Opinión desde acá

por Marlon Hernández-Anzora, Sin correcciones políticas

 

Marlon Hernández-Anzora
Politólogo

Dígannos todo

La lucha por el acceso a la información pública en el país no fue (ni es) la lucha de una tendencia ideológica sobre otra, sino más bien una disputa –una tensión permanente y sana- de los ciudadanos con sus gobernantes de turno.

“La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.

Milan Kundera

La alternancia en el ejecutivo abrió la puerta para que el derecho de acceso a la información pública se concretara en ley en el año 2011. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que el ex presidente Tony Saca afirmaba, sin ruborizarse, que la mejor ley de acceso a la información era la que no existía; sin que think tanks ni gremiales empresariales pusieran el grito en el cielo, como sí lo han hecho a partir de 2009.

Mientras el FMLN fue oposición, su apoyo a este derecho fue incondicional. Pero una vez convertidos en gobierno, lo que antes fue una bandera de lucha se reveló como una especie de amenaza a su gestión de gobierno. Por su parte, una vez fuera del Ejecutivo, ARENA y sus sectores allegados la convirtieron en uno de sus principales estandartes electorales. En resumen: los que antes sí, hoy ya no, y viceversa.

La transparencia y el acceso a la información eran parte de la jerga del cambio en la joven democracia salvadoreña, la cual aún no conocía qué era la alternancia de fuerzas políticas en el Ejecutivo. Dicha alternancia trajo nuevos alineamientos de intereses y actores, cuyo principal resultado en el plano institucional fue el protagonismo de la Sala de lo Constitucional electa en 2009 y el surgimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Estos nuevos alineamientos también se manifestaron en las organizaciones de la sociedad civil y en su forma de relacionarse con los órganos de gobierno. Esto dio como resultado la confluencia de organizaciones afines a la izquierda partidaria con tanques de pensamiento y gremiales tradicionalmente allegadas a la derecha, en asuntos como el nombramiento de comisionados del IAIP o en la defensa de los magistrados la Sala de lo Constitucional.

La lucha por el acceso a la información pública en el país no fue (ni es) la lucha de una tendencia ideológica sobre otra, sino más bien una disputa –una tensión permanente y sana- de los ciudadanos con sus gobernantes de turno. Su meollo es la resistencia de las élites políticas a ser controladas por la ciudadanía.

Mientras tanto, nuestro statu quo partidista coincide en sus intentos por continuar ejerciendo el poder desde la opacidad y en seguir utilizando la lucha contra la corrupción como herramienta electoral. Es por ello que, independientemente de quién ganó las legislativas en marzo de 2018 y quién ganará las presidenciales en 2019, debemos profundizar el acceso a información pública como una herramienta ciudadana para controlar y limitar el ejercicio de poder.

El acceso a la información pública se trata de una lucha que tiene a cada ciudadano como actor principal al ejercer su derecho desde la cercanía de sus intereses cotidianos: pidiendo información sobre proyectos de su municipalidad, del centro escolar de sus hijos o del hospital público donde le dicen que no tienen sus medicinas.

Por eso, en este mes que se celebra el día internacional del derecho de acceso a la información (28 de septiembre), es necesario exigir nuestra información. No importa que se enojen y nos pongan enfrente la plana mayor del ejército o del partido como muros para negarnos nuestras solicitudes. Porque esa es, precisamente, la actitud que debemos derrotar.

Así que: dígannos todo, la información no es suya.

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  • 2 septiembre, 2018 / Opinión desde acá de Marlon Hernández-Anzora  (SÉPTIMO SENTIDO)

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