Cinco empresas con activos millonarios comparten la misma dirección legal, una diminuta oficina apenas suficiente para un consultorio médico. Según la Fiscalía, cuatro de ellas ayudaron a lavar fondos públicos desviados por el expresidente Antonio Saca. La defensa de los imputados en el proceso penal sostiene que dichos recursos provenían de servicios prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Cada una de las compañías posee millones de dólares en inmuebles, desde residencias hasta haciendas cañeras.

Las millonarias empresas que cabían en una oficina

Un reportaje de Moisés Alvarado

Fotografías de Éricka Chávez

La sede. El local 201 del Centro de Oficinas La Sultana es todavía la dirección legal de al menos ocho empresas, cinco de las cuales se describen en este reportaje.

En el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, a un costado de la autopista Sur, funciona una pequeña compañía de publicidad. El recinto no tiene más que unos 6 metros de fondo por 4 metros de fachada, apenas suficiente para albergar el consultorio de un dentista o de un psicólogo.
Pero solo hasta hace unos meses, en este mismo sitio funcionaron varias empresas, cada una de las cuales reporta la posesión de millonarios activos ante el Centro Nacional de Registros.
El vigilante que esta tarde de noviembre está encargado de resguardar la entrada asegura que en los años que ha laborado aquí y antes de que sus nuevos inquilinos ocuparan el espacio, solo dos personas trabajaban en el local 201. Una era la señora encargada de hacer la limpieza, que recibe su pago desde la administración del edificio, y la otra era una empleada que permanentemente ocupaba la oficina. Según el vigilante, quizá una vez a la semana esa misma mujer recibía la visita de dos hombres, de los que no sabe precisar el nombre ni dar una descripción física.
La correspondencia relacionada con esa dirección iba dirigida a varias sociedades, comenta, pero siempre identificaron a ese local como la sede de la Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD), una de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, ayudó a darle apariencia de legalidad a un dinero proveniente de los fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público en 2006 y 2007, durante el mandato de Antonio Saca, a quien la misma entidad acusa de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de $300 millones provenientes del erario público.
El local 201 sigue siendo la dirección legal de OSAD y de otras tres compañías a las que el ministerio público ha señalado como responsables de recibir dinero de los contribuyentes desviado por Antonio Saca: Garantía en Dirección Empresarial (GDE), Group Corporation (GROCORP) e Investment Group (INGROUP).
También continúa siendo la dirección legal de otra compañía: Export Services. A pesar de no ser parte del proceso abierto en los tribunales, comparte las mismas características con las cuatro que sí están señaladas.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías, según revisiones a sus balances presentados en el Registro de Comercio y la información recogida por la FGR en su acusación contra Jorge Hernández y cuatro imputados más.
La puerta de la compañía de publicidad que hoy ocupa la oficina 201, y que no tiene nada que ver con los anteriores inquilinos del espacio, estuvo cerrada en diferentes visitas hechas a lo largo de noviembre, algo comprensible si se toma en cuenta que la mayor parte de sus actividades se realizan en exteriores. Sin embargo, el primer día de diciembre, el director comercial de la empresa llega cargando algunas cajas a la oficina y acepta hablar con la condición de que no se diga su nombre ni el de la sociedad.
La empresa arribó al recinto en la segunda mitad de agosto luego de llegar a un acuerdo de arrendamiento con el dueño de la oficina. En este complejo, cada espacio cuenta con su propietario. La administración del edificio solo se encarga de aportar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento, para los que cobra un importe de $40 mensuales.
Según el director de la compañía de publicidad, tuvieron que hacerse cargo de seis de esos pagos, que los anteriores inquilinos no cancelaron. Incluso el dueño de la oficina les aseguró que desaparecieron hace casi un año sin pagarle algunos meses de arrendamiento. No volvió a saber de ellos.
“Todavía nos vienen algunos recibos, correspondencia dirigida a estas empresas. Incluso los citatorios judiciales llegaron aquí. Eso, lógicamente, como no nos pertenece, lo destruimos apenas nos llega”, comenta.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, esto, que una pléyade de empresas con importantes activos comparta una misma pequeña sede, apenas suficiente para funcionar, debe ser un motivo de alarma para las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en un país.
“Diferente fuera que existiera un piso entero, adonde hubiera cinco oficinas donde hubiese una cantidad de personal y de equipo de oficina razonable para unas empresas del capital semejante al que dicen estar constituidas en los documentos. Todos esos elementos indican que estamos ante una tipología de posible lavado de activos”, comenta el experto.
Carlos Gamero Quintana, Laabin Tóchez y Enrique Guatemala son prófugos de la justicia. La única forma de establecer contacto con ellos para conocer su versión es a través del abogado defensor de los dos primeros, Luis Servellón.

Allanada. En esta casa de Cumbres de Cuscatlán, la FGR secuestró información relacionada con las empresas. Es también la residencia de Carlos Gamero Quintana.

Según este último, colocar tantas empresas en un mismo sitio fue una decisión tomada por sus clientes para mantener un bajo perfil debido “a la naturaleza de los trabajos que realizaron para el gobierno de Antonio Saca”. Según Servellón, esos servicios fueron prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Por ello, afirma, no aparecen en los registros de contratistas del Estado en los años en los que, presuntamente, hicieron esas labores.

El futuro. El Ingenio La Cabaña se encarga de procesar la caña producida por la hacienda Lombardía desde hace varios años. En la entidad aseguran que se encargarán de la cosecha de 2018, pues aún no se les ha informado de ningún problema para ello.

El abogado afirma que las empresas funcionaban en otros locales. Y para asegurar eso se sostiene en los allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2017, el día en el que se capturó al empresario Jorge Hernández. El ministerio público pidió autorización para intervenir siete locales. En tres de ellos no encontró información (la FGR identifica uno de estos como la dirección de Laabin Tóchez, uno de los acusados). Otros tres inmuebles estaban relacionados con Hernández y sus empresas, Marketing and Service y Unicentro.
Solo en uno de los objetivos se secuestraron documentos relacionados con OSAD, GDE, INGROUP y GROCORP, las cuatro empresas señaladas en el proceso penal. Se trata de la vivienda número 19 de la calle Quezaltepec, en la residencial Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. La misma que la FGR señala como la dirección de uno de los acusados, Carlos Gamero Quintana. Allí también funcionaba su oficina personal de abogado, según lo descrito en el informe de hallazgos de los allanamientos.
Es diciembre de 2017. La propiedad está protegida por un sólido portón. Cuando se llama a la puerta (el intercomunicador y el timbre colocados a un lado no funcionan), un perro ladra con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, una mujer dedicada a los servicios domésticos atiende la llamada para afirmar que ella, junto a su jefa, una joven estudiante, son las únicas habitantes del inmueble. La casa le pertenece a una de las empresas incluidas en el proceso penal, Garantía en Dirección Empresarial (GDE).

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LA SOCIEDAD CAÑERA
La hacienda Lombardía, en Zacatecoluca, tuvo alguna vez una multitud de dueños. Fue así gracias a una reforma agraria que la entregó a una cooperativa en la década de los ochenta. Entonces, la tierra sirvió para varios cultivos: melones, arroz, marañón.
Después de dos décadas, estos propietarios decidieron vender su parte a la empresa Garantía en Dirección Empresarial (GDE), que adquirió las 219 manzanas de terreno por $200,000 el 21 de diciembre de 2006, solo meses después de su conformación. Tras el arribo de GDE, el producto reinante fue la caña de azúcar.
Según información bancaria recogida por la Fiscalía General de la República en la acusación fiscal contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, para el día en que se realizó la compra, GDE ya había recibido de parte de Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño, más de $535,000 en 39 diferentes transacciones.
Desde entonces, una empresa que señala como su rubro de actividades la administración de libros contables pasaba a ser la propietaria de una hacienda de grandes proporciones, que toma unos 20 minutos en carro rodear en todo su perímetro.

La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró por $450,000 el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este día de finales de noviembre, un hombre, al que llamaremos Mauricio, descansa al lado del camino que lleva a San José de la Montaña, en Zacatecoluca. Está echado a la sombra junto a su moto. Cuando se le pregunta por la ubicación de la hacienda Lombardía, señala a sus espaldas. La de esta propiedad es la caña que ahora llena los ojos.
Mauricio afirma que tiene apenas unas semanas de formar parte del equipo de empleados permanentes de la hacienda. Sin embargo, ha laborado desde hace años en la época de cosecha de caña. Para él, el nombre Garantía en Dirección Empresarial o GDE es desconocido. No sabría precisar a ciencia cierta a quién le pertenece esa propiedad. Solo señala un mito que la ha rondado desde hace una década entre los lugareños: que su dueño verdadero es el expresidente Antonio Saca, una tesis que repetirán al menos 10 personas consultadas entre trabajadores de Lombardía, empleados de otras haciendas vecinas y habitantes de la comunidad que rodea al inmueble.
La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró, por $450,000, el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en noviembre de 2007. Lo anterior se le hace ver al abogado defensor de Carlos Gamero Quintaba y Laabin Ninrod, Luis Servellón, en un café de San Salvador. El abogado reconoce haber escuchado historias semejantes alrededor de varias de las propiedades relacionadas con las empresas de sus defendidos.

Rural. Entrada al casco de la hacienda Lombardía, propiedad de la empresa Garantía en Dirección Empresarial. Los lugareños vinculan la propiedad a Antonio Saca.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de error, o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza como para que el expresidente dejara en manos de una de sus compañías una propiedad tan valiosa.
La hacienda Lombardía es parte de un juicio de extinción de dominio: la FGR sospecha que fue obtenida con dinero proveniente de actividades de corrupción. Su administración será responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se define si la propiedad pasa a manos del Estado o regresa a sus antiguos dueños. Esto tiene en zozobra a decenas de trabajadores eventuales que cada febrero llegan a trabajar a la hacienda en el período de cosecha.
Será el CONAB la entidad con la que este año tendrá que entenderse el Ingenio La Cabaña, empresa que se ha encargado del producto de Lombardía desde hace años. Para conocer la postura de la empresa, se llamó a su sede central en Aguilares. Desde ahí indicaron que la persona idónea para hablar sobre ello era José Ábrego, gerente de Producción de Caña. Según este último, la relación que han mantenido con GDE es idéntica a la que tienen con cientos de productores de este cultivo a escala nacional.
Con GDE, además, el trato siempre ha sido el de encargarse de todo el trabajo de la cosecha y el transporte del producto hasta las plantas de tratamiento en Aguilares. Por ello, según Ábrego, el dinero que se paga a los trabajadores durante la época de corta proviene de La Cabaña. Eso a pesar de que GDE reporta año con año la erogación de unos $30,000 como pago para sus trabajadores.
Para GDE el negocio de la caña ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. La compañía asegura tener un rendimiento de 75 toneladas por manzana de terreno. Según datos del Centro Nacional de Registros, desde al menos 2009, Garantía en Dirección Empresarial ha dado un valor de medio millón de dólares a la caña producida por la hacienda Lombardía y las otras dos propiedades agrícolas que le pertenecen, ubicadas a unos cuantos metros de esta, en el vecino Tecoluca.

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LAS EMPRESAS QUE COMPRAN EN LAS MISMAS VECINDADES
Las haciendas agrícolas no son los únicos inmuebles poseídos por GDE. Como se expuso en el primer bloque de este reportaje, Garantía en Dirección Empresarial también es la dueña de la casa número 19 de la calle Quezaltepec, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la misma que fue allanada como parte del proceso penal y que el abogado Carlos Gamero Quintana señala como su vivienda de residencia.
Si se sigue en línea recta hacia abajo y se cruza la avenida Jiboa para incorporarse a la calle Atlacatl, será posible encontrarse con una casa propiedad de otra de las empresas relacionadas con los acusados Gamero Quintana, Enrique Guatemala y Laabin Ninrod. En el número 19 del polígono E, está una casa poseída por Investment Group (INGROUP), que tiene un valor de $275,000 según los documentos de compraventa.
Y si el lector gusta caminar un poco más, a unas cuantas calles más abajo para llegar al polígono M, se encontrara con la casa 66, poseída por otra de las sociedades domiciliadas en el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana: Export Services. Según el Centro Nacional de Registros, el valor de la vivienda es de $175,000. Y a unos cuantos metros está la número 24 del polígono B-8, propiedad de OSAD.
Otro tanto ocurre en la etapa II de la residencial La Montaña, en Santa Tecla. Hasta cuatro empresas de las que hasta hace unos meses tenían su sede en una oficina apenas suficiente para el consultorio de un dentista cuentan con un inmueble aquí: INGROUP, GDE, Export Services y Group Corporation (GROCORP). Esta última donó su derecho, en 2015, a otra de las sociedades relacionadas, OSAD, en un usufructo. Los precios de estas viviendas oscilan entre los $385,000 y los $700,000.
Entre las cinco compañías poseen una multitud de inmuebles. Según la cuenta realizada por Séptimo Sentido al revisar todas las compraventas relativas a estos en el Centro Nacional de Registros, el valor total de terrenos y residencias es de $4,194,200.
El valor de lo poseído solo en propiedades por estas cinco empresas es de más de la mitad del dinero que, según el ministerio público, la red conformada por Jorge Hernández y estas compañías lavó para el expresidente Saca, pues la cifra se coloca en $8.1 millones.

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Residencias. Fachada de la casa que Investment Group (INGROUP) posee en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Cuesta $275,000. Otras tres empresas relacionadas tienen viviendas ahí.

LAS OTRAS FORMAS EN QUE SE RELACIONAN LAS EMPRESAS
Las cinco empresas mencionadas comparten otra similitud: al final de su segundo ejercicio (a excepción de GDE y OSAD, que lo hicieron hasta el tercero), los activos declarados ante el Centro Nacional de Registros sobrepasaron el $1 millón. Sobre todo, gracias a servicios prestados en el extranjero. Por eso mismo han estado eximidas de pagar varios impuestos.
La Fiscalía General de la República asegura que Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño Jorge Hernández, depositó, entre 2006 y 2007, $2,829,000 a estas compañías, que se dividieron de la siguiente manera: GDE $773,500, OSAD $617,500, GROCORP $611,000 e INGROUP $827,000.

Según Luis Servellón, abogado defensor de Carlos Gamero Quintana y Laabin Ninrod, ese es el dinero que, precisamente, las empresas de sus clientes recibieron en pago por los servicios presuntamente prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Pero ¿qué experiencia tenía un grupo de abogados en actividades de inteligencia? ¿Por qué labores recibieron tanto dinero?

Operativo. La mayor parte de locales allanados por la FGR en noviembre tenían que ver con Jorge Hernández y sus empresas, no con estas compañías.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?
“Por tratarse de actividades reservadas, ellos dicen que no tienen documentos relacionados con esos trabajos, que el dinero lo recibían a través de cheques o de efectivo. Pero dicen que tienen cómo comprobar que esos servicios se prestaron a través de las declaraciones de IVA de las empresas. A la espera de eso estoy para poder hacer mi defensa”, comenta Servellón.

Sin embargo, las sumas percibidas por la prestación de esos servicios serían todavía muy inferiores a las de los activos reportados por las cuatro empresas señaladas en 2007, el último año en el que recibieron dinero desde Marketing And Service. INGROUP, que obtuvo $827,000 desde la empresa de Hernández, contaba para ese ejercicio con activos de más de $3 millones.

Las empresas, además de compartir a los mismos miembros de junta directiva y algunos accionistas, también se han desempeñado como accionistas unas de otras. El caso más representativo es el de INGROUP.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de errores o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza.

Según el Informe sobre Distribución o Capitalización de Utilidades obtenido por la FGR, INGROUP ha sido accionista, en diferentes porcentajes, de cuatro de las empresas con las que comparte la misma dirección legal. Desde 2007 es la dueña del 99 % de Export Services, lo que le significó dividendos que superaron los $200,000 en promedio anual. Desde 2011 también es accionista de GDE y OSAD, sus compañeras de dirección legal.
Por otra parte, INGROUP, según datos de la FGR, tiene a otra de sus vecinas, Group Corporation, como la propietaria del 25 % de su paquete accionario.
Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, lo enrevesado del esquema es una alarma: sociedades detrás de sociedades que facilitan la ocultación de activos y de beneficiarios finales.

Al Estado. Algunos inmuebles de las empresas de Gamero y compañía podrían pasar a manos del Estado, que hizo su primera subasta en noviembre, tras un juicio de extinción de dominio.

Luis Servellón, el defensor de dos de los acusados, sostiene que esos esquemas no tenían otro objetivo que permitirle a sus clientes pagar menos impuestos “a través de mecanismos lícitos”.
Otra curiosidad de las empresas es que dos de ellas, GDE y Export Services, le han prestado montos cercanos a los $200,000 a una misma sociedad llamada Salvataje de Deudas Group (SALDEGRO), que tuvo en sus primeros años como representante legal al omnipresente Carlos Agustín Gamero Quintana. SALDEGRO también informa que su dirección legal es el número 201 del Centro de Oficinas La Sultana.
Actualmente, esta empresa con activos de más de $4 millones tiene como representante legal y administrador único propietario a Inving Tóchez, abogado y exfuncionario de los gobiernos de Saca y Mauricio Funes. Tóchez, según la FGR, asesoró a Jorge Hernández y los otros cuatro implicados en el esquema que habría lavado $8.1 millones para Saca.
Desde la ventana del local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, la vista ya comienza a llenarse de vehículos. Poco a poco, el tráfico engrosa de sonidos la autopista Sur, la arteria más concurrida del país.
Sentado frente a una mesa redonda y a una pizarra tachonada de nuevas ideas para su negocio, al director comercial de la empresa de publicidad que ahora ocupa la oficina 201 le cuesta creer que en el mismo espacio en que él y sus colaboradores realizan su trabajo tuvieran su dirección legal tantas empresas con activos millonarios, las mismas que aparecen como propietarias de inmuebles en La Paz, La Libertad y San Salvador.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?

 


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