El viernes 13 de diciembre de 2013, el presidente Evo Morales llegó a Río de Janeiro, Brasil, para defender la postulación de la ciudad de Cochabamba como sede de los Juegos Suramericanos 2018. Venezuela, que también aspiraba esta designación, se retiró y Perú hizo lo mismo unas horas antes de presentar su proyecto a la Comisión Evaluadora.
“Estoy seguro de que vamos a ganar la sede porque tenemos casi todas las infraestructuras, y si falta algo vamos a construirlas”, dijo. Su pedido fue escuchado.
El Comité Olímpico Brasileño (COB) emitió un comunicado donde Morales agradecía a la autoridad deportiva suramericana y “también a los dirigentes de Perú y al pueblo peruano que entendieron la importancia que los juegos se disputen en Bolivia”.
En 2018, los Juegos Suramericanos volverían a su cuna, donde se llevó a cabo la primera edición en 1978.
El presidente de la Organización de los Juegos Suramericanos (Odesur) y del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, quien estuvo detenido el año pasado por presuntas irregularidades para elegir a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos 2016, elogió el gesto del mandatario boliviano.
“La venida del presidente Evo Morales a Río de Janeiro demuestra ese compromiso y ratifica la importancia creciente de los Juegos para América del Sur, que cada día gana más importancia en el escenario mundial”.
A partir de ese momento, la realidad se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos para la administración del presidente Evo Morales, quien siempre ha ondeado la bandera deportiva como una apuesta personal. En esta oportunidad apoyado por su hombre de confianza y uno de los principales promotores de los juegos para Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, en ese entonces.
Hoy, a solo 110 días de que se realice este evento, el esfuerzo por consolidar la sede en Cochabamba, está a punto de ser evaluado. Pero arrastra una nube gris encima, por el hermetismo, los cambios administrativos, despidos y denuncias de posible corrupción. Además, por el avance a contrarreloj de algunas obras.

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LA LENTA MARCHA
En noviembre de 2014, casi un año después del anuncio oficial internacional, mediante la aprobación del Decreto Supremo 2,158, el Gobierno creó el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Codesur), que tiene a su cargo la realización de “Cocha 2018”, del 26 de mayo al 8 de junio, donde participarán 4,500 atletas de 46 disciplinas y unos 12,000 espectadores.
También se dio la creación del Consejo Nacional de Coordinación, presidido por el presidente Morales y conformado por el ministro de Deportes, un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo, uno del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el director de Codesur.
Este último fue el cargo más inestable. Cuatro directores asumieron el mando durante los cuatro años. Las inesperadas renuncias de los tres primeros funcionarios por “razones personales y de salud” pusieron en la lupa a la organización.
Juan Manuel Chevarría, actual director de Codesur, dijo sobre los cambios: “No es lo mejor ni lo recomendable porque afecta”, pero ahora ya “hemos llegado a una estabilidad y tenemos la confianza que nosotros vamos a llegar al final hasta concluir los juegos”.
Tanto Jorge Ledezma como José Luis Zelada y Marcelo Ortubé gozaron de la confianza del presidente Evo Morales para tan importante cargo, y aunque estos alejamientos ocurrieron sin cuestionamientos, aumentaban las dudas sobre cómo estaba marchando la organización.
En septiembre de 2016, con Zelada como responsable, salió a la luz una carta que Carlos Nuzman, envió al presidente Morales evidenciando su “preocupación” por el retraso de algunas infraestructuras.
“No es la primera vez. Cuando la Odesur comunica la visita de las comisiones hace conocer su preocupación por el retraso en las obras. Siempre vienen este tipo de mensajes en tono de amenaza, para colocar en alerta al país. Creo que deberían alertar después de conocer el avance de los trabajos en la organización”, fue la respuesta de Zelada a la misiva.
A pesar de este firme compromiso, posteriormente dio un paso al costado y expuso que lo hacía por razones personales.
Sin embargo, la renuncia que más sorprendió fue la salida de Ortubé, quien solo estuvo dos meses al frente entre febrero y marzo de 2017. La salida se produjo un día antes de la llegada de la comitiva de Odesur encabezada por Fabio Ramírez y Mario Cilenti, para una nueva inspección.
“A partir de mi salida de Codesur, me he dedicado exclusivamente al tema de mi salud, internamente no sé si ha habido o no cambios, pero creo que la voluntad de todos quienes conforman Codesur sea quien sea es que se puedan organizar de la mejor manera estos juegos. El ministro Tito Montaño es quien tiene más empeño, él siempre nos ha alentado a todos quienes hemos trabajado a alcanzar nuestros objetivos”, dijo el exdirector.
Los espacios de tiempo sin responsable de la dirección de Codesur obligaron a Montaño, a asumir interinamente el ente hasta encontrar al sucesor.
“Más allá de las personas, yo estoy al frente y estaré independientemente de la designación del director”, afirmó en ese momento.
La figura del ministro fue clave para articular los cambios y sostener la organización.
Con la llegada de Chevarría (desde el 24 de agosto a la fecha), un hombre muy ligado a la actividad pública dentro del Gobierno, se le asignó la inmediata tarea de definir estrategias para cumplir con el cronograma. El proceso entró en la recta final bajo su dirección.

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CAMBIO DEL PERSONAL
Durante 2017, tras hacerse pública la renuncia de Marcelo Ortubé, salieron algunos miembros del área de Comunicación de la institución, sin dar detalles oficiales del cambio.
Con Juan Manuel Chevarría también ingresó nuevo personal. Algunos de ellos expresaron que tuvieron que recomenzar el trabajo de la organización. Es decir, que cada cambio era sinónimo de reinicio más que de continuidad.
A finales de 2017, Odesur recomendó no realizar más cambios para hacer frente a la fase final de la organización de los juegos.
“Mi mayor preocupación es el constante cambio de personal en el comité organizador. Nuestra recomendación y pedido es que esta gente se quede hasta los juegos y a partir de enero se incorpore mayor personal en las diferentes comisiones”, fueron las palabras del presidente de Odesur, Camilo Pérez.
En la gestión, los trabajadores recibieron constante capacitación e incluso algunos viajaron a Colombia para observar la organización durante los Juegos Bolivarianos.
Sin embargo, Codesur no acató la petición del presidente de Odesur y comenzó el año cambiando el 60 % de su personal. Montaño, justificó la acción y argumentó que la gente no estaba comprometida con las actividades de la institución.
A mediados de enero, el director ejecutivo de Odesur, Mario Cilenti, señaló que habían sido informados solo de dos retiros y que esto no afectaría a la organización de los juegos.
“Tengo entendido que dos personas han sido removidos, el resto han sido recontratados”, afirmó.
Sin embargo, se conoce que personal de marketing, transporte y comunicación salió.

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DENUNCIAN PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En junio de 2017, el diputado de oposición Luis Felipe Dorado dio a conocer una denuncia contra el ministro de Deportes, Tito Montaño, sobre el presunto uso indebido de influencias a favor de la empresa Podco SRL., que en 2014 y 2015 habría realizado las refacciones de la sede del Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 2018.
Según la documentación presentada y enviada a Los Tiempos, Jaime Orellana Jiménez y Marzio Orellana Montaño, serían cuñado y sobrino de la autoridad. Un acta notariada de 2012 indica que ambos son socios accionistas de Podco SRL. que brinda servicios de ingeniería y construcción.
Para respaldar el parentesco, Dorado consiguió los certificados de nacimiento de cada uno, incluyendo el de la hermana del ministro.
Esta empresa facturó para el Ministerio de Deportes en dos oportunidades.

De acuerdo con la verificación en el sitio de Impuesto Nacionales se evidenció que “los datos corresponden a una factura previamente dosificada por el Servicio de Impuestos Nacionales”.
También se realizó una verificación en la página de contrataciones estatales SICOES donde se muestra que esta empresa prestó servicios de refacción con el mismo monto que figura en la factura.
Según la factura, Podco SRL. tiene sus oficinas en la calle José Quintín n.º 1,365 entre Obispo Anaya y Juan de la Rosa, en la zona de Cala Cala, Cochabamba. Actualmente en funcionamiento.
El ministro Tito Montaño asumió el cargo en enero de 2014.

“Aún estoy a la espera de los informes solicitados para ver si procede una denuncia penal o administrativa”, dijo el legislador.
Montaño aseguró que respondería ante las instancias correspondientes.
“No tiene nada que ver la oposición con la corrupción, la corrupción debe ser esclarecida, nosotros seguimos investigando y vamos a seguir avanzando hasta tener todas las pruebas conjuntas y que se aclare esta situación”, añadió Luis Felipe Dorado.

Hace referencia a que se perdió mucho tiempo por los problemas con los grupos ecologistas que no permitieron iniciar la construcción del patinódromo, en la zona de la laguna Coña Coña, sector donde también debía construirse el complejo de pelota vasca. “Esta situación generó que se deba buscar otros predios y modificar el proyecto inicial, que supondría una duración de ocho meses, aproximadamente; tiempo que excede el plazo de entrega del escenario para los Juegos Suramericanos”, señala la misiva.

 

VÍA LIBRE PARA CONTRATOS DIRECTOS
Tener la meta clara no es garantía de llegar a tiempo.
Con el reloj en cuenta regresiva y los cambios administrativos imprevistos, apremiaba el tiempo y la presión de Odesur, por cumplir todos los plazos. Es así que el Gobierno pisa el acelerador y opta por las adjudicaciones vía directa, a algo más de un año de la realización del evento.
El 14 de febrero de 2017 emitió el Decreto Supremo 3,097 que declaró prioridad nacional a los XI Juegos Suramericanos 2018 y las contrataciones bajo esta modalidad.
“Se autoriza de manera excepcional y por única vez, efectuar la contratación directa de obras de infraestructura deportiva; así como los servicios de supervisión y fiscalización, para la realización de los XI Juegos Suramericanos 2018, al Ministerio de Deportes, al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y a los Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba, Tolata y Colomi…”, indica el Artículo 3 en su primera parte.
Esta decisión tenía no solo el objetivo de agilizar las contrataciones, sino de “comprometer el apoyo total de todas las instituciones del Estado y de toda la sociedad, para que se pueda trabajar de manera conjunta y lograr los mejores Juegos Suramericanos”, aseguró el ministro de Deportes.
En pasados días, fue difundido el “Informe País” que advierte la abundante normativa aprobada a lo largo de los 12 años en el gobierno del presidente Evo Morales, que posibilitó a las empresas estratégicas y ministerios, la contratación por invitación directa de bienes y servicios dando lugar a hechos de corrupción.
Este documento fue respaldado por casi una treintena de colectivos ciudadanos y plataformas de la sociedad civil.
Observan que el Gobierno ha creado una abundante y pesada normativa de contrataciones estatales, como el Decreto Supremo 181 de junio 2009, que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, definiendo diferentes modalidades de contratación, la mayoría de ellas “peligrosamente discrecionales”.
Aunque el Decreto Supremo 3,097 respalda por excepción a los Juegos Suramericanos considerados “prioridad nacional”, hay quienes consideran que esto no favorece a la transparencia de obras con eventos de tal magnitud e inversiones millonarias.
“Todas las compras directas se prestan a tener siempre oscuridades en su planteamiento, se presentan más como una caja negra que como una caja de cristal, lo que induce a la corrupción”, asegura el economista Alberto Bonadona.
También explicó que un compromiso internacional de esta naturaleza ha sido asumido con tiempo suficiente como para que se puedan realizar las obras, por lo que cualquier argumento resulta un pretexto para lograr el uso libre de recursos que no son prioritarios para el desarrollo nacional.
“Habría que preguntarse si las obras que se van a realizar son con resultados que van más allá de los juegos, como ha sucedido en tantas partes (…), todos los que se han hecho siempre tienen una capacidad ociosa”.
En el caso de Cercado, se presentó un presupuesto de 270 millones de bolivianos, $39 millones, aproximadamente, para encarar la responsabilidad de los escenarios. De este monto, más de la mitad viene de un crédito bancario.
Aun así, se quedaron sin fondos y desistieron hacerse cargo de la construcción del escenario pelota vasca, y se delegó el trabajo al municipio de Sacaba, ya que en este lugar se construía canchas para este deporte.
Las contrataciones directas y la falta de información fluida y oportuna en los procesos han dejado muchas dudas sobre las adjudicaciones.

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TRABAS
La obra más compleja y en la que mayor énfasis hacía la organización internacional es la Villa Suramericana, en el sur de la ciudad, zona Tamborada, donde se alza un complejo habitacional con 14 edificios y un total de 672 apartamentos para albergar a los deportistas.
El 15 de septiembre de 2016, el presidente Evo Morales firmó el contrato con siete empresas: Covas SRL, Serrano, Estrutec SRL, Sociedad CyC, Bolco SRL, Coboce Eccsa y Titanium SRL.
“Tengo un compromiso con los dirigentes de Odesur, quienes expresaron su preocupación especialmente por la infraestructura. Yo les dije que no se preocupen porque Bolivia cumple, Evo cumple, y dije confiado en las empresas”, advirtió.
De acuerdo con el proyecto, las obras tendrían que estar concluidas en 15 meses, es decir hasta diciembre de 2017, pero este plazo no se cumplió.

En esta misma área se construyen un estadio de fútbol con una pista atlética, un hotel para 500 personas, un polideportivo para disciplinas como baloncesto, fútbol sala, vóleibol y gimnasia, además de un velódromo.
Un recorrido por esta zona, ubicada en el Distrito 9, Tamborada, muestra que existe un avance considerable en el polideportivo y el hotel, pero aún no es tan óptimo el desarrollo del velódromo.
De acuerdo con la normativa de Odesur, todas las infraestructuras tuvieron que estar listas 90 días antes de los juegos, es decir, el 8 de febrero. Tres días antes de que esta fecha se cumpliera, no era el caso. Debido a la demora en algunas adjudicaciones, ya sea por el tema económico, burocrático o conflictos con los terrenos, varias obras no tienen el avance ideal en los plazos establecidos.
Aunque la organización internacional aseguró que puede existir flexibilidad, hay preocupación.
La relación de corresponsabilidad entre Codesur, la gobernación y las alcaldías, incidió también en una serie de atrasos que incluso llevó al presidente Evo Morales a decir que se piense en un plan B para las infraestructuras y desestimó un cambio de fecha para el inicio del evento deportivo.
En septiembre de 2017, se hizo pública la reprogramación para el 26 de mayo al 8 de junio de este año. Los Juegos Suramericanos estaban previstos del 8 al 20 de mayo.

Los recursos para financiar los gastos que generan la organización de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 tienen diferentes fuentes. Una de las principales es el Estado, que a través del Ministerio de Deportes canaliza la inversión para construcción como de la segunda fase de la Villa Suramericana. El Ministerio de Economía y Finanzas es la instancia que financiará gran parte.

En una reciente inspección de los delegados, en enero de este año, los escenarios observados son el velódromo, la cancha de hockey, el patinódromo, squash y BMX, cuyo avance está al filo con los cronogramas.
La nueva fecha de entrega de obras apunta a mediados de febrero o inicios de marzo, según anunciaron las autoridades.
Otra de las razones para la postergación fue las licencias ambientales.
El patinódromo en la zona de Coña Coña, al oeste de la ciudad, fue la obra que más conflicto ocasionó y hoy presenta un importante atraso porque desde el inicio tuvo la resistencia de activistas quienes se opusieron a este escenario por “vulnerar los derechos ambientales”.
Luego de varias protestas y la presentación de una acción popular que rechazaba la construcción de este escenario deportivo, el juez asignado al caso denegó el recurso por falta de información técnica y científica que demuestre el daño ambiental que ocasionará la obra para los juegos y dio vía libre a la construcción.
Al día siguiente del fallo la alcaldía desplazó personal para iniciar la obra. El choque con algunos vecinos fue inevitable, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio, Velka Krellac, dejó clara la posición: “Nadie pasa, esta obra es para recibir atletas internacionales y se hace”.
La Ordenanza Municipal 3701/07 prohíbe la autorización de nuevas concesiones de uso de suelo en áreas verdes. Esta normativa fue promulgada con el fin de evitar nuevas construcciones en espacios protegidos.
Sin embargo, la alcaldía defendió que el terreno cubierto abarcaría 0.62 % del área de la laguna. El proyecto contempla una pista de hockey, otra de velocidad y de ruta. Además de otros anexos como las graderías, comedor, cuatro ambientes para venta de alimentos, depósitos y un estacionamiento vehicular, entre otros.
En Cochabamba el tema ambiental tiene una connotación importante debido a que la población es afectada cada vez más por la contaminación atmosférica, el deterioro del hábitat natural y la escasez de agua.
Por eso la oposición de ambientalistas y vecinos, aunque la alcaldía también consiguió respaldo de otros pobladores de la zona y aficionados al patinaje.
La ficha ambiental que la gobernación otorgó al municipio para emitir la licencia contempla que el patinódromo se construirá en 7,756 metros cuadrados: la pista de hockey, en 2,019 m²; la pista de ruta, 1.4 m²; la planta baja, 856 m², y la circulación, 2.2 m². “La construcción del patinódromo municipal no genera impactos negativos sobre un área de equipamiento”, señala la ficha, que también hace referencia a las medidas de mitigación o reposición forestal.
Después de la polémica, la alcaldía anunció que la zona será revitalizada, recuperará el cuerpo de agua y la conservación de áreas verdes a su alrededor. Para este efecto designó 22 millones de bolivianos ($3 millones) que deberán ser ejecutados en dos años.

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SIN FONDOS: MÁS ESCENARIOS CON PROBLEMAS
A pesar de que en 2013 el presidente dijo que había escenarios, la planificación de una competencia internacional de este nivel exigía muchísimo más. Algunos de los retos les fueron trasladados a las municipalidades.
El 17 de mayo de 2017, la Alcaldía de Cercado anunció que invertiría 270 millones de bolivianos ($39 millones) en los escenarios que le fueron asignados. De esta cifra, 70 millones ($10 millones) estarían destinados para mejorar los lugares cercanos a los campos deportivos.
En esa ocasión se presentaron solo cuatro maquetas de las infraestructuras: complejo acuático, patinódromo, pabellón de gimnasia y el estadio de atletismo. Sin embargo, también se anunció que se tenía a cargo los escenarios de BMX, squash y pelota vasca.
De los 270 millones de bolivianos que invierte el municipio, 154 ($22 millones) corresponden a préstamos que está adquiriendo la Alcaldía de Cercado.
El 1.º de septiembre de 2017, el coordinador general del Programa Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 de la Alcaldía de Cercado, Sergio López, envió una carta al director de Codesur explicando las razones para renunciar a la ejecución del escenario para pelota vasca.
En principio, hace referencia a que se perdió mucho tiempo por los problemas con los grupos ecologistas que no permitieron iniciar la construcción del patinódromo, en la zona de la laguna Coña Coña, sector donde también debía construirse el complejo de la pelota vasca.
“Esta situación generó que se deba buscar otros predios y modificar el proyecto inicial, que supondría una duración de ocho meses, aproximadamente; tiempo que excede el plazo de entrega del escenario para los Juegos Suramericanos”, señala la misiva.
Sin embargo, el tiempo no fue el único factor para esta decisión. En la carta también explicaron que hacer de nuevo el proyecto elevaría los costos, presupuesto que ya no tendría el municipio.
“Realizar estas acciones eleva demasiado el costo del proyecto que el municipio de Cochabamba no puede cubrir, puesto que aún se deben realizar inversiones importantes en torno al equipamiento y mobiliario de los escenarios deportivos construidos; debido a que, hasta el momento, no hubo una información concreta del Codesur acerca de este tema”, dice la misiva.
Tras una serie de análisis e inspecciones se decidió trasladar el escenario al municipio de Sacaba, ya que tenían en construcción canchas para este deporte en Pacata.
La primera fase, dos canchas y otros ambientes como baños y duchas, estaban casi concluidas en septiembre de 2017, cuando se tomó la decisión.
Estos espacios fueron pensados para torneos locales y se tuvo que asumir las adecuaciones con miras a los encuentros internacionales.
Sin embargo, el municipio tenía planeado, inicialmente, realizar la inversión de la segunda etapa (graderías, sala de prensa etc.) para 2019, incluso se conoció que las partidas presupuestarias ya se habían reformulado para este efecto.
Por el momento, no se tiene certeza de cómo se va a encarar la competencia de pelota vasca, ya que desde la Alcaldía de Sacaba se responsabilizó al Ministerio de Deportes, pero esto fue rechazado desde Codesur.
La subsede Villa Tunari
A 91 kilómetros al noreste de la ciudad de Cochabamba, se encuentra la localidad de Villa Tunari en la provincia Chapare, que se caracteriza por un clima caluroso y húmedo, además de ser el lugar donde se conformó la Federación del Trópico de Cochabamba, sede de las federaciones de cocaleros.
En este lugar, se levanta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Federico Román. Es un sector con dos edificios para hospedaje de los deportistas, un coliseo de tenis techado, canchas para beach vóley, una pista de atletismo, un polideportivo, un pabellón para gimnasio y un sector de viviendas para jueces, así como infraestructuras dedicada al área médica.
En este gigantesco lugar se llevarán a cabo las competencias de tenis, una de las cuatro confirmadas en la localidad.
Todos estos edificios se encuentran junto al estadio municipal de fútbol de Villa Tunari, que tiene una capacidad para 25 mil espectadores; que por el momento, tiene un aproximado de 60 % de avance.
En este lugar se tenía previsto jugar tiro con arco, pero el Ministro de Deporte confirmó que se jugará fútbol femenino. Mientras que tiro con arco podría utilizar el complejo de la laguna Alalay, del club Aurora, o el estadio de Villa Pagador.
Villa Tunari también cuenta con una piscina olímpica, que será el escenario para polo acuático. Y es sede del Campeonato Nacional de Fuerza Libre, clasificatorio para los Juegos 2018 y evento test para el Codesur.
En este caluroso lugar, está el coliseo de fútbol de salón de la zona de Paractito, que fue modificado para cumplir con las exigencias del evento internacional.
El presidente Evo Morales estuvo presente en varias de las inspecciones en este lugar acompañado de la comitiva de Odesur.
Ejercicio propio de transparencia
Esta versión de los juegos contempla un total de 39 escenarios deportivos: 19 nuevas infraestructuras, es decir construcciones desde cero, incluyendo la gestión de terrenos; y 20 refacciones, espacios ya existentes donde se pueden hacer algunas adecuaciones para albergar las disciplinas con sus respectivas exigencias de control internacional.
Los datos de cada una de ellas no fueron de fácil acceso o difundidos de manera abierta en la página de la organización, de los ministerios responsables o los municipios donde se ejecutan.

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¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?
Aún no se cuenta con información precisa sobre cuánto le costará al país organizar el evento deportivo; pero de acuerdo con datos aproximados, el presupuesto será alrededor de 1.5 mil millones de bolivianos, que serán invertidos en infraestructura, la organización como tal, el equipamiento de los escenarios, la preparación del equipo Bolivia y su participación en los juegos 2018.
Aunque es cierto que el Comité Organizador de los Juegos (Codesur) posee datos más precisos, estos siempre fueron negados a la prensa.
Los recursos para financiar los gastos que generan la organización de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 tienen diferentes fuentes.
Una de las principales es el Estado, que a través del Ministerio de Deportes canaliza la inversión para construcción como de la segunda fase de la Villa Suramericana. El Ministerio de Economía y Finanzas es la instancia que financiará gran parte de los 66 millones de bolivianos que invertirá la Gobernación en la adecuación y refacción del estadio Félix Capriles y los coliseos de la Coronilla y la Costanera.
En el caso de los municipios, como el de Cercado, además de los recursos de sus Plan Operativo Anual (POA), recurrieron a préstamos bancarios para financiar algunas de las obras más grandes, es el caso del complejo acuático.
Pero también en muchos de los proyectos, sobre todo en el trópico cochabambino, la inversión tiene como contraparte la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Las inversiones más fuertes vienen del Estado como para la Villa Suramericana que demanda un costo de más de $50 millones.
La segunda inversión grande es de 216.329.648 ($31 millones) de bolivianos que es el presupuesto general del CAR Federico Román, que se construye en Villa Tunari. No solo tiene el hotel para albergar a los atletas, sino también una cancha de tenis techada, además de canchas auxiliares, de vóley de playa, un estadio de atletismo, un polideportivo.
A esta inversión en Villa Tunari se debe sumar los 91,949,262 de bolivianos ($13 millones) que costará el estadio de fútbol con capacidad para 25,000 personas; además de los Bs 44,595,604.8 ($6.3 millones) de la piscina olímpica y los montos por la construcción y adecuación de los coliseos para el fútbol de salón.

“Dicen que es grande esa piscina. No he podido entrar, solo de afuera… quisiera nadar ahí”, manifiesta un pequeño de unos 10 años de edad que merodeaba por la zona del parque Mariscal donde se levanta el complejo acuático, una de las obras más modernas que dejará estos Juegos.

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Y LUEGO DE LOS JUEGOS, ¿QUÉ?
Mientras van avanzando las impresionantes obras, crece la curiosidad e interés de los vecinos de las zonas donde se construyen, pero no todos entienden la finalidad, si podrán beneficiarse directamente o cuánto tendrán que pagar por eso.
“Dicen que es grande esa piscina. No he podido entrar, solo de afuera… quisiera nadar ahí”, manifiesta un pequeño de unos 10 años de edad que merodeaba por la zona del parque Mariscal donde se levanta el complejo acuático, una de las obras más modernas que dejará estos juegos.
“La mayoría son adecuaciones y refacciones, remodelaciones, el camino es buscar algún tipo de mecanismo que permita que se pueda seguir usando. Escuelas deportivas es muy importante porque ya se tiene la infraestructura y esas mismas generan recursos para que se hagan mantenimiento de las obras”, asegura con optimismo Chevarría.
Sin embargo, el futuro no es del todo claro y lo que sí se avizora es un complejo proceso en la para la administración.
En este sentido, la alcaldía ya anticipó la posibilidad de entregar los campos en concesión a empresas, organizaciones o instituciones para evitar que conviertan en “elefantes blancos”, como algunas obras en Brasil, luego de los últimos juegos olímpicos.
Al respecto, el concejal opositor Sergio Rodríguez expresó su rechazo bajo la justificación de que los campos deportivos fueron realizados con recursos del municipio que se pagarán con créditos, por lo que sugirió que los privados interesados en administrarlos inviertan en sus emprendimientos.
En el caso de la Villa Suramericana, una de las obras más imponentes de los juegos, el Gobierno anunció que los bloques tipo departamento se convertirán en viviendas sociales para personas de escasos recursos; mientras que los de tipo hotel se quedarán como un legado para los atletas porque serán utilizados como hospedaje.
Considerando las características de estos departamentos, algunos ven que la alternativa no sería del todo funcional porque el mantenimiento de cada departamento es elevado.
La Agencia Estatal de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se haría responsable de este proceso, pero aún se desconoce a qué grupos beneficiaría o cuáles serán los criterios de selección.
La Tamborada fue una zona agrícola y las viviendas alrededor mantienen características habitacionales rurales por lo que el contraste con los impresionantes bloques de colores lleva a pensar en una nueva dimensión urbanística y de convivencia en un futuro no muy lejano.
Cochabamba vivirá 14 días de intensa competencia, después de recorrer un pedregoso camino que obligó a forzar muchas salidas para llegar a este momento; pero el 8 de junio, cuando la adrenalina baje, la ovación se calle y la antorcha se apague, inevitablemente, los cuestionamientos sobre las obras y los préstamos adquiridos vendrán.

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Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.