La ciudad de la furia
Montano en España
Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz.
El periplo del coronel Inocente Orlando Montano Morales en los pasillos del sistema de justicia estadounidense inició en 2013. Una fría mañana de febrero de aquel año cubrí para LA PRENSA GRÁFICA la audiencia contra el militar por delitos migratorios que presidió el juez Douglas Woodlock en el centro judicial Joseph Moakley de Boston, Massachusetts. Pasaron más de cuatro años y hoy Montano está a un paso de ser extraditado a España, donde deberá responder por las muertes de cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.
En Boston, Montano fue condenado a 21 meses de prisión por haber mentido a autoridades migratorias al decir, entre otras cosas, que nunca había pertenecido a una institución armada. Al coronel se le olvidó decirle a Estados Unidos que él era viceministro de Seguridad Pública cuando una unidad de la Fuerza Armada salvadoreña entró a la UCA a asesinar a los sacerdotes y a dos de sus colaboradoras.
La pena que impuso el juez Woodlock parecía excesiva para un cargo menor. En Boston, uno de los abogados de la fiscalía estadounidense me lo explicó: la sentencia máxima fue impuesta atendiendo al historial previo de Montano. Es cierto que el coronel llegó a la Corte de Massachusetts sin antecedentes penales en El Salvador, pero el Gobierno estadounidense presentó testigos que hablaron sobre su rol en la masacre de la UCA y en otros abusos cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil.
Montano fue trasladado a Carolina del Norte, a una prisión de seguridad media donde había mejores condiciones para atender sus problemas de salud; padece diabetes y sobrevivió a un cáncer.
España, entonces, pidió la extradición del militar a Madrid para que se presente al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional española a responder por los “asesinatos terroristas” de los cinco jesuitas que eran españoles. Desde 2013, la defensa de Montano introdujo al menos media docena de recursos para evitar el viaje.
El martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última puerta a Montano, cuyo viaje a Madrid es ahora inminente. De acuerdo con una fuente diplomática de España, que consulté en Washington, se espera que en las próximas horas el coronel pase a custodia de las autoridades españolas.
Cuando Montano comparezca en el tribunal madrileño, el reloj de la justicia en el caso jesuitas, tantas veces detenido en El Salvador por obstrucciones y encubrimientos que implican a todas las administraciones salvadoreñas desde el presidente Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, acelerará de nuevo su curso.
Lo más importante es que toda la prueba recabada desde que el juez Eloy Velasco admitió la demanda de los familiares de los jesuitas en 2008 pasará a ser del dominio público: testimonios de exmilitares implicados en la masacre, relatos de testigos oculares y miles de documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España arrojarán luz sobre las circunstancias que rodearon los terribles hechos del 16 de noviembre de 1989.
La verdad asomará y ya con eso se habrá abierto el camino hacia la justicia, no solo para los deudos de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Mariset Ramos, sino también para todas las víctimas que dejaron su sangre en la locura que duró de 1970 a 1992 en El Salvador.
Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz. Primero fue la derecha, implicada directamente en la masacre, y luego, ya en el gobierno, fue la izquierda política, que también ha querido cuidarse de que la investiguen por sus desmanes.
Un país no puede construirse sin verdad, por eso es importante que el coronel Montano llegue a España.