El Gobierno sí importa

¿Ha escuchado usted que «no importa el gobierno que quede, si uno no trabaja, no come»? De seguro lo oyó repetir recién esta misma semana, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, o lo dijo usted mismo, incluso lo posteó en sus redes, como una forma de afirmar que nuestro bienestar está en nuestras propias manos y que no hay gobierno –o funcionario– que venga y mágicamente nos resuelva la vida.

Sí y no. Definitivamente no hay modo de que alguien desde el poder, desde ese espacio etéreo, lejano y con alcances poco claros para la mayoría de nosotros cambie mi vida o resuelva mis problemas de un día para otro. Pero también es cierto que un buen gobierno, una buena administración pública, puede mejorar las condiciones de vida de la población que lo ha elegido.

De hecho, ese es el deber ser del funcionario: la búsqueda del bien común. En nuestro sistema democrático se elige a quien creemos que está capacitado para llevar a cabo de mejor forma esta misión. Estas personas tendrán la potestad de definir cómo se harán las cosas, de proponer y aprobar las reglas que regirán el juego, qué modelo se seguirá para conciliar el crecimiento económico con desarrollo social y humano, cuáles serán las prioridades de la política pública.

Tendrán bajo su responsabilidad el manejo del dinero público, el diseño del presupuesto, eje transversal de cómo el Estado se vuelve agente de desarrollo. Deben decidir cómo recaudar más y mejor, y luego las áreas en las que se invertirán estos fondos.

Con un buen gobierno, el estado de bienestar deja de ser un concepto de libro y se materializa en más y mejores servicios para la población, especialmente los más necesitados. Los servicios públicos deberían ser de calidad y con amplia cobertura. Con los funcionarios adecuados, no importa qué tan pobre sea una persona, tiene acceso a servicios de salud y a educación.

Las decisiones que se toman desde el Gobierno son la diferencia entre si se deja drenar el erario público en dirección al pozo sin fondo de la corrupción, el uso ineficiente de los recursos y el despilfarro, o si se hace un esfuerzo porque cada dólar tenga un efecto multiplicador.

El gobernante es también el responsable de dar los lineamientos para que las políticas de seguridad garanticen el respeto a los derechos humanos, que se prevengan los abusos, la discriminación y la persecución por cualquier causa. Y definitivamente tiene un papel vital para que la Policía sea un ente de aplicación de la ley y no un organismo al margen de esta.

El presidente debe, además, armarse de un equipo probo, preparado y capaz para dirigir de la mejor manera los distintos ramos, desde la economía hasta la cultura y el medio ambiente; un equipo que sume, proponga, que ejecute y que sepa administrar los recursos a su cargo, humanos o materiales, en lugar de solo llegar a servirse.

Un buen gobierno hace que el ciudadano no se sienta estafado cada vez que paga impuestos, porque ve el fruto de estos aportes en buenos servicios y en obras de desarrollo, y no los ve esfumarse en lujos, camionetas, viajes, contrataciones innecesarias, plazas fantasmas o asesores que solo aparecen el día de pago.

El ciudadano de un país con un buen gobierno percibe mejoras en su calidad de vida, y viceversa: la incapacidad al frente de los gobiernos provoca corrupción, violencia, estancamiento y pobreza. Una mala gestión se traduce en poblaciones desatendidas, inconformes y apáticas.

Entonces sí, si uno no trabaja, no come. Pero si además se tiene un buen gobierno, se puede ir a trabajar en un ambiente de relativa seguridad, teniendo un salario justo y sabiendo que a los más vulnerables no les hará falta la protección social básica. Los gobiernos sí importan.