Los peritos de la Policía Nacional Civil son clave para resolver delitos. Se encargan de elaborar informes y presentarlos en los juzgados. De ser necesario, también llegan a declarar a los juicios: les explican a los jueces cómo guardaron las evidencias de los delitos y qué información relevante encontraron en el análisis. La renuncia de un perito afecta la búsqueda de la justicia, porque significa un testimonio menos en un juicio.

El abandono de la víctima con la renuncia de un perito policial

Un reportaje de Stanley Luna

Fotografías de / Ilustración de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

Vació los mensajes de texto de dos celulares y elaboró un informe que sirvió como prueba para un juicio por acoso cibernético. En el documento dijo que los números de los teléfonos decomisados coincidían, así como los tiempos en los que ocurrió el acoso que una mamá denunció.

Esos mensajes revelaron todo lo que un hombre de 47 años le escribió a una niña de 14 años con fines sexuales. El trabajo del perito era clave, pero no estaba completo aún. Debía explicarle a una jueza, en persona, cómo fue el proceso para extraer la información y el contenido de los mensajes que encontró.

Fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo, pero nunca apareció. Nadie, en sustitución de él, ocupó aquella silla de la sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez que es designada para los testigos en los juicios. El perito había renunciado a la Policía Nacional Civil (PNC), y aunque había entregado la documentación que la fiscalía le pidió, nadie podía hablar más que él, porque era el único que había trabajado la prueba que se discutiría en el juicio.

El perito hoy trabaja en la Policía Nacional Civil de otro país centroamericano. El delito sobre el que tenía que testificar ocurrió entre el lunes 22 y el miércoles 24 de mayo de 2017, según la sentencia escrita del proceso a cargo del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.

El domingo 21, horas antes que Juan Q. enviara su primer mensaje por WhatsApp a la niña, ofició una misa en la cochera de su casa, cercana al estadio Cuscatlán. En esa misa estuvo la familia de la menor y un grupo de vecinos. Comenzó a las 4 de la tarde y terminó a las 8 de la noche.

Después de la misa, Juan preguntó a los asistentes si se querían confesar. Primero lo hicieron los vecinos y por último la familia. Una vez terminó con los vecinos, la familia decidió que las confesiones comenzaran con la niña.

La niña le contó a la fiscalía que había conocido a Juan en otra reunión religiosa, en la casa de la amiga de su abuela. El hombre se imponía como sacerdote y eso la hizo confiar en que la confesión sería como todas las confesiones: le contaría al sacerdote lo que ella consideraba pecado y esperaría recibir perdón. Pero esta duró una hora y media. En ese tiempo a solas, el hombre aprovechó para pedirle su número de teléfono. Luego confesó a toda la familia y se retiró de la casa a medianoche.

A la 1 de la mañana, según la sentencia, la niña recibió un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. Era Juan. Le decía que quería hablar con ella. A la niña le extrañó que él le estuviera escribiendo y sobre todo a esas horas, porque se acababa de ir de su casa. Se despidió de él y Juan insistió que le escribiría ese día por la mañana. Y así fue: al mediodía que la niña revisó su teléfono, tenía más mensajes. El hombre le decía que le gustaba para una relación cualquiera.

Pasó dos días más mandándole mensajes, hasta que la mamá de la niña descubrió el acoso y denunció a Juan en la fiscalía. El hombre, señala la sentencia emitida por el tribunal, estaba suspendido de sus funciones religiosas cuando cometió el delito.

***

EL TESTIMONIO FALTANTE

La fiscalía usa los informes periciales para probar técnicamente los delitos en los juicios. Los presenta bajo una modalidad de prueba a la que se le llama pericial. En ocasiones solicita que los encargados de hacerlos también expliquen qué fue lo que encontraron y cómo analizaron esa información. Esto se hace para detectar algún vacío.

La investigación en este caso de acoso quedó incompleta. El hombre de 47 años se sometió a un procedimiento abreviado que le permitió obtener una pena de tres años fuera de la cárcel. Le ordenaron pagar $1,000 en concepto de responsabilidad civil.

Aunque Juan aceptó que había enviado los mensajes a la niña y su testimonio coincidió con la acusación fiscal hubo un acuerdo entre su defensa y la fiscal Sandra Isabel Sánchez Rivas para que se sometiera a ese tipo de proceso. Una de las razones para ese acuerdo, dice una fuente de la fiscalía, fue porque no lograron que el perito viniera al país a testificar.

El procedimiento abreviado es una figura establecida en el Código Procesal Penal que consiste en que un acusado acepte un delito a cambio de una reducción de la pena. Eso permite que con su testimonio también se prescinda de otra prueba aportada en el proceso. El expresidente Elías Antonio Saca fue juzgado con esa modalidad y así evitó más de 20 años de cárcel por lavado de dinero y activos y peculado, y solo cumple una pena de 10 años.

Ilustración de Moris Aldana

El delito por el cual fue acusado Juan tiene una pena de cárcel de dos a cuatro años, cuando no es grave; si se convierte en grave es de cuatro a ochos años.

Un juez de Sentencia de San Salvador, que accedió a hablar sin que se revelara su nombre, dice que en este tipo de casos el testimonio de un perito es necesario, porque ayuda a que un juez se convenza de que la información extraída realmente provenga de los teléfonos decomisados.

El juez sostiene que en algunos casos los informes periciales son claros, pero en otros es necesario que el perito que lo realizó se presente al juicio, porque su declaración puede ser de interés a las partes o porque es necesario que solvente dudas que el documento no responde.

La legislación salvadoreña da la posibilidad a un juez para que ordene retener por 24 horas a un testigo para que se presente a una diligencia judicial. No fue el caso del perito de este proceso por acoso, que también tenía la calidad de testigo, porque trabaja en otro país.

“La gente no quiere estar ahí. La gente no quiere estar hoy por hoy en ninguna área que tenga que ver con informática. ¿Por qué? Porque la Policía se ha decidido a hacer solamente estadísticas”, reprocha un hombre que tiene 25 años de ser policía y desempeña labores de peritaje. Habla, en el jardín de un hospital, de lo mal que le va en la PNC.

***

LA DECADENCIA DE LOS PERITOS POLICIALES

La PNC, además de tener a agentes que se encarguen de labores de seguridad pública, cuenta con un grupo de peritos que analiza las evidencias que sirven para resolver delitos.

Los peritos están dentro de la División de Policía Técnica y Científica, y la División Central de Investigaciones (DCI). Hay administrativos y operativos. Los primeros trabajan en laboratorios analizando las pruebas; los segundos también pasan en el laboratorio analizando pruebas, pero dedican al menos 4 horas extras de su turno para realizar labores en la calle: patrullar, custodiar escenas o realizar procedimientos de capturas.

Si esas horas extras suman 240 al mes, tienen derecho a recibir el régimen de alimentación; dinero que les sirve para comprar provisiones en sus días de turno.

Las diferencias entre ambos peritos son los salarios que reciben, según su preparación. El administrativo es un técnico que antes de trabajar en la PNC se especializó en un área específica de pericia, comúnmente fuera del país. Su salario no es menor a los $700 y puede llegar hasta los $1,500. Y el perito operativo es un agente que en su carrera recibió cursos de preparación en la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar parte de ese grupo de policías analistas. El salario de este tipo de peritos no es mayor a los $500.

En la DCI existe una Unidad de Investigaciones de Delitos Informáticos. Los peritos de esa unidad se encargan de custodiar dispositivos electrónicos que sirvieron para cometer un delito informático, como un celular y una computadora; vaciar toda la información que encuentren y plasmar en un informe el análisis de sus hallazgos. El perito que, hoy trabaja en la Policía de otro país centroamericano, estuvo en esa unidad.

“La gente no quiere estar ahí. La gente no quiere estar hoy por hoy en ninguna área que tenga que ver con informática. ¿Por qué? Porque la Policía se ha decidido a hacer solamente estadísticas”, reprocha un hombre que tiene 25 años de ser policía y desempeña labores de peritaje. Habla, en el jardín de un hospital, de lo mal que le va en la PNC. En esta tarde de febrero acaba de reservar cita para tratarse la trombosis que padece. A él le llamaremos Vásquez, porque no autorizó hacer público su nombre.

De los 25 años que lleva como policía, Vásquez también ha trabajado como analista de huellas en el área de pericias dactiloscópicas y hoy trabaja en la Sección de Análisis y Tratamiento de la Información (SATI). Aunque desempeña labores de peritaje, fue de los primeros policías en graduarse y también cumple funciones operativas, su salario no llega ni a los $600.

Vásquez señala que uno de los principales problemas que enfrentan los peritos operativos de la PNC es que la institución no quiere reconocerlos como profesionales técnicos, por el miedo a que se conviertan en administrativos y dejen de salir a la calle a realizar funciones de seguridad pública; y porque eso significa también una nivelación salarial.

Pese a ello, dice que todos los peritos tienen que estar sometidos a la presión laboral, a una infraestructura que no cumple con requisitos para trabajar, con tecnología obsoleta y con escasos materiales químicos para los análisis. Bajo esas condiciones, es fácil que un perito se vaya de la institución buscando mejores oportunidades de trabajo, como el perito citado como testigo en el caso de acoso.

Él no es el único que ha salido de la PNC, dice un funcionario de la Fiscalía. La Unidad de la Menor y la Mujer de la Fiscalía también conoce a otros dos peritos que ya no están en la institución policial y sus testimonios son necesarios para esclarecer casos. Uno de ellos vive en México y el otro trabaja en un banco salvadoreño. Este último todavía colabora en los procesos judiciales cuando es citado a declarar, pero nadie puede retomar los análisis hechos por los otros dos.

Para que un objeto de prueba sea llevado a análisis primero tiene que haber un decomiso. El decomiso, dependiendo del delito, puede ocurrir en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Jaime Eduardo Escalante Díaz fue detenido por presunta agresión sexual a una niña de 10 años, la PNC decomisó el carro en el que llegó hasta la residencial Altavista II, el 18 de febrero pasado.

Escalante Díaz fue desaforado y la Fiscalía tiene que acusarlo en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, donde también remitirá todas las pruebas. El carro donde viajaba es una de esas pruebas, que además de tener una cadena de custodia, debe ser sometido a análisis por peritos de la PNC, para determinar científicamente que el acusado viajó en él y que el carro le había sido asignado el día de la denuncia.

Si ese carro llegara a perderse, si el perito que realizó el análisis abandona la PNC y su testimonio es necesario, y no hubiera otra forma de probar que Escalante Díaz viajó en ese carro, significaría que la Fiscalía no tendría prueba científica para establecer cómo el funcionario llegó al lugar del delito. Ya que esa prueba luego se contrastará con otra que sea aportada en el proceso de la cámara.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, acepta que una de las razones por las cuales los peritos policiales dejan la institución es por mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, sostiene que los casos que dejan pueden ser asumidos por otros peritos ya formados. Pero ellos no fueron los primeros en conocer las pruebas, tampoco los encargados de plasmar los hallazgos en un informe.

“Actualmente la mayoría de ellos son de carrera policial, su salario está determinado por su categoría y nivel”, responde al preguntarle sobre cuánto devenga un perito informático. Ramírez Landaverde dice que a los peritos operativos también se les remunera con un sobresueldo, pero según Vásquez, el sobresueldo equivale a $53.73 y no todos lo reciben. Quienes lo reciben son aquellos peritos operativos que tienen años de trayectoria en la PNC.

Para Vásquez existe una desigualdad entre las remuneraciones por el mismo trabajo, porque si alguien comenzó a trabajar en la PNC como ordenanza, pero toma cursos y realiza trabajos de peritajes, no recibirá el pago como perito, sino como ordenanza.

Los peritos están dentro de la División de Policía Técnica y Científica y la División Central de Investigaciones (DCI). Hay administrativos y operativos. Los primeros trabajan en laboratorios analizando las pruebas; los segundos también pasan en el laboratorio analizando pruebas, pero dedican al menos 4 horas extras de su turno para realizar labores en la calle.

***

UN ESTUDIO QUE ANALICE RELACIONES DE DESIGUALDAD

Durante el proceso por acoso, la víctima declaró a través de una cámara Gesell; un recurso usado en casos que involucran a menores, sobre todo en delitos sexuales, que permite que con asistencia psicológica la víctima se sienta en confianza de contar los hechos desde un cuarto en el que está solo ella.

La niña contó que conoció a Juan en un evento religioso de una amiga de su abuela. Contó que él le pidió el número y que durante tres días no dejó de acosarla. Su afectación por lo ocurrido fue plasmada en un peritaje psicológico realizado por una psicóloga de la Fiscalía el 31 de mayo de 2017.

Sin embargo, en otro peritaje y en una ampliación de este que realizó el Instituto de Medicina Legal a finales de noviembre de ese año, una psicóloga concluyó que la víctima no presentaba indicadores emocionales propios de alguien que ha estado expuesto a un abuso sexual, que el resultado de este peritaje era porque posiblemente la niña ya había recibido atención psicológica en la Fiscalía.

La fuente de la Fiscalía dice que hubo contradicción entre el testimonio que la niña dio en mayo de 2017, cuando llegó a la Fiscalía a poner la denuncia, y la declaración que dio en el tribunal. Esto, sumado a la falta del testimonio del perito, permitió un proceso abreviado.

La Fiscalía lanzó el año pasado una política de persecución penal para casos de violencia contra las mujeres. El Artículo 4 de esa política establece, entre otras, que las líneas de acción que ese tipo de procesos deben tratarse desde una perspectiva de género y bajo una lógica que permita interrelacionar varios aspectos sociales en el escenario del delito, para evitar la impunidad y la revictimización.

Silvia Juárez, de ORMUSA, dice que no es ninguna justificación que exista un solo perito para sustentar con análisis técnicos este tipo de casos, porque la Fiscalía puede auxiliarse de otras instancias, como la academia, y así acreditar en los tribunales los hechos.

Sin embargo, dice que deben haber estudios que trasciendan a analizar relaciones de desigualdad de poderes y obtener el perfil de un agresor. Desde ORMUSA, lo que Juárez propone es una auditoría para todos aquellos actores judiciales que realicen prácticas como el procedimiento abreviado, ya que sostiene que la ley es clara y muchas veces este tipo de resoluciones dependen de las interpretaciones legales.

“La Fiscalía suele utilizar figura simples, sin agravado, y las víctimas que se cansan que no les creen, que son tratadas en ambientes hostiles, finalmente desisten. Y al final lo que hacen es una audiencia para que la víctima desautoriza a la Fiscalía de seguir persiguiendo y esto queda en impunidad”, señala Juárez al referirse al proceso abreviado aplicado para este caso.

Juárez no ve justificable que las partes acuerden procedimientos abreviados cuando exista una clara desigualdad de poderes: una menor de 14 años acosada por un hombre de 47, y que en medio de eso haya un fuero sistemático que proteja al agresor.

 


Generic placeholder image
Séptimo Sentido

Séptimo Sentido les invita a que nos hagan llegar sus opiniones, críticas o sugerencias sobre cualquiera de los temas de la revista. Una selección de correos se publicará cada semana. Las cartas, en las que deberá constar quien es el autor, podrán ser editadas o abreviadas por razones de espacio o claridad.

septimosentido@laprensagrafica.com

Encuéntranos en Facebook (Revista 7S) y Twitter (@revista7S)

MIEMBRO DE GRUPO DE DIARIOS AMÉRICA

© 2019 Séptimo Sentido, La Prensa Gráfica. Diseño de Hashtag. | Programación y mantenimiento Diseño Web LPG