Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

Mienten

Mataron para exterminar, fuera de lo que la ley les permite. Mataron a pandilleros desarmados y también a ciudadanos que nunca pertenecieron a pandilla alguna.

La Policía y el Gobierno han vuelto a mentir. Otra vez. Como suelen cada vez que abordan en público el asunto de los escuadrones de la muerte incrustados en la PNC. La mentira más reciente llegó la semana pasada, cuando al responder a un reporte de la cadena televisiva estadounidense CNN, los funcionarios salvadoreños dijeron que no hay agentes implicados en ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.

Sí los hay. Ya lo demostraron tres medios de comunicación. LA PRENSA GRÁFICA y El Faro en 2015 y 2016, cuando publicaron reportajes en que revelaban asesinatos cometidos por agentes de la PNC. Lo demostró Revista Factum en agosto de 2017, cuando publicó que los asesinos estaban incrustados en las unidades élite de la Policía y que a nadie, desde la Fiscalía o las unidades policiales de investigación interna, le interesaba investigarlos.
Y lo han dejado sentado ya un puñado de resoluciones judiciales en las que los jueces han dicho sin equívocos que los policías mataron mientras estaban de alta, y no para defenderse de ataques. Mataron para exterminar, fuera de lo que la ley les permite. Mataron a pandilleros desarmados y también a ciudadanos que nunca pertenecieron a pandilla alguna.
Factum también demostró que agentes de la Policía mataron, en abril de 2017, a José Mauricio Salazar, un albañil que era sordo. Y que, en ese caso como en decenas de otros, los agentes manipularon las escenas de sus crímenes para intentar que aparecieran como enfrentamientos con delincuentes.

En el reportaje de CNN al que aludí al principio queda clara otra mentira de la Policía. En agosto del año pasado, luego de que Factum publicó su reportaje sobre los grupos de exterminio, funcionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén aseguraron, uno tras otro, que estaban investigando a los agentes y al cabo que la revista había señalado con nombre y apellido. El Estado salvadoreño incluso dijo lo mismo a relatores de Naciones Unidas que hicieron preguntas. Todos los funcionarios mintieron.

Eso, la cultura de mentir para tapar crímenes e ilegalidades, es un vicio viejo en la Policía Nacional Civil; empezó con su creación y es su pecado original.

Las mentiras empezaron en 1993, cuando la administración de Alfredo Cristiani preparaba el despliegue de la PNC en el territorio tras los Acuerdos de Paz firmados el año anterior. Durante 17 meses el gobierno de Cristiani hizo creer a la ONU, supervisora de los Acuerdos, que no había trasladado a militares de alta a la PNC; pero lo hizo: llevó a oficiales que, en el pasado reciente, se habían dedicado a perfeccionar el arte de mentir para encubrir a los culpables de los delitos.

El cáncer que nació entonces se ha extendido y tiene a la Policía desahuciada desde hace años. Ese cáncer, el del encubrimiento y la impunidad, permite ahora que los agentes maten, que los jefes protejan a esos asesinos y que todo siga igual.
Ese cáncer permitió que la justicia salvadoreña fuese incapaz de castigar a los violadores y asesinos de Katya Miranda en 1999. Que el exterminio se haya convertido en una política tolerada por el gobierno. Que la Fiscalía siga quedando en ridículo cuando investiga casos como el de Carla Ayala, la agente desaparecida en el seno de uno de los grupos policiales de élite (el cáncer ese también ha hecho metástasis plena en el ministerio público).
Una Policía como esta, que sigue mintiendo y ocultando, no ganará nunca las guerras que dice estar peleando. No ganará la guerra contra las pandillas. No ganará la batalla a la delincuencia. La única guerra que la PNC ha ganado es la que mantiene con la verdad.


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