El Ejército y la Marina Armada han sido dos instituciones contratadas por el Gobierno mexicano y en específico por Petróleos Mexicanos (Pemex) para intentar combatir el robo el combustible de los ductos que atraviesan todo el país. Al menos desde 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional fue contratada por la empresa productiva del Estado para labores de seguridad y vigilancia; lo mismo la Secretaría de Marina desde 2014.

Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su estrategia para combatir el huachicoleo, el denominado Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en donde el uso de las fuerzas armadas es uno de sus ejes principales.

Según el gobierno federal, los castrenses controlarán al menos 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyen refinerías, terminales de almacenamiento y despacho y plantas de rebombeo.

Sin embargo, durante los años que el Ejército y la Marina han vigilado los ductos, el número de tomas clandestinas ha ido en aumento, pasando de 2,612 en el año 2013 a más de 12,581 en 2018.

Para obtener los servicios de la SEMAR y de la Sedena, Pemex ha tenido que desembolsar más de $60 millones, además de otros gastos que debe hacer para acondicionar instalaciones en donde laboran soldados y navales.

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El costo de la seguridad

A cambio de 1,583 soldados repartidos en diferentes partes de México, Pemex pagó en 2017 más de $47 millones, de los cuales casi la tercera parte están destinados al estado de Veracruz, una de las principales entidades en cuanto a robo de combustible.

Los términos concretos del Convenio General de Colaboración Sedena–Pemex son imposibles de conocer para la ciudadanía, pues fueron declarados como reservados en agosto 2016 por el Comité de Trasparencia de la Defensa Nacional por motivos de seguridad.

Sin embargo, se sabe que los servicios brindados por el Ejército a la petrolera son «de seguridad y patrullaje«.

Por su parte, la SEMAR obtiene cada año cerca de $13 millones «por tareas de vigilancia en instalaciones de Petróleos Mexicanos».

En el Convenio de Colaboración SEMAR-Pemex 2014-2018 se marcan algunas «cuotas de aprovechamiento» en donde establecen montos de $42.74 diarios por cada elemento de la Marina que realiza servicios de vigilancia o de patrullaje en instalaciones de Pemex.

Además, se establecen cuotas por otros servicios que Pemex puede solicitar a la Armada, tales como trasporte de personal en diversos tipos de buques, helicópteros y unidades terrestres.

Pemex también debe contratar seguros de vida para los marinos que se encuentren comisionados a las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones estratégicas de la petrolera. Así como proporcionar alojamiento adecuado y mobiliario para dormitorios, comedores, cocinas y baños.

Los castrenses controlarán al menos 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyen refinerías, terminales de almacenamiento y despacho y plantas de rebombeo. Sin embargo, durante los años que el Ejército y la Marina han vigilado los ductos, el número de tomas clandestinas ha ido en aumento, pasando de 2,612 en el año 2013 a más de 12,581 en 2018. Para obtener los servicios de la SEMAR y de la Sedena, Pemex ha tenido que desembolsar más de $60 millones, además de otros gastos que debe hacer para acondicionar instalaciones en donde laboran soldados y navales.

Pero no solo la Marina y el Ejército vigilan las instalaciones. También está la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), que es un área interna de Pemex, la cual hasta hace poco estuvo a cargo del general brigadier D.E.M. Eduardo León Trauwitz, egresado del Colegio Militar.

Los integrantes de la SSE pueden utilizar armas largas gracias a los permisos de portación, tramitados por la empresa productiva del Estado. Sin embargo, las especificaciones de dichos permisos y de las armas que se utilizan es considerada información reservada por motivos de seguridad.

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Vivir en tierra de huachicoleros

El camino que lleva a la comunidad El Mango, en el municipio de Tierra Blanca, es tierroso. El polvo se mete por las fosas nasales y el calor supera los 32 grados centígrados. Allí es fácil encontrar hombres con uniforme de camuflaje verde olivo y botas. Son soldados que vigilan una estación de rebombeo y varios kilómetros de ductos de Pemex.

Ante la presencia de vehículos extraños realizan algunas revisiones, no permiten fotografías ni videos y tratan de guarecerse del sol bajo techos de palma o una pequeña construcción vieja del material.

Pero ni ellos, ni los empleados de Salvaguardia Estratégica, que deambulan en camionetas por la zona, pudieron evitar que el 13 de mayo de 2017 cuatro personas, entre ellas dos niños, murieran a causa de una explosión en una toma clandestina. Viajaban en un vehículo particular y el combustible regado fue lo que provocó el accidente.

Moisés Martínez Contreras, hijo de Martín Martínez Moguel –uno de los cuatro que murió en aquella explosión–, recibió del gobierno de Veracruz cuatro ataúdes, café y pan para velar a su familia. No más.

Él dice sentir miedo por las tomas clandestinas que hay a lo largo del camino que debe andar diariamente, esas en las que sus seres queridos murieron calcinados y donde entre la caña y la tierra barrosa destacan cuatro cruces de hierro.

«Ya vive uno traumado, pero a dónde va a ir uno, si aquí es donde yo nací y aquí crecí… Por otro lado, no puedo ir a otro lado… viviendo con el temor de que vivimos al pie de los ductos, pero ya no nos queda de otra más que aguantar», dijo Moisés.

La zozobra en la que vive Moisés es similar a la de cientos de pobladores en los municipios de Veracruz, uno de los estados donde se ha encontrado el mayor número de tomas clandestinas en México, 1,338 hasta octubre de 2018.

El ducto que sale de la refinería desde Minatitlán llega a Tierra Blanca y de allí toma rumbo hacia la zona centro, donde algunos municipios hacen frontera con el estado de Puebla, número uno en robo de combustible, principalmente en el llamado Triángulo Rojo.

Municipios como Omealca, Ixtaczoquitlán y Cuichapa encabezan la lista de aseguramientos en el centro del estado de Veracruz. Ahí la gente mira con desconfianza a los fuereños que circulan por los caminos rurales, pocos les dirigen la palabra y, si se pregunta por la situación de seguridad, simplemente cambian el tema.

El huachicol sigue un camino de ductos, retenes militares, carros calcinados e imágenes de la Virgen de Guadalupe por zonas preponderantemente rurales. Sin embargo, también se infiltra en las ciudades, puntos de venta surgen en colonias populares de las periferias.

Los huachicoleros adoptaron estrategias similares al del tráfico de drogas para transportar la gasolina sin ser detectados. Aunque algunos siguen utilizando pipas robadas, otros optan por el camuflaje.

Un tanque cuadrado de gran volumen es colocado en la parte trasera de los camiones, posteriormente es cubierto por la fruta o con arena de construcción para que no sea detectado en las inspecciones en carreteras.

En Tetelzingo, una comunidad de Coscomatepec, esa es la forma en que se vende el combustible robado. Desde la parte trasera de camionetas de redilas, surgen unas gruesas mangueras con las que se rellenan recipientes más pequeños. El producto se ofrece a pie de carretera a la espera de compradores.

En otro pueblo, cerca de Xalapa –capital del estado–, todos los habitantes saben quién es el que vende gasolina en el patio trasero de su hogar. $1.97 por galón es el precio que fija el despachador, un poco más de la mitad de lo que vale en cualquier gasolinera.

«En mi rancho se vende (huachicol) como si fuera queso», relata una habitante.

En la ciudad de Veracruz son casas de interés social las que generalmente se usan como puntos clandestinos de venta. Los lugares asegurados por la PGR actualmente se encuentran abandonados. No obstante, en su interior aún hay algunos tambos vacíos.

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Los huachicoleros de Pemex

Una de las mayores dificultades para combatir el robo de combustible es que los huachicoleros operan desde el interior de Pemex. Son empleados de confianza o sindicalizados coludidos con la delincuencia organizada.

El propio presidente de México reconoció la participación de trabajadores de la petrolera en el robo de combustible, y por ello lanzó su plan del uso del Ejército y la Marina.

«No se trata de la simple ordeña de ductos, sino de un esquema de robo y de distribución de combustible de gran escala», declaró Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte la Procuraduría General de la República ya tenía conocimiento de esta situación desde tiempo atrás y así lo demuestran sus manuales de capacitación para combatir dicho delito.

Los empleados de Pemex se han coludido con el crimen organizado y les han enseñado las técnicas necesarias para «ordeñar», así lo confirmaron fuentes de seguridad y extrabajadores de la empresa, que fueron consultados por este medio.

«Las instituciones son incapaces de controlar este grave flagelo. Aún reunidos todos los aparatos gubernamentales, no logran detener el caos emanado de la corrupción que desafortunadamente atañe principalmente a Pemex«, señala un documento interno de la PGR.

En total, a escala nacional, entre 2006 y 2017, se han detectado 156 trabajadores y 22 extrabajadores de Pemex involucrados con los huachicoleros, es decir, la mayoría se encontraban en activo.

En todo México, Veracruz ocupa el primer lugar de huachicoleros de Pemex, entre 2006 y 2017 fueron señalados 35 trabajadores y un extrabajador y durante el mes de marzo de 2018, Pemex y la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciaron, en una comunicación oficial, que se encontraba investigando a ocho trabajadores más de la empresa.

El conocimiento que tienen los trabajadores de Pemex sobre cómo funcionan los ductos es de alto valor. Eso permite instalar las válvulas clandestinas y extraer el combustible.

Una de las mayores dificultades para combatir el robo de combustible es que los huachicoleros operan desde el interior de Pemex. Son empleados de confianza o sindicalizados coludidos con la delincuencia organizada. El propio presidente de México reconoció la participación de trabajadores de la petrolera en el robo de combustible, y por ello lanzó su plan del uso del Ejército y la Marina.

Mario Díaz Ortega, representante de la Coordinadora por la Defensa de Pemex (CDP), exempleado de la empresa y disidente del sindicato, dijo que es necesaria información desde el interior para llevar a cabo la ordeña.

Añadió que un incentivo para ser huachicolero es el dinero, otro podría ser preservar la vida.

«Es lógico que haya trabajadores inmiscuidos, porque aplican la misma idea que los huachicoleros. ¿Quieres plata o plomo? Es obvio que los trabajadores van a tener que optar por una opción, pues si se oponen, está en riesgo su vida», explicó.

De acuerdo con una fuente consultada, que funge como operativo en las fuerzas de seguridad estatales, la demanda de la mano de obra especializada ha ido al alza en los últimos años y con ello el costo por el servicio de los expertos.

Hace 10 años, la colocación de una toma clandestina costaba alrededor de $2,090, hoy en día el costo asciende a casi $16,000, más una renta mensual por su uso, de acuerdo con el testimonio anónimo de una fuente de seguridad.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración SEMAR-Pemex, firmado en 2014, los navales pueden realizar detenciones de huachicoleros, incluso cuando estos pertenezcan a Pemex. Sin embargo, ello no ha logrado disminuir la participación de los especialistas en este delito.

«En caso de detectar en flagrancia a personas realizando actividades delictivas que atenten contra las instalaciones, derechos de vía y el personal, podrán detenerlas, aun siendo personal empleado de Pemex«, señala el documento.

Ahora a la Sedena se le darán nuevas y mayores atribuciones para monitorear el abastecimiento y el reparto de combustible, inspeccionar las pipas y otros vehículos que entran y salen de las instalaciones, con la esperanza de finalmente erradicar el huachicol.

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El desabasto de combustible y la solicitud de apoyo de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el viernes el apoyo a la población para denunciar a quienes roban gasolina tras la crisis generada por los problemas en el abastecimiento de combustibles en varios estados del país.

Los problemas de abastecimiento han proseguido con diferente incidencia ante el retraso en la llegada de camiones cisternas a las gasolineras, después de que el Gobierno decidió cortar el trasvase de gasolina por los ductos donde se produce la mayor cantidad de robos.

Durante su conferencia de prensa matutina del viernes, López Obrador aseguró que quienes roban ahora gasolina tendrán dentro de poco un puesto de trabajo por lo que no necesitarán dedicarse a esa actividad criminal.

Agregó que a partir de ahora «no hay justificación para que se cometan estos ilícitos, pues ya hay autoridad moral en el Gobierno» y por eso pidió a la gente «que nos ayude para normalizar esta situación».

El mandatario volvió a recalcar que el desabastecimiento se debe a un problema de distribución y señaló que el jueves por la noche unos desconocidos volvieron a romper el ducto Tuxpan–Azcapotzalco, después de que se acaba de reparar.

Destacó que alrededor 4,000 agentes de seguridad entre los que se encuentran policía federal, militar y naval, además de algunos helicópteros de la Fuerza Aérea, se encargarán de salvaguardar los ductos de combustible para evitar que sean saqueados.

«Estamos operando en este plan para evitar el robo de combustible, terminar con el huachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la nación», manifestó tras insistir que hay suficiente gasolina para cubrir la demanda en todo el país.

Añadió que la estrategia contra el robo de combustible ha permitido hasta ahora ahorrar cerca de $156.5 millones, mientras que el robo de camiones cisternas conocidos como pipas ha bajado de 800 a 100 diarias.

Siguiendo con sus directrices de austeridad, el mandatario recordó que pondrá a la venta una remesa de alrededor de «80 aviones y helicópteros de lujo» que eran utilizados por funcionarios.

«Estamos pensando en que va a haber una feria en el Aeropuerto de Santa Lucía para exhibir esos aviones y convocar a los compradores del mundo para que los adquieran y vamos a obtener un dinero que va a ser usado para beneficio del pueblo», aseguró.

López Obrador ya se desprendió el pasado mes de diciembre del avión presidencial modelo Boeing 787 Dreamliner, utilizado por su antecesor Enrique Peña Nieto.

Este reportaje fue elaborado por Iván Sánchez para AVC Noticias, México, y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA por medio de CONNECTAS y el ICFJ gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.