La traición de Trump a los “dreamers”

Crecieron en Estados Unidos y trabajan o van a la escuela aquí. Algunos están desarrollando negocios o criando a sus propias familias. Muchos no recuerdan nada del país en el que nacieron. Ahora, casi 800.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños o se quedaron al vencer su visa podrían ver su vida trastocada después de que el gobierno de Donald Trump anunció el martes que pondrá fin a un programa implementado por el presidente Barack Obama que los protegía de la deportación.

“Somos estadounidenses en el corazón, la mente y el alma. Simplemente no tenemos la documentación correcta que afirme que somos estadounidenses”, dijo José Rivas, de 27 años, que estudia una maestría en Orientación Psicopedagógica en la Universidad de Wyoming. La abuela de Rivas lo trajo desde México cuando él tenía seis años. Quiere convertirse en un asesor de alumnos en Estados Unidos, pero lamentó que “en este momento todo es incierto”.

La noticia de que el gobierno eliminará gradualmente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en los próximos seis meses fue recibida por sus beneficiarios –frecuentemente conocidos como “dreamers”– con perplejidad, ira y una sensación de haber sido traicionados. Surgieron manifestaciones en la ciudad de Nueva York, donde la policía esposó y retiró a más de una decena de activistas que brevemente bloquearon el paso a la torre Trump, así como en otras ciudades, incluidas Salt Lake City, Denver, Los Ángeles y Portland, en Oregon.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que el DACA, implementado por el presidente Barack Obama en 2012, fue un ejercicio inconstitucional del Poder Ejecutivo. El gobierno de Trump y otros opositores al DACA argumentan que es al Congreso al que le corresponde decidir cómo manejar los casos de esos inmigrantes. Los fiscales generales de varios estados amenazaron con demandar para proteger a los beneficiarios del DACA. “Estamos listos para tomar todas las acciones legales adecuadas para proteger a los ‘dreamers’ de Oregon”, tuiteó la fiscal estatal Ellen Rosenblum.

Ricardo Ortiz, que fue traído a Estados Unidos desde la ciudad mexicana de Monterrey a los tres años, ha estado trabajando como voluntario en el centro de convenciones del centro de Houston, que albergó a miles de víctimas del huracán Harvey. Ortiz, un estudiante de 21 años de la Universidad de Houston, dijo que no sabe qué hará si el DACA es eliminado o si es obligado a irse del país. “Es una locura que la gente realmente piense que no pertenecemos aquí, cuando hemos estado aquí toda nuestra vida”, afirmó.

Incluso los niños pequeños serían deportados, entre ellos los estudiantes de la escuela primaria Nellie Muir en el poblado de Woodburn, Oregon, habitado predominantemente por hispanos. El subdirector, Óscar Belanger, los saludó en inglés y español el primer día de clases, y le dijo a un reportero que los maestros y los administradores de la escuela desean que el gobierno en Washington respalde a los “dreamers” (“soñadores”). Belanger indicó que la escuela se negará a dar información sobre los estudiantes a los agentes de Inmigración, e hizo notar que la ley de Oregon prohíbe expresamente hacer eso.

El fiscal de Utah, Sean Reyes, republicano y partidario de Trump, dijo que el presidente tiene todo el derecho de poner fin al DACA. Sin embargo, agregó, deportar a los “dreamers” sería inadmisible. “Estos niños crecieron creyendo que son estadounidenses, y muchísimos de ellos han vivido vidas de las que Estados Unidos puede enorgullecerse”, afirmó Reyes en un comunicado.

Por su parte, la fiscal de Arkansas, Leslie Rutledge, elogió la decisión de Trump. “Aunque somos un país compasivo, Estados Unidos es una nación de leyes, y el presidente Trump se percató que el programa DACA del presidente Obama iba mucho más allá de la autoridad legal del Poder Ejecutivo”, afirmó Rutledge. “El Congreso siempre ha sido el lugar adecuado para este debate”.

En Miami, Paola Martínez, de 23 años, oriunda de Bogotá, sollozaba mientras participaba en un mitin de unos 100 inmigrantes, y dijo que se sentirá indefensa sin el DACA. Recientemente se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad Internacional de Florida. “En lugar de dar un paso adelante, damos un paso atrás. Nos ocultamos en las sombras una vez más después de que expire mi (permiso) de trabajo. Es solo tristeza”, señaló. “Uno simplemente siente como si estuviera vacía. Ya no hay apoyo”. Martínez dijo que no puede renovar su permiso porque expira en 2019, por lo que espera que su empleador u otra compañía la patrocine de forma que pueda quedarse y apoyar a sus padres, que dependen de ella para que los traslade y para los gastos del hogar.

En Florida, los inmigrantes que están en el país ilegalmente no pueden obtener licencias de conducir. Karen Marin, una mujer de 26 años de Nueva York cuyos padres la trajeron a Estados Unidos antes de que tuviera un año de edad, se encontraba en clase de Física en el Bronx Community College cuando Sessions hizo el anuncio. “Honestamente ni siquiera puedo procesarlo en este momento. Aún estoy tratando de recuperarme del golpe”, dijo. “Solo espero que cambien de forma de pensar y se den cuenta de que lo que están haciendo está mal”.

Carla Chavarría, de 24 años, es una empresaria de Phoenix dueña de una firma de mercadotecnia digital y una línea de ropa deportiva. Llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía siete años. Su permiso expira en noviembre y está aguardando a que su renovación sea procesada. Está lista para cerrar la compra de una vivienda en los próximos días. “Ya de por sí es difícil ser dueña de una empresa, especialmente al ser joven y ser mujer y alguien que es una inmigrante. Ya es difícil de por sí. Y ahora nos quitan el DACA”, se lamentó. “En estos momentos estoy como en el limbo”.