Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

Grupos de exterminio y la hipocresía selectiva

Los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar.

El periodista Bryan Avelar y el antropólogo Juan José Martínez publicaron esta semana en Revista Factum un extenso reportaje sobre escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil cuyos miembros, uniformados, con armas de equipo y utilizando recursos del Estado, se han embarcado en crímenes que van desde los homicidios agravados hasta la extorsión y la agresión sexual a menores de edad.

La entrega periodística de Factum certifica que los abusos y crímenes cometidos por agentes del Estado no se reducen a casos específicos, como el publicado por La Prensa Gráfica de ejecuciones en Panchimalco, la historia de El Faro sobre una masacre perpetrada por policías en San Blas o el caso de la ejecución de un discapacitado en Zaragoza a manos de agentes que contó el periodista Jorge Beltrán también en Factum.

Este reportaje termina de abrir la puerta para mostrar lo que esas historias ya insinuaban: la cultura del exterminio y la ilegalidad, engendrada a la sombra de la impunidad, es un cáncer que lleva carcomiendo la entraña de la Policía desde que nació. Y muestra algo más: la Fiscalía General de la República ha sido protagonista activa en el encubrimiento de los crímenes ejecutados por los policías. Lo es hoy como lo fue en el pasado.

Cáncer dije. Una enfermedad terminal capaz de socavar la salud de la democracia, de matarla: una fuerza pública sin control, autorizada por la complicidad de las élites políticas a delinquir no es más que el embrión de un Estado fallido, de una tiranía en el sentido más específico de la palabra.

Uno de los pasajes que más me indignó al leer las primeras versiones del reportaje fue el que cuenta las agresiones sexuales cometidas por los agentes Bladimir de Jesús Flores Ávalos y José Roberto Ventura Gámez contra dos adolescentes a las que se encontraron en un cerro de Aguilares y a quienes acusaron de ser cómplices de pandilleros. La reconstrucción de esas escenas habla, sin equívocos, de los protagonistas de esta historia: policías uniformados, agentes del Estado que se entienden autorizados para cometer, sin temor a consecuencia alguna, todo tipo de delitos.

Flores Ávalos y Ventura Gámez agredieron a las niñas porque podían, porque entendían que nadie les haría nada, porque se consideraban parte de una comunidad amparada por un hálito de heroicidad construido en redes social gracias, en muy buena medida, a la tolerancia de los autoridades de la policía: si podían subir fotos de cadáveres en Whatssap y Facebook, si podían utilizar el pick up asignado por la policía para matar, si podían sumarse a la práctica extendida de hacer pasar una ejecución como un “enfrentamiento”, por qué no iban a poder manosear a dos adolescentes o cobrar por una extorsión. ¿Por qué no?

Tras la publicación de la historia hemos recibido, a través de redes, en buena medida de los mismos troles que han alimentado estos grupos de exterminio, amenazas de todo tipo. Entendemos los mensajes como lo que son: las pataletas de grupos criminales que se saben descubiertos; pasa cuando los señalados son políticos, funcionarios o empresarios. Pero en este caso entendemos que quienes amenazan defienden a criminales que portan armas y uniformes proveídos por el Estado. Por ello, desde ya, hacemos responsables a las autoridades de contenerlos.

En varias de esos mensajes los remitentes anónimos dicen estar indignados porque nos acusan de defender delincuentes. No es así, estamos denunciando a delincuentes: hemos señalado a cuatro criminales uniformados por matar, agredir sexualmente y extorsionar. En otras ocasiones hemos hablado hasta el cansancio de los crímenes cometidos por las pandillas MS-13 y Barrio 18, y de la complicidad de los políticos que, desde los partidos ARENA y FMLN, los han acuerpado y les han ofrecido dinero.

¿Hasta dónde llega nuestra indignación? ¿Nuestra tolerancia a la impunidad? ¿Damos impunidad a unos y a otros no? ¿Se nos revuelve el estómago ante el homicidio cometido por un pandillero, pero no ante la agresión sexual o la ejecución perpetrada por un uniformado y la impunidad que lo protege? Repito: La única forma de combatir la ilegalidad es desde la fuerza de la ley. Lo demás es tiranía.

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  • 27 agosto, 2017 / Opinión desde allá de Héctor Silva Ávalos  (SÉPTIMO SENTIDO)

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