Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

La Corte Suprema y la Fiscalía están en peligro

Todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta.

Estamos claros ya de que el nuevo ascenso de la derecha política a la cumbre del poder Legislativo no implicará cambio alguno en la forma en que se hacen las cosas en la Asamblea. Los chanchullos, los pactos espurios, el control desbocado por el poder y las prebendas continuarán igual que en gestiones anteriores de areneros, efemelenistas, pecenistas, ganeros o pedecistas.
El primer acto de la nueva Legislatura habla muy bien de lo anterior: al menos cuatro de los miembros de la recién estrenada junta directiva, de los más poderosos, han sido señalados o investigados por faltas y delitos que van del acoso sexual al intento de homicidio, pasando por el encubrimiento. ¿Qué se puede esperar en un escenario así? Nada bueno.
Más grave que la conformación de la junta directiva es el mensaje que el partido ARENA envía a los votantes con claridad suficiente: lo más importante es el poder, afianzarlo, detentarlo y administrarlo, a cualquier costo. Lo demás son migajas en el concepto que de la política han tenido en El Salvador la mayoría de sus élites, ese según el cual la función pública no implica servicio al soberano, sino solo un botín al que es de idiotas no echar mano.
Y es grave entender que esa concepción de la política, que implica reparto de cuotas y empoderamiento de amigos afines sin importar sus credenciales, es la que privará cuando la legislatura 2018-2021 escoja, este año, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la república. Como siempre, el requisito más importante que los candidatos deberán cumplir será su capacidad de genuflexión, nunca el de hacer bien las cosas o el de hacer cumplir la ley sin importar las consecuencias políticas.
En El Salvador, a pesar de todo, hay ya herramientas legales que han permitido la creación de algunos filtros para estas elecciones de segundo grado. No es que estos filtros, como la elección del gremio de abogados de candidatos a la CSJ, sean una garantía real, pero deberían de ser al menos un comienzo. De esas listas podrían ya identificarse relaciones políticas, nexos con grupos de poder, actuación profesional y pensamiento jurídico sobre temas de interés general, por ejemplo. Se puede, al menos, mapear candidatos.
Al final, sin embargo, todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta, porque no es poco lo que se juega en este país: de una Corte que, con todos sus bemoles, fue bastante independiente, podemos pasar a una que sea cómplice abierta de la corrupción, como la que presidió Agustín García Calderón bajo el amparo de la dupla ARENA-PCN, que hoy regresa al Legislativo.
Está también el tema del fiscal. He escuchado sobre la posible reelección de Douglas Meléndez, y he escrito ya bastante al respecto; pero también he escuchado que un grupo de exfiscales cercanos a los poderes más oscuros de ARENA maniobra para empoderarse en el principal despacho del ministerio público.
Hay poderes nuevos –que son los mismos rostros con máscaras medio acicaladas para la ocasión– en la Asamblea. Dice ARENA, el mayor de esos poderes, que su lema es primero El Salvador. El país, no la fracción, no el candidato presidencial. El país que requiere una Corte Suprema y un fiscal general decentes.


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