Opinión

por Jacinta Escudos, Gabinete Caligari

 

Jacinta Escudos
Escritora

Más allá del título

Soy autodidacta. Y a toda honra. Nunca lo he visto como limitante más que a la hora de buscar trabajo, porque en este país se cree más en papeles, cartones y nombramientos “al dedo” que en las habilidades manifiestas de las personas.

El pasado 18 de septiembre, el diputado Ricardo Velásquez Parker presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para reformar el Código Electoral. La reforma pretende que se establezca el poseer un título universitario como requisito para ser candidato a la presidencia y vicepresidencia de la república.

Según el diputado de ARENA, los estudios mencionados deberían de ser afines a las ciencias económicas. Si la carrera del candidato no comprendiera esas áreas, debería de poseer una maestría, una especialización o un doctorado en dichas ciencias. Al momento de entregar la petición, Parker manifestó a la prensa que el país no podía seguir teniendo presidentes “sin las credenciales, sin las actitudes profesionales, académicas y la experiencia requerida mínima para poder conducir los destinos de una nación”.

Si bien es cierto que sería de suprema utilidad que un candidato tenga estudios superiores, estos no garantizan que se conviertan en un buen presidente. Los estudios universitarios no garantizan calidad ética ni humana, así como tampoco otras cualidades sutiles que ignoramos y que deberían de ser imprescindibles para el cargo.

Integridad, sensatez, honestidad, disciplina, honradez, eficiencia, ética, capacidad de liderazgo, visión de futuro, sentido del bien común, respeto a los demás (incluidos los enemigos políticos) son algunos de esos atributos adicionales que deberíamos exigir en los candidatos.

Tampoco estaría de más que sepan escuchar a todos los estratos de la ciudadanía, que sepan dialogar y no mantenerse a la defensiva, que sepan ser directos y claros cuando se les hace una pregunta difícil, que sepan dialogar, que no se sientan atacados u ofendidos cada vez que son criticados o cuestionados, y que estén convencidos de que las decisiones de país deben tomarse trascendiendo los intereses partidarios o sectoriales porque sirven para el bienestar de la nación.

Una formación en ciencias económicas tampoco garantiza una solución o un mejor manejo de los problemas del país. Lo económico es un factor importante para el gobierno de una nación, sin duda alguna. Pero las soluciones no pueden enfocarse ni limitarse a ser tratadas estrictamente desde lo económico. Administrar una empresa y administrar un país son dos cosas muy diferentes.

¿Por qué impedir que acceda a la presidencia alguien que, por ejemplo, tenga una formación en ciencias humanísticas? Nadie gobierna solo. Un presidente no puede saberlo ni controlarlo todo. Debe tener una visión del conjunto y tiene que descansar su gobierno en colaboradores que conozcan sus áreas de experticia.

Para eso conforma un Gabinete de Gobierno y se rodea de asesores que sabrán explicar la información necesaria para que la presidencia tome las mejores decisiones. Es a todo este cuerpo de funcionarios de quienes se debe esperar estudios específicos, experiencia y conocimiento de campo para las áreas requeridas. No deben otorgarse cargos por ser parientes o amigos de alguien con o cercano al poder.

Por lo demás, un título universitario no garantiza una personalidad sólida a nivel psicológico, que no se verá afectada ante las presiones permanentes del cargo y las consabidas tentaciones del poder. Vamos, un título universitario ni siquiera garantiza que la persona sea realmente inteligente.

Esto de la titulación es un tema recurrente en nuestra sociedad. Pero siempre que sale a luz termina convertido en un insulto colectivo para quienes no tenemos estudios superiores, porque se generaliza el prejuicio de que alguien sin título no tiene capacidad de trabajo, aprendizaje, conocimiento, inteligencia, etc.

En el país esto es tan extremo que hoy en día es difícil encontrar empleos que no exijan estudios superiores. En muchos lugares, para los puestos secretariales se piden por lo menos dos o tres años de universidad, por ejemplo. Muchísimas personas realizan sacrificios inmensos para seguir estudiando, convencidos de que el diploma garantizará un trabajo de calidad o, por lo menos, la facilidad continua de obtener alguno. Los titulados desempleados que me estén leyendo saben que eso es una falacia.

En mi caso, mi padre estudió hasta tercer grado y desde niño tuvo que trabajar con su madre para subsistir económicamente y mantener a un par de hermanos menores. Su ambición era que yo fuera a la universidad, un sueño que compartí con entusiasmo. Pero entonces pasó la guerra, que provocó muchísimos cambios en mi vida y que, al igual que a mi padre, me obligó a trabajar para mi subsistencia desde entonces.

Nunca entré a una universidad. Pero conociendo mi limitación, me dediqué al autoestudio, según lo necesitaba para los trabajos que iba realizando. Hay gente que me llama “licenciada” y hasta “doctora”. Lamento mucho la expresión de desilusión y estupefacción que les causo cuando aclaro que “solo soy bachiller”. Nunca lo he negado ni me da vergüenza decirlo. Tampoco me siento inferior por ello. Es mi realidad. Soy autodidacta. Y a toda honra. Nunca lo he visto como limitante más que a la hora de buscar trabajo, porque en este país se cree más en papeles, cartones y nombramientos “al dedo” que en las habilidades manifiestas de las personas.

El Artículo 151 de la Constitución de la República establece como requisito “la moralidad e instrucción notoria” para desempeñar el cargo presidencial, términos que resultan vagos y que pueden interpretarse y manipularse de muchas maneras.

Ahí es donde la ciudadanía juega un papel importante. Se necesita a una población pensante, que actúe por convicción y no por reacción, que tenga capacidad de observación y análisis pero, sobre todo, que tenga la independencia de tomar sus propias conclusiones sin dejarse arrastrar por las mareas ideológicas o partidarias, ni tampoco por la rabia e insatisfacción social que se viene percibiendo desde algunos años ante los últimos gobiernos.

Sería preferible que en vez de ciencias económicas, los candidatos tuvieran estudios de administración pública o de ciencias políticas, carreras que por desgracia no existen en nuestro país. Se debería de considerar como algo urgente fundarlas, ya que sin duda esto contribuiría a ampliar el espectro social de quienes acceden a la participación política en El Salvador, y mejoraría la administración pública, renovando y enriqueciendo nuestra forma de hacer y vivir la política.

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  • 7 octubre, 2018 / Opinión de Jacinta Escudos  (SÉPTIMO SENTIDO)

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