Tener el control del Ministerio Público (MP) de Guatemala significa controlar la investigación criminal, lo que no es poco en un país en el que cinco de los últimos siete presidentes han sido procesados o investigados por delitos de corrupción. Dos de ellos están en prisión.

Comodín Morales-Arzú: El CANG

Un reportaje de Héctor Silva/Felipe Puerta/Kelly Grant/InSight Crime/Guatemala

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Unión. Entre el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú se ha formado un bloque que da batalla en contra de la CICIG.

Tener el control del Ministerio Público (MP) de Guatemala significa controlar la investigación criminal, lo que no es poco en un país en el que cinco de los últimos siete presidentes han sido procesados o investigados por delitos de corrupción. Dos de ellos están en prisión.

Sin el MP, el impacto de las investigaciones de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sería menor: la comisión internacional tiene facultades de investigación, pero solo la Fiscalía tiene potestad legal de acusar en los tribunales.

La ofensiva frontal de Jimmy Morales contra la comisión internacional inició el 26 de agosto de 2017, cuando el presidente firmó un documento en el que declaró persona non grata a Iván Velásquez, el magistrado colombiano que es jefe de CICIG desde 2013, y le ordenó que abandonara inmediatamente el país. Presiones de Naciones Unidas, el principal soporte político de la CICIG, y de otros países cooperantes con Guatemala, como Estados Unidos y Suecia, evitaron la salida de Velásquez e hicieron retroceder temporalmente a Morales.

Los enemigos de Velásquez están bien instalados en la comisión de postulación. Uno de ellos es Luis Fernando Ruiz Ramírez, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). De todos los abogados presentes en la comisión, es el más solemne. Vestido siempre de oscuro estricto, el pelo engominado hacia atrás en líneas perfectas, suele esperar unos segundos antes de hablar. Cuando lo hace recuerda a uno de esos catedráticos de aula magna, que hablan como si recitara. Y cuando habla en la comisión es enfático, sobre todo cuando dice hacerlo en nombre de los colegas a quienes representa.

El 29 de enero pasado, durante la tercera sesión de la comisión, Ruiz Ramírez tomó la palabra, por segunda vez en la semana, para interceder a favor del derecho a postularse de colegas que han defendido habitualmente a implicados en narcotráfico, crimen organizado o crímenes de cuello blanco. Esto a pesar que el día anterior los otros comisionados y él mismo habían votado por inhibir a esos profesionales de participar.

“Voy a estar pendiente para que todos los expedientes sean estudiados […] para que sean considerados sin importar a quien hayan defendido […] para que nos apeguemos a lo que dice la Constitución”, advirtió el presidente del CANG.

En discusión de aquel día también estaba la tabla de gradación en la que los comisionados basarán su evaluación de los candidatos; la ponderación que darán a los títulos académicos, la experiencia profesional y el paso por la judicatura, así como a señalamientos contra ellos en instancias oficiales. Sobre el último punto, Ruiz Ramírez fue uno de los que insistió en que esos señalamientos se incluyeran como tachas de los postulantes solo si sobre ellos pesaban sentencias definitivas.

El propio Ruiz Ramírez es objeto de una investigación. La magistrada María Cristina Fernández, suplente de la Corte de Constitucionalidad, ha acusado a Ruiz de haber amañado un proceso interno del colegio de abogados para intentar responsabilizarla de tráfico de influencias. No es casualidad que Fernández emitiera uno de los votos que evitó la expulsión de Iván Velásquez cuando la Corte Constitucional resolvió a favor del colombiano un amparo interpuesto tras la petición del presidente Jimmy Morales de sacarlo de Guatemala.

El 28 de enero pasado, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y una de las activistas más reconocidas en la lucha contra la impunidad en Guatemala, denunció a Ruiz Ramírez por las supuestas irregularidades en el proceso que el tribunal de honor del CANG siguió contra la magistrada Fernández. Mack pidió la inhabilitación del abogado.

Mientras tanto, Ruiz Ramírez se ha mostrado fiel a Jimmy Morales y a los bloques de poder cercanos que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la república, según cinco fuentes consultadas por InSight Crime en Guatemala, entre ellas miembros de organizaciones de la sociedad civil y diplomáticos.

El currículum de Ruiz también revela otros puntos de conexión. El abogado fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, uno de los cuerpos de inteligencia más importantes del país, durante el gobierno del Partido Patriota de Pérez Molina. Y fue catedrático de un doctorado en seguridad del que el presidente Morales fue alumno.

Al CANG también lo representa en la comisión postuladora el actual presidente del Tribunal de Honor, Julio Enrique Dougherty Liekens, quien fue funcionario municipal durante la primera gestión de Álvaro Arzú, entre 1986 y 1990.

La planilla por la que fueron electos Ruiz y Dougherty, que ha sido vinculada a Freddy Cabrera, fue impulsada por un grupo de abogados liderado por Ruiz, cuando se desempeñaba como presidente del tribunal de honor.

Julio Enrique Dougherty Monroy, hijo de Dougherty Liekens, es viceministro de comercio exterior del Ministerio de Economía en el gobierno del presidente Morales y también sirvió bajo las órdenes de Arzú en la alcaldía capitalina. A pesar de todos esos vínculos, el presidente del Tribunal de Honor del CANG dice que él, como postulador de los candidatos a fiscal general, no se debe más que “al pueblo guatemalteco”.

 


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