Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el lavado de dinero puede ser definido como “una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero”.

En nuestro hemisferio, el occidental, la principal actividad generadora de grandes capitales ilícitos es el narcotráfico. Naciones Unidas calcula que en los países de las Américas los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a los $150,000 millones. Los referidos a la cocaína, y solo la que se vende en Estados Unidos, llegan hasta los $34,000 millones.

El 12 de septiembre de este año, el comité del Senado de Estados Unidos para el control internacional de narcóticos se reunió para discutir cuáles serán los nuevos pasos a seguir por ese país en cuanto al combate de las drogas en Colombia tras la firma de la paz del Gobierno con las FARC. En ese marco se presentó un mapa que incluía eventos marítimos no comerciales (sospechosos de ser transporte de drogas) saliendo de las costas de Colombia y Ecuador.

Gran parte de ellos, tantos que en el esquema parecen una sola mancha, van a parar a Guatemala y México. Estas dos naciones son, claramente, como lo expresan muchos expertos internacionales, las dos grandes plazas de almacenaje del narcotráfico transnacional.
En cuanto a El Salvador, apenas unas líneas llegan, sobre todo a la zona del golfo de Fonseca, que la nación comparte con Honduras y Nicaragua. Una muestra más de que el país no es una ruta habitual del traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país en el contexto del narcotráfico internacional? Para este exfuncionario del Gobierno de El Salvador, quien estuvo involucrado por más de 10 años en investigaciones de alto nivel en el país, nuestra nación debe estar consciente de su papel: ser una plaza financiera del narcotráfico en la misma línea que Panamá, Ecuador y Estados Unidos, todas economías dolarizadas.

Una opinión que converge con el señalamiento de julio de 2013 de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos, que definió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado de grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Los dos elementos clave que dio la entidad para su dictamen fueron su ubicación geográfica y su economía dolarizada.

El Salvador ha hecho varios esfuerzos por adecuarse a los estándares internacionales contra este delito y convertir al país en un sitio un poco más blindado a estas actividades. Una parte de ello son las reformas realizadas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos en los últimos años, entre las que destacan la disminución del techo de transacciones que deben ser reportadas a la UIF: bajaron de $57,000 a $10,000, tal como lo recomiendan entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del que El Salvador es miembro.

Las reformas a la ley también han pasado por la inclusión dentro del grupo de sujetos obligados, entidades que deben reportar a la UIF cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, a una infinidad de rubros que antes no se contemplaban, donde están casi todos los negocios que se pueden realizar de manera formal. A otras entidades, como los casinos, se les ha sumado otra imposición, la de nombrar oficiales de cumplimiento, un empleado de la misma empresa que tiene como única misión avisar a la UIF de cualquier anomalía.

Las empresas del sector formal, además, han sido obligadas a capacitar a sus empleados en el manejo de la ley, con el fin de que puedan identificar en el desarrollo normal de sus actividades cualquier indicio de lavado de dinero.

Con tantos controles, sin embargo, hay muchas estrategias y canales que pueden ser utilizados para el lavado de activos y que escapan a este tipo de regulación.

Para ilustrarlo, el exfuncionario consultado para este trabajo pone algunos ejemplos. Uno de ellos es el del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que fue acusado de lavado de dinero y otros delitos a mediados de la década pasada. Uno de los elementos de la trama tenía que ver con contratos poco transparentes asignados por varias municipalidades a dos de sus empresas, las que no tenían capacidad para cumplir con las obras asignadas.

Las finanzas de esas alcaldías eran tan malas que casi ninguna entidad financiera se atrevía a darles un crédito. Entonces, era el mismo Silva Pereira quien se encargaba de conseguirles créditos en pequeñas cajas de crédito, el nombre común para referirse a las cooperativas de ahorro y crédito. El dinero que posteriormente llegaba a los bolsillos de Silva era, entonces, el mismo que salía de las entidades financieras. La UIF, que fue apoyada en la auditoría por la Superintendencia del Sistema Financiero, solo cuestionó el hecho de que para dichos préstamos el dinero que servía como garantía era el perteneciente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas. Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Para el exfuncionario de gobierno, eran las propias cajas de crédito una parte esencial del esquema de lavado de dinero, pues Silva Pereira colocaba en estas el dinero que alguien más le destinaba para lavar. Era una forma de legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso mismo, dice el exfuncionario, es importante poner el ojo en las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una particularidad: la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito no las incluye entre sus reguladas cuando los aportes totales de sus socios no exceden los $92.8 millones.

Eso las pone fuera de la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Su control recae en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), que no cuenta con metodologías ni personal especializado para vigilar entidades financieras, según es posible consultar en la lista de funcionarios de la entidad colgada en su página web y en el reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Esta semana se solicitó una entrevista con el presidente del INSAFOCOOP, Dimas Mauricio Vanegas, para que explicara cuáles son los mecanismos de control que la institución que dirige tiene sobre este tipo de organizaciones, pero su personal de prensa no dio una respuesta a la petición.

En El Salvador, más de una tercera parte de las cooperativas que debe regular el INSAFOCOOP son de ahorro y crédito: 463 de un universo de 1108, según el último directorio cooperativo publicado por la entidad, correspondiente a agosto de 2016. Es decir que en el país existe la posibilidad de colocar más de $42,000 millones con controles que pueden mejorar.

Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, asegura que lo anterior puede constituir un problema, pero, matiza, tampoco debe satanizarse a este tipo de organizaciones: él también pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad estadounidense en la que vive ahora. Sin embargo, dice, las autoridades deben estar vigilantes. Incluso una reforma a la ley no se antoja descabellada.

Los esfuerzos de reformas en este mundo tienen ya varios años tratando de cuajar en El Salvador. La modificación más importante consiste en bajar el techo de $92.8 millones a $10 millones para que las cooperativas sean reguladas por la SSF.
Sin embargo, en el sector cooperativo se han opuesto a la medida, según un artículo publicado por la revista El Economista de LA PRENSA GRÁFICA en junio de 2017. Para Héctor Córdova, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES), el cambio sería negativo porque no corresponde a la esencia del rubro y los obliga a meterse a una dinámica más mercantil.

Por otro lado, aseguró que una medida como esa haría quebrar a muchas cooperativas, que no contarían con los fondos para establecer un sistema acorde a la regulación.

 

***

 

El exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo menciona otro tipo de negocios que pueden servir para sanear fondos provenientes de actividades ilegales: aquellos que se dedican a prestar efectivo a cambio de piezas de oro.

“¿Y toda esa masa de dinero, de dónde viene?”, se pregunta. En las oportunidades que ha podido analizar el comportamiento de este tipo de negocios, afirma, ha podido comprobar que la mayor parte del tiempo están vacíos, pero sus declaraciones ante el fisco reflejan una actividad desproporcionada, como si cada día atendieran a unas 100 personas.

“Ni nuestro sistema tributario, ni Fiscalía ni Policía están preparados para hacer auditorías en estos rubros”, comenta. Para sostenerlo, pone como ejemplo un caso en el que la administración tributaria buscó anomalías en un negocio de este tipo, que se cayó por falta de pruebas. Ahí se dedicaron, comenta, a auditar costos, cuando lo correcto hubiera sido analizar las ventas.

El primer paso para el lavado, dice, siempre es simular ventas para justificar la entrada de una enorme masa de dinero. El segundo, aunque como una medida de optimización, es simular costos, con lo que ya no se tendrían que pagar tantos impuestos, pues estos se calculan con respecto al 30 % de la ganancia, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas.

Este tipo de negocios tiene otra manera de servir para el lavado de dinero, pues todo el oro que presuntamente adquieren en el país pueden exportárselo a una empresa en Estados Unidos. Para el exfuncionario, es una posibilidad para bajar millones de dólares desde la nación norteamericana a través del sistema financiero formal.

Igual mecanismo ve en algunas pequeñas compañías que facturan servicios desde El Salvador para sociedades en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos, comenta, llegó a las cortes del país.

En 2013, el ciudadano venezolano Edward Ali Perdomo y el panameño Rinat Hiram Guardia fueron acusados por una compañía telefónica por el delito de fraude a las telecomunicaciones. Los extranjeros interceptaban el servicio de las empresas de manera ilegal para hacer pasar llamadas internacionales por nacionales y, así, bajar su costo.
El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre los extranjeros y la compañía telefónica que había sido afectada por esta actividad.

Sin embargo, un aspecto resultaba curioso, y es que quien pagaba por el servicio ilícito era la hermana de Perdomo, afincada en Florida, Estados Unidos. Se trataba de millones de dólares al año, de los que, en realidad, se desconocía su origen. Cuando se revisaron los antecedentes del venezolano, se comprobó que había sido deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El presunto pago por el servicio, según el exfuncionario, habría funcionado para bajar esa masa de dinero a través de canales lícitos. El caso terminó en un acuerdo de resarcimiento entre las grandes compañías de telefonía y la pequeña empresa en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, tampoco quiere decir que todas las empresas de este tipo estén siendo utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin embargo, las autoridades del país deben estar vigilantes a cualquier sospecha de una actividad de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas políticamente expuestas, como los funcionarios públicos.

***

Dos hombres guatemaltecos y un nicaragüense viajaban en un bus de una marca comercial de transporte internacional el 22 de octubre de 2011. Llegaron a la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, desde Ciudad de Guatemala. Su destino final era Managua, Nicaragua.

Un miembro de la Policía Nacional Civil se encargó de hacer la revisión de rutina. Al primero que entrevistó fue a uno de los guatemaltecos, Wálter Adolfo, quien iba en el asiento 27. Le preguntó por los motivos por los que visitaría Nicaragua, a lo que respondió que era porque un amigo lo había invitado. Los nervios con los que contestó la inofensiva interrogante hicieron sospechar al agente que, sin embargo, continuó con su revisión.

El siguiente fue el nicaragüense Marlon Anastacio, quien se presentó como un instructor de caballos que había estado en Guatemala visitando a un pariente. El agente le preguntó si conocía a Wálter Adolfo, a lo que respondió que no. El último en la mira del policía fue Marco Antonio, el otro guatemalteco.

Con un poco más de aplomo que su compatriota, respondió que iba a Managua a ver unos caballos y que la única carga que lo acompañaba era la mochila que llevaba en la mano. El policía decidió pedirle la maleta para revisarla. Ahí, entre dos rudas botas, un paquete de dinero certificó sus sospechas. Pidió a los tres que bajaran del bus.

La policía le pudo incautar a los tres hombres $27,600 en total. Los atrapó en flagrancia y ninguno tenía documentos que respaldaran el origen de esos fondos, que no se habían preocupado por declarar ante ninguna autoridad. Los tres fueron acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

El proceso en los tribunales tardó tres años en llegar a una sentencia, el 27 de agosto de 2014. El juzgado encontró culpables a los imputados. Se limitó a decretarles tres años de prisión, los que fueron cambiados por igual período de trabajos de utilidad pública. También se decretó que los tres hombres deberían abandonar El Salvador media vez expirara ese tiempo. No tendrían permiso de entrar al país por los próximos cinco años.

Casos como estos, en los que una persona es capturara en flagrancia transportando fuertes cantidades de dinero sin declarar a través de una frontera aérea o terrestre, conforman la mayor parte de sentencias relativas al delito de lavado de dinero logradas en los tribunales por las autoridades salvadoreñas.

En 15 años de sentencias analizadas es posible establecer que en El Salvador la Fiscalía General de la República ha logrado probar y vencer en juicio en dos docenas de casos por lavado de dinero, 15 de los cuales corresponden al tipo de hechos descritos en el relato. Hombres y mujeres de aspecto humilde que transportan entre su cuerpo y sus maletas el dinero de alguien más. Los grandes casos pueden ser contados con los dedos de la mano.

Uno de los más representativos es el que involucra al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián y al exdiputado suplente Wílber Rivera Monge, ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República construyó 40 casos para demostrar la participación de más de una decena de imputados en los delitos. Todos estuvieron basados en una amplia investigación financiera y en la declaración de dos testigos, Franklin Ernesto Moza Larín y Jorge Roilan Hernández Mena.

Muchos de los casos tenían que ver con sucesos como el expuesto anteriormente, en los que se traslada dinero entre países a través de medios convencionales de transporte aéreo y terrestre. Uno de los elementos que más tomó en cuenta el juez a la hora de dar su veredicto fueron los peritajes financieros realizados a cada uno de los imputados.

En el caso de Rivera Monge, se logró establecer una enorme diferencia entre sus ingresos reales, los que estaban en sus cuentas bancarias, y lo que declaraba ante el fisco. Ante el Ministerio de Hacienda, el exfuncionario aseguró que entre 2004 y 2013 había ganado $744,785.70 como el resultado de su actividad empresarial y de su sueldo como diputado suplente.

Cuando se revisaron sus cuentas, se pudo comprobar que a través de ellas habían circulado millones de dólares: en todo ese tiempo se depositaron $7,005,228 (casi 10 veces más de lo declarado a Hacienda) y se retiraron $6,953,234. Otro aspecto que el juzgador consideró sospechoso fueron las extrañas operaciones comerciales realizadas con automóviles e inmuebles, pues tras adquirirlos reducía drásticamente su valor de mercado, por lo que al desprenderse de estos lo hacía por una cantidad mucho menor.

“Ha generado una pérdida que es contraria a la finalidad comercial de la transacción”, aseguró el juez. Un análisis equivalente se hizo con las finanzas de Ulloa Sibrián y con el resto de imputados.

Para este juicio, la Fiscalía General contó con dos grandes ventajas: la condena previa de Ulloa Sibrián por narcotráfico, con lo que se establecía de manera cristalina que esas cantidades de dinero provenían de actividades ilícitas; y el hecho de que los acusados realizaron las transacciones personalmente, es decir, utilizando su nombre. ¿Qué pasa con aquellos que usan el testaferrato como su modus operandi habitual?

***

¿Cuán intrincados son los esquemas de lavado de dinero que el mundo conoce en la actualidad? Para hacerse una idea, basta ver el ejemplo de la Lavandería Rusa (The Russian Laundromat), una complicada trama de ocultamiento de activos descubierta por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus cifras en inglés), una red de periodistas e investigadores en Europa del Este.

Gracias a tal esquema, un enigmático grupo criminal logró mover $20,000 millones de la Federación Rusa hacia Europa y dejarlos incólumes para utilizarlos en el sistema bancario convencional. El origen de esos fondos es desconocido, pero puede tratarse de actividades relacionadas con la corrupción en el Gobierno de ese país europeo o con la gran criminalidad organizada.

Como explican los reporteros en el texto de presentación del trabajo, el modus operandi comenzaba con dos compañías registradas, casi siempre, en Reino Unido. Entre estas dos se establecía un contrato falso en el que una de ellas aceptaba prestar a la otra una gran cantidad de dinero, aunque, en realidad, no existía tal préstamo.

Ambas compañías no tenían dueños claros, pues sus propietarias eran sociedades afincadas en las sombras de un paraíso fiscal. Para este caso en específico, el elegido fue Belice, nuestro vecino centroamericano, uno al que todavía no se ha puesto la atención suficiente.

En todos los casos, los contratos de los préstamos estaban respaldados por empresas rusas, siempre dirigidas por un ciudadano de Moldavia. Entonces la empresa que había desembolsado el falso préstamo exigía su pago. Cuando esto ocurría, la compañía deudora se negaba a responder. Por lo tanto, el dinero debía salir de la sociedad rusa que había servido como garante del préstamo.

Para eso, la empresa que exigía el pago demandaba a la rusa en los tribunales de Moldavia, ya que sus directores corrientemente eran de este pequeño país, el más pobre de Europa. Ahí un juez emitía una orden judicial “certificando” la deuda como real y ordenando a la compañía rusa que pagara.

Luego, la empresa rusa transfería ese dinero sucio a una cuenta creada por la compañía “prestadora”. Para cada caso, el dinero se enviaba a un banco intermediario llamado Moldindconbank, en Moldavia.

Finalmente, el dinero se conectaba a la cuenta de la compañía “prestadora”, que siempre estaba en el Trasta Komercbanka, con sede en Letonia. Y una vez que estaba en Letonia, el proceso estaba hecho, pues el capital entraba incólume y listo para usarse en el sistema bancario tradicional de la Unión Europea, respaldado por una orden judicial.
En cada caso se trataba de enormes cantidades de dinero, que podían ir de los $100 millones hasta los $800 millones.

En el esquema de la Lavandería Rusa, más de 20 jueces en 15 tribunales moldavos ayudaron a lavar el dinero. Durante tres años, emitieron más de 50 órdenes judiciales que certificaron los $20,000 millones mencionados.

Los reporteros de OCCRP apuntan que se trata de una cantidad asombrosa para un país como Moldavia, que tuvo un PIB de poco menos de $8,500 millones en 2013. Algunos de estos jueces están ahora bajo investigación mientras que otros han renunciado.

La primera transacción relacionada con la Lavandería Rusa ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando una compañía británica llamada Valemont Properties Limited presentó una demanda en un tribunal en la capital moldava de Chisinau contra los garantes de un préstamo que había hecho a otra compañía del Reino Unido. Los titulares de esa garantía eran un hombre moldavo, Andrei Abramov, y dos compañías rusas: OOO LaitaM y OOO Spartak.
¿Cuántos otros esquemas parecidos a la Lavandería Rusa habrá en el mundo? ¿Existirá una de igual magnitud en América Latina? ¿Será El Salvador uno de sus participantes?

***

El de Rivera Monge y Ulloa Sibrián fue un proceso exitoso. Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sufrido constantes reveses en las cortes en grandes casos de lavado de dinero. El último de ellos fue el de Ismael Cisneros, más conocido como “Medio Millón”, vinculado al cártel de Texis y sancionado por Estados Unidos como uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

En el juzgado, la historia fue diferente, pues Cisneros, su esposa y su cuñado fueron capaces de demostrar el origen de todo el dinero cuestionado a través de negocios lícitos, relacionados, precisamente, con servicios de telefonía. ¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes.

Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, la respuesta también pasa por cumplir a rajatabla los estándares internacionales, que impidan que los criminales actúen a sus anchas en un sistema tan vulnerable como el nuestro, uno en el que es posible que estén fluyendo ríos de dinero ilícito en un “refugio ideal para el lavado”.

¿Qué sucedió? Para el exfuncionario de Gobierno consultado para este trabajo, todo pasa por reconocer que en El Salvador las autoridades todavía no están preparadas para llevar a buen puerto casos grandes. Para él, la estrategia debería basarse en identificar, en todo ese universo, un caso pequeño que sea factible demostrar con pruebas sólidas, que no dé espacio a la duda en un tribunal. “Lo mismo da que se le condene por todo el esquema como por un caso”, comenta el exfuncionario.