La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.

Los desaparecidos por uniformados

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa mañana de miércoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Martín cuando vio cómo un grupo de soldados empezó a golpear a los dos muchachos de 17 años. Ella presenció cómo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detrás de la espalda. Cuando ya los tenían sometidos, los sacaron del mercado.

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detención hubo golpes y gritos. Maritza miró bien a los militares. Vio que dos de ellos vestían su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantalón. Observó que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qué.

Ese miércoles de julio Bryan y William querían cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia Anémona, en San Martín, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ahí adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los capturó. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.

Maritza es una de las testigos principales de esta situación. Se llama de otra forma, pero la sala decidió proteger su identidad en el documento público del caso. Durante tres años ha repetido con convicción que la Fuerza Armada desapareció a los dos adolescentes.

En El Salvador, la única circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparición es cuando están involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privación de libertad. La desaparición forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdió volumen, no perdió vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el año pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igualó la de los dos años anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparición forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PDDH.

William y Bryan desaparecieron hace cinco años. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participación de personal suyo en alegato de que ese día no habían soldados destacados en el mercado. La negativa no impidió que Maritza, durante más de una ocasión, señalara a la Fuerza Armada como victimaria.

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¿A quién denunciar?

La Policía y la Fiscalía no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada institución maneja sus propias cifras y las estadísticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre sí.

La oficina pública que recibe más denuncias de desaparición forzada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los últimos tres años, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscalía, durante esos mismos tres años se han recibido siete denuncias. Y en la Policía, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta índole.

Que la Policía sea la institución que menos denuncias por desaparición forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal más señalada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuraduría. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.

“Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial”, dice el inspector Wálter Guillén cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. “Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial”.

Doce días después de la desaparición de los jóvenes en San Martín, Maritza asistió a declarar a la fiscalía. Dos años después, también dio su testimonio ante un notario. Además, en diciembre de 2016 declaró lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ningún soldado ha sido acusado.

“El tema de la desaparición forzada es bastante árido y sensible”, comienza por explicar detrás de su escritorio Guadalupe de Echeverría, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía. La fiscal acepta, sin vacilar, que –mediante investigaciones– se ha logrado identificar un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Echeverría sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, policías y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y “proceden posteriormente a ejecutarla”, menciona la fiscal en esta fresca mañana de febrero.

De acuerdo con este análisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigación de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un “patrón”, enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que actúan al margen de órdenes institucionales.

Al inspector Guillén se le cuestiona si dentro de la Policía se han identificado patrones de desaparición de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. “Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribución en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso”, afirma.

Ilustración de Moris Aldana

Los familiares de las víctimas no confían en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverría sabe que eso contribuye a que la denuncia sea mínima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias “realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Policía no lo denuncian. En Fiscalía tampoco y probablemente (el delito) existe”, acepta.

A pesar de no contar con estadísticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscalía niegan la existencia de este fenómeno.

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“Una cifra negra”

A William y Bryan los buscaron desde el primer día en que desaparecieron. Una familiar intentó encontrarlos en el puesto militar un par de horas después de la detención, pero “se le comunicó que personal propio de esa institución no había realizado ninguna captura”, de acuerdo con documentación oficial. A la Fuerza Armada solo le tomó 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.

El 91 % de las víctimas de las denuncias de desaparición forzada de los últimos tres años son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. “Los perfiles son adolescentes y adultos jóvenes desde 17 a 30 años, aproximadamente. De escasos recursos económicos, del interior del país que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas”, asegura la procuraduría.

La abogada que presentó el caso de William y Bryan ante la sala denunció que después de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa María, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que vivían los jóvenes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explicó que la sola presencia de ellos en un lugar “contrario” puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los jóvenes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cuáles son las fronteras que no debe cruzar.

Una semana después de su detención, los padres tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reunió frente al puesto militar de San Martín y protestó. Exigió información. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es inútil y que los coloca en una situación más vulnerable. “Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Policía ni a la Fiscalía. Por temor a las represalias o porque no confían en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra vía. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay algún levantamiento o a los hospitales”, sostiene la jefa fiscal.

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cadáver y, en el mejor de los casos, un herido.

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Las víctimas y la sospecha

Al caer la noche, Alexánder encontró una iglesia donde le dieron comida y resguardo. “Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas los policías”.

Horas antes, Alexánder había ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos policías lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una montaña. Ahí le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alexánder corrió y corrió entre el monte, hasta que encontró una iglesia. Este relato se puede leer en la investigación “Una reconciliación a través de las víctimas”.

“Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”, sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigación fue realizada por la Maestría de Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se inició hace dos años, cuando un equipo de siete investigadores se dedicó a escuchar relatos de víctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigación académica, identificó que la pobreza está relacionada directamente con ser candidato a la desaparición forzada. Usualmente, las zonas más populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, también, son las zonas más estigmatizadas por la autoridad.

“Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los policías se pone en peligro enfrente de los mareros. Están en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los policías es sospechoso para los policías”, dice Zechmeister.

La investigadora logró identificar algo que ella llama “niveles de escalada de la violencia”. En el primer nivel encontró “los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen jóvenes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura física. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra”.

Esta visión, proveniente de la academia, coincide con el análisis que se ha hecho en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí, se ha documentado que cuando las víctimas de desaparición forzada son jóvenes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las víctimas.

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen páginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul –con información de policías– donde se suben fotografías de “pandilleros y ratas eliminadas”.

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campañas en las que se promueve la violencia física y el quebranto de la ley: “Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi”, publicó en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno infértil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios jóvenes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.

Alexánder volvió a desaparecer dos días después de haber sido reencontrado en una iglesia evangélica. Su familia repitió y repitió a los investigadores de la UCA que él no pertenecía a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir quién fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la policía.

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sacó en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Policías antes de que desapareciera. La familia no confía en nadie. No denunciaron.

Ilustración de Moris Aldana

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Sin garantías

“Hay un gran déficit en manejo estatal de estos casos. ¿Qué ofrecía el Estado como protección de víctimas? Una ayuda en granos básicos y una medida de resguardo en casa de protección donde tienen a testigos criteriados”, empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).

Él habla de un déficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovió un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de jóvenes departía en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada más de ellos. El caso se judicializó, se obtuvo condena y marcó un precedente.

Pero, en la práctica, tanta denuncia no sirvió para encontrarlos. Los familiares de los jóvenes acusaron a agentes estatales ante la Policía, la Fiscalía, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun así, no pudieron recuperar a los jóvenes.

La denuncia pública a la Fuerza Armada colocó en riesgo a las familias. Y la protección que se les ofreció no era una en la que podían confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadoreño les ofreció vivir en una casa de protección. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se negó. No se fiaban de las autoridades salvadoreñas. Además, habrían tenido que compartir espacio “con testigos criteriados, que son delincuentes confesos”.

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la búsqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.

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El miedo de Maritza

Días después de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompañara al puesto militar en una zona cercana conocida como “Ex-IRA”. Querían ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.

Maritza accedió y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identificó a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos días antes. “Estaba uniformado e inmediatamente entró”, dijo.

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teoría, el reconocimiento se realizaría con fotografías de 29 soldados destacados en San Martín entre julio y agosto de 2014. Maritza no llegó a la diligencia y no se logró identificar con nombre y apellido al soldado señalado.

Aunque faltó al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: “Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la señora, quien narró coherentemente los hechos en su declaración testimonial pero que, además, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos días de la privación de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llevó a cabo por militares, quienes vestían con uniforme camuflado”.

Maritza explicó que había tenido miedo, que por eso no asistió a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permitió que la sala concluyera en marzo del año pasado que “los responsables de tal privación de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada”.

Pedro Cruz, un abogado de la asociación que promovió esta causa ante la sala, aclara que, aunque “el fenómeno de la desaparición, cuantitativamente, está más vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensión profunda”.


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