El próximo lunes 16 de abril es la fecha señalada para que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anuncie a la persona que relevará de su cargo a la fiscal general Thelma Aldana. El primer filtro de este proceso es la comisión de postulación integrada por los decanos de 12 facultades de Derecho. Pero estos académicos enfrentan cuestionamientos sobre su idoneidad, y sobre la legitimidad de algunas de sus universidades. A esto se suma las presiones que sobre ellas ejercen los grupos de poder y de crimen organizado.

El voto dorado de las universidades de cartón para elegir fiscal general

Un reportaje de Héctor Silva/Felipe Puerta/Kelly Grant/InSight Crime/Guatemala

Fotografías de Cortesía y agencias / Infográficos Elisa Roldán/Insight Crime

Quienes deciden. La comisión de postulación de candidatos a fiscal general está formada por los decanos de Derecho de las 12 universidades de Guatemala.

En los papeles que la Universidad Da Vinci ha hecho llegar al Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba los centros de educación superior en Guatemala, se enumeran las nueve facultades que ofrecen 46 grados entre maestrías y licenciaturas. En el lustro que tiene de existencia dice haber abierto 70 sedes en todos los departamentos de Guatemala. En 2017, graduó a cerca de 541 abogados, una cifra solo inferior a la de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), la más grande del país.

De cerca, sin embargo, la Da Vinci es esta donde una sola profesional está a cargo de nueve carreras; y en total, 13 personas son encargadas de las 35 titulaciones. Desde que abrió sus puertas en 2012, de esta universidad no se ha graduado ningún abogado que haya empezado aquí su carrera. La Da Vinci ha entregado diplomas de grado solo a estudiantes de Derecho que no dieron el ancho en otros centros de estudios superiores.

En el cuarto piso de un edificio de estacionamientos y oficinas ubicado en el centro financiero de Ciudad de Guatemala, hombres armados de una empresa de seguridad privada custodian el activo más importante de la universidad, su Facultad de Derecho.

La Da Vinci, en términos educativos, es una universidad de “cartón”. Su valor agregado radica en contar con un decano de Derecho que, de forma automática, es parte de la comisión de postulación. Esta es la que el próximo 23 de abril presentará al presidente Jimmy Morales una lista con seis candidatos a suceder a Thelma Aldana, la fiscal general en funciones.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) ocurrirá este año en el contexto del duro enfrentamiento que libran las élites guatemaltecas contra esa oficina y su aliada –la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que en la práctica funciona como una especie de fiscalía adjunta–, por las investigaciones criminales que estas les han abierto en los últimos años por vínculos al crimen organizado y la corrupción.

La dupla MP-CICIG investiga al presidente Morales por presunto financiamiento electoral ilícito. En esa coyuntura, Morales tiene un aliado en Álvaro Arzú, expresidente y actual alcalde de la capital, a quien MP-CICIG investiga también por sospecha de delitos de corrupción relacionados con contratos de la municipalidad.

Morales y Arzú tienen antecedentes distintos. El poder del primero viene directamente de su calidad de presidente del país. El segundo es protagonista en la política y las élites guatemaltecas desde hace décadas; y los grupos de influencia con los que se les relaciona no necesariamente son los mismos. Hoy, sin embargo, parece unirlos un objetivo común: debilitar a la CICIG y al MP.

La influencia que Morales, Arzú y otros grupos de poder político o de crimen organizado puedan ejercer sobre los miembros de la llamada comisión de postulación –en la que está el decano de la Da Vinci– ha reavivado las preguntas sobre la transparencia de todo el proceso, sobre la idoneidad de los miembros de la comisión, y más aún, sobre la legitimidad de algunas facultades de Derecho.
En ese tablero de ajedrez político que es Guatemala, la comisión de postulación parece ocupar el sitio de alfiles y caballeros, cuya misión es resguardar la entrada de la pieza más importante: la jefatura del Ministerio Público.

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LAS UNIVERSIDADES “DE CARTÓN”
Donde más influencia parecen tener los grupos de poder aliados a Morales y Arzú es en las llamadas universidades de cartón. Entre 2013 y 2017, el decano de la Universidad Da Vinci fue el abogado José Guillermo Alfredo “Fredy” Cabrera, quien en 2014 fue también el primer representante de esa institución académica en la comisión de postulación que elige a los candidatos a fiscal general.

Cabrera ha sido el líder de una red de influencias de dudosa reputación. Además de abogado, es un empresario y un operador político que ha representado a una cartera de clientes que incluye a algunas de las instituciones más poderosas del país en los últimos años; entre ellos el estatal Banco Rural, la Superintendencia de Bancos y al Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos presos por corrupción y ella, además, investigada por narcotráfico en Estados Unidos.

Una de las instituciones que más aportó al crecimiento de la Universidad Da Vinci fue Banrural, cliente de Cabrera, a través de Fernando Peña, expresidente del banco, quien está preso por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como Cooptación del Estado, un esquema criminal liderado, según el Ministerio Público, por Pérez Molina y Baldetti.

Banrural, por ejemplo, trasladó varios de sus programas de capacitación profesional de empleados a la universidad. Estos estudiantes llegaron a representar dos tercios de la matrícula estudiantil de la institución, de acuerdo con datos del Consejo de la Enseñanza Superior.

Cuando Cabrera fue postulador en el proceso que terminó con la elección de Thelma Aldana como jefa del MP, las acusaciones que tildaban a la Da Vinci de ser una universidad de cartón estuvieron a la orden del día. En una entrevista con Nómada, Cyriano Ruiz, el entonces rector y actual vicerrector, se desligó de la actuación de Cabrera y aseguró que las críticas a la universidad se debían a que esta era nueva.

Cabrera, por su parte, se defendió en una entrevista con InSight Crime: “Nadie me puede decir que no tengo independencia”, dijo después de que Aldana fue elegida. Pero lo cierto es que la sombra sigue acompañando a la institución.

En la comisión de postulación de candidatos a fiscal general de 2018, la Universidad Da Vinci está representada por Juan Carlos Rodil Quintana, otro abogado del que se desprenden conexiones con grupos de poder relacionados con viejas estructuras políticas y militares de Guatemala.

Rodil Quintana es uno de los fundadores de la universidad y el notario que le dio vida legal. Además es hijo de José Rodil Peralta, director del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en 1982, cuando también fue asesor del exdictador Efraín Ríos Montt, juzgado y condenado por genocidio en 2013 (condena que la Corte de Constitucionalidad anuló).

Entre 1992 y 1994, Rodil Peralta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Al terminar su mandato fue acusado de varios delitos que eventualmente se desestimaron, porque el Ministerio Público dejó vencer los plazos procesales para acusar.

Aun con lo escaso y cuestionable de sus credenciales, las universidades Da Vinci, de Occidente, Regional, de San Pablo y Rural tienen voz y, sobre todo, votos en la comisión. Y el problema no termina con ellas: sobre otras universidades de mayor abolengo e historia, como la tricentenaria de San Carlos, que es la única universidad pública del país, también rondan dudas.

Caso. Roberto López Villatoro, un abogado conocido como “El Rey del Tenis”, fue capturado en febrero pasado acusado de manipular, con dádivas y sobornos, a miembros de la comisión de 2014.

En 2016, el presidente Jimmy Morales nombró a Rodil Peralta embajador de Guatemala en Nicaragua. Dos años después, Juan Carlos Rodil Quintana, hijo del viejo abogado, tiene un voto en la comisión de postulación que confeccionará la lista de candidatos a fiscal que llegarán el despacho de Morales, el jefe de papá.
En 2015, Rodil Quintana buscó ser diputado y apoyó públicamente la candidatura presidencial por el Partido Visión con Valores (VIVA) de Zury Ríos Sosa.

Ella es hija de Ríos Montt y exesposa de Roberto López Villatoro, un abogado conocido como “el Rey del tenis”, quien a su vez fue capturado en febrero pasado acusado de manipular, con dádivas y sobornos, a miembros de otra comisión de postulación que eligió en 2014 a los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones.
Juan Carlos Rodil Quintana es, con todos sus antecedentes familiares, y a pesar de las dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado que asegura tener, decano de una universidad cuestionada por su debilidad académica. Aun así, el suyo es un voto aceptado como válido en una comisión postuladora que existe, por ley, para garantizar la calidad académica de los postulantes.

Es así como la comisión de postulación de candidatos a fiscal general está formada por los decanos de Derecho de las universidades del país (que son 12), el presidente del Órgano Judicial, el presidente del CANG y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Y dentro de esa comisión puede haber hasta más de cinco votos de universidades de cartón.
Otro caso similar a la Universidad Da Vinci es el de la Universidad de Occidente, cuyas sedes administrativas se alojan en una diminuta oficina en un colegio privado, la misma donde se venden todo tipo de implementos y útiles escolares. Aunque no cuenta con la certificación del Gobierno para impartir el pregrado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, la universidad sí ofrece un Doctorado en Derecho.

La Universidad de Occidente tiene vínculos con la Policía guatemalteca, los que pueden explicarse, en parte, por los antecedentes de José Adolfo Reyes Calderón, quien era decano de su facultad de Derecho en 2014, y como tal fue miembro de la postuladora de aquel año. Reyes había sido ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo, en 2002. Portillo fue, a su vez, el primer expresidente guatemalteco investigado por el MP de la mano de la CICIG, en 2010. Un análisis hecho por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) sobre el proceso de selección de 2014 ubicaba a Reyes Calderón como representante de los intereses de sectores militares, asociados al gobierno del entonces presidente Pérez Molina.

El actual rector de la Universidad Rural, otra universidad de cartón, es el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee. Desde el Congreso, su hermano, el diputado Édgar Reyes Lee, intentó impulsar en 2017 una serie de reformas al Código Penal que buscaban favorecer la excarcelación de Pérez Molina.
Ambos votaron a favor del llamado “Pacto de Corruptos”, en septiembre de 2017, el cual puso freno a las investigaciones sobre financiación electoral ilícita contra el presidente Jimmy Morales.

La Universidad San Pablo, fundada en 2006, es parte del imperio económico del polémico empresario, político y pastor evangélico Harold Caballeros, quien actualmente se desempeña como su rector. En 2011, Caballeros creó VIVA –el mismo partido que apoyó la candidatura de Zury Ríos en 2015– para hacerse candidato a la presidencia de la república. Tras salir de la contienda, apoyó a Otto Pérez Molina, en cuyo gobierno posteriormente se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores.

La más nueva de todas en el grupo de las llamadas universidades de cartón es la Regional. La sede administrativa de esta universidad ocupa una casa de dos pisos, en la exclusiva zona 14 de la ciudad. En la planta baja hay modernas salas de reunión, vacías, cuya existencia contrasta con la mayoría de las sedes que la universidad tiene diseminadas en pequeños locales de centros comerciales en todo el país. La Regional, de hecho, no cuenta con sedes propias; y sus clases son dictadas en aulas de colegios o salones comunitarios, la mayoría rentados, según constató InSight Crime en un recorrido por Guatemala.

La Facultad de Derecho afirma tener unos 300 estudiantes, cifra que no pudo ser verificada de forma independiente: la Regional es el único centro de estudios superiores cuya información no es pública en la página de web del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, el organismo que aprueba la creación de universidades en Guatemala.
Aun con lo escaso y cuestionable de sus credenciales, las universidades Da Vinci, de Occidente, Regional, de San Pablo y Rural tienen voz y, sobre todo, votos en la comisión. Y el problema no termina con ellas: sobre otras universidades de mayor abolengo e historia, como la tricentenaria de San Carlos, que es la única universidad pública del país, también rondan dudas.

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USAC, la casa del “Rey del tenis”
A finales de febrero pasado, el MP detuvo al abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “el Rey del tenis”. López Villatoro ha sido uno de los principales operadores políticos de Guatemala gracias a las redes que construyó para influir en la selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como del fiscal general.

Después de una denuncia anónima, interpuesta en la Fiscalía en 2015, una investigación de dos años daba cuenta de que Édgar Giovanni Orellana Donis, miembro de la comisión postuladora que en 2014 eligió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vivía en un apartamento que le había regalado López Villatoro con el fin de influir en la elección.

Las investigaciones del MP descubrieron, por ejemplo, que en 2015 Orellana Donis recibió un sobregiro de 1.6 millones de quetzales (unos US $220,000) del banco G&T Continental sin tener respaldo crediticio. LOVI y Asociados, firma de abogados de López Villatoro, hizo los contactos para que el magistrado obtuviera la línea de financiamiento.

En total, de acuerdo con el MP, Orellana Donis recibió 6.13 millones de quetzales (unos US $820,000) a cambio de ayudar a manipular la elección de la Corte Suprema. El MP ha pedido antejuicio a Orellana y a Carlos Rodimiro Pérez Lucero, otro miembro de la comisión postuladora de 2014, que se supone también recibió dádivas del “Rey del tenis”.

Esta investigación abierta por la Fiscalía, a la que el MP ha llamado Comisiones Paralelas, también da otros indicios de la influencia que el grupo de López Villatoro puede seguir teniendo en personas vinculadas a la comisión de postulación. Uno de esos indicios es el que lleva al nombre de José Antonio Pineda Barales, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la comisión postuladora del fiscal 2018.

Pruebas agregadas al expediente indican que en una de las sedes de LOVI y Asociados los investigadores encontraron una lista de nombres en un papel con membrete del hotel Clarión de la capital guatemalteca, donde decía que López Villatoro había pagado unos 145,000 quetzales (cerca de US $20,000) a través de otra de sus empresas, para reunir durante dos días a postuladores de candidatos a dirigir la Corte Suprema en 2014.

Uno de los nombres que aparece en la lista Clarión es el de Pineda Barales, elegido como magistrado a la corte en 2014, como parte de las cuotas del “Rey del tenis”. También aparece ahí el nombre de Rafael Rojas Cetina, quien es candidato para suceder a Thelma Aldana en 2018, al frente del Ministerio Público.

Emma Patricia Guillermo de León de Chea, quien se postuló a esta elección de fiscal, pero fue excluida por no cumplir con los requisitos básicos de la ley, fue otra de las que participó en los eventos del hotel Clarión, según las pesquisas del MP.

“El Rey del tenis” empezó a tejer su red gracias a los contactos que logró en la USAC, de donde se graduó. Su caso es hoy una muestra de cómo la universidad estatal de Guatemala también se ha visto envuelta en redes criminales que giran alrededor de la selección de actores judiciales. La USAC produce más abogados que cualquier otra universidad, por lo que sus decanos ejercen una influencia que va mucho más allá del voto que tiene en la comisión de postulación.

Apoyo. En febrero de este año, estudiantes de la USAC y líderes indígenas presentaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en apoyo a la fiscal general Aldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

“La corrupción llegó a nuestra propia casa”, decía Lenina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la USAC, el 28 de febrero de 2018 en un evento en el que empresarios, estudiantes y algunos líderes indígenas presentaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en apoyo a la fiscal general Aldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, en el que la joven fue una de las principales oradoras.

La frase de García era una referencia directa a los vínculos que analistas y una parte de la prensa guatemalteca atribuyen a autoridades de la USAC con grupos de poder o de crimen organizado. Durante los últimos 20 años, la USAC ha jugado, por lo general, un rol oscuro en las comisiones de postulación, lo que ha dado pie a muchos cuestionamientos sobre todas las postuladoras en general.

“La comisión de postulación no es garantía por sí misma; se necesitan reformas. Las sillas de la comisión se convirtieron en sillas de interés particular, de grupos. La comisión se volvió política, en una mesa de intereses, y las decisiones se han tomado en reuniones privadas”, dice Marielos Fuentes de la organización no gubernamental Guatemala Visible, una de las agrupaciones de la sociedad civil que sigue de cerca este proceso de selección y cuyos representantes suelen estar presentes en todas las reuniones que ha tenido esta comisión de postulación desde que empezó a reunirse en una sala de la Corte Suprema de Justicia a finales de enero pasado.

El ICCPG es otra de las organizaciones que ha estudiado de cerca las comisiones de postulación que han elegido a los últimos candidatos a fiscales generales del país. Elvyn Díaz, su presidente, también es escéptico. “(La presencia de los decanos) se pensó como un filtro académico, pero es un sistema caduco”, dice.

Ejemplo de esto es el caso de López Villatoro. Un investigador del Ministerio Público que conoce el expediente del “Rey del tenis” dijo a InSight Crime que de esas investigaciones se desprenden nombres de personas que podrían estar representando grupos de poder con influencia en la comisión. Uno de esos nombres es el de Estuardo Gálvez, quien también influyó en la selección de las altas cortes en 2014.

Gálvez fue decano de Derecho (2000-2004) y rector (2006-2014) de la USAC. Conoce a López Villatoro al menos desde 2000, cuando, de acuerdo con una investigación de Nómada, ambos se aliaron para hacerse con el control del CANG, y desde ahí influir en las comisiones postuladoras de candidatos a las cortes.

La principal red de influencia de Gálvez, no obstante, está en la Universidad San Carlos. Gustavo Bonilla, el actual decano de Derecho de esa universidad, era el candidato favorito de Gálvez para dirigir la Facultad de Derecho y, de acuerdo con fuentes universitarias, llegó a la decanatura gracias a redes de apoyo del exrector.

El voto de Bonilla no está del todo asegurado para los intereses de las redes que le ayudaron a llegar hasta la comisión postuladora. Representantes de la AEU aseguraron a InSight Crime que Bonilla es más independiente que decanos anteriores, y que incluso podría estar a favor de seguir apoyando las reformas impulsadas por el bloque MP-CICIG.

“El del decano de la USAC es un voto que pesa y en el pasado las estructuras (de la universidad) han respondido a grupos políticos, como los vinculados al “Rey del tenis”, asegura Lenina García. “Hoy los estudiantes tenemos cercanía con el decano (Bonilla), lo apoyamos, pero le hemos exigido que vote en coherencia con los perfiles idóneos… Si no lo hace se lo vamos a hacer ver”.

Comisión de postulación

 

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Las universidades tradicionales
A finales de febrero de este año, varias fuerzas sociales y económicas de Guatemala se unieron para apoyar la elección de un fiscal general independiente. Representantes de importantes sectores agroindustriales, financieros, de servicios y alimentos montaron un evento en el que se lanzó el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, en el que también participaron la líder estudiantil Lenina García y Helen Mack, dos antagonistas del bloque Morales-Arzú y de los rostros más visibles de los grupos que apoyan a la CICIG y al MP.

El evento fue, sobre todo, un acto simbólico, que pretendió reunir en el salón de un hotel de lujo a los espíritus que confluyeron en las calles de la ciudad en 2015, cuando grupos empresariales, estudiantes, indígenas y ONG se volcaron a las calles para exigir la renuncia del entonces presidente Pérez Molina, tras las investigaciones de CICIG y el MP que lo ponían a la cabeza de un esquema masivo de corrupción.

En varias partes del acto, los mensajes contra las decisiones de Morales fueron evidentes, como cuando tres funcionarios destituidos por el presidente en los últimos meses, y quienes habían sido colaboradores casi incondicionales de CICIG y el MP, pasaron al frente del salón y recibieron una cerrada ovación.

Esos ánimos, sobre todo los que llegan desde una parte del sector privado, parecen también evidentes en las reuniones de la comisión de postulación, que se reúne en el salón de plenos de la Corte Suprema de Justicia, en la zona 1 de Guatemala, bajo la imagen del quetzal sobre el escudo de armas del país. Ahí, desde finales de enero pasado, los 15 miembros de la comisión de postulación para fiscal general sesionan en tres mesas colocadas en forma de herradura y en sesiones abiertas al público y la prensa.

En la mesa colocada frente al público se sientan el presidente del CANG, el presidente del órgano judicial y los decanos de tres universidades privadas, la Landívar, la del Istmo y la Mariano Gálvez. El decano de esta última es, por elección de sus colegas, secretario de la comisión; los decanos de las otras dos están entre las voces más activas y escuchadas en las sesiones.

Jary Leticia Méndez Maddaleno, de la Universidad del Istmo, y Hugo Rolando Escobar Menaldo, de la Landívar, parecen haber asumido una posición de liderazgo en el bloque de universidades privadas que los analistas separan de las universidades de cartón.

Como la del Istmo y la Landívar, la Universidad Francisco Marroquín ha sido vinculada a sectores privados representados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la gremial que reúne a las élites económicas tradicionales de Guatemala.

La Marroquín, representada en la comisión por el decano Milton Estuardo Argueta Pinto, ha estado vinculada al grupo empresarial Multi Inversiones de Dionisio Gutiérrez. La del Istmo es una universidad que ha tenido vínculos financieros con el empresario Juan Mauricio Wurmser, el actual director de la empresa de publicidad Ogilvy Guatemala.

La decana Méndez mantiene el gesto serio durante las sesiones de la postuladora. Algunas veces, el rostro se insinúa por encima de bufandas con las que suele protegerse del aire acondicionado que impera en el salón de sesiones. Con ese gesto, la abogada acude a la letra de la ley para interpretar su espíritu en referencia a los requisitos que la comisión está exigiendo a los postulantes.

En la sesión del 25 de enero pasado, cuando la comisión discutió por primera vez la posibilidad de inhibir a candidatos que hubiesen defendido habitualmente a acusados de narcotráfico, crimen organizado y corrupción, fue Jary Méndez quien zanjó la discusión: “El espíritu es que no haya vínculo con el crimen organizado”, dijo en respuesta a colegas comisionados, como el presidente del Colegio de Abogados, quienes alegaban que es injusto descartar a alguien por los clientes que ha defendido.

También fue ella una de las que más defendió, en el pleno, que la comisión incorporara las sugerencias al perfil propuestas por el Movimiento Pro Justicia (MPJ), una de las organizaciones de la sociedad civil que siguen de cerca el proceso de postulación.

No siempre estas universidades tradicionales han votado como bloque. Luis Antonio Ruano es el decano de la Universidad Mariano Gálvez y ha tenido cercanía con sectores vinculados al gobierno de Jimmy Morales. En 2016 fue parte de un grupo que asesoró al presidente en una serie de reformas a la polémica Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluyó duplicar el techo permitido para la campaña electoral y un incremento en el financiamiento estatal para los partidos políticos.

El MPJ ha dicho que en 2014, cuando Ruano participó en la selección de magistrados para las altas cortes, se mostró cercano al grupo de Alfredo Cabrera, el operador político asociado con la Universidad Da Vinci.

postulación no es garantía por sí misma; se necesitan reformas. Las sillas de la comisión se convirtieron en sillas de interés particular, de grupos. La comisión se volvió política, en una mesa de intereses, y las decisiones se han tomado en reuniones privadas”, dice Marielos Fuentes de la organización no gubernamental Guatemala Visible, una de las agrupaciones de la sociedad civil que sigue de cerca este proceso de selección.

Otro factor que podría resultar decisivo son los mensajes de Estados Unidos, país que ha apoyado a la CICIG y a sus comisionados desde que la comisión llegó a Guatemala en 2006. En 2015, cuando el MP y CICIG revelaron la investigación que costó la presidencia a Otto Pérez Molina, el entonces embajador estadounidense Todd Robinson se convirtió en el apoyo más influyente del fiscal general y del comisionado.

En el proceso actual, sin embargo, el decano de la Mariano Gálvez ha estado más cerca del bloque de 10 universidades privadas lideradas por la Landívar y la del Istmo, a las que el MPJ lista hoy entre las que apoyarían la elección de un fiscal general independiente de los poderes fácticos.

El voto menos predecible del grupo podría ser el de Ángel Estuardo Barrios Izaguirre, el decano de la Universidad Mesoamericana, creada en 1971 en convenio con la Universidad Francisco Marroquín, quien se ha alineado en esta postuladora con el grupo de universidades privadas tradicionales, más cercanas al CACIF. Pero, en 2009, Barrios Izaguirre apoyó la elección de Elda Nidia Nájera Sagastume a la Corte Suprema de Justicia, una candidata que llegó aupada por el grupo del “Rey del tenis”, según denunció la CICIG entonces.

CONTEO DE VOTOS Y “BUENAS DECISIONES”
Un análisis que hizo ICCPG del proceso de selección anterior a este, en 2014, mediante el que se eligió a Thelma Aldana, determinó que en aquella ocasión los decanos de las universidades votaron en bloques de acuerdo con sus filiaciones políticas y económicas. En representación de las economías tradicionales, es decir, los capitales históricos del sector privado guatemalteco, este tanque de pensamiento listó en 2014 a cinco universidades privadas: la Landívar, del Istmo, Francisco Marroquín, Mesoamericana y San Pablo.

A favor de las llamadas economías emergentes, pobladas sobre todo por militares y nuevos capitales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) ubicó a las universidades más nuevas, como la Rural o la Da Vinci, al presidente del Órgano Judicial y a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

El CANG cuenta con dos representantes en la comisión. Uno es su presidente, Luis Ruiz Ramírez; el otro es el jefe de su tribunal de honor, Julio Dougherty Liekens. Sobre ambos abogados pesan señalamientos de ser cercanos a los grupos de poder vinculados al presidente Morales y al alcalde Arzú. (ver recuadro)

Poco más de lo mismo parece estar ocurriendo en 2018. La ley establece que es necesaria la mayoría calificada, nueve de 15 votos, para escoger a los seis candidatos que integrarán la lista que llegará al escritorio del presidente Morales. Y a finales de febrero, el MPJ presentó un estudio en el cual distinguió dos bloques: el liderado por las universidades privadas de más renombre –Landívar, del Istmo y Marroquín–, que cuenta con 10 votos, y otro en el que están la Rural, la Da Vinci, USAC, la Regional y los dos miembros del CANG.
En su análisis, el ICCPG también los divide en dos grupos: “Grupo proimpunidad y grupo que seguiría apoyando la lucha contra la corrupción”.

Sobre las universidades privadas persisten dudas. Sus intereses se han visto también golpeados por la dupla MP-CICIG. Los análisis del MPJ y otras organizaciones advertían que –a diferencia del de 2014, cuando el sector privado de Guatemala apoyaba casi sin fisuras la labor de la CICIG– en esta ocasión la embestida de la comisión y del MP de Thelma Aldana contra personas e instituciones importantes de las élites económicas, como el mismo alcalde Arzú, podía provocar que algunas de las universidades privadas se inclinaran por candidatos menos afines a la CICIG.
Hasta ahora, Carmen Aída Ibarra, del MPJ, cree que el bloque liderado por las universidades Landívar y del Istmo ha tomado “buenas decisiones” y que “la comisión ha mostrado tener buen criterio” en asuntos técnicos como el perfil y la tabla de calificación de los candidatos. Ibarra advierte que en este proceso aún no es posible hablar de las élites económicas tradicionales como un bloque.

A fin de cuentas el presidente Morales, el elector final, solo necesita que un candidato sea de su gusto.
Otro factor que podría resultar decisivo son los mensajes de Estados Unidos, país que ha apoyado a la CICIG y a sus comisionados desde que la comisión llegó a Guatemala en 2006. En 2015, cuando el MP y CICIG revelaron la investigación que costó la presidencia a Otto Pérez Molina, el entonces embajador estadounidense Todd Robinson se convirtió en el apoyo más influyente del fiscal general y del comisionado.

Luis Arreaga, el sucesor de Robinson, tiene un estilo menos público, pero también ha hecho evidente su apoyo a la CICIG. El gobierno del presidente Morales, tras el fiasco de la declaratoria de persona non grata contra el comisionado Velásquez, ha optado por cortejar a la administración de Donald Trump con decisiones como mover la Embajada de Guatemala en Israel a la ciudad de Jerusalén y a través del cabildeo a sectores evangélicos cercanos al vicepresidente Michael Pence.

En Washington, fuentes diplomáticas dijeron a InSight Crime que la posición de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sigue a favor de la elección de un fiscal independiente, o sea, pro CICIG. Un funcionario del Congreso advirtió, bajo condición de anonimato, que la elección de un jefe del Ministerio Público con vínculos evidentes a grupos de crimen organizado podría provocar que el Departamento de Estado no valide la certificación de combate a la lucha contra la corrupción en el país, la cual es necesaria para que Estados Unidos desembolse fondos de cooperación. La certificación está detenida desde septiembre de 2017, poco después de que Morales intentara expulsar al comisionado Velásquez.

No es poco lo que está en juego en Guatemala. Sin importar las alineaciones políticas de quien responda, es claro que el futuro institucional del país pasa por el control inmediato del Ministerio Público, el ente que en los últimos años, junto a la CICIG, ha desenmarañado, como nunca antes, los complejos entramados de corrupción y los intereses que históricamente han operado desde el Estado. Además, son intereses que han terminado infiltrados en las mismas instituciones de las que se nutre la comisión de postulación para la elección del fiscal general.

En este tablero político, los filtros que la ley otorga a las facultades de derecho resultan caducos e intrascendentes. La transparencia sigue pareciendo un bien escaso en un mapa que incluye a universidades creadas por operadores con evidentes vínculos a grupos de poder enfrentados a la justicia, a una universidad estatal plagada aún por las sombras de un pasado de corrupción, y a un bloque de instituciones privadas susceptibles también de la influencia de sus financistas.

* Una versión más extensa de este artículo fue publicado originalmente en el sitio InSightCrime.org.


 

 

 

 


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