Opinión desde acá

por Sigfredo Ramírez, Árbol de fuego

 

Sigfredo Ramírez
Periodista y comunicador institucional

El agua no es de todos

Es un tema vital. Legislar sobre el agua es legislar tanto a los consumidores como a los poderosos. No solo a las empresas que la comercializan sino a la agroindustria.

No hay que engañarse. Hace tiempo que el agua en el país dejó de ser “de todos” y se ha convertido en un privilegio. Ahora, el acceso al líquido marca una profunda división social al igual que el acceso a servicios de salud de calidad o a la seguridad. No se ha necesitado privatizar el agua –ni la salud– para que esta sea un negocio, ante la mirada indolente y cómplice del Estado.

En ese gran marco de inequidad, en el que más de un millón de salvadoreños aún no cuenta con agua potable en sus hogares, se discute una ley de agua. Un proyecto que ha caldeado los ánimos de la gente y los primeros ya han salido a las calles a protestar. Esto por lo que se considera un intento de la derecha por privatizar el recurso. Aunque, en realidad, lo que hay en el país es una privatización fáctica del agua. Al menos para una buena parte de la población así lo es.

El agua es un lujo. Para las familias más pobres lo ha sido desde hace décadas. Privadas de un servicio de agua potable y de un saneamiento adecuado, han vivido una pesadilla que ahora el resto de la sociedad teme que se vuelva algo generalizado. Y solo porque se ha comenzado a plantear como un problema que puede afectar a todos los estratos sociales es que se le ha dado más atención al tema.

Pero muchas familias tienen años de comprar barriles de agua para vivir. Encareciendo aún más su precaria situación. Solo un ejemplo: en el cantón El Coyolito, de La Unión, nunca han tenido acceso al agua potable. Sus pozos se secan en los meses sin lluvias y tienen que comprar toda el agua que consumen: la que beben y usan para los quehaceres domésticos. Se la compran a un vecino de otro cantón que ha descubierto un nacimiento en su patio y comercializa el líquido. Así, sin ninguna autoridad visible, el agua es una mercancía más en las desérticas afueras de La Unión.

El caso de esta comunidad no es aislado ni único, sino que se multiplica en los demás departamentos del país. LA PRENSA GRÁFICA publicó hace unos días cómo desde ranchos privados sacan agua a discreción del lago de Coatepeque para comercializarla. Pero no solo ahí. El marcado consumo de agua envasada en el área urbana es otra muestra de una privatización de facto del líquido. Comprar agua era algo impensado en el tiempo de nuestros abuelos, hace apenas tres generaciones. Sin embargo, ha pasado lo mismo que en el ámbito de la salud. El sector público brinda un servicio tan malo que los que pueden pagar prefieren lo privado. Incluso las instituciones del Estado, que así como contratan seguros médicos para sus empleados compran agua embotellada para sus oficinas. De nuevo, el acceso al agua de calidad se determina por el poder de compra.

Y en el centro de todo está la incompetencia de ANDA. La Asociación Salvadoreña de Industrias de Agua Envasada (ASIAGUA) lo tiene claro cuando refuta uno de los “mitos sobre el agua embotellada” que cree la población: “El problema no es que no exista suficiente agua para suplir la demanda de la población y la industria, el problema es que ANDA no es capaz de abastecer lo requerido debido al mal estado de sus cañerías y equipos de bombeo; por lo que, si las industrias desaparecieran, aun así seguirías sin el servicio de agua potable”, apunta un afiche en su página oficial.

La discusión de la ley de agua no se puede trivializar. Tampoco se puede caer en la simpleza de asegurar que es una cortina de humo. Es un tema vital. Legislar sobre el agua es legislar tanto a los consumidores como a los poderosos. No solo a las empresas que la comercializan sino a la agroindustria. En los últimos años, el país ha reportado cosechas récord de caña de azúcar, lo cual conlleva uno de los principales consumos de agua del país. Ser un país productivo y garantizar agua para todos es lo que se debe discutir en el marco de la ley de agua. Los salvadoreños que no tienen acceso al líquido lo demandan. El agua debe ser de todos.


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