El Estado salvadoreño se encuentra en deuda con los adultos mayores. Y esto no es solo por el bajo acceso a pensiones. A la poca posibilidad de ingresos económicos dignos se le suma que no hay hogares estatales suficientes para ancianos y la nula posibilidad de encontrar a un geriatra en el sistema de salud pública. En este reportaje se hace un recuento de las dificultades que se agravan con la edad y cómo el Estado prueba ser ineficiente aun en los últimos años de vida de sus ciudadanos.

Los adultos mayores de un Estado negligente

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de Fréderick Meza

Beneficiario. Humberto Torres tiene 82 años. A los 13 aprendió el oficio de sastre. Tiene hijos, pero viven en el exterior. Fue operado de los ojos y ya no pudo seguir trabajando.

María es persuasiva y coqueta. Se ríe mucho y sus ojos negros persiguen vivaces cualquier movimiento dentro de su cuarto. Sus amigas dicen que tiene 98 años y otros dicen que tiene 94. Ella no lo sabe precisar. Esta tarde lluviosa está acostada en una cama porque se rompió la cadera y está en recuperación. Cuando ve que un hombre de pelo entrecano entra a su dormitorio, pone en práctica su estrategia. Lo llama para que se acerque, lo toma de la mano, le sonríe y le pide una cosa: pollo frito.

La táctica es recurrente, cuentan. “La Mariyita”, como le dicen aquí, siempre quiere comer lo mismo. Y, aunque lo primero que encuentra ante sus súplicas es un no, el hombre cede y manda a alguien a comprar un pedazo de pollo a un negocio cercano. Él no es un familiar o amigo. Es Rizzieri Luzzi, el encargado del dormitorio público de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) de Santa Tecla.

María llegó a este lugar porque se quedó sola. La historia de vida que suele contar es así: Su esposo era soldado en Chalatenango. Ella trabajaba como niñera. Tenían tres hijos. Durante “la guerra de los ochenta” murieron sus hijos y su pareja. Dice que ellos nunca se hicieron una mala mirada y se quisieron “del alma”, que hoy ya se conforma porque ha gozado bastante en la vida.
Que los adultos mayores se queden sin casa o familia no es una situación inusual. De una muestra de 2,000 adultos consultados por el Gobierno, el 46 % respondió que vive solo o con amigos. El 83 % expresó no contar con vivienda propia.

La cifra de adultos mayores en el país alcanza los 808,000, lo que representa al 12.4 % de la población salvadoreña. Se cree que ese porcentaje crece 0.5 % anualmente. Y el grupo etario de adultos mayores que más ha crecido es el de quienes sobrepasan los 80 años. Además, hay cerca de 2,000 personas mayores de 100 años. Así lo asegura la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS).

A pesar de que en la actualidad El Salvador es un país joven, si las tendencias se cumplen, el escenario cambiará en los próximos años. La sociedad está envejeciendo. La SIS explica que actualmente hay un promedio de 16 personas jóvenes por cada adulto mayor, pero, de acuerdo con las estimaciones de la región, en 50 años la proporción será de dos jóvenes por cada persona de la tercera edad.

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Capacidad. La gran mayoría de los beneficiarios del dormitorio son hombres. El centro tiene espacio para 93 personas.

EL ACCESO A VIVIENDA DIGNA NO ESTÁ GARANTIZADO

La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, publicada en 2002, indica que la vivienda adecuada es un derecho fundamental de las personas. Y no solo eso, reconoce que en caso de desamparo o abandono, le corresponde al Estado la atención de adultos mayores.

Pero la realidad no coincide con el papel. En la práctica, los protagonistas de esta labor son las ONG, las fundaciones sin fines de lucro y las iglesias. Jennifer Soundy, titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, considera que la ley vigente es débil. Y que eso se pone en evidencia porque la ley “no establece mecanismos de sanción por incumplimiento de los derechos”.

Si se tiene conocimiento de un hogar de ancianos que no cumple con los requisitos de limpieza o cuidado adecuados, Soundy asegura que no existe una manera de que el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) pueda cerrarlo definitivamente.

“Muchos centros de atención se abrieron sin regulaciones y funcionan sin regulaciones, pero la Corte Suprema de Justicia es muy clara en decir que si se quiere sancionar, eso tiene que estar dicho. Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar de una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

A su juicio, uno de los logros más grandes del país en términos de legislación es la presentación de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor el año pasado. Sin embargo, por su naturaleza, su impacto es más reducido del que tendría una ley nacional y solo las instituciones que pertenecen al Órgano Ejecutivo son las responsables de aplicarla.

Pertenencias. Para mantener el orden, FUSATE brinda a sus beneficiarios un espacio limitado en el que pueden guardar su ropa y los recuerdos de toda una vida.

En 2016 se presentó un nuevo anteproyecto de ley para beneficiar a personas de la tercera edad ante la Asamblea Legislativa. La encargada de estudiarla es la comisión de la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Casi dos años después de haber sido presentada, la comisión no la ha aprobado. Que el estudio de esta ley va “caminando”, se limitó a expresar el diputado Rodolfo Parker, a través de una aplicación de mensajería móvil. Él es presidente de la comisión y afirmó que la ley se aprobará en la legislatura presente, pero hasta después de las elecciones de alcaldes y diputados.

En un escenario donde ni siquiera el marco legal que protege a los adultos mayores está claro, solucionar el tema de vivienda para ellos no parece ser prioridad. El Estado cuenta en San Salvador con el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, pero en ese espacio, asegura Rizzieri Luzzi, el administrador del dormitorio público de Santa Tecla, solo “llegan personas que ya no se pueden valer por sí mismas”.

La situación es diferente en este centro tecleño. Un ejemplo de ello es Baudilio Miranda, un beneficiario del lugar. Tiene 67 años y sobre el cuello lleva un juego de llaves de las puertas de este centro. Él hace trabajo voluntario en el dormitorio. Tiene un cuaderno donde, a diario, anota quién llega al lugar y el motivo de la visita. Sostiene que desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche está encargado del portón principal. Terminado su turno, procede a cobrarle $0.50 a los demás beneficiarios. Veinticinco centavos de dólar son por el derecho al uso de baños y los otros $0.25 corresponden al derecho de cama.

“FUSATE es una institución que vive con base en donaciones, huérfana del apoyo estatal”, afirma Luzzi. En este centro los adultos mayores pueden salir cuando lo deseen, siempre que sea de día. Entre ellos hay quienes todavía se encuentran hábiles para realizar una actividad que represente un ingreso económico. Y es que, en teoría, para poder quedarse en este lugar es necesario que las personas sean independientes.

El administrador de este centro asegura que, en realidad, no todos los ancianos pueden conseguir los $0.50 diarios y que, al contrario, la mayoría no los paga. Conseguir esa cantidad no es tarea sencilla en esta etapa especialmente vulnerable de la vida. Por ejemplo, hay un hombre que vende sorbetes en un carretón, pero no sin molestias. Usa unos guantes negros sobre las manos que empujan su venta para protegerse. La escena puede parecer extraña, hasta que él la explica: “El sol me molesta cuando me pega aquí, me salen ronchas”.

En su afán de conseguir monedas para el día a día, algunos venden agua en bolsa en el mercado municipal o en las calles aledañas. Otros piden dinero en la calle, unos comercian medicinas y hay hasta músicos que cobran por tocar canciones en una guitarra. Aunque este centro es ocupado por 93 personas, el administrador asegura que la cantidad de monedas que se recibe como contribución de los beneficiarios es mínima: “A veces son $5, a veces son $6”.

Rizzieri Luzzi asevera que ese dinero se ocupa como caja chica y sirve para pagar la factura del agua para este casi centenar de personas. El administrador recalca: “Aquí veo las necesidades del adulto mayor, que está abandonado. Aquí no existen entidades estatales que se dediquen a favor del adulto mayor”.

“Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

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SIN EDUCACIÓN, EL FUTURO SE NUBLA

“Ya vas, vas Barrabás, ya vas”, canta un hombre de cabello largo y blanco sobre una tarima. Una mujer con una camisa de estampado de tigre no puede contener la energía y se sube, de manera improvisada, a bailar junto al cantante esta canción de rock and roll. La música suena a todo volumen en el cuartel El Zapote, de San Jacinto. Sobre la tarima está la razón de este salto de euforia entre un grupo de señoras de la tercera edad. Luis López, conocido como “el Monseñor del Rock”, se agacha, toca una guitarra imaginaria, hace muecas rudas con la cara, mueve la cadera, levanta una pierna y recorre el escenario con sus mejores movimientos al estilo de Elvis Presley.

Este miniespectáculo de Luis López se realiza en el festival Acercando Generaciones, un evento de la SIS para celebrar el Mes del Adulto Mayor. Con solo tres canciones Luis López logra animar a su público. Cuando baja del escenario, algunas señoras llegan a saludarlo y a pedirle fotos. Mientras espera para irse del lugar, él comenta que la calidad de vida del adulto mayor “depende de cómo fue su vida cuando joven. Muchos tienen una vida holgada, pero la mayoría de adultos mayores yo creo que están desprotegidos porque no hay leyes que los protejan realmente. No hay instituciones que se preocupen por ellos”.

Reina. María cuenta que fue reina de la tercera edad hace algunos años. En el centro recibe visitas de iglesias y voluntarios que realizan manualidades o brindan plática y compañía a los adultos mayores.

A López se le pregunta si no es una contradicción decir que no hay instituciones que se preocupen por el adulto mayor cuando, precisamente, acaba de cantar en un evento dirigido a personas de la tercera edad. “El Monseñor del Rock” no duda en contestar.

“Este es un dulcito. ¿Cuántos adultos mayores hay en el país? Y mire cuántos hay aquí. Si es que el problema no es de darles un dulcito. El problema es de darles la oportunidad de ser productivos aunque estén viejos. Debería haber talleres vocacionales en todo el país. Y tampoco hablo de eventos. Estoy hablando de una oportunidad real de trabajo. Una oportunidad en la que el adulto mayor se pueda desarrollar hasta que muera”.

A solo unos metros del escenario camina Marta Jiménez, una mujer pensionada de 70 años. Se pasea entre las mesas que se han colocado en este evento dentro del cuartel. Dice que siempre busca mantenerse ocupada y aprender cosas nuevas.

Marta pide algunos folletos de las mesas de información de servicios en este evento y hay uno que le llama especialmente la atención. Es el que se refiere al bachillerato virtual. Cuenta que fue secretaria durante 30 años y que sabe manejar las máquinas de escribir y las computadoras, pero que su pensión no le alcanza para cubrir sus gastos y que consigue vivir con la ayuda que le dan sus hijos. Luego dice que hoy quisiera sacar el bachillerato e ir a la universidad porque nunca pudo conseguir su sueño de ser abogada especializada en derechos humanos.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas reveló que en El Salvador no existe movilidad social, es decir, que la mayoría de sus ciudadanos permanece en la situación económica de la familia en la que nacen. Romper los círculos de pobreza en cualquier etapa de la vida es una tarea difícil. La educación, por tradición, ha sido vista como la mejor herramienta para salir de esos círculos. Pero conseguirla a una edad avanzada, no es tarea sencilla.
El 31.9 % de los adultos mayores de El Salvador son analfabetas, de acuerdo con cifras oficiales. Y si la población de la tercera edad es de 808,000, eso significa que al menos 257,000 de ellos no saben leer ni escribir. Además, “entre las personas de 60 años y más, la tasa de analfabetismo es 11.7 puntos porcentuales mayor en mujeres que en hombres”.

Esa disparidad sirve para explicar por qué dentro de los círculos de alfabetización para adultos del Ministerio de Educación las mujeres doblan en cantidad a los hombres que se inscriben para aprender a leer y escribir en su tercera edad. En 2016 fueron 2,555 hombres y 4,797 mujeres. El año pasado la tendencia se mantuvo y fueron alfabetizados 2,853 adultos mayores hombres y 5,570 mujeres.

En cambio, la cantidad de adultos mayores que son voluntarios para alfabetizar es muy reducida. En todo el país, durante 2016 hubo 31 hombres mayores enseñando a leer y escribir y 29 mujeres. En 2017 la cifra se redujo aún más y solo fueron 24 hombres y 20 mujeres.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Los adultos mayores dentro de un sistema de trabajo formal y sus beneficios son minoría. Desde 2014, en promedio, son 27,000 los hombres mayores de 60 años que cotizan al régimen de salud del ISSS y la cifra de mujeres se queda cerca de los 10,000. La cotización de estas personas representó hasta septiembre del 2017 un 3.72 % de la cifra total.

El Programa de Pensión Básica Universal consiste en una ayuda económica para personas mayores de 70 años que no se encuentran pensionadas. De acuerdo con documentos del Gobierno, esta es entregada a 32,800 personas. El monto que los beneficiarios reciben es de $50. Pero esa cifra contrasta con el precio de la canasta básica que, hasta diciembre del año pasado costó $137.84 en la zona rural y $200.39 en la zona urbana.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos, la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Info
Educación y alfabetismo

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Asistencia estatal. La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor asegura que cuando la familia no se responsabilice de sus adultos mayores, el Estado debe garantizar su atención.

EL DERECHO AL BIENESTAR EMOCIONAL

Tener acceso a una pensión por jubilación también significa poder ser beneficiario de otros programas ocupacionales. Implica tener una mayor oportunidad de crear un círculo social amplio y de conseguir apoyo emocional fuera de la familia. Por ejemplo, el ISSS cuenta con siete centros de Atención de Día. Estos son espacios donde los adultos mayores se reúnen y toman clases de actividades como repujado, yoga, baile o telares. Algunos adultos pasan todo el día ahí y se reúnen con sus amigos antes de volver cada noche a sus casas.

El Centro de Atención de Día del ISSS de la colonia Layco, una casa a la que asistían cerca de 100 personas, se quemó a finales de enero. Cuando se visita este espacio, lo único que se encuentra es un portón cerrado y un encargado que cuenta que el incendio ocurrió un sábado -día en el que no había nadie– y que, probablemente, se debió a un cortocircuito.

Ahora los beneficiarios de ese centro fueron trasladados a la cuarta planta del Policlínico Zacamil, donde reciben sus talleres. A diferencia del Centro de Atención, los adultos mayores no pasan todo su día en talleres y platicando con sus amigos. Asisten a una clase que les interesa y regresan a su casa. El hospital les cede el espacio del auditorio y, si los adultos mayores quieren aprender algo, se organizan entre ellos mismos para conseguir maestros y sus propios materiales.

La socialización y que las personas se sientan parte de una comunidad es vital para la salud integral de los adultos mayores. El Ministerio de Salud registró que el año pasado atendió a 13,000 adultos mayores por ansiedad y a 7,000 por depresión. Ese número de atenciones incluso sobrepasa a las que fueron brindadas para tratar padecimientos como la demencia.

El bienestar emocional de las personas de la tercera edad es reconocido como una prioridad. La consulta de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor reveló que el principal derecho que los adultos mayores exigen, incluso antes que el acceso a una pensión y vivienda digna, es “el cuidado que deben recibir con amor y buen trato”.

Ingreso económico correcto

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EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA NO ES SUFICIENTE

Sin pensiones. Al menos el 80 % de los adultos mayores del país no tienen acceso a ningún tipo de pensión. Algunos se dedican a trabajos varios e informales para poder sobrevivir.

Ya que la mayoría de salvadoreños de la tercera edad no cuenta con Seguro Social, recibe sus atenciones médicas a través de las redes de establecimientos del Ministerio de Salud. La ley de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores reconoció hace 16 años que la atención médica geriátrica es un derecho fundamental de los adultos mayores; sin embargo, este no se cumple.

En El Salvador, una persona de edad avanzada y de recursos económicos limitados no puede recibir tratamiento especializado según su condición etaria. “El ministerio no cuenta con geriatras en sus estable cimientos, hay personal que ha sido preparado con diplomados y cursos en geriatría, pero no especialistas”, respondió la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del MINSAL a través de una solicitud de información pública.

En El Salvador sí hay geriatras en el ejercicio privado. Estos son médicos que han realizado sus estudios en el extranjero ya que la especialización no existe dentro del país.

Las principales causas de muerte de adultos mayores durante los últimos cuatro años han sido infarto, insuficiencia renal crónica y neumonía. Annette Chicas, médica general y estudiante de una maestría en gerontología en línea, explica que para el tratamiento médico de una persona de la tercera edad “se necesita un doctor especializado”. De acuerdo con la profesional, al no contar con esta atención, “muchas veces se retrasa el diagnóstico y esto entorpece el pronóstico”.

“Hemos tratado de meterlo en varias universidades, no ha habido respuesta”, dice Jennifer Soundy, la titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor de la SIS, y asegura que cuentan con los planes de estudio de una maestría en gerontología. Luego explica que la búsqueda de esa especialización es “un salto cualitativo que tiene que hacer el MINSAL. La SIS no puede asumir los roles de todos los demás ministerios”. Soundy comenta que el año pasado la institución en la que trabaja otorgó 42 becas para un diplomado en atención geriátrica, pero solo 35 profesionales lo completaron.

Soundy denuncia ciertas acciones dentro de los hospitales que, a su juicio, están normalizadas y son violentas para la población de adultos mayores. Habla sobre la sujeción, una técnica que consiste en amarrar a las personas a las camas: “Esta es una práctica hospitalaria terrible. La excusa que le van a dar todos es que es por tema de seguridad. Para que no se caiga de la cama, pero está comprobado que muchas veces la pita con la que amarra puede ahorcar a una persona, puede lesionarla, fracturarla. Es más peligroso el remedio que la enfermedad. Y muchos de estos temas de sujeción no están regulados, o sea, hasta el ordenanza puede atar”.

También considera que otras prácticas hospitalarias de rutina, como la sola entrega del alimento, son insuficientes ante las necesidades de la vejez: “Vaya un día a un hospital y pregunte si les dan de comer, porque esa no es la práctica. Si es alguien que no puede comer por él mismo, dejarle el plato ahí es igual que no darle de comer, ¿no?”.

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CUANDO NO HAY RED DE SEGURIDAD

Joselino Ayala tiene 61 años, una manta gruesa, una mochila y una botella con agua. Eso es lo único que posee. Él duerme en una calle del centro de Santa Tecla. Es de apariencia ruda y cabello enmarañado. Hoy tiene la mirada perdida y está acostado en el suelo con las manos cruzadas sobre el pecho. Le duele una muela. A diferencia de los hogares de ancianos donde reina la música, en la acera donde Joselino duerme solo se escucha el pasar de los buses y los camiones.

Joselino es serio, pero a los 10 minutos de plática, cuando se le pregunta cómo hace para conseguir comida, los ojos le empiezan a brillar. A los pocos segundos, sus ojos no pueden contener las lágrimas que empiezan a acumularse. Joselino sigue hablando. La voz no se le quiebra y mantiene un gesto estoico. “De todos modos, qué voy a hacer, así me toca”, dice.

Él narra que cuando era joven tuvo parejas, pero que nunca pudo tener hijos. Cuenta que desde hace un par de años, cuando murieron sus padres, quedó en la calle. Pero asegura que aquí, en la calle, no le pasa nada. En un par de minutos repite cuatro veces esa misma frase, casi como un mantra.
La población de adultos mayores no está exenta de los golpes, homicidios y violencia sexual que colman los noticieros de El Salvador. La Fiscalía General de la República registró que en 2017 fueron asesinadas 192 personas mayores de 60 años. Además, desde 2014 hasta mediados de diciembre, se tuvo conocimiento de 3,012 adultos mayores denunciando un hurto ante la Policía y 3,096 denunciando amenazas.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

En 2016, una decena de adultos mayores fue evaluada por el Instituto de Medicina Legal por sospechas de violencia sexual. En 2017 la cifra aumentó y fueron 22 las personas evaluadas por el mismo motivo. Las agresiones no paran ahí. Hace dos años esa misma institución evaluó a 641 personas de la tercera edad por maltrato físico y el año pasado la cifra subió hasta rozar los 700.
“Aunado al silencio que generalmente encubre los escenarios de violencia contra mayores, los mecanismos de protección resultan ineficientes, lentos y burocráticos para la protección efectiva”, también se lee en la política.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

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ENVEJECER COMO QUIEN RECOGE FLORES

“En nuestro país no hay conciencia de que va a llegar un día en que todo mundo envejece. Cuando era joven miraba a las personas mayores y pensaba que yo jamás iba a llegar a eso y… sucede”, narra Rizzieri Luzzi, el hombre de pelo entrecano y administrador del dormitorio público de FUSATE en Santa Tecla. A su juicio, faltan políticas que permitan visualizar a la senilidad como un período en el que se recogen los frutos sembrados de una vida entera.

“La vejez es una parte integral e importante de nuestro ciclo como seres humanos, la cual debe ser valorada, como todas las otras etapas de nuestras vidas. La vejez no debe ser sinónimo de pérdida de derechos, sino que debe ser sinónimo de respeto y sabiduría”, dijo Vanda Pignato en un evento realizado para los adultos mayores el 25 de enero de este año. A pesar de los reconocimientos institucionales, El Salvador aún tiene un largo recorrido para reivindicar a sus adultos mayores.

El Estado le ha fallado a sus ciudadanos y en una misma consulta realizada gubernamentalmente, las personas de la tercera edad manifestaron que las entidades a las que les tienen más confianza son las iglesias.

Una de las internas con edad más avanzada del dormitorio público de FUSATE, María, confía también en las iglesias. Estas son las que han procurado sus comidas en el dormitorio durante los últimos años. En este tipo de espacios la principal ayuda no es estatal, sino que proviene de la caridad.

María, quien alguna vez trabajó como niñera, ahora sobrevive gracias al cuidado de otros. Es necia y, así como pide pollo, a veces pide que le ayuden a levantarse y la dejen caminar aunque tiene la cadera quebrada. Y cuando nadie le ayuda porque eso contradice las indicaciones del doctor, se para ella sola e intenta caminar sosteniéndose entre camas y paredes.

Esta tarde lluviosa de febrero está acostada y tranquila en su cama. En su pared hay recortes de corazones rojos y ella está de buen humor. Cuenta que a veces mira en sueños a su cónyuge ya fallecido: “Pero a mi esposo lo revelo como que es un muchachito así… contento. ‘Mirá, amor –me dice–, no te aflijás. Nosotros estamos bien allá. Y dentro de poco vas a llegar vos’. Están cortando flores, flores así, los manojos. Viera qué bonito. Yo por eso no me aflijo”.

Sin vivienda. El 83 % de los adultos mayores consultados para la realización de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor dijo que no contaba con vivienda propia en la cual habitar.

 


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