Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

El Estado cómplice

Lo que es peor: los dos principales contendientes, Nayib Bukele, de GANA; y Carlos Calleja, de ARENA, se han negado a revelar la lista definitiva de sus financistas.

“Las democracias han favorecido condiciones que facilitan el crimen organizado”. Una frase provocadora, difícil de digerir si se quiere. Se la escuché la semana pasada a Federico Varese, un catedrático italiano asentado en la Universidad de Oxford que es reconocido como uno de los referentes en teoría sobre crimen organizado en el mundo, durante un encuentro sobre el tema organizado por InSight Crime, en Bogotá.

La explicación de Varese pasa por el reconocimiento de que, en las democracias modernas, el financiamiento electoral se ha convertido en la principal herramienta de influencia de grupos de poder, sean estos legales o ilegales.

Un ejemplo claro de lo primero es la forma en que fondos fiduciarios alimentados con dineros de grandes corporaciones han financiado durante años las campañas de los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos.

Muestras de lo segundo abundan en el mapa latinoamericano, tanto la escala nacional como en la local. La banda de narcotraficantes Los Cachiros y los partidos Liberal y Nacional en Honduras. El cartel de Texis y campañas de gobiernos locales del PCN en Metapán, El Salvador. Dineros de grupos paramilitares canalizados a campañas de legisladores en Colombia. Y así.
Una combinación de ambas, financiamiento de grupos ilegales y dineros provenientes de instancias legalmente constituidas para garantizar funcionarios dóciles dispuestos a debilitar al Estado para beneficiar a esos financistas, ha existido en Guatemala en las últimas décadas, y eso ha quedado probado, entre otras cosas, por varios casos que el Ministerio Público local ha presentado a los tribunales.

En El Salvador hay denuncias bastante claras en casos como el de Texis, mencionado arriba, o el de dinero de la banda Los Perrones que llegó hasta la campaña presidencial de ARENA en 2004. En el primer caso la fiscalía investigó, por otras razones, a los financistas; y en el segundo, encarceló a los narcos. Pero nunca enfiló baterías contra los operadores políticos que entregaron el dinero, en gran medida porque varios de esos intermediarios, relacionados con el grupo de poder del expresidente Antonio Saca, siguen vigentes y aún son influyentes en el tinglado político nacional.

Y ese es el punto: los salvadoreños estamos a punto de elegir al presidente que administrará el Ejecutivo durante el próximo quinquenio, pero a la fecha ninguno de los cuatro contendientes nos han presentado propuestas definitivas sobre cómo lidiar con esa esquina oscura de la democracia que es el financiamiento electoral ilícito, lo que el jefe de la Comisión Internacional contra la

Corrupción en la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez, ha llamado el pecado original de la constitución democrática.

Lo que es peor: los dos principales contendientes, Nayib Bukele, de GANA; y Carlos Calleja, de ARENA, se han negado a revelar la lista definitiva de sus financistas. No sabemos, por ejemplo, cuánto dinero recibirá el partido de derecha de los grupos de poder que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General contra el exfiscal Luis Martínez, intentaron sobornar al exfuncionario

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  • 18 noviembre, 2018 / Opinión desde allá de Héctor Silva Ávalos  (SÉPTIMO SENTIDO)

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