Los medicamentos que no curan, pero se venden

El kit valía $25 y prometía curar un sinfín de molestias: desde los dolores en la parte baja de la espalda hasta el mal aliento. Era una de esas medicinas que se conocen como “medicamentos milagro”.

El vendedor del kit reunió a los maestros de una escuela de La Libertad y los sorprendió. El llamado “kit renal de desintoxicación integral” estaba compuesto por cuatro frascos de 30 tabletas cada uno. Los frascos tenían productos llamados riñoclean, gastriclean, higaclean y coloclean. El comerciante aseguró que esto servía para limpiar los riñones, uréteres y vejiga, para la pérdida de peso, para la colitis y ayudaba para tener sana, incluso, la próstata.

Convencidos por la gran cantidad de beneficios que les aseguraban, algunos maestros pagaron el medicamento inmediatamente y decidieron, sin ninguna consulta médica, que lo que necesitaban sus cuerpos era desintoxicarse. La ilusión por este producto fue tal que otros maestros pidieron las pastillas fiadas.

Las pastillas no contaban con ningún registro sanitario. Es decir, no tenían permiso para ser comercializadas y no había forma de garantizar que no estuvieran contaminadas o fueran, en verdad, lo que decían ser. Debían confiar únicamente en la palabra del vendedor.

En junio de 2017, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) emitió una alerta que prohibía la utilización de estas tabletas. Ese mes, cuando el vendedor volvió a la escuela a cobrar el dinero que se le había quedado debiendo, se encontró con la negativa de algunos docentes a pagar. Algunos le devolvieron los frascos. Otros, decidieron confiar a ciegas y consumir el producto, aunque no tuviera los permisos correspondientes.

La elaboración y comercio indebido de medicamentos es común en El Salvador. Tan común que la DNM recibe 300 denuncias al año por problemas de calidad de las medicinas. Vicente Coto, el director de dicha entidad, asegura que el problema es grande. Algunos no cuentan con registro sanitario porque son falsificados. Se venden como una cosa, pero en realidad son botes rellenos de otras sustancias. Hay estudios, afirma Coto, que permiten pensar que en países de renta media baja como El Salvador, el 50 % de los medicamentos que se venden son falsificados.

Pomadas a dólar, pastillas a $0.15

Con $2.45 en el Centro Histórico de San Salvador se pueden comprar pastillas para el dolor muscular, una pomada para infecciones y una pasta verde con olor a menta conocida como “mariguanol”. No hay que caminar mucho. Es posible encontrar todos estos remedios en diferentes puestos en la calle Rubén Darío.

El producto estrella de este lunes de septiembre es una pomada antibiótica y antiinflamatoria que se vende por $1, aunque en su caja esté marcada que cuesta $8.33. La llevan en la mano al menos una decena de vendedores, junto a pastas de dientes y toallas sanitarias. Es la cachada del día. En estas calles otra venta común es el “mariguanol”, que es vendido por $1. El bote transparente y de tapón verde no tiene registro sanitario, no está sellado y brinda alivio rápido, según dice la calcomanía del envase, a la artritis, los golpes, el dolor de espalda, el dolor de nuca, el dolor de cabeza, el reumatismo y la inflamación.

“Esas medicinas son buenas, lo que pasa es que son marca furgón”, dice un joven veinteañero, estudiante de Ingeniería en Hardware, acostumbrado a comprar fármacos en la calle. El problema no es solo que los medicamentos sean legales o ilegales. Para que estos puedan ser despachados y el comprador tenga la seguridad de que son confiables, no basta con ver su registro sanitario y la fecha de vencimiento. También se debe tomar en cuenta la cadena de custodia y dónde han estado almacenados.

Aunque una gran cantidad de los medicamentos que se venden en el centro de San Salvador especifican en su empaque que la venta se realiza “con receta médica”, en el comercio de la calle, no se necesita mostrar ningún papel.

“Cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Este día ha llovido desde la mañana y una mujer se protege de la lluvia bajo una sombrilla. Frente a ella hay un canasto lleno de medicinas cubierto con un plástico transparente sobre el cual han caído las gotas de agua. Entre el ruido de la música y los televisores, ella ofrece pastillas a $0.15.

Esta práctica, tan diaria y cotidiana, constituye un delito. El artículo 273 del Código Penal lo identifica como despacho o comercio indebido de medicinas. La ley sostiene que pueden enfrentar prisión de uno a tres años quienes comercien con “medicamentos no autorizados, deteriorados o caducados”, o aquellas personas que no cumplen con las “exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad, conservación o eficacia”.

Quien compra medicina en la calle, “está botando su dinero”, asegura Remberto Mixco, coordinador de Farmacia Hospitalaria de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Las condiciones de la calle no son propicias para conservarlos, aunque estos hayan sido elaborados en un buen laboratorio. Para eso hay una lógica científica. Mixco lo explica así: “Si el fabricante dice que se deben almacenar los medicamentos a no más de 28 grados centígrados y usted lo carga en una canasta, ¿qué temperatura alcanzará ese canasto al mediodía? El medicamento comienza a descomponerse, a arruinarse porque esos elementos empiezan a reaccionar frente al calor. Cuando llega a comprar esa medicina ya no le va a dar resultados, peor aún, le puede hacer daño”.

El medicamento sin registro también llega a las clínicas

Así como el medicamento sin registro llega a las escuelas, a las calles y a los buses, este también se vende en clínicas. Eso fue lo que aseguró la Fiscalía que sucedía en la clínica Dr. Zelaya, ubicada en la colonia Escalón.

Este lugar fue allanado el miércoles 27 de septiembre y sigue funcionando con normalidad. La clínica suele estar llena de clientes que buscan un servicio de medicina biológica o natural. De acuerdo con su página web, aquí se brindan servicios “con un enfoque diferente de la medicina tradicional”.

Hace 11 días, cuando este local fue allanado, personas que trabajan en los locales que rodean la clínica salieron a observar la actividad inusual. Había fiscales, policías y periodistas en una calle que no suele ser foco de las noticias. Pocos parecían entender qué pasaba y por qué la clínica de un médico reconocido en una zona privilegiada de la capital estaba siendo intervenida.

Cerca de las 10 de la mañana el director de Intereses del Estado de la FGR, Mario Salazar, explicó el caso: “Los medicamentos que ellos manifestaban ser para la chikunguña son como un aceite que los médicos usan para calibrar (equipos). Estos medicamentos no contaban con la autorización de la DNM para ser comercializados”. Además, sostuvo Salazar, se giraron órdenes de captura contra oficiales y agentes aduaneros que, de acuerdo con sus investigaciones, falsificaron “facturas, sellos y firmas para la importación de este medicamento”.

El caso inició cuando en 2014, hace más de tres años, la DNM denunció el caso a la Fiscalía tras descubrir que en medios de comunicación se anunciaba la venta de un producto que ofrecía curar la fiebre chikunguña. La clínica que los anunciaba estaba ubicada en Santa Tecla y se encontró que obtenía estos productos de la Droguería Darío. Esta droguería, de acuerdo con un policía dentro del allanamiento, está conectada a través de una puerta con la clínica Dr. Zelaya.

Las investigaciones judiciales de este caso llevan un ritmo pausado, así lo sostiene Vicente Coto desde su oficina en Ciudad Merliot. “La FGR acaba de judicializar un caso que nosotros lo concluimos en 2014. A mi juicio es un proceso que va lento”, dice. La versión oficial sostiene que en esta droguería los inspectores de la DNM encontraron facturas con sello y firma falsa de importación de las sustancias, facturas de venta a otras clínicas y 198 medicamentos sin registro sanitario. El médico Pedro Zelaya niega que eso sea verídico.

“No es justo lo que le están haciendo al doctor, lo están poniendo como que es un ladrón y no es así”, asegura una empresaria que importa productos médicos y afirma conocer al señalado. Las opiniones respecto de Zelaya son variadas y opuestas. En las redes sociales de la clínica hay quienes le agradecen porque con sus métodos los ha sanado y hay otras personas que se quejan de la supuesta falta de profesionalismo.

Cinco días después del allanamiento se realizó la primera audiencia sobre este caso y pasó al proceso de instrucción, donde los fiscales deberán recabar pruebas que sostengan lo que ya han argumentado. Los señalados enfrentarán el proceso en libertad, incluido el doctor Pedro Zelaya. Él afirma que todo se trata de un malentendido entre la DNM y el tipo de medicina que en este lugar se practica.

“Nosotros nos dedicamos a una rama de la medicina que es la medicina alternativa. Es un ente que no es regido en el país porque el Consejo Superior de Salud Pública no tiene todavía un reglamento que ampare este tipo de medicinas. Creo que es una confusión la que ha habido”, dice el médico con seguridad desde su clínica. Luego explica que en este consultorio solo el 2 % de los tratamientos están compuestos por medicamentos y el 98 % restante se realiza a partir de “nutrientes, vitaminas, medicamentos naturales”.

Zelaya declara que entre la clínica y la FGR lo que hay es una situación mal comprendida. «El conflicto nace con unos productos que se utilizan para el análisis de estrés oxidativo, que ese es un producto como el calcio, la vitamina C, que el fabricante los pone como reactivos de laboratorio o medicamentos para ionización. Entonces, la DNM determina que estos no son medicamentos y entonces viene toda la situación”, argumenta.

Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

Zelaya sostiene que su clínica nunca promocionó dichos productos como la cura del chikunguña y que quien hizo tal aseveración fue un médico de una clínica en Santa Tecla. El Código de Salud señala como una infracción contra la salud “hacer falsa propaganda sobre las cualidades de los alimentos o productos y que induzcan a error o engaño al público”.

El experto en fármacos, Remberto Mixco, asegura, desde su oficina en la Universidad de El Salvador, que “cualquier acción de un profesional de la salud afecta cómo la población ve a los futuros profesionales. Si son profesionales y están actuando de esa manera, ¿qué se podría esperar de los nuevos médicos y farmacéuticos? Están mandando un mensaje a las futuras generaciones de que lo importante es hacer plata. No importa cómo”.

Al médico Zelaya también se le consulta sobre por qué 198 medicamentos que se vendían en la Droguería Darío, (negocio que él identifica como “empresa hermana” de la clínica) no tenían registro sanitario. El doctor afirma que hay algunos productos que “no necesitan registro porque son productos naturales. Necesitan registro como vitaminas y nutrientes, entonces la confusión se genera porque esas vitaminas nosotros en el país no tenemos registro de productos naturales hasta 2016”.

Una profesional responsable de algunas casas farmacéuticas en El Salvador, que pidió el anonimato, asegura que logró registrar medicamentos naturales que se importaban de Alemania desde los años noventa.

“Yo no sé los productos que él tenía, pero sí, los naturales ya se registraban. No teníamos una normativa, pero sí ya era una obligación que para comercializarse tenían que tener un registro. En los años noventa, nos tardábamos como cinco años en conseguir el registro. Sí existe una regulación, no sé a él quién lo asesoró”, sostiene la experta.

El Salvador, junto a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprobó hace cuatro años el reglamento técnico para el registro sanitario de productos naturales medicinales para uso humano. Ese reglamento fue firmado por los cinco países en mayo y entró en vigencia en noviembre de 2013.

Paso a paso: ¿Qué pasa tras una denuncia?

Domingo L. estudió hasta noveno grado. Para 2014 tenía ingresos mensuales de $2,000 como comerciante de medicina. La clave de su éxito como comerciante había sido que él mismo, en su casa, creaba medicamentos. Elaboraba Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso.

La DNM recibió una denuncia que decía que en el mercado Central de San Salvador se vendía medicina sin registro sanitario. La entidad realizó una inspección y encontró que en los pabellones 4 y 5 del mercado se vendían medicamentos ilegales. Los inspectores compraron Limpia Sangre Diabetín, Reumetamex Forte y Limpia Hígado Graso para hacerle estudios a las sustancias. La investigación siguió, se identificó a los vendedores y se descubrió que el producto era elaborado y distribuido en un inmueble de Zaragoza por Domingo L, quien también era el dueño de la casa que funcionaba como laboratorio.

Cuando se revisó ese lugar se encontró una escena opuesta a los controles de limpieza y buenas prácticas de manufactura: “Las condiciones higiénicas de las instalaciones donde se procesa el medicamento son deplorables (…) incluso existen servicios sanitarios en los espacios donde se manufactura”, se puede leer en el expediente judicial del caso.

Domingo L. fue encontrado culpable de “despacho o comercio indebido de medicinas”. La pena que se le impuso fue de dos años y esta se cambió por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública. Domingo L. nunca enfrentó cárcel por este delito a pesar de que en los productos que elaboraba, de acuerdo con los estudios realizados, se encontró “presencia de hongos, bacterias, coliformes fecales y por tanto existía el riesgo de que contengan la bacteria de la E. coli, salmonela”.

En El Salvador hay 33 laboratorios autorizados para producir medicinas, y para todo el país hay 50 inspectores que se encargan de verificar que los productos que los salvadoreños consumen sean seguros. En teoría, estos laboratorios reciben una visita de inspección anual. De acuerdo con la memoria de labores de la DNM, de junio de 2016 a mayo de 2017, se realizaron 27 inspecciones de buenas prácticas de manufacturas a laboratorios farmacéuticos y tres a laboratorios naturales artesanales.

Cuando un ciudadano interpone una denuncia en la DNM, esta institución realiza un proceso administrativo interno. Por ejemplo, entre junio del año pasado y mayo de este año se canceló el registro sanitario de 506 productos.

Si lo que se encuentra en la inspección constituye un delito, como en el caso de la medicina contaminada con coliformes fecales, este se refiere a la Fiscalía. Si también se identifica que médicos o farmacéuticos actuaron con falta de profesionalismo, el expediente también es referido hacia la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y al Consejo Superior de Salud Pública.

Vicente Coto, director de la DNM, asegura que consumir este tipo de productos “es una ruleta rusa”, ya que este tipo de medicamentos “no son inofensivos, le pueden producir hasta la muerte”.

Las ventas irregulares de medicamentos siguen

“Venimos de un mercado completamente irregulado y el régimen sancionatorio de la ley ha permitido ir ordenando el mercado”, dice Coto. Afuera de su oficina, la representante de una empresa familiar espera realizar trámites y se queja de los precios que debe pagar para poder importar productos médicos y comercializarlos.

A la empresaria el proceso le parece largo, caro y burocrático. Hay quienes deciden saltarse estos pasos; y no son pocos. En 2014 la DNM encontró 800 productos falsificados que eran llevados en equipaje de mano hacia el extranjero. Las personas que los intentaron transportar aseguraron que más de la mitad de estas sustancias habían sido compradas en Santa Rosa Lima, lo que hace pensar a las autoridades que venían de Guatemala u Honduras. Coto acepta que no se logró identificar de dónde provenía el medicamento y que, probablemente, había más de lo que pudieron encontrar.

No es posible conocer con seguridad la magnitud del problema de elaboración y comercio irregular de medicamentos y estos se siguen comerciando sin que las autoridades puedan detener su consumo.

De vuelta al centro, el sol ha comenzado a salir después de un día de lluvia. La mujer que vende medicina en su canasto tapado con plástico cuenta monedas para dar el cambio de tres pastillas y las entrega en una bolsa plástica transparente con un nudo. Nadie puede garantizar que estas pastillas sean de buena calidad o que, al menos, no estén vencidas. Ya que las pastillas son cortadas individualmente, no se puede leer la fecha de manufactura o vencimiento.

Además de pastillas para dolores musculares, de cabeza y para la diarrea, ella también vende tabletas destinadas a controlar la ansiedad moderada de las personas. Este producto no es de venta controlada, pero su uso está restringido en mujeres embarazadas por su posible relación con el nacimiento de bebés con paladar hendido. Además, entre las indicaciones sobre cómo debe mantenerse almacenado el principio activo de este medicamento, se especifica que debe almacenarse alejado del exceso de calor y humedad, las dos cosas que más abundan en el Centro Histórico. La vendedora, sin ninguna precaución de por medio, ofrece la medicina a la mujer que pregunta por las pastillas: “Son para dormir. Cora vale cada una”.