La república de las masacres

Casi mil personas han muerto en masacres en los últimos tres años. El análisis de las publicaciones en medios de cada uno de los 267 hechos registrados brinda información acerca de cómo se mueven las violencias, 202, por ejemplo, han sido cometidas en zonas rurales. Mientras que 69 han sido cometidas en el marco de enfrentamientos con cuerpos de seguridad y en 54 se ha apuntado a las pandillas como ejecutoras.

En las masacres analizadas hay 40 en las que los atacantes se han hecho pasar por policías o militares. Estos casos y los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y supuestos delincuentes representan un reto importante tanto para la Fiscalía General de la República como para la Policía Nacional Civil.

En Jucuarán no es posible ver con claridad la línea entre lo justo y lo que no lo es. La represión,, la impunidad y la eterna pobreza la han desdibujado. Este es el retrato de un municipio aislado al que ocho masacres en solo tres años han dejado irreconocible.

Hay comunidades que casi son cementerios. Y personas, como Marta, que al apenas asomarse al cerco de su casa, también se asoman a lo que fue una escena de crimen, uno múltiple que se llevó a sus vecinos de toda la vida. Son víctimas de una violencia que este país no sabe cómo medir.

Seis vecinos del cantón Valle Nuevo, Olocuilta, murieron a balazos minutos después de dar abrazos de Año Nuevo. Las autoridades dijeron que el hecho violento se registró en el marco de un enfrentamiento con la delincuencia. No hubo heridos. Y los muertos los puso solo uno de los bandos.

Las autoridades tienen claro que el fortalecimiento de la prueba técnica y científica es indispensable para reducir los niveles de impunidad. Este, uno de los pocos casos de masacres que han sido sentenciados, es un ejemplo de cómo se funciona hasta el momento: todo depende de conseguir un testigo.