de sobre cerrado, como la que hicieron en noviembre. La idea es, al menos en este año, tratar de hacer tres o cuatro subastas. Ya vamos a comenzar a tener sentencias. Ahora que comienzan los bienes a ser extinguidos, hay que trabajar en la tubería de salida. La única forma es a través de ventas públicas de subastas. Este año pretendemos tener ese reglamento.

Una de las novedades de 2017 fue que por primera vez se decomisaron empresas en activo como parte de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué dificultades, según lo descubierto por usted, ha tenido el CONAB para la administración de estas empresas, en especial Gumarsal, una empresa de un tamaño monstruoso para un país como El Salvador?

Sí, efectivamente, lo ideal es que hubieran empezado con empresas más pequeñas. Sin embargo, en el destino les tocó un primer caso de administración de empresas en funcionamiento que, por dicha, se apoyó en la experiencia que ya tiene Honduras. Eso les ayudó mucho en la parte de la recepción de Gumarsal. También con la OEA trabajamos en 2015 en un documento llamado “Mejores prácticas en la recepción y administración de empresas en funcionamiento”. Es un documento bien pequeño en el cual se indica cuáles son los pasos que necesitas para la debida recepción y administración de una empresa en funcionamiento. El Salvador no arrancó de cero. Arrancó de un documento base que habla sobre aspectos organizativos, recursos humanos, aspectos financieros.

¿Me puede ampliar esto un poco más?

El CONAB tiene que hacer una radiografía de la salud financiera de la empresa cuando la recibe. Si está quebrada, hace un proceso de concurso de quiebra. No vaya a ser que digan que el CONAB la quebró. Otra cosa que se necesita revisar son los aspectos legales. Por ejemplo, si un restaurante no tiene los permisos de Salud o de funcionamiento, finalmente no tenemos ningún restaurante, no tiene ningún permiso, y el Estado no podría funcionar ilegalmente. Aspectos de recursos humanos: hay muchas empresas que pagan menos del mínimo de ley y no pagan cargas sociales, y el CONAB no puede hacer eso. Eso va a repercutir en las utilidades de la empresa… Otra cosa son los aspectos tributarios. Normalmente hay evasión fiscal. Como CONAB, no puedo evadir al fisco. Hacer un análisis integral de cómo estoy recepcionando la empresa va a incidir en la rentabilidad de esta, obviamente. Muchos pueden decir “no es el que el CONAB ahorita con la empresa está dando pérdidas”. Sí, claro, está dejando pérdidas porque usted antes no tributaba, porque usted no pagaba el salario mínimo. En el tema de las empresas, finalmente el CONAB no toca la parte operativa, sino que toma el control financiero. Llega a sustituir al gerente general.

En el país ha estado pasando algo recurrente en los casos más importantes, que la Fiscalía llega ante los jueces de Sentencia con una gran cantidad de evidencia, pero que es evidencia dispersa, y no logra condenas. En lo referente a extinción de dominio, ha habido un poco más de éxito. Pero digamos que llegue a pasar que con Gumarsal no logre la Fiscalía demostrar su origen y destinación ilícita, y se deba devolver la empresa a sus anteriores dueños junto con las ganancias generadas en el tiempo en el que la tuvo el CONAB a su cargo. ¿No significaría esto una pérdida económica demasiado grande para el CONAB y el Estado mismo?

Pérdida, no, porque finalmente el Estado no va a invertir ni un solo centavo de dinero público en las empresas. Cuando instituciones como el CONAB administran una empresa, lo hacen con los mismos fondos de esta. Hay casos, como el de Honduras, donde ellos sí pueden hacer una inyección de capital, pero solo para poner a caminar la empresa. La ley sí se lo permite y el reglamento también. Por ejemplo, si incautan una gasolinera y los tanques de combustibles están casi vacíos, yo puedo comprar el combustible del fondo especial que tiene de administración la OABI (la equivalente hondureña del CONAB), y lleno los tanques y del producto de la venta se regresa el dinero. Se llaman préstamos puente, pero se hace solo en ciertos casos donde la empresa definitivamente es rentable.

¿En El Salvador no existe esa figura?
No.

¿Lo recomendaría o no es imprescindible?

Claro que es recomendable, es una herramienta que puede ayudar a preservar empresas, principalmente aquellas donde se necesite un poquito de inyección de capital para poder continuar con las actividades.

Retardo. La Fiscalía le incautó a la Mara Salvatrucha el motel Tres Ases en Sonsonate en julio de 2016. La entidad no inició un proceso de extinción de dominio sino hasta noviembre de 2017.

¿Por qué debería una institución del Estado tratar de preservar una empresa que le servía al crimen organizado?

Porque instituciones como el CONAB deben tratar de mantener las fuentes de trabajo, es una primera política institucional en cuanto a las compañías. A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando, manteniendo la economía, generando ingresos tributarios, generando empleo y evitando demandas contra el Estado en caso de devolver la empresa. Si en El Salvador no existiera una institución como el CONAB, ¿qué hubiera pasado con una empresa como Gumarsal? ¿Quién la administraría? Posiblemente sería el juez a través de algún curador o algún depositario, pero son figuras que no están adaptadas para la administración compleja de bienes producto del crimen organizado. El CONAB es una institución que se creó para poder tener capacidad para generar recursos. Pero hay empresas que no van a funcionar desde el principio.

A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando.

¿Sucedió así con Gumarsal?

En el caso de Gumarsal, entiendo que las utilidades bajaron al principio. Gumarsal no tenía cuentas bancarias abiertas, y a través del CONAB ya pudieron comenzar a regularizar la parte financiera. Eso le está ayudando a la empresa. Es algo normal, cuando a una empresa le incautan hay un tema de imagen que va a impactar al principio. Salvo en el caso del zoológico (de Joya Grande) en Honduras, que la gente iba más porque quería ver cómo estaba administrando la OABI el zoológico. Las utilidades subieron en los primeros meses. Es muy atípico.

¿Qué pasa con las empresas que administra el CONAB cuando el proceso llega a su fin y se le extingue el dominio a su anterior propietario? ¿El CONAB será el administrador perpetuo de esta empresa o cuál es el proceso a seguir?

El mismo que tienen los otros bienes. Tienes que hacer un avalúo de la empresa y sacarla a subasta pública.

¿En otros países ha pasado que no se ha vendido alguna empresa?

El único caso fue el del zoológico de Joya Grande en Honduras, que la empresa ya estaba extinta, pero no se había vendido. Siempre se tiene que contratar una firma internacional para que valore la empresa.

En julio de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó varias modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, en las que, en resumen, se le quitaron los dientes. Cuando todos esperaban que el presidente de la república vetara las reformas, este, más bien, las sancionó en muy poco tiempo. No se aplicaron porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las modificaciones. ¿Cómo se trabaja en un país donde suceden estas cosas?

Ahí sí me la pusiste difícil, jajaja… La ley está hecha para todos. Cuando hemos trabajado en proyectos de leyes de extinción de dominio en los países, se trata de una ley que tiene muchos dientes para poder quitar los bienes de origen ilícito, independientemente de la actividad de la que provengan, sea esta corrupción, narcotráfico, extorsión. Las reformas que hicieron, creo yo, se debieron a que no han entendido mucho la figura de extinción de dominio. Me parece que el artículo 103 de la Constitución de ustedes es bastante claro en cuanto a que el Estado debe garantizar y reconocer la propiedad privada en función social. Es un párrafo, pero dice mucho. Básicamente lo que está diciendo la Constitución de El Salvador es que la propiedad privada no es absoluta y que no la garantizará cuando esta no cumpla la función social.

¿Qué es la función social?

Es algo muy sencillo, corresponde a aquellos criterios ético-sociales de la sociedad salvadoreña. Tanto empresarios como gente del común deben entender que sus bienes no los pueden destinar a actividades ilícitas. En el tema de los empresarios, si ellos van a conocer que su empresa está siendo utilizada para la inyección de capital ilícito, deben considerar que en algún momento pueden llegar a perder la empresa por mezcla. Entonces también hay una responsabilidad de los ciudadanos, no solamente del Estado en aplicar la ley, sino de todos los ciudadanos en poner su propiedad realmente al servicio de la sociedad.

Según entiendo, el proceso de cesión de un inmueble o bien desde el CONAB para otras instituciones es algo complicado, primero porque para ello deben estar de acuerdo todos los miembros del consejo, y segundo porque las reuniones donde están los integrantes del organismo colegiado son escasas a lo largo del año.

No, realmente se reúnen bastante. Yo he estado ahí y es un consejo que se reúne bastante. Incluso tienen sesiones extraordinarias. El problema del consejo es que no tiene mucha base legal, no sabe qué hacer porque le faltan muchos reglamentos. Básicamente el único reglamento con el que ellos trabajan es el de la ley. Pero se quedó muy corto. En el CONAB hay que desarrollar el reglamento de administración de bienes en general, que te va a decir cómo recepcionas y qué procesos vas a aplicar en cada bien que tú recibes de acuerdo con su naturaleza… El reglamento de contratación de terceros especializados, que es el que te va a regular cómo es que vas a contratar fuera de la ley de contratación administrativa. La ley habla de eso, dice en un artículo que el CONAB creará un reglamento especial o sustitutivo de contratación. No se ha desarrollado. Y hay un reglamento de inversiones, que se necesita hacer para poder invertir el dinero tanto extinguido como cautelado para que comience a generar intereses y estos ayuden a generar fondos para la administración de los bienes.

¿Para cuándo estarán listos estos reglamentos?

Esperemos tener los borradores este año y presentarlos al consejo este año. No sé cuánto se tardarán ellos aprobándolo. Nosotros estaríamos presentando los borradores a la dirección ejecutiva para que los pueda adaptar un poco a la legislación salvadoreña, los pueda aterrizar. El borrador final se le daría al consejo para que lo aprueben. Necesitan esos reglamentos. Por eso es que no han podido ser tan efectivos, con toda la razón, porque les da temor aplicar o contratar porque no tienen una base legal para hacerlo. Como funcionario público, si no tienes base legal, normalmente no tomas la decisión, porque después te van a cuestionar esa decisión fuera de ley. Los reglamentos son fundamentales.

En países como Honduras, la ley se ha transformado en una herramienta muy efectiva para desbaratar estructuras del crimen organizado. Se me viene a la mente el cartel de Los Cachiros, que por mucho tiempo pareció intocable. ¿Por qué en El Salvador no se ha podido contar con esta misma escala de efectividad?

El Ministerio Público de allá tuvo una política de persecución en cuanto a debilitar primero el brazo financiero de las organizaciones criminales, más allá del tema penal. Primero se debilitaron económicamente a los grandes carteles como el de Los Cachiros, como el del Negro Lobo, como el de los Valle Valle, y los siguientes carteles grandes en Honduras. Ya cuando las organizaciones estaban debilitadas, no les tocó otra que entregarse a las autoridades, en algunos casos a las autoridades hondureñas o a las de Estados Unidos, porque ya no tenían dinero con qué esconderse, con qué comprar policías, fiscales, jueces… Al no tener nada de eso, tuvieron que entregarse. Lo que hicieron los hondureños fue no abrir procesos penales en Honduras, sino que directamente los extraditaban a Estados Unidos. El éxito de Honduras fue el cambio de mentalidad de la política criminal de aplicación de la figura de extinción.

Además de la elección de una estrategia, ¿qué otro aspecto es imprescindible para el éxito en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio?

Dentro de los estudios de la OEA hemos definido un principio o una buena práctica en cuanto a la inmediatez. Ese problema lo tiene Guatemala. Por ejemplo, allá se incautó un inmueble y la SENABED, que es la CONAB allá, lo recibió ocho meses después. Imagínate que tú recibes un inmueble en esas condiciones, ya con problemas de luz, agua, con maleza, si es que aún no le han robado los sanitarios. Cuando recibes un bien después de haber hecho una incautación como parte del proceso penal quién sabe cuántos meses antes, ya tenemos problemas en cuanto a la investigación de extinción de dominio y en cuanto a la administración. Igual pasa con las empresas. Debería ser paralelo.

LAS PRIMERAS VENTAS. El hotel Capital de San Salvador fue la sede de la primera subasta pública de bienes extinguidos. Dicho hotel también es parte de un proceso.

¿Debería, entonces, existir una normativa que indique que cuando se abra un proceso de lavado de dinero o de narcotráfico, por ejemplo, paralelamente se inicie el proceso de extinción de dominio?

No, para eso no se ocupa una ley, simplemente es una política de la Fiscalía General en cuanto al proceso de investigación patrimonial financiera. En el caso, por ejemplo, de España, hay una política del Ministerio Público donde no hay investigación de narcotráfico si no va acompañada de una investigación patrimonial financiera. Para eso no ocupas una ley.

En el caso hondureño, ya se han detectado irregularidades. En 2015, el yerno del director de la OABI de entonces, Humberto Palacios, alquilaba una lujosa casa a un precio pírrico. Ahora, en El Salvador, cuando ni siquiera existen los reglamentos para hacer cosas básicas, parece que hay una facilidad enorme para poder realizar actos de corrupción sin que estos se detecten.

Normalmente las instituciones como el CONAB deben tener entes auditores. En Honduras y Costa Rica la auditoría depende directamente del consejo, que supervisa las actuaciones del director ejecutivo. Obviamente la auditoría interna es una de las unidades indispensables en el tema de transparencia. Las auditorías que pueda hacer la Corte de Cuentas vienen a fortalecer eso. Auditorías externas, contables, de las empresas podrían ayudar. Los actos de corrupción pueden pasar. Y si no tenemos un reglamento, es mucho más fácil. Cuando hay reglamentos, es más sencillo auditar y supervisar. En Honduras se pudo identificar la irregularidad, se dio a conocer a través de la denuncia del subdirector.

¿Pero en Honduras sí hay reglamentos y manuales?

Sí, los tienen para cada parte del proceso. Están mucho más avanzados en eso que en El Salvador.

Después de su experiencia en Honduras, dijo que la OABI era un modelo para el resto del mundo en cuanto a administración de bienes incautados. ¿Qué puede decir del CONAB salvadoreño?

El CONAB tiene en su ADN todas las buenas prácticas internacionales. Tiene dentro de la ley la experiencia de muchos de los países de América Latina. Aunque no se aprobó el proyecto original que presentó la OEA con Naciones Unidas, porque hubo pequeñas modificaciones, creo que no le afectaron tanto. Lo que deben entender los del CONAB es que tienen una institución que reúne, no todas, pero algunas buenas prácticas internacionales. Tienen una institución que en un no muy largo plazo, si los funcionarios llegan a entender cómo funciona una entidad como el CONAB, podrían llegar a superar a la de Honduras perfectamente, creando estos reglamentos y principalmente cambiando el chip al tema del manejo más empresarial. Los mismos hondureños me lo han dicho, porque el manual de empresas que ocupó el CONAB para Gumarsal no lo aplican en Honduras en su totalidad.

 


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