Opinión desde acá

por Marlon Hernández-Anzora, Sin correcciones políticas

 

Marlon Hernández-Anzora
Politólogo

Hoy por ti

En la calle, una nueva generación de salvadoreños se enfrenta diariamente con autoridades policiales que proceden así, usando caprichosamente su poder.

La actual Ley de Partidos Políticos establece como requisitos para que un partido continúe con vida alcanzar 50,000 votos en la última elección legislativa u obtener un diputado. Bajo esos supuestos, Cambio Democrático debió desaparecer en 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral lo mantuvo vivo al inaplicar la norma que mandataba cancelarlo por considerarla inconstitucional.

Luego, la Sala de lo Constitucional –pudiendo haber fallado al respecto con la debida celeridad– aguardó hasta que pasaran las elecciones de 2018, en las que el CD obtuvo un diputado. Una vez alcanzada una diputación, cumplió con el requisito legal para mantenerse en el sistema, pues no fue su responsabilidad que tanto el TSE como la sala, en su debido momento, no hayan tomado decisiones para cancelarlo.

En su tardía sentencia de inconstitucionalidad, la sala deslizó argumentos para que el TSE considerara en su decisión la diputación lograda por el CD: “Es del conocimiento público que, actualmente, el partido político CD cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, situación sobre la cual esta sala considera que será el TSE el que adopte las decisiones pertinentes” (Inc. 64-2015, p. 22).

En sintonía con esto, el voto disidente del magistrado Cardoza dejó luces de lo que debió ser una decisión más sensatamente apegada a derecho por parte del TSE: “Es insoslayable que el partido Cambio Democrático participó en las elecciones legislativas de 2018, y eso debido al retardo en el pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional (…) lo cual genera una nueva oportunidad de participación política, de sometimiento al escrutinio público (…) lo que no puede ser eludido en el pronunciamiento que se realice” (CPP-01-2015, p. 29).

Dadas estas circunstancias, decisiones e indecisiones institucionales implicadas, lo legal era que el CD siguiera con vida. Pero nuevamente pudieron más las conveniencias circunstanciales que la legalidad. Más allá de mis reticencias con personajes cuestionables en el interior de dicho partido, los cuales deben enfrentar individualmente sus responsabilidades, creo que en un Estado derecho no deben primar los sentires o gustos personales, sino lo legal y legítimo. Porque el Estado de derecho y la democracia, cuando se aplican por antojo o por conveniencia, dejan de serlo.

En el interior del CD en 2011, con el objetivo de no permitirnos ser candidatos a diputados a los entonces jóvenes socialdemócratas, se nos aplicó una receta similar a la que hoy le aplican a él el TSE y la Sala de lo Constitucional. Eso provocó que renunciáramos al partido, porque no, no estuvo bien aquello que nos hicieron, así como tampoco es correcto lo que hoy les hacen.

El poder antojadizo, aplicado según el paladar de quienes lo saborean momentáneamente, debe limitarse a la institucionalidad democrática o nos pareceremos cada vez más a nuestro pasado autoritario. En la calle, una nueva generación de salvadoreños se enfrenta diariamente con autoridades policiales que proceden así, usando caprichosamente su poder, amparándose en discursos políticos que los avalan, alientan o se hacen el ojo pacho.

Así que esta reflexión supera la actual controversia por la cancelación del CD para trascender sobre el ejercicio del poder. Es sobre nuestra idiosincrasia de usar el poder discrecional, opaca y autoritariamente. Es porque ayer fui yo, hoy son ellos y mañana podés ser vos la víctima de esas prácticas.

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  • 5 agosto, 2018 / Opinión desde acá de Marlon Hernández-Anzora  (SÉPTIMO SENTIDO)

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