La Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) contrató durante 2016 y 2017 a la empresa SEGUSAL para brindar servicios de seguridad en sus dependencias por un contrato anual de más de medio millón de dólares. Y aunque en lugares como el zoológico nacional y el Museo Nacional de Antropología permanecen vigilantes las 24 horas, esto no ha impedido que, según la propia SECULTURA, la integridad de estos sitios sea burlada.

La inseguridad privada de SECULTURA

un reportaje de Valeria Guzmán

fotografias de Éricka Chávez y Archivo

SEGUSAL. La empresa contratada para brindar servicio de seguridad privada a las dependencias de SECULTURA.

“Una vez se salió un tigre. El jaulero puso el candado pero no le echó llave y de tanto que halaba el animal, el candado... ¡pum! se cayó y se salió. Viera, los cinco vigilantes agarramos la pistola y nos agregamos en una caseta. Ahí les dije yo: ‘Ey pero vamos a ver, yo le voy a pegar un balazo’”.

El que cuenta esta historia que parece improbable es un vigilante de la tercera edad de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza, mejor conocida como SEGUSAL, la compañía a la que SECULTURA contrató durante 2016 y 2017 para que proteja todas sus dependencias. Todas.

El anciano que contaba su aventura ahora está asignado a otra institución. Tras una larga plática, reflexiona sobre sus condiciones laborales. “¿Va que le conviene (a la empresa) tenerme?”, pregunta desganado. “Yo paso aquí trabajando, al final, ganamos igual; pero ellos no hacen nada”, se queja.

Los vigilantes de SEGUSAL ganan al mes $300. La empresa suele cobrar unos $200 más por cada agente. Sus agentes no trabajan solo en la Secretaría, ofrecen también sus servicios a otras instituciones estatales. Así, por los vigilantes que colocó durante 2016 en el Hospital Nacional de Usulután cobró $525 mensuales. Por los que custodiaban Canal 10 en 2015 cobró $500.

El contrato firmado entre la Secretaría y SEGUSAL es de $721,140.00. A pesar de la jugosa cifra, la empresa no ha cumplido su misión. No logró impedir el hurto de nueve piezas del Museo Nacional de Arqueología Dr. David J. Guzmán, y de acuerdo con la versión de los hechos que aún sostiene SECULTURA, tampoco evitó que el hipopótamo Gustavito recibiera “múltiples golpes en varias partes de su cuerpo por personas desconocidas”.

“La sociedad suministrante (SEGUSAL) ha proporcionado un buen servicio y los resultados han sido satisfactorios”, aseguró el coordinador de Logística de la Secretaría en un memorando del 6 de diciembre.

Dos semanas después se conoció del hurto, pero ya era demasiado tarde. SECULTURA ya había renovado el contrato de casi tres cuartos de millón de dólares con una empresa bajo cuya vigilancia fue hurtado parte del patrimonio cultural. Hasta ahora, del lado de la Secretaría, la institución responsable de contratar empresas eficientes y resguardar la herencia cultural de los salvadoreños, no se ha conocido de ningún funcionario despedido o sancionado.

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“Un procedimiento distinto al establecido por la ley”. Así llamó la Corte de Cuentas a la contratación de SEGUSAL en SECULTURA a finales de 2014.

Al menos dos de los administradores de SEGUSAL, como consta en el Centro Nacional de Registros (CNR), son nombres que se repiten en otras empresas de seguridad. Milton Edgardo Martínez aparece vinculado con SEGURSA y con Servicio General de Seguridad Privada de Oriente, y César Iván Rivas Guevara está vinculado con otra empresa del mismo rubro llamada SEGURINTER.

El crecimiento de SEGUSAL ha sido inestable. Algunos años ha ganado miles y miles de dólares y en otros no ha reportado ingresos, como se comprueba en sus balances del CNR. En 2002 declaró que el total de su capital pasivo y patrimonio era de $131,765.05.

Luego la empresa declaró que en 2006, el efectivo total con el que contaban en caja y bancos era de $462.86, y que su total de activos y patrimonio era un poco más de $2,000. Un año después, aparentemente el negocio mejoró y el efectivo en caja y bancos ascendió a $24,000 y su patrimonio a $181,574. Pero, durante 2009 y 2010 la empresa no reportó ingresos.

SEGUSAL se recuperó pronto y ya para 2013, los activos de la empresa pasaron a ser de medio millón de dólares. Y cuando la empresa realizó el trámite de renovación de la matrícula de la empresa para 2016, declaró que sus activos rondan los $2 millones, es decir, $1,865,958.85.

En SECULTURA la empresa fue contratada directamente para agosto y septiembre de 2014, por un monto de $111,000. Y por los servicios de octubre a diciembre, la Secretaría le canceló $165,000.

Ese mismo año se giró una orden de captura a nombre de uno de sus apoderados, César Iván Rivas Guevara por supuestamente apropiarse de $136,000 que –junto a un socio– descontó a sus empleados de otra empresa, GRUSEIN, en concepto de cuotas del ISSS y AFP. Así lo publicó en 2015 LA PRENSA GRÁFICA. La investigación de hace dos años también relacionó a Rivas Guevara con licitaciones anómalas que empresas vinculadas con él ganaron en el INDES durante cinco años.

El estado actual de esa demanda era una de las dudas que se buscaba aclarar a través de una entrevista pero esta no fue brindada. Sin embargo, fue posible comprobar que la empresa aparece solvente en el Ministerio de Hacienda.

Ramón Rivas, quien era el titular de SECULTURA durante el periodo auditado, respondió en una nota –citada por la Corte– que la contratación no se hizo a través de una licitación pública porque el servicio era urgente. Pero la CCR señaló que SECULTURA solo comunicó al Consejo de Ministros que tenía esa urgencia hasta finales de agosto de 2014, cuando ya los vigilantes estaban colocados en las instalaciones de la Secretaría.

En 2015, SECULTURA contrató a otra empresa de seguridad. Pero desde enero de 2016 SEGUSAL volvió a la institución. El 20 de diciembre de ese año, solo dos días antes de que las noticias del hurto en el MUNA fueran públicas, la actual secretaria de Cultura firmó la prórroga de un año del contrato de seguridad de la misma empresa, hasta el 31 de diciembre de 2017.

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“El secretario privado de la Presidencia me comunicó que se trabajaba en ver cómo, en vez de la vigilancia privada, se conformaba una policía especializada solo para el trabajo de la SEC”. Esa nota del anterior secretario de Cultura, citada por la Corte de Cuentas, deja ver que desde 2014 la Presidencia se percataba de esa carencia en la Secretaría.

“De hacerse realidad nos estaríamos, como SEC, ahorrando todo lo que se pagaba en vigilancia privada”, se lee en el documento suscrito por Rivas. Pero ahora su sucesora en el cargo, Silvia Elena Regalado, dice desconocer dicho proyecto. “Cómo son las cosas –comenta con un dejo de sorpresa– porque a veces no se les da el seguimiento”, se limita a responder.

Los vigilantes de SEGUSAL están entrenados en seguridad básica. Como el anciano que dice haber pensado en dispararle a un tigre, no tienen conocimientos ni equipo acorde con el lugar en el que les toca trabajar, sea este el zoológico o el Centro Nacional de Artes.

La Ley de la Seguridad Privada establece que para trabajar como vigilante de una empresa se debe ser mayor de edad, haber estudiado mínimo hasta sexto grado, tener solvencia de antecedentes penales y policiales, buena salud, licencia de arma y aprobar el curso especial que brinda la PNC.

Heriberto Erquicia, el titular del MUNA, supo del hurto el 22 de diciembre de 2016. “Obviamente algo falló y soy responsable, como director, de lo que pudo haber pasado”, afirma. Al inicio se habló de un faltante de seis piezas de la sala introductoria que permanecía cerrada al público desde hacía más de un año. Siete personas tenían su llave: el director del museo, tres museógrafos y tres vigilantes.

El MUNA realizó un inventario completo y en enero comprobó otro faltante: no encontraron tres piezas de una vitrina expuesta a los visitantes en la segunda planta del museo. En total, un dije de jadeíta, una orejera, un cilindro antropomorfo, un cuenco, dos figuras antropomórficas, dos flautas prehispánicas y un estribo de bronce colonial desaparecieron del museo.

Ocho databan del periodo prehispánico y una de la época colonial. Van desde el tamaño de un clip hasta los 23 centímetros y eran parte de la colección que le sirve al museo para explicar quiénes existieron antes de nosotros, cómo vivían y en qué creían.

Cuando se conoció del hurto, había cuatro vigilantes en el museo. Hoy son cinco y dos se quedan por la noche. Ahora el personal de vigilancia debe comparar a diario que lo que está en las salas del museo sea lo mismo que aparece en un libro de inventario que la administración les ha dado. Hasta ahora. Antes del hurto no se hacía nada.

Dos meses después, ocurrió el otro escándalo que las autoridades de la Secretaría atribuyen también a problemas de seguridad: El hipopótamo Gustavito del zoológico murió –insisten hasta hoy las autoridades– por una paliza propinada por extraños.

Esa versión oficial de la Secretaría ha sido ampliamente cuestionada. “El informe de la necropsia reveló que la causa de muerte fue la hemorragia pulmonar, pero también nos reveló que Gustavito no tenía heridas provocadas por objetos cortopunzantes o picahielos”, dijo el fiscal, Miguel Juárez, a inicios de marzo.

También José Amaya, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC) sostiene que como sindicalistas no comparten la versión oficial del ataque al hipopótamo y consideran que la muerte del animal fue el producto de “una negligencia total”.

Un vigilante, gordo, del zoológico sugiere, en medio del ruido de los pájaros del parque, que se ocupa a la empresa de seguridad para ocultar un caso de negligencia. Él sostiene que el hipopótamo “ya no digería bien”, pero que en SECULTURA “así dicen porque tenían que buscar a algún culpable”.

A pesar de estas voces, SECULTURA mantiene que la razón de la muerte del animal está basada en el ataque al hipopótamo, producto de un problema de seguridad. Si se comprueba esta hipótesis, cabe cuestionarse cuál es la calidad de la empresa de seguridad privada que los funcionarios de la institución eligen contratar. El contrato con SEGUSAL finaliza en diciembre y hasta la fecha, la empresa contratista sigue prestando el servicio a SECULTURA.

Versión oficial. La Secretaría de Cultura ha sostenido que la muerte del hipopótamo Gustavito fue por un ataque, mientras personal que labora en el zoológico ha dicho que el animal ya se encontraba enfermo.

El equipo de comunicaciones de la Secretaría explica que no ha existido ningún despido porque las investigaciones están abiertas. “Sabemos que hay errores, pero no hay despidos porque no han terminado las investigaciones”, explica Lorena Arias, jefa de prensa.

Tanto en el MUNA como en el zoológico, los agentes de seguridad están siendo cuestionados por la Fiscalía General de la República. Pueden ser llamados a declarar a la sede fiscal hasta tres veces.

SECULTURA sigue tratando el problema como uno de inseguridad y para combatirlo Silvia Elena Regalado, titular de la institución, dice que ha llegado “a la conclusión de que se necesita un apoyo de la PNC y del Ministerio de la Defensa” en el zoológico nacional.

 

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“La esclavitud no ha terminado. Sigue siempre y ahora los esclavos pobres somos nosotros”, dice un hombre con pantalón y camisa café. El resto, 13 hombres vestidos de civil con botas negras, pelo corto y mochilas, asienten.

Aquí se reúnen semanalmente los afiliados al Sindicato de Agentes Trabajadoras y Trabajadores de Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES). Están en un cuarto amplio a orilla de calle de un mesón del centro de San Salvador para asistir a la “escuela sindical”.

SEGUSAL. La empresa contratada para brindar servicio de seguridad privada a las dependencias de SECULTURA.

El secretario general del sindicato, Francisco Oviedo, afirma que SEGUSAL “es una de las empresas que no solo viola derechos laborales, sino que viola la ley del país”. Oviedo asegura que la compañía despidió a tres directivos generales del sindicato y a cinco trabajadores solo por afiliarse. Se niega a mostrar documentos que lo comprueben.

Cuestionado por lo sucedido en el MUNA, Oviedo afirma que las investigaciones deben escalar de nivel hasta llegar a los autores intelectuales del delito, no solo cuestionar a los vigilantes. “Los compañeros quizás no tendrían tanto la culpa... tal vez puede haber una complicidad. No lo estoy asegurando, pero tiene que haber alguien más arriba de ellos”, comenta.

SEGUSAL ha sido denunciada 88 veces en el Ministerio de Trabajo desde 2014 hasta marzo de este año. Los motivos van desde el supuesto despido injustificado de dos mujeres embarazadas en 2016, hasta denuncias por no pagar días libres. Ese mismo año el Ministerio de Trabajo recibió dos denuncias por despido de directivos sindicales.

Durante marzo se intentó conseguir una versión oficial de la empresa a través de los cuatro números telefónicos que aparecen en Internet, pero en ninguno contestaron. El 27 de marzo se visitó las instalaciones de SEGUSAL pero no se pudo conseguir una entrevista. Ese día se dejó una nota en la que se le solicitaba al gerente de operaciones una entrevista personal para discutir sobre el contrato que sostienen con SECULTURA y las condiciones laborales de los empleados. También se hizo la solicitud a la empresa a través de la sección de mensajes de su página web. El 28 de marzo se envió un correo electrónico a una dirección de SEGUSAL y no se obtuvo respuesta. Hasta la fecha no se concretó ninguna reunión, lo único que se consiguió fue una llamada de una mujer que se presentó como empleada de comunicaciones de la empresa que pidió por escrito vía whatsApp las preguntas que se tenían al respecto.

El hastío de algunos vigilantes fue tal que, en 2016, SATISPES “se tomó” las oficinas administrativas de la empresa. En la fachada colgaron pancartas del sindicato y otra con la premisa “No más turnos de 12 y 24 horas”. Las imágenes se pueden observar en un video casero.

Pronto se enfrentaron vigilantes contra vigilantes: los que pertenecían al sindicato y los que debían cuidar el edificio de la empresa. Los de la empresa demostraron más fuerza y expulsaron a los sindicalistas. Así terminó la “toma” que se intentó hacer de la empresa que custodia una buena parte del patrimonio cultural de El Salvador: con macanas en el aire, gritos, empujones y golpes.

 

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“¿De qué me sirve a mí, como policía, concientizar al pueblo si más arriba, en estas instituciones, no quieren colaborar?”, pregunta un hombre uniformado.

El cuestionamiento se hace en un taller contra el tráfico ilícito de bienes culturales organizado por SECULTURA en el auditorio del MUNA. A este asistieron 40 policías de fronteras y personal de Correos de El Salvador, la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Aduanas.

Marcelo El Haibe, jefe de la División Protección del Patrimonio Cultural de la INTERPOL de Argentina, estaba exponiendo cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y el punto dos era la concientización de la importancia del patrimonio para la sociedad, cuando el policía en cuestión levantó la mano y preguntó a modo de queja.

La concientización compite con el dinero. Las piezas son bien cotizadas en el mercado de coleccionistas. Si alguien quiere comprar por internet un tazón precolombino copador (propio de la zona de Honduras y El Salvador) puede pagar $1,595 a quien lo ofrece, en teoría, desde Chicago. La posibilidad del tráfico ilícito del patrimonio cultural de un país como El Salvador es una amenaza que se renueva cada día

El año pasado, un tazón que se anunciaba como precolombino fue vendido por $350 y otro similar por $420 en e-bay.com. Estas piezas, supuestamente salvadoreñas, eran ofertadas desde Roma. En 2008, 13 piezas arqueológicas fueron repatriadas a El Salvador después de haber sido ofrecidas en el mismo portal web, pero esto “fue iniciativa del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, sostiene la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR).

El experto de la INTERPOL de Argentina señala como necesidad para combatir el tráfico ilícito la creación de una policía especializada. También, construir una base de datos pública del patrimonio cultural a la que se pueda acceder para saber cuándo un artículo ha sido robado. Además, dice que es urgente organizar un comité interinstitucional como los que tienen Perú, Colombia y Argentina, en el que se articule el trabajo de PNC, Fiscalía y SECULTURA.

Fuentes de la Secretaría cuentan que desde hace un par de años se está trabajando para conseguir un decreto presidencial que les autorice la creación de ese comité, pero nada se ha concretado.

“Aunque no tengan el decreto hay que reunirse ya. Interesados hay: la fiscal, el arqueólogo, los policías... ¡juntense aunque no tengan decreto! ”, dice El Haibe. Considerando que para que haya tráfico debe haber un país que permita la salida de piezas arqueológicas y un país que las reciba, el comisionado sostiene: “La seguridad de El Salvador también es la seguridad de Argentina, de Brasil, de México, de toda Latinoamérica”.

 

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Piezas hurtadas. En total fueron nueve las piezas hurtadas del Museo Nacional de Antropología. Las piezas de gran valor histórico varían de tamaño, las hay desde 1 cm hasta 23.

“Falta de seguridad”. Esa es la razón por la que personal de Fiscalía considera que se logró hacer ese hurto sin levantar ninguna alarma al momento de cometerlo. Del hurto se sabe poco: no se sabe ni siquiera cuándo sucedió, solo que aconteció entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016.

“Son gente que saben dónde estaban, saben cómo levantar eso y saben cómo sacarlo. No es gente extraña. Es gente que está al tanto de lo que pasa ahí”, afirma una fuente fiscal con conocimiento del caso.

Los vigilantes del museo saben que ellos forman parte del grupo de personas investigadas. “Yo no sé cuánto valen esos volados”, dice uno de los que actualmente trabajan en el museo. “¿Cómo va a saber uno si vale dos coras o vale $1,000? Tiene que ser alguien que sepa”, se contesta a sí mismo.

El director del MUNA no descarta la posibilidad de que en el hurto haya participado gente de la institución en la que trabaja. “Ya la fiscalía dirá si hay líneas de investigación en el interior de SECULTURA. Es una posibilidad”, explica. En FGR consideran que “no es que esté tan fácil” determinar la autoría material e intelectual del delito. “No digo imposible, pero sí está difícil”, valora una fiscal.

Uno de los objetivos del museo es “salvaguardar, promocionar y difundir el patrimonio cultural salvadoreño”. En enero quedó comprobado que el resguardo de las piezas no fue posible y el mismo Erquicia deberá ser investigado por Fiscalía al ser una de las personas que tenía acceso total a las salas de las cuales desaparecieron las piezas.

 

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La seguridad en lo relativo a SECULTURA y al patrimonio cultural es algo que va más allá de SEGUSAL. En 2011 dos vigilantes de otra empresa de seguridad se pusieron de acuerdo para permitir que ladrones entraran de madrugada al zoológico y se robaran cinco guacamayas en un costal y en una mochila. En 2013 la colectora del parque arqueológico Tazumal fue acusada por apropiarse del dinero de 82 tickets de entradas al parque arqueológico, es decir $322.

Lo que devela el hurto de diciembre es que, si es posible hurtar dentro del Museo Nacional de Antropología, saquear piezas de sitios arqueológicos que no están siendo intervenidos es más fácil.

Un parque y un sitio arqueológico se diferencian en que el primero tiene estructura mínima para recibir visitantes, como Tazumal o San Andrés. Pero en el país hay cientos y cientos de sitios arqueológicos donde solo es cuestión de escarbar y encontrar lo que ha permanecido debajo de la tierra. Así es posible que saqueadores encuentren piezas similares a las robadas en el museo y las vendan a coleccionistas.

Oficialmente se conoce que hay alrededor de 1,000 sitios arqueológicos. Paul Amaroli, arqueólogo de FUNDAR sostiene: “Se desconoce el número total de sitios en El Salvador, pero seguramente es muy superior. Y aún limitándonos a los sitios conocidos, una elevada cantidad está deficientemente registrada”.

Amaroli pone de ejemplo el caso del parque arqueológico de San Andrés. Sostiene que durante la década de los ochenta el parque se delimitó a 52 manzanas cuando su delimitación tendría que haber sido de 150. Opina que, por haber dejado fuera esas casi 100 manzanas, el sitio “ha sido fuertemente saqueado”.

 

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Cinco días después de la capacitación con el comisionado argentino de INTERPOL, una de las fiscales que asistió comenta desde su oficina que “la Fiscalía hace un esfuerzo sobrehumano con el poco presupuesto que tiene”. Ella trabaja en la Unidad de Intereses del Estado que, entre otras cosas, es la encargada de recuperar deudas estatales, proteger bienes jurídicos y darle seguimiento a investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural.

En esta unidad se evidencia la descoordinación de las instituciones que deberían articularse para proteger el patrimonio cultural del país. La fiscal pone un ejemplo: “Tuvimos un caso en que detuvieron unas piezas en Aduanas e informaron a Cultura para que llegara a hacer el peritaje, pero a la FGR le informaron hasta un mes después”.

Y aunque en El Salvador sí es posible establecer que hay saqueos en sitios arqueológicos y hurtos como el del MUNA, la fiscal afirma que no hay “denuncias suficientes para decir ‘sí, hay una red de tráfico’, porque hay nueve denuncias desde el 1.º de enero de 2016”. Se pregunta: “¿Es porque no hay? No creo, porque todos los días saquean los centros históricos”.

La historia del país es saqueada, destruida o desaparecida y el Estado no ha probado ser capaz de evitar que esto suceda. En marzo de 2015, una cabeza de jaguar con un peso de 5 quintales y 2,300 años de antigüedad fue robada de una finca en Santa Ana. Hasta la fecha no se sabe nada de su recuperación.

En la capacitación contra tráfico ilícito de bienes culturales organizada por SECULTURA. La Fiscalía entregó a los agentes de fronteras una foto de la cabeza de jaguar robada y para algunos, fue la primera vez que veían la foto. “Todo mundo se quedaba viéndola y viéndola porque (en la PNC) no tienen esa cultura de informar. El punto es que si usted nunca ha visto una, ¿cómo va a saber si eso es o no es?” cuestiona la fiscal.

Para ella, el Estado no ha demostrado estar preparado para evitar que el patrimonio cultural sea saqueado y tampoco su sistema judicial está dispuesto a defenderlo. Como prueba, relata lo sucedido en el sitio arqueológico El Cambio, un importante asentamiento del periodo de 600 y 900 d. C, que fue destruido por una lotificadora. A raíz de ello se inició un proceso judicial por daños agravados pero la lotificadora fue absuelta de cargos en 2012.

Por eso la fiscal no es optimista al hablar de la recuperación del patrimonio cultural salvadoreño. Se ha probado que ni siquiera las empresas privadas, como SEGUSAL, que están contratadas para tal motivo, logran detener el hurto. La policía tampoco ha sido capacitada constantemente, y como asegura la fiscal, “hasta a los jueces les cuesta entender que no solo los homicidios son importantes, sino que esto también lo es”.

 


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