Después de que uno de los hijos de Sara fue amenazado de muerte, el grupo familiar huyó del departamento de San Salvador hacia un pueblo. Ahí han intentado reconstruir sus vidas, montar un negocio y vivir en paz, pero las cosas no parecen diferentes y ya se sienten vigilados de nuevo. Solo este año la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado 85 casos de desplazamiento forzado a escala nacional. Y a pesar de que cientos de víctimas han declarado tener que huir de sus hogares, el gobierno sigue sin reconocer el fenómeno de manera oficial.

Los hijos aún quieren huir

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de Ángel Gómez

Sara

Sara habla con voz baja desde que el problema sucedió. A veces articula las palabras, pero de su garganta no sale ningún hilo de voz. Eso pasa cuando menciona el nombre de la pandilla que amenazó a su hijo y cuando acepta que sí, que aunque ya pasó un año, aún tiene miedo.

No se llama Sara, pero la condición para dar su testimonio fue que no se revele su nombre real ni su ubicación. El problema, como ella lo llama, fue un ultimátum a Carlos, su hijo menor. A raíz de eso, perdió su trabajo y la casa que se disponía a comprar. Ahora ha vuelto al pueblo del cual salió hace años buscando una mejor vida. Desde ahí intenta sobrevivir cosiendo, pero en la zona también hay pandilleros y su hijo ha tomado una decisión: el muchacho de 19 años migrará a un país que no conoce, donde una persona –a quien tampoco conoce personalmente– le ha ofrecido casa.

El caso de esta familia es uno de tantos que no han sido denunciados ante la Policía Nacional Civil (PNC) por temor a que se filtre información. Sara solo denunció su situación ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que, en los primeros seis meses de este año, recibió 85 denuncias de desplazamiento forzado. En esos casos, 263 personas huyeron de sus hogares.

Esa cifra, sin embargo, puede ser débil para representar la magnitud del problema. Por ejemplo, el Informe Global de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados calculó que 296,000 salvadoreños sufrieron desplazamiento debido a conflicto el año pasado.

Del fenómeno se tienen datos y cálculos, pero gubernamentalmente no se admite. La PDDH cita un estudio en el que se sostiene que el 4.9 % de los hogares salvadoreños cambiaron su lugar de residencia “como producto de la violencia e inseguridad pública” hace dos años. Beatriz Campos, la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de dicha institución, lo resume en pocas palabras: “Para el Gobierno, reconocer que hay desplazamiento por pandillas es como decir ‘bueno, no somos suficientes para controlar el territorio, ni siquiera eso’”.

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EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Carlos tenía 17 años, estudiaba bachillerato y tenía novia. Vivía en un municipio controlado por pandillas y, hasta entonces, no había tenido ningún problema con los pandilleros de su misma edad.

“Mi otro hijo me contó que Carlos tenía una novia. ‘Está bueno –dije yo–, está en la edad de tener novia’”, cuenta Sara, su madre. Hasta el año pasado, ella trabajaba en ventas de un negocio en San Salvador. Normalmente salía de su casa temprano y regresaba hasta pasadas las 7 de la noche. Con su trabajo, asegura, tenía ingresos de $500 mensuales.

Debido a la inseguridad de la zona, el alquiler de la casa era de $40, y la madre de familia había iniciado pláticas con la dueña para comprarla por $11,000. Sus dos hijos estudiaban bachillerato, ella descansaba los domingos y, a pesar de las pandillas en la colonia, la vida para los tres pintaba bien. “Tenía una vida bastante tranquila”, alcanza a decir antes de que se le corte la voz por el llanto.

Una noche de abril del año pasado, cuatro muchachos de la edad de sus hijos tocaron la puerta de su casa y exigieron entrar. Ella sabía que eran pandilleros. Entraron a la sala y no se fueron hasta media hora después.

Dijeron “que mi hijo andaba con la mujer de un marero… ella no se ve así, como que fuera de ellos, pero sí, quizá se relacionaba mucho con ellos. Se querían llevar a mi hijo. Yo me humillé. Negocié con ellos. Llegaron a una opción, gracias a Dios, de que teníamos que irnos o si no, lo iban a matar”, dice Sara.

A la mañana siguiente llovía, recuerda Sara. Se preparó como si fuera a trabajar, tomó su cartera y salió a las 5 de la mañana. A su lado venía Carlos, su hijo menor. Era su huida, pero no cargaba ninguna maleta. Querían aparentar normalidad. Sara subió a su hijo en un bus y le dio la instrucción de no bajarse hasta el final del recorrido. En el otro punto, la tía de Carlos lo esperó y lo acomodó en este pueblo en el que se reubicaron.

Sara llegó a su trabajo para decir que tenía que irse y volvió a su casa. Consiguió un camión y ahí metió unas camas, la ropa, la refrigeradora, la cocina, unos sillones, unos adornos y flores de plástico. Cuando ella abandonó la casa de San Salvador, cuenta, unos siete mareros de la Mara Salvatrucha estaban custodiando: “Ellos incluso hablaron con el motorista, que para dónde iba. Y él les dijo ‘va para unos pasajes más arriba’, pero era mentira. En la casa quedaron unas mesas, quedó una cama porque ya no cabía, ni modo”.

Sara se subió al camión y se propuso no volver a ese lugar. “Salimos por otra calle que siempre va a salir a la principal. Ellos están al tanto de todo lo que está pasando en la colonia. Yo sentía como que nos iban siguiendo”.

Cuando llegaron al pueblo, Sara sintió un poco de calma. Pero durante el primer mes, sus hijos decidieron encerrarse y no salir. La ilusión de encontrar la paz no ha sido duradera. Después de un año, Carlos busca huir de nuevo.

Iniciativa productiva. Sara ha sido apoyada por una organización para montar un negocio y poder tener un ingreso económico después del desplazamiento forzado.

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ORGANIZACIONES RESPONDEN ANTE UN ESTADO AUSENTE

“Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”, reconoce la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con cifras de la PDDH, desde enero hasta junio de 2018, la institución contabilizó 283 víctimas de desplazamiento forzado interno. Dentro de estas personas, el grupo que más fue desplazado fue el de mujeres adultas de 19 a 41 años. El departamento en el que más denuncias se recibieron fue San Salvador, con el 60 % del total de casos.

Sara contó su caso en la PDDH y ahí la refirieron a Cristosal. Esa organización cuenta con un programa piloto para apoyar negocios de víctimas de desplazamiento forzado. La idea es ayudar a que las personas desplazadas puedan desarrollar un sostén para integrarse a las comunidades de manera productiva.

Eloisa Lara, la coordinadora de este programa, explica que Cristosal apoya con capital semilla: “No tenemos un tiempo definido de apoyo. Medir soluciones duraderas no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana bajo todas las condiciones de violencia de El Salvador. Las soluciones duraderas son un proceso complejo y largo en el cual nosotros vamos acompañando a la familias por, al menos, un año”.

Sara recibió una máquina de coser y, como ya sabía usarla, le enseñó a su hijo mayor cómo hacer cojines para poder tener algún ingreso económico. Por ahora, el modelo de negocio no es suficiente para sostenerse. Por ejemplo, ahora tiene en su casa un encargo de 50 cojines celestes por los que tendrá $100 de ganancia. Ella y su hijo han trabajado un mes en ese encargo.

Sara y sus hijos huyeron de San Salvador hace un año, pero no han estado libres de la delincuencia. Además del desarraigo, el costo de la huida ha sido alto. “Voy a vender a los cantones y hace poco, en el bus, me robaron producto valorado como en $150”, cuenta. Y si el año pasado pagaba $40 de renta, el alquiler de la pequeña casa de un cuarto en la que ahora vive con sus hijos es de $110 al mes.

Cifras de la procuraduría indican que, de cada 100 personas que se encontraban trabajando al ser desplazadas, 42 se vieron obligadas a “dejar el empleo o la microempresa que tenían. Es decir, junto con la vivienda, abandonaron sus medios de vida y, como resultado, su condición económica empeoró”.

Además, el desplazamiento supuso que sus hijos dejaran de estudiar el bachillerato. El Observatorio 2017 del Ministerio de Educación reportó que, en al menos 683 centros escolares se registraron casos de estudiantes que dejaron de asistir a clases por la presencia de maras en la zona del centro de estudios.

Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”.

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CAMBIAR DE LUGAR NO ES SUFICIENTE

—¿Acá no hay problemas de pandillas? –se le pregunta a Sara en un día lluvioso.
—Fíjese que es lo mismo aquí. Carlos no salía, hasta hace poco. Pero pasó un mes en que solo en la casa pasaba, hasta que empezó a buscar trabajo porque hay que salir adelante. Tenemos presencia de pandilleros aquí cerca. Hace poco Carlos venía ya como a las 8 de la noche y ellos estaban fumando allá arriba. Lo pararon y le preguntaron que por qué no lo habían visto, y él les dijo que trabajaba en la alcaldía y le han dicho que lo van a investigar”.

Carlos dio esa respuesta porque logró ser aceptado como aprendiz en un taller de la alcaldía de ese pueblo. El muchacho no recibió amenaza, pero ese mensaje fue suficiente para que la familia se sienta vulnerable de nuevo.

“Ahí está que mi hijo me dice que se va a ir. Dice que ya no quiere estar acá. Tengo una amiga que tiene una hermana en el extranjero. Ella me lo va a recibir. Lo que más quisiera es que ellos estén bien. Poder sacarlos de acá y que ellos puedan tener libertad de decir ‘voy a ir aquí’, ‘voy a ir allá’, sin pensar que les puede pasar algo”, cuenta Sara con amargura.

“Las soluciones duraderas para personas desplazadas se alcanzan a través de su integración comunitaria”, asegura Mauricio Quijano, director de Desarrollo Comunitario de Cristosal.
Brindar “soluciones duraderas es responsabilidad del Estado. Tal responsabilidad se manifiesta a través de la presencia territorial de las instituciones estatales, proveyendo acceso a servicios. Restituir los derechos de las personas desplazadas en comunidades de acogida requiere de la promoción de ambientes favorables para el ejercicio de dichos derechos”. Un ambiente que aún no han encontrado ni Sara ni sus hijos.

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LA REUBICACIÓN QUE FALLÓ

En julio de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el problema del desplazamiento forzado interno existe ,y ordenó al Ejecutivo que hiciera lo mismo y tomara medidas de protección para las víctimas. Esta resolución de la sala se dio tras la solicitud de un amparo en el que 33 personas de un grupo familiar dijeron haber sido víctimas de un sinfín de tipos de violencia en El Salvador.

Un hombre, identificado con la clave Demandante 2, declaró ante la Corte que los miembros de su familia vivían en un área de Ciudad Delgado dominada por pandillas.
“En 2016, la cosa se puso caliente”, se escucha decir al hombre en un video. “Extorsionaron todos los negocios, mataron al que vendía tortillas en la comunidad. Mataron al hijo del señor que vendía gas y a su papá lo balacearon. A la señora del chalet de la tienda la balacearon. De ahí mataron a un sobrino de mi primo”.

Pérdida de trabajo. Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indica que el 42.5 % de los desplazados se vio obligado a dejar su empleo en el período de abril de 2016 a mayo de 2017.

Luego, la violencia lo tocó de manera directa. Dos de sus familiares pertenecen al ejército y una de sus hermanas fue violada junto con su hija de 12 años. Los pandilleros, de acuerdo con la declaración, amenazaron con matarlas si no entregaban a sus hermanos militares.

Con todo esto en la cabeza, el Demandante 2 decidió coordinar el traslado de su familia hacia Berlín, Usulután. “Un mes y medio después ya habíamos hecho el rancho de lámina”, se le escucha decir. Pero el lugar al que se desplazaron se convirtió en otra estación de su vía crucis.

En el video, el hombre explica que, llegado diciembre, la comunidad organizó una fiesta frente a la casa informal que recién había construido. “Estaban enfrente de nosotros las luces, la discomóvil, todo el show y la gente contenta. Todo bello. A las 10:30 fue el parón de luces y de sonido. Pum. Y el gran caos y la gritadera”.

El Demandante 2 asegura que policías llegaron y realizaron un operativo en busca de pandilleros. Luego, su madre salió a observar qué sucedía.

“Cuando mi mamá venía saliendo, se oyeron los disparos. Mi mamá gritó y yo le dije ‘no, tranquila, mamá, no me han baleado a mí’. ‘Hijo, me balearon’, me dijo. Yo la alumbre y cuando la vi, su pantaleta blanca estaba empapada de sangre. Mi hermano la agarró. Mi papá le daba boca a boca respiración. ‘¿Qué han hecho?’, le dije yo. En el baile pregunté quién disparó. ‘Los policías dispararon’, dijeron en la comunidad”.

Este caso que ilustró la violencia de El Salvador sirvió para que la Corte Suprema de Justicia se convirtiera hace solo cuatro meses en la segunda institución pública en reconocer este fenómeno.
“No se encuentra razón para dudar del declarante, pues no se ha aportado al proceso prueba que ponga en duda su credibilidad o la confiabilidad de la información que proporcionó”, razonó la Sala de lo Constitucional al respecto.

La sentencia indicó que “los integrantes de su grupo familiar han sido víctimas de desplazamiento forzado, en un primer momento, como consecuencia del acoso y de graves atentados que pandilleros del Barrio 18 efectuaron en su contra y, en un segundo momento, por un hecho de violencia no investigado ni esclarecido que involucró a agentes de la PNC y provocó el fallecimiento de la madre del demandante”.

Las personas identificadas como víctimas y demandantes en este amparo ya lograron irse de El Salvador. Su intento de reubicación dentro de su propio país terminó en un homicidio que aún no ha sido esclarecido.

La sala estableció que la Asamblea Legislativa había fallado al no actualizar normativa para la atención de estas víctimas, así como señaló fallas del sistema policial y fiscal. Además, ordenó que se tomen medidas para proteger urgentemente a las familias que huyen por la violencia.

En la práctica, las órdenes de la Corte son solo palabras sobre papel. La procuradora Beatriz Campos lo reconoce así: “Las ONG están supliendo, aunque no debería ser así. Y ahí nuestro principio se va un poco por la borda porque queremos que el Estado asuma, pero no tiene cómo, por más recomendaciones que se hagan y por más que la sentencia esté vigente”.

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UN PROBLEMA SIN ESTADÍSTICAS CLARAS

“Hay personas que dicen claramente que no quieren denunciar ante la PNC o la Fiscalía. Pero nosotros registramos el caso”, sostiene Campos. También otras organizaciones llevan sus propias estadísticas. De enero a septiembre, Cristosal ha registrado 115 casos de desplazamiento forzado. En promedio, 12 por mes. En el 68 % de los casos, las víctimas han decidido no interponer denuncia ante el Estado.

“Existen varios factores que no hacen posible en este momento un cálculo con alto nivel de precisión del número de desplazados. Dentro de ellos se destaca el carácter invisible del desplazamiento. La visibilidad podría significar ser detectados y ser de nuevo víctimas de la violencia”, se puede leer en un informe del año pasado de la Procuraduría.

Si no hay denuncia formal, ¿cómo se sabe que los casos son reales? Cuando esto se le cuestiona a la procuradora Beatriz Campos, ella responde que las personas que llegan a la procuraduría se presentan en situación límite y, en ocasiones, en crisis nerviosas. Ella recuerda que predominan los grupos familiares en los que hay jefa de hogar con hijos y nietos. “Cuando la gente viene, no creo que estén fingiendo ni estén haciendo ninguna especie de histrionismo. Vienen con sus cosas, vienen con su grupo familiar”.

De una muestra de 138 casos de desplazamientos estudiados por la procuraduría, las principales causas para desplazarse fueron las amenazas de muerte y el intento de homicidio. A pesar de que estas acciones constituyen delitos que pueden ser denunciados ante las autoridades, las personas entrevistadas por la institución revelaron los motivos principales por los que no denuncian: por miedo a represalias y por desconfianza en las instituciones.

La desconfianza no es gratuita. “La mayoría de estos casos son provocados por pandillas, pero hay cinco denuncias de este año en los cuales las causales de desplazamiento son provocadas por agentes policiales, o sea, es una violencia institucional”, señala Campos desde su oficina en una tercera planta de San Salvador.

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LA PARTIDA

A mediados de este octubre, miles de personas salieron juntas de Honduras con destino a Estados Unidos. Los medios han nombrado al grupo de personas que avanza a pie en la Caravana de Migrantes. Se calculan entre 3,000 y 7,000 personas las que se juntaron para realizar un éxodo masivo del país centroamericano. Una página de Facebook llamada El Salvador Emigra por un Futuro Mejor ha convocado a salvadoreños a salir en grupo hacia Estados Unidos este domingo por la mañana.

Irse lejos de El Salvador es también el deseo de algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas. Cristosal analizó 226 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2016 y marzo de este año. La conclusión a la que llegaron tras el estudio es tajante: “El 89 % de las familias que entre sus miembros tienen a un niño, adolescente o joven tiene la intención de migrar”.

Entre las instituciones estatales, este no es ningún secreto. Las víctimas de este problema no cuentan con medidas de protección suficientes y algunas se ven obligadas a tomar decisiones radicales, como la migración irregular. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó el año pasado que “el Estado mantiene un rol (marginal y) omitido y pasivo en la problemática del desplazamiento interno, a pesar de que la atención a las víctimas es responsabilidad prioritariamente de los Estados en donde ocurre”.

“Vámonos, mamá, hagamos vida en otro lado”, cuenta Sara que sus hijos le han dicho. La pequeña familia ha planificado que Carlos sea el primero en partir solo.

Medio de subsistencia. Sara espera, con la venta de su producto, recuperarse económicamente después de que su hijo fue amenazado de muerte.

 


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